La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 9 y 6 meses de prisión a dos policías forales que agredieron a un detenido en los calabozos de la comisaría de Tudela. El tribunal, que absuelve a un tercer agente acusado, considera probado que uno de los policías “zarandeó, golpeó y propinó puñetazos en la cara” al arrestado y sostiene que el otro policía es tan responsable como el anterior porque “pudo y debió impedir lo ocurrido”. 

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los magistrados consideran al autor de la agresión responsable de “un delito menos grave contra la integridad moral del artículo 175 del Código Penal”, que castiga a la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, atente contra la integridad de una persona, así como de un delito leve de lesiones. Por el primer delito le imponen la citada pena de 9 meses de prisión y por el segundo una multa de 600 euros. La víctima acudió al día siguiente al servicio de Urgencias Hospitalarias, en donde le apreciaron tumefacción y hematoma en puente nasal, erosión superficial en región escapular derecha y hematomas en ambas rodillas. 

Al otro agente, condenado a 6 meses de prisión, los jueces le atribuyen “un delito menos grave contra la integridad moral del artículo 176 del Código Penal”, que castiga a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten actos atentatorios o vejatorios. A ambos encausados, además, la Audiencia les ha impuesto una inhabilitación para empleo o cargo público por 3 y 2 años, respectivamente. 

El agente que golpeó al detenido deberá indemnizarle con 350 euros por las lesiones y 3.500 por las secuelas. Y los dos policías tendrán que resarcir a la víctima conjunta y solidariamente con 4.000 € más por el daño moral causado. El Gobierno de Navarra ha sido declarado responsable civil subsidiario. Los hechos enjuiciados fueron grabados por las cámaras existentes en los calabozos de la comisaría de Tudela. 

Dominación arbitraria y abuso de poder 

La Audiencia de Navarra sostiene que el agente que agredió a la persona detenida accedió al calabozo en el que se encontraba para “zarandearle, agredirle con puñetazos y golpes reiterados, arrastrarle de las piernas para lanzarlo del banco al suelo y dejarlo engrilletado a la espalda y tirado en el suelo, haciendo caso omiso al rostro ensangrentado que presentaba, constituye un claro acto de dominación arbitraria y abuso de poder que atenta tanto contra la integridad física del detenido como contra su integridad moral”. 

Se trata, añade el tribunal, de un supuesto de maltrato al arrestado que incorpora un componente de vejación y humillación a la víctima “por la situación de indefensión en que este se encuentra, dentro de un calabozo, con la inherente imposibilidad de repeler la agresión o pedir el auxilio de terceros y por la impunidad, al menos inicial o aparente, que otorga al agresor su condición de agente de la autoridad, de modo que el así agredido queda reducido a la condición de mero receptor pasivo de los golpes, un simple objeto sometido a la voluntad del agresor, cosificación que de modo indudable atenta a su dignidad como persona sujeta de derechos inalienables”. 

“La Ley ha encomendado a los agentes de Policía Foral, al igual que ocurre con el resto de funcionarios policiales, la persecución de los delitos, pero desde el pleno respeto a los derechos fundamentales, de modo que el uso de la fuerza solo se halla contemplado y legitimado para situaciones excepcionales en las que la misma responde a un fin constitucionalmente legítimo”, subrayan los magistrados, que apostillan que no ha quedado acreditado que, antes de sufrir esta agresión, la víctima hubiera insultado o amenazado de algún modo al agente. “En todo caso resultaría estéril para justificar una reacción así”, añaden. 

Al contrario, la Audiencia destaca que, tras ser detenido, el denunciante sí presentó un comportamiento manifiestamente desafiante, provocativo e incluso grosero y obsceno, no solo con palabras, sino con gestos. “Pero todos los agentes que tuvieron que intervenir con él, y fueron muchos, lo hicieron con profesionalidad, logrando con la debida calma reconducir la situación. Este es el comportamiento exigible y esperable de un servidor público”, remarca. 

“No estaba de ninguna manera legitimado para agredir al [detenido], el cual se encontraba encerrado en el calabozo, por mucho que alegue que le había provocado o amenazado. Al contrario, tenía la obligación de calmarlo y de salvaguardar su integridad física por hallarse bajo su custodia, y de respetar su honor y dignidad, de que es merecedora toda persona, se halle o no privada de libertad. Y, si las amenazas y faltas de respeto hubieran sido consideradas graves, podía haber hecho valer las acciones correspondientes que el propio ordenamiento jurídico pone a su disposición, lo que no solo no hizo, sino que ni siquiera quedaron reflejadas en ningún informe o parte interno”, inciden los magistrados. 

Respecto a la participación del otro condenado, los jueces señalan que el mismo lleva 26 años en el cuerpo policial, por lo que puede afirmarse que se trata de un agente “bregado y experimentado”. 

La Audiencia no cree la versión exculpatoria dada por el procesado. Asegura que pudo ver y vio los puñetazos que, justo delante de él, el agente 979 propinó al arrestado. “No solo percibió los movimientos, como él describió, sino que fue testigo directo de la agresión”, puntualiza.

Según relata el tribunal, este segundo agente ni intervino, ni avisó a los otros compañeros para que acudieran al calabozo. “La Sala no alberga duda alguna de que pudo y debió impedir lo ocurrido. Pudo realizar un gesto, una indicación, una advertencia para que cesara en su actitud o para asegurarse de que no la mantenía, indicación que pudo haber sido eficaz entre compañeros no relacionados entre ellos jerárquicamente. Por ello, es [...] tan responsable como el agente de su actuación”, concluye. 

En cambio, los magistrados exculpan de responsabilidad al tercer acusado, que había ingresado en la Policía Foral el 30 de diciembre de 2024 y, hasta el momento de los hechos, había trabajado un total de 25 días. “No tomó la iniciativa ni realizó por sí mismo ninguna actuación respecto del [detenido]. Antes bien, se mostró dubitativo en cuanto a la actuación que debía llevar a cabo, y las imágenes permiten apreciar a una persona insegura que no tiene certeza de lo que debe hacer”, describe el tribunal. 

Por tanto, razona la Audiencia, a la hora de valorar la conducta que era exigible a este tercer agente, el ordenamiento jurídico suele atender a estándares de comportamiento exigibles a un ciudadano medio en una situación y con unas condiciones similares. Se trata, añade, de fijar un estándar de razonabilidad. “Pues bien, considera la Sala que, en atención a todas las circunstancias expuestas, el agente no fue capaz de enfrentarse u oponerse a su superior, no siéndole exigible otra actuación en términos jurídicos”, sostiene el tribunal, que apostilla que este inculpado “se encontró con una situación tal que no pudo impedir el atentado contra la integridad moral efectuado por un superior”.

Los casos de represión contra el derecho a protesta que se dieron en movilizaciones españolas durante el año 2025 han ascendido un 66,7% con respecto al año 2024. De entre todas las movilizaciones, una cuarta parte de las intervenciones se produjeron durante protestas en solidaridad con Palestina (90 casos), seguidas de vivienda y okupación (67 casos) y antifascismo (61 casos). Son datos que recoge el informe anual de la plataforma Defender a quien defiende, defensora de los derechos humanos y que cada año estudia la situación del derecho a la protesta en el Estado español de forma cuantitativa y cualitativa.

El informe, presentado este jueves por Bernat Aragó (de la asociación NOVACT), Cèlia Carbonell (de la asociación Irídia), Gabriela López Neyra (psicóloga del Centro Sira) e Ibán Vazquez (de BDS Madrid), recoge que la represión se intensifica cada año y lo hace de manera más visible y más sistemática —a más protesta y movilización popular, más represión—. En total, según los datos que ha podido conseguir la plataforma Defender a quien defiende, en 2025 se dieron un total de 380 casos, 1.956 vulneraciones y 1.771 personas afectadas en contexto de protesta.

Tipos de vulneraciones del derecho a protesta

La organización diferencia entre tres tipos de datos. Los casos, según detalla la plataforma, hacen referencia a los episodios concretos vinculados “a una protesta o situación relacionada con el ejercicio del derecho a la protesta” (por ejemplo, una manifestación, un desalojo). Las vulneraciones son intervenciones concretas realizadas “por una autoridad pública o por un actor privado que afecta o restringe el ejercicio de alguno de los derechos que conforman el derecho a la protesta”. Por ejemplo, una carga policial, una detención, una multa administrativa o la apertura de un procedimiento judicial. Y las personas afectadas “se contabilizan por caso y por vulneración”, es decir, una persona identificada y detenida es una persona contabilizada; en cambio, “si se produce una carga policial desproporcionada contra un grupo de personas, pero no se reporta ninguna persona herida, contará como una sola persona”. Si una persona resulta afectada en distintos casos, se contabiliza en cada uno de ellos en los datos de la plataforma.

También se distinguen distintos tipos de vulneraciones. El estudio indica que en 2025 adquieren mayor peso las vulneraciones contra la integridad física y moral (147 casos con 419 personas afectadas) y las detenciones (76 casos con 324 personas afectadas), lo que se traduce en más de una tercera parte de las vulneraciones detectadas, mientras que en 2024 fueron más comunes lss identificaciones y sanciones administrativas (más del 50 % del total de casos registrados). El informe recoge distintos tipos de intervenciones contra el derecho a protesta: multa, identificación, ataques a la integridad física y moral (agresiones, uso desproporcionado de la fuerza, cargas, registros y cacheos, golpes no reglamentarios, amenazas, insultos, coacciones o vejaciones), detención, infiltración (presencia encubierta de agentes de paisano en manifestaciones o actividades en espacios sociales), represión judicial, censura, retención, burorrepresión (obstáculos administrativos, trabas burocráticas o exigencias desproporcionadas que dificultan la organización y participación en movilizaciones), policía sin identificar y otros.

Un cuarto de las retenciones fueron en protestas por Palestina

Las retenciones durante las protestas en solidaridad con Palestina fueron las más recurrentes (el 24,7 % de los casos), y han aumentado casi un 65 % frente al año anterior, sobre todo en casos de ataque a la integridad física y moral. Estos casos de represión se dieorn principalmente en tres acontecimientos del año 2025: el boicot a la celebración de La Vuelta Ciclista entre los meses de agosto y septiembre, las protestas por el secuestro de los activistas de la Global Sumud Flotilla, y la huelga general por Palestina el día 15 de octubre del mismo año. Durante La Vuelta Ciclista en Madrid, la Red de Observación de vulneraciones en contexto de protesta de Madrid registró más de una veintena de manifestantes heridos, “de los cuales cuatro referían heridas graves en cargas desproporcionales ocasionadas por la Policía Nacional”, según el informe de Defender a quien defiende.

Estas intervenciones fueron ejercidas en su mayoría por los cuerpos policiales (54,5%), donde los Mossos d’Esquadra son responsables de un 25,8% de los casos, y la Policía Nacional de un 22,6%. “Este patrón refuerza la tendencia observada en años anteriores, donde las fuerzas policiales representan el principal actor en la represión de la protesta”, explican desde Defender a quien defiende.

Por otro lado, las instituciones públicas y judiciales son responsables del 26,3 % de los casos (111), y el 19,2 % de las vulneraciones documentadas son de actores privados, que entran en juego en protestas como las de vivienda, con la intervención de empresas de desocupación como Desokupa.

El informe también distingue un análisis territorial de los casos, donde se aprecia que Catalunya es la comunidad autónoma donde más casos se han registrado en 2025 (194 de los 380), seguido de Madrid (61 casos) y la Comunidad Valenciana, donde, además de protestas en solidaridad con Palestina, la vivienda y movilizaciones antifascistas, se produjeron muchos episodios vinculados a las protestas por la gestión de la DANA.

El recuento no corresponde a la totalidad de casos existentes pues, según explican en su informe, “en el Estado español no existe ningún mecanismo oficial de recuento o sistematización de vulneraciones del derecho a la protesta”, por lo que la recopilación de estos datos se ha conseguido mediante “observación directa por parte de redes de monitoreo en el terreno, testimonios y documentación aportada por personas afectadas, así como el seguimiento sistemático de medios de comunicación y redes sociales de movimientos sociales”. Defender a quien defiende explican que esta información es “una radiografía basada en los casos detectados y documentados por la plataforma, sin posibilidad de contraste con datos institucionales equivalentes. El volumen real de afectaciones es necesariamente superior”.

Diez años de la Ley Mordaza

El informe de Defender a quien defiende de 2025 coincide con el décimo año desde la aprobación de la Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana) en España, que entró en vigor en julio de 2015. Esta ley ha supuesto el aumento y endurecimiento de las sanciones en los espacios públicos, principalmente en manifestaciones, y que limitan los derechos de los ciudadanos (libertad de expresión y protesta). Desde la plataforma apuntan que “no se debería haber aprobado nunca” y aseguran que fomenta malas prácticas con el material policial.

