El Consejo de Gobierno aprobó este miércoles el proyecto de la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) sin someterlo previamente al dictamen del Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Ejecutivo andaluz en materia socioeconómica. La norma se ha tramitado por la vía de urgencia, contando solo con los informes del gabinete jurídico y del Consejo Consultivo de Andalucía, según confirman fuentes de la Consejería de Universidad consultadas por este periódico.

El motivo que alega la Junta para no haber consultado al CES es que, según la normativa, en la tramitación urgente de una ley solo es preceptivo recabar el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. En cuanto a la urgencia, la Consejería explica que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) da un plazo de tres años a las universidades para adaptar sus estatutos a la nueva ley estatal, que vence en 2026. Para evitar que tengan que acometer dos reformas estatutarias en un corto plazo de tiempo, la Junta defiende la necesidad de aprobar la LUPA antes de esa fecha.

No obstante, sindicatos como CCOO –integrante de la Comisión Permanente del CES– han denunciado que una ley con “alto contenido socioeconómico” como la LUPA –que, entre otros aspectos, regula el modelo de financiación del sistema público universitario– se haya tramitado por vía urgente, sin pasar por el órgano consultivo y de participación social del Gobierno andaluz en materia socioeconómica.

Los informes del Consejo Económico y Social, sin ser vinculantes, tienen un peso político y técnico relevante, ya que reflejan el consenso entre los distintos sectores sociales. Desde la Consejería, en cambio, defienden que la ausencia del dictamen del CES no resta participación al proceso, pues el texto ha sido acordado con las universidades y consultado con sindicatos, estudiantes y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), antes de ser aprobado en el Consejo de Gobierno.

Cabe recordar que el CES andaluz emitió hace tres años informes críticos sobre la aprobación de universidades privadas, como la Utamed, a la que puso bastantes pegas tras detectar ciertas “debilidades” e “insuficiencias” en su proyecto. Por eso, voces críticas como la del portavoz de Universidades del PSOE, Antonio Ruiz Sánchez, han calificado de “inaceptable” que la LUPA se apruebe sorteando la opinión del Consejo Económico y Social andaluz.

“Sospechamos que el Gobierno de Juanma Moreno ha querido evitar un posible mal trago con el dictamen del CES”, apunta el portavoz socialista, recordando que los informes que el órgano consultivo emitió sobre las universidades privadas aprobadas en los últimos años “fueron especialmente puntillosos y afeaban la rebaja de los requisitos de calidad exigidos”.

Más críticas a la nueva ley de universidades

Frente a la crítica de CCOO-A por “falta de transparencia” al haber obviado al CES, el departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos insiste en que el proceso ha sido público y sometido a Transparencia. De acuerdo con la Consejería de Universidad, la nueva ley universitaria andaluza “consolida el modelo de financiación” del sistema público universitario, “estabiliza la carrera académica”, reconoce “la necesidad de fomentar el acceso a la vivienda del alumnado”, impulsa “una mayor transparencia” de las instituciones académicas, “mejora la gobernanza” y “endurece las condiciones para la creación de universidades privadas”.

Desde CCOO-A, sin embargo, se advierte de que el proyecto de la LUPA contiene elementos “regresivos” que pueden “perjudicar” a la universidad pública “en beneficio de la privada”. Entre otras cuestiones que ya denunció el sindicato con más de cuarenta enmiendas al anteproyecto de ley, CCOO critica que la nueva norma “no garantiza la solvencia y el sostenimiento económico del sistema público”, mientras “contempla la posibilidad de financiar parcialmente con fondos públicos a las universidades privadas”.

Al respecto, apuntan que la normativa no recoge “ningún compromiso que asegure la aplicación del 1% del PIB, contemplado en la LOSU, ni ninguna otra medida económica de salvaguarda que garantice la suficiencia financiera del sistema y el desarrollo del mapa de titulaciones”. También alerta de que la futura inclusión de becas para universidades privadas que contempla la LUPA podría convertirse en una “subvención indirecta”, beneficiando a los estudiantes “más pudientes” y fomentando “el elitismo social”.

A todo ello, se suma el hecho de que se haya dejado fuera “el sentir social representado en el Consejo Económico y Social”, compuesto por sindicatos (CCOO y UGT), organizaciones empresariales y expertos reconocidos en ámbitos económico, social y laboral. “Una ley que debe contar con el mayor consenso social posible, se sustituye por el rodillo parlamentario”, afean desde el sindicato.

