“A Iñigo Camino no le visto el pelo”. Así de contundente se muestra el gerente de la sociedad pública Ibarzaharra cuando el inspector de trabajo le pregunta por el trabajo que desarrollaba el destacado miembro del PNV en la empresa, dedicada a la promoción de suelo industrial y propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Sestao.

La declaración figura en el informe elaborado por la Inspección de Trabajo del conocido como 'caso Ibarzaharra', protagonizado por dos destacados miembros del PNV (Íñigo Camino y Juan Cruz Nieves), quienes han cobrado salarios por casi 300.000 euros durante varios años sin ir a su puesto de trabajo de adjuntos a la gerencia. Lo cierto es que ambos trabajaban, pero no para la sociedad sino para el PNV como asesores. Se trata de un caso destapado por eldiarionorte.es que ya es investigado por un juzgado de Barakaldo y que ha imputado a Camino y Nieves por los delitos de fraude a la Seguridad Social y malversación.

Informe de Inspección

En el informe de la Inspección de Trabajo al que ha tenido acceso este periódico, el entonces gerente deja muy claro a preguntas del inspector que no tuvo relación con Camino entre abril de 2008 y septiembre de 2009, tiempo en el que supuestamente era adjunto a la gerencia y, por lo tanto, el hombre de máxima confianza del gerente. “Me lo presentaron una vez en la oficina y no puedo acreditar actividad alguna por parte del señor Camino”, resalta el gerente ante el inspector. El desconocimiento llega al punto de que el gerente no conoce “ni el objeto del contrato ni la actividad de Camino. Tan solo conocí su contratación”.

El caso de Nieves es muy similar. En el acta de la Inspección de Trabajo, Juan Cruz (quien fue adjunto a la gerencia desde marzo de 2011 a febrero de 2014) explica al inspector que no tenía obligación de acudir a la oficina, algo que el gerente desmiente. Lo que sí le comentó el gerente a Nieves es que “la situación de la sociedad no alcanzaba para dotar de contenido el puesto de adjunto”. El acta concluye que “ha quedado acreditado el carácter simulado de la relación laboral toda vez que en un periodo de 35 meses tan solo se puede acreditar documentalmente la participación de [Nieves] en cinco reuniones de la empresa”.

La coalición considera "asombroso y preocupante" que la Diputación de Bizkaia "defienda a ultranza" a Juan Cruz Nieves e Iñigo Camino, imputados

por fraude a la Seguridad Social y uso indebido de fondos públicos.

La institución foral apela a la presunción de inocencia y dice que "toca dejar actuar a la justicia".

EH Bildu ha llevado a las Juntas Generales de Bizkaia el caso de los dos exaltos cargos del PNV que cobraron cerca de 300.000 euros de la empresa pública Ibarzaharra sin ir a trabajar, y ha criticado que la Diputación se niegue a pedir la devolución del dinero.

Imanol Pradales, diputado foral de Promoción Económica de Bizkaia, ha apelado a la “presunción de inocencia” de Juan Cruz Nieves e Iñigo Camino, imputados por fraude a la Seguridad Social y uso indebido de los fondos públicos, y ha dicho que “toca dejar actuar a la justicia”.

En la comisión de Economía y Hacienda de las Juntas Generales, Pradales ha manifestado que todos los socios de esta sociedad pública -formada por los Gobiernos central y vasco, la diputación foral y el Ayuntamiento de Sestao-, acordaron recurrir la imputación al entender que “no ha habido fraude”.

De igual forma, ha señalado que no acudieron a ninguna de las reuniones del consejo de administración de esta sociedad porque no fue requerida su presencia por este órgano.

Ante una solicitud de comparecencia de EH Bildu, el diputado ha afirmado que la Diputación foral es “socio minoritario” en esta entidad pública, al disponer de una participación del 22,5%. Pradales ha insistido en que la Institución foral no ha tenido “ninguna responsabilidad” en la gestión de la sociedad, ni en la selección de sus trabajadores.

“La Diputación, como el resto de socios de Ibarzaharra, considera que no se han cometido delito de fraude. En la Diputación no vamos a jugar a las hipótesis. El caso está sub judice y debemos respetar el proceso judicial, la presunción de inocencia y no emitir juicios de valor alguno”, ha recalcado.

Aitor Torre, de EH Bildu, ha censurado que la Diputación foral de Bizkaia pretenda “mirar hacia otro lado” amparándose en su participación minoritaria en esta sociedad.

El representante de EH Bildu ha lamentado que, en 35 meses, estos ex altos cargos, vinculados al PNV, no acudieran al centro de trabajo, ni mantuvieran “relación significativa” con la empresa, por lo que ha culpado a Pradales de que, ante la “evidencia”, trate de “defenderlos a ultranza”.

El Ejecutivo vasco echa balones fuera y responsabiliza al gerente de la sociedad pública Ibarzaharra de las actuaciones de Iñigo Camino y Juan Cruz Nieves.