Este aumento de malas prácticas se ha podido apreciar en el incremento del uso de gases pimienta, pelotas de goma, bastones policiales, proyectiles de foam y otros materiales antidisturbios. La organización afirma que hay casos en los que los cuerpos los utilizan sin seguir los protocolos establecidos para ello, llegando incluso a provocar en activistas fracturas óseas en brazos, piernas y costillas. La plataforma denuncia que en numerosas ocasiones el uso de este material está “injustificado” y exigen la prohibición de los gases y los proyectiles.

De la misma forma, desde Defender a quien defiende critican las nuevas técnicas de control y vigilancia de la ciudadanía en el espacio público, como cámaras de seguridad, cámaras térmicas y de reconocimiento facial, y defienden que “solo una sociedad informada, que comprende los riesgos reales y se reconone como sujeto político en el espacio público, puede resistir la normalización de la vigilancia y movilizarse para construir alternativas democráticas y justas”.

Más allá de los límites de Vitoria, con los cinco asesinados y las decenas de heridos en la masacre del 3 de marzo de 1976, las protestas en contra de la actuación de la Policía Armada en la iglesia de San Francisco de Asís se saldaron con la muerte a manos de diferentes cuerpos policiales de otras tres personas. Son Juan Gabriel Rodrigo Knafo en Tarragona, Mario Marotta en Roma y Vicente Antón Ferrero, en Basauri. Este último murió el 8 de marzo a causa de los disparos de la Guardia Civil. La familia lamenta que la repercusión de este caso sea mucha menor que los de Vitoria.

El trabajador, natural de Zamora pero con residencia en Basauri, se sumó a las manifestaciones por las muertes del 3 de marzo en Vitoria. Se estima que más de 150.000 trabajadoras en Bizkaia se solidarizaron con los obreros de Vitoria. El diario ‘Pueblo’ relataba que aquel día, ante el intento de un grupo de alrededor de 8.000 personas de organizar una asamblea, la Guardia Civil cargó contra los manifestantes. Estos arrojaron piedras y objetos, mientras que los agentes dispararon. Una de esas balas dio de lleno a Antón quien fue trasladado primero al ambulatorio y después, tras efectuársele una cura de urgencia, al hospital de Basurto, donde, aunque se le sometió a cirugía, falleció. Tenía 18 años.

Al día siguiente, Basauri vivió una de las manifestaciones más grandes de su historia. Más de 50.000 personas acudieron al funeral en el campo de fútbol de Basozelai. El pueblo entero se unió en una marcha silenciosa hasta el lugar donde recibió los disparos, calle que a día de hoy lleva su nombre en forma de homenaje. En Vitoria, también hay una placa en Zaramaga en su memoria. Cada año se le recuerda con una ofrenda floral en el lugar exacto de los hechos, pero en esta ocasión, por cumplirse 50 años, el homenaje al basauritarra durará varios días con conferencias, exposiciones y la proyección de documentales, para finalizar con un homenaje el próximo 7 de marzo a las 12.30 en la calle que lleva su nombre y guarda su historia.

En casa de la víctima, tras lo ocurrido, durante años se ha guardado silencio. O así lo confiesa a este periódico su sobrina Aitziber. “Mis abuelos no lo llevaban nada bien y en la familia no hablaban del tema, era algo muy complicado. Cuando mataron a mi tío, él vivía en Basauri con mis bisabuelos, pero mi padre, mis otros tíos y mis abuelos vivían en Zamora. Les avisó la Guardia Civil y les dijo que no hacía falta que fueran a Basauri, que el cuerpo ya estaba de camino, algo que era mentira. El cuerpo no llegó hasta que ellos decidieron llevarlo. No se lo pusieron fácil”, sostiene.

En su caso, se enteró de que su tío fue asesinado casi por casualidad. “Me enteré de la manera más tonta. Vi en Basauri carteles con la foto de mi tío y sabía que esa foto me sonaba de haberla visto en casa. Entonces pregunté y me explicaron lo que pasó. Con mi padre sí que he hablado del tema, pero con los abuelos es mucho más difícil”, reconoce. Según sostiene Aitziber, tanto ella como su familia y el resto de familiares de las víctimas del 3 de marzo siguen luchando por conseguir justicia. “Seguimos luchando por saber quiénes fueron y quiénes dieron las órdenes. Todavía no nos han dado los nombres ni lo han reconocido. Creemos que en algún momento tendremos la suerte de que se haga justicia y que lo reconozcan”, señala.

El próximo sábado será el homenaje de su tío y Aitziber agradece el calor y el apoyo de los vecinos, aunque lamenta que muchos de ellos no conocen lo que le pasó a Vicente Antón Ferrero. “En el caso de Vitoria, como fueron más víctimas, lo tienen más interiorizado y están más concienciados. En Basauri, en cambio, al ser solo una persona no ha tenido tanta repercusión mediática y muchos desconocen lo que pasó. No se ha contado la historia de lo que realmente pasó aquí. Ni que la Guardia Civil salió de los furgones, dispararon porque tendrían la orden de hacerlo, en el caso de Basauri dieron a mi tío y de las mismas se marcharon. Se escucha incluso que se trató de una pelea. Tuvo que ser el pueblo quien salió a socorrer a mi tío. Hay gente que le metió dentro de un autobús, otro vecino cuenta que justo estaba al lado y le puso una chaqueta encima para ayudarle. No debemos olvidar lo que pasó”, concluye la sobrina.

Un home ha acusat dos policies nacionals de donar-li una pallissa quan l'estaven detenint per un suposat episodi de violència masclista, durant el qual ell també hauria agredit els funcionaris policials.

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Palma ha jutjat aquest dilluns els dos agents per un delicte de lesions així com al propi arrestat, acusat de lesions, danys i atemptat contra l'autoritat. El Ministeri Públic sol·licita onze mesos de presó per a cadascun dels efectius policials i per a l'home, tres anys i dos mesos.

Els fets es remunten a la nit del 14 de març de 2021, quan diverses patrulles van acudir a un carrer de Palma després de la crida d'una dona que alertava d'un possible cas de violència de gènere. Segons la versió del processat, aquella nit havia discutit amb la seva parella, però nega haver-la agredit o amenaçat.

Després de la discussió, cadascú va marxar pel seu costat. Ell assegura que desconeixia que ella hagués cridat al 112. Poc després, es va creuar amb un grup d'agents. “Pensava que era una batuda o que em multarien per no portar mascareta”, ha declarat davant del tribunal. Segons el seu relat, un dels policies, “molt alterat”, li va etzibar: “T'ensenyaré a respectar les dones”, abans de començar a colpejar-lo amb la porra.

L'acusat sosté que en cap moment li van explicar que seria detingut. “Només vaig poder cobrir-me per protegir-me dels cops de porra. Els vaig dir que em deixava detenir, però que deixessin de pegar-me”, assegura. Un cop reduït i dins del vehicle policial, l'home ha reconegut que va reaccionar amb violència i va causar danys a la lluna i la porta del darrere -valorats en més de 200 euros- perquè temia que els agents agredissin també la seva família, que s'havia acostat al lloc. No obstant això, nega haver colpejat els policies. “L'última cosa que se'm ocorreix és donar un cop de mà a un agent”.

Segons el seu testimoni, els cops li van provocar lesions a la mandíbula que li van impedir menjar amb normalitat durant tres mesos.

“Força mínima i indispensable”

Per la seva banda, els dos agents processats han ofert una versió radicalment diferent. El primer d'ells ha defensat que l'actuació es va ajustar a la “força mínima i indispensable” i que els cops es van dirigir exclusivament a les cames “per desequilibrar-lo i poder reduir-lo” davant la seva actitud “chulesca i prepotent”.

El policia ha manifestat que mai va colpejar el detingut al cap per “la perillositat que suposa”, i que, com a molt, va poder impactar a la zona lumbar. “Mai vaig tenir intenció de lesionar. En tota la meva carrera he utilitzat la defensa reglamentària en comptades ocasions. No és agradable pegar ningú”, ha assenyalat.

Segons el seu relat, el detingut es va acostar “molt encoratjat” mentre ell parlava amb la dona que havia alertat del suposat episodi de violència masclista. “Li vaig posar el braç al pit perquè guardés la distància de seguretat i, sense dir paraula, em va colpejar al braç i d'un cop de mà a la cara em va arrencar les ulleres”, ha explicat.

El segon agent, que aleshores es trobava en pràctiques, ha donat suport a aquesta versió, assegurant que van treure les defenses després de l'agressió al company. Tots dos insisteixen que els cops es van dirigir a cames i glutis per poder immobilitzar-lo.

La Fiscalia, tanmateix, sosté que els policies sí que van colpejar el detingut al tronc superior i al cap i que aquests impactes no eren “estrictament necessaris”. Segons l'escrit d'acusació, li van causar diversos traumatismes.

El tribunal haurà de dirimir ara què va ocórrer realment aquella nit: si es va tractar d'una reducció proporcional davant una agressió o d'un ús excessiu de la força durant una detenció per violència masclista.

Un hombre ha acusado a dos policías nacionales de propinarle una paliza cuando estaban deteniéndolo por un supuesto episodio de violencia machista, durante el cual él también habría agredido a los funcionarios policiales.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha juzgado este lunes a los dos agentes por un delito de lesiones así como al propio arrestado, acusado de lesiones, daños y atentado contra la autoridad. El Ministerio Público solicita once meses de prisión para cada uno de los efectivos policiales y para el hombre, tres años y dos meses.

Los hechos se remontan a la noche del 14 de marzo de 2021, cuando varias patrullas acudieron a una calle de Palma tras la llamada de una mujer que alertaba de un posible caso de violencia de género. Según la versión del procesado, aquella noche había discutido con su pareja, pero niega haberla agredido o amenazado.

Tras la discusión, cada uno se marchó por su lado. Él asegura que desconocía que ella hubiera llamado al 112. Poco después, se cruzó con un grupo de agentes. “Pensé que era una redada o que me iban a multar por no llevar mascarilla”, ha declarado ante el tribunal. Según su relato, uno de los policías, “muy alterado”, le espetó: “Te voy a enseñar a respetar a las mujeres”, antes de comenzar a golpearle con la porra.

El acusado sostiene que en ningún momento le explicaron que iba a ser detenido. “Solo pude cubrirme para protegerme de los porrazos. Les dije que me dejaba detener, pero que dejaran de pegarme”, asegura. Una vez reducido y dentro del vehículo policial, el hombre ha reconocido que reaccionó con violencia y causó daños en la luna y la puerta trasera -valorados en más de 200 euros- porque temía que los agentes agredieran también a su familia, que se había acercado al lugar. Sin embargo, niega haber golpeado a los policías. “Lo último que se me ocurre es dar un manotazo a un agente”.

Según su testimonio, los golpes le provocaron lesiones en la mandíbula que le impidieron comer con normalidad durante tres meses.

“Fuerza mínima e indispensable”

Por su parte, los dos agentes procesados han ofrecido una versión radicalmente distinta. El primero de ellos ha defendido que la actuación se ajustó a la “fuerza mínima e indispensable” y que los golpes se dirigieron exclusivamente a las piernas “para desequilibrarlo y poder reducirlo” ante su actitud “chulesca y prepotente”.

El policía ha manifestado que jamás golpeó al detenido en la cabeza por “la peligrosidad que supone”, y que, como mucho, pudo impactar en la zona lumbar. “Nunca tuve intención de lesionar. En toda mi carrera he utilizado la defensa reglamentaria en contadas ocasiones. No es agradable pegar a nadie”, ha señalado.

Según su relato, el detenido se acercó “muy envalentonado” mientras él hablaba con la mujer que había alertado del supuesto episodio de violencia machista. “Le puse el brazo en el pecho para que guardara la distancia de seguridad y, sin mediar palabra, me golpeó en el brazo y de un manotazo en la cara me arrancó las gafas”, ha explicado.

El segundo agente, que entonces se encontraba en prácticas, ha respaldado esta versión, asegurando que sacaron las defensas tras la agresión al compañero. Ambos insisten en que los golpes se dirigieron a piernas y glúteos para poder inmovilizarlo.

La Fiscalía, sin embargo, sostiene que los policías sí golpearon al detenido en el tronco superior y en la cabeza y que esos impactos no eran “estrictamente necesarios”. Según el escrito de acusación, le causaron diversos traumatismos.

El tribunal deberá dirimir ahora qué ocurrió realmente aquella noche: si se trató de una reducción proporcional ante una agresión o de un uso excesivo de la fuerza durante una detención por violencia machista.

El pasado diciembre declaró en los juzgados de Bilbao el agente de la Ertzaintza investigado por herir supuestamente durante el desalojo del gaztetxe de Rekalde en abril de 2025 al joven Iker Arana, que tuvo que ser hospitalizado y que, según relata, “perdió un testículo por las cargas policiales”. El abogado del ertzaina ha declarado públicamente que solicitará al Tribunal de Instancia que archive el caso, por lo que la plataforma Justizia Aranarentzat, creada para solicitar el esclarecimiento ante lo ocurrido, ha difundido el vídeo del momento del disparo de 'foam'.

