Pablo García, que hasta el momento ejercía como concejal en la bancada del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo, será designado como nuevo subdirector general de Promoción e Innovación Deportiva del Consejo Superior de Deportes, según Europa Press.

Un puesto desde el que García, edil en Toledo desde 2019, se hará cargo de ámbitos como el deporte escolar, el universitario, la gestión de subvenciones, el fomento de la actividad deportiva o el mantenimiento de los centros.

De nuevo a las órdenes de Milagros Tolón

En la pasada legislatura, el socialista fue viceportavoz del Gobierno municipal en Toledo y edil de Juventud y Deportes de la mano de la entonces alcaldesa Milagros Tolón, quien ahora está al frente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para el que García trabajará.

Con título de especialista en Fisioterapia Deportiva y con experiencia en el sector en centros como el Hospital Nacional de Parapléjicos, García volverá a ponerse a las órdenes de Milagros Tolón.

El secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez Correa, acude a Pamplona con motivo de una reunión de las comunidades autónomas sobre los sistemas de notificación de la violencia contra la infancia. En la capital navarra se inauguró hace pocos meses un centro Barnahus o 'casa de los niños', un espacio “adaptado a la infancia” en el que se centralizan todos los servicios y protocolos ante una denuncia por violencia sexual para facilitar el proceso al menor. En la entrevista con elDiario.es, Pérez Correa lamenta que “miles” de personas que han sufrido este tipo de violencia en etapa infantil no la han denunciado y asegura que el modelo Barnahus “funciona”, que “acelera” los procesos y que “ha venido para quedarse”.

Sobre la ley de Violencia Vicaria, que ha abierto una grieta en el Gobierno entre los ministerios de Infancia y Juventud, Justicia e Igualdad, sostiene que “un maltratador nunca es un buen padre”, por lo que aboga por suspender el régimen de visitas “cuando hay una denuncia de violencia de género”.

Un informe elaborado por Save The Children apunta que cuatro de cada diez procesos judiciales de violencia sexual en menores se prolongan más de tres años, dificultando así su recuperación. ¿Cómo se puede reducir ese tiempo?

Tenemos un serio problema, no solo de proceso judicial largo, sino incluso de información previa, de los pasos que se tienen que dar para hacer una denuncia sexual. La gente muchas veces se encuentra con un montón de ventanillas y administraciones diferentes y lo que estamos haciendo hoy [por el martes] en Navarra es un ejemplo de lo que hay que hacer: un sistema judicial adaptado a la infancia, un mecanismo de denuncia donde todos los servicios y todos los protocolos que entran en una denuncia estén en el mismo edificio. Ese es el modelo Barnahus, un modelo que reduce el tiempo de denuncia y hace que todo el peritaje y toda la parte de prueba preconstituida sirva al proceso judicial, lo que lo acelera mucho y da mecanismos magníficos para que no solo que no se dilate demasiado el proceso, sino que haya denuncias. El informe de prevalencia que hemos encargado habla de un 28% de personas que en etapa adulta dicen que han sido víctimas de violencia sexual en la infancia. Eso refleja que hay miles de personas que no están denunciando o que no han denunciado en etapa infantil.

El mismo informe también menciona el problema de que la víctima tenga que declarar en más de una ocasión, provocando así una revictimización.

Es así. No es lo mismo la casa Barnahus, que parece una escuela infantil, en la que hay muebles infantiles y zonas de juegos, donde se puede hacer desde la generación de la prueba preconstituida, la declaración del menor, el acompañamiento de un equipo de psicólogos e incluso lo que es la exploración forense y la exploración médica. También la declaración en el juzgado a través de una cámara con la presencia del juez y de los abogados de las partes. Creo que es un mecanismo absolutamente central ahora mismo, junto con el hecho de que hemos aprobado una ley de eficiencia del sistema judicial que por primera vez crea las secciones de infancia y adolescencia en los juzgados, con lo cual vamos a acelerar mucho los procesos de protección a la infancia en los procesos del ámbito judicial.

¿Ese modelo soluciona todos los problemas que han venido denunciando las asociaciones de víctimas?

Sin duda, en Europa está funcionando. En Catalunya, que es quien va más avanzada porque tiene ahora mismo 12 centros Barnahus, los primeros indicadores dicen que ese proceso se acelera, que es menos traumático, que las familias pueden acompañar al menor y que el menor está más cómodo para realizar la declaración, que es la que constituye la prueba. La Comisión Europea y el Consejo de Europa ya han dicho que esto es una parte estratégica del sistema de protección a la infancia en el ámbito europeo. 

¿Y va a servir para que haya más condenas? Asociaciones de víctimas venían reclamando la necesidad de que la declaración de un facultativo sirviese como prueba preconstituida.

El entorno donde el menor declara muchas veces genera contradicciones en su propia declaración y con Barnahus se evita eso. No es lo mismo declarar en un edificio vetusto del siglo XIX en sede judicial y que puede provocar que el menor declare algo que sea diferente a lo que declaró en sede policial. Esas contradicciones muchas veces se utilizan por parte de los jueces para no dar validez al testimonio del menor. El hecho de que haya un ambiente protector en todo el proceso de declaración, en la generación de la prueba, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también estén dentro del Barnahus, y que sea allí donde hablan y toman declaración al menor, sin duda va a evitar esa falta de pruebas o que el menor incurra en contradicciones y que se desestimen las demandas. Ya está teniendo un impacto muy positivo.

Mencionaba la creación de los juzgados especializados, pero por el momento solo se han anunciado tres.

Por el momento se han anunciado tres porque es cierto que la mayor parte de casos de violencia sexual, cuando es hacia niñas, se están vehiculizando en los juzgados de los juzgados de Violencia de Género. Es un debate que hay ahora mismo: nosotros creemos que no, que tienen que estar vehiculizados en las secciones de Infancia. Se han abierto las tres por el número y volumen de casos, pero es cierto que la revisión es anual. En septiembre se va a volver a revisar este número de necesidades que tiene el sistema judicial y nosotros entendemos que se van a abrir muchas más.

El modelo ha sido recientemente estrenado aquí en Navarra. En otras comunidades ya funciona, ¿se va a extender a todo el país?

Sí, Cantabria también acaba de abrir un centro, en Catalunya se ha abierto otro más en Terrassa, en Las Palmas también, en Andalucía hay varios… Es decir, es un modelo que ha venido para quedarse y el diálogo entre comunidades autónomas está funcionando muy bien. En unos años veremos este modelo como el modelo central. Si nuestras encuestas nos dice que uno de cada cuatro menores han sido víctimas de violencia sexual, tenemos que tener un sistema suficientemente coordinado para la prevención y, sobre todo, para la delimitación de los casos y las condenas.

¿Y cuál es el papel del Ministerio?

De formación y de autoevaluación del modelo. También entendemos que tenemos que poner muchas más garantías en todo el proceso judicial y eso es la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Tenemos una ley puntera en el ámbito del derecho comparado, en lo que son leyes de protección de los menores ante la violencia, pero hemos planteado una reforma de la ley, que estamos trabajando ya con el Ministerio de Justicia, de algunos aspectos que tienen que ver con la declaración del menor, no solo en sede judicial, sino también en todos los ámbitos donde interactúa la relación de los menores con personas adultas. 

También creemos que hay que hacer una protocolización del modelo de ajuste en España. Es cierto que cada comunidad está siguiendo unas pautas muy marcadas consensuadas en el ámbito europeo, pero estamos viendo la posibilidad de arbitrar un Real Decreto para homogeneizar la figura del Barnahus en cuanto a procedimientos, dotaciones, etc.

¿Cómo se puede mejorar la coordinación entre instituciones para facilitar el proceso a quien denuncia?

Precisamente le hemos planteado al Ministerio de Justicia la modificación de la LOPIVI por esta cuestión. Nosotros tenemos una muy buena ley, la conocida como 'ley Rhodes', que nace por una persona que ha sufrido abusos y se encontró con esa maquinaria burocrática de tocar muchas puertas, muchas ventanillas. Eso ahora se ha simplificado y se tiene todo en un mismo centro, pero también es necesario tener el mecanismo jurídico bien engrasado. Por ejemplo, tenemos que conseguir que los jueces escuchen al menor de manera muy clara, donde haya causa Barnahus y donde no la haya, donde haya sección de Infancia o donde no haya. Y para eso la LOPIVI tiene que cambiar.

También tenemos que cambiar algunos mecanismos que ahora mismo rigen en el ámbito de la prevención. Por ejemplo, la figura de los coordinadores de bienestar de los centros educativos, que son los que detectan de manera preventiva estos casos, los que pueden derivar a sede judicial y los que pueden establecer un protocolo y un seguimiento. Creemos que en esos mecanismos que se cambian en la LOPIVI se puede facilitar que la denuncia de un menor que es víctima de violencia sexual se dé por la identificación del personal educativo, la figura del coordinador de bienestar como elemento central en el ámbito educativo o el monitor de un centro de ocio y tiempo libre o el monitor o entrenador de un club de fútbol. Y eso sí que requiere una parte muy importante de formación que tiene que desarrollar la propia LOPIVI.

¿Hay ya fecha para llevar la reforma al Consejo de Ministros?

Hemos cerrado una propuesta de texto que le hemos trasladado al Ministerio de Justicia. Estamos trabajando ya esta semana en las reuniones con el Ministerio de Justicia y entiendo que en este primer tramo del año lo vamos a tener porque son cuestiones más técnicas que tenemos que consultar también con el Consejo General del Poder Judicial. Se puede llegar a un consenso en los próximos meses.

En Álava y en Navarra opera un campamento que ha recibido una veintena de denuncias por violencia sexual. Hay una investigación en curso, pero el Gobierno vasco quiere endurecer la ley vasca para que se pidan antecedentes de delitos sexuales. ¿No es algo que ya existe?