¿Es posible que una persona ocupe un puesto de trabajo en una sociedad pública durante tres años y el Gobierno vasco no acredite ningún trabajo concreto desarrollado por este empleado? Pues parece que sí es posible, para desesperación de los partidos de la oposición EH Bidu, PSE y UPyD. Después de meses y meses de preguntar y repreguntar, nadie en el Gobierno les ha podido mencionar un trabajo concreto desempeñado por Juan Cruz Nieves e Iñigo Camino cuando desempeñaron los cargos de adjuntos a la gerencia de la sociedad pública Ibarzaharra. Es lo que se conoce como el 'caso Nieves', destapado por eldiarionorte.es y que hace referencia al exalto cargo del PNV que cobró durante años de una empresa pública cerca de 200.000 euros sin ir a trabajar. Un juzgado de Barakaldo ha iniciado una investigación formal y, además de a Juan Cruz Nieves, imputa los delitos de fraude a la Seguridad Social y malversación a Iñigo Camino, un exasesor del actual presidente del PNV, Andoni Ortuzar.

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, ha comparecido en el Parlamento para explicar las funciones y detallar los trabajos de Nieves y Camino mientras fueron adjuntos a la gerencia de Ibarzaharra. Cargo que el primero desempeño desde abril de 2008 hasta el 31 de agosto de 2009 y por el que percibió cerca de 80.000 euros. Por su parte, Nieves cobró 200.000 euros desde febrero de 2011 hasta enero de este año. Ambos sin acudir a su puesto de trabajo. Tapia no ha mencionado ningún trabajo en concreto y se ha limitado a enumerar de manera general las funciones que tenían encomendadas: proyección exterior de la sociedad (dedicada a la promoción de suelo industrial y propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de Sestao), promoción urbanística y captación de posibles empresas para el futuro polígono. La consejera también trató de quitar responsabilidades al Gobierno al recalcar que el gerente de la sociedad pública Ibarzaharra (nombrado por el Gobierno central), es el que tiene que responder de las actuaciones de Iñigo Camino y Juan Cruz Nieves.

La actitud de Tapia terminó por enfadar al portavoz de EH Bildu, Peio López de Munain, quien le reprochó la ausencia de concreciones. “¿Usted se imagina a algún trabajador de su departamento del que no pueda decir un trabajo concreto en tres años?”, le espetó. “Habla de infinidad de actos admninistrativos, de promoción urbanística, ¿pero cuáles en concreto hicieron, con fecha y lugar. Nadie puede demostrar que estas dos personas hicieron algo en la sociedad Ibarzaharra”.

Desde UPyD, Gorka Maneiro mostró la misma línea de enojo. “Está claro que hemos vuelto a pillar al PNV. Hay dos imputados por fraude y malversación y nadie aclara nada. Lo único que se puede pensar es: Nadie sabe lo que pasó o todos lo sabían, pero quieren ocultarlo”.

El parlamentario del PSE, Vicente Reyes, subrayó el hecho de que fue el Gobierno del socialista Patxi López el que advirtió en su momento de que Nieves estaba ocupando un “puesto fantasma” y reclamó a la consejera que no se excuse en que el 'caso Nieves' está judicializado para no decir nada. “Existe una vía paralela, que es la laboral, con un informe de la Inspección de Trabajo que habla de fraude a la Seguridad Social”.

“Ha quedado acreditado el carácter simulado de la relación laboral” y que, pese al “carácter fraudulento constatado”, dos destacados miembros del PNV han cobrado salarios por casi 300.000 euros sin ir a su puesto de trabajo. Son algunas de las conclusiones del acta de Inspección de Trabajo del llamado 'caso Nieves', el exalto cargo del PNV que cobró durante tres años de una empresa pública cerca de 200.000 euros sin ir a trabajar. En realidad, sí trabajaba pero no para quien le pagaba, sino para el PNV como asesor del entonces presidente del partido en Bizkaia, Andoni Ortuzar.

Un caso destapado por eldiarionorte.es que ya es investigado por un juzgado de Barakaldo y que ha imputado a los dos cualificados miembros del PNV (Juan Cruz Nieves e Iñigo Camino, exasesor del actual presidente del PNV, Iñigo Camino) de los delitos de fraude a la Seguridad Social y malversación.

El acta, que figura en las diligencias de la investigación del juzgado de instrucción número 2 de Barakaldo, señala que “pese a la ausencia de actividad laboral” tanto Camino como Nieves cobraron además incentivos por casi 22.000 euros (7.800 y 14.000 respectivamente). Se trata de dos personas con gran influencia en el PNV: Camino, además de asesor del actual presidente del PNV el periodo en el que cobraba de la sociedad pública Ibarzaharra, fue director de Radio Euskadi y del diario Deia, afín a los peneuvistas, y ahora es asesor de este partido en las Juntas Generales de Bizkaia. Nieves fue diputado foral vizcaíno de Urbanismo y director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia, la entidad que gestiona las obras del metro de Bilbao,

El informe analiza en 13 folios la supuesta actividad laboral de ambos, que figuraban como adjuntos a la gerencia de la sociedad pública Ibarzaharra, dedicada a la promoción de suelo industrial y propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Sestao. Sobre Iñigo Camino certifica que “pese a la falta de prestación de servicios” cobró 89.580,74 euros (incluidos los incentivos) entre abril de 2008 y septiembre de 2009 (cuando se dio de baja para ocupar el cargo de director de Deia), en lo que califica de “carácter simulado de la relación laboral”. El informe concluye que “ha quedado acreditado” que no existía “ninguna relación con el cargo al que teóricamente debería auxiliar”, en alusión al gerente. Destaca que Camino no aporta “ninguna documentación que pueda sustentar ni siquiera mínimamente la actividad laboral que haya podido desempeñar”.

