Carles Puigdemont ya ha dicho que declarará la independencia de Catalunya en los próximos días. Es decir, que anunciará los resultados oficiales y definitivos del referéndum del 1-O, que considera vinculante, y llevará al Parlament la puesta en marcha de la ley de ruptura con la legislación española; la constitución de Catalunya como República de Derecho, democrática y social; y la puesta en marcha de un proceso constituyente para la nueva Constitución de la República catalana.

La ley, cuyo nombre completo es Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana, tiene por objeto regular el régimen jurídico entre el 1-O y la celebración de unas elecciones constituyentes, ya supuestamente como Estado independiente. Por ello, en sus disposiciones finales la ley preveía su propia entrada en vigor si en el referéndum la opción favorable a la independencia resultaba ganadora.

La ley regula el traspaso institucional entre el régimen jurídico constitucional español y el de una Catalunya independiente. La fórmula elegida para hacer este cambio de legalidades es efectuar un desdoblamiento legal en Catalunya por el que, en ausencia de leyes propias, las leyes españolas siguen operando. Esta es una fórmula que recuerda a la cláusula de supletoriedad, observada en el artículo 149.3 de la Constitución española, por la que en ausencia de legislación autonómica en sus competencias se aplica la ley estatal.

La ley prevé todo un conjunto de artículos determinados a la sucesión del Estado español y su administración general en la República catalana y su nueva Generalitat. Entre otros se contempla la adquisición de nacionalidad catalana –que no exigirá renunciar a las otras–, mantener sin cambio las vigentes leyes de régimen local o europeas, o la subrogación por parte del nuevo Estado de todos los contratos del Estado español en Catalunya, tales como los de obras, servicios o convenios, sin que se alteren sus condiciones.

“Hemos querido garantizar que todo lo que ahora funciona siga funcionando y que se mantenga igual hasta el proceso constituyente”, explicó el diputado de la CUP Benet Salellas cuando se presentó la norma. Entre las cosas que quedarían igual, todo lo que hace referencia al funcionariado, los derechos ciudadanos o las principales estructuras políticas como el Parlament o los órganos de la Generalitat.

La ley también prevé cómo se desplegarán los órganos de justicia que, según han explicado los diputados independentistas, reproducirían buena parte de la estructura española, aunque con algunos cambios, como eliminar la jurisdicción militar, cambios en el gobierno judicial o en la dependencia orgánica de la Fiscalía.

Además habría una amnistía para los políticos investigados o encausados por su actividad independentista pacífica. “Solo en esos casos. No amnistía la corrupción”, ha subrayado Salellas. Según han explicado los diputados, la ley iría acompañada además por cinco decretos que desplegarían algunos de sus artículos. La norma ha sido redactada y aprobada por los diputados de JxSí y la CUP, con el voto en contra de Catalunya Sí Que es Pot y la ausencia de los diputados de Ciudadanos, PSC y PP de la votación en la sesión del 7 de septiembre.

¿Y la respuesta?

Pero lo previsible es que la aplicación de la ley de transitoriedad no pase de su enunciado. O incluso del mero anuncio Puigdemont de querer llevarlo al pleno del Parlament, en la línea de mano dura aplicada por el Gobierno de Mariano Rajoy, presente también en el discurso del rey Felipe de este martes.

El simple hecho de proclamar la independencia no trae consigo que inmediatamente desaparezcan la Policía Nacional y la Guardia Civil, que los aeropuertos cambien de titularidad, que se levanten fronteras, que el cielo y el subsuelo cambien de manos, o que la comunidad internacional reconozca al nuevo territorio como miembro de pleno derecho en la UE y la ONU, por ejemplo.

De hecho, la propia ley establece “la voluntad de Catalunya, ahora ya en calidad de Estado soberano e independiente, de vehicular la sucesión de manera negociada y pactada con las instituciones españolas, europeas e internacionales”. Pero, dado que el proceso viene de unos procedimientos parlamentarios suspendidos por el Tribunal Constitucional y todo lo que de ellos ha emanado –ley del referéndum y ley de transitoriedad–, más que “sucesión pactada” lo que vendrá tras la declaración de independencia será la inmediata reacción del Estado.

Esa reacción tendrá diversas líneas de actuación: la judicial, para evitar el cumplimiento de una ley suspendida; y la política, para intervenir en una comunidad autónoma cuyas autoridades declaran la secesión. La vía política puede oscilar desde la aplicación del artículo 155; hasta el 116 –estado de excepción o de sitio–; o la ley de seguridad nacional.

Para aplicar el 155, el Senado, controlado por la mayoría absoluta del PP, es el organismo encargado de articular el cumplimiento de un precepto que nunca se ha aplicado en España. El Gobierno debería entregar por adelantado un catálogo de la justificación de la petición y de las medidas concretas que quiere poner en marcha. El Reglamento de la Cámara Alta establece un mecanismo que permitiría a todos los presidentes autonómicos o sus gobiernos participar en un debate previo.

Para el 116, hay que aplicar la ley de los estados de alarma, excepción y sitio. ¿Qué dice la ley? “Procederá la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes”. La diferencia fundamental procedimental entre el 155 y el 116 es que el 116 debe aprobarse en el Congreso; y el 155, en el Senado, donde sí tiene mayoría absoluta el PP.

En último término, la ley de Seguridad Nacional enuncia: “La Seguridad Nacional se entiende como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en cumplimiento de los compromisos asumidos; concepto que, hasta la fecha, no había sido objeto de una regulación normativa integral.