Existe, pero es cierto que tenemos que endurecerla mucho más. Ahora mismo un profesor condenado por un caso de violencia sexual, una vez acabada su condena, se puede reincorporar al ámbito educativo. Eso lo queremos endurecer. Vamos a hacer una reforma a algún artículo de la LOPIVI para que las personas que han tenido condenas de este tipo sean apartados de manera indefinida de la posibilidad de volver a ser docentes. Hay docentes que han sido abusadores y, cumplida su condena de inhabilitación, han regresado al ámbito educativo. La LOPIVI dejaba ahí un marco y es lo que queremos corregir, también por petición de los sindicatos, que nos han pedido que se aclare mucho más esta figura por una cuestión de protección a la infancia en el ámbito educativo.

El Gobierno ha chocado por la Ley de Violencia Vicaria, con diferencias entre ministerios. Juventud e Infancia se descolgó del primer texto al considerar que no garantizaba los derechos de las mujeres y los niños y adolescentes. Desde entonces, los ministerios implicados han seguido negociando. ¿En qué punto se encuentra actualmente?

Estamos intentando avanzar un texto, pero nosotros tenemos una premisa, y es que un maltratador nunca es un buen padre. Por lo tanto, para nosotros la suspensión del régimen de visitas cuando hay una denuncia de violencia de género debe estar reconfigurada. Hemos avanzado en algunas cosas, como lo que tiene que ver con la escucha de los menores, pero necesitamos desatascar esta cuestión, que no es solo nuestra visión como Ministerio, es algo demandado por una parte muy importante de la judicatura, sobre todo mujeres, que son las que dicen que están hartas de no poder determinar esas suspensiones muchas veces por falta de corpus jurídico. Aprovechando que es muy necesaria una ley de Violencia Vicaria, intentemos colocar esta cuestión como cuestión central. Y luego no disociar nunca la violencia vicaria como algo endógeno de la violencia de género. La verdad es que en estas semanas de negociación hemos avanzado mucho en un texto de consenso.

Una de las cuestiones en las que más se pone el foco en el Gobierno al hablar de juventud y violencias sexuales es en el consumo de pornografía. ¿Centrar el debate público en el porno puede estar desplazando la discusión de fondo sobre los déficits en educación afectivo-sexual?

Totalmente. Establecer el problema solo sobre la cuestión del porno desdibuja el problema que tenemos de la exposición de los menores en los entornos digitales. Nosotros siempre hablamos de los entornos digitales como elementos muy globales que tienen una incidencia sobre el ámbito educativo, sobre el ámbito afectivo, sobre la salud mental de los menores, sobre el concepto de soledad y la socialización y sobre patrones adictivos de adicciones sin sustancia, bien sea juegos online o juegos de azar. ¿Qué es lo que nos preocupa de la pornografía? La absoluta impunidad con la que operaban los suministradores de contenido pornográfico, sin ningún tipo de prevención y precaución del acceso de los menores. La mayor parte de veces el menor no busca esos contenidos, sino que le llegan a través de mensajería o a través de pop-ups o elementos de diseño de las propias apps. En este sentido hemos querido que la ley de Entornos Digitales haga el eje de protección y el de verificación de edad. 

Hay que volver a una cultura de prevención y de la educación afectivo-sexual en los centros educativos. No se puede permitir ese pensamiento más conservador de “Yo no quiero que mi hijo estudie educación sexual en el centro educativo”. Eso no es un derecho de la familia, es un derecho del menor. Así como un padre no puede prohibir que a su hijo le enseñen matemáticas, no se puede prohibir que le enseñen educación afectivo-sexual porque está teniendo una incidencia tremenda en la salud mental y en la salud afectiva de los menores. No nos corresponde a nosotros ese debate, hay 17 comunidades con competencias, pero nos consta que el Ministerio de Educación, que es consciente de este problema, está trabajando en su conferencia sectorial y con las comunidades para recuperar el currículum educativo en este ámbito y evitar las graves carencias que los menores están buscando en ChatGPT o en otros contenidos en Internet.

Estudios recientes apuntan a que el número de jóvenes que se identifica como feminista está cayendo. Aunque con grandes diferencias entre chicos y chicas, en ellas también parece estar calando el discurso antifeminista. ¿Debería el Gobierno hacer algo distinto a lo que está haciendo para intentar reconquistarles?

A veces somos muy pesimistas cuando hablamos de esta ola conservadora de los jóvenes. El Ministerio de Igualdad ha dado unos datos que dicen que el 70% de los jóvenes están de acuerdo en que sus compañeras cobren lo mismo que ellos y en que tengan sus mismos derechos. Es decir, lo que se considera que son las bases constitutivas del feminismo, los jóvenes de este país las aprueban, pero luego no quieren declararse feministas. Se ha convertido el término feminismo en algo pernicioso, al igual que ha hecho la extrema derecha con el término ‘MENA’. Es cierto que hay un sesgo importante de género, que hay una ola conservadora en algunos jóvenes, pero también es cierto que en este país los jóvenes están posicionados más a la izquierda, aunque luego en el eje de voto se explicite más el voto a Vox, quizás porque hay un voto contestatario que se puede entender como un elemento de protesta.

El Estado tiene que evitar que las redes sociales se conviertan en un elemento de mentira, de manipulación y de tergiversación. Que exista capacidad de verificar los contenidos, las informaciones y que las fake news no campen a sus anchas. También regular que los delitos de odio, los insultos, las vejaciones y las amenazas no puedan estar en los entornos digitales. La ley de Entornos Digitales ya está en fase de cerrar las enmiendas con los grupos parlamentarios y creo que va a ser un cambio de paradigma muy importante con estas cosas.

Se ha generado debate por la propuesta de prohibir el acceso a las redes sociales hasta una determinada edad. ¿Es una medida factible?

El debate tenemos que ponerlo encima de la mesa en los márgenes jurídicos en que nos movemos en España. En España un menor de 14 años ya no puede tener redes sociales porque la Ley Orgánica de Protección de Datos dice que ninguna persona menor de 14 años puede ceder sus datos a un operador privado. Lo que vamos a hacer con la ley de Entornos Digitales es elevarla a 16. No se trata de prohibir el acceso a los menores de 16 años a todas las redes sociales, ese es el modelo de Australia, que no está funcionando porque lo que hace es que se generen unas nuevas redes sociales incluso con menos control. Lo que queremos es obligar al sector tecnológico a que si quiere que operen menores de 16 años, las redes tienen que estar adaptadas. ¿Y cómo se adapta a esa edad? Pues por ejemplo, haciendo que un menor de 16 años no pueda interactuar con un adulto que no esté autorizado por los padres. Por lo tanto, ahí introducimos la cuestión del control parental, que los padres decidan con qué personas adultas pueden interactuar sus hijos en WhatsApp.

Usted ha defendido adelantar la edad de voto a los 16 años. ¿Por qué?

Para que los jóvenes defiendan la democracia tenemos que hacerles partícipes de las reflexiones sobre los valores que sustentan la democracia en este país. Si con 16 años se puede trabajar, se puede tomar decisiones sobre salud sexual, reproductiva y del ámbito sanitario, también se tiene que poder votar. Tener derecho a votar al Gobierno que luego va a arbitrar con los sindicatos y la patronal el convenio colectivo que se me va a aplicar cuando empiece a trabajar con 16 años.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha solicitado este lunes al Estado el traspaso de la competencia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la comunidad foral. Chivite ha remitido un escrito al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el que le ha emplazado a iniciar las negociaciones para esta nueva transferencia.

“Abordar transferencias pendientes representa para Navarra una cuestión de importancia como es el despliegue de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna y el afianzamiento de nuestro autogobierno”, han destacado desde el Ejecutivo foral.

Esta petición responde al compromiso que adquirió el Gobierno de Navarra con EH Bildu como parte del acuerdo para la aprobación de los presupuestos de Navarra del año 2026. El día de la firma del acuerdo, la portavoz de EH Bildu Laura Aznal destacó la importancia de que sea Navarra la que asuma esas competencias dado el nivel de siniestralidad laboral registrado en la comunidad foral en los últimos años. En lo que va de 2025 ya han fallecido 23 personas en accidentes laborales. El año pasado fueron 22, el doble que en 2023.

La solicitud del traspaso de esta nueva competencia e produce apenas unas semanas después de que Navarra y el Estado sellaran el acuerdo para traspasar a la comunidad foral el tramo de la Autopista AP-68 Bilbao-Zaragoza que discurre por territorio foral, así como sus funciones y servicios asociados al mismo.

Este lunes se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado(BOE) y en el Boletín Oficial de Navarra (BON) el Real Decreto de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la comunidad foral de Navarra en materia de carreteras, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre. Con la publicación en ambos boletines, se oficializa así la transferencia de la titularidad de los 39,5 kilómetros de longitud del tramo navarro de la AP-68 a la comunidad foral.

Se trata de la segunda transferencia completada esta legislatura. El pasado mes de marzo, las Administraciones de Navarra y del Estado sellaron el acuerdo para que Navarra pudiera recuperar la competencia plena de tráfico después de 60 años, para lo que fue necesario modificar la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna).

La nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha prometido su cargo ante el rey Felipe VI y junto a Elma Saiz, la nueva portavoz del Gobierno de España.

Tras conocerse las noticias, las reacciones no han dejado de producirse. Primero con felicitaciones desde su propio partido, el PSOE y dl presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien ha señalado a través de su perfil en la red social X que “dos grandes mujeres que asumen nuevas responsabilidades en esta legislatura” en relación a Milagros Tolón y Elma Saiz, ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo nacional, respectivamente.