El Consejo Económico y Social (CES) pide a la Junta de Castilla y León en su informe correspondiente que se incluya el derecho al aborto en la Ley de Infancia y Adolescencia, que está dando sus ultimos pasos antes de que lo apruebe el Consejo de Gobierno y pase al parlamento autonómico, en el que el PP ya no tiene la mayoría.

Esta institución independiente considera que el Ejecutivo autonómico debería incluir en la nueva norma algunos derechos como “el derecho a decidir sobre la maternidad para mayores de 16 años” —como establece la Ley estatal de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo— y el derecho a la orientación sexual y a la identidad de género —como establece la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia—.

La Ley autonómica de Infancia y Adolescencia pretende, a través de sus 228 artículos, garantizar la atención integral de los menores al establecer derechos y obligaciones de los mismos y unos mecanismos de protección para los menores, especialmente en los casos de violencia, permitiéndoles incluso denunciarla de forma anónima.

Piden adaptar las obligaciones a su edad y madurez

El CES destaca la necesidad de adaptar los deberes de los menores a su edad y madurez. La norma obliga a los menores a estudiar durante su etapa de enseñanza obligatoria, a mantener un comportamiento cívico, a respetar la dignidad, intimidad e integridad de las personas con las que se relacionen y tienen la obligación de informar a las autoridades si conocen cualquier actuación que lesione sus derechos en entornos físicos y digitales. “Exigir que reporten situaciones de riesgo que pueden ser poco realista sin la educación previa correspondiente, lo que requiere programas educativos específicos para cada etapa”, establece la institución.

El Consejo asesor cree necesario que se implementen más medidas para reforzar la protección de menores de edad en el ámbito digital, “especialmente ante los riesgos derivados de la inteligencia artificial y el 'grooming'”. La norma tmbién es “genérica” respecto a la participación de la intervención técnica de los servicios dependientes de los Ayuntamientos, por lo que el CES pide que se establezcan “funciones concretas”.

Prohibiciones

La Ley sí prohíbe a los menores acceder a espectáculos violentos, pornográficos, denigrantes, de maltrato animal, casinos o similares, en los espacios que solo vendan alcohol o se prevea la producción de daños físicos de los participantes, así como de espectáculos o festejos en los que los menores puedan sufrir algún tipo de peligro. Estas prohibiciones se mantienen a pesar de que los progenitores o tutores permitan a los menores acudir a estos actos. “A nuestro juicio, salvaguarda la protección integral de menores de edad en el ejercicio de ciertas actividades o el consumo de productos y servicios”, señala el CES. La Ley también establece unas normas sobre programación infantil en las radios y televisiones de la que el Ejecutivo sea titular. En el horario de protección infantil no se podrá emitir contenido que “perjudique seriamente” su desarrollo físico, mental o moral como contenidos pornográficos, violentos y sexistas “que fomenten la intolerancia y degraden la imagen de la infancia y adolescencia”.

El CES también propone que las administraciones sanitarias promuevan procedimientos sanitarios específicos para los menores que tengan problemas de salud mental derivados del uso de las nuevas tecnologías y que se establezcan procedimientos específicos para tratar las adicciones en los centros de salud mental infanto-juveniles y en las Unidades específicas.

Violencia hacia el menor

El Anteproyecto de Ley ha centrado también el foco en la prevención de la violencia sobre los menores. Da un papel activo a los profesionales del sistema educativo, que deberá coordinarse con las Administraciones para detectar situaciones de absentismo, abandono temprano, problemas de integración, convivencia y necesidades y desajustes familiares. Sin embargo, el Consejo Económico y Social destaca la importancia de dotar a estos equipos de una formación adecuada para que actúen eficazmente y de unos recursos, protocolos y figuras específicas —como el Coordinador de Bienestar, que se creó en 2021— para priorizar la prevención.

La nueva norma también pretende fomentar los programas de orientación para el empeo en los menores con necesidades educativas especiales, para que su formación les permita la inclusión social, desarrollo personal y acceso a un puesto de trabajo lo más normalizado posible. El CES considera necesario que el objetivo final sea la adecuada formación o la disponibilidad de empleo temprano para la exclusión social o la desprotección, y no centrarse en la inserción laboral de manera tan explícita.