El Gobierno ha recurrido este lunes la Ley de Transitoriedad que pretende actuar como norma fundamental de una hipotética República de Cataluña surgida del referéndum del 1 de octubre. El recurso de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso eldiario.es, afirma que se trata de “una ley inexistente jurídicamente por ser de imposible contenido y de imposible cumplimiento” y añade que aun así es necesario impugnarla “siquiera sea para destruir su apariencia de ley”.

La Ley de Transitoriedad, que pretende actuar como norma fundamental de Cataluña hasta la redacción de una Constitución, “no solo rompe con la Constitución española sino con los valores que la integran, es decir, con los valores democráticos que configuran todo Estado democrático y de Derecho”, dice el recurso del abogado del Estado, en representación del presidente del Gobierno. El pleno del Tribunal Constitucional examinará el recurso en el pleno que celebrará este martes.

El primer objetivo del recurso es que el Tribunal Constitucional suspenda automáticamente la Ley de Transitoriedad como ha hecho ya con la del Referéndum. Ambas leyes, dice, son “la mayor afrenta y amenaza de destrucción de las normas de convivencia que la sociedad española se dio en el año 1978, consagradas en la Constitución y que han dado al conjunto de la sociedad española los mayores niveles de desarrollo y bienestar de su historia”.

El recurso también quiere “defender al propio Parlamento de Cataluña como institución democrática autonómica, reivindicando su papel centra en el marco de la Constitución y el Estatuto frente a la apropiación que de él pretende un conjunto de diputados, arrogándose una legitimidad y una competencia de la que manifiestamente carecen”.

La ley catalana es pone en marcha un “proceso constituyente” que el recurso del Gobierno describe como una suerte de ‘Frankenstein’. Toma, dice el texto, partes del ordenamiento jurídico español, del europeo y hasta del internacional “sin contar para ello con la voluntad de las correspondientes instituciones, estado u organizaciones internacionales, obteniéndose como resultado ”una aberración jurídica que solo cabe calificar de arbitraria y arbitrista“.

El recurso del Gobierno concluye que la ley de transitoriedad vulnera los artículos de la Constitución española que consagran que la soberanía nacional reside en el pueblo español, en todo él y no solo en una parte, así como la “indisoluble unidad de la nación española. Asimismo, la ley catalana vulnera los artículos 1.2 y 2 de la Constitución española porque instaura, en caso de victoria del sí en el referéndum, una República catalana, cuando la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Como consecuencia, la ley también viola el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que dimana de la Constitución, añade el recurso.

El Gobierno central sale en defensa, dice, del Parlament, donde “71 diputados, al forzar la aprobación del documento como ley formal, han abusado de forma descarada del Parlamento de Cataluña para fines espúreos, violando su carácter de institución democrática estatutaria…”.

Asimismo, se refiere a los “defectos formales” de la aprobación de la Ley de Transitoriedad o lo que también llama “simulacro de tramitación parlamentaria”. “En 11 horas se ha admitido a trámite, aparentemente se ha publicado la proposición de ley, se han dado dos horas para enmiendas, no se han admitido enmiendas a la totalidad y se ha impedido pedir directamente al consejo de Garantías estatutarias, entre otras burlas a los derechos de las minorías parlamentarias para ejercer su labor”. “En definitiva -añade- se ha retorcido el reglamento y los usos parlamentarios con el objeto de obtener la aprobación y la publicación del texto de forma exprés, con una práctica parlamentaria de carácter netamente totalitaria”.

Por último, pide al Constitucional que, en caso de admitir el recurso, advierta a los miembros del Gobierno catalán, con su presidente al frente; a la presidenta del Parlament y a los miembros de la Mesa; así como a los integrantes de la Sindicatura de Cuentas, que se erige como órgano electoral.

“En particular de que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno en orden a la ejecución de las previsiones contenidas en la ley impugnada, o que promuevan o tramiten actuación y norma alguna dirigida a tal fin, apercibiéndoles de la nulidad radical de tales actuaciones y de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de desobediencia de dicho requerimiento”, añade.

La Generalitat ha decidido publicar en su diario oficial en la tarde del viernes la ley de transitoriedad jurídica con la que pretende separarse de España en caso de victoria del 'sí' en el referéndum que ha convocado. La ley no entraría en vigor hasta después de conocerse el resultado de la encuesta.

La Generalitat ha maniobrado jugando con los plazos para impedir que el Gobierno central suspendiera este mismo viernes la Ley de transitoriedad. El ejecutivo catalán ha esperado hasta última hora de este viernes para publicar la ley que dibuja los pasos previos a la creación de una república independiente.

Al esconder su carta, Puigdemont ha conseguido que el Consejo de Ministros no pudiera cursar la solicitud formal para que el Constitucional anulase la ley. El registro del TC se cerró a las 15.00, como cada viernes, sin recibir ninguna notificación del Gobierno, ya que a esa hora no se había publicado la ley de transitoriedad. 

Lo mismo ha sucedido con los magistrados del Constitucional que estaban convocados para un pleno que luego se suspendió al no poder cursar el Gobierno su recurso.

Según fuentes del Tribunal Constitucional “lo más probable es que nos reunamos el martes para abordar la Ley de transitoriedad. No hay prisa para eso. Se trata de una ley que en ningún caso entraría en vigor antes del dos de octubre”.