“La defensa del ertzaina investigado pretende basar la petición de archivo en las declaraciones de dos ertzainas que se encontraban en el lugar del disparo junto al ertzaina investigado, quienes habrían declarado que es imposible que la bala de 'foam' causara la pérdida de un testículo a Iker desde aquella distancia. Además, el abogado de los ertzainas sostiene que, según el testimonio de los ertzainas, Iker rebasó la línea policial y que tanto él como el resto de gente que se concentraba frente al gaztetxe estaba lanzándoles botellas de cristal. Sin embargo, la realidad fue totalmente diferente, y las imágenes hablan por sí solas”, explican desde la plataforma ciudadana.

En las imágenes se ve una multitud de jóvenes a las puertas del gaztetxe y, al otro lado de la calle varias dotaciones de la Brigada Móvil de la Ertzaintza. Se produce un primer disparo y Arana se aproxima con los brazos en alto a modo de protesta. Segundos después recibe el impacto de la 'foam' y cae al suelo. “El abogado de los ertzainas sostiene que, según el testimonio de los ertzainas, Iker rebasó la línea policial y que tanto él como el resto de gente que se concentraba frente al gaztetxe estaba lanzándoles botellas de cristal. Al contrario de lo que dicen los ertzainas, no lanzó ninguna botella ni rompió el cordón de seguridad, que se encontraba a varios metros de distancia. Queremos subrayar que tanto este caso como otros similares que estamos viendo los últimos meses sacan a relucir dos cuestiones. Por un lado, muestran la brutalidad y la impunidad con la que actúa la Ertzaintza. Por otro, ponen encima de la mesa que el derecho a la protesta no está garantizado. Iker fue mutilado por el mero hecho de mostrar su rechazo ante el desalojo de un gaztetxe. El derecho a protestar frente a las injusticias sin ser reprimido debería estar garantizado; y en cambio, la Ertzaintza y el Gobierno vasco avanzan en la dirección contraria, fortaleciendo el estado policial para reprimir y criminalizar a quienes se movilizan”, han denunciado desde Justizia Aranarentzat.

Arana interpuso una denuncia ante la Justicia el pasado 23 de abril con el objetivo de que “se esclarezcan los hechos y para que se juzgue a los responsables de esta actuación policial”. “Tanto al agente que me disparó intencionadamente el proyectil como a las personas encargadas del operativo policial”, señaló tras lo ocurrido. En su versión, el agente de la Ertzaintza le disparó “una bala de 'foam' a propósito” en la entrepierna. En diciembre, durante la declaración de los agentes de la Ertzaintza, en una concentración frente a los juzgados con el apoyo de la plataforma creada para defenderle, Justizia Aranarentzat, denunció que pese al cambio de la Ertzaintza de las pelotas de goma al 'foam' se ha demostrado que estas últimas “son altamente lesivas”. En la actualidad está abierta también otra causa por las lesiones sufridas por una mujer, Amaya Zabarte, en otra carga ocurrida en Anoeta en marzo de 2024. En su caso las heridas fueron en el cráneo.

“Los protocolos de lesiones son inexistentes cuando los ertzainas son los culpables. Me cuesta creer que con todos los medios y herramientas que tiene la Ertzaintza hoy en día, no hayan podido conseguir ni una prueba visual y que todas las pruebas visuales que se han conseguido han sido por parte de mi entorno. Me gustaría saber si hubiera sido al revés cómo hubieran sido las cosas”, ha lamentado el joven, tras agradecer el apoyo de la gente que ha acudido a la concentración y asegurar que su caso demuestra que “los métodos que utiliza la Policía no son los más adecuados”.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, compareció a petición propia en el Parlamento Vasco en mayo para defender que la Policía intervino de modo justificado y “no se puede aceptar con normalidad que la Ertzaintza reciba agresiones y se produzcan disturbios cuando tiene que cumplir con su labor legal, cuando tiene que hacer cumplir la ley”. Aun así, reconoció que hay una denuncia interpuesta. “Mi preocupación ha aumentado viendo la dura denuncia que ha hecho un ciudadano ante la actuación de la Ertzaintza. Según esta denuncia, ha recibido un daño como consecuencia de la incorrecta actuación de la Ertzaintza en los disturbios que se produjeron en Rekalde”, destacó el consejero.

A pesar de ello, Zupiria mostró en el Parlamento Vasco su firme confianza tanto en el dispositivo policial como en los jefes de la Ertzaintza que lo llevaron a cabo aquel día. “Si ha ocurrido como el denunciante asegura, ha sido un comportamiento inadecuado. Creo que el dispositivo policial que tuvo lugar en la víspera del desalojo era necesario y tengo toda la confianza en los jefes de la Ertzaintza que organizaron dicho dispositivo. Conocí de cerca lo que ocurrió y las decisiones que se tomaron e hicieron lo necesario para cumplir con una orden judicial. Los disturbios no los provocó la Ertzaintza, los provocaron quienes actuaron contra la presencia de la Ertzaintza. En ese contexto, ha podido ocurrir que un agente haya tenido una actuación incorrecta. Si eso es cierto, nos corresponde a nosotros investigarlo y ponerlo en manos de la Justicia, quien tendrá la última palabra”, indicó.

“La Ertzaintza tiene legitimidad para utilizar la fuerza a la hora de hacer su trabajo, pero si alguna vez ocurre algo, una conducta, una actuación aislada que pueda poner en duda la actuación correcta de la Ertzaintza, creo que debemos responder con firmeza. La sociedad vasca debe ser exigente con la Ertzaintza. La sociedad ha dado la legitimidad a los miembros de la Ertzaintza para que cuando sea necesario, utilice la fuerza siempre dentro de la ley. Por eso, porque les hemos dado la legitimidad, debemos ser exigentes con el uso de la fuerza, fuerza legítima sí, pero violencia, de ninguna manera”, afirmó el consejero.

Preguntado por el material y equipamiento policial que se utilizó en el dispositivo, Zupiria confirmó que hubo salvas -disparos en vacío- y balas de 'foam' cuando se detectó “peligro”. “En la actuación no se utilizaron pelotas de goma. En un momento determinado, porque vieron un peligro, sacaron las escopetas y las pelotas de los furgones, pero no fueron utilizadas”, matizó. De hecho, este material no se ha empleado nunca desde el fallecimiento de Íñigo Cabacas tras una carga ocurrida en abril de 2012.

“Se utilizaron proyectiles de salva y balas de 'foam'. En la operación hubo 40 'bodycam', se han visto las imágenes de todas y en ninguna ha aparecido la situación que describe el denunciante. Aunque eso no quiere decir nada. El despliegue no está finalizado. Si lo que relata el denunciante es verdad, estaríamos ante una situación grave y considero que ante situaciones graves hay que tener respuestas claras”, subrayó Zupiria.

La orden de desalojo del gaztetxe, un centro social autogestionado y en este caso okupado de Rekalde, estaba prevista para las 09.00 horas de del pasado viernes 4 de abril, pero durante la noche anterior comenzaron los disturbios cuando un amplio dispositivo de la Ertzaintza lo custodió durante la jornada previa a su desalojo, por orden judicial. Tras los incidentes, en los que resultó herido Arana, detuvieron a cinco personas por atentado contra agentes de la autoridad, y según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 15 ertzainas resultaron heridos, pero no de gravedad.

Finalmente, el viernes a las 10.20 produjo el desalojo y se identificó a las cuatro personas que pasaron la noche dentro, a las que se les abrirá un expediente sancionador por obstrucción, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Durante estos desórdenes públicos se cruzaron numerosos contenedores en la calzada y a seis de ellos les prendieron fuego. Según el Ayuntamiento de Bilbao los daños materiales, en un recuento inicial, ascendieron a más de 6.000 euros. Este periódico se puso en contacto con el Ayuntamiento, que aseguró que al tratarse de un edificio privado y de un desalojo ordenado por un juzgado, no realizarían comentarios al respecto.

Una agente de la Guardia Civil ha sido condenada a indemnizar con más de 18.000 euros a un compañero al que pegó varios golpes de porra por la espalda y en la cara al pensar que era un ladrón de teléfonos móviles. El Tribunal Superior de Madrid confirma su condena por un delito de lesiones y también que la Dirección General de la Guardia Civil se debe hacer cargo de forma subsidiaria de la indemnización. Los jueces rechazan el argumento con el que la Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido la absolución de la guardia civil condenada: que había golpeado a su compañero creyendo que estaba cumpliendo con su deber.

Los hechos, según las sentencias a las que ha tenido acceso elDiario.es, ocurrieron en octubre de 2018, en uno de los días de mayor afluencia a las fiestas del municipio madrileño de Boadilla del Monte. La agente condenada formaba parte del dispositivo de seguridad de la Guardia Civil, que en torno a las tres de la mañana recibió un aviso: un grupo de jóvenes estaba sacando teléfonos móviles del recinto ferial. Unos teléfonos que podrían haber sido hurtados a otras personas durante las fiestas.

Los chicos echaron a correr por un paraje irregular y no dejaron de correr cuando la agente y varios de sus compañeros uniformados gritaron: “¡Alto, Guardia Civil!”. Muchos de ellos saltaron una de las vallas y la agente se acercó corriendo a uno de ellos: sacó su defensa extensible reglamentaria de más de medio metro y le dio un primer golpe por la espalda y en las cervicales. El segundo golpe se lo dio en toda la cara. Cuando el supuesto ladrón cayó al suelo sangrando, se escuchó un grito: “¡Es compañero, es compañero!”.

La agente descubrió entonces que no había agredido a ningún potencial delincuente sino a un compañero que formaba parte del operativo en esas fiestas y que iba de paisano para poder vigilar posibles hurtos sin levantar suspicacias. El caso terminó en los tribunales y en un juicio atípico en la Audiencia Provincial de Madrid: una guardia civil y la Dirección General del cuerpo en el banquillo de los acusados, un compañero como víctima, otros ocho agentes testificando y la Fiscalía y la Abogacía del Estado pidiendo la absolución.

Según ha sabido elDiario.es, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado su condena: una multa de 1.450 euros por un delito de lesiones y la obligación de indemnizar con algo más de 18.000 euros al agente al que agredió, una cantidad que incluye los perjuicios de las lesiones, el fisio y las operaciones a las que tuvo que someterse. El guardia civil agredido pasó dos veces por quirófano porque el golpe le desvió la nariz y desde entonces, entre otras secuelas, no respira correctamente.

“¡Es compañero, es compañero!”

Tanto en el juicio como en sus recursos ahora rechazados, la agente condenada alegó que nunca supo que estaba persiguiendo a un compañero de la Guardia Civil y que usó la defensa para repeler una situación de peligro contra un potencial delincuente. Los jueces, que finalmente le imponen una multa y rechazan la petición de cárcel de su compañero, explican que esa agresión con la porra y por la espalda no estaba justificada, ni contra un posible ladrón ni contra otro guardia civil. “La actuación agresiva de la agente acusada no se produjo en un contexto de acometimiento a su persona, de desorden o alteración del orden público, y ni tan siquiera de hipotético peligro o riesgo”.

El TSJ recuerda, al rechazar su último recurso, que en esa persecución no había peligro para ella y, por tanto, ningún motivo para golpear a alguien con su defensa reglamentaria: “Ninguna resistencia hubo, ni el escenario podía propiciar a la agente una intimidación ambiental por situación de riesgo, siendo ella la perseguidora y los otros los perseguidos”. En términos similares se había pronunciado, unos meses antes, la Audiencia Provincial de Madrid: hizo un uso “indebido” de la porra. “No hubo agresión ni legítima ni ilegítima por parte de la víctima de la que defenderse ni tampoco de cualquier otra persona”.

El propio agente agredido lo dijo en su declaración en el juicio. Lo primero que sintió fue un golpe en la espalda y se dio la vuelta esperando encontrarse a uno de los presuntos ladrones huyendo a la carrera. Lo siguiente que vio, ya en el suelo y sangrando por la cara, fueron las botas de su compañera. “No se puede agredir a una persona de esa manera”, dijo ante el tribunal. Los hurtos de móviles que perseguían, además, no habían sido robos violentos o con armas, sino sustracciones al descuido, nada que justificara ese uso de la fuerza. Ya el año anterior hubo seis detenidos por este tipo de robos.

Hasta ocho guardias civiles, entre compañeros y mandos superiores implicados en el operativo de esas fiestas de Boadilla, comparecieron sin arrojar muchos detalles sobre lo que había sucedido. Durante el juicio, la agente acusada y la Dirección General de la Guardia Civil fueron defendidas por la Abogacía del Estado, mientras que el agente agredido tuvo que contratar un abogado privado. La Fiscalía también se puso de parte de la acusada: pidió que fuera condenada a indemnizar al agredido, pero eximida de cualquier otro tipo de condena por haber actuado en cumplimiento del deber.

Los jueces entendieron que no era necesario imponer una condena de cárcel a esta agente además de la multa y las indemnizaciones por el delito de lesiones. Una pena de prisión sería “especialmente rígida”, dijo la Audiencia de Madrid, que también tuvo en cuenta los seis años que pasaron desde los hechos hasta la celebración del juicio.

La sentencia también apuntó a la falta de coordinación del operativo policial como factor relevante en la agresión: “No puede olvidarse la descoordinación del dispositivo policial diseñado para el evento como quedó patente en el plenario y que, de alguna manera, pudo influir de forma circunstancial en los hechos”. Y terminó condenando como responsable civil a la Dirección General de la Guardia Civil “pues la acusada, agente de la Guardia Civil, cometió los hechos en el ejercicio de sus funciones como tal”.

Este jueves ha declarado en los juzgados de Bilbao el agente de la Ertzaintza investigado por herir supuestamente durante el desalojo del gaztetxe de Rekalde el pasado abril al joven Iker Arana que tuvo que ser hospitalizado y, según denuncia, “perdió un testículo por las cargas policiales”. El joven interpuso una denuncia ante la Justicia el pasado 23 de abril con el objetivo de que “se esclarezcan los hechos y para que se juzgue a los responsables de esta actuación policial”. Tanto al agente que me disparó intencionadamente el proyectil como a las personas encargadas del operativo policial, señaló tras lo ocurrido.

En su versión, el agente que ha declarado este jueves le disparó “una bala de 'foam' a propósito” en la entrepierna. En una concentración frente a los juzgados con el apoyo de la plataforma creada para defenderle, Justizia Aranarentzat, ha indicado que pese al cambio de la Ertzaintza de las pelotas de goma al 'foam' se ha demostrado que estas últimas “son altamente lesivas”. En la actualidad está abierta también otra causa por las lesiones sufridas por una mujer, Amaya Zabarte, en otra carga ocurrida en Anoeta en marzo de 2024.

“Los protocolos de lesiones son inexistentes cuando los ertzainas son los culpables. Me cuesta creer que con todos los medios y herramientas que tiene la Ertzaintza hoy en día, no hayan podido conseguir ni una prueba visual y que todas las pruebas visuales que se han conseguido han sido por parte de mi entorno. Me gustaría saber si hubiera sido al revés cómo hubieran sido las cosas”, ha lamentado el joven, tras agradecer el apoyo de la gente que ha acudido a la concentración y asegurar que su caso demuestra que “los métodos que utiliza la Policía no son los más adecuados”.

Desde la plataforma Justizia Aranarentzat han señalado que su objetivo es “hacer frente a la impunidad y a la brutalidad policial”. “El de Iker Arana no es el primer caso. Debemos reivindicar el derecho a la protesta frente a las injusticias. No debemos olvidar que la carga que produjo la mutilación de Iker Arana se produjo en un contexto por el desalojo del gaztetxe de Rekalde y por el hecho de haberse acercado simplemente a mostrar solidaridad por ese espacio”, han detallado desde el colectivo.

Según han apuntado los representantes de la organización se debe “garantizar el derecho a la protesta que hoy en día no está garantizado”. “Es legítimo protestar y es legítimo desobedecer frente a las injusticias y hay que hacer frente a la criminalización de la protesta. Tanto este caso como otros similares de los últimos meses, ponen encima de la mesa la violencia policial y la impunidad de la Ertzaintza”, han reclamado tras exigir que “se esclarezcan los hechos y se asuman todas las responsabilidades”.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, compareció a petición propia en el Parlamento Vasco el pasado mayo para defender que la Policía intervino de modo justificado y “no se puede aceptar con normalidad que la Ertzaintza reciba agresiones y se produzcan disturbios cuando tiene que cumplir con su labor legal, cuando tiene que hacer cumplir la ley”. Aun así, reconoció que hay una denuncia interpuesta. “Mi preocupación ha aumentado viendo la dura denuncia que ha hecho un ciudadano ante la actuación de la Ertzaintza. Según esta denuncia, ha recibido un daño como consecuencia de la incorrecta actuación de la Ertzaintza en los disturbios que se produjeron en Rekalde”, destacó el consejero.

A pesar de ello, Zupiria mostró en el Parlamento Vasco su firme confianza tanto en el dispositivo policial como en los jefes de la Ertzaintza que lo llevaron a cabo aquel día. “Si ha ocurrido como el denunciante asegura, ha sido un comportamiento inadecuado. Creo que el dispositivo policial que tuvo lugar en la víspera del desalojo era necesario y tengo toda la confianza en los jefes de la Ertzaintza que organizaron dicho dispositivo. Conocí de cerca lo que ocurrió y las decisiones que se tomaron e hicieron lo necesario para cumplir con una orden judicial. Los disturbios no los provocó la Ertzaintza, los provocaron quienes actuaron contra la presencia de la Ertzaintza. En ese contexto, ha podido ocurrir que un agente haya tenido una actuación incorrecta. Si eso es cierto, nos corresponde a nosotros investigarlo y ponerlo en manos de la Justicia, quien tendrá la última palabra”, indicó.

“La Ertzaintza tiene legitimidad para utilizar la fuerza a la hora de hacer su trabajo, pero si alguna vez ocurre algo, una conducta, una actuación aislada que pueda poner en duda la actuación correcta de la Ertzaintza, creo que debemos responder con firmeza. La sociedad vasca debe ser exigente con la Ertzaintza. La sociedad ha dado la legitimidad a los miembros de la Ertzaintza para que cuando sea necesario, utilice la fuerza siempre dentro de la ley. Por eso, porque les hemos dado la legitimidad, debemos ser exigentes con el uso de la fuerza, fuerza legítima sí, pero violencia, de ninguna manera”, afirmó el consejero.

Preguntado por el material y equipamiento policial que se utilizó en el dispositivo, Zupiria confirmó que hubo salvas -disparos en vacío- y balas de 'foam' cuando se detectó “peligro”. “En la actuación no se utilizaron pelotas de goma. En un momento determinado, porque vieron un peligro, sacaron las escopetas y las pelotas de los furgones, pero no fueron utilizadas”, matizó. De hecho, este material no se ha empleado nunca desde el fallecimiento de Íñigo Cabacas tras una carga ocurrida en abril de 2012.

“Se utilizaron proyectiles de salva y balas de 'foam'. En la operación hubo 40 'bodycam', se han visto las imágenes de todas y en ninguna ha aparecido la situación que describe el denunciante. Aunque eso no quiere decir nada. El despliegue no está finalizado. Si lo que relata el denunciante es verdad, estaríamos ante una situación grave y considero que ante situaciones graves hay que tener respuestas claras”, subrayó Zupiria.

La orden de desalojo del gaztetxe, un centro social autogestionado y en este caso okupado de Rekalde, estaba prevista para las 09.00 horas de del pasado viernes 4 de abril, pero durante la noche anterior comenzaron los disturbios cuando un amplio dispositivo de la Ertzaintza lo custodió durante la jornada previa a su desalojo, por orden judicial. Tras los incidentes, en los que resultó herido Arana, detuvieron a cinco personas por atentado contra agentes de la autoridad, y según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 15 ertzainas resultaron heridos, pero no de gravedad.

Finalmente, el viernes a las 10.20 produjo el desalojo y se identificó a las cuatro personas que pasaron la noche dentro, a las que se les abrirá un expediente sancionador por obstrucción, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Durante estos desórdenes públicos se cruzaron numerosos contenedores en la calzada y a seis de ellos les prendieron fuego. Según el Ayuntamiento de Bilbao los daños materiales, en un recuento inicial, ascendieron a más de 6.000 euros. Este periódico se puso en contacto con el Ayuntamiento, que aseguró que al tratarse de un edificio privado y de un desalojo ordenado por un juzgado, no realizarían comentarios al respecto.

Un tribunal de Madrid ha condenado a un agente de la Policía Nacional a tres años de cárcel por inventarse que una mujer detenida le había roto una ceja de un cabezazo en la comisaría de Leganitos, en el centro de la capital. La mujer, arrestada en la pandemia por saltarse el confinamiento, llegó a ser imputada por agredir al policía, pero la insistencia de su abogada en pedir las imágenes de las cámaras de seguridad demostró que había sucedido lo contrario: el agente había estrellado la cabeza de la mujer contra una puerta y él mismo se había chocado contra el marco. Después, añaden los jueces, falsificó el atestado apoyado por otro policía acusado también de falso testimonio por encubrirle.

Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso elDiario.es, los hechos ocurrieron una noche de mayo de 2020 en el centro de Madrid. El policía y su compañero acudieron al barrio de Lavapiés porque una mujer se estaba saltando las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia y terminaron deteniéndola para llevarla a la comisaría de Leganitos.

Una vez allí, el policía engrilletó a la mujer y le puso las manos a la espalda, aunque ella se mostraba “sumisa” y no ejecutó “oposición de ningún tipo”, y la introdujo en la comisaría con la espalda doblada hacia adelante. Empezó entonces a abrir puertas dentro de la comisaría usando la cabeza de la mujer como un ariete hasta que una de las puertas rebotó con fuerza y dio al agente en la cara, haciéndole una brecha en una ceja. El agente arrastró a la mujer hasta un calabozo, donde quedó boca arriba y con las manos atadas, y se puso a elaborar el atestado.

La abogada del turno de oficio que asistió esa noche a la mujer no sabía nada de ese episodio y pidió sin éxito que fuera llevada inmediatamente ante un juez, pero tuvo que esperar al día siguiente para acudir al juzgado de guardia. Allí se llevó una sorpresa: el atestado que le habían leído verbalmente la noche anterior no se correspondía con lo que había llegado a la mesa de la jueza. Ahora tenía un párrafo más que acusaba a su clienta de haber ejercido una “férrea resistencia” y de haber dado un cabezazo al policía hasta romperle una ceja. El policía, incluso, había ido a un hospital para recibir puntos de sutura.

El juzgado mantuvo a esta mujer imputada durante más de medio año bajo la acusación de haber agredido y lesionado al policía nacional hasta que accedió a la petición de la abogada: obtener y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad. Horas y horas de metraje que, una vez ordenadas, mostraban la realidad: la mujer no se había resistido y el agente se había roto una ceja contra una puerta mientras maltrataba a la detenida y se abría paso por la comisaría usando la cabeza de la mujer como un ariete.

La causa se archivó contra la mujer, la acusada se convirtió en víctima y el agente de Policía Nacional pasó a estar acusado por un rosario de delitos relacionados con la falsificación del atestado y sus mentiras posteriores. La Fiscalía pidió casi cinco años de cárcel para él y la primera sentencia, de la Audiencia Provincial de Madrid, le impuso tres años y medio de presidio al considerarle culpable de falsedad documental y denuncia falsa. El Tribunal Superior de Justicia, tras un recurso, ha reducido la condena a tres años al entender que el segundo delito ya forma parte del primero y que el policía no dio uso posterior al atestado.

“Alteró la realidad de los hechos a conciencia”

El discurso del policía y su compañero fue cambiando a medida que el proceso judicial se alejó de la mujer y se dirigió contra ellos. Si durante la fase de instrucción los dos dijeron que, efectivamente, la mujer había dado un cabezazo al policía, en el juicio fueron variando su versión para restar importancia al suceso y afirmar que fue algo “fortuito”, de poca gravedad y poco menos que un accidente sin importancia.

Los jueces de ambos tribunales entienden que este policía “faltó intencionadamente a la verdad”, atribuyendo “una clara agresión” a la mujer cuando ella, esposada y “sumisa”, no había hecho nada. El policía nunca reconoció por qué falsificó el atestado, pero la Audiencia Provincial de Madrid especuló con las posibilidades: “Como represalia por la actitud reivindicativa de la abogada, para justificar la detención policial, para encubrir las lesiones físicas visibles de la detenida, o por otros motivos desconocidos”.

El TSJ es claro al explicar lo que revelaron las cámaras de la comisaría de Leganitos: “No se aprecia resistencia alguna, ni férrea ni liviana, por parte de la detenida”. Pero sí se ve cómo el policía usó su cabeza para abrir puertas y cómo él mismo se rompió la ceja contra una de ellas. “No hay ni rastro de una posible colisión voluntaria ni fortuita entre las cabezas de ambos”, dicen sobre la completa ausencia de un cabezazo de la mujer. “Alteró la realidad de los hechos a conciencia” en el atestado, dicen los jueces, y la consecuencia es que la mujer estuvo varios meses imputada por un delito que podría haber acabado con ella en la cárcel.

El caso ya está en manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pero la condena impuesta por los jueces madrileños a este policía implicará su ingreso obligatorio en prisión, además de exponerse a perder la placa. Tres años de cárcel por falsedad documental, inhabilitación para ejercer como policía mientras dure la condena, una multa de 2.400 euros y una indemnización de 3.000 euros más para la víctima. Los jueces dedujeron testimonio contra su compañero porque entendieron que mintió en el juicio para encubrir al acusado.

“A lo mejor hubiera sido condenada por atentado”

La abogada del turno de oficio que atendió esa noche a la mujer se llama Ana Méndez y llevó su defensa hasta que el caso ha terminado con una condena de cárcel para el policía. Se quejó ante la jueza cuando vio aparecer el párrafo del atestado que no estaba la noche anterior, se quejó ante el Colegio de Abogados y al final consiguió que la comisaría enviase las imágenes de sus cámaras de seguridad. “Nos mandaron las imágenes que correspondían a dos días y eran ocho cámaras, imagina la de horas y horas que nos dieron en bruto”, relata.

Hizo una labor de reconstrucción hasta que pudo ver “el recurrido de ella” por la comisaría de Leganitos, cuando vieron “clarísimamente”, explica a elDiario.es, “no solo el trato vejatorio que le habían dado, sino que la herida se la había hecho, precisamente, porque iba abriendo las puertas con la cabeza de ella y en una de esas se golpeó la ceja porque la puerta rebotó. Eso se ve sin lugar a duda, no es un hecho controvertido”.

Un policía, contra el que se dedujo testimonio por mentir, “sí intentó proteger a su compañero”. Pero también considera que otro, el instructor del expediente, también buscaron “eludir su propia responsabilidad”. El vídeo, en cualquier caso, fue la clave para que su clienta pasara de ser acusada a ser la víctima de un abuso policial. “Lo que es muy grave es que a lo mejor mi representada hubiera sido condenada por atentado”, explica Méndez.

En su defensa, el policía intentó alegar ante los distintos tribunales que las imágenes habían sido “cortadas y pegadas” por la defensa de la mujer y que no reflejan la realidad de lo que sucedió. Los jueces explican que esas imágenes salen del bruto enviado por la comisaría, y en todo caso apuntan a que faltan algunas. “Falta, es llamativo, la grabación de la cámara que permitiría visualizar lo sucedido tras atravesar las puertas batientes antes de llegar al precalabozo”, dice la Audiencia Provincial. Faltan, por tanto, las imágenes del lugar donde la víctima asegura que fue agredida después de que el policía abriera una puerta con su cabeza.

Los jueces le imponen, a falta de lo que diga el Supremo, tres años de cárcel y recuerdan que los agentes de policía nacional “no son simples particulares”, sino que su palabra va directa a un atestado que puede llevar a “la incoación de un proceso penal” y convertirse en una prueba contra alguien. Tal y como dijo la Fiscalía en el juicio, falsear así un atestado “quebranta gravemente la confianza en la veracidad que suele presumirse en las actuaciones policiales”.

Con el objetivo de apoyar a Iker Arana, el joven que denuncia que perdió un testículo por las cargas policiales de la Ertzaintza en los disturbios registrados el pasado mes de abril durante el desalojo del gaztetxe de Rekalde, en Bilbao, han creado una plataforma llamada Justizia Aranarentzat. “Justizia Aranarentzat no nace solo para Iker. Es una herramienta colectiva para frenar la violencia institucional, para visibilizar los abusos y para exigir justicia donde solo hay encubrimiento. No vamos a permitir que el caso de Iker quede silenciado. Vamos a seguir organizadas hasta que la verdad y la justicia prevalezcan”, han explicado durante la presentación de la plataforma en la que ha participado el joven herido.

Según han criticado, aquel día los vecinos de Rekalde sufrieron “brutalidad policial”, porque los agentes de la Ertzaintza actuaron “con total impunidad, ocultando pruebas y encubriendo al agente responsable”. “Existen indicios suficientes para afirmar que el proyectil que impactó en Iker fue disparado de forma directa, en un contexto en el que no se producía ningún tipo de altercado ni situación de riesgo”, han asegurado.

También han lamentado la “lentitud y opacidad” con la que se ha desarrollado el proceso de identificación del agente responsable, pese a la existencia de múltiples pruebas audiovisuales obtenidas desde el entorno vecinal ya que, fue identificado la semana pasada, tres meses después de lo ocurrido. En cuanto a las imágenes, la plataforma ha subrayado que tuvieron que ser “amistades y vecinos” quienes recopilaran imágenes “esenciales para la investigación”, sin la colaboración activa de las autoridades policiales, a las que han acusado de “falta de transparencia” en el uso de las cámaras corporales por parte de la Ertzaintza.

En este sentido, la investigación interna de la Ertzaintza sigue abierta, como lo aseguró el pasado consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, a principios de mayo en el Parlamento Vasco en una comparecencia a petición propia y confirmaron hace unos días fuentes de su equipo. En su intervención Zupiria sostuvo que la Policía intervino de modo justificado y “no se puede aceptar con normalidad que la Ertzaintza reciba agresiones y se produzcan disturbios cuando tiene que cumplir con su labor legal, cuando tiene que hacer cumplir la ley”. Aun así, señaló estar “preocupado” por la denuncia que interpuso el joven tras lo ocurrido. “Mi preocupación ha aumentado viendo la dura denuncia que ha hecho un ciudadano ante la actuación de la Ertzaintza. Según esta denuncia, ha recibido un daño como consecuencia de la incorrecta actuación de la Ertzaintza en los disturbios que se produjeron en Rekalde”, señaló.

La plataforma ha denunciado que “pese a que había numerosos agentes presentes equipados con cámaras, no se ha podido extraer ninguna prueba concluyente de ellas lo que evidencia una actitud de encubrimiento y que la Ertzaintza dificulta deliberadamente la investigación de los hechos”. “En lugar de asumir responsabilidades, los agentes presentes se han limitado a protegerse entre sí, reforzando un muro de silencio que impide el acceso a la verdad y obstaculiza la justicia y es una muestra más de la brutalidad y de la impunidad con la que actúa la Ertzaintza, dentro de un patrón más amplio de represión policial”, han argumentado.

La plataforma ha asegurado que trabajará para que “el caso no quede enterrado en el silencio, se esclarezcan completamente los hechos y todos los responsables de la actuación policial comparezcan ante la justicia”. Entre las medidas “urgentes” que han solicitado para evitar que se produzcan casos como este está la prohibición del uso de escopetas y balas de 'foam', que se introdujeron precisamente para evitar el uso de pelotas de goma tras el fallecimiento en una carga de Íñigo Cabacas. También demandan la identificación “obligatoria” de los agentes y mandos policiales en cualquier intervención, como garantía de transparencia y rendición de cuentas, y, por último, la disolución de la Brigada Móvil, el grupo de antidisturbios, ya que entienden que esta unidad policial está “especializada en la represión de protestas y representa un riesgo constante para quienes ejercen su derecho a la movilización social y la protesta pacífica”.

Zupiria mostró en el Parlamento Vasco su firme confianza tanto en el dispositivo policial como en los jefes de la Ertzaintza que lo llevaron a cabo aquel día. “Si ha ocurrido como el denunciante asegura, ha sido un comportamiento inadecuado. Creo que el dispositivo policial que tuvo lugar en la víspera del desalojo era necesario y tengo toda la confianza en los jefes de la Ertzaintza que organizaron dicho dispositivo. Conocí de cerca lo que ocurrió y las decisiones que se tomaron e hicieron lo necesario para cumplir con una orden judicial. Los disturbios no los provocó la Ertzaintza, los provocaron quienes actuaron contra la presencia de la Ertzaintza. En ese contexto, ha podido ocurrir que un agente haya tenido una actuación incorrecta. Si eso es cierto, nos corresponde a nosotros investigarlo y ponerlo en manos de la Justicia, quien tendrá la última palabra”, indicó.

“La Ertzaintza tiene legitimidad para utilizar la fuerza a la hora de hacer su trabajo, pero si alguna vez ocurre algo, una conducta, una actuación aislada que pueda poner en duda la actuación correcta de la Ertzaintza, creo que debemos responder con firmeza. La sociedad vasca debe ser exigente con la Ertzaintza. La sociedad ha dado la legitimidad a los miembros de la Ertzaintza para que cuando sea necesario, utilice la fuerza siempre dentro de la ley. Por eso, porque les hemos dado la legitimidad, debemos ser exigentes con el uso de la fuerza, fuerza legítima sí, pero violencia, de ninguna manera”, afirmó el consejero.

Preguntado por el material y equipamiento policial que se utilizó en el dispositivo, Zupiria confirmó que hubo salvas -disparos en vacío- y balas de 'foam' cuando se detectó “peligro”. Las hay de dos tipos, las SIR y las SIRX, más duras. “En la actuación no se utilizaron pelotas de goma. En un momento determinado, porque vieron un peligro, sacaron las escopetas y las pelotas de los furgones, pero no fueron utilizadas”, matizó. De hecho, este material no se ha empleado nunca desde el fallecimiento de Cabacas, en abril de 2012. “Se utilizaron proyectiles de salva y balas de 'foam'. En la operación hubo 40 'bodycam', se han visto las imágenes de todas y en ninguna ha aparecido la situación que describe el denunciante. Aunque eso no quiere decir nada. El despliegue no está finalizado. Si lo que relata el denunciante es verdad, estaríamos ante una situación grave y considero que ante situaciones graves hay que tener respuestas claras”, subrayó.

Durante la presentación de la plataforma, Iker Arana ha asegurado que, durante el desalojo del gaztetxe de Rekalde, “de repente y sin venir a cuento”, la Ertzaintza les disparó un pelotazo y que, cuando algunos de ellos les reprocharon la actitud agresiva que habían tenido al dispararles sin motivo alguno, les volvieron a disparar, “siendo ese segundo disparo el que me impactó en los testículos”. “El pelotazo fue directo y de forma intencionada, como lo estoy demostrando a través de diferentes pruebas. No se pudo sacar ninguna evidencia de ninguna de las 35 cámaras analizadas, puesto que estaban apagadas, se veían borrosas o apuntaban hacia otro lado”, ha reprochado.

Tras el suceso el joven permaneció seis días ingresado en el hospital de Basurto. Él mismo convocó una rueda de prensa cuando le dieron el alta para informar de que procedería a denunciar a la Policía vasca. “La Ertzaintza puede utilizar elementos para disolver concentraciones, pero eso nunca debe ser un uso desmedido de la fuerza. Lo que ocurrió fue injustificable, gratuito, un abuso de poder completamente fuera de lugar, además pude ver cómo me apuntaban y disparaban de forma directa. Quiero decirlo claro: fue represión pura, una vez más. Fue una agresión directa a las personas que estábamos ejerciendo nuestro derecho a concentrarnos y no pienso quedarme callado porque lo que me pasó a mí podría haberle pasado a cualquiera de los que estábamos allí y, porque si no lo contamos, lo normalizan”, denunció tras la salida del hospital.

La orden de desalojo del gaztetxe, un centro social autogestionado y en este caso okupado de Rekalde, estaba prevista para las 09.00 horas de del pasado viernes 4 de abril, pero durante la noche anterior comenzaron los disturbios cuando un amplio dispositivo de la Ertzaintza lo custodió durante la jornada previa a su desalojo, por orden judicial. Tras los incidentes, en los que resultó herido Arana, detuvieron a cinco personas por atentado contra agentes de la autoridad, aunque ya han sido puestas en libertad, y según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 15 ertzainas resultaron heridos, pero no de gravedad.

Finalmente, a las 10.20 se produjo el desalojo y se identificó a las cuatro personas que pasaron la noche dentro, a las que se les abrirá un expediente sancionador por obstrucción, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Durante estos desórdenes públicos se cruzaron numerosos contenedores en la calzada y a seis de ellos les prendieron fuego. Según el Ayuntamiento de Bilbao los daños materiales, según un recuento inicial, ascienden a más de 6.000 euros. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, que asegura que al tratarse de un edificio privado y al tratarse de un desalojo ordenado por un juzgado, no van a realizar comentarios al respecto.

El gaztetxe de Rekalde, de nombre Etxarri, se puso en marcha por jóvenes de la zona en 2014, en la misma zona en la que se produjo el desalojo de Kukutza en 2011 en el que hubo una veintena de detenidos, disturbios y denuncias de “violencia policial” que llegaron hasta la Defensoría del Pueblo, el Ararteko. “Se abrió con el objetivo de darle una respuesta colectiva a los problemas de la juventud trabajadora del barrio que dejó la perdida Kukutza III Gaztetxea. Durante todos estos años Etxarri ha sido un espacio para la socialización y politización de la juventud, un refugio para diferentes organizaciones del barrio y un lugar para el desarrollo de un modelo de ocio alternativo”, informan desde el gaztetxe, que aseguran que a lo largo de estos años se han realizado decenas de charlas, exposiciones, conciertos y asambleas dentro del edificio.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para aclarar las circunstancias en las que un joven pudo ser herido por la propia Policía vasca en los disturbios registrados el pasado mes de abril por el desalojo del gaztetxe de Rekalde, en Bilbao. El joven denunciante es Iker Arana, quien asegura haber perdido “un testículo por las cargas policiales” durante el desalojo debido a que uno de los agentes, según expone, le disparó “una bala de 'foam' a propósito” en la entrepierna.

Según ha explicado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que ha comparecido a petición propia en el Parlamento Vasco, la Policía intervino de modo justificado y “no se puede aceptar con normalidad que la Ertzaintza reciba agresiones y se produzcan disturbios cuando tiene que cumplir con su labor legal, cuando tiene que hacer cumplir la ley”. Ahora bien, ha reconocido que hay una denuncia. “Mi preocupación ha aumentado viendo la dura denuncia que ha hecho un ciudadano ante la actuación de la Ertzaintza. Según esta denuncia, ha recibido un daño como consecuencia de la incorrecta actuación de la Ertzaintza en los disturbios que se produjeron en Rekalde”, ha destacado el consejero.

“Tal y como dijo el consejero Bingen Zupiria, la Ertzaintza puede utilizar elementos para disolver concentraciones, pero eso nunca debe ser un uso desmedido de la fuerza. Lo que ocurrió fue injustificable, gratuito, un abuso de poder completamente fuera de lugar, además pude ver cómo me apuntaban y disparaban de forma directa. Quiero decirlo claro: fue represión pura, una vez más. Fue una agresión directa a las personas que estábamos ejerciendo nuestro derecho a concentrarnos y no pienso quedarme callado porque lo que me pasó a mí podría haberle pasado a cualquiera de los que estábamos allí y, porque si no lo contamos, lo normalizan”, aseguró Arana en una rueda de prensa realizada tras permanecer seis días ingresado en el hospital de Basurto.

El joven anunció en ese encuentro su intención de denunciar a la Ertzaintza, denuncia que fue interpuesta el 23 de abril y por la que se ha abierto un atestado. “Quiero informar de que interpondré las correspondientes denuncias para que se esclarezcan los hechos y para que se juzgue a los responsables de esta actuación policial. Tanto al agente que me disparó intencionadamente el proyectil como a las personas encargadas del operativo policial. Sé que será un camino largo y duro porque como he visto en casos similares las instituciones del Estado protegen a la Policía y dificultan el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de responsabilidades. Aun siendo consciente de la dificultad del proceso, estoy decidido a emprender la vía judicial. Quiero destacar la importancia de la activación social frente al abuso y la impunidad policial para que se haga justicia y casos como el mío no se vuelvan a repetir”, aseguró.

En este sentido, Zupiria ha mostrado en el Parlamento Vasco su firme confianza tanto en el dispositivo policial como en los jefes de la Ertzaintza que lo llevaron a cabo aquel día. “Si ha ocurrido como el denunciante asegura, ha sido un comportamiento inadecuado. Creo que el dispositivo policial que tuvo lugar en la víspera del desalojo era necesario y tengo toda la confianza en los jefes de la Ertzaintza que organizaron dicho dispositivo. Conocí de cerca lo que ocurrió y las decisiones que se tomaron e hicieron lo necesario para cumplir con una orden judicial. Los disturbios no los provocó la Ertzaintza, los provocaron quienes actuaron contra la presencia de la Ertzaintza. En ese contexto, ha podido ocurrir que un agente haya tenido una actuación incorrecta. Si eso es cierto, nos corresponde a nosotros investigarlo y ponerlo en manos de la Justicia, quien tendrá la última palabra”, ha indicado.

“La Ertzaintza tiene legitimidad para utilizar la fuerza a la hora de hacer su trabajo, pero si alguna vez ocurre algo, una conducta, una actuación aislada que pueda poner en duda la actuación correcta de la Ertzaintza, creo que debemos responder con firmeza. La sociedad vasca debe ser exigente con la Ertzaintza. La sociedad ha dado la legitimidad a los miembros de la Ertzaintza para que cuando sea necesario, utilice la fuerza siempre dentro de la ley. Por eso, porque les hemos dado la legitimidad, debemos ser exigentes con el uso de la fuerza, fuerza legítima sí, pero violencia, de ninguna manera”, ha afirmado el consejero.

Preguntado por el material y equipamiento policial que se utilizó en el dispositivo, Zupiria ha confirmado que hubo salvas -disparos en vacío- y balas de 'foam' cuando se detectó “peligro”. “En la actuación no se utilizaron pelotas de goma. En un momento determinado, porque vieron un peligro, sacaron las escopetas y las pelotas de los furgones, pero no fueron utilizadas”, ha matizado. De hecho, este material no se ha empleado nunca desde el fallecimiento de Íñigo Cabacas tras una carga ocurrida en abril de 2012.

“Se utilizaron proyectiles de salva y balas de 'foam'. En la operación hubo 40 'bodycam', se han visto las imágenes de todas y en ninguna ha aparecido la situación que describe el denunciante. Aunque eso no quiere decir nada. El despliegue no está finalizado. Si lo que relata el denunciante es verdad, estaríamos ante una situación grave y considero que ante situaciones graves hay que tener respuestas claras”, ha subrayado.

La orden de desalojo del 'gaztetxe', un centro social autogestionado y en este caso okupado de Rekalde, estaba prevista para las 09.00 horas de del pasado viernes 4 de abril, pero durante la noche anterior comenzaron los disturbios cuando un amplio dispositivo de la Ertzaintza lo custodió durante la jornada previa a su desalojo, por orden judicial. Tras los incidentes, en los que resultó herido Arana, detuvieron a cinco personas por atentado contra agentes de la autoridad, y según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, 15 ertzainas resultaron heridos, pero no de gravedad.

Finalmente, el viernes a las 10.20 produjo el desalojo y se identificó a las cuatro personas que pasaron la noche dentro, a las que se les abrirá un expediente sancionador por obstrucción, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Durante estos desórdenes públicos se cruzaron numerosos contenedores en la calzada y a seis de ellos les prendieron fuego. Según el Ayuntamiento de Bilbao los daños materiales, en un recuento inicial, ascienden a más de 6.000 euros. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, que asegura que al tratarse de un edificio privado y al tratarse de un desalojo ordenado por un juzgado, ha informado de que no van a realizar comentarios al respecto.

Un subinspector de Policía Nacional ha sido condenado a tres años de cárcel por intentar agredir sexualmente en un bar de Madrid a otra agente, su subordinada en la comisaría donde trabajaban. El Tribunal Superior de Madrid ha confirmado la condena impuesta a este policía por abordar a la agente en prácticas dentro del baño de un bar con los pantalones bajados e intentando forzar que le hiciera una felación. Las sentencias del caso, que todavía no ha quedado zanjado en firme, revelan que varios policías testificaron para intentar desacreditar a la víctima y hacer creer a los jueces que había denunciado al subinspector para obtener un traslado.

La documentación de la causa, a la que ha tenido acceso elDiario.es, revela que víctima y agresor ejercían como policías nacionales en la comisaría de la Latina. Él era subinspector y, por tanto, superior de la joven que en ese momento estaba en fase de prácticas tras salir de la academia. Ese día de noviembre de 2020 la agente se iba a su casa, pero su superior le invitó a ir con él y otros dos policías a un bar cercano a tomar algo después del trabajo.

El intento de agresión se produjo en el aseo del local. La víctima se estaba lavando las manos cuando el acusado se acercó a ella con los pantalones bajados, obligando a la mujer a tocarle el pene, intentando besarla y tratando de obligar a la agente a realizarle una felación. La víctima empujó al policía, consiguió “zafarse” de él y volvió a la mesa con sus compañeros. Diez minutos más tarde salió del local y llamó llorando a su pareja, contando lo que había sucedido.

Siguiendo el consejo de su pareja la mujer se marchó del local y llamó a su madre, relatando también lo que le había pasado. La siguiente llamada fue a su prima, que también es policía nacional, y la siguiente parada fue la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) donde puso la denuncia. Cuando estaba esperando en dependencias policiales, la víctima recibió una llamada y un mensaje de su agresor, según los jueces preocupado por si estaba siendo denunciado: “Espero princesa que esté todo bien”, le dijo con varios emoticonos de besos y corazones.

El caso estuvo casi cuatro años bajo investigación en un juzgado de la Plaza de Castilla hasta que la Audiencia Provincial dictó sentencia: una condena de tres años de cárcel para el subinspector por un delito de agresión sexual en grado de tentativa, seis años más de inhabilitación y una indemnización de 7.550 euros para la víctima, quedando absuelto del delito adicional de lesiones que le atribuían las acusaciones. Una sentencia que, tal y como ha podido comprobar este periódico, ha ratificado recientemente el Tribunal Superior de Justicia.

El policía condenado ya ha anunciado recurso ante el Tribunal Supremo y su condena, por el momento, no se ha ejecutado mientras se enfrenta también a un proceso disciplinario interno en la Policía Nacional que podría terminar con una sanción adicional o, incluso, con su expulsión del cuerpo. En caso de declararse firme, la condena implicaría su entrada obligatoria en prisión.

Policías “veteranos” contra la agente en “prácticas”

Los jueces de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Madrid dan credibilidad a la víctima frente a la versión exculpatoria del subinspector de Policía Nacional. El acusado ha negado los hechos a lo largo del proceso, ha alegado falta de pruebas y ha acusado a la víctima de denunciarle en falso para ser considerada víctima de violencia machista y conseguir un traslado a su ciudad natal que, de otra manera, no habría logrado. Una teoría que no ha tenido éxito con los jueces pero que sí tuvo el apoyo de varios policías de la comisaría, compañeros de la afectada, que testificaron contra la víctima.

Los jueces no conceden credibilidad ni al policía condenado ni a los agentes que declararon contra la víctima, dando a entender que ella era quien buscaba cercanía con su superior para lograr trato de favor. “Era ella la que iba detrás del jefe”, dijo uno de los policías. “Se pegaba al subinspector”, dijo otra. Según sus compañeros, la víctima “no rendía” y “no tenía ganas de trabajar” y tenía “intereses espurios” al denunciar “porque quería obtener una plaza en su ciudad natal”, algo “imposible” para un recién llegado “salvo en los casos de víctimas de delitos contra la libertad sexual”.

Los testimonios de los policías que cargaron contra la víctima en el juicio, destacó la Audiencia Provincial, “carecen de credibilidad” porque “se trata de subordinados” del acusado, observando los jueces “cierta tendencia a favorecerle”. Todos mencionaron que tenían “buena relación con él”, en algunos casos relaciones de carácter personal. Eran, tal y como destacó ese tribunal en su primera sentencia, “veteranos que habían jurado sus cargos hacía tiempo, lo que les hacía aparecer en un escalón muy superior sobre los funcionarios en prácticas”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en esta misma línea, ha dado prevalencia al testimonio de la mujer frente al del policía y sus subordinados. Esa acusación contra la víctima, destaca el TSJM, “parece una torticera imputación” que queda desmentida por una “evidencia”: la agente siguió destinada en Madrid y no en su ciudad natal, su supuesto objetivo según el acusado y los policías “veteranos”. La declaración de la víctima, sin embargo, ha sido “persistente” y pruebas como los mensajes que mandó a su entorno esa misma noche apuntalan su versión.

El propio mensaje que el acusado mandó a la víctima esa noche, destacan los jueces, es una prueba más de su “preocupación e incertidumbre” ante la posibilidad de ser denunciado por lo que había hecho.

El Gobierno vasco, tras el dictamen favorable de la comisión de valoración, ha reconocido como víctima de violencia policial a Rosa Zarra. Esta mujer donostiarra murió en 1995 ocho días después de recibir en el vientre el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza, según recoge Efe.

Zarra, de 58 años y que tenía un riñón trasplantado, se encontraba en las proximidades de la Paloma de la Paz, junto al estadio de Anoeta de Donostia, presenciando los incidentes registrados entre seguidores de Herri Batasuna (HB) y pacifistas que apoyaban a los trabajadores de Alditrans y que pedían la liberación del empresario entonces secuestrado por ETA José María Aldaya.

La Audiencia de Gipuzkoa archivó en su día la denuncia presentada contra la Ertzaintza por el abogado de la familia, Iñigo Iruin, después de que el informe de los forenses del propio tribunal considerara que la muerte se había producido de forma natural y no debido a un pelotazo de goma disparado por la Ertzaintza. El entonces consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, del PNV, también atribuyó el fallecimiento de Roza Zarra a causas naturales.

Sin embargo, tras estudiar su caso, la comisión de valoración ha considerado que Zarra murió como consecuencia de la actuación de la Ertzaintza, según han confirmado fuentes del Gobierno vasco. La familia de la mujer recibirá el dictamen de la comisión el lunes en un acto privado. Esta misma semana ha trascendido igualmente el reconocimiento a los tiroteados en 1984 en Pasaia.

El Constitucional ha rechazado la petición de la familia de un represaliado de la Transición de reabrir la investigación de su muerte en una carga policial en Madrid en 1976. El pleno del tribunal de garantías, según ha podido saber elDiario.es, ha inadmitido el recurso de los familiares de Ángel Almazán contra el archivo de la causa judicial sobre su fallecimiento. Almazán, vecino de Vallecas que tenía entonces 18 años, murió bajo los golpes de los antidisturbios en una manifestación en 1976 en la Transición y el pleno ha inadmitido su recurso aplicando los mismos argumentos que los usados para inadmitir peticiones similares de represaliados por la dictadura franquista.