Además, la norma incluye unos derechos de los menores que estén en acogida familiar ajustados a la Ley de 1996 a pesar de que está previsto actualizarla. El CES cree que no es “apropiada” esta redacción y apuesta por una remisión a la Legislación estatal para evitar futuros “desajustes”.

El CES también alerta de que se puede incurrir en “posibles reiteraciones” con la legislación actual y pide “ajustar lo máximo posible” la redacción de algunos puntos “para mayor claridad y consistencia”, especialmente en lo relativo a las apuestas, al consumo de productos o a la entrada de menores en determinados establecimientos.

Sanciones de hasta 500.000 euros

La nueva norma establece infracciones leves que se pueden resolver con una amonestación o una multa de hasta 3.000 euros: no facilitar la atención que requieran los menores, la lesión de los derechos de los menores y cualquier otra irregularidad siempre que no sean una infracción grave o muy grave.

Entre las infracciones graves (3.000,1-20.000 euros) hay situaciones como no informar a las autoridades de la posible situación de riesgo o desamparo de un menor, incumplir las resoluciones administrativas en la materia, no respetar el deber de confidencialidad de los menores, no solicitar plaza escolar en los ámbitos obligatorios, hacerse cargo de un menor ajeno con intención de adoptarle sin que lo proponga la Administración autonómica, que los adoptantes no cumplan con sus obligaciones, utilizar a menores o permitir su participación en actividades o espectáculos prohibidos o su entrada en estaclecimientos prohibidos como casas de apuestas y la venta o alquiler de vídeos o videojuegos que tengan contenido pornográfico, de apología de la delincuencia, de exaltación de la violencia o discriminación.

Las infracciones muy graves (20.000,1-500.000 euros) están previstas si una persona ha sido sancionada por dos infracciones graves en tres años, si los responsables de la asistencia, cuidado, enseñanza o protección del menor no comunican una situación de violencia, si engaña en la mediación para el acogimiento o adopción de menores, si se hace cargo de un menor engañosamente y sin la intervención de la Administración autonómica y si se comete alguna infracción leve y grave si suponen un peligro para la integridad físicao o psíquica de los menores.

El Anteproyecto de Ley recoge la guarda provisional del menor en casos desamparo que requieran una atención inmediata, con una actuación similar a las de la Comunidad de Madrid, Euskadi y Navarra. Las diligencias se deberán efectuar en un plazo de tres meses desde que se haya dictado la resolución de guarda provisional. También busca la protección de los menores extranjeros no acompañados, cuya familia se buscará para que se restablezca la convivencia familiar “siempre que se estime que corresponde a su interés superior” y no suponga un riesgo para su seguridad.

La presidenta del Consejo Económico y Social de Cantabria (CES), Carmen Sánchez Morán, ha reprochado que el Gobierno de Buruaga no haya solicitado el preceptivo dictamen al organismo que preside sobre el anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana, “lo cual resulta ciertamente sorprendente teniendo en cuenta que dependemos de la Dirección General de Participación Ciudadana”, ha apostillado.

En este sentido, ha recordado que el artículo 6 de la ley que regula el CES “dice expresamente que se tiene que pasar a este organismo para dictamen o informe todos los anteproyectos de ley que tengan un contenido económico, social o laboral”. “El contenido social de esta ley es innegable”, ha insistido.

El Consejo de Gobierno aprobó este documento en diciembre de 2024 y ahora está en tramitación parlamentaria donde, como es habitual, los grupos parlamentarios han solicitado comparencias de expertos para analizar el borrador del texto legal.

El representante de Grupo Parlamentario Popular en la Comisión, el diputado Cándido Cobo, se ha mostrado “lógicamente sorprendido” -ha dicho- de que no se le haya “participado o consultado sobre la existencia de esta normativa”. “Si que entiendo que ustedes tienen sobrados conocimientos de la norma a través de cualquier tipo de proceso de participación en la fase de exposición”, ha justificado.

Sánchez Morán ha comenzado su intervención en la ronda de comparecencias de la Comisión Parlamentaria que tramita la futura Ley subrayando que considera que el Consejo “es el cauce preferente a través del cual puede llegar a los gobernantes la participación ciudadana, dado que estamos conformados por un amplio espectro de entidades de nuestra sociedad”.