En el TC consideran que la maniobra de control de tiempos perseguía ajustar los calendarios para que la suspensión de la ley coincidiese con la celebración de la Diada: “No vamos a caer en esa trampa”, aseguran.

Tal y como figuraba en el guión de los independentistas, la última de las leyes de ruptura, titulada de transitoriedad jurídica, ha sido aprobada este jueves al filo de la madrugada por el Parlament de Catalunya. Esta es la norma que prevé la ruptura de la legalidad constitucional tras el 1 de octubre, si los votos independentistas superan a los del 'no'.

71 diputados han emitido votos positivos, contra los 52 escaños vacíos que los grupos de Ciutadans, PSC y PP han dejado en señal de protesta. Los diputados de Catalunya sí que es Pot han presionado el botón del 'no'. La foto final ha recordado a lo ocurrido el miércoles tras el debate de la ley del referéndum, cuando también una parte importante de la oposición abandonó sus asientos.

La ley aprobada pretende regular el marco jurídico entre la ruptura del actual ordenamiento legal hasta la entrada en vigor de una nueva constitución, un periodo que sus redactores prevén de un año. Por ello, está diseñada para que funcione como una carta magna provisional, tanto para el funcionamiento legislativo ordinario como para la regular el proceso constituyente.

La votación de esta ley supone la culminación del plan independentista para esta semana, en la que se habían propuesto la aprobación de la ley del referéndum, el decreto de convocatoria para el 1 de octubre y, finalmente, la aprobación de la ley de ruptura. Lo han conseguido en los tres casos, aunque para la votación de la última las dos primeras cuestiones ya estaban suspendidas por el Tribunal Constitucional, que ha atendido los recursos interpuestos por el Gobierno en paralelo al debate parlamentario.

Como ya sucediera en el miércoles, la jornada en la que se ha aprobado la ley ha consistido en un pleno maratoniano y eminentemente técnico. Desde las 14 horas, cuando JxSí y la CUP han pedido introducir la ley en el orden del día, hasta más tarde de las 21 horas, cuando se ha votado el cambio reclamado, han transcurrido 7 horas en las que la oposición se ha coordinado para presentar peticiones de reconsideración, que obligan a la presidenta a interrumpir el pleno y convocar a la Mesa.

La tensión se ha apoderado de la Cámara en algunos momentos de la tarde, tornándose en bronca, incluso mayor que la del miércoles, por parte de la oposición. Los diputados de Ciutadans, PSC, PP y algunos de Catalunya Sí que es Pot han acusado atropellar sus derechos a la mayoría parlamentaria y la propia presidenta, Carme Forcadell.

La principal diferencia entre oposición y mayoría reside en la interpretación del artículo 81.3 del reglamento, que los independentistas invocan para modificar el orden del día y suprimir trámites parlamentarios antes de llegar al debate a la totalidad de las proposiciones de ley. La oposición considera, apoyándose en el criterio del Consell de Garanties Estatutaries, que ese artículo no permite al pleno eliminar varios de esos trámites, entre ellos el de la petición de un dictamen al propio Consell de Garanties. Los grupos de la oposición han anunciado que acudirán al Constitucional con recursos de amparo por esta práctica.

Pese a las protestas de la oposición, los independentistas han tramitado y aprobado la ley de ruptura que, a su entender, debería quedarse ahora en un cajón hasta que el recuento del referéndum del 1 de octubre sea oficial. No será así, ya que con toda probabilidad el Tribunal Constitucional tumbará la ley tan pronto como el Gobierno la recurra, por su carácter nítidamente contrario a la Constitución y al Estatut catalán.

La ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república (LTJ) será votada y, con toda probabilidad, aprobada este jueves, convirtiéndose en segunda de las leyes de ruptura que el Parlament catalán rubrica tras la ley del referéndum del 1 de octubre.

Pero, ¿qué es esta segunda ley? Se trata de la norma que comienza a despegar el marco jurídico catalán de la Constitución española, una ley diseñada para que funcione como una carta magna catalana durante el proceso de redacción de la Constitución catalana. La ley de transitoriedad dispone además que, aunque sea aprobada antes, solo entrará en vigor cuando los resultados del referéndum sean oficiales y si ha ganado el 'sí'.

Como ley de transitoriedad que pretende ser, regula el traspaso institucional entre el régimen jurídico constitucional español y el de una Catalunya independiente. También, en cuanto que ley fundacional, desarrolla todo el articulado para el funcionamiento legislativo ordinario y observa un principio de supletoriedad por el que, en ausencia de una ley catalana, seguirán funcionando las normas locales, autonómicas, estatales y europeas actuales.

En cuanto a su contenido, la ley estipula aspectos como la obtención de la nacionalidad catalana, a la que accederán todos los residentes en Catalunya antes de 2017, diseña todo un nuevo brazo judicial, convirtiendo el autonómico Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en un Tribunal Supremo, o fija la cooficialidad del catalán y el castellano como lenguas de la transición. La ley de ruptura contempla también la amnistía para los políticos ahora imputados o encausados por su actividad pacífica en pos de la independencia.

La ley esta formada por 89 artículos y tres disposiciones y, de su lectura se desprende también el calendario independentista hacia la consecución de una república catalana. Según este, habría una proclamación de la independencia en los días inmediatamente posteriores al referéndum del 1 de octubre. A partir de ahí, comenzaría el proceso constituyente, tal y cómo está diseñado en el título séptimo de la ley de transitoriedad.