El exministra de Educación, Pilar Alegría, ha dado su enhorabuena a Tolón como sucesora en el cargo, destacando que va a afrontar “un reto apasionante en una cartera fundamental para el desarrollo de nuestro país”. Por otro lado le ha deseado “muchos éxitos y todo el acierto en esta nueva etapa. Y ya sabes que aquí estoy para lo que necesites”, le escribía a través de las redes sociales.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha felicitado a Milagros Tolón como “paisana” y “sucesora en la Alcaldía de Toledo”, en un mensaje no sin cierta retranca.

Por otro lado, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Amengol ha señalado que tanto Tolón como Saiz son “dos mujeres que dan un paso adelante y asumen nuevos retos” las que desea “mucho acierto en esta nueva etapa”.

El PP ve en el nombramiento la “sucesión” para Page

Mientras, el Partido Popular a nivel nacional ha deslizado la idea de que Pedro Sánchez está ya trabajando en la “sucesión” de Emiliano García-Page al frente del PSOE de Castilla-La Mancha, al nombrar a Milagros Tolón como ministra de Educación, según declaraciones en fuentes recogidas por Europa Press. Claro que eso también se dijo de Isabel Rodríguez, la actual ministra de Vivienda.

Y desde el PP de Castilla-La Mancha, su secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha deseado “aciertos” a Tolón al frente de la cartera que le ha asignado Pedro Sánchez, pero para decir después que “España no necesita nuevas ministras, sino un adelanto electoral para que los ciudadanos puedan mostrar lo que opinan del ejecutivo socialista de Sánchez”.

Carolina Agudo cree que Tolón que se incorpora a un Consejo de Ministros “nefasto” con un presidente del Gobierno “cercado por la corrupción”, y que “sigue en Moncloa gracias al apoyo de Emiliano García-Page, que con sus ocho votos en el Congreso, facilita que Pedro Sánchez sea presidente de todos los españoles”.

Otras valoraciones

Desde Comisiones Obreras Castilla-La Mancha (CCOO) han valorado positivamente que Tolón no tenga que compaginar con ninguna otra responsabilidad en el Gobierno el cargo de un “ministerio tan fundamental”. Ana Delgado, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO en la región, ha considerado que puede ser “una señal inequívoca de una dedicación plena para unos avances que son imprescindibles y urgentes”. Sin embargo, ha explicado que la ministra “tiene por delante mucho trabajo pendiente empezando por la necesidad de abordar la negociación del tan esperado estatuto docente”.

Ha finalizado señalando que necesitan que “la nueva ministra se tome muy en serio la profesión docente, que es un reto mayúsculo el que debe asumir Milagros Tolón”, para apostillar que CCOO “estará como siempre colaborando en todo lo que suponga una mejora del sistema educativo y organizando las calles en todo lo que sea parálisis o retroceso”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha felicitado a Milagros Tolón por su nombramiento y le ha deseado “el mayor de los éxitos para hacer frente a los múltiples desafíos que requiere la cartera ministerial”. Señalan además que se ponen a “total disposición de la nueva ministra para colaborar en aquellos avances que supongan una mejora real de las condiciones laborales del profesorado y, en consecuencia, de la calidad del sistema educativo español”.

CSIF ha aprovechado para reclamar que “se retome de manera inmediata la negociación de la Ley del Profesorado y el Estatuto Docente”, apuntando que este último es “más necesario que nunca”. Han “exigido” que la nueva ministra inicie su mandato con la tramitación “urgente” del anteproyecto negociado en la Mesa Sectorial para la reducción del horario lectivo y de las ratios, así como con la convocatoria “inmediata” de la Mesa de negociación para abordar los asuntos pendientes y comprometidos.

En definitiva, CSIF reclama un Estatuto Docente “que regule la profesión desde el acceso hasta la jubilación y que mejore las condiciones laborales y retributivas, como requisito imprescindible para dignificar la labor docente y mejorar la educación pública”.

La Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha también ha querido felicitar a Tolón por su nueva responsabilidad. A través de su perfil en la red social X destacaban que la nueva ministra “fue estudiante de tercer ciclo de la facultad en la segunda mitad de los años noventa” y le han deseado “mucha suerte y acierto”.

Milagros Tolón ha prometido su cargo como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España. La hasta ahora delegada del Gobierno central en Castilla-La Mancha ha prometido su nueva responsabilidad ante el rey Felipe VI y bajo la atenta mirada de Pedro Sánchez.

A través de tu perfil en la red social X, Tolón destacaba que es “un honor tomar posesión como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y formar parte del Gobierno que más está haciendo por la justicia social, el desarrollo sostenible y la modernización de España”, un cargo en el que sucede a la anterior ministra, Pilar Alegría. Al mismo tiempo, Elma Saiz, prometía también su cargo como nueva portavoz del Gobierno de España.

Ya por la tarde ha recibido la cartera ministerial de manos de Pilar Alegría, la hasta ahora ministra del ramo que se volcará a partir de este momento en su candidatura a la Presidencia de Aragón. Milagros Tolón reconocía su labor. “No partimos de cero”, ha dicho para refererise a la inversión realizada y a los logros, como por ejemplo la reducción “significativa” del abandono escolar temprano o al hecho de que el deporte español viva “un momento de esplendor”, ha comentado, según recoge Europa Press.

También ha recordado su experiencia personal en el ámbito de la docencia -durante más de una década fue profesora en la Escuela de Adultos de Toledo- y ha explicado que enseñó a leer y escribir a personas mayores, sobre todo mujeres. Según ha explicado, para ellas “cada palabra aprendida era una conquista”.

“Nunca es tarde para aprender, (...) no es cuestión de edad, sino voluntad y esperanza porque el futuro de nuestro país empieza en las aulas”, ha indicado.

También ha expresado su agradecimiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por depositar su confianza en ella y ha incidido en que “es un orgullo formar parte de un proyecto que está transformando y modernizando España”. Y de nuevo piropeaba a Pilar Alegría. “Con tu ilusión, tu fuerza, tus ganas, tu empeño, serás lo que quieras ser. Necesitamos hombres y mujeres con ilusión y ella no solo lo transmite con su bonita sonrisa sino con su forma de pensar”.

Al acto de intercambio de carteras han acudido la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, que ha recibido la portavocía del Gobierno de Alegría; y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Asimismo, han asistido el ex ministro de Defensa, José Bono; el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes; la exministra de Transportes y actual presidenta de Paradores, Raquel Sánchez; y el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.

Su predecesora en el cargo, Pilar Alegría, ha señalado a Tolón que hoy recibe “una importante responsabilidad” y le ha transmitido que espera que siga “consolidando” la educación en España durante el resto de la legislatura. Por su parte, ha indicado que a ella le toca “cerrar una etapa” y aunque ha admitido “errores no intencionados”, ha recalcado que ha intentado “desde el primer momento” hacer bien su trabajo.

Uno de los retos de Tolón en su nuevo cargo será el de “aprobar el estatuto docente” en el tiempo que resta a la legislatura del Gobierno de España. La nueva ministra ha sido delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha desde 2023 y antes ocupó durante dos legislaturas la Alcaldía de Toledo.

Los socialistas riojanos exigen al Gobierno reigonal que remita “ya” al Ministerio todos los datos de los programas de cribado de cáncer. Y denuncian que el PP está siguiendo “una estrategia que predente ocultar datos de los cribados, estrategia que sigue a pie de la letra el Gobienro de La Rioja”. El pasado viernes los consejeros y consejeras de la comunidades gobernadas por el PP dejaron plantada a la ministra de Sanidad, Mónica García, al abandonar la mesa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Los consejeros y consejeras del PP argumentaron para tal plante “la utilización partidista” del Consejo Interterritoril por parte del Gobierno central y acusaron a la ministra García de “transformarlo en un instrumento de imposición y confrontación, donde el Ministerio actúa de forma unilateral, ignorando nuestras aportaciones”.

cribEn La Rioja, el diputado regional Miguel González de Legarra, ha alertado este lunes sobre “la doble ofensiva que ha diseñado el PP contra la sanidad pública”. Y es que “por un lado, tenemos una estrategia nacional coordinada por la presidenta madrileña que busca ocultar los datos de los programas de cribado de cáncer, y por otro, su réplica directa aquí en La Rioja, donde el Gobierno regional practica la misma estrategia de ocultación y manipulación de la información sanitaria y de debilitamiento del sistema público”.

Y una estrategia, ha dicho el diputado socialista, “que alcanzó su máxima expresión con la imagen de la vergüenza que nos dejaron los consejeros del PP abandonando el Consejo Interterritorial de Salud”. González de Legarra ha asegurado que lo que hizo María Martín el viernes pasado en Zaragoza “demuestra una desvergüenza política insoportable, ya que no defendió ni representó a los enfermos de cáncer de esta tierra, ni a los profesionales sanitarios, ni a los ciudadanos que esperan transparencia”. Lo que hizo fue “preocuparse únicamente de los intereses de su partido”. Y no lo hizo sola, sino “con la autorización y bajo la mirada complaciente del presidente Gonzalo Capellán, que cada día intenta presentarse como un ‘verso suelto’, pero la realidad es que obedece a Ayuso, obedece a Feijóo y, en definitiva, obedece a Génova”.

González de Legarra ha recordado que el ministerio de Sanidad “ha solicitado a las comunidades autónomas información precisa sobre los programas de cribado de cáncer, no solo de mama, también los de colon y cérvix”. Sin embargo, las comunidades gobernadas por el Partido Popular “han rechazado remitir esos datos, alegando que la competencia es autonómica o poniendo como excusa que no funciona la plataforma del Ministerio, tal y como ha hecho La Rioja”.

Por tanto, “estamos ante un patrón que se sostiene en tres pilares muy claros: la opacidad, la irresponsabilidad y la privatización”. Y esto “afecta directamente a la salud de la población riojana”. Cuando los datos sanitarios no están disponibles, ha dicho González de Legarra, “nadie puede evaluar bien dónde están los problemas, ni se pueden proponer soluciones”. Y esta es una estrategia “que favorece claramente a quienes quieren debilitar el sistema público y desviar recursos hacia la sanidad privada”.