En el turno de diez minutos para analizar la ley ante los diputados cántabros en la Comisión de Presidencia, la responsable del CES ha explicado que al no haber podido emitir un informe escrito “porque no se ha solicitado, poco puedo decir de lo que opinan el resto de miembros que componen nuestro Consejo”.

La presidenta ha explicado que nada más recibir la convocatoria para participar en la sesión parlamentaria ha convocado un Pleno “pero no hemos tenido la oportunidad de estudiar en profundidad la Ley”. Además, ha denunciado que carecen “constantemente” de los medios materiales y humanos para poder desarrollar su función, “que no es solamente informar todos los anteproyectos de ley que tengan relación con la economía y el desarrollo de la sociedad, sino que según la ley tenemos la oportunidad de estudiar y emitir informe”. Asímismo ha recordado que también pueden solicitar al Gobierno y al Parlamento cualquier necesidad de la sociedad cántabra, “de manera que a través de nuestra petición se pueda desarrollar un proyecto de Ley”.

Sánchez Morán ha reiterado que el CES carece de los medios para realizar la función de emitir informes a iniciativa propia. “Entre otras cosas porque se nos solicita constantemente informar anteproyectos” -ha explicado- “esta misma tarde tenemos un pleno para informar sobre otro anteproyecto de Ley, la Ley de Transporte Marítimo”.

Informe favorable con recomendaciones

En relación al proyecto ha subrayado que “debe alentarse y fomentarse” la participación ciudadana en la gestión pública y que, por ello, el Consejo Económico y Social considera importante “que llegue a buen puerto y alcance la categoría de ley”. “Aun sin haberlo podido estudiar en profundidad”, ha remachado.

No obstante, considera que plantea algunas carencias. Una la propia denominación del proyecto: participación ciudadana y gobierno abierto de Cantabria. “Este proyecto a pesar de su denominación ni define el concepto de gobierno abierto ni lo desarrolla fuera de una escueta mención en su artículo 3”, ha cuestionado. Sánchez Morán ha añadido que si el Gobierno de Cantabria quiere ser abierto “debe demostrarlo y ello no se consigue solamente con una norma enunciativa”.

Además, el CES recomienda reducir la edad mínima de participación ciudadana a los 16 años y mayor precisión en el artículo 14 sobre los procesos de participación deliberativa que tal y como está planteado “parece desprenderse que no se permite participación a la ciudadanía”, que la voluntad de la convocatoria recae exclusivamente en la administración. “Quien puede mostrarse renuente y poco proclive a dar uso a esta herramienta”, ha concluido. A pesar de no haber dispuesto de tiempo, el CES ha dado el visto bueno al anteproyecto con estas matizaciones que ha comunicado en la Comisión.

Un paso más en la tramitación de la ley para reducir la jornada laboral a las 37 horas y media. Este miércoles, el Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado casi por unanimidad su dictamen sobre el anteproyecto de ley del Gobierno, con un texto crítico que deja ver la división del órgano consultivo, pero que no se ha saldado con un rechazo a la norma, una posibilidad que estuvo sobre la mesa. Por ello, el Ministerio de Trabajo ha celebrado el dictamen, que considera un “respaldo” y que “impulsa” la medida para el gran reto: la tramitación parlamentaria.

El texto aprobado por el CES, con solo dos votos en contra de los sindicatos ELA y CIG, reconoce “la importancia de que se produzcan avances en la reducción de la jornada laboral”, aunque no llega a consensos en varias cuestiones centrales. Por ejemplo, si la reducción de la jornada laboral debe hacerse por ley o a través de la negociación colectiva.

La falta de acuerdo del dictamen es bastante lógica, ya que el organismo lo conforman patronales, sindicatos y colectivos del llamado 'tercer sector' (donde tienen bastante peso de nuevo organizaciones patronales, agraria y pesquera), y el diálogo social no logró incorporar a los empresarios a un acuerdo sobre la reducción de jornada.

Por ello, que el CES no haya rechazado completamente el anteproyecto y haya logrado un texto de mínimos consensuando sus diferencias, y reconociendo la reducción de la jornada como un “avance”, se ha recibido como una buena noticia en el Ministerio de Trabajo. El departamento de Yolanda Díaz considera incluso que es un “respaldo” que “permitirá impulsar la aprobación” de la medida.