Este proceso de redacción de la nueva constitución que estipula la LTJ estaría dividido en dos fases: una primera deliberativa y de debate ciudadano, y una segunda de redacción del texto constituyente. En medio de estas se celebrarían unas elecciones, con el objetivo de formar una nueva asamblea.

Una vez obtenido el proyecto de constitución, el texto debería avalarse con un nuevo referéndum. En total, la ley de ruptura dispone de cerca de 12 meses hasta que Catalunya se convierta en un estado completamente independiente.

Queda menos de un mes para el 1 de octubre, día del referéndum comprometido por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ya existe un proyecto de ley para ejecutar la ruptura con España contra el que actuará el Gobierno de España y el Tribunal Constitucional con celeridad en cuanto se tramite por el Parlament de Catalunya: fuentes gubernamentales reconocen que “el Gobierno se reunirá si hace falta antes del viernes”, y afirman que “no hace falta dictamen del Consejo de Estado”.

Junts pel Sí y la CUP han anunciado que seguirán hasta el final, que la llamada ley de transitoriedad estará aprobada antes del referéndum, y que se aplicará si se impone la independencia. Pero en estas escasas cuatro semanas pueden ocurrir muchas cosas. Algo que el Gobierno central trata de impedir por todos los cauces –judiciales y presupuestarios–.

La primera, según publicaba eldiario.es, es que los independentistas preparan un proceso exprés para aprobar las leyes de ruptura la próxima semana. Según explican fuentes de ambos grupos, JxSí y la CUP planean introducir en el orden del día del pleno de la semana que viene la votación de la ley del referéndum, una vez éste haya comenzado. Para hacerlo se valdrán del artículo 81.3 del reglamento del Parlament, que permite esta maniobra.

Una vez aprobada la ley del referéndum, se publicaría una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), por lo que la norma entraría en vigor. Inmediatamente después, el president firmaría el decreto de convocatoria del referéndum, que volvería a incluirse en un nuevo DOGC. Las fuentes consultadas por este diario no descartan que, junto a la ley del referéndum, se vote también la de transitoriedad jurídica.

Pero el Constitucional y el Gobierno están de guardia. De hecho, el Alto Tribunal tiene convocada una sesión plenaria para los próximos días 5, 6 y 7 de septiembre, coincidiendo con el pleno del Parlament, por lo que la maniobra independentista podría encontrar una respuesta automática.

El propio portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, dijo el viernes tras el Consejo de Ministros: “Cuando el Parlamento de Catalunya instó a la Generalitat a un referéndum de secesión, el Gobierno lo llevó al Constitucional. Hay personas que están inhabilitadas y procedimientos en curso contra la presidenta y miembros de la Mesa del Parlament. El Gobierno está preparado, tiene el tema estudiado para hacer cumplir la ley y no romper lo que han sido 500 años de vivir juntos en Cataluña”.

A su vez, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que la respuesta a cualquier paso del Parlament en este sentido será “inmediata”, mostrándose tranquila por si la suspensión del Constitucional llega “el mismo día o al día siguiente”. Además ha insistido en que el Gobierno tiene preparado desde hace semanas el recurso contra las leyes de ruptura catalanas, tanto si lo hacen vía decreto como por la vía del 81.3.

La vía del Constitucional para impedir el avance independentista es la preferida para el Gobierno de Mariano Rajoy: hace ver que es un asunto judicial en el que no tiene capacidad de intervenir políticamente. Sin embargo, la reforma del Constitucional le dota de capacidad ejecutiva sobre sus sentencias y resoluciones. De hecho, fue realizada por el PP a raíz del 9-N, como una herramienta con la que el poder judicial puede paralizar una acción que considera fuera de la ley previamente. Así, el TC puede dar órdenes a cualquier institución o particular, una facultad que, de haberse tenido el 9-N, podría haber dificultado o impedido aquel proceso.

Ante una eventual convocatoria de referéndum, lo primero que haría el TC sería suspenderlo, enviando un requerimiento a sus responsables para que cumplan la suspensión y advirtiendo de medidas penales ante un incumplimiento. Si, pese a eso, la Generalitat sigue adelante, el Alto Tribunal podría decidir suspensiones o sanciones.

Los grupos independentistas buscan desde hace meses la grieta jurídica con la que convocar el referéndum de manera formalmente legal, para lo que necesitarían tener la ley del Referéndum aprobada y en vigor. Sin embargo, el Tribunal Constitucional está preparado para no dar el mínimo margen y tumbar la ley antes incluso de que sea votada, según sea admitida a trámite por la Mesa del Parlament.

Por ello, según explican fuentes de ambos grupos, JxSí y la CUP planean llevar a cabo un proceso exprés para la convocatoria del referéndum, que consistiría en introducir en el orden del día del pleno de la semana que viene la votación de la ley del Referéndum, una vez éste haya comenzado. Para hacerlo se valdrían del artículo 81.3 del reglamento del Parlament, que permite esta maniobra.

Una vez aprobada la ley del referéndum, se publicaría una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), por lo que la norma entraría en vigor. Inmediatamente después, el president firmaría el decreto de convocatoria del referéndum, que volvería a incluirse en un nuevo DOGC. Las fuentes consultadas por este diario no descartan que, junto a la ley del Referéndum, se vote también la de Transitoriedad Jurídica.

Sobre la posibilidad de que los grupos introduzcan enmiendas a la ley, algo que ha sido reclamado por el diputado de Podem Joan Giner para dar un voto favorable, fuentes de los independentistas explican que la idea es abrir un periodo de una hora para permitir la presentación de modificaciones. Este miércoles los grupos de la CUP y los diputados de Podem de Catalunya Sí que es Pot han mantenido conversaciones sobre estas posibles enmiendas a la ley del referéndum.

Respuesta automática del TC

Con la vía del 81.3, el Parlament maximizaría las opciones de dar esquinazo a la suspensión del Constitucional, ya que este tribunal necesita de más trámites para firmar una suspensión, comenzando por el requerimiento del Gobierno. Con todo, el Alto Tribunal tiene convocada una sesión plenaria para los próximos días 5, 6 y 7 de septiembre, coincidiendo con el pleno del Parlament, por lo que la maniobra independentista podría encontrar una respuesta automática.

Este miércoles la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que la respuesta a cualquier paso del Parlament en este sentido será “inmediata”, mostrándose tranquila por si la suspensión del Constitucional llega “el mismo día o al día siguiente”. Además ha asegurado que el Gobierno tiene preparado desde hace semanas el recurso contra las leyes de ruptura catalanas, tanto si lo hacen vía decreto como por la vía del 81.3.

Antes de la opción parlamentaria exprés, los independentistas habían barajado otras vías con las que aprobar la ley que debe amparar el referéndum. Una de ellas, que fuera el Govern quien aprobara las normas de ruptura vía decreto, opción que no fue descartada por el Ejecutivo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu de este martes. Con esta fórmula el regate al Constitucional se daba por hecho, pero en contrapartida se elimina la votación en el Parlament, un símbolo que para los grupos independentistas era crucial.

La legalidad de la vía del 81.3

Todo este proceso parlamentario exprés está diseñado para poder convocar el referéndum en términos de legalidad formal. Tal y como se plantea, si el Constitucional no llega a tiempo, el Parlament podría conseguirlo, como ya ocurriera con la convocatoria del proceso participativo del 9-N, que se firmó al día siguiente de la aprobación de la ley de Consultas y se promulgó mediante una edición especial del DOGC. El Constitucional tardó dos días en anular tanto la ley como la convocatoria.

Pese a esto, hay dudas de que el procedimiento planeado cumpla con todos los requisitos legales. El artículo 81.3 del reglamento del Parlament permite incluir asuntos en el orden del día si así lo acuerda la mayoría de diputados durante la celebración del pleno. Sin embargo, el Consejo de Garantías Estatutarias dejó sentado a petición del PSC que esto debía hacerse con dos requisitos: la presentación de enmiendas y el sometimiento a las garantías de control, citando de forma expresa la petición de un dictamen al Consejo de Garantías.

Respecto a la presentación de enmiendas, los diputados independentistas interpretan que se respetaría dejando un plazo en el mismo pleno, como se ha hecho en otras ocasiones. Más difícil tienen permitir que los diputados reclamen un dictamen al Consejo de Garantías, puesto que aplazaría todo el proceso durante días. Por su parte, toda la oposición reclamó este miércoles por escrito un informe jurídico a los letrados sobre las dos leyes.

Los partidos de la oposición en el Parlament de Catalunya han salido este lunes a responder a la presentación de la ley de transitoriedad con un mensaje contundente: el día 2 de octubre Catalunya seguirá siendo parte de España. Así lo han defendido Inés Arrimadas, Miquel Iceta y Xavier García Albiol, líderes de Ciutadans, PSC y PP respectivamente, confiando en que la ley de ruptura sea parada por el Constitucional antes de entrar en vigor.

Arrimadas se ha mostrado convencida de que la ley será suspendida antes del 2 de octubre, como también lo será la ley del referéndum. Con la tranquilidad que le permite este convencimiento, se ha mostrado satisfecha por que el “procesismo” empiece a hablar de elecciones. “Estas son las urnas que nos gustan”, ha asegurado, considerando que, a diferencia del referéndum, las elecciones sí que tendrán garantías.

La jefa de la oposición ha asegurado además que la presentación de esta ley viene a “tapar” lo que ocurrió en la manifestación del sábado, cuando los asistentes exhibieron diferentes banderas, independentistas, senyeres, españolas o el símbolo utilizado por el partido naranja que combina la bandera catalana y la española dentro de un corazón, entre otras.

Con similar escepticismo respecto a las posibilidades de la ley se ha mostrado Iceta, quien ha calificado el proyecto presentado por los independentistas de “un nuevo engaño”. “Ni el día 1 habrá un referendo efectivo, vinculante y con garantías, ni el día 2 tendremos una república”, ha afirmado el socialista tras la reunión de la comisión permanente del PSC.

Como ha hecho en reiteradas ocasiones, el líder socialista ha recordado que para modificar el Estatuto de Autonomía hace falta el apoyo de dos tercios de la Cámara. Una mayoría que, según ha subrayado, los independentistas no tienen.

El más contundente, como suele ser habitual, ha sido Xavier García Albiol, presidente del PP catalán. Albiol ha augurado que el Gobierno español hará todo lo necesario para que la “desconexión” de la legalidad constitucional española no ocurra. A la pregunta de si esto podría incluir la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, que prevé la disolución de la autonomía, el conservador no lo ha descartado, asegurando que él “aplaudiría” esta medida ante lo que ha calificado de “golpe de Estado”.

Los políticos catalanes no han sido los únicos en salir al paso de la iniciativa independentista. El presidente Mariano Rajoy y el líder de la oposición, Pedro Sánchez, han pactado este lunes mantener una “posición conjunta” contra el “desafío soberanista catalán”.

La ley de Transitoriedad Jurídica, la principal de las llamadas “leyes de ruptura” catalanas, se aprobará en los próximos 35 días, antes del referéndum sobre la independencia fijado para el 1 de octubre. Así lo han acordado los grupos independentistas, después de que la CUP y ERC hayan convencido al PDECat, que se oponía a dar este paso. Pese a esta aprobación, la ley no entrará en vigor hasta que se conozca el resultado del referéndum y en caso de que gane el 'sí' a la independencia, según prevé la propia ley.

“Esta ley da seguridad jurídica al periodo inmediatamente posterior al referéndum si gana el sí”, ha explicado el jefe de filas de JxSí, Lluís Corominas, quien ha señalado que presentando la ley se garantiza el conocimiento público de “los efectos del sí, el carácter vinculante del referéndum y la seguridad jurídica del proceso”. El diputado de la CUP Benet Salellas ha asegurado que esta ley “pone fin al procés”, ya que “es la garantía de que después del referéndum no habrá el enésimo debate procesista entre partidos”.

La ley, cuyo nombre completo será Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana, tiene por objeto regular el régimen jurídico entre el referéndum y la celebración de unas elecciones constituyentes, ya supuestamente como Estado independiente. Por ello, en sus disposiciones finales la ley prevé su propia entrada en vigor si en el referéndum la opción favorable a la independencia resulta ganadora, y también prevé quedar sin efecto en caso de que haya más votos contrarios a la secesión.

Articulado y sucesión entre estados

La nueva ley presentada este lunes regula el traspaso institucional entre el régimen jurídico constitucional español y el de una Catalunya independiente. La fórmula elegida para hacer este cambio de legalidades es efectuar un desdoblamiento legal en Catalunya por el que, en ausencia de leyes propias, las leyes españolas siguen operando. Esta es una fórmula que recuerda a la cláusula de supletoriedad, observada en el artículo 149.3 de la Constitución española, por la que en ausencia de legislación autonómica en sus competencias se aplica la ley estatal.

La ley prevé todo un conjunto de artículos determinados a la sucesión del Estado español y su administración general en la República catalana y su nueva Generalitat. Entre otros se contempla la adquisición de nacionalidad catalana –que no exigirá renunciar a las otras–, mantener sin cambio las vigentes leyes de régimen local o europeas, o la subrogación por parte del nuevo Estado de todos los contratos del Estado español en Catalunya, tales como los de obras, servicios o convenios, sin que se alteren sus condiciones.

“Hemos querido garantizar que todo lo que ahora funciona siga funcionando y que se mantenga igual hasta el proceso constituyente”, ha explicado Benet Salellas. Entre las cosas que quedarían igual, todo lo que hace referencia al funcionariado, los derechos ciudadanos o las principales estructuras políticas como el Parlament o los órganos de la Generalitat.

La ley también prevé cómo se desplegarán los órganos de justicia que, según han explicado los diputados independentistas, reproducirían buena parte de la estructura española, aunque con algunos cambios, como eliminar la jurisdicción militar, cambios en el gobierno judicial o en la dependencia orgánica de la Fiscalía.

Además habrá una amnistía para los políticos investigados o encausados por su actividad independentista pacífica. “Solo en esos casos. No amnistía la corrupción”, ha subrayado Salellas. Según han explicado los diputados, la ley iría acompañada además por cinco decretos que desplegarían algunos de sus artículos.

Fin del debate sobre su aprobación

La norma ha sido redactada durante los últimos meses por diputados de JxSí y la CUP en una ponencia conjunta en la que el resto de partidos rechazaron participar, y mantenida en secreto para evitar que los tribunales actuaran contra ella. En diciembre pasado los dos grupos independentistas anunciaron haber llegado a un acuerdo general sobre el contenido de la ley, de la que anunciaron su primer artículo y los enunciados de sus epígrafes mediante nota de prensa, aunque se negaron a explicar su contenido ante los medios.

Hasta este lunes los partidos independentistas habían mostrado diferencias durante sobre la conveniencia o no de aprobar la ley antes del referéndum del 1 de octubre. La CUP había insistido reiteradamente sobre la necesidad de tramitar y pasar la norma marco antes del referéndum, una postura que es apoyada por ERC con el argumento que es la forma de que los votantes sepan cuáles serán los efectos de un voto positivo a la independencia. Mientras, el PDECat se había mostrado más partidario de dejar la aprobación para después del referéndum, al considerar que sería esa la manera idónea de aplicar el resultado.

Ahora la mayoría independentista se ha decantado por la opción de los primeros, comenzando este mismo lunes por la entrada al registro del texto. Con este paso además sacan del secretismo la ley y la exponen a la consideración de la Mesa de la Cámara, como ya hicieran en su momento con la ley del Referéndum.

Esta norma estará aún fuera del alcance de un recurso del Gobierno, y por tanto de una suspensión por parte del Tribunal Constitucional, hasta que la Mesa no admita a trámite la proposición de ley. Los independentistas, con mayoría en el órgano rector del Parlament, ya aplazaron a mediados de agosto la admisión a trámite de la ley del referéndum para evitar su impugnación.

Proposició de llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república by apuente on Scribd

Junts pel Sí y la CUP presentarán este lunes al mediodía en el Parlament la Ley de Transitoriedad Nacional, la principal de las “leyes de desconexión”, prevista para, en caso de que ganara el 'sí' a la independencia en el referéndum anunciado por el Govern, crear un marco legal alternativo al español.

Según han informado en un comunicado a primera hora de esta mañana, los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y de la CUP ofrecerán hoy a las 12 horas del mediodía una rueda de prensa conjunta para presentar la ley de transitoriedad jurídica.

Dicha rueda de prensa se celebrara en la sala de conferencias de prensa del Parlamento catalán, según han explicado los dos grupos parlamentarios independentistas.

La ley de transitoriedad, mantenida hasta ahora en absoluto secreto, es la principal “ley de desconexión” prevista por el Govern y los partidos independentistas, pues deberá establecer el nuevo marco legal que regirá en Cataluña en caso de que el 'sí' a la independencia se impusiera en el referéndum que la Generalitat pretende celebrar el 1 de octubre.

Mientras que el PDeCAT se ha mostrado partidario de que la ley se apruebe una vez se haya celebrado el referéndum y se haya dado esa eventual victoria del 'sí', tanto ERC como la CUP son favorables a que la norma se apruebe ya en septiembre, antes del eventual referéndum del 1-O.

La ley de transitoriedad jurídica que preparan JxSí y la CUP prevé sustituir el Tribunal Constitucional (TC) por una 'Sala de Garanties' catalana y también prevé crear un Tribunal Supremo catalán, en caso de que gane el 'sí' en el referéndum de independencia del 1 de octubre.

Así lo ha explicado el diputado de la CUP Benet Salellas en una entrevista de Europa Press, en la que ha desvelado detalles de la ley que debe certificar la independencia y sentar las bases de la transición del ordenamiento jurídico actual a uno catalán, que está redactada desde hace meses, aunque sometida a cambios.

Salellas explica que la CUP no ha compartido la visión “casi sagrada” de JxSí sobre esta ley --cuya elaboración ha estado envuelta en un gran secretismo-- y no creen que sea 'omniresolutiva', si bien ha constatado que a lo largo de su elaboración la han ido redefiniendo, dándole finalidades y objetivos.

El diputado de la CUP, uno de los ponentes de la ley, explica que la norma explicita cómo funcionará el proceso constituyente y establece como se resolverían en una Catalunya independiente aquellas competencias que ahora pertenecen a la Administración del Estado, pero aclara que no se trata de una constitución en sí misma, precisamente porque es el proceso constituyente que prevén tras el 1-O el que debe dibujarla y concretar las instituciones definitivas.

Sin embargo, la ley --que aún no se ha hecho pública-- ya incluye algunas de las instituciones necesarias para suplir el papel del Estado o el Poder judicial: “No se trata de cambiar el sistema judicial catalán, pero si de dotarnos de las instituciones necesarias para no continuar utilizando el Tribunal Supremo (TS) de Madrid o el TC, pero continuaremos teniendo TS y TC”.

El nuevo TS catalán mantendrá el mismo nombre y hará de máxima institución del sistema judicial en Catalunya, y contará con un espacio donde se debatirán materias constitucionales y de garantías de derechos, es decir, la nueva 'Sala de Garanties'.

“Para el TC buscamos una fórmula diferente porque pensamos que la última etapa de alguna forma nos pide cambiar la nomenclatura para no reproducir una institución que ha sido tan antidemocrática en relación con la soberanía de Catalunya”, ha asegurado.

“Nosotros tenemos que decir qué pasa con los jueces y fiscales, cómo funcionará la administración de Justicia”, ha dicho sobre los cambios que prevé la ley en la administración de justicia, toda vez que en el referéndum gane el 'sí' a la independencia, porque si no, aclara Salellas que la ley no tendrá sentido.

Pobreza energética

Salellas explica que la ley de transitoriedad jurídica también recupera algunas de las leyes que han sido derogadas por el TC y que sus impulsores consideran que daban pasos importantes en la conquista de derechos.

“La ley 24/2015, por ejemplo”, ha dicho sobre la norma de medidas urgentes para afrontar emergencias habitacionales y pobreza energética que aprobó el Parlament, que la ley de transitoriedad recupera explícitamente.

Nacionalidad catalana

El redactado de la norma también acorta los plazos para que los extranjeros puedan obtener la nacionalidad catalana: “Reduce unos plazos que son absolutamente, me atrevería a decir, racistas que tiene la legislación española”, expone.

Salellas asegura que la norma hace una proclama de los derechos fundamentales que va más allá de la que hace la Constitución Española, adecuándose a instancias internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en derechos sociales.

“La república tiene que ser un instrumento para cambiar las condiciones de vida de la gente”, ha concluido el diputado 'cupaire', que incide en que los cambios que han introducido en la norma en los últimos meses son pequeños detalles y que responden a la excepcionalidad del momento y a los acontecimientos que se van sucediendo.

Respeto al proceso constituyente

Salellas narra cómo en la construcción de la nueva norma los ponentes se han debatido entre introducir algunos cambios con respecto al marco legal español y esperar a hacerlo en proceso constituyente posterior al referéndum, para no condicionar ese proceso.

“Hay aspectos que a nosotros nos habría gustado de aprovechar esta ley para abordarlos y que realmente tiene sentido que las dejemos para el proceso constituyente”, concluye.

Si gana el 'sí' a la independencia en el referéndum de octubre, los soberanistas plantean el impulso de un proceso constituyente catalán donde, allí sí, deberán plantearse las paredes maestras del nuevo Estado y, además, la elaboración de una constitución catalana.

Un borrador de la ley de Transitoriedad Jurídica, la ley de ruptura catalana, prevé declarar la independencia de Catalunya si el Gobierno de España impide que se celebre el referéndum previsto para después del verano, según el texto revelado este lunes por el diario El País. Junts pel Sí y la CUP llevan meses escondiendo el contenido de la ley, que según el plan independentista debe permitir romper con el Estado y constituir una Catalunya independiente.

El presidente del grupo parlamentario de JxSí, Jordi Turull (PDECat), ha desmentido la noticia de El País. “Quien os haya pasado este supuesto borrador va muy desfasado. Cuando se haga pública la ley lo comprobaréis rápido”, ha escrito en Twitter. Fuentes de la Generalitat han apuntado asimismo que se trata de “un borrador muy desfasado y por lo tanto sin ninguna actualidad ni validez”.

Los independentistas se niegan a dar a conocer, de momento, el contenido de la norma apelando a su trascendencia y para evitar que sea impugnada por el Gobierno ante el Constitucional.

En este sentido, la oposición del Parlament ha vuelto a reclamar transparencia a los grupos independentistas. “Lo que tiene que hacer el Govern y JxSí si quieren evitar filtraciones y especulaciones es presentar ya su proyecto en el Parlament”, ha afirmado en Twitter el portavoz de Catalunya Sí Que es Pot, Joan Coscubiela.

Según publica El País, el borrador de la ley de ruptura establece la declaración unilateral de independencia si el Gobierno central impide la celebración de la consulta, que se llevaría a cabo inmediatamente después de que el Parlament catalán “constate este impedimento”.

La pregunta del referéndum

Desvela asimismo la pregunta que se realizaría en ese eventual referéndum: “¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente de España?”, distinta a las tres posibles preguntas para el referéndum que sugirió Puigdemont en abril. El borrador de la ley, según recoge el rotativo, da por hecho que Catalunya seguirá dentro de la UE y asume sus leyes actuales y las que pudieran aprobarse posteriormente a la declaración de independencia que, en ambos casos, pasarían a formar parte del nuevo ordenamiento jurídico catalán.

Respecto a la organización de la Justicia, los jueces, magistrados, fiscales y letrados del Estado español, según el borrador de la ley independentista, “podrán concursar en las plazas que se convoquen” en el hipotético estado catalán, es decir, que deberán concursar de nuevo si quieren mantener su plaza en Catalumya y el Ejecutivo catalán participaría en los procesos selectivos que fijase la futura ley.

La amnistía para todos los imputados y condenados por causas soberanistas (medida que afectaría al expresidente catalán Artur Mas, condenado a dos años de inhabilitación por la consulta del 9-N); la obligación a policías y jueces de solicitar la nacionalidad catalana para seguir ejerciendo, o la de que los funcionarios públicos aprendan catalán para poder trabajar, son otras disposiciones recogidas en el texto de la ley.

Asimismo, establece que se otorgará la nacionalidad catalana a todo aquel ciudadano español que acredite, al menos, un año de empadronamiento en algún municipio catalán o acredite un mínimo de dos años continuados de residencia en Catalunya en el pasado. En todo caso, dice, ello “no exige” renunciar al pasaporte español. En cuanto a los bienes públicos, la Generalitat pasaría a ser titular de “cualquier clase de derecho real” sobre todos aquellos que estén en territorio catalán y se “subrogaría” los contratos de obras y servicios formalizados por el estado y que afectan a Catalunya.

Maza reúne a los fiscales

Por su lado, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado que este mismo lunes reunirá a la cúpula fiscal para empezar a analizar el borrador de la ley para la independencia de Catalunya y ha garantizado que, si se aprecia que atenta contra la ley, se presentará una querella.

Maza, en una entrevista en TVE, ha reconocido que es apresurado pronunciarse sobre una “filtración” como la publicada por el El País. Con todo, Maza ha dicho que el texto que se ha dado a conocer es “sorprendente y extraño al Estado de Derecho”, y ha avanzado que este mismo lunes reunirá con “celeridad” a los fiscales para comenzar a estudiar el texto.

JxSí ha registrado este lunes una modificación del reglamento del Parlament que permita tardar un solo día en tramitar una proposición de ley. Esta vía exprés garantizaría que los independentistas puedan registrar y aprobar la ley de transitoriedad jurídica, la más importante de las llamadas “leyes de desconexión”, antes de que el Tribunal Constitucional tenga tiempo de suspenderla.

Según ha avanzado el diario Ara, la modificación del reglamento abriría una nueva vía rápida de tramitación de iniciativas legislativas de los grupos, a partir del articulo 81.3 del reglamento. Hasta ahora solo las iniciativas presentadas por el Govern podían tramitarse con esta inmediatez.

La modificación facilitaría una de las opciones que los independentistas tantean para aprobar esta ley, esquivando la acción del Tribunal Constitucional. JxSí y la CUP presentaron a finales del año pasado el acuerdo para la ley de ruptura con el Estado, pero se negaron a explicar su contenido ni como pensaban aprobarla. El objetivo de la ley es establecer una nueva legalidad catalana.

Tras el registro de esta propuesta de modificación del reglamento deberá crearse una ponencia y seguirá los trámites ordinarios. Los cambios en el reglamento necesitan para su aprobación contar con el apoyo de la mayoría absoluta del pleno, que los independentistas tienen sumando a JxSí y la CUP.