El diputado socialista ha asegurado que “negar o retrasar la entrega de datos en los programas de cribado de cáncer significa que no podemos saber cuántas personas han sido invitadas, cuántas han acudido, cuántos resultados anormales se han detectado, cuánto tiempo han esperado para la segunda prueba, o cuántas intervenciones se han hecho como consecuencia del cribado”. Y esa trazabilidad “es clave para evaluar la eficacia, la calidad, la cobertura y la equidad”. Miguel González de Legarra ha afirmado que en La Rioja “esa trazabilidad ya está seriamente comprometida por la manipulación y ocultación de los datos en el portal de transparencia del SERIS”.

El diputado socialista ha dicho que “los enfermos de cáncer de La Rioja no pueden ser rehenes de la estrategia política de Génova”. Por ello, ha exigido al Gobierno de La Rioja “que entregue inmediatamente al ministerio de Sanidad todos los datos de los programas de cribado de cáncer que se le han solicitado”. También, “que publique de forma íntegra y accesible los datos del primer semestre de 2025 en el portal de la consejería de Salud y que haga pública la Memoria de la Defensora del Usuario de la Sanidad Pública”.

González de Legarra ha recordado que “cuando un Gobierno escoge ocultar datos, no está protegiendo su imagen, sino que es una forma de mentir que lo que está haciendo es poner en riesgo la salud de su gente”

 La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, acompañada por la alcaldesa de Ocón, Inmaculada Ortega Martínez, ha visitado este viernes las actuaciones incluidas en el proyecto “Ocón, Paisaje Humanizado”, que forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiados con un millón de euros a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotado íntegramente con los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Bajo la denominación “Ocón, Paisaje Humanizado”, este Plan pretende impulsar su valor turístico a través de una transformación verde y digital, basada en el paisaje humanizado como municipio referente de la “Reserva de la Biosfera”.

Arraiz Nalda ha concretado que los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino son uno de los programas más importantes que está desplegando el Gobierno de España, que demuestra “su esfuerzo por aumentar la competitividad de nuestros destinos turísticos y apostar por un nuevo modelo más sostenible, digital y que aumente su capacidad de cohesionar el territorio”.

Por su parte, la alcaldesa de Ocón ha destacado que “se pretende impulsar un desarrollo turístico sostenible, respetuoso con el territorio y sus ecosistemas, que conviva con las actividades agroalimentarias y ponga en valor los recursos culturales que atesora el municipio”. El plazo de ejecución del Plan finaliza en junio de 2026.

“Ocón, Paisaje Humanizado”

El Plan “Ocón, Paisaje Humanizado” pone en valor los recursos naturales, que son la seña de identidad del Valle de Ocón, Reserva de la Biosfera y Cielo Starligts.

Los proyectos que se están desarrollando son:

La adecuación de la ruta ciclable va a permitir que, tanto los habitantes como los visitantes que accedan al mismo, puedan desplazarse andando, en bicicleta normal y en bicicleta eléctrica.

Bañares y Ventosa son las dos únicas localidades riojanas que se han colado en el listado de municipios que recibirán subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para financiar proyectos innovadores para la transformación y la lucha contra la despoblación.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) destinará 324.000 euros a la financiación en Bañares (180.000 euros) y Ventosa (144.000 euros), tal y como refleja la resolución definitiva de la concesión de ayudas para la financiación de proyectos innovadores promovidos por entidades locales para la transformación territorial, que puede consultarse aquí.

El objetivo de estas ayudas, gestionadas por la Secretaría General para el Reto Demográfico y dirigidas a municipios de entornos rurales, es favorecer la implantación de proyectos innovadores que contribuyan a alcanzar la equidad territorial, dando respuesta a las necesidades concretas de los entornos en que se desarrollan, a través del impulso a la sostenibilidad y la digitalización, la atracción y retención del talento, la cultura o la movilidad rural, entre otros.

Esta línea de financiación cuenta con un presupuesto superior a los 19,8 millones de euros con los que se van a sufragar proyectos innovadores para la transformación territorial que, desde una dimensión económica, social, medioambiental y de género, propicien la reactivación social y económica de zonas con problemas de despoblación y revaloricen el espacio rural. Ventosa y Bañares tiene de plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para ejecutar los proyectos subvencionados.

Rehabilitación de viviendas y mapeo de Ventosa

Ventosa recibirá 144.000 euros para impulsar un proyecto de rehabilitación y soluciones innovadoras de habitabilidad para la revitalización social y económica en Ventosa. Esto traducido en palabras de su alcalde, Ricardo Velasco, significa que “con la cantidad asignada a través de esta subvención vamos a redactar los proyectos para rehabilitar dos viviendas municipales que en un futuro destinaremos al alquiler”. Una rehabilitación “que mantendrá el aspecto visual de los edificios y las fachadas de piedra y que además primará los medios constructivos más avanzados y sostenibles como la aerotermia, placas solares y demás energías limpias”.

Y es que, con esta iniciativa, además sacar más vivienda en el mercado, desde el Ayuntamiento de Ventosa se pretende incentivar la rehabilitación de las casas. “Queremos que se arreglen las casas del pueblo que están en mal estado y, por qué no, que sus propietarios las saquen al mercado porque también en Ventosa hay problema de vivienda. Cada semana recibimos a personas interesadas en venir a vivir a este pueblo”. De hecho, en los últimos cuatro años, “se han realizado medio centenar de operaciones de compra venta un número muy alto teniendo en cuenta que estamos hablando de un pueblo en el que vivimos algo menos de 200 personas”. Los motivos y atractivos de este municipio para Velasco son varios. “Después de la pandemia, los gustos habitacionales han cambiado. Ahora la gente prefiere los espacios abiertos, casas con jardín y un trocito de huerta y Ventosa ofrece todo esto además de estar cerca de Logroño y contar con una oferta cultural importante. Esos son los atractivos que ofrece Ventosa y el resto de los pueblos de Moncalvillo”.

Y además, con la financiación del Ministerio, desde el Ayuntamiento de Ventosa también quieren elaborar un “mapeo que incluya el número de viviendas disponibles y el estado de las mismas”. Un proyecto que confía incentive el sector privado. “Buscamos un doble objetivo, permitir que las personas interesadas en vivir en Ventosa puedan hacerlo y generar riqueza en el municipio”.

Bañares es el segundo municipio riojano adjudicatario de estas ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Recibirá 180.000 euros, para impulsar el proyecto 'Bañares circular, dinamización territorial sostenible.

Tercera convocatoria de ayudas a entidades locales

Por Orden TED/1358/2021, de 1 de diciembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación; proyectos que, desde una dimensión económica, social, medioambiental y de género, propiciasen la reactivación social y económica de zonas con problemas de despoblación y revalorizasen el espacio rural.

En este sentido, las ayudas se destinan a financiar proyectos innovadores de carácter singular y demostrativo, que tengan como finalidad la lucha contra la despoblación, el desarrollo sostenible y la transición ecológica, a través de tres modalidades. En la primera de ellas –Modalidad A– optan a esta financiación proyectos institucionales promovidos por entidades locales, que tengan como finalidad fomentar la creación y el desarrollo de ecosistemas de inteligencia e innovación territorial o el apoyo a proyectos tractores que reactiven la actividad socioeconómica con la finalidad de afrontar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación.

El Gobierno central prevé que el tramo Palas-Melide de la A-54, la autovía de Lugo, “quede este mes abierto” y que la totalidad de la infraestructura esté finalizada “en este año”. Así lo ha dicho el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, a preguntas de los medios tras un acto informativo en Santiago, donde ha ratificado las previsiones dadas en su día por el ministro de Transportes, que señaló en diciembre que este nuevo tramo estaría operativo “en los primeros días” del nuevo año.

A mayores, también ha ratificado que a lo largo de este año se concluirá el último tramo de la A-54, entre Melide y Arzúa. “Yo estoy convencido de que en este año tendremos toda la autovía perfectamente terminada”, ha dicho el representante del Gobierno.

Sobre el traspaso de la AP-9

En el ámbito de las infraestructuras, Pedro Blanco también ha hablado de la AP-9, de la que ha rebajado a un segundo plano la importancia de su traspaso o de su rescate, ya que “el gran debate público y la necesidad de las familias es que la autopista no cueste lo que está costando”.

El delegado del Gobierno ha recordado que está en marcha la “segunda bonificación de los peajes” con la idea de “ir aproximándonos a la gratuidad total”, que es “lo que interesa a los usuarios”. “Ese tiene que ser nuestro objetivo prioritario, el hecho de que se traspase o no se traspase su gestión, eso no garantiza la gratuidad”, ha resumido.

Del mismo modo, ha ratificado el compromiso del Gobierno de aplicar los descuentos al peaje de la autopista Santiago-Dozón (AP-53), algo que inicialmente se había planteado para el arranque de 2025. “Se está trabajando en ello”, ha dicho el delegado, que ha fijado “en los próximos meses” la concreción de una fecha para su puesta en marcha, aunque ha reiterado que no estará vinculado a que haya o no presupuestos.

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha valorado este jueves la decisión que anunciada ayer por el equipo de gobierno del PP, de devolver parte parte de las ayudas que afectan al eje ciclista, la calle Sagasta y la A13, y que según los cálculos del Ayuntamiento de Logroño son algo más de 2 millones de euros. Un hecho “grave” que para los socialistas debe tener consecuencias. “El PP debe asumir sus errores porque estamos hablando de mucho dinero público, debe asumir sus errores y conjugar el verbo dimitir entre su equipo”.