A por la segunda vuelta en el Consejo de Ministros

El Ministerio se enfoca ahora en acelerar los trabajos para superar el siguiente trámite: la segunda vuelta en el Consejo de Ministros, que mandará el texto legal al Congreso de los Diputados. Esta sí, la prueba de fuego para que la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media sea una realidad.

El departamento de Yolanda Díaz ha explicado que “tomará en consideración las aportaciones independientes del CES” y agradecen a sus miembros su labor. “Han contribuido a enriquecer una norma que, tras su paso por las cámaras parlamentarias, mejorará decisivamente los derechos laborales de nuestro país”, sostienen.

En concreto, Trabajo estudia hacer algunos ajustes, pero básicamente técnicos, al texto legal antes de que pase en segunda vuelta por el Consejo de Ministros. Por ejemplo, algún retoque para que el derecho a la desconexión digital no se entienda de manera restrictiva o menciones al respeto a la legislación de Protección de Datos.

Sobre la recomendación del CES de una mayor flexibilidad en la entrada en vigor de la norma, en Trabajo no se pretenden mover de la fecha máxima del 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, sí estudian conceder este mismo plazo de adaptación a las empresas aunque no estén cubiertas por convenios colectivos, como se concede a las que sí los tienen.

Aunque no hay una fecha aún para la segunda vuelta de la ley en el Consejo de Ministros, todo parece indicar que se producirá en el mes de marzo, ya que el Ministerio de Trabajo ha presionado mucho para la tramitación urgente de la legislación y el dictamen del CES era el informe pendiente más relevante antes de dar este paso.

No obstante, dado el contenido crítico del dictamen del CES y las tensiones internas en el Gobierno por varias cuestiones, como la tributación del salario mínimo, habrá que ver si no resurgen de nuevo algunas diferencias en el Ejecutivo antes de mandar al Parlamento la ley para reducir la jornada laboral.

División en el primer examen al anteproyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada laboral a las 37 horas y media a la semana. El Consejo Económico y Social (CES), formado por organizaciones patronales, sindicales y del tercer sector, ha elaborado su informe sobre la norma, obligado pero no vinculante, con un resultado ambivalente. Reconoce su “importancia”, pero no logra consensos en varias cuestiones clave de la regulación, reflejo de las tensiones y diferencias que genera la norma entre empresarios y sindicatos. 

El informe del CES, presidido por el catedrático Antón Costas, se votará este miércoles, aunque el texto ya ha trascendido a los medios de comunicación. La institución destaca “la importancia” social y económica de que se avance en la reducción de la jornada laboral, así como del conjunto de la norma, que reforma también el control horario y amplía el derecho a la desconexión digital.

Sin embargo, no logra ponerse de acuerdo sobre varios elementos clave. Por ejemplo, si la reducción de la jornada laboral debe hacerse por ley o a través de la negociación colectiva, sobre si el derecho a la desconexión digital debe ser irrenunciable, como recoge la norma, o sobre el endurecimiento del registro de jornada, entre otras.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayó este lunes por la noche que “la noticia” era que el CES no había rechazado la legislación, como habían publicado varios medios, y que reconoce que es un avance para el país, indicó en una entrevista en Hora 25, de la Ser.

Reflejo del desacuerdo en el diálogo social

Según fuentes del CES consultadas, la negociación del informe ha sido complicada, con la posibilidad de que saliera un informe desfavorable del órgano consultivo, que no ha sido así finalmente. Las partes han acabado pactado un texto de mínimos, expresando sus diferencias y su incapacidad para ponerse de acuerdo en múltiples cuestiones, pero que no rechaza la regulación.

La falta de consenso en el CES es en realidad lógica, ya que la legislación no logró el acuerdo en el diálogo social con los empresarios, que tienen un importante peso en el órgano consultivo. No solo a través de las organizaciones patronales miembro, sino también en los asientos del denominado tercer sector, donde participan por ejemplo patronales agrarias (ASAJA) y pesqueras, contrarias a la legislación.

La institución también cuenta con expertos del Gobierno nombrados por distintos ministerios, como Economía y Trabajo, que como ha trascendido también han tenido –y mantienen– algunas diferencias sobre la legislación. 

Todo este contexto se deja notar en un informe contrario a la tramitación urgente de la norma en el Consejo de Ministros, por ejemplo, que supone menos tiempo al CES para evaluar el texto, pero que el Ministerio de Trabajo exigió para que la ley saliera adelante este año, como se pactó en el acuerdo de gobierno. Yolanda Díaz sostuvo este lunes que el CES pidió una ampliación del plazo para el estudio de la norma y finalmente tuvo el “tiempo ordinario” para valorarlo, indicó.