Tenía, además, un contrato de exclusividad pero, en ese periodo, entre abril de 2008 a septiembre de 2009, Camino ejerció el cargo de asesor del entonces presidente del PNV de Bizkaia y ahora de Euskadi, Andoni Ortuzar. De hecho, en ese año y medio fue el coordinador del foro de reflexión del PNV Think Gaur Euskadi 2020, que diseñó la ideología de los peneuvistas para esta década.

En el acta se refiere a la declaración de Camino, quien asegura que entró en la sociedad para “desarrollar labores de comunicación”, que no tenía relación con el gerente y que “con quien estaba en contacto era con Izaskun Artetxe”, entonces diputada foral de Vizcaya de Innovación y Promoción Económica y actualmente directora general de Innovación y Promoción Económica de la Diputación vizcaína.

En el caso de Juan Cruz Nieves, quien figura como adjunto a la gerencia durante tres años (desde marzo de 2011 a febrero de 2014, ya que se dio de baja semanas después de que este caso fuera desveleado por el diarionorte.es), el acta de la Inspección señala que percibió igualmente un total de 162.714,93 hasta octubre de 2013, “pese a la falta de prestación de servicios”. Ahí no se incluyen las nóminas de los últimos meses hasta febrero de 2014 ni el finiquito de su baja, con lo que la cantidad total rondaría los 200.000 euros.

Sin correo electrónico

El acta de la Inspección concluye que “ha quedado acreditado, de nuevo, el carácter simulado de la relación laboral toda vez que en un periodo de 35 meses tan solo se puede acreditar documentalmente la participación del afiliado en cinco reuniones de la empresa” y sin que Nieves, al igual que “su predecesor Iñigo Camino haya acudido al centro de trabajo o haya mantenido relación significativa con el gerente de la empresa”. De hecho señala que carecía de correo electrónico de la sociedad, a diferencia de los otros dos empleados que sí acudían a su puesto (el gerente y la secretaria). El informe se refiere a que Nieves aportó correos electrónicos enviados a la empresa para justificar su relación laboral “pero ninguno de ellos aparece remitido por el propio Nieves sino que tan solo figura como destinatario”.

Juan Cruz Nieves cumplió 65 años en agosto de 2012 y podía haber abandonado ya este cargo acogiéndose a la jubilación. La pensión máxima es de 35.762 euros brutos anuales, la mitad de lo que ha estado percibiendo.

Pero se mantuvo cobrando hasta que, tras las informaciones de este diario se difundió su irregular situación laboral. A finales de enero, diez días después de conocerse los hechos, el consejo de administración acordó su despido y todas las funciones de dirección han pasado a otra empresa pública, Abra Industrial, que gestiona una polígono industrial en Ortuella. Nieves presentó el 12 de febrero una carta para causar su baja voluntaria de la empresa, una fórmula pactada con la entidad, que se hizo efectiva el 15 de febrero. Pero no ha devuelto los cerca de 200.000 euros.

La Inspección de Trabajo se refiere a este asunto y señala que, pese a tener derecho a jubilación desde 2010, el exalto cargo pidió la suspensión en febrero de 2011 para seguir cobrando de la sociedad pública. “Como consecuencia de su alta fraudulenta” en Ibarzaharra, el cobro de su pensión se ha elevado de 2.395 euros brutos a 2.803, señala.

La investigación de la Inspección de Trabajo incluye un escrito fechado en julio de 2011 del Departamento de Industria del Gobierno vasco, entonces en manos del PSE, en el que, como uno de los cuatro propietarios de Ibarzaharra, manifiesta su preocupación por el hecho de que Nieves no acudiera a su puesto de trabajo. “No creemos que debamos mantener un puesto que no se necesita y que no se ejerce. En ese caso, pediría a los representantes de Sprilur (la sociedad pública del Gobierno presente en el accionariado) que solicitaran la amortización del puesto. No creo que sea bueno en tiempos de crisis utilizar dinero público para mantener puestos de trabajo fantasma”. Esta petición no fue atendida por las otras instituciones de Ibarzaharra, el Gobierno central, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Sestao.

El acta de Inspección impone la sanción contra Caminos y Nieves “por simulación de la relación laboral” así como contra la empresa y la anulación de los periodos de alta en la Seguridad Social de los dos afectados. Tras este informe, el caso pasó a la Fiscalía, que, tras estudiarlo y ver indicios de delito penal, lo ha enviado al juzgado de Barakaldo encargado ahora de la instrucción judicial.

Ambos están imputados por un supuesto fraude a la Seguridad Social y malversación de fondos públicos en el caso de la sociedad pública Ibarzaharra.

El PNV defiende la inocencia de Juan Cruz Nieves e Iñigo Camino, los dos destacados miembros de la fomación peneuvista imputados por un supuesto fraude a la Seguridad Social y malversación de fondos públicos en el caso de la sociedad pública Ibarzaharra. Juan Cruz Nieves fue diputado de Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia y director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia, mientras Iñigo Camino, actual asesor de comunicación de la presidencia de las Juntas Generales de Bizkaia, fue presidente de la Fundación Sabino Arana y director de varios medios de comunicación.

El responsable del Área Institucional del EBB, Koldo Mediavilla, ha expresado el “respeto absoluto” del PNV a la independencia del poder judicial y al procedimiento emprendido, y ha opinado que el ser llamados en calidad de imputados se debe a un “elemento garantista, para que puedan defenderse libremente de unas supuestas acusaciones”. “Creemos firmemente en la presunción de inocencia en todo procedimiento judicial, y éste es el caso”, ha resaltado Mediavilla.

Los dos destacados miembros del PNV cobraron durante años de una empresa pública sin ir a trabajar.

La coalición pide a la Diputación de Bizkaia que exija la devolución del dinero que Nieves y Camino han recibido.

EH Bildu ha emplazado al PNV a adoptar medidas para apartar de la actividad política a los dos destacados miembros de su partido que están imputados por presunto fraude a la Seguridad Social y malversación de fondos públicos en lo que se conoce como ‘caso Nieves’. Se trata del exalto cargo del PNV, Juan Cruz Nieves, y de Iñigo Camino, actual asesor de comunicación de la presidenta de las Juntas Generales.

El ‘caso Nieves’, destapado por eldiarionorte.es, se refiere al exalto cargo del PNV que cobró durante tres años de una empresa pública cerca de 200.000 euros sin ir a trabajar. Ahora, un juzgado de Barakaldo ha iniciado una investigación formal y, además de a Juan Cruz Nieves, imputa los delitos de fraude a la Seguridad Social y malversación a Iñigo Camino, exasesor del actual presidente del PNV, Andoni Ortuzar. Camino permaneció entre abril de 2008 a septiembre de 2009 como adjunto a la gerencia de la sociedad pública Ibarzaharra sin acudir en ningún momento a su puesto de trabajo. Durante ese periodo fue uno de los principales asesores de Ortuzar.

EH Bildu asegura que los delitos de fraude y malversación que la fiscalía atribuye tanto a Nieves como a Camino deben ser investigados a fondo y los acusados tendrán que rendir cuentas ante la justicia, pero además, estima “indispensable que el PNV actúe también de forma inmediata y aparte a los imputados de su partido”. Así, la coalición ha recordado las palabras del lehendakari Iñigo Urkullu (23-10-2010) en las que solicitó a los cargos imputados por cohecho y espionaje en Araba que entregaran el carnet del partido por el daño que causaban a la imagen del PNV.

Este tipo de situaciones “no dañan solamente al PNV sino que degradan la actividad política en si y, por lo tanto, Nieves y Camino no pueden contar con la cobertura de ningún partido que asegure estar contra la corrupción”, ha insistido la coalición.

“Permisividad de la Diputación”

La coalición soberanista también se ha dirigido a la Diputación de Bizkaia, por ser uno de los socios de la sociedad pública Ibarzaharra de la que Camino y Nieves fueron directores gerentes y cobraron sueldos “desorbitados” sin acudir a su puesto de trabajo. EH Bildu se pregunta “cómo es posible que la Diputación no actuara ante la situación que vivía la sociedad pública cuando los responsables de Ibarzaharra no iban a trabajar y cobraron más de 200.000 euros en el caso de Nieves y 80.000 euros en el caso de Camino”. La coalición entiende que “la permisividad de la Diputación es extremadamente grave y pone de manifiesto una falta de control sobre los altos cargos designados a dedo que resulta inadmisible”.

EH Bildu solicitará la comparecencia urgente del diputado de Promoción Económica Imanol Pradales y exigirá explicaciones ante la actitud de la Diputación. El grupo juntero también solicitará al gobierno foral que exija la devolución del dinero público que Nieves y Camino han cobrado en Ibarzaharra.

El llamado caso Nieves, el ex alto cargo del PNV que cobró durante tres años de una empresa pública cerca de 200.000 euros sin ir a trabajar, tiene más novedades. Un juzgado de Barakaldo ha iniciado una investigación formal y, además de a Juan Cruz Nieves, imputa los delitos de fraude a la Seguridad Social y malversación a un exasesor del actual presidente del PNV, Andoni Ortuzar. El imputado es Iñigo Camino, destacado miembro del PNV, quien entre abril de 2008 a septiembre de 2009 estuvo también como como adjunto a la gerencia de la sociedad pública Ibarzaharra sin acudir en ningún momento a su puesto de trabajo. Durante ese periodo fue uno de los princiapes asesores de Ortuzar y diseñó la ideología de los peneuvistas para los próximos años.

Como ha venido informando desde enero el diarionorte.es, la Inspección de Trabajo de Bizkaia, que inició una investigación hace casi un año, ha sancionado tanto a Juan Cruz Nieves, (quien fue diputado foral vizcaíno de Urbanismo y director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia, la entidad que gestiona las obras del metro de Bilbao) como a la empresa pública Ibarzaharra, dedicada a la promoción de suelo industrial y propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de Sestao.

El informe, elaborado el pasado mes de marzo, constata que el alto cargo ha percibido desde febrero de 2011, cuando se adscribió como adjunto a la gerencia de Ibarzarharra, cerca de 59.000 euros brutos anuales, a lo que se une un variable anual de otros casi 12.000, sin realizar ninguna actividad, ni siquiera externa. A ello se añade el hecho de que Nieves cumplió 65 años en agosto de 2012 y podía haber abandonado ya este cargo acogiéndose a la jubilación. La pensión máxima es de 35.762 euros brutos anuales, la mitad de lo que ha estado percibiendo.

Pero se mantuvo cobrando hasta que, tras las informaciones de eldiarionorte.es, se difundió su irregular situación laboral. A finales de enero, diez días después de conocerse los hechos, el consejo de administración acordó su despido y todas las funciones de dirección han pasado a otra empresa pública, Abra Industrial, que gestiona una polígono industrial en Ortuella. Nieves presentó el 12 de febrero una carta para causar su baja voluntaria de la empresa, una fórmula pactada con la entidad. Pero no ha devuelto los cerca de 200.000 euros.

Investigación de la Fiscalía

El informe de la Inspección de Trabajo, debido a la gravedad de los hechos, fue trasladado a la Fiscalía, que en marzo inició una investigación oficial. El acta de Trabajo no proponía sanciones para el exasesor Iñigo Camino al haber prescrito los hechos en el área laboral. Pero la Fiscalía ve delitos penales, por lo que le ha incluido en la investigación.

De hecho, la Fiscalía tenía un plazo para su investigación, en la que debía confirmar las irregularidades o archivar el caso. Pero antes de que terminase ya ha remitido el caso a un juzgado en el que imputa a Nieves y Camino de los delitos de fraude a la Seguridad Social y malversación al tratarse de dinero público. La investigación está en manos del juzgado de instrucción número 2 de Barakaldo.

Camino, ex director de Radio Euskadi y del diario Deia, afín al PNV, cobraba 58.000 euros brutos anuales, lo que supone en ese año y medio que tuvo nómina de la sociedad pública Ibarzaharra cerca de 80.000 euros percibidos. En ese periodo, entre abril de 2008 a septiembre de 2009, Camino ejerció el cargo de asesor del entonces presidente del PNV de Bizkaia y ahora de Euskadi, Andoni Ortuzar. De hecho, en ese año y medio fue el coordinador del foro de reflexión del PNV Think Gaur Euskadi 2020, que diseñó la ideología de los peneuvistas para esta década. El contrato que tenía con Ibarzaharra establecía un régimen de exclusividad. En ningún momento apareció por las oficinas de Ibarzaharra durante ese año y medio. El exdirector de Deia trabaja ahora como asesor del PNV en las Juntas Generales del territorio.

Este caso ha llegado a las instituciones, pero tanto el Gobierno vasco como la Diputación de Bizkaia (accionistas junto al Ejecutivo central de la sociedad pública) han evitado aclarar el asunto. Incluso en la Cámara vasca fue defendido por los peneuvistas. “Fue un trabajo real y no ficticio”, aseguró en abril pasado el parlamentario peneuvista Luke Uribe-Etxebarria al debatirse una moción presentada por UPyD que reclamaba aclarar la labor realizada durante los tres últimos años por Nieves.

El 'caso Nieves' vivió ayer otro esperpéntico episodio. José Luis Marcos Merino, expresidente de la sociedad pública Ibarzaharra, desconocía quién era Juan Cruz Nieves cuando se lo propusieron para el puesto de adjunto a la gerencia. Y a pesar de eso, no dudo en votarlo. Todo con el fin de “preservar” el equilibrio político del que se había dotado a la sociedad para su buen funcionamiento. Juan Cruz Nieves, un exdiputado foral de Bizkaia ha cobrado de Ibarzaharra cerca de 210.000 euros en los últimos tres años sin ir a trabajar. En 2011 se le adscribió como adjunto a la gerencia, propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de Sestao, creada para regenerar suelos industriales en este municipio, y ha durado en el puesto hasta febrero de este año, cuando ha tenido que dimitir forzado por las informaciones de eldiarionorte.es, que puso al descubierto su situación.

Nieves, un hombre de máxima confianza del PNV y aupado al puesto de adjunto a la gerencia por los peneuvistas, tenía una nómina de cerca de 59.000 euros brutos anuales, a lo que se une un variable anual de otros casi 12.000, sin realizar ninguna actividad (ni siquiera externa). El caso está ahora en manos de la Fiscalía de Bizkaia, que ha iniciado una investigación por supuesta malversación de fondos después de recibir los informes de la Inspección de Trabajo confirmando la existencia de irregularidades.

Merino compareció ante el Parlamento a requerimiento del parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, empeñado en saber cómo es posible que Nieves cobrase de una sociedad pública sin ir a trabajar y que nadie se preocupara por ello. Incluso anunció que va a trasladar la cuestión al Congreso de los Diputados, ya que el socio mayoritario en Ibarzaharra es el Gobierno central. Aunque Merino era el presidente del consejo de administración de Ibarzaharra cuando entró Nieves, esquivó cualquier tipo de responsabilidad en la contratación. “Lo eligió una parte de los socios y me lo comunicaron. Me dieron su nombre y le voté, pero no le conocía de nada. Cuando se empezaron a escuchar rumores en la calle de que cobraba sin acudir a su puesto alerté de la situación a las instancias correspondientes”. Merino se excusó en que “mi dedicación exclusiva era el Ayuntamiento de Sestao, no la sociedad pública”.

Miguel Artaza, director de la Sociedad para la Promoción de Suelo Industrial (Sprilur), también intervino en la comisión. Pero no sirvió para aclarar nada. Con el argumento de que el socio mayoritario es el Gobierno central, eludió cualquier tipo de responsabilidad en la contratatación y mantenimiento de Nieves en el puesto. “Me imagino que cuando se le contrató es porque confiaban en que haría su trabajo”, señaló lacónico.

El 'caso Nieves', la situación del exalto cargo del PNV Juan Cruz Nieves a quien la Inspección de Trabajo ha sancionado por haber cobrado 210.000 euros en tres años sin ir a su puesto de trabajo en una empresa pública, llegó el pasado mes de abril al Parlamento vasco de la mano de UPyD. Un mes después y tras tres empates en cada una de las votaciones, el asunto ha decaído por lo que el Parlamento no podrá instar al Gobierno vasco a la investigación del mismo.

La ausencia de dos parlamentarios de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia y Dani Maeztu; y una del PSE, Blanca Roncal, en cada una de las tres sesiones en la que se trataba este punto, es lo que ha propiciado que se alcance el empate en cada votación. Estos tres empates consecutivos han derivado en que, ni la enmienda presentada por UPyD -que pedía que se aclarara la situación laboral en la que se ha encontrado la empresa pública Ibarzaharra, y especialmente las de sus gerentes adjuntos-, ni las presentadas posteriormente por PSE, EH Bildu y PNV, hayan salido adelante.

Tanto EH Bildu como PSE justifican la ausencia de sus parlamentarios en las tres sesiones celebradas el 8 de mayo, el 29 del mismo mes y el 5 de junio. Marian Beitialarrangoitia (EH Bildu) no pudo acudir a la primera sesión “por enfermedad”, según argumentan desde su grupo. La ausencia en el hemiciclo de la parlamentaria socialista Blanca Roncal, provocó un nuevo empate el 29 de mayo. Roncal se encontraba en sede parlamentaria, pero según justifican desde el PSE, hubo una “razón de salud inexcusable e inaplazable”. Este segundo empate tumbó la iniciativa presentada por UPyD, que hubiera salido adelante con el apoyo del PSE y EH Bildu, y dio por terminada la posibilidad de investigar el caso.

* Con el tercer empate ha sido la enmienda del PNV, que se limitaba a solicitar que la inclusión de las empresas con accionariado mayoritariamente público en la Ley de la Administración Pública Vasca, la que no ha visto la luz. La ausencia del parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu que tenía que acudir a un juicio, no ha variado el sentido de la votación ya que su voto hubiera permitido así mismo tumbar la propuesta de los nacionalistas.

* Esta noticia ha sido ampliada.

Peneuvistas y el PP votan en contra de aclarar el cobro del ex alto cargo del PNV de 210.000 euros de una empresa pública durante tres años sin ir a trabajar.

"Participaba y asesoraba de manera activa", dice el parlamentario Luke Uribe-Etxebarria. La Inspección de Trabajo ha propuesto una sanción por "infracción muy grave".

El caso Nieves, el ex alto cargo del PNV que ha cobrado 210.000 euros durante tres años de una empresa pública sin ir a trabajar, ha vuelto al Parlamento vasco pero sin que sea aclarado aún. El PNV ha defendido este jueves la actitud de Juan Cruz Nieves y ha contradicho el contundente informe de la Inspección de Trabajo, que ha propuesta una sanción al empleado y a la sociedad pública Ibarzaharra y que ha supuesto la apertura de una investigación por la Fiscalía de Bizkaia por supuesta malversación de fondos públicos. “Fue un trabajo real y no ficticio”, ha asegurado el parlamentario peneuvista Luke Uribe-Etxebarria al debatirse una moción presentada por UPyD que reclamaba aclarar la labor realizada durante los tres últimos años por Nieves. La propuesta quedó sobre la mesa al registrarse un empate en la votación: PNV y PP, los dos partidos que controlan la sociedad Ibarzaharra, votaron en contra mientras que EH Bildu, PSE y UPyD apoyaron aclarar lo sucedido.

Hace casi un mes, el portavoz del Gobierno Josu Erkoreka evitó defender a Nieves y dijo, al referirse a este caso, que “son conductas no muy constructivas” pero se remitió a una comparecencia monográfica que realizará la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia.

Este jueves, el PNV ha defendido con vehemencia a su ex alto cargo, de quien ha afirmado que “participaba y asesoraba de manera activa” en la empresa pública y ni mencionó el contenido del informe de la Inspección de Trabajo, que ha propuesto (queda pendiente la resolución definitiva tras abrirse el periodo de alegaciones de los afectados) una multa por “infracción muy grave” a Ibarzaharra y la supresión de las cotizaciones sociales durante los tres años en que ha cobrado sin ir a su puesto. Uribe-Etxebarria solo ha señalado que el acta de la Inspección “ha sido recurrida y ya veremos que da de sí”.

El PP ha votado con el PNV

Toda la oposición, salvo el PP, ha censurado la actitud de la empresa pública y Nieves. Gorka Maneiro (UPyD) ha calificado el caso de “fraude, corrupción, malversación, amiguismo” y ha censurado con dureza que las empresas públicas en Euskadi “se han convertido en agencias de colocación de los amigos”. Igor López de Munain (EH Bildu) ha pedido al Gobierno que reclame “por iniciativa propia” los 210.000 euros cobrados “que han sido estafados por el señor Nieves” y Vicente Reyes (PSE) ha calificado los hechos de “inasumibles e inaceptables” y ha recordado que hace más de un año un consejero socialista de Ibarzaharra ya denunció que Nieves seguía cobrando pese a estar en edad de jubilación. Juana Iturmendi (PP) ha insistido en que es un asunto pendiente de la resolución definitiva de la Inspección y que desde que su formación accedió al consejo de Ibarzaharra (el Gobierno central tiene el 50% de la empresa) “se ha puesto orden, con el cierre de una oficina que costaba 3.000 euros al mes y que no era necesario el puesto de adjunto a la gerencia ni el letrado externo, suprimir la aportación anual a una sociedad deportiva y los 5.000 euros mensuales en publicidad”.

Como la Diputación de Bizkaia, el Gobierno vasco no sabe ni contesta del caso Nieves, el ex alto cargo del PNV que ha cobrado 210.000 euros durante tres años de una empresa pública sin ir a trabajar. Unas irregularidades confirmadas por la Inspección de Trabajo, que ha sancionado al empleado y a la sociedad pública Ibarzaharra y que ha supuesto la apertura de una investigación por la Fiscalía de Bizkaia por supuesta malversación de fondos públicos. “Son conductas no muy constructivas. Pero no voy a hacer una valoración que corresponde a una comparecencia monográfica que está prevista de la consejera del ramo”. Es lo más explícito que este viernes ha explicado el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, en el pleno de control en el Parlamento.

El Gobierno tenía que dar explicaciones a una pregunta de Gorka Maneiro (UPyD), que como ocurrió hace casi un mes en las Juntas Generales con la Diputación de Bizkaia, tampoco tuvo respuesta a preguntas concretas que planteó en la Cámara vasca. “¿Cómo es posible que haya dos adjuntos a la gerencia que son militantes del PNV? ¿Por qué [Juan Cruz Nieves] no ha trabajado? ¿Qué les parece que la Inspección de Trabajo haya confirmado las irregularidades? ¿Por qué ninguna institución ha denunciado que cobrara sin ir a trabajar? ¿Cuántas personas tiene el PNV que cobran del dinero público sin ir a trabajar?” No hubo respuesta ninguna de Erkoreka, quien se defendió que el ex alto cargo de su partido fue nombrado cuando “el 77% del consejo de administración de Ibarzaharra” estaba nombrado por el PSE “y no me imagino haciendo regalos gratuitos al PNV”.

Lo único concreto que exhibió el portavoz del gobierno fue la referencia a un informe del letrado de la sociedad pública, que fechó en octubre de 2011 (ocho meses después del nombramiento de Nieves), en el que se señalaba que Nieves desarrollaba sus trabajo con normalidad “no requiriendo sus labores una presencia física por el momento”.

Erkoreka no citó, en cambio, el acta de una reunión del consejo de administración de Ibarzaharra de 2012, en la que el Gobierno vasco (entonces en manos del PSE) planteó resolver la situación irregular de Nieves, bien por el desarrollo normal de su trabajo y su asistencia al puesto o, en su caso, por el despido de Nieves. Pero la propuesta del Ejecutivo (con un 22,5% del accionariado en la sociedad pública) no salió adelante por el rechazo de las otras instituciones: la Diputación de Bizkaia (22,5%), el Ayuntamiento de Sestao (5%), ambas en manos del PNV, y el Gobierno central (50%), del PP.

El parlamentario Gorka Maneiro intentó sin éxito que el Gobierno diera explicaciones “o diga que todo esto es rematadamente falso”. “Es un escándalo. Si no puede responder usted, que lo haga la consejera [Arantza] Tapia, que está a su lado”. La titular de Desarrollo Económico no salió a la tribuna.

La Fiscalía de Bizkaia ha iniciado una investigación por supuesta malversación de fondos en la sociedad pública Ibarzaharra, de la que durante tres años ha cobrado 210.000 euros sin ir a trabajar el exalto cargo del PNV Juan Cruz Nieves. Fuentes de la Fiscalía confirmaron a eldiarionorte.es que han recibido el acta de la Inspección de Trabajo que ha confirmado las irregularidades, en la que se sanciona a Nieves a devolver las cotizaciones a la Seguridad Social de esos tres años y a la sociedad pública le impone una multa por lo que considera una infracción muy grave.

De hecho, fue Trabajo el organismo que remitió los hechos a la Fiscalía por si hubiera una infracción penal al calificarlo como muy graves. Ahora el fiscal encargado del caso tiene que confirmar las irregularidades y archivarlo o, en caso positivo, determinar los posibles delitos. Puede imputar al ex alto cargo, a la empresa pública o también a ambos, según los medios consultados, que no quisieron aportar más detalles hasta que se resuelva el caso.

La investigación tiene un plazo máximo de seis meses para concluirse, aunque existe la posibilidad de una prórroga si se requiriesen más actuaciones indagatorias. Así, un asunto laboral puede derivar en penal al tratarse de dinero público.

Como ha informado este diario, la Inspección de Trabajo de Bizkaia, que desde noviembre ha investigado al ex alto cargo del PNV, ha sancionado tanto a Juan Cruz Nieves, (quien fue diputado foral vizcaíno de Urbanismo y director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia, la entidad que gestiona las obras del metro de Bilbao) como a la empresa pública Ibarzaharra, dedicada a la promoción de suelo industrial y propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de Sestao.

El informe, elaborado el pasado mes de marzo y que puede ser recurrido por la vía administrativa, constata que el alto cargo ha percibido desde febrero de 2011, cuando se adscribió como adjunto a la gerencia de Ibarzarharra, cerca de 59.000 euros brutos anuales, a lo que se une un variable anual de otros casi 12.000, sin realizar ninguna actividad, ni siquiera externa. A ello se añade el hecho de que Nieves cumplió 65 años en agosto de 2012 y podía haber abandonado ya este cargo acogiéndose a la jubilación. La pensión máxima es de 35.762 euros brutos anuales, la mitad de lo que ha estado percibiendo.

Pero se mantuvo cobrando hasta que, tras las informaciones de eldiarionorte.es, se difundió su irregular situación laboral. A finales de enero, diez días después de conocerse los hechos, el consejo de administración acordó su despido y todas las funciones de dirección han pasado a otra empresa pública, Abra Industrial, que gestiona una polígono industrial en Ortuella. Nieves presentó el 12 de febrero una carta para causar su baja voluntaria de la empresa, una fórmula pactada con la entidad. Pero no ha devuelto los 210.000 euros. La empresa, cuyo 50% corresponde al Gobierno central , iba a esperar al informe de la Inspección de Trabajo para ver qué decisión tomaba.

La coalición soberanista ha presentado una propuesta en las Juntas Generales para que se realice un informe sobre la tarea de todos los directivos y altos cargos de las sociedades públicas.

Reclama que se aclare este caso "de forma urgente" y lo califica de "un ejemplo más de la extendida práctica clientelista del PNV en la Administración pública, con sueldos desproporcionados en puestos que no eran necesarios".

La oposición amplía sus exigencias en el caso Nieves, el ex alto cargo del PNV que cobró 210.000 euros de una empresa pública sin ir a trabajar y que ha motivado la sanción de la Inspección de Trabajo y el inicio de una investigación de la Fiscalía por supuesta malversación de fondos públicos. El grupo de EH Bildu de Bizkaia ha exigido a la Diputación que “reclame al gerente adjunto Juan Cruz Nieves la devolución de las cantidades percibidas hasta la fecha por no cumplir con las responsabilidades del cargo que ha ocupado durante años”. A través de una proposición no ley, la coalición ha solicitado también que en tres meses se realice un informe de los directivos y altos cargos de todas las sociedades de las que participa la Diputación de Bizkaia, “aclarando la existencia de cargos justificados para la labor que desarrollan en las mismas y si están suficientemente capacitados para desarrollar esas tareas”.

Además, reclama el acta de inspección elaborado y enviado a la sociedad pública Ibarzaharra, de la que la Diputación de Bizkaia es el segundo accionista junto al Gobierno vasco con una participación del 22,5% de las acciones. El Ejecutivo central acapara el 50% del accionariado.

“La Diputación Foral debe arrojar luz de forma urgente ante estas acusaciones tan graves”, sostiene EH Bildu que supone un “ejemplo más de la extendida práctica clientelista del PNV en la administración pública y especialmente en Bizkaia. Práctica que perpetúa a miembros del partido en altos cargos de la administración, cobrando sueldos desproporcionados en puestos de trabajo que se han demostrado que no eran necesarios. Un funcionamiento que supone un fraude a todos los vizcaínos y vizcaínas, que provoca el descrédito de la política y el hartazgo de la sociedad”.