Luis Alonso ha recordado el expediente fue aprobado por el Ministerio de Transportes mediante resolución en mayo de 2022, y en la misma se recogían diez actuaciones con una ayuda total de 6,5 millones de euros. “Diez actuaciones, eso sí, con un mismo código de solicitud” ha recalcado. “Lo que ha decidido devolver el PP es el dinero ingresado en la caja del Ayuntamiento, que no es toda la ayuda concedida, en 3 de esas 10 actuaciones, que son el eje Ciclista este-oeste, la reforma de la Calle Sagasta, así como el tablero o el puente de la A13”.

Según el Portavoz del PSOE estos dos millones de ayuda que se devolverán son “la primera cifra del desastre en la gestión de fondos europeos del equipo de gobierno” es decir, “ya tenemos una primera aproximación del coste que va a tener para los logroñeses, el erre que erre, la obcecación, la soberbia, el coste de promesas electorales de una tarde de campaña, de momento serán 2 millones de euros”. Los socialistas recuerdan además que desde junio de 2023, cuando Escobar llegó a la Alcaldía, “había tiempo y no era tan difícil, ni tan complicado, ni había persecución, ni acoso, ni derribo, ni nada por el estilo. Pero el PP optó por destruir y revisar todo, a modo de burda revancha, hacia el alcalde anterior y su equipo del PSOE”. Y además, el PSOE de Logroño considera que “devover dos millones no puede ser nunca una buena solución, no puede ser nunca razonable, ni una decisión valiente”.

Asimismo, apuntan que con esta “devolución anticipada hay un daño reputacional evidente ante la Unión Europea y Logroño pierde una oportunidad de oro de mejorar avanzar. Y sobre la cantidad a devolver, ha explicado que ”los intereses de demora están definidos y regulados de manera muy clara, y hay que calcularlos por el tiempo transcurrido entre la fecha del cobro efectivo del dinero, y la fecha de la devolución, según Ley General de Subvenciones“, algo que según sus cálculos ”puede ser, dos años y medio, desde septiembre de 2022“. Sobre las sanciones, ”será el Ministerio y la Unión Europea, los que valoren el grado de cumplimiento de las actuaciones“. Y advierten de que además de estas subvenciones, ”vendrán otras como la de la calle San Antón de Logroño, lo que tendrá un efecto en el resultado de liquidación del Ayuntamiento“.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con los 22 “asesores científicos” seleccionados para incorporarse en cada uno de los ministerios. Su nombramiento forma parte del plan anunciado tras la creación de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC) y tiene como objetivo que “la voz de la ciencia” sea escuchada al máximo nivel en el Ejecutivo y se convierta en “un pilar más en la toma de decisiones públicas”. 

En la lista de asesores, que se ha hecho pública este martes, hay 12 mujeres y 10 hombres procedentes del mundo de la investigación, con una edad media de 47 años y con experiencia previa en asesoramiento de administraciones públicas. Sus perfiles han sido elegidos entre las 1.601 solicitudes recibidas por la ONAC y tienen una sólida trayectoria académica, habilidades para el asesoramiento científico y un perfil adecuado a las necesidades específicas de cada ministerio. 

Las candidaturas han sido valoradas por el Grupo de Trabajo para el Asesoramiento Científico al Gobierno (en el que participan instituciones como COSCE, CRUE, FACME, el Instituto de España y SOMMa) y por un centenar de expertos independientes. Los nuevos asesores tendrán dedicación completa y se incorporarán como funcionarios de nivel 30, incluidos en el grupo A1, el más alto de la administración. 

En términos profesionales, la mayoría son catedráticos de universidad (5) y profesores o científicos titulares de organismos públicos de investigación o equivalentes (8), aunque también hay asesores científicos en la Comisión Europea y otros organismos nacionales. Como ejemplo, Isabelle Claude Hupont Torres, oficial científica del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC), se incorpora como asesora al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y Andrés Cabrera León, profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), se incorpora como asesor científico en el Ministerio de Sanidad.

“Conectores honestos”

Según fuentes de la ONAC, no se trata de “sabios que susurrarán al oído del ministro”, sino de “conectores honestos” que conocen el sistema científico y pueden ayudar a reunir la evidencia disponible en las materias que se traten en el gabinete para que los políticos lo tengan en cuenta. El proceso será paulatino para facilitar un “aterrizaje suave”, según estas fuentes, que permita conectar dos mundos muy distintos como el de la política y la ciencia.

El objetivo, insisten desde la ONAC, es abonar el terreno para asentar una cultura de la política pública informada por la evidencia científica y ayudar, en su momento, a identificar las necesidades de actualización de leyes obsoletas o no actualizadas científicamente. Siguiendo el modelo establecido en otros países, se intentará generar un clima de confianza en el que los responsables de la administración “no tengan miedo a hacer preguntas tontas” al asesor científico y que este “no sea expulsado por los anticuerpos de la administración, sino que lo vean como un recurso útil”.

El objetivo, insisten desde la ONAC, es abonar el terreno para asentar una cultura de la política pública informada por la evidencia científica

El plan, que sigue el camino emprendido antes por países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón, y Nueva Zelanda, cuenta con un presupuesto anual de dos millones de euros y también prevé, a través de una convocatoria de la FECYT, la creación de equipos de investigadores visitantes en los ministerios que ayudarán a buscar soluciones a retos específicos en estancias de entre seis y ocho meses. Asimismo, se trabaja en la creación de una unidad de asesoramiento científico con sede en el CSIC, con diez profesionales que se encargarán de conectar las preguntas de las administraciones públicas con las respuestas de la comunidad académica.

Ataque anticiencia

Esta decisión llega en medio de una ofensiva de la derecha y la extrema derecha hacia la ciencia, a las pocas horas de que el ex ministro del PP Jaime Mayor Oreja haya defendido el creacionismo frente a la teoría de la evolución en el Senado. Pero, sobre todo, semanas después de que el PP pusiera en duda la información de los técnicos de AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) durante la DANA de Valencia que dejó 222 muertos, un ataque a los técnicos que se mueve en el sentido contrario al de este plan. 

Aunque la ONAC se creó con vocación de continuidad mediante Real Decreto, sus responsables reconocen que el proceso solo garantiza que el ministro se encuentre un informe con evidencias científicas encima de la mesa que su gabinete puede seguir o no, por lo que en gobiernos posteriores podría ser una mera figura decorativa o se podría revertir la existencia de la propia ONAC mediante la derogación de la medida.

Sara Aagesen ya es oficialmente vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. La hasta ahora secretaria de Estado de Energía toma el relevo de Teresa Ribera y se consolida como “una de las mayores expertas en transición energética” de España, según la ha definido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su intervención de esta mañana. “Creo en el trabajo desde la ciencia, creo en el conocimiento técnico y creo en el servicio público para los ciudadanos”, ha declarado Aagesen desde el ministerio que liderará a partir de este lunes.

La nueva ministra ha prometido su cargo en el Palacio de la Zarzuela, en un acto solemne que marca el inicio de una nueva etapa en el Gobierno, tras la marcha de Teresa Ribera a Bruselas. Ha acompañado su nombramiento, ya publicado en el Boletín Oficial del Estado, con un discurso en el que ha delineado las prioridades de su mandato: concienciar a la sociedad y a los actores económicos de los peligros a los que se enfrenta España ante la crisis climática y del valor de la ciencia, adaptar al territorio a la nueva realidad y mejorar los sistemas de protección como servicio público, y “seguir trabajando para dejar de alimentar” dicha emergencia climática.

Aagesen ha defendido la cara más optimista de la ecología y se ha ofrecido como el nuevo motor con el que impulsar un periodo de avances en la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Pretende, ha asegurado, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, alcanzar la neutralidad climática, y seguir apostando por la transición energética que, afirma, “está funcionando en este país”. “Debemos adaptar nuestra sociedad y nuestra economía a los impactos de la emergencia climática”, ha avisado.

“Un ministerio es mucho más que una declaración de intenciones”, ha expresado tras agradecer la confianza del presidente del Ejecutivo y el trabajo de su predecesora al mando de la cartera. “Es garantizar resultados ambientales, resultados sociales y resultados económicos”.

La nueva vicepresidenta ha enfatizado la urgencia de actuar frente a la crisis climática. “Quizás es momento de recordar que España somos dentro de Europa un país especialmente vulnerable”, ha advertido. “Hay que respetar a las entidades científicas porque nos protegen. Esa ciencia que sabe a lo que nos tenemos que enfrentar y cómo abordarlo. Debemos adaptarnos a esa nueva realidad protegiendo el ahora y también el futuro”.

La ministra también ha defendido la posición de liderazgo español en la transición ecológica, y ha descrito a la economía española como “referente” en la materia. “Somos el primer país europeo en superficie natural protegida: 18 millones de hectáreas terrestres y 13 millones de hectáreas marinas con figuras de protección. Atesoramos recursos tan únicos como ecosistemas emblemáticos, bosques, humedales, costas”, ha detallado. Las cifras, ha insistido, reflejan los avances conseguidos durante los últimos años: una reducción del 50% en emisiones contaminantes gracias al cierre de centrales de carbón, al auge de las energías renovables —fotovoltaica y eólica— y a un crecimiento del 1.000% en el autoconsumo energético. “Una transición que se ha hecho justa e inclusiva, no como leitmotiv solo, sino mucho más para no dejar a nadie atrás”.

“Es posible crecer, reforzar la justicia social, reducir las emisiones de gases y reindustrializar nuestro país”

“Con toda humildad, pero también con mucha convicción, creo que la agenda de transición energética es una agenda de oportunidad. Tenemos todas las piezas: el sol, el viento, las empresas, el talento. Tenemos una sociedad convencida, tenemos políticas, tenemos a los sindicatos, a la sociedad civil, a las ONGs. Tiene que ser un resultado de éxito”, ha insistido. “Es posible crecer, reforzar la justicia social, reducir las emisiones de gases y reindustrializar nuestro país”.

Aagesen fue nombrada secretaria de Estado de Energía en 2020. Ha acompañado a Teresa Ribera, hasta hoy máxima responsable del ministerio, durante buena parte de su trayectoria. Para ella solo ha dedicado halagos y palabras de agradecimiento. “Soy una privilegiada, una privilegiada por poder trabajar con todos vosotros y vosotras”, ha expresado ante el personal del Ministerio de Transición Ecológica para reivindicar los éxitos conseguidos durante el mandato de su predecesoira. 

“Tiene valía, liderazgo, coraje [...] Ha protagonizado la mayor transformación del país y ha conseguido hitos inalcanzables”, ha afirmado. “Mi querida Teresa, gracias. Gracias por la oportunidad que me diste hace ya mucho tiempo, gracias por haber podido trabajar contigo todos estos años. Nunca, nunca, nunca podré olvidar tu apoyo, tu confianza y lo que me has transmitido”.

“El Ministerio no amenaza es el Ayuntamiento de Logroño el que incumple”. Es la respuesta a las declaraciones vertidas ayer por los dos concejales, Celia Sanz y Francisco Iglesias en las que hablaban de amenazas y presiones por parte del Ministerio de Oscar Puente en relación a las subvenciones recibidas de Europa con las que se están ejecutando diversos proyectos en Logroño como el carril bici en Duquesa de la Victoria.

Así, fuentes ministeriales han asegurado a Rioja2 que el Ministerio “no amenaza es el Ayuntamiento de Logroño el que incumple”. En este sentido explican que “el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible advierte y se limita a aplicar las reglas establecidas en las Bases Reguladoras de estas subvenciones, y lo hace por igual a todos y cada uno de los 291 Ayuntamientos que han resultado beneficiarios de estas subvenciones. Dichas bases tienen carácter público. El Ministerio no amenaza es el Ayuntamiento de Logroño el que incumple. 

El Ministerio sólo interviene cuando hay riesgo de incumplir los compromisos

Del mismo modo recuerdan que las Bases Reguladores en su artículo 19 establecen de manera clara e inequívoca las obligaciones a las que se comprometen los beneficiarios de las ayudas. Y entre dichas oblaciones, recuerdan que se encuentra la de comunicar y solicitar autorización para modificar los proyectos subvencionados a través de sede electrónica. Es más, aclaran que “el Ministerio solo actúa en aquellos casos en los que algún beneficiario esté operando con riesgo de incumplir los compromisos adquiridos para el otorgamiento de la subvención, como es el caso de Logroño”. El Ministerio interviene en estos casos, dicen, con el ánimo de reconducir a tiempo conductas que pueden poner en riesgo la concesión de fondos por la UE, puesto que el interés de este Ministerio es maximizar la inversión de estos fondos, que posteriormente serán fiscalizados en último término por la Unión Europea.

Ayer viernes, los concejales lo dejaron bien claro. Las obras de Duquesa de la Victoria se finalizarán según el proyecto actual. Hasta ahora, sólo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible había alertado de la posibilidad de devolver los fondos europeos en caso de no cumplir los requisitos exigidos. Ayer el Consistorio logroñés también puso sobre la mesa esta opción. Y es que aseguraron que estudiarían la posibilidad de devolver dichas subvenciones. Por delante, menos de tres meses para finalizar todas las obras. Posteriormente, ha recordado el Ministerio, será la Unión Europea la que fiscalice la correcta inversión de dichos fondos.

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha garantizado este lunes que el Ministerio trabaja para configurar “una estrategia nacional en materia de menores y entornos digitales” que será “fundamental” para garantizar su protección, cuidado y futuro. Además pide “colaboración y corresponsabilidad” a las comunidades autónomas para defender y velar por los intereses de todos ellos.

Rubén Pérez, que comparecerá este martes en una Comisión en el Parlamento de La Rioja para explicar esta herramienta de estado que supondrá “un avance de país” y que viene apoyada por un comité de 50 expertos, ha aprovechado el lunes para visitar, con miembros del Patronato de Fundación Pioneros, el trabajo de la organización y a los jóvenes que participan en su Campamento Urbano. Además, durante toda la jornada mantendrá diferentes reuniones con otras entidades.

Como ha reconocido, para el Ministerio “el entorno digital y menores es un tema absolutamente trascendental. Es un debate de país, que ya trasciende las administraciones y que se debe tener en todos los ámbitos”. Por ello es importante ver el trabajo que realizan estas entidades, como es el caso de Pioneros, y conocer de primera mano “el esfuerzo ingente que realizan también en La Rioja en materia de protección de nuestros jóvenes, en mejorar su futuro y en proteger a la infancia”.

El secretario de Estado considera también “una realidad” que España “ha avanzado mucho en materia de juventud y de infancia, el propio hecho de la creación del Ministerio responde a un Gobierno comprometido con esto, pero también en una realidad que las administraciones públicas en toda su extensión -desde un Ayuntamiento hasta una comunidad autónoma hasta el propio Gobierno- tenemos que hacer muchísimo esfuerzo por consolidar la actividad que está haciendo el tercer sector y las entidades sociales”.

Un trabajo -ha indicado- “que requiere mucho compromiso por parte de la administración no solo con financiación sino también con la simplificación de los procesos administrativos, es decir, de la burocracia”.

También se ha referido a los menores que viven en los sistemas de protección, “sobre todo los menores migrantes no acompañados que viven en un acogimiento por parte de las administraciones pero que cuando cumplen 18 años necesitan programas de transición a la vida adulta o itinerarios para ayudarles en sectores laborales que demandan mano de obra y que demandan también que muchos jóvenes se incorporen”. “Es una reflexión que hacemos como Ministerio y que trasladamos al conjunto de las comunidades autónomas porque es importante la corresponsabilidad. Tenemos que avanzar para contar con una sociedad mucho más sana, mucho más justa, mucho más equitativa para nuestros menores”.

Como ha reconocido “es cierto que hemos detectado que los entornos digitales ahora interactúan de una manera positiva pero también hay riesgos y España tiene que configurarse como un país avanzado en el conjunto de Europa, así ya contamos con un anteproyecto de Ley, en proceso de exposición pública, que es uno de los más avanzados en legislación en esta materia”.

Así -indica- “vamos a intentar que este anteproyecto termine siendo una ley que, entre otras cosas, obligue a que todos los dispositivos por defecto a futuro vengan con el control parental para que todas las familias, todos los educadores tengan herramientas y mecanismos garantistas”.

También ha adelantado que vamos a configurar “una estrategia nacional en materia de menores y entornos digitales. Esto es un avance de país importante, una estrategia que nos corresponde configurar las administraciones públicas, pero que, entre otras cosas, viene ayudada por un comité de 50 expertos”.

Esto es -ha dicho- “lo que vamos a explicar en el Parlamento de La Rioja. 50 personas expertas que han hecho, o están ya terminando un diagnóstico, de cómo los entornos digitales actúan con nuestros jóvenes y con nuestros niños y niñas”.

“Creo que es una buena noticia que el Estado español tenga un tercer sector, como la Fundación Pioneros, como otras entidades que están haciendo un trabajo magnífico, y creo que es una buena noticia también que las administraciones trabajemos de manera coordinada en defender a nuestros menores”.

Finalmente ha pedido colaboración “a todas las ccaa, independientemente de su color político, porque hemos sido capaces de llegar a acuerdos voluntarios de traslado de menores migrantes, desde Canarias y desde dos ciudades autónomas que en apenas unos kilómetros cuadrados concentran muchísimos menores migrantes no acompañados”.

“Hemos sido capaces de consensuar un modelo en el año 23, hemos sido capaces de consensuarlo en el año 22, y creemos que en el año 24, independientemente de la casuística, del debate político, de la crispación que muchas veces vivimos, creemos que es posible llegar también a esos acuerdos”.

“Creemos que los menores migrantes tienen que estar fuera de la agenda política, es un derecho internacional y es un derecho humanitario que España suscribe, y que, por lo tanto, cuando hablamos de modelo de país, tenemos que hablar también de estos menores, es una responsabilidad colectiva como país, no es un problema solo de Canarias o de las comunidades que tienen frontera, es un problema que nos interpela como sociedad democrática”.

Desde este Ministerio “que vela por los intereses de los menores, creemos que la infancia migrante tiene derecho a ser protegida, tiene derecho a tener un itinerario de vida en nuestro país o donde elijan, y en eso interpelamos también a que las comunidades sean corresponsables con esta apuesta política del gobierno español”.

Por su parte, la diputada regional de IU, Henar Moreno, quien ha acompañado al secretario de Estado en su visita, ha calificado de “fundamental” la labor del Ministerio de Juventud e Infancia para analizar las circunstancias y garantizar los derechos de este sector.

“El programa de transición a la vida adulta es un punto clave y la administración no puede mirar hacia otro lado. Vamos a pedir al secretario de Estado que colabore también con el Parlamento de La Rioja y con el Gobierno de La Rioja en incorporar a esta comunidad un elemento fundamental que es un centro de día, también como punto intermedio entre la libertad vigilada y ese internamiento definitivo”.

Entre 50 y 80 científicos de diversas instituciones se incorporarán a diferentes administraciones del Estado a partir de octubre de este año como parte del plan para reducir la distancia entre las decisiones políticas y el conocimiento científico y bajo el paraguas de la recién creada Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC). El objetivo, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación oficial de la oficina en la sede central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es la puesta en marcha de un nuevo ecosistema de asesoramiento científico que se encargará de conectar al Ejecutivo con las universidades y centros de investigación. “Un canal de comunicación claro, estable e institucionalizado con el poder ejecutivo”, ha recalcado Sánchez. “Queremos que la voz de la ciencia sea escuchada de forma integral, incluso al máximo nivel del Gobierno”.

Entre las novedades, el Gobierno crea la figura del asesor científico ministerial, un experto de reconocido prestigio que se integrará en cada uno de los 22 gabinetes con el objetivo de que sus titulares cuenten con la visión científica, además de la legal y técnica, a la hora de tomar decisiones. Este experto, cuya plaza será convocada públicamente cuando cada una de las administraciones ponga encima de la mesa sus necesidades, no será un sabio que ofrezca todas las respuestas, explican fuentes de Moncloa, sino una persona que conozca el mundo de la ciencia y pueda orientar sobre las evidencias respaldadas por la investigación y establecer puentes con los expertos en cada materia. 

Estancias en los ministerios

El nuevo plan, que cuenta con un presupuesto anual de dos millones de euros, también prevé la creación de un equipo de investigadores visitantes en los ministerios que ayudarán a buscar soluciones a retos específicos en estancias de entre seis y ocho meses. Estas estancias serán compatibles con sus carreras científicas y la acreditaciones de la ANECA y pretende contribuir, según fuentes de la ONAC, a que las preguntas que se hacen los científicos estén más cerca de las preguntas que se hacen los ministerios y se avance en la investigación aplicada. 

Se trata de que las preguntas que se hacen los científicos estén más cerca de las preguntas que se hacen los ministerios y se avance en la investigación aplicada

El Ejecutivo también ha creado una unidad de asesoramiento científico con sede en el CSIC, que se encargará de conectar las preguntas de las administraciones públicas con las respuestas de la comunidad académica. Todo ello será coordinado por la ONAC desde La Moncloa, que se inserta en la Secretaría General de Políticas Públicas, Asuntos Europeos y Prospectiva Estratégica.  “El objetivo es que la próxima vez que haya una emergencia las administraciones tengan mecanismos para consultar con expertos y expertas de manera rápida y rigurosa”, ha dicho Sánchez.

Del dicho al hecho

Estas medidas son la materialización del anuncio que hizo el presidente del Gobierno el pasado mes de febrero, cuando reveló que, con esta oficina de asesoramiento científico, España pretendía seguir los pasos de países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón, y Nueva Zelanda. Desde la pandemia, el presidente ha manifestado en diferentes ocasiones el interés de consolidar el papel de la ciencia y la evidencia en la toma de decisiones gubernamentales, pero este es el primer paso concreto para avanzar hacia este objetivo.

A diferencia de otros modelos, ha matizado el nuevo director de la ONAC, Josep Lobera, se ha huido de la aproximación individualista en la que se nombra un científico muy reconocido para llevar la oficina, sino que se ha buscado una fórmula más orgánica que permita reducir la brecha entre el mundo académico y el administrativo mediante pequeños pasos en diversos niveles de la administración. Con la idea de que, como sucede en otros países, se vaya conformando un tejido de personas que desde el mundo científico estén al día de cómo convertir sus investigaciones en medidas concretas y de políticos que conozcan la forma de trabajar en el mundo de la investigación.  “No queremos crear algo solo para decir que lo tenemos, que es bastante típico en la política. Queremos que sea útil de verdad”, ha recalcado el presidente del Gobierno.

Para ello, este nuevo ecosistema tendrá un conjunto de canales institucionales y protocolos encargados de establecer cómo se recaba el asesoramiento científico, qué principios éticos y metodológicos deben seguirse, cómo se financia ese ejercicio, y qué uso dar a las recomendaciones generadas, y aspira a que los científicos accedan a bases de datos ministeriales para el diseño de políticas públicas basadas en la evidencia, como ya se hace en otros países.

“Hemos estado diseñando este proyecto durante casi dos años, le hemos dado muchas vueltas, hemos hablado con muchos expertos y lo hemos comparado con los sistemas de otros países”, ha comentado el presidente del Gobierno, que ha cerrado su intervención señalando que “una democracia que descansa en la ciencia es más eficaz, más robusta y más equitativa”.  

El estudio de viabilidad de ADIF sobre la estación intermodal en el polígono de La Pasiega señala que las empresas “no han manifestado su necesidad o interés en trasladar sus actividades a esta ubicación”, cuyo emplazamiento “no es idóneo” desde el punto de vista técnico, por lo que dispone de “una demanda reducida y numerosas incertidumbres”. Asimismo, subraya que “no se ha identificado ninguna entidad que quiera comprometerse en la promoción y gestión de la terminal o que esté interesada en su explotación”. En consecuencia, ADIF sugiere que Cantabria asuma el coste de la estación incluyéndolo en el PSIT del parque.

Así lo recoge el 'Estudio de demanda, viabilidad técnica, diseño funcional y plan de negocio para la posible implantación de una terminal ferroviaria en el PSIR Llano de La Pasiega', encargado por el Ministerio de Transportes a ADIF, a cuyo resumen ejecutivo, que data de julio de 2023, ha tenido acceso Europa Press.

Las conclusiones del documento recogen que el desarrollo de una terminal intermodal en el PSIR de Llano de la Pasiega es de “interés autonómico”, por el carácter regional del proyecto y la titularidad de los suelos, por lo que se considera debe ser impulsado desde el Ejecutivo autonómico.

Apunta que las diferentes empresas y operadores con actividad ferroviaria actualmente en las terminales de Muriedas y Torrelavega “no han manifestado su necesidad o interés en trasladar sus actividades a una nueva terminal en Llano de la Pasiega”.

Así, advierte que a corto o medio plazo dispone de “una demanda reducida y numerosas incertidumbres”, en caso de que ninguna entidad privada asentada en el futuro polígono generara un volumen suficiente de tráfico ferroviario para su sostenimiento.

También indica que la orografía de la parcela y su relación con la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) en su entorno hace que la terminal quede “encajonada” entre taludes de hasta nueve metros, dificultando así el drenaje de toda la infraestructura y provocando “sobrecostes” de construcción y mantenimiento, “no considerándose un emplazamiento idóneo”.

También indica que la orografía de la parcela y su relación con la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) en su entorno hace que la terminal quede "encajonada" entre taludes de hasta nueve metros

Además, el informe recoge que las inversiones estimadas a realizar alcanzan los 34,3 millones de euros y el proyecto presenta un “fuerte desequilibrio” entre el canon a percibir por el promotor y el canon que puede asumir el operador para sus respectivos flujos de caja.

Y añade que una de las medidas que se podría aplicar para viabilizar la construcción de esta terminal es que la inversión para su posible desarrollo se incluyese dentro del propio PSIR, considerándola un servicio más a las empresas que se implanten en este.

53.350 toneladas de tráficos de automoción

En concreto, el resumen ejecutivo detalla que los tráficos ferroviarios de la carretera en Cantabria en un escenario a 2050 podrán captar 493.532 toneladas y la terminal intermodal en Llano de la Pasiega podría manipular en 2050 un total de 16.990 UTI (tráfico captable intermodal) y 53.350 toneladas en tráficos de automoción, convirtiéndose en “un nicho potencial para la distribución de automóviles en el norte de España”.

En cuanto a la viabilidad técnica y funcional, la terminal intermodal se diseña para atender un tráfico de 10 trenes semanales por sentido en 2050. Se propone el desarrollo de la terminal en dos fases y las instalaciones se diseñarán para trenes de hasta 740 metros.

En este punto, se detectan varios condicionantes, entre ellos que la parcela de la terminal intermodal presenta desniveles de hasta 10 metros y el mantener las pendientes máximas necesarias generará taludes de hasta nueve metros, quedando la terminal “encajonada”, lo que puede redundar en “sobrecostes” fruto de la necesidad de ejecución de un drenaje para toda la terminal.

Finalmente, respecto a las fórmulas de promoción y gestión, el informe apunta que se han realizado consultas al sector mediante un test de mercado y, si bien se ha detectado una valoración positiva del proyecto de la terminal en el marco del PSIR, “no se ha identificado ninguna entidad que quiera comprometerse en la promoción y gestión de la terminal o que esté interesada en su explotación”.

No se ha identificado ninguna entidad que quiera comprometerse en la promoción y gestión de la terminal o que esté interesada en su explotación

Los resultados del informe de viabilidad del proyecto han salido a la luz después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (PSOE), condicionara el apoyo del Gobierno de España a la terminal ferroviaria intermodal del polígono del Llano de La Pasiega a que exista demanda y un gestor.

En su visita a Cantabria, Puente avanzaba las conclusiones de este estudio, que señalaban la necesidad de que “a corto y medio plazo” es necesario que “haya una empresa que genere tráfico suficiente, que genere demanda”.

El ministro indicaba que actualmente las terminales de Muriedas (Camargo) y Torrelavega están trabajando “por debajo de su capacidad” y ambas, a diferencia de La Pasiega, forman parte de la red estatal y de la red europea, por lo que apuntaba que una forma de hacer viable esta infraestructura sería integrarla dentro del proyecto.

Por su parte, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha subrayado la importancia “crucial” de la estación intermodal de La Pasiega, “estratégica” para tanto para el Puerto de Santander como para el desarrollo industrial de Cantabria porque es “la única solución que garantiza” la ampliación del Puerto.

Buruaga calificaba como “un jarro de agua fría” el “cambio de opinión” del Ministerio, dado hasta ahora “todo hacía pensar que estábamos ante un compromiso firme y un proyecto sin marcha atrás” y, sin embargo, “seguimos sin una respuesta contundente”.

El Ministerio de Transportes y Movilidad va a ceder a la capital de Cantabria los 6,4 kilómetros de la N-623 y la N-611 a su paso por Santander, que tendrán nueve glorietas nuevas y un carril-bici para “humanizar” su recorrido y reformar las vías mediante criterios de sostenibilidad. La cesión de este tramo se sumará al del paso de la N-611 por Santander. El Estado invertirá 12 millones de euros en obras para entregar estas carreteras ya reurbanizadas. La gestión posterior pasará a ser responsabilidad del Ayuntamiento de Santander.

Así se lo ha anunciado este lunes el ministro, Óscar Puente (PSOE), a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), en una entrevista que han mantenido en la Casa Consistorial. La regidora municipal le ha planteado la cesión de las vías, reurbanizadas, máxime cuando actualmente se encuentran en muy deficiente estado de mantenimiento, “con las ambulancias sorteando los baches para entrar en el Hospital Valdecilla”, ha ejemplificado Igual.

“Le hemos pedido que nos ceda estas carreteras, que nos las arregle y ya después nosotros las mantendremos”, ha explicado la alcaldesa, quien ha añadido que habrá una presentación pública del proyecto en la Delegación del Gobierno el próximo 3 de abril.

El ministro se ha mostrado receptivo con este y otros proyectos que atañen a Santander. Recibirá a la alcaldesa en Madrid para perfilar técnicamente los proyectos conjuntos. Ambos han hablado someramente del aeropuerto Seve-Ballesteros y del futuro nuevo edificio de oficinas de las estaciones de ferrocarril, próximo a su licitación.

“Le he dicho que el Gobierno de España ha de apoyar más al aeropuerto de Santander, donde los trayectos son escasos en destinos y de la reordenación ferroviaria”, ha explicado la alcaldesa. La reordenación ferroviaria continuará adelante con el proyecto ya previsto y visto en la comisión de seguimiento, dándose pasos como la construcción de las nuevas oficinas.

12 millones de euros

El Ministerio de Transportes tiene previsto invertir casi 12 millones de euros en transformar el entorno urbano de las carreteras nacionales N-611 y N-623 a su paso por Santander y mejorar la integración de ambas vías de acceso a la ciudad. Se actuará sobre 6,4 kilómetros (2,7 kilómetros en la N-611 y 3,7 kilómetros en la N-623), se construirán 5,3 kilómetros de carriles-bici, nueve glorietas y se ampliarán las aceras. Además, se mejorará la iluminación y se adecuará el sistema de semáforos a las nuevas tecnologías. El objetivo de todo ello es potenciar la movilidad activa y sostenible, la accesibilidad y la seguridad.

Los proyectos de trazado serán sometidos a información pública de forma “inminente”, lo que permitirá aprobarlo definitivamente en los próximos meses para licitarlo el año que viene e iniciar los trabajos de acondicionamiento y mejora de la accesibilidad.

El nuevo carril-bici se desplegará a lo largo de ambas carreteras (2,6 km en la N-623 y 2,7 km en la N-611) y se conectará con la red existente y prevista dentro del municipio. Una vez sea ejecutado, se cederán los tramos afectados al Ayuntamiento para su conservación y explotación, tal y como venía reivindicando esta administración municipal.

Puente ha destacado que con esta actuación se va a lograr “transformar lo que hoy es una vía muy dura” en una carretera “cien por cien urbana”, que va a permitir “mejoras claras” en la movilidad sostenible de Santander.

En este sentido, el ministro ha querido “ser justo” con esta ciudad en la que no están “dando pasos atrás” en materia de movilidad -como según ha dicho está sucediendo en otros municipios gobernados por el PP-. Así, ha valorado que en la capital cántabra se está llevando a cabo una política en la línea de lo que está haciendo Europa para contribuir a la mejora de la calidad del aire y del objetivo de descarbonización marcado.

Carlos Cuerpo es el sustituto de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido al hasta ahora secretario general del Tesoro para cubrir la marcha de la vicepresidenta primera a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El perfil del nuevo ministro es técnico y de la casa. Como Nadia Calviño, y como otros tantos cargos españoles en instituciones nacionales e internacionales (Luis de Guindos, Pedro Solbes, Jordi Sevilla...) se sacó la oposición del Cuerpo de Técnicos Economistas del Estado, en 2008. Es decir, es un “teco”, en la jerga de la Administración, que consiguió su primer trabajo público como analista económico en la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional en el Ministerio de Economía y Competitividad de Pedro Solbes, en plena crisis financiera.

Desde 2011, realizó tareas similares para la Comisión Europea, y en 2014 saltó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En esta institución, pasó de junior a ser director de la división de Análisis Económico, en solo 6 años, con José Luis Escrivá, actual ministro de Transformación Digital, como jefe.

En 2020 volvió al Ministerio de Economía como director general de Análisis Macroeconómico, ya en el equipo de Nadia Calviño y recomendado por Escrivá. En 2021 fue nombrado secretario general del Tesoro y Financiación Internacional.

Su carrera cumple el requisito de haber bregado en el ámbito europeo en asuntos cruciales como la emisión de deuda pública o el estudio de las políticas económicas. Al mismo tiempo, su leve carga política deja espacio para que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero ascienda a vicepresidenta primera.

Eso sí, Carlos Cuerpo se pondrá al frente de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el órgano en el que los ministros del ramo discuten las principales decisiones de la materia. Oficialmente, la conocida como CDGAE es “un órgano colegiado del Gobierno encargado de garantizar la plena coordinación y coherencia de las políticas de los distintos departamentos ministeriales con los criterios de la política económica”. Una comisón clave.

Pedro Sánchez ha descrito al nuevo ministro como “un europeísta convencido”, y ha anunciado que desaparece la vicepresidenta cuarta que ocupaba la propia María Jesús Montero. Yolanda Díaz continúa como vicepresidenta segunda y Teresa Ribera como vicepresidenta tercera.

Contexto económico

El nuevo ministro hereda una economía que está frenando su crecimiento tras completar la recuperación del shock de la COVID en 2022 y resistir mejor que los principales socios europeos el daño de la inflación desde 2021. El PIB cerrará 2023 con un avance cercano al 2,5%, “cuatro veces más que la media de la eurozona”, según destacó el propio Pedro Sánchez este miércoles, en su balance del año, tras el último Consejo de Ministros.

La evolución de la economía de nuestro país ha destacado en la reconstrucción de la pandemia por la inédita respuesta social (financiación de los ERTE, diseño del IMV, revalorización de las pensiones...), y por otras medidas que han favorecido cambios estructurales en el mercado de trabajo (donde se ha alcanzado un récord de 21 millones personas contratadas), en el mayor peso de sectores relacionados con la innovación y la tecnología y en el tirón de las exportaciones de servicios (y no solo turísticos).

Medidas y transformaciones que han protegido las rentas de las familias y los beneficios de las empresas. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma laboral o el despliegue del Plan de Recuperación son algunas de las más destacadas.

En 2024, se espera que el PIB crezca un 1,6%, según el Banco de España. Un ritmo inferior al que venía marcando desde 2021 pero que vuelve a destacar en la eurozona. Precisamente, la debilidad del sector exterior (con menos exportaciones y un turismo que ha tocado o está cerca de tocar techo) explica gran parte del frenazo. Mientras, el consumo de los hogares y la inversión de las empresas serán los principales motores.

El nuevo ministro tiene el doble reto de seguir protegiendo a ambos y de cumplir con las reglas fiscales que estrena la UE el próximo año y que obligarán a dejar el déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos) en el 3% y a reducir el endeudamiento, disparado por la pandemia y por la crisis financiera de hace una década. Pedro Sánchez le ha enseñado el camino con el decreto anti crisis que el Consejo de Ministros aprobó este miércoles, y que ha reducido su coste a 5.300 millones, desde los los 15.000 millones de 2023 y los 22.000 de 2022.

En el largo plazo, tendrá que reducir la desigualdad, afrontar la elevada tasa de paro estructural (seguirá por encima del 11% el año que viene pese al récord de afiliados a la Seguridad Social) y atender a las inversiones necesarias para la transición verde y digital. Para esto último, serán cruciales las decisiones que se tomen en la UE en un contexto de incremento de los costes de financiación, en el que vuelve el corsé fiscal y de graves tensiones geopolíticas, con la invasión rusa de Ucrania y la masacre de Palestina como principales focos de preocupación.

Nadia Calviño, la tecnócrata que salvó la crisis

La nueva presidenta del BEI, Nadia Calviño, empezó su carrera a mediados de los 90 en el mismo Ministerio de Economía. En 2006, consiguió su primer trabajo en la Comisión Europea, y en 2014 llegó a directora general de Presupuestos del Ejecutivo comunitario, con el conservador Jean-Claude Juncker como presidente.

En ese cargó permaneció hasta que fue reclamada por Pedro Sánchez en 2018, cuando el PSOE formó su primer Gobierno, tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. En ese cargo europeo se labró la fama de ostentar una gran proyección en la UE, según sus defensores. Mientras que más a la izquierda la acusaban de tener una visión cómplice de la ortodoxia de Alemania.

Lo cierto es que Nadia Calviño nunca ha rechinado entre los líderes conservadores, europeos o nacionales, y tampoco entre los empresarios ni banqueros, más preocupados por otros cargos del Gobierno de coalición.

El BEI es un organismo desconocido para el gran público, pero apoya proyectos estratégicos para el club comunitario y vehiculará una buena parte de los préstamos del Plan de Recuperación. Desde verano, la propia Calviño destacó su importancia y aseguró que sólo una candidatura con su nombre podía prosperar. Para lograrlo, ha necesitado la confianza de una mayoría de los países de la UE.

Se ha formado un Gobierno de coalición y tras un largo fin de semana de deliberaciones, hay ministros y ministras: 22 ministerios. 17 para el PSOE y 5 para Sumar. Cambios relevantes y pesos pesados que continúan en el puesto.

Hablamos con el periodista de elDiario.es que sigue al PSOE, José Enrique Monrosi, con la redactora jefa de género de elDiario.es, Ana Requena, y con el periodista de elDiario.es que sigue la actualidad de Sumar, Alberto Ortiz.

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