Ángel Almazán murió en diciembre de 1976. El joven madrileño había acudido a una manifestación convocada por el Partido del Trabajo de España para protestar en Santa Engracia contra el Referéndum de la Reforma Política. Los colectivos memorialistas destacan que fue trasladado a un facultativo por los propios antidisturbios que le habían pegado una paliza, pero asegurando en el atestado policial que “se había golpeado con una farola”. Murió pocos días después en el Hospital de La Paz.

Como ha sucedido con decenas de causas penales relacionadas con la dictadura, los jueces rechazaron investigar la muerte de Almazán cuando su familia acudió a los juzgados exigiendo responsabilidades penales. La querella de su hermano incluso identificaba con nombres y apellidos a varios policías que dispararon botes de humo y balas de goma contra Almazán para después inmovilizarle y golpearle. La autopsia determinó que murió por una fractura craneal.

En el caso de Almazán, los tribunales ya analizaron una primera denuncia de sus padres ese mismo año 1976, pero esa causa fue archivada por un juzgado militar. Ya en 2009, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reconoció su derecho a una “reparación y reconocimiento personal” en base a la ley de Memoria Histórica. Fue su hermano Javier quien volvió a los tribunales en 2021 solicitando la apertura de una investigación efectiva. El juzgado de Madrid que se hizo con el caso decretó el archivo reconociendo que su muerte fue un delito pero no existen “motivos para atribuir la perpetración del delito a persona alguna determinada”.

Su hermano llevó el caso de Ángel Almazán hasta el Tribunal Constitucional de la mano de las abogadas Ángeles López y Nieves Sanz, denunciando entre otras cosas que se había vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva al no abrir una causa a pesar de no tener dudas sobre la existencia de un delito: “Se frustra esa confianza en la Justicia y en su labor de pacificación social.se frustra esa confianza en la Justicia y en su labor de pacificación social”, afirmaba el recurso, entre otros muchos argumentos.

El pleno del Tribunal Constitucional, según ha sabido elDiario.es, ha analizado hoy el recurso de la familia de Almazán y ha dictado una providencia que inadmite sus alegaciones, cerrando la puerta de forma definitiva a la investigación que reclamaba su hermano. Estas mismas fuentes explican que el criterio aplicado es el mismo que ha servido al Constitucional en los últimos meses para rechazar las investigaciones penales por los crímenes del franquismo.

Del caso de Ventura al de Almazán

El mismo pleno del Constitucional decidió el pasado mes de mayo que este tipo de reclamaciones de víctimas de la brutalidad policial o del régimen franquista durante la dictadura no podían prosperar. Los magistrados, con varios votos en contra, inadmitieron el recurso de Francisco Ventura contra la decisión de los tribunales de la Comunitat Valenciana de no reabrir la investigación sobre las torturas y la represión que sufrió en València en 1967. La inadmisión implicó que el caso ni siquiera llegó a ser resuelto por una sentencia sobre el fondo del asunto.

Se trata de una doctrina que el Constitucional ya había desplegado en varios casos en los últimos años, incluso con la nueva Ley de Memoria Democrática en vigor, destacando el caso de Gerardo Iglesias, fundador de Izquierda Unida que denunció a un policía por torturas durante el franquismo. El caso de Francisco Ventura terminó en la negativa del Constitucional con argumentos similares: la nueva ley no “sustituye” al criterio de los jueces y que las trabas siguen siendo las mismas: el paso del tiempo y la amnistía de 1977.

En el caso de Ángel Almazán, joven vallecano fallecido bajo los golpes de la Policía ya durante la Transición en 1976 en las calles de Madrid durante una manifestación, el pleno se remite a ese auto del caso de Ventura para reproducir sus argumentos y su negativa. Varios magistrados discrepantes mantienen la opinión ya mostrada entonces en sus votos particulares: que estos casos merecen, al menos, ser admitidos a trámite para recibir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto del Tribunal Constitucional.

La delegada del Gobierno, la socialista Mariola Guevara, ha recibido este lunes por la mañana a una representación de los estudiantes que se movilizaron el pasado viernes en las protestas contra la Consejería de Educación por la EBAU.

Guevara les ha trasladado el apoyo a sus reivindicaciones, ha lamentado los incidentes que se produjeron y les ha pedido disculpas por lo mal que lo hayan podido pasar y por la “mala imagen” que ha trascendido de unas protestas legítimas, ha comunicado en una nota la Delegación del Gobierno. 

Guevara, tal como informó el pasado viernes, les ha reiterado que, en ningún momento, ni la Delegación ni el jefe Superior de Policía ordenaron el uso de la fuerza contra los estudiantes y que se ha abierto una investigación interna para esclarecer todo lo sucedido. 

Finalmente, los estudiantes le han agradecido que los haya recibido de forma inmediata y se han desmarcado del comportamiento violento que hayan podido mostrar algunos estudiantes o personas ajenas a sus verdaderas reivindicaciones.

“Te hunden psicológicamente porque te hacen sentir que eres una basura, que no vales para nada, como un ser inservible. Psicológicamente te van destruyendo. Cuando sufres vejaciones, sea en cualquier lugar, psicológicamente te va afectando mental y personalmente”. “Todos los que hemos sufrido racismo tenemos un sentimiento de culpabilidad. Te culpas y te preguntas por qué naciste oscuro, indio, moro o africano”.

El primero es el testimonio de una mujer cubana a su llegada a Bizkaia. El segundo, el de un hombre colombiano. Ambos llevan tiempo viviendo en Euskadi y han sido víctimas de racismo, según recoge la asociación SOS Racismo en su informe anual 'Voces de la discriminación', relativa a los datos de 2023. “Este año se vuelve a evidenciar que la mayoría de denuncias que se reciben en la oficina son de víctimas de acciones racistas y xenófobas llevadas a cabo por fuerzas policiales”, reconoce el informe.

Los datos del informe arrojan que a lo largo del año pasado se realizaron en la asociación 35 denuncias por casos de racismo. Todas las víctimas, menos una, eran una personas migradas. Al igual que en años anteriores, gran parte de ellos denunciaron ser víctimas de la Policía. “Otro año más el racismo policial está en primer lugar como agente discriminador con un 46% de los casos denunciados. De los cuales un 83% provienen de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de este porcentaje el 81% corresponde al racismo policial y frente a un 19% de otras instituciones públicas. Seguido de agresiones racistas cometidas por particulares, con un 14%. El racismo vecinal y laboral ocupan cada uno un 11% de las discriminaciones, seguido en un 6% de la seguridad privada y el racismo inmobiliario. En menor porcentaje el racismo escolar y la islamofobia con un 3% cada uno”, sostiene el informe.

Del total de denuncias con respecto a prácticas policiales racistas, el cuerpo de seguridad con mayor porcentaje de denuncias recogidas en SOS Racismo Bizkaia se le atribuye a la Ertzaintza, con el 54% del total. El 38% de los casos son denuncias contra la Policía Municipal de Bilbao y el 8% restante contra la Policía Local de Portugalete.

En cuanto al perfil denunciante, el 40% de los afectados fueron personas de origen marroquí, el 14% de ellos de origen argelino y un 6% de Cuba, Gambia, Mali y Colombia. “Las acciones o prácticas que se denuncian, realizadas por agentes de la Policía, son racistas, ya que se basan en múltiples indicadores que, por el contrario, en personas blancas no se dan. Estos indicadores se centran en el colorismo, etnia y raza, en relación con la edad, la pobreza y el género, afectando más a los varones”, explica el informe.

Insultos racistas, agresiones y multas injustificadas

En cuanto a tipo de ataque, desde SOS Racismo Bizkaia destacan que la mayoría de los casos se basan en “insultos racistas, agresiones físicas, multas injustificadas, paradas pasadas en el perfil étnico-racial, el abuso de poder o las prácticas ilegales”, siendo el 57% hombres y el 43% mujeres. “Es necesario recalcar que las mujeres migradas, racializadas y gitanas están atravesadas por diversas opresiones, concluyendo esta interseccionalidad en el atraso de la denuncia, ya que priorizan otras necesidades mayores como la supervivencia o los cuidados”, señala el informe.

Como conclusión, la asociación indica que el perfil general de las personas denunciantes por abusos policiales racistas son hombres de origen marroquí, con una media de edad de entre 29 y 48 años, cuya situación administrativa es regular. “Podemos afirmar que los jóvenes marroquís son la comunidad más violentada por los cuerpos policiales y de seguridad a través de cacheos en la vía pública, paradas por perfil étnico y prácticas ilegales”, asevera el documento.

“En este informe se identifica y reconoce, por cuarto año consecutivo, el racismo policial como principal obstáculo para la vida de las personas migradas, racializadas y gitanas en nuestro territorio. La criminalización de los cuerpos visiblemente racializados en los espacios públicos acaba con situaciones violentas de agresiones racistas, que sin razón de ser terminan en multas, denuncias o maltrato físico”, concluye.

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de dos años de cárcel al agente de los Mossos d'Esquadra condenado por agredir “de forma gratuita” al periodista de La Directa Jesús Rodríguez mientras el informador cubría las protestas contra el desalojo del centro social okupado del Banc Expropiat del barrio de Gràcia de Barcelona.

En su sentencia, los magistrados del Alto Tribunal desestiman el recurso del agente y confirman íntegramente las resoluciones previas del TSJ catalán y de la Audiencia de Barcelona. Se ratifica así la condena de prisión (que se podrá suspender al carecer de antecedentes el condenado) y de dos años de inhabilitación para el uniformado, que también deberá indemnizar con 7.625 euros al periodista.

El caso que ahora ya tiene sentencia firme se remonta al año 2016. El uniformado, según ha quedado probado judicialmente, dio un porrazo en la pierna del informador “con el ánimo de atentar contra su integridad física de forma gratuita”. Tras el primer golpe el periodista escapó, y el antidisturbios le siguió solo, sin ningún otro agente de la línea policial, para dirigirse “directamente” a Rodríguez y propinarle un segundo porrazo, esta vez en la mano.

El Supremo concluye que la mala praxis del agente “no solo fue peligrosa, sino que concretó el peligro en unas lesiones” que sufrió en la mano Rodríguez, quien el pasado viernes volvió a Catalunya tras pasar medio año en Suiza por su imputación por terrorismo en la causa Tsunami Democràtic y que el caso quedara archivado.

Sobre la causa del Banc Expropiat, el Supremo remarca que el periodista sufrió una lesión grave, que le mantuvo casi tres meses de baja, y que la actuación policial “no fue legítima”, por lo que descarta aplicar la eximente solicitada por el agente para quedar absuelto con el pretexto de que la agresión estaba amparada por una intervención policial.

“No había necesidad de actuar con la violencia con la que actuó”, zanja el Supremo, en línea con las dos sentencias anteriores de la Audiencia de Barcelona y el TSJ catalán.

El agente reclamaba la absolución porque negaba ser el autor de la agresión y, en cualquier caso, la acción no debía castigarse penalmente ya que estaba en cumplimiento de un deber como policía para hacer frente a los altercados que, según su versión, se estaban produciendo. La Audiencia de Barcelona ya había descartado amparar la actuación del agente ya que cuando el mosso aporreó la mano del periodista no había incidentes, por lo que no había “necesidad racional de intervenir”.

La segunda oportunidad que los jueces dieron a un policía municipal de Madrid condenado por agredir a un menor de edad ha terminado en absolución. La Audiencia Provincial ha decidido exonerar a un agente, acusado de partir la mandíbula de una paliza a un joven en 2019 en la capital, al tener en cuenta los testimonios favorables de otros policías que patrullaban por la zona esa noche. Esta absolución llega en el segundo juicio que se celebra sobre el caso: en un primer momento fue condenado a un año y medio de prisión por la agresión pero los tribunales ordenaron repetir el juicio para que se tuvieran en cuenta las declaraciones favorables de sus compañeros policías que, finalmente, han facilitado su absolución. Queda probado que el joven tenía la mandíbula rota, pero no quién se la rompió.

Los hechos, tal y como reveló elDiario.es, tuvieron lugar en las fiestas del madrileño barrio de El Pilar en 2019. El joven, el único negro del grupo, estaba intentando saltar una valla para acceder al recinto de las fiestas cuando fue recriminado por una pareja de policías municipales. Según los jueces, el chico se dirigió a los agentes con frases como “detrás de una placa sois muy graciosos” y también con algunos insultos. Fue multado por faltar al respeto a los agentes y, según la Justicia, al día siguiente acudió a las urgencias de La Paz con la mandíbula fracturada, teniendo que pasar por quirófano.

Una primera sentencia de la Audiencia Provincial declaró probado que uno de los policías municipales le rompió la mandíbula de una paliza, imponiendo año y medio de prisión al agente, pero el juicio tuvo que repetirse cuando el Tribunal Superior de Justicia entendió que los jueces no habían valorado una prueba: los testimonios exculpatorios de otros agentes del dispositivo de las fiestas que estaban cerca de la zona en ese momento.

El juicio se repitió el pasado mes de junio ante una sección distinta de la Audiencia Provincial de Madrid y el resultado también ha sido distinto: los jueces han optado ahora por absolver al agente de la Policía Municipal al entender que el joven, efectivamente, tenía la mandíbula rota, pero añadiendo que no hay pruebas de que fuera el agente, algo que sí se declaró probado en la primera sentencia. La clave de la sentencia, que ha podido examinar elDiario.es, es la credibilidad que los jueces dan al agente acusado y a sus compañeros de patrulla y dispositivo.

La primera sentencia, de una sección distinta del mismo tribunal compuesta por otros jueces, dio credibilidad a la declaración del joven. No solo por el informe médico que acreditaba que tenía la mandíbula rota, sino porque contó la misma versión a todo el mundo en todo momento: a sus amigos poco después de los hechos, a su madre al día siguiente, a los médicos y finalmente en su denuncia. Su relato, según los primeros jueces que analizaron el caso, era “contundente y elocuente” y la culpabilidad del policía municipal ahora absuelto era “incuestionable”.

“Es difícil pensar” que un policía mienta

Esa apreciación ha cambiado después del segundo juicio. Los jueces entienden ahora que la declaración del joven no es creíble mientras que avalan la del policía acusado y sus compañeros: “Tres agentes que indican inequívocamente que presenciaron el incidente, cada uno desde su lugar y no observaron agresión alguna”, dice sobre el testimonio de los policías municipales que estaban en las inmediaciones.

Los jueces, con Juan José Toscano como ponente acompañado por Diego de Egea y Carlos Martín en el tribunal, también descartan que los policías que testificaron hayan faltado a la verdad para proteger a su compañero. Y descarta que un policía pueda llegar a mentir en un juicio para eso. “Tratándose de agentes de la autoridad es difícil pensar que hubieran decidido, los tres, faltar a la vedad con el evidente interés de favorecer a quien no deja de ser su compañero”, dice el tribunal.

El joven siempre defendió que fue arrastrado por el policía absuelto y otro agente no identificado detrás de unos arbustos para agredirle, algo que ahora la Audiencia tampoco aprecia. “Este contexto no parece el indicado para que dos agentes arrastren por la fuerza al menor hacia los arbustos y el golpeen en la clandestinidad”, afirma. El joven, añaden ahora, tuvo una “actitud violenta” aunque los hechos probados no reflejen ningún tipo de actitud violenta del denunciante más allá de un insulto.

Otra prueba determinante en la primera sentencia ha sido dada la vuelta tras el segundo juicio para cimentar la absolución: cómo el chico salió de detrás de los arbustos instando al resto de policías a seguir pegándole porque otro agente ya le había roto la mandíbula. Algo que reflejó uno de los propios policías en su parte. Ahora el tribunal entiende que se refería a otros policías no identificados, aunque en todas sus declaraciones ha sido muy claro al señalar al acusado: “Fue el propio menor quien manifestó que había sido agredido antes por otros agentes, y es evidente que no se referiría a los que en ese momento le custodiaban, pues lo dijo ante ellos”, dice ahora la Audiencia de Madrid.

Al ser absolutoria, esta nueva sentencia también exonera de cualquier sanción económica del Ayuntamiento de Madrid, que sí había sido condenado por responsable civil subsidiario por el delito cometido por su agente. Al descartar la existencia de la paliza, también rechaza la acusación de que fuera por motivos racistas, ya que el chico era el único negro del grupo de jóvenes que había en la zona: “Sería una mera elucubración pensar que se aisló a él de los otros que saltaron por el color de su piel”.

El joven todavía puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia, el mismo que hace unos meses ordenó repetir la sentencia que condenó al agente a año y medio de prisión. En el juicio, la Fiscalía hizo firme su petición de cárcel de año y medio de presidio, la misma que le fue impuesta en un primer momento. “El ataque fue completamente gratuito, y el único identificado fue esa persona en atención a su color de piel”, dijo el fiscal Ángel Guzmán.

Los vídeos cada vez son más importantes en las denuncias de abusos policiales. Así se ha puesto de manifiesto de nuevo este jueves en la Audiencia de Barcelona, en la última sesión del juicio a cuatro mossos por agredir a un joven y fabricar un atestado falso para encubrirse durante el toque de queda de 2020. Mientras las defensas piden anular la grabación de la violenta reducción, la Fiscalía y las acusaciones han defendido su legalidad y se han reafirmado en solicitar penas de hasta 15 años a los uniformados.

En su informe final, el fiscal del caso, además de defender la plena validez del vídeo, ha realizado una defensa de las grabaciones en casos de posibles actuaciones irregulares de las fuerzas de seguridad. “Es legítimo grabar a los agentes ante un posible abuso”, ha manifestado el representante del Ministerio Público, que reclama siete años y medio de cárcel a los agentes (ha rebajado un año su petición inicial porque los agentes han consignado la indemnización).

El fiscal ha defendido tanto la licitud como la fiabilidad del vídeo para que el tribunal alcance una convicción sobre el caso. La grabación, ha insistido, es plenamente legal porque se obtuvo de una actuación en la vía pública, sin invadir ningún espacio privado. Pero también es una prueba fiable y válida, ha agregado, porque aunque el vídeo esté cortado todos sus extremos han sido corroborados por testigos y los acusados del caso.

“Es legítimo grabar a los agentes en sus actuaciones, su difusión puede ser ilícita si se pone en peligro su seguridad, pero en este caso hay un interés público evidente en el vídeo porque hay un posible abuso policial”, ha aseverado el fiscal Pablo Borjabad, que ha rechazado, citando una sentencia del Constitucional, introducir una “censura previa” en las grabaciones a actuaciones policiales.

“Hay un abuso policial y una detención ilegal porque no existía ningún motivo para ello”, ha proseguido el fiscal sobre los hechos: los agentes pararon al grupo en el que iba el joven en noviembre de 2020, cuando pasaba una hora del toque de queda instaurado durante la pandemia.

Acusaciones y mossos están de acuerdo en el contenido de los vídeos, pero mientras que las primeras ven delictiva la reducción los segundos no. Según ha declarado este jueves el cabo acusado, el joven le dio una patada, lo que provocó la reducción. Sin embargo, la Fiscalía y las demás acusaciones niegan que se produjera agresión alguna.

Es más, en el atestado que las acusaciones ven falso, el cabo puso que el golpe de la víctima había sido con la cabeza, algo que ha desmentido este jueves a preguntas de su defensa. “Yo había recibido un golpe y pienso que la opción más coherente era que hubiera sido con la cabeza”. ¿Es posible que fuera con el puño?“, ha inquirido su defensa. ”Sí, es posible, pero en ningún momento falsé nada, yo puse lo que percibí“, ha apostillado el agente.

“No hay nada, ni patada, ni golpe ni cabezazo, esa es la trampa”, ha replicado la letrada de la víctima, Adriana Lacoma, que reclama hasta quince años de cárcel para los agentes. Misma pena solicita el centro Irídia como acusación popular. “La víctima fue vejada de forma absolutamente gratuita y para causarle un sufrimiento innecesario”, ha recalcado la abogada Laura Medina.

Una versión totalmente opuesta han expuesto las defensas. “El joven desobedeció a la policía, estaba alterado y dio una patada al policía, y en ese momento se hace una reducción perfecta esa es la actuación concreta”, ha manifestado el abogado de uno de los mossos acusados, José María Fuster Fabra.

El letrado ha defendido además que los vídeos están “manipulados”, ya que no aparecen varias escenas, como la que el joven va hacia el coche de policía.

El juicio ha quedado visto para sentencia después de que las defensas reafirmaran su petición para absolver a los agentes, si bien en caso de condena han planteado una pluralidad de atenuantes y eximentes, como la de reparación del daño a la víctima o la obligación de actuar en cumplimiento del deber y la legítima defensa.

13 de noviembre de 2020. Es casi medianoche. En Barcelona impera desde hace dos horas el toque de queda para combatir la pandemia. En pleno barrio del Raval, una patrulla de Mossos d'Esquadra para a un grupo de jóvenes. La actuación termina con una violenta detención de un joven que una vecina grabó en vídeo. Además, la Fiscalía cree que los agentes falsearon un atestado para acusar al joven de una agresión y justificar así el arresto.

Ante la sección 7ª de la Audiencia de Barcelona ha arrancado el juicio contra cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra acusados de detención ilegal, falsedad documental, delito contra la integridad moral y lesiones.

La Fiscalía les solicita ocho años y medio de cárcel, petición que la acusación popular del centro Iridia eleva a 15 y medio. Las defensas de los agentes han anunciado que han consignado ya la indemnización de 3.400 euros que reclama la víctima y que se la entregarán aunque sean absueltos. Los acusados buscan así una pena rebajada en caso de condena en aplicación de la atenuante de reparación del daño.

La alta petición de cárcel se explica por el delito de falsedad documental (que supone más de la mitad de la pena solicitada) en relación al atestado falso que supuestamente confeccionaron para justificar la detención del joven. En el atestado los agentes escribieron que la víctima les había dado una patada o un cabezazo, extremos que no se aprecian en la grabación y que todos los testigos de este lunes han desmentido.

El juicio ha arrancado con la declaración de la víctima y los primeros testigos, vecinos del Raval que presenciaron y grabaron la agresión. El joven, Ignacio, ha contado al tribunal el trauma que sufrió por la actuación policial. “Lo que me hicieron no es humano”, ha afirmado.

El joven, que ha declarado protegido por una mampara de los mossos que estaban sentados a escasos centímetros, ha relatado con detalles lo ocurrido. Mientras acudía a casa de un amigo, la patrulla de la que formaban parte los mossos acusados les dio el alto, pero pensó que se dirigían a otro grupo de gente que deambulaba por la misma calle.

A Ignacio y a dos amigos más los mossos les pusieron contra la pared para identificarles. Después de que Ignacio les reprochara que no persiguieran a un ladrón que acaba de robar un billete de cinco euros, empezó la agresión. “El agente no se lo tomó bien, me preguntó si creía que era adivino y me dio un golpe muy fuerte, me dejó aturdido”, ha recordado.

Sin poderse recuperar del primer golpe, ha continuado la víctima, el agente lo inmovilizó en el suelo. “Pedí ayuda, grité que alguien grabara, pero las cosas empeoraron y me siguieron golpeando y torturando”, ha contado al tribunal.

Una vecina del Raval atendió la desesperada petición de Ignacio. Ha contado que empezó a grabar porque oyó gritos en la calle, y ha respaldado al 100% la versión de la víctima. “El chico estaba siendo amable, les decía que no quería problemas porque no tenía papeles, pero el policía fue duro y le dijo que solo podía hablar cuando él lo decía”, ha expresado.

“Lo tuvieron quince minutos en el suelo, le apretaron el cuerpo para hacerle sentir más incómodo y el chico estaba gritando y sangrando. Después lo metieron en el coche y lo zarandearon, no había visto algo así en mi vida”, ha expuesto la testigo.

Ha sido revelador el testimonio de la mujer por uno de las claves del juicio: el vídeo de los hechos. La defensa pide anularlo porque, a su juicio, no se respetó la cadena de custodia y no está claro su origen, toda vez que fue aportado a partir de un post en redes sociales y no mediante el archivo original de la mujer.

La vecina del Raval que lo grabó todo ha negado que colgara el video en las redes, pero contado que lo envió a un hombre, que cree que fue quien lo viralizó. Más relevante ha sido lo que ha contado sobre lo ocurrido en comisaría cuando acudió para entregar la grabación original de 15 minutos.

Según ha indicado, primero envió mediante We Transfer (una web que permite enviar grabaciones y archivos pesados que no caben en un correo electrónico) el vídeo a los Mossos, pero la policía catalana fue incapaz de descargarlo por completo. Es más, la mujer ha denunciado que, en comisaría, agentes de la policía catalana le instaron a borrar el vídeo, y que en los días posteriores al suceso otros agentes de paisano preguntaron a sus vecinos por ella y que “vigilaron” su casa.

En su declaración, la víctima también ha detallado las secuelas psicológicas que sigue sufriendo a día de hoy, caso cuatro años después de los hechos: “Cuando veo una luz azul o un policía calvo cambio de camino”,

“Me dijeron ‘eres una mierda’ y me puse a gritar como un borrego porque quería que me dejaran, cuando vi que los gritos incitaron a más tortura, les insulté”, ha rememorado. También ha dicho que desde ese día dejó de confiar en la Justicia y la policía. “La situación fue denigrante, pedí ayuda y a cambio recibí más tortura”, ha concluido.

Los dos amigos que iban con Ignacio la noche de los hechos han corroborado la versión de Ignacio: no agredió ni insultó a los agentes antes de ser violentamente detenido. El juicio proseguirá toda la semana en la Audiencia de Barcelona y declararán más testigos, peritos y los acusados.