El informe resultante también es muy crítico con la memoria de análisis económico que acompaña a la norma, que considera “insuficientemente fundamentado e incompleto”, una crítica en la que insistió mucho la patronal en la negociación del diálogo social y que saldrá adelante en este dictamen.

Pide más “flexibilidad” en su aplicación 

El texto del CES considera además que “resulta aconsejable dotar al Anteproyecto de un marco más flexible” en su entrada en vigor “que permita un cumplimiento efectivo de la norma”. “Esto será especialmente necesario en relación con algunos sectores y actividades, entre las que cabe mencionar solo a modo de ejemplo las agrarias y las pesqueras”, indica el texto.

Esa mayor “flexibilidad” para la entrada en vigor es una de las principales demandas de los empresarios, pero que también comparte el Ministerio de Economía, como ha expresado en varias ocasiones el ministro Carlos Cuerpo, para “ayudar a las empresas” a adaptarse a la reducción de la jornada laboral.

Fuentes del CES consultadas subrayan que la parte sindical ha cedido en la petición de “flexibilidad” con la mirada en “el cumplimiento efectivo de la norma”. Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT exigieron al Gobierno que sacara adelante el texto pactado con Trabajo, que recoge una aplicación de la jornada laboral de 37 horas y media como tarde el 31 de diciembre de 2025, pero han reconocido en varias ocasiones que en la tramitación parlamentaria puede haber cierto margen para la aplicación de la medida. La intención, insisten, es que la reducción de la jornada sea aprobada y que sea una realidad en el Estatuto de los Trabajadores.

Por otro lado, fuentes del CES explican que los miembros favorables a la regulación han logrado que esa “valoración positiva general” de la reducción de la jornada laboral como un avance, que se desprende del informa, así como que salga adelante la “plena legalidad” de la reducción de la jornada por ley, al incluir el antecedente de la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la reducción a las 40 horas a la semana en 1993. Hay que recordar que las patronales CEOE y Cepyme, que se prevé que firmen este texto, han defendido que la ley es inconstitucional en sus alegaciones a la norma.

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León ha llamado en su informe anual de 2023 a “recuperar” el clima de diálogo social perdido en los últimos años en la Comunidad y a retomar acuerdos como el Servicio de Relaciones Laborales (Serla).

El presidente de este organismo, Enrique Cabero, ha presentado este viernes junto a los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE el informe correspondiente al año anterior, donde se destaca la “recuperación” vivida en la Comunidad tras la crisis de la covid reflejada en los informes anteriores de 2020, 2021 y 2022.

Por este motivo, el marco económico en el que se engloba este informe, que incluye 444 recomendaciones, es de “transformación y recuperación de la economía”. “Se ha conseguido dejar atrás y recuperar lo perdido con la pandemia”, ha expresado en rueda de prensa el presidente del CES.

Así, el contexto económico y social recogido en este informe es “favorable”, con un crecimiento del PIB por encima de lo esperado, lo que no ha impedido al CES realizar algunas recomendaciones, ligadas, especialmente, a problemas actuales como la despoblación, la vivienda, la digitalización o la participación ciudadana.

De este modo, en materia de vivienda, el CES ha animado en su informe a “actualizar” las políticas de vivienda en la Comunidad y a articular nuevas medidas; mientras que en lo relativo a los servicios sociales, ha llamado a la “mejora” asistencial, tanto en el ámbito hospitalario como en Atención Primaria.

Finalmente, sobre el Diálogo Social, el presidente del CES ha subrayado que, aunque este “ciertamente, no se ha perdido”, sí que el informe observa un deterioro del mismo: “Hay en una serie de materias en las que no ha habido acuerdo y donde hay que recuperar el ambiente”, ha insistido Cabero.

Finalmente, preguntado por el grado de cumplimiento de las recomendaciones que emite el CES en sus informes anuales, Cabero ha reconocido que no existe un apartado de evaluación de las mismas ya que “no hacen alusión a medidas concretas”, pero sí que ha explicado que los debates que plantea la institución son “tenidos en cuenta” y se acaban incorporando al día a día político en la Comunidad.

Informes específicos: uno sobre inmigración

Además de presentar el informe anual de 2023, el presidente del CES ha avanzado que la institución que preside trabaja en otros informes específicos que verán la luz en los próximos meses y se incorporarán al informe anual del año que viene, como uno en concreto sobre el fenómeno de la inmigración.

Preguntado por si el CES ha encargado este informe ante el surgimiento de corrientes políticas que critican la llegada de inmigrantes y si esto es una preocupación para su organismo, Cabero ha negado tal extremo y ha indicado que el informe se centrará únicamente en “datos objetivos” y al margen de consideraciones o debates políticos.

No obstante, sí que ha indicado que la inmigración es un fenómeno “muy importante” para Castilla y León e “imprescindible” para su funcionamiento.

“La inmigración es una realidad y lo va a seguir siendo”, ha resumido Cabero, que ha avanzado que el informe sobre esta materia estudiará esta realidad con “datos concretos”.

Finamente, sobre los otros informes paralelos que elabora el CES, uno de ellos abordará el estudio de los fondos de recuperación europeos y de qué manera se están utilizando para transformar el tejido económico de la Comunidad y el último abordará el fenómeno del trabajo transfronterizo entre Castilla y León y Portugal.

El Consejo Económico y Social (CES) lamenta que las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE) siguen “dificultando políticas anticíclicas”. O lo que es lo mismo, siguen dificultando políticas que alivien las consecuencias de las crisis, como las tomadas por el Gobierno de coalición (de protección de las rentas de las familias y las empresas a costa de disparar el déficit presupuestario y el endeudamiento) desde que el anterior corsé fiscal fue suspendido como respuesta al histórico shock de la pandemia. Unas medidas muy distintas a la austeridad que siguió a la gran crisis financiera.

El órgano consultivo del Gobierno en materia de socioeconómica y laboral advierte en un informe publicado este miércoles de que las reglas fiscales acordadas a finales de 2023 por los socios europeos (aquí se explican las claves) y aprobadas por el Parlamento Europeo en febrero continúan siendo procíclicas.

Es decir, agravarán las consecuencias de las recesiones, como ocurrió tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, pese a que el nuevo marco “supone un avance respecto al marco de supervisión fiscal hasta ahora vigente porque lo simplifica bastante, se focaliza en el medio plazo, favorece la implicación de los Estados al tener en cuenta las características de cada país y permite conciliar mejor la sostenibilidad fiscal y el crecimiento al dar más margen fiscal a los países más endeudados para que realicen inversiones y reformas”.

“Sin embargo, no resuelve del todo los principales problemas de los que adolecía el sistema anterior: la complejidad, la prociclicidad y la desprotección de la inversión”, continúa el informe del CES, que preside Antón Costas.

“El momento para realizar esta reflexión es propicio, puesto que del 6 al 9 de junio de 2024 se celebrarán elecciones al Parlamento Europeo de las que surgirá una nueva Comisión con un nuevo programa de trabajo que planteará y reforzará iniciativas cruciales para la propia integración europea”, incide el CES.

“El acuerdo era necesario”

“El acuerdo de la UE alcanzado bajo Presidencia española era necesario, tras cuatro años con las reglas suspendidas, para trasladar a los mercados un mensaje de unidad, estabilidad y solvencia en un contexto geopolítico dominado por la incertidumbre”, añade el informe del Consejo Económico y Social.

Ahora, el organismo resalta que es importante lograr un equilibrio entre la necesaria estabilidad macrofinanciera de la eurozona y la de acometer las inversiones que requiere la economía europea para afrontar el desafío climático y la transformación tecnológica, para reforzar su competitividad y la creación de empleo, así como para aumentar los niveles de cohesión social y territorial.

“Sigue siendo un sistema de reglas complejo”

“Algunas de las variables que utiliza [el nuevo marco] no son directamente observables o incluye conceptos indeterminados. Por ello el CES considera necesario que se adopten metodologías comunes, transparentes y consensuadas, que las estimaciones sean independientes, solventes, compartidas y plenamente replicables, y que se refuerce la transparencia de las estadísticas económicas y la contabilidad pública”, insiste.

“Aunque hay mejoras, el nuevo marco continúa dificultando la política fiscal anticíclica de los Estados miembros”. El nuevo sistema introduce más flexibilidad para acometer los procesos de consolidación fiