La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha informado de que el próximo lunes, 19 de octubre, llevará a cabo una maniobra de vertido controlado desde el embalse de Enciso hacia el río Cidacos. Esta operación tiene como objetivo principal comprobar el correcto funcionamiento técnico de los órganos de desagüe de la presa y de su cuenco amortiguador.

Según las previsiones del organismo de cuenca, el momento cumbre de la maniobra se alcanzará sobre las 11:00 horas de la mañana del lunes, momento en el que el río registrará un caudal máximo de 20 metros cúbicos por segundo (m³/s). Este pico de vertido se mantendrá durante 30 minutos y, tras ese periodo, comenzará a reducirse paulatinamente.

Para preparar la maniobra, el caudal —que actualmente se encuentra en apenas 0,1 m³/s— comenzará a incrementarse de forma progresiva durante el fin de semana hasta situarse en valores habituales durante la campaña estival de riegos (entre 3 y 6 m³/s). Ya a primeras horas del lunes, el volumen de agua aumentará hasta los 10 m³/s antes de alcanzar el máximo fijado.

Un caudal ordinario, pero con aviso de precaución

Desde la CHE aclaran que un caudal de 20 m³/s se considera un volumen ordinario para el río Cidacos y no cuenta con capacidad para provocar desbordamientos en el cauce. Sin embargo, advierte del peligro que puede suponer para cualquier actividad que se realice de forma directa en el agua o en las riberas, tales como la pesca, el baño, el vadeo del río o posibles obras en el lecho.

Asimismo, al tratarse de un vertido de corta duración, el agua irá laminándose a medida que discurra aguas abajo. Por ello, se prevé que en las estaciones de aforo de Arnedillo (A253) y Autol (A378) los caudales registrados sean sensiblemente menores.

Se debe tener en cuenta el tiempo de tránsito que tardará la crecida en desplazarse desde la presa de Enciso hasta los municipios colindantes: la onda de agua tardará entre 2 y 3 horas en llegar a Arnedillo, y entre 6 y 8 horas en alcanzar la localidad de Autol.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha detectado un vertido sin autorizar en Arenas de San Pedro, Ávila, en concreto en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), por lo que ha propuesto la apertura de un expediente sancionador, según ha informado la entidad a elDiario.es. Fuentes de la Diputación de Ávila ya explicaron que se trató de un “vertido del colector de aguas residuales y pluviales” a la altura de la EBAR y explicaron que la analítica realizada estaba “dentro de los parámetros”.

Tras las inspecciones realizadas el pasado mes de marzo, la Confederación ha comprobado que en la actualidad la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) “cumple con la autorización de vertido”.

Además, el ayuntamiento de Arenas de San Pedro ha recibido numerosas quejas informales sobre su zona de ocio, donde es habitual que los veraneantes se bañen en las piscinas.

Quejas por gastroenteritis

Este verano se han detectado varios casos de gastroenteritis atribuida al baño en las piscinas naturales de Arenas de San Pedro, que no están catalogadas como zonas aptas para el baño según la Junta de Castilla y León, pero que no cuentan con señalización en la zona. Desde la Delegación Territorial provincial se niega que haya habido “ningún brote relacionado con el baño en zonas recreativas”, aunque son muchos los comentarios en redes sociales en los que usuarios de estas piscinas han notificado malestar y necesidad de atención sanitaria.

“Nos pasó hace dos años, que el niño se puso malo y tuvimos que ir a Talavera de la Reina para que le pusieran una vía, y este, también”, explica Asier, uno de los afectados. “No habíamos vuelto a ir desde entonces, pero como el Ayuntamiento publicó posts diciendo que todo estaba bien, fuimos. Y acabamos en el ambulatorio, donde nos dijeron que habían tenido que atender a mucha más gente por este tema”, explica. Asier relata que, en esta ocasión, tuvo “malestar” durante “treinta horas”: vómitos, náuseas... “A las dos de la mañana nos tocó ir al ambulatorio”, explica.

La zona recreativa de Arenas de San Pedro no está considerada una zona de baño, por lo que no se realizan los controles sanitarios que sí corresponden a otros espacios. La Consejería de Sanidad ha publicado los informes sobre los resultados de estas pruebas desde 2021, y en ninguno de ellos figura Arenas de San Pedro.

Sin embargo, el Ayuntamiento, dirigido por el Partido Popular, insistía en que a finales de julio se realizaron unos análisis y “se confirmó el cumplimiento legal de los parámetros microbiológicos” en las piscinas naturales del río Arenal y en la presa del río Pelayo, por lo que defiende que son “aptas para el baño”, según exponía en sus redes sociales.

elDiario.es ha intentado en varias ocasiones contactar con el Ayuntamiento, pero la Diputación de Ávila, también dirigida por el Partido Popular, no ha facilitado dicho trabajo.También se ha puesto en contacto con el alcalde de Arenas de San Pedro, Juan Carlos Sánchez Mesón, diputado provincial, pero no ha recibido ninguna respuesta por su parte.

El trasvase Tajo-Segura permanecerá inoperativo y sin suministro de agua al Levante hasta 2027 debido a las obras de reparación de dos roturas en la infraestructura, cuyos trabajos requerirán un plazo inicial estimado de entre cuatro y cinco meses y una inversión de 1,2 millones de euros, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

El organismo de cuenca, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha decidido mantener cortado el paso del agua para evitar el “colapso” del canal tras constatar la destrucción y hundimiento de varios paños de hormigón y la aparición de oquedades en el terreno.

Desde la CHT han sostenido que el deterioro del revestimiento se ha visto acelerado por los episodios de lluvias torrenciales acontecidos en los dos últimos años hidrológicos.

Las averías, detectadas el pasado 14 de septiembre a raíz de unas filtraciones inusuales que obligaron al vaciado del canal, se localizan en el tramo de Riansares (Almonacid de Zorita, Guadalajara) y en el del Talave (Liétor, Albacete), este último situado antes de la Central Hidroeléctrica de Fontanar I. Hace un año se rompió en esta misma zona, y no es la primera vez que se producen incidentes similares en diversos puntos de una infraestructura que lleva en funcionamiento desde 1979.

Las labores de rehabilitación ya iniciadas abarcan la demolición y saneo de las partes dañadas, la reconstrucción integral de los tramos, la ejecución de nuevos drenajes y la impermeabilización completa de la sección afectada.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado explícitamente hoy su negativa a que se aumente la concesión de agua del río Sorbe al madrileño Canal de Isabel II, que depende administrativamente del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El runrún sobre esta cuestión lleva semanas sobre la mesa, después de que Ecologistas en Acción hiciera pública su intención de alegar contra las intenciones del organismo, el pasado mes de agosto.

“El Sorbe no nos sobra”. La contundente afirmación la realizaba el secretario de Organización del PSOE en Guadalajara, Rafael Esteban, tras conocerse el interés de la vecina Comunidad de Madrid en reclamar más agua de este afluente del río Henares, que nace en la Sierra Norte de la provincia, noticia en las últimas semanas por el trágico incendio de La Mierla.

Días después, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, diputado por Guadalajara, Pablo Bellido, insistía en que el agua del río Sorbe, que discurre íntegramente por la provincia y que ya se deriva en parte a Madrid, hace falta para el desarrollo económico de Guadalajara.

El pasado 17 de septiembre, la presidenta de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que es además alcaldesa de Alcalá de Henares (Madrid), mantuvo una reunión con el presidente de Canal de Isabel II, Carlos Novillo, y su consejero delegado, Mariano González, para conocer la situación administrativa del expediente relativo al aprovechamiento de recursos hídricos del río Sorbe desde el azud del Pozo de los Ramos, desde el que sale agua para abastecer a la vecina región.

Este azud se encuentra en el cauce del río Sorbe, entre la sierra de Ayllón y la sierra de Alto Rey, y trasvasa parte del caudal del río hasta el canal del Jarama a través de un túnel de 6,5 metros cúbicos por segundo. “La aportación media anual del río en este punto es de ciento sesenta y dos millones de metros cúbicos”, según la propia web del canal. Esta pequeña presa está en Tamajón (Guadalajara) y se abrió en 1972 con el objetivo de dar servicio, precisamente, a Madrid.

Los responsables del Canal de Isabel II detallaron durante el encuentro con la presidenta de los municipios mancomunados en torno al río Sorbe que el objetivo ahora es “la regularización de un aprovechamiento que se viene realizando desde hace más de cincuenta años y que, a su juicio, no supondría un incremento de los recursos utilizados”.

Judith Piquet, según el comunicado emitido por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, mantiene que esa decisión corresponde “administrativamente” a la Confederación Hidrográfica del Tajo, el organismo de cuenca que tiene atribuidas este tipo de competencias.

Y en todo caso, la mancomunidad detalló durante este encuentro que también está pendiente de solicitar una ampliación de su concesión “para adaptarla al crecimiento de los municipios abastecidos, después de que el consumo alcanzara en 2025 los 45 hm³ frente a los 44 hm³ asignados en el Plan Hidrológico vigente”. En todo caso, la alcaldesa alcalaína, del PP y una de las más firmes aliadas de Isabel Díaz Ayuso, apostó por un diálogo institucional “directo con todas las administraciones y entidades implicadas”.

Son trece los municipios mancomunados con Alcalá de Henares, Guadalajara y Azuqueca de Henares, como los más poblados, aunque también se abastece a otros que no pertenecen a la citada mancomunidad de aguas.

“No nos sobra ni una gota de agua”, dice Castilla-La Mancha

Hoy la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha Mercedes Gómez ha explicado que el Ejecutivo regional está elaborando un informe técnico para manifestar su rechazo a la solicitud del Canal de Isabel II: quiere obtener una concesión de agua de 50 hm3 al año. Este documento lo presentará “próximamente” ante la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

“No nos sobra ni una gota de agua. Estamos elaborando desde el punto de vista técnico la respuesta que va a ser desfavorable, como ya lo fue en el año 2017, y como lo seguirá siendo en tantas como peticiones se hagan, mientras no se cubran todas las necesidades de la provincia de Guadalajara”, ha afirmado Gómez a preguntas de los medios, en el acto conmemorativo del 'Centenario de la Comunidad de Regantes del Canal del Henares' celebrado hoy en Marchamalo, según recoge Europa Press.

Desde el Ejecutivo castellanomanchego dicen tener “clarísimo” que “hay necesidades que se tienen que cubrir primero aquí, en esta provincia”, además de evaluaciones ambientales y recursos naturales que se pueden ver afectados.

En estos momentos no hay excedentes en la provincia de Guadalajara. Si estamos además demandando que se haga la conexión Sorbe-Bornova es porque realmente no hay excedentes

Mercedes Gómez — Consejera de Desarrollo Sostenible

Además, añadía, independientemente de que en la planificación hidrológica sí que existe una “puntualización” que contempla que “podría haber una reserva de unos determinados hectómetros para esta concesión”, la consejera ha señalado que “la ley está por encima de lo que pueda decir en ese ámbito la planificación”, porque deben estar “cubiertas las necesidades y los recursos necesarios en este caso en la provincia de Guadalajara”.

Desde su punto de vista, “ese hecho no se da. En estos momentos no hay excedentes en la provincia de Guadalajara. Si estamos además demandando que se haga la conexión Sorbe-Bornova es porque realmente no hay excedentes”.

Además, añadía “probablemente haya que hacer unas nuevas infraestructuras hidráulicas” para abastecimiento, “en el caso hipotético de que haya concesión de 50 hectómetros” y en este aspecto, aclaraba, la Junta de Castilla-La Mancha no está dispuesta “a dar el visto bueno desde el punto de vista de evaluación ambiental”.

“Por lo tanto, son dos hándicaps muy importantes, aunque para mí el más importante es que si los recursos hídricos no están garantizados en la provincia de Guadalajara, no nos sobra ni una sola gota de agua”, ha rematado.

Por otro lado, ha defendido la necesidad de una reserva estratégica de agua para que Castilla-La Mancha pueda asegurar el abastecimiento, el desarrollo y la cohesión territorial, especialmente en un contexto de cambio climático y de creciente presión sobre los recursos hídricos. Ha aludido, en particular, a las altas temperaturas que se mantienen en este mes de septiembre, incluso con la llegada del otoño.

La disponibilidad de agua y su garantía de futuro constituyen “uno de los principales retos” para Castilla-La Mancha, según la consejera, ante un recurso cada vez más limitado por los efectos del cambio climático.

El papel de la Confederación del Tajo

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez, que ha coincidido hoy con la consejera castellanomanchega en Guadalajara, se ha referido a esta cuestión y ha aclarado que para decidir son precisos informes del Gobierno de Castilla-La Mancha, de la Comunidad de Madrid y del Estado.

Ha incidido en que se han solicitado informes a las autoridades competentes en materia ambiental y “el expediente evolucionará”, ha afirmado, para precisar después que, “ante la falta de respuesta de alguna de las administraciones, ese informe se archiva”.

El PSOE buscará que PP y Vox se retraten

En paralelo, la portavoz del Gobierno en la Diputación de Guadalajara, Sabrina Escribano, ha propuesto a los portavoces de PP y Vox incluir en el pleno de este jueves una declaración institucional que muestre un posicionamiento político “común” de defensa del agua del Sorbe para abastecimiento de los municipios de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, la Mancomunidad Campiña Baja y Mancomunidad La Muela (43 municipios de Guadalajara y la localidad madrileña de Alcalá de Henares).

Esta declaración institucional supondría, según los socialistas, mostrar una postura común de todos los grupos representados en la institución provincial, para rechazar que se detraiga más agua del río.

Sin embargo, los representantes del PP y de Vox en la Diputación de Guadalajara se han negado a aceptar que dicha declaración institucional se incluya en el pleno de la Diputación que se celebra mañana, 24 de septiembre.

En todo caso, la portavoz del equipo de Gobierno ya ha anticipado a sus homólogos de los dos grupos de la oposición que aunque rechacen apoyar esta declaración institucional, este mismo texto será presentado en forma de moción en el siguiente pleno.

Hace un año ya dejaba caer su malestar por la gestión de las cuencas de los ríos por parte de las confederaciones hidrográficas, el pasado marzo pedía asumir parte de su gestión y hoy se anuncia que esa petición ya ha sido formalizada.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este viernes que su Gobierno ya ha registrado formalmente ante el Ejecutivo central y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la petición para que la Junta pueda asumir mediante una encomienda parte de la gestión que realizan las confederaciones hidrográficas del Guadiana y del Tajo y, más adelante, se pedirían las correspondientes del Júcar y del Segura.

Así lo ha indicado durante la inauguración de la mina de Wolframio de Abenójar, en Ciudad Real, según recoge Europa Press. Una solicitud con la que el Ejecutivo autonómico pretende intervenir en la tramitación de expedientes y aliviar lo que Page ha definido como un importante “atasco” administrativo que, a su juicio, está afectando especialmente a agricultores y ganaderos, que esperan durante años la resolución de cuestiones relacionadas con pozos, regadíos o aprovechamientos de agua.

Ayer mismo, el vicepresidente segundo José Manuel Caballero, y también el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, lanzaban un mensaje, apelando de nuevo a la “unidad” de acción en lo que tiene que ver con el agua en Castilla-La Mancha al PP de Paco Núñez, quien hoy ha hecho oídos sordos a esta cuestión. Tiene su propia hoja de ruta en cuanto al agua.

Page aclara que no reclama la transferencia de competencias

“Acabamos de registrar, cumpliendo un compromiso que adquirí, la petición formal al Gobierno de que nos dejen ayudar”, ha anunciado Page, quien ha querido dejar claro que Castilla-La Mancha no reclama que el Estado le transfiera la competencia, sino que le encomiende parte de su gestión.

“Hay atasco en las confederaciones hidrográficas, se tarda años, hay mucho lío. Curiosamente lo que más rápido va son las sanciones”, ha lamentado el presidente regional, poniendo especialmente el foco en los problemas que existen en Castilla-La Mancha con “la gestión de acuíferos” y “la gestión de los pozos”.

La primera petición afecta a las confederaciones del Guadiana y del Tajo, aunque Page ha avanzado que la intención de su Gobierno es plantearlo “más adelante” también para las demarcaciones del Júcar y del Segura.

“Lejos de discutir y echarle la culpa a otro, queremos echar una mano”, ha defendido el presidente, quien ha asegurado además que, en caso de darse esa encomienda, el Ejecutivo autonómico está dispuesto a contratar “entre 400 y 500 personas” con el objetivo de responder a la preocupación que, según ha señalado, existe entre multitud de agricultores y ganaderos con la gestión del agua.

Medir la situación de los acuíferos

Esta semana se hacían públicos los datos de WWF, sobre cómo se está detrayendo agua de los acuíferos en España para regar. Uno de los más afectados tiene que ver con la cuenca del Guadiana, en la provincia de Ciudad Real. Hoy Page ha recuperado además otra idea que ya puso sobre la mesa en marzo, que Castilla-La Mancha disponga de sus propias mediciones sobre el estado de los acuíferos.

“Queremos tener datos propios sobre los acuíferos. Recelamos de los datos que se dan”, ha señalado, antes de anunciar que este trabajo se realizará junto a la Universidad de Castilla-La Mancha y su Centro Regional de Estudios del Agua (CREA).

“No es obligatorio fiarse, es obligatorio saber de qué estamos hablando”, ha resumido Page, que ya en marzo había planteado incluso la instalación de piezómetros propios por parte de la Junta para contrastar las mediciones existentes.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha decidido suspender el funcionamiento del trasvase Tajo-Segura tras la detección, ayer lunes , de una rotura en el tramo 2 de la infraestructura.

En concreto, se ha visto afectado un punto del canal a su paso por el término municipal de Liétor (Albacete), en el tramo previo a la Central Hidroeléctrica de Fontanar I. Hace ahora un año se rompió en esta misma zona, y no es la primera vez que se producen incidentes similares en diversos puntos de una infraestructura que lleva en funcionamiento desde 1979.

Después de la detección inicial, durante la jornada de ayer, se procedió, como primera medida, al cierre del trasvase, con objeto de vaciar el canal y permitir la inspección minuciosa del tramo afectado, así como la valoración precisa de los daños existentes.

Como resultado de la primera evaluación, se evidencian “graves daños por colapso” en los paños de la solera y de los taludes del canal, así como importantes alteraciones en el terreno sobre el que se asientan.

La historia de un trasvase proyectado en 1933

El trasvase Tajo-Segura fue inicialmente planteado en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933 y posteriormente en el Anteproyecto General del Aprovechamiento Conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sureste de España. Complejo Tajo–Segura de 1967. Se procedió a su construcción unos años después y, finalmente, comenzó su explotación en 1979.

Esta infraestructura hidráulica, también conocida como acueducto Tajo-Segura, tiene una longitud de 292 kilómetros y conecta las cuencas del Tajo y del Segura, atravesando las cuencas del Guadiana y del Júcar, en la que utiliza el embalse de Alarcón como elemento de tránsito. Transporta las aguas de la cabecera del Tajo previamente reguladas en los embalses de Entrepeñas y Buendía. El marco normativo vigente también permite autorizar el trasvase de agua a la cuenca del Guadiana.

En función de las existencias conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes, se establecen niveles mensuales con arreglo a los que se acuerda la realización de los trasvases. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (presidida por la Directora General del Agua) autoriza los mismos cuando concurren las condiciones hidrológicas de los Niveles 1 y 2, y la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo informe de la Comisión, cuando concurren las condiciones del Nivel 3.

Amigos de la Tierra La Rioja ha presentado un recurso de alzada contra la Resolución nº 550/2026 del Director General de Cultura del Gobierno de La Rioja, por la que se acuerda continuar la tramitación del expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de monumento de ingeniería, el aprovechamiento hidroeléctrico del salto de La Retorna, situado en el río Najerilla. La declaración de BIC fue promovida por los tres municipios en los que se ubica la central, Anguiano, Brieva de Cameros y Ventrosa de la Sierra, gobernados por PSOE y PP, que iniciarion la campaña 'Salvemos La Retorna' con recogida de firmas para evitar su demolición e incluso impulsar su continuidad.

Sin embargo, Amigos de la Tierra en La Rioja considera que la resolución de BIC “incurre en graves vicios de nulidad”, por lo que solicita que se deje sin efecto de forma inmediata o, subsidiariamente, que se incoe su revisión de oficio.

Amigos de la Tierra La Rioja sostiene que la presa se encuentra en el dominio público hidráulico estatal, al formar parte de la demarcación hidrográfica intercomunitaria del Ebro, cuya gestión corresponde a la Administración General del Estado. Una vez extinguida la concesión hidroeléctrica, la instalación revierte gratuitamente al Estado. Por ello, la organización entiende que el Gobierno de La Rioja y los ayuntamientos afectados carecen de competencia para otorgarle protección cultural mediante una declaración de BIC.

El recurso se fundamenta, entre otros argumentos, en jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional relativa a conflictos competenciales similares, como el caso del azud de Xerta, en el río Ebro, en el que se cuestionó la competencia autonómica para proteger culturalmente una infraestructura integrada en el dominio público hidráulico estatal.

La organización denuncia además que el expediente “carece de una motivación cultural objetiva suficiente” y considera que su tramitación responde, en realidad, a “una reacción frente a la resolución firme de la Confederación Hidrográfica del Ebro que ordena la eliminación de la presa, al tratarse de una infraestructura abandonada y contraria al interés público”.

A juicio de Amigos de la Tierra La Rioja, la retirada de La Retorna constituye una actuación orientada a “recuperar la continuidad fluvial del Najerilla, incluido en la Red Natura 2000, y a avanzar en el cumplimiento de los objetivos de buen estado ecológico establecidos por la Directiva Marco del Agua”. Y consideran que “estos objetivos de restauración ambiental y recuperación de la funcionalidad del río no pueden quedar paralizados mediante una declaración de protección cultural cuya finalidad y fundamento se cuestionan”.

Amigos de la Tierra La Rioja recuerda además otros casos en los que la protección cultural de infraestructuras hidráulicas ha sido utilizada para intentar impedir la eliminación de obstáculos fluviales, como las presas de Txokoto, en Navarra, y Los Toranes, en Teruel, cuyos respectivos expedientes terminaron archivándose. Asimismo, el recurso incorpora referencias a jurisprudencia penal relativa a la responsabilidad que puede derivarse de la utilización de las potestades públicas para fines distintos de aquellos para los que fueron legalmente atribuidas.

Por todo ello, Amigos de la Tierra La Rioja solicita que se deje sin efecto la Resolución nº 550/2026 o, subsidiariamente, que se incoe el correspondiente procedimiento de revisión de oficio. También reclama que se le reconozca como parte interesada en el expediente, con notificación de todos los trámites que se produzcan, y que se identifique al personal que haya intervenido en su tramitación.

Amigos de la Tierra La Rioja reitera su defensa de la restauración ecológica del río Najerilla y considera que “la eliminación de infraestructuras hidráulicas abandonadas que carecen de utilidad actual constituye una herramienta fundamental para recuperar la conectividad de los ecosistemas fluviales y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos por la normativa europea y estatal”.

Me hubiera gustado escribir esto de otra forma, porque no creo que debamos acostumbrarnos a hablar del agua únicamente cuando los embalses bajan o cuando aparece un problema. Pero la solicitud del Canal de Isabel II para obtener una concesión de aguas del río Sorbe, con una captación en la presa del Pozo de los Ramos que podría alcanzar los 8.000 litros por segundo y un máximo de 50 millones de metros cúbicos al año, merece que hablemos claro de lo que puede significar para el futuro de Guadalajara.

Tengo la extraña sensación personal de que, cuando hablamos de estas cantidades, terminamos perdiendo la perspectiva. Son 50 hectómetros cúbicos al año sobre el río que constituye la principal fuente de abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, un sistema del que dependen, directamente o a través de otras mancomunidades, 44 municipios y más de 377.000 personas. Una población que, además, puede acercarse al medio millón de habitantes en los próximos quince o veinte años.

Y precisamente ahí está una de las principales razones de mi rechazo. La Campiña y el Corredor del Henares representan una parte fundamental de las posibilidades de futuro de Guadalajara, una provincia enorme que no anda precisamente sobrada de oportunidades para generar población, actividad económica y empleo. El crecimiento que se está produciendo en esta zona no beneficia solamente a los municipios donde se instalan las empresas o se construyen las viviendas, sino que constituye un activo estructural para toda la provincia, porque aquí se concentran buena parte de nuestra industria, nuestra logística, nuestra capacidad para atraer inversión y también una parte fundamental del empleo y la riqueza que Guadalajara puede generar durante las próximas décadas.

Para seguir haciendo todo eso necesitamos agua y, sinceramente, no se me ocurre nada parecido a aceptar con naturalidad que uno de los recursos que puede ayudarnos a crecer termine comprometido para favorecer todavía más el crecimiento de territorios que ya concentran mucha más población, riqueza e inversión. Guadalajara lleva décadas poniendo recursos estratégicos al servicio de todos; aquí producimos energía nuclear que sirve al conjunto del país y entendemos perfectamente que así sea, pero la solidaridad territorial debería funcionar en todas las direcciones y no puede significar que unos territorios aporten permanentemente los recursos mientras otros concentran las oportunidades.

No digo que el agua sea nuestra ni pretendo convertir esto en una pelea territorial. Digo algo bastante más sencillo: el agua también debe ser un elemento de equilibrio territorial. Si puede contribuir a generar industria, vivienda, empleo y riqueza, me pregunto por qué no puede ayudarnos primero a generarlos aquí. Si disponer de agua suficiente puede permitir que una empresa se instale mañana en Guadalajara, ampliar nuestros polígonos, desarrollar nuevas viviendas o hacer crecer nuestros municipios, tenemos todo el derecho a garantizar que ese recurso esté disponible para nuestro futuro antes de comprometerlo para favorecer el desarrollo de otros lugares.

Además, durante décadas hemos trabajado precisamente para conseguir mayor seguridad en nuestro abastecimiento. Sabemos que Beleña no supone una garantía infinita y por eso se hicieron obras de emergencia cuando fueron necesarias y se consiguió la interconexión de los sistemas del Sorbe y del Bornova a través de Beleña y Alcorlo. Esa infraestructura se hizo para disponer de una alternativa durante las sequías, los años malos o cuando las reservas fueran insuficientes, y me resultaría difícil aceptar que aquello que conseguimos para aumentar nuestra garantía termine sirviendo como argumento para considerar que ahora podemos comprometer más agua.

Tenemos que exigir que la interconexión Sorbe-Bornova mantenga la finalidad para la que fue concebida. Alcorlo debe ayudarnos cuando Beleña lo necesite y permitirnos mirar veinte o treinta años hacia delante sabiendo que el crecimiento de nuestra población y nuestra industria no estará limitado por haber comprometido antes un recurso que entonces necesitaremos. Si cada vez que conseguimos aumentar nuestra seguridad utilizamos ese nuevo margen para asumir nuevas demandas, habremos hecho un viaje bastante absurdo para terminar exactamente donde empezamos.

Puede que haya años en los que el Sorbe tenga agua suficiente y ojalá sean muchos, pero la garantía de un abastecimiento no puede medirse pensando únicamente en los años buenos, sino precisamente en los malos, en las sequías y en lo que necesitaremos dentro de veinte o treinta años. Una concesión de hasta 50 hectómetros cúbicos anuales no puede confundirse con aprovechar puntualmente un excedente cuando exista, porque estamos hablando de una decisión capaz de condicionar durante décadas nuestra capacidad para gestionar ese recurso.

Por eso creo que la Confederación Hidrográfica del Tajo debe denegar esta concesión y que Guadalajara tiene que defender una posición común y rotunda para conseguirlo. La Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) debe estar al frente de esa defensa, como institución responsable de garantizar nuestro abastecimiento. Entre sus municipios se encuentra también Alcalá de Henares y actualmente su alcaldesa ostenta la Presidencia de la MAS, lo que demuestra además que esta reivindicación no puede plantearse como una confrontación entre Guadalajara y Madrid, sino como la defensa del sistema de abastecimiento existente frente a una nueva demanda de enorme magnitud.

Me gustaría ver en esa posición a los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados, a todos los partidos políticos sin importar quién gobierne en cada institución, a las organizaciones empresariales y sindicales y a la sociedad de Guadalajara en su conjunto. Tengo la sensación de que esta es una de esas ocasiones en las que deberíamos ser capaces de olvidarnos de cualquier diferencia y defender juntos algo tan elemental como nuestro abastecimiento y nuestras posibilidades de futuro, porque sería muy difícil explicar dentro de unos años que, teniendo delante una petición de esta magnitud, no fuimos capaces de ponernos de acuerdo para defender uno de los recursos más importantes que tenemos.

Me hubiera gustado no tener que escribir este artículo, pero me gustaría todavía menos que dentro de veinte o treinta años alguien tuviera que preguntarse por qué, cuando Guadalajara tenía un recurso capaz de ayudarnos a garantizar nuestro abastecimiento, crecer y generar riqueza, decidimos comprometerlo para que quienes ya tenían más oportunidades pudieran seguir creciendo.

El Sorbe no nos sobra. Lo necesitamos para beber hoy, pero también para que Guadalajara pueda crecer mañana, y creo que tenemos razones más que suficientes para defenderlo juntos y hacerlo con toda la firmeza necesaria.

Organizaciones ecologistas han criticado la solicitud de 50 millones de metros cúbicos de aguas del río Sorbe, que recorre la provincia de Guadalajara, que ha hecho el Canal de Isabel II a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

Por ello, desde Ecologistas en Acción Guadalajara, WWF y el Grupo Local de WWF en Guadalajara han presentado alegaciones oponiéndose a esta solicitud de concesión, la cual, aseguran, pondría “en peligro” el abastecimiento del Corredor del Henares y comprometería “el futuro de la provincia y de numerosas afecciones medioambientales”.

La petición del Canal de Isabel II contempla el uso de aguas del cauce del río Sorbe, en la presa del Pozo de los Ramos (en la localidad de Tamajón), de 8.000 litros por segundo, con un máximo de 50 millones de metros cúbicos al año, para abastecimiento urbano de Madrid.

“Doblar” la actual demanda

Tino Tovar, portavoz de Ecologistas en Acción Guadalajara, señala en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha que la petición de la entidad madrileña supondría “doblar” la demanda de agua que la cuenca de este río tiene soporta en la actualidad.

“La Mancomunidad de Aguas del Sorbe abastece a una población de 400.000 personas en el Corredor del Henares, Alcalá de Henares incluida. Hay que recordar que el consumo de agua de la Mancomunidad es de unos 45 millones de metros cúbicos al año, por lo que la petición de la entidad madrileña supondría doblar la demanda de agua que tendría que satisfacer la cuenca del río Sorbe, el cual tampoco es un río grande”, explica Tovar.

A su juicio, un hipotético visto bueno de la CHT a esta demanda del Canal de Isabel II supondría “un grave perjuicio” para los intereses de la provincia de Guadalajara y la afección ambiental de hábitats prioritarios. Además, duda de que esa petición sea compatible con el cumplimiento del caudal ecológico que el Sorbe debe mantener.

“En un momento de cambio climático, en el que el régimen de lluvias en la provincia de Guadalajara desde principios del siglo XXI ha bajado más 20%, en un contexto, además, de megaincendios están arrasando a toda España, si esto se lleva a cabo, es un despropósito total”.

Por todo ello, han presentado a la CHT alegaciones dentro del trámite de información pública en que se encuentra la petición, pidiendo que esta se deniegue.

La petición del Canal de Isabel II se basa en un decreto del Ministerio de Obras Públicas del 10 de agosto de 1954, bajo el régimen franquista, cuando todavía no se había construido la presa del Pozo de los Ramos.

Madrid habla de “derecho ya previsto”

Por su parte, desde el Canal de Isabel II han afirmado a este medio que esta solicitud de concesión de aguas superficiales del río Sorbe “no responde a una nueva captación ni a una ampliación de recursos, sino a la regularización administrativa de un derecho ya previsto en la planificación hidrológica desde 1999”.

“De hecho, desde 1975 la Confederación Hidrográfica del Tajo ha venido autorizando periódicamente la derivación de recursos excedentarios del río Sorbe hacia el sistema de abastecimiento de la Comunidad de Madrid. Se trata, por tanto, de formalizar mediante una concesión una situación que lleva décadas funcionando bajo la supervisión del organismo de cuenca”, añaden desde la entidad madrileña.

Por último, el Canal de Isabel II asegura que “esta regularización no compromete el abastecimiento de Guadalajara ni los derechos de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que han estado y seguirán estando plenamente garantizados, ya que Canal de Isabel II únicamente puede derivar recursos excedentarios una vez cubiertas las necesidades prioritarias de la Mancomunidad. Al margen de ello, la dotación desde este río también es necesaria para reforzar la flexibilidad y resiliencia del abastecimiento a la Comunidad de Madrid, sin perjuicio para otros usuarios”.

El río Taibilla, afluente del Segura que nace en Nerpio (Albacete), es vital para buena parte del sureste español. Actualmente, suministra agua potable a más de ochenta municipios de Murcia, Alicante y Albacete a través de la histórica Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Este organismo es el encargado de de garantizar los recursos hídricos esenciales de la zona.

Pero desde mediados del siglo pasado, el estado de este río arrastra serios problemas. Su mal estado ambiental ha sido motivo de malestar entre los vecinos y vecinas de los municipios albaceteños de Nerpio y Yeste, en Albacete, así como de otros pueblos cercanos. Básicamente, por el agua “despilfarrada”, según las plataformas vecinales, por la sequía, el cambio climático y por no respetarse su caudal ecológico.

La Mancomunidad ha decidido ponerse ya manos a la obra para atajar estos problemas y el pasado mes de junio redactó un Anteproyecto de Recirculación de Caudales para la Mejora del Estado Ecológico del río. El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) lo publicó a principios de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), puesto que depende del Plan Hidrológico del río Segura, y ahora ha hecho lo mismo el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de cara a su evaluación ambiental ordinaria.

El objetivo de este proyecto, con un coste de 32 millones de euros, es aumentar los caudales ecológicos del Taibilla para que una mayor parte de sus recursos circulen por el cauce natural. Y, al mismo tiempo, quiere garantizar el abastecimiento de agua potable a los municipios que dependen de la Estación de Aguas Depuradoras (ETAP) de Letur, en Albacete. En total, son 18 municipios que suman unos 150.000 habitantes.

Ante una reducción futura de recursos hídricos

Con ello, pretende resolver el hecho de que el Plan Hidrológico del Segura 2022-2027 establezca mayores exigencias de caudal ecológico. De hecho, el propio anteproyecto advierte de una reducción futura de recursos hídricos debido al cambio climático.

Concretamente, la propia Mancomunidad ha argumentado en documentación relacionada con la planificación hidrológica que en la cuenca del Taibilla se observa una reducción de las aportaciones de alrededor del 30%, asociada a una disminución de las precipitaciones y al aumento de las temperaturas, lo que comprometería los recursos futuros si no se buscan suministros alternativos.

La solución propuesta consiste en aportar agua desde el embalse de la Fuensanta, en el término municipal de Yeste (Albacete), al Canal Alto del Taibilla, de modo que pueda liberarse más agua para que circule por su cauce “sin comprometer el abastecimiento urbano”.

Entre las infraestructuras principales del proyecto se contempla un canal de aducción de unos 330 metros, una estación de bombeo de captación del mencionado embalse de la Fuensanta, otra de reimpulsión en tierra firme, una conducción de captación de medio kilómetro, otra de más de seis kilómetros, así como una línea eléctrica aérea de alta tensión de unos nueve kilómetros.

Según el anteproyecto, la capacidad máxima del sistema se ha diseñado para transportar hasta 800 litros por segundo. En principio, las previsiones que contempla la Mancomunidad en cuanto al incremento de los caudales ecológicos del Taibilla se estiman entre los 345 y los 445 litros por segundo de media anual, lo que supone una transferencia de entre 10,87 y 14,03 hectómetros cúbícos al año.

Pero también prevé que en situaciones excepcionales (averías o interrupciones del suministro habitual), podrá destinarse al abastecimiento de los municipios dependientes de la ETAP de Letur. De ahí que se haya establecido un un caudal máximo de 800 litros por segundo.

El anteproyecto va acompañado de un Estudio de Impacto Ambiental en el que se incorporan medidas correctoras como alejar la futura conducción de la Vereda de Siles (un histórico camino tradicional de herradura y vía pecuaria) evitar afecciones a infraestructuras existentes, mejorar los cruces de los cauces, reducir impactos sobre espacios protegidos y fauna; así como trazados más accesibles y menos agresivos para el territorio.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) fue creada por Real Decreto-Ley el 4 de octubre de 1927 para llevar agua potable a la Base Naval de Cartagena y a las ciudades de Murcia y Orihuela. Tras años de obras frenadas por la Guerra Civil, el agua del río Taibilla llegó a Cartagena el 17 de mayo de 1945.

Desde entonces, se han ido incorporado progresivamente muchos más municipios a la red, que dependen exclusivamente el río. La Mancomunidad también comenzó a recibir agua de forma oficial y regular del polémico Trasvase Tajo-Segura en 1978.

El proyecto para la recuperación hidromorfológica del río Naredo, en Lena, avanza en su tramitación. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha sometido este martes a información pública tanto la actuación como la relación de bienes y derechos que será necesario ocupar para ejecutar unas obras cuyo presupuesto base de licitación asciende a 4.020.343 euros. El proyecto actuará sobre el curso fluvial desde Pola de Lena hasta el entorno natural de la ermita de la Flor, atravesando los núcleos de Palaciós y Piedracea.

El río Naredo es un arroyo cuya cuenca ocupa unos 25 kilómetros cuadrados y que desemboca en el río Lena, afluente a su vez del Caudal. La intervención se concentra en aproximadamente los últimos 2,5 kilómetros antes de su desembocadura, un tramo en el que la Confederación ha detectado distintos problemas ambientales, entre ellos vertidos de aguas residuales, discontinuidades en el bosque de ribera, obstrucciones y la presencia de revestimientos rígidos en el cauce. El organismo también señala el comportamiento torrencial del río y plantea las obras como una forma de aumentar la protección frente a las avenidas y reducir el riesgo existente actualmente.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico presentó en abril de 2025 el proyecto para la recuperación hidromorfológica del río Naredo, en Lena, con una inversión entonces estimada de 4,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. La actuación abarca el tramo comprendido entre Pola de Lena y la ermita de la Flor y persigue recuperar la naturalidad del cauce y mejorar su estado ecológico. Entre las intervenciones previstas están la restauración del bosque de ribera, la protección de las márgenes, la retirada de revestimientos rígidos y obstrucciones y la instalación de una escala para peces en el azud de Pola de Lena.

Una de las principales actuaciones será la eliminación de los vertidos de aguas residuales procedentes de Piedracea y Palaciós. Para ello está prevista la construcción de un colector por gravedad de 2.091 metros de longitud y 315 milímetros de diámetro, que conectará estos núcleos con el sistema de saneamiento de Pola de Lena. La infraestructura contará con 99 pozos y dos aliviaderos.

La recuperación ambiental incluirá además la restauración del bosque de ribera y la eliminación de especies alóctonas, la retirada de muros verticales y hormigonados que actualmente aíslan algunas zonas del cauce, actuaciones de bioingeniería para proteger las márgenes y la eliminación de obstrucciones. También se revisará la capacidad hidráulica de los puentes y pasarelas existentes y se instalará una escala para peces en el azud de Pola de Lena, con el objetivo de recuperar la conectividad del río para la fauna piscícola.

El proyecto tendrá igualmente una vertiente recreativa. La Confederación acondicionará alrededor de dos kilómetros de la senda fluvial que comunica Pola de Lena con la ermita de la Flor, con mejoras en el drenaje y un firme naturalizado. Además, contempla la creación de dos espacios de uso público: un pequeño parque fluvial próximo a Pola de Lena y una zona de descanso aguas arriba.

La salida a información pública supone un nuevo paso administrativo para este proyecto. La Dirección General del Agua autorizó el pasado 20 de julio a la Confederación a iniciar este trámite, que incluye una relación de 77 bienes o derechos afectados por expropiaciones definitivas, servidumbres de acueducto u ocupaciones temporales. Entre los titulares aparecen el Ayuntamiento de Lena, Adif, el Principado, la propia Confederación y numerosos propietarios particulares.

Los propietarios afectados y cualquier persona que se considere perjudicada dispondrán de 20 días hábiles, contados desde la última publicación del anuncio en los boletines oficiales del Estado y del Principado, para presentar alegaciones. El expediente podrá consultarse tanto en las dependencias de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en Oviedo como en el Ayuntamiento de Lena y a través de la documentación publicada por el organismo de cuenca.

La actuación había sido presentada públicamente en abril de 2025 con una inversión entonces estimada en unos 4,1 millones y un plazo previsto de ejecución de 16 meses. La redacción del proyecto fue adjudicada en agosto de 2024 por 66.405 euros.

La jueza de la dana ha incorporado a la causa los mensajes sobre la gestión de la catástrofe aportados por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, enviados en las horas inmediatamente posteriores a la entonces vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, informándole sobre la situación y sobre las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). El presidente del organismo estatal sostuvo que el Centro de Emergencias de la Generalitat desoyó los avisos sobre el caudal del barranco del Poyo al estar pendientes de otros puntos afectados por la dana.

El 30 de octubre, a primera hora, Polo escribió sobre la reunión del Cecopi de las 9.00: “El barranco del Poyo, que es uno de los que más daños ha causado en la comarca de L’Horta Sur, perdimos datos a partir de 2000 m3/s. Hubo lluvias en cabecera de 400 litros. Hubo muy poco tiempo de maniobra, el SAIH [Sistema Automático de Información Hidrológica] envió los avisos pero emergencias [de la Generalitat] debía de estar tan pendiente de Utiel Requena que no debieron de prestarle atención al Poyo. Ahora los caudales deben haber bajado mucho”.

Se trata, según explica Polo en una suerte de informe incorporado a la causa, de las notas que conserva en su teléfono móvil personal, borradores de los mensajes que envió a la vicepresidenta Teresa Ribera y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, “reportando información tras las sucesivas reuniones del Cecopi”.

En los mensajes anteriores, correspondientes a la noche del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, Polo informó de que se estaba tratando de tranquilizar a los alcaldes potencialmente afectados por la avenida de la presa de Forata, que desaguaba con “tendencia de bajada”. “Lo mal es que esta noche se esperan nuevas lluvias, aunque de menor intensidad a las caídas en el día de hoy, y eso nos obligará a estar atentos”.

La lluvia en la cabecera del Poyo

“Estas aguas que desagua Forata se incorporan en el bajo Júcar. Todos los municipios han sido informados por el 112, para que la gente esté atenta e incluso se suban a las plantas altas en caso de que desbordara el Júcar”, apostilló el presidente de la CHJ.

Por otro lado, Polo también indicó que “el barranco del Poyo, que es la cuenca más importante que llega a la Albufera, sigue llevando mucha agua porque ha llovido mucho hasta bien tarde en la cabecera”.

En su último reporte de aquella noche, correspondiente a la situación de las 00.30, Polo aludía a que “el rio Turia lleva mucho caudal, ha llegado a 2000 m3/s, pero no debe de haber habido problemas en los municipios ribereños”. También dijo que el nivel del embalse de Forata estaba “descendiendo”.

Los servicios de Emergencias, “completamente saturados”

Los siguientes mensajes ya son a primera hora de la mañana del día siguiente a la catástrofe. La situación a las 7.00, en la primera sesión del Cecopi, era la siguiente: “Las lluvias han amainado, los caudales en los cauces están bajando, Aunque muy lentamente. Toda la preocupación de los servicios de emergencia es recuperar accesos a zonas afectadas porque hay muchas carreteras cortadas y muchos vehículos y camiones atrapados”.

“Se va a enviar un mensaje de que no se circule por las carreteras de la provincia de Valencia”, agregaba Miguel Polo en sus reportes a Teresa Ribera.

El presidente de la CHJ también reseñaba que “las emergencias por gente atrapada en distintas situaciones tienen completamente saturados a los servicios del 112 [de la Generalitat]”.

En el Cecopi de las 9.00 ya se confirmó que el embalse de Forata ya estaba “estabilizado” con una lenta tendencia de bajada. Polo también informó de que la presa había conseguido laminar la mitad de la punta del río Magro. También destacó la “potencia” de los mapas de peligrosidad: “A varios alcaldes les tranquilizamos por la información que daban los modelos, tanto por calados como extensión inundable y la realidad ha sido tal y como previeron los modelos”.

Un informe jurídico elaborado por el Gobierno de Navarra sobre la tramitación ambiental del proyecto de planta centralizada de fangos que la empresa pública Nilsa promueve en Tudela concluye que el proyecto es incompatible con el planeamiento urbanístico vigente en la ciudad e insta a la Dirección General de Medio Ambiente a poner fin al procedimiento, según ha destacado el Ayuntamiento de Tudela en una nota.

El análisis se hace eco de los informes urbanísticos emitidos por el Consistorio y recoge que el pasado mes de mayo quedó reafirmada la incompatibilidad urbanística del proyecto de Nilsa, al superarse los límites permitidos para usos no agrícolas en suelos de alta productividad y la ubicación de la instalación en suelo no urbanizable de protección. Como conclusión, el informe jurídico, firmado por la Secretaría General Técnica del Departamento de Desarrollo rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, reconoce que, si se mantienen los actuales informes desfavorables del Ayuntamiento, la Administración deberá valorar el archivo del expediente por incompatibilidad urbanística.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, considera que el proyecto de Nilsa y del Gobierno de Navarra para Tudela “ha entrado definitivamente en vía muerta tras este varapalo letal por parte de sus propios servicios jurídicos, que hemos conocido hace solo unas horas, a pesar de que se firmó hace casi un mes”.

“Llama la atención tanta demora en la notificación”, ha apuntado Toquero, “teniendo en cuenta las prisas que se dio Ana Bretaña (directora general de Medio Ambiente) para tramitar por procedimiento exprés, en apenas una semana, una Autorización Ambiental Integrada que resultó ser un fiasco, solo para que Tudela se quedara fuera de la moratoria establecida para las plantas de biogás”.

El alcalde ha afirmado que está próximo el momento de exigir responsabilidades políticas “al más alto nivel, aunque lo que ahora toca es que el Gobierno de María Chivite ponga punto final a esta huida hacia adelante y acepte de una vez por todas que el disparatado proyecto de Nilsa ha entrado en un callejón sin salida”.

Según ha señalado el Ayuntamiento, el proyecto de NILSA inició su tramitación en septiembre de 2023 con una solicitud de modificación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU). Durante el procedimiento, la Administración consideró que la capacidad prevista de tratamiento exigía una Autorización Ambiental Integrada (AAI), lo que dio lugar a un nuevo expediente que culminó con la concesión de dicha autorización en noviembre de 2025.

Sin embargo, la autorización fue recurrida por el Ayuntamiento de Tudela, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y diversas asociaciones ecologistas. Como resultado de estos recursos, en abril de 2026 el Gobierno de Navarra acordó la anulación de la AAI por una incorrecta aplicación del régimen de autorización ambiental, ordenando la retroacción del procedimiento al momento en que debía tramitarse la modificación de la AAU. “Este cambio de criterio no ha impedido que el contencioso iniciado por el Ayuntamiento de Tudela haya seguido su curso, pese al criterio contrario por parte del Gobierno de Navarra”, ha señalado el Consistorio.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha declarado el Escenario 0 de emergencia en las presas de Burguillo, Charco del Cura y Picadas, asociadas al río Alberche, tanto en las provincias de Ávila como de Madrid, después de que hayan sido alcanzadas por el incendio forestal de Burgohondo.

No hay daños “significativos” en las infraestructuras, según el organismo de cuenca.

La situación se produce como consecuencia del avance de los incendios forestales en los términos municipales de Navas del Rey (Madrid) y el Tiemblo (Ávila), se ha producido la afectación directa por el fuego a las instalaciones de las presas de Picadas (Madrid)- embalse del que beben unas 70 poblaciones de Toledo, incluida la capital-, Burguillo y Charco del Cura (Ávila).

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha declarado el Escenario 0 de emergencia o de control de la seguridad en lestos embalses, “debido a que las condiciones existentes dificultan su acceso” y también a que las previsiones“ aconsejan una intensificación de la vigilancia y el control de las presas”.

De momento no se requiere la puesta en práctica de medidas de intervención para la reducción del riesgo, según los planes de emergencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Además, se mantiene el Escenario 0 en la Presa de San Juan, situada entre Madrid y Ávila, declarado el pasado 24 de julio.

Más caudal en el Alberche a su paso por Ávila, Madrid y Toledo

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantiene desde el día 23 de julio el incremento de los caudales circulantes por el río Alberche a su paso por Ávila, Madrid y Toledo mediante desembalses desde las presas de Burguillo (Ávila), San Juan y Picadas (Madrid) como medida de colaboración en los trabajos de control y extinción de los incendios forestales.

Tras la unificación en el día de ayer de los Centros de Coordinación Operativa Integrados (CECOPI) de los incendios forestales declarados en Madrid y Ávila, todos ellos ubicados en la cuenca del Tajo, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) continúa participando en las reuniones diarias a las que es convocada para colaborar en el seguimiento y planificación del operativo de emergencia.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha concluido la instalación de dos nuevas tomas flotantes en el embalse de Gasset, una actuación que ha permitido restablecer la captación de agua desde la zona superficial del embalse tras la rotura de la infraestructura existente y garantizar así un “abastecimiento de mayor calidad2 a más de 100.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real.

La incidencia fue detectada durante la semana del 7 al 13 de junio por el equipo de explotación de la presa de Gasset. La rotura afectó a la toma flotante que suministra agua a la Mancomunidad de Gasset (integrada por Ciudad Real, Alcolea de Calatrava, Carrión de Calatrava, Miguelturra, Picón, Poblete y Torralba de Calatrava), así como a los municipios de Fernán Caballero y Malagón.

Según informa la Confederación, desde el primer momento actuó para “garantizar la continuidad del abastecimiento”. La toma dañada fue retirada, posibilitando la continuidad del abastecimiento, si bien con un agua que, aunque cumplía los requisitos normativos establecidos para aguas prepotables, resultaba más difícil de potabilizar, al proceder del fondo del embalse.

Se descartó reparar la toma dañada

Paralelamente, una vez descartada la posibilidad de reparar la toma dañada, los servicios técnicos de la CHG analizaron las posibles alternativas optando por la solución “más fiable y duradera”: la instalación de dos nuevas tomas flotantes.

El montaje de estas nuevas tomas flotantes, que ha precisado el empleo de buceadores para los trabajos subacuáticos, ha finalizado este viernes, día 10 de julio, estando ya plenamente operativas, por lo que el agua de abastecimiento ya se está captando por las mismas, con la consiguiente mejora de su calidad, y por tanto mayor facilidad para su potabilización

Toda la operación se ha completado en apenas un mes desde que se detectó la avería, un plazo “especialmente reducido” teniendo en cuenta la necesidad de fabricar piezas específicas de acero inoxidable, suministrar los materiales, coordinar los trabajos subacuáticos y ejecutar la instalación.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha informado este jueves de la conclusión de las 17 obras de emergencia ejecutadas para reparar los daños ocasionados por la dana del 29 de octubre de 2024. Tras más de un año y medio de trabajo, el organismo culmina unas actuaciones que, además de recuperar los cauces y las infraestructuras dañadas, han permitido reforzar la resiliencia del dominio público hidráulico y mejorar la respuesta frente a futuras inundaciones.

Las actuaciones han supuesto “un auténtico reto para el organismo, que ha gestionado más de 220 millones de euros por la vía de urgencia”, han explicado. Los trabajos se han desarrollado mayoritariamente en la provincia de Valencia, aunque también se han realizado intervenciones en zonas de Teruel, Cuenca y Castellón.

“Hemos trabajado a contrarreloj para terminar todas las actuaciones y podemos decir que hemos cumplido con los principales objetivos de estas obras de emergencia. Se han restaurado los daños provocados por la dana, hemos mejorado la protección de los entornos urbanos, hemos ampliado y mejorado la capacidad de desagüe de los cauces y, por último, se ha restituido el servicio en infraestructuras hídricas tan importantes como el Canal JúcarTuria o el Canal Camp de Túria”, ha explicado el Director Técnico, Manuel Torán.

Las obras de emergencia, además, han contado con apoyo técnico y científico muy importante por parte del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), un organismo que ha colaborado de manera directa en la comprensión hidráulica de lo sucedido durante la fatídica jornada de la dana del 29 de octubre del 2024.

“Los modelos hidráulicos que han realizado nos han permitido comprender el comportamiento de los caudales en un episodio totalmente extraordinario. Al mismo tiempo, el CEDEX ha colaborado en las soluciones ejecutadas en algunas zonas entre las que destacan el barranco del Poyo a su paso por Chiva y en el encauzamiento urbano del río Magro a su paso por Utiel. En ambos casos la capacidad hidráulica final se ha ampliado de forma considerable”, ha indicado Torán.

Reforzar la protección frente a futuros episodios en el Poyo

Los trabajos de emergencia ejecutados en la cuenca del Poyo, desde su cabecera en Chiva hasta su desembocadura en l’Albufera, han tenido un objetivo claro: reforzar la protección del cauce frente a futuras inundaciones. Para ello el organismo ha actuado sobre los tramos más afectados por la riada, recuperando los daños ocasionados y, al mismo tiempo, aumentando la capacidad hidráulica del barranco para mejorar su comportamiento frente a futuros episodios de avenida.

En la cabecera del barranco del Poyo, a su paso por el casco urbano de Chiva, las obras ejecutadas han logrado aumentar la capacidad de desagüe del cauce hasta casi triplicar la existente antes de la dana. Además, se ha mejorado la circulación del agua en caso de avenida y se ha optimizado el comportamiento hidráulico del barranco, reduciendo significativamente el riesgo para el municipio.

Aguas abajo, a su paso por Riba-roja de Túria, se ha ejecutado una nueva mota que incrementará la seguridad de la zona industrial y de las viviendas del entorno. Más adelante, en el término municipal de Torrent, se han estabilizado las márgenes mediante un sistema de bulonado y gunitado con hormigón, aumentando la protección del polígono Mas del Jutge.

Finalmente, en su último tramo, a su paso por Paiporta, Picanya, Massanassa y Catarroja, el barranco ha sido objeto de una reconstrucción integral que ha permitido reforzar la estabilidad de los taludes mediante escollera, geotextil de contención y geoceldas con tierra vegetal y plantaciones, configurando un cauce con mayor capacidad de desagüe, más estable y mejor preparado para responder ante futuras avenidas.

Las actuaciones se han completado con diferentes intervenciones en otros barrancos y afluentes de la cuenca del Poyo, como la rambla de la Horteta o los barrancos del Pozalet, Gallego, Señor y Peque, donde también se han ejecutado trabajos de reconstrucción, limpieza y adecuación de los cauces para mejorar su respuesta frente a futuras avenidas.

Mejorar la seguridad de los municipios en la cuenca del Magro

La cuenca del río Magro fue otro de los puntos más afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024. Las intensas precipitaciones registradas en su cabecera se transformaron en enormes caudales que provocaron importantes daños en numerosos municipios ribereños. Precisamente, uno de los principales objetivos de las obras de emergencia ha sido mejorar la seguridad de estas poblaciones frente a futuras avenidas, adaptando los cauces para responder mejor ante episodios similares.

En Utiel se ha reconstruido el encauzamiento que atraviesa el municipio, duplicando su capacidad de desagüe. Aguas abajo, en los municipios de Alfarb, Real, Carlet, l'Alcúdia, Guadassuar y Algemesí, se han levantado escolleras y muros de gaviones en la margen derecha del río utilizando el material obtenido durante la adecuación del propio cauce, una solución que permitirá reducir los daños en caso de nuevas crecidas.

Además, las actuaciones han permitido ensanchar la sección del río y mejorar su capacidad hidráulica hasta su desembocadura en el Júcar. Los trabajos también se han extendido a varios afluentes del Magro, como el río Buñol, donde se ha incrementado la capacidad de desagüe del cauce a su paso por el municipio mediante la eliminación de varias edificaciones en la zona de la Poza Paraíso y la mejora del drenaje del paraje del Turche. Las actuaciones de emergencia también han incluido la presa de Forata, donde la retirada de sedimentos ha permitido recuperar la plena operatividad de uno de sus órganos de desagüe. Posteriormente, se ha reforzado la margen derecha de la infraestructura para incrementar su seguridad y resiliencia frente a futuras avenidas extraordinarias.

Recuperar la funcionalidad y el valor ambiental del río Turia

Las actuaciones de emergencia puestas en marcha a lo largo del río Turia se han centrado en recuperar la funcionalidad del cauce y su valor ambiental tras os graves daños provocados por la DANA del 29 de octubre de 2024. Para ello, las soluciones se han adaptado a las características de cada tramo, permitiendo recuperar la morfología del río, retirar los principales elementos obstructivos y devolver este espacio natural a su estado previo a la riada.

Las actuaciones se han desarrollado a lo largo de más de 75 kilómetros de cauce, desde Sot de Chera hasta València, atravesando diez municipios: Sot de Chera, Gestalgar, Bugarra, Pedralba, Vilamarxant, Riba-roja de Túria, Manises, Paterna, Quart de Poblet y València. Además, las actuaciones han permitido recuperar distintos puntos del Parque Fluvial del Turia e instalar cuatro nuevas pasarelas peatonales, devolviendo la conectividad entre ambas márgenes y facilitando nuevamente el acceso y disfrute de este espacio natural.

Reconstruir infraestructuras esenciales para la ciudadanía

Las obras de emergencia también han permitido recuperar varias infraestructuras estratégicas para garantizar el abastecimiento de agua, el regadío y la gestión de los recursos hídricos. Además de reparar los daños ocasionados por la DANA, las actuaciones han incorporado soluciones que refuerzan la seguridad y la resiliencia de estas instalaciones frente a futuros episodios extremos.

Entre las intervenciones más relevantes destaca la reconstrucción del canal Júcar-Turia, una infraestructura esencial para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de València y su área metropolitana. Asimismo, se han recuperado el canal Camp de Túria, garantizando nuevamente el abastecimiento a Villar del Arzobispo y el riego de unas 24.500 hectáreas, y las estaciones de aforo del Sistema de Información Hidrológica (SAIH), que han sido reconstruidas e incorporan los sistemas de comunicación más avanzados para reforzar el seguimiento y la gestión de futuros episodios de avenida.

“Era com si a un extraterrestre l'hagueren posat allí. No sabia com anaven les coses. Calia explicar-li-ho tot de bell nou, anava perdut”. Així va descriure el passat 4 de juny davant la jutgessa de la dana l'aterratge de Carlos Mazón a la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) del 29 d'octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts, el testimoni Ignacio Valero, cap del Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica (SAIH) de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX). Valero, segons l'acta de la seua declaració, a la qual ha tingut accés elDiario.es, va presenciar l'arribada nocturna al Cecopi de Mazón després del seu llarg dinar i sobretaula amb Maribel Vilaplana en un reservat del restaurant El Ventorro i va explicar que, a partir de la seua tardana incorporació, el president “dirigeix” la reunió i la consellera Salomé Pradas, principal investigada en la causa, “comença a no dirigir” i “pràcticament no torna a parlar en dies”. L'excap del Consell, que figura en la causa com una mena de preinvestigat, va donar per acabada aquella reunió cap a la una de la matinada. “Les seues paraules exactes van ser: 'És molt tard ja, estem cansats tots, ens tornarem [a veure] ací a les 6.00'. I ens vam mirar tots i vam dir: 'Bé, nosaltres ens quedem treballant'”.

La declaració del cap del SAIH de la CHX apunta un fet confirmat per altres testimonis de la causa, com el subdirector general d'Emergències, Jorge Suárez, o la cap de gabinet de l'exconsellera investigada: Carlos Mazón va assumir el comandament del Cecopi amb la seua arribada a l'Eliana. “És un poc qui dirigeix i parla”, va assegurar Ignacio Valero. Això sí, en arribar tan tard el cap del Consell, calia “explicar-li-ho tot de bell nou (...). Un munt de coses, era una mica un déjà-vu, es tornava a parlar del que havíem parlat dues hores abans. (...) Aleshores es torna a perdre temps”, va rememorar el testimoni.

Després d'haver actualitzat el president de la Generalitat sobre la situació sobre el terreny, “el senyor Mazón donava i llevava la paraula i, com li dic, ens va manar a la una a casa tots a dormir”, va manifestar Ignacio Valero davant la magistrada instructora, Nuria Ruiz Tobarra.

D'altra banda, el cap del SAIH de la CHX va afirmar que la reunió “ni era tècnica ni era ordenada”.

—A veure, aquesta reunió s'hauria d'haver fet 24 hores abans, o 12 hores abans, perquè és quan es fan les coses. Quan tens la fi del món damunt no pots fer una reunió per preparar-te per a la fi del món, no sé si m'explique. (...) Si amb una alerta roja meteorològica i amb centenars d'avisos no es convoca el Cecopi, doncs bé, ja no sé quan cal convocar-lo.

Les pauses del Cecopi: “Apagaven la càmera i el micro”

El testimoni també va relatar la fase prèvia a l'arribada de Carlos Mazón al Cecopi. Valero recordava que Pradas entrava i eixia “constantment” i que, a més de la consellera, “sobretot parlaven” Jorge Suárez, subdirector general d'Emergències, i José Miguel Basset, inspector cap del Consorci Provincial de Bombers de València. “Eren els qui entre ells parlaven, contrastaven opinions: això sí, això no. I nosaltres de vegades érem observadors i de vegades no, perquè ens apagaven [la connexió telemàtica]”, va indicar Ignacio Valero.

El responsable de la CHX, enginyer d'obres públiques i també de camins, va detallar les pauses en la reunió del Cecopi: “Ens apagaven la càmera i el micròfon”. Els responsables de la reunió deien als participants telemàtics: “Farem un recés”. Amb alguna intervenció de la delegada del Govern, Pilar Bernabé, o d'algun altre participant en línia, “es van molestar i tot”. “És que parlaven ells; realment nosaltres participàvem molt poc. (...) Quan anaven a prendre decisions ens deien que farien un recés i ens apagaven [la connexió]”, va apostil·lar el testimoni.

Valero va explicar davant la jutgessa el desenvolupament de la reunió del Cecopi des del seu inici, poc després de les 17.00, fins que aproximadament mitja hora més tard el president de la CHX, Miguel Polo, va alertar sobre la situació a la presa de Forata. “Em va al·lucinar que no saberen quins municipis hi havia aigües avall”, va dir el cap del SAIH.

El testimoni va confirmar que Miguel Polo va demanar en aquella primera fase de la reunió, en relació amb els municipis situats aigües avall de la presa de Forata, que s'avisara la població i que es recomanara pujar “a zones altes”.

El llarg “debat entre ells” sobre l'Es-Alert

Ignacio Valero també va declarar que, davant la proposta d'avisar la població, es va produir un “debat entre ells” sobre “si cal aïllar la gent” i sobre “la covid” (la consellera temia que l'enviament d'un missatge que demanava evitar els desplaçaments s'interpretara com una suposada restricció susceptible de ser inconstitucional, semblant a les de la pandèmia).

Després del segon recés —“de sis a set, pràcticament d'una hora”—, els responsables de la CHX van tornar a connectar-se i es van quedar “una miqueta sorpresos” que encara no s'haguera enviat el missatge Es-Alert a la població.

Salomé Pradas va llegir “literalment” els textos dels dos missatges previstos: un per a tota la província de València, que demanava evitar els desplaçaments, i un altre destinat a algunes zones específiques per demanar a la població que buscara refugi en zones altes.

La consellera va dir que aquell segon missatge s'anava a remetre a les comarques de la Foia de Bunyol i la Ribera Baixa. I el testimoni —“una mica impulsiu” i excedint les seues competències, segons va reconéixer— va intervenir i va dir: “A més, que s'envie a l'Horta Sud i la Ribera Baixa”.

“Era como si a un extraterrestre lo hubieran puesto ahí. No sabía cómo iban las cosas. Hay que explicarle todo de nuevo, iba perdido”. Así describió el pasado 4 de junio ante la jueza de la dana el aterrizaje de Carlos Mazón en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, el testigo Ignacio Valero, jefe del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Valero, según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es, presenció la llegada nocturna al Cecopi de Mazón tras su larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro y explicó que, a partir de su tardía incorporación, el president “dirige” la reunión y la consellera Salomé Pradas, principal investigada en la causa, “empieza a no dirigir” y “no vuelve a hablar prácticamente en días”. El exjefe del Consell, que figura en la causa como una suerte de preinvestigado, dio por acabada aquella reunión sobre la una de la madrugada. “Sus palabras exactas fueron: 'Es muy tarde ya, estamos cansados todos, nos volveremos [a ver] aquí a las 6.00'. Y nos miramos todos y dijimos, bueno nosotros nos quedamos trabajando”.

La testifical del jefe del SAIH de la CHJ apuntala un hecho confirmado por otros testigos de la causa, como el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, o la jefa de gabinete de la exconsellera investigada: Carlos Mazón asumió el mando del Cecopi con su llegada a l'Eliana. “Es un poco el que dirige y habla”, aseguró Ignacio Valero. Eso sí, al llegar tan tarde el jefe del Consell, hubo que “explicarle todo de nuevo (...). Un montón de cosas, era un poco un déjà vu, se volvía a hablar de lo que habíamos hablado dos horas antes. (...) Entonces, pues se vuelve a perder tiempo”, rememoró el testigo.

Tras haber actualizado al president de la Generalitat sobre la situación sobre el terreno, “el señor Mazón daba y quitaba la palabra, y como le digo, nos mandó a la una a casa todos a dormir”, manifestó Ignacio Valero ante la magistrada instructora, Nuria Ruiz Tobarra.

Por otro lado, el jefe del SAIH de la CHJ dijo que la reunión “ni era técnica ni era ordenada”.

—A ver, esa reunión se tenía que haber tenido 24 horas antes, o 12 horas antes, porque es cuando se hacen las cosas. Cuando tienes el fin del mundo encima no puedes hacer una reunión para prepararte para el fin del mundo, no sé si me explico. (...) Si con una alerta roja meteorológica y con cientos de avisos no se convoca el Cecopi, pues bueno, ya no sé cuándo hay que convocarlo.

Las pausas del Cecopi: “Apagaban la cámara y el micro”

El testigo también relató la fase previa a la llegada de Carlos Mazón al Cecopi. Valero recordaba que Pradas entraba y salía “constantemente” y que, además de la consellera, “sobre todo hablaban” Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, y José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. “Eran los que entre ellos se hablaban, se cruzaban, esto sí, esto no. Y nosotros a veces éramos observadores y a veces no, porque nos apagaban [la conexión telemática]”, indicó Ignacio Valero.

El responsable de la CHJ, ingeniero de obras públicas y también de caminos, detalló las pausas en la reunión del Cecopi: “Nos apagaban la cámara y el micro”. Los responsables de la reunión decían a los participantes telemáticos: “Vamos a hacer un receso”. Con alguna intervención de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o de algún otro participante online, “se molestaron y todo”. “Es que hablaban ellos, realmente nosotros participábamos muy poco. (...) Cuando se iban a tomar decisiones nos decían un receso y nos apagaban [la conexión]”, apostilló el testigo.

Valero contó ante la jueza el desarrollo de la reunión del Cecopi desde su inicio, algo más tarde de las 17.00, hasta que aproximadamente media hora después el presidente de la CHJ, Miguel Polo, alertó sobre la situación en la presa de Forata. “Me alucinó que no supieran los municipios que había aguas abajo”, dijo el jefe del SAIH.

El testigo confirmó que Miguel Polo pidió, en aquella primera fase de la reunión en relación con los municipios situados aguas abajo de la presa de Forata, que se avisara a la población y que se recomendara subir “a zonas altas”.

El largo “debate entre ellos” sobre el Es-Alert

Ignacio Valero también declaró que, ante la propuesta de avisar a la población, se produjo un “debate entre ellos” sobre “si hay que aislar a la gente” y sobre “el Covid” (la consellera temía que el envío de un mensaje que pedía evitar los desplazamientos se interpretara como una supuesta restricción susceptible de ser inconstitucional, parecida a la de la pandemia).

Tras el segundo receso —“de seis a siete, prácticamente una hora”— los responsables de la CHJ volvieron a conectarse y se quedaron “un poco ya sorprendidos” de que aún no se hubiera enviado el mensaje Es-Alert a la población.

Salomé Pradas leyó “literal” los textos de los dos mensajes previstos: uno para toda la provincia de Valencia, que pedía evitar los desplazamientos, y otro a algunas zonas específicas para pedir a la población que buscara refugio en altura.

La consellera dijo que aquel segundo mensaje se iba a remitir a las comarcas de la Hoya de Buñol y la Ribera Baja. Y el testigo —“un poco impulsivo” y excediendo sus competencias, según reconoció— intervino y dijo: “Además, que se mande a l'Horta Sud y la Ribera Baja”.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha publicado la revisión del Plan Especial de Sequía (PES), que funciona de manera “esencial” para la gestión de los recursos hídricos en la cuenca del río y que ha sido aprobado a principios del mes de junio.

Entre las mejoras más significativas en este Plan están el cambio metodológico en la definición de los umbrales de escasez, y la adopción del Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) como indicador de sequía en todas las Unidades Territoriales de Sequía (UTS). Este último cambio metodológico “mejora la transparencia, permite una comparación directa y armoniza la información con la Agencia Portuguesa en el marco de la cooperación transfronteriza”, explican desde la CHT.

Además, el Plan introduce por primera vez un componente predictivo en sus informes mensuales, mediante el uso de modelos hidrológicos y de predicción climática que permiten anticipar escenarios de sequía y de escasez, facilitando una gestión proactiva y no meramente reactiva.

Igualmente, esta revisión del Plan ajusta los umbrales de la unidad del Bajo Tajo (UTE 14) para facilitar el cumplimiento de los compromisos de caudales con Portugal derivados del Convenio de Albufeira.

Esta herramienta tiene como uno de sus objetivos fundamentales minimizar los impactos socioeconómicos en situaciones de escasez de agua en la cuenca del Tajo, constituyéndose en un instrumento de ayuda en la toma de decisiones.

Un total de 127 municipios de la provincia de Guadalajara han difundido un comunicado en el que piden “quitar competencias en la gestión del agua” a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y transferirlas al Gobierno de Castilla-La Mancha.

Autodenominados como “grupo de municipios afectados por la gestión” de la CHT, se han reunido este lunes con la directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Monserrat Muro, y con el delegado de Desarrollo Sostenible, Rubén García, para avanzar en la búsqueda de soluciones a los “múltiples problemas” que afirman tener estos ayuntamientos con el organismo de cuenca.

Entre los 127 municipios se encuentran Jirueque, Marchamalo, Humanes, Iniéstola o Olmeda del Jadraque. También Chiloeches, Piqueras, Trillo o Congostrina.

En la reunión, Juan Antonio Sanz, el alcalde de Jirueque -uno de los municipios afectados-, ha manifestado que, meses después de los encuentros con la subdelegada del Gobierno y con la consejera de Desarrollo Sostenible, “en este momento estamos en un punto muerto que no conduce a nada” y ha planteado la necesidad de ir de la mano con la Junta de Comunidades y directamente apuntar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “haciendo un sorpaso a la Confederación”, según explica el ayuntamiento.

“Debemos conseguir quitar competencias de la gestión del agua a la CHT y pasarlas a la Junta de Comunidades, porque es una administración mucho más cercana a los municipios, y poco a poco ir a la desvinculación total, dada la situación de colapso con este organismo”, plantea el ayuntamiento.

Según afirma el citado comunicado, la directora del Agua ha transmitido el “compromiso” del presidente regional, Emiliano García-Page, de trabajar en esta dirección, como ya se ha hecho en otras cuencas hidrográficas.

En este sentido, Montse Muro ha explicado que su departamento está elaborando “una encomienda de gestión para asumir” competencias de la Confederación y “dar agilidad y solución” a algunos de estos problemas que tienen los ayuntamientos pequeños, ya que “no puede ser que ciertos trámites, como un sondeo, permanezcan años sin gestionar o sin responder”.

Expedientes sin resolver “durante años” y cauces sin limpiar

El problema que señalan los municipios es la cantidad de expedientes que tienen abiertos con la CHT, con problemas habituales con las autorizaciones, captaciones, problemas de sanciones por vertidos, problemas por inundaciones y limpieza de cauces. Desde Jirueque ponen como ejemplo una sanción que el organismo de cuenca impuso al pueblo el año pasado por limpiar el arroyo Tordelahija, la cual fue calificada por el ayuntamiento como “caprichosa, coercitiva y con afán meramente recaudatorio; sin tener en cuenta las consecuencias que de ellas se derivan”.

En la reunión ha participado el presidente de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG), Juan José Laso. Esta organización que “lleva años denunciando el estado” en que se encuentran los cauces en la provincia, y ya el año pasado amenazó con denunciar a la CHT por los daños que causaron las borrascas en los cultivos.

“Hay muchos cauces”, apunta Laso, “que no se han limpiado en años y especialmente fuera del casco urbano, y están completamente taponados por troncos y maleza, formando auténticas presas que, cuando revientan, anegan todo a su paso. En cuanto sube un poco el nivel de los ríos, arroyos o regueros, se meten en las parcelas inundando muchas tierras de cultivo”.

Esta situación, para APAG, “es recurrente” y el problema “no es que venga una dana” sino “el abandono y la desidia” de las confederaciones hidrográficas, en especial la del Tajo, “que no dejan limpiar y tampoco actúan ellos, como sería su obligación”.

En paralelo, los representantes municipales presentes han pedido una reunión con el presidente regional para explicar su situación, alegando que la mayoría son pueblos muy pequeños que no tienen “estructura ni para hacer un informe”. También piden un interlocutor directo con algún técnico de la Confederación para poder tratar cualquier situación problemática relativa a los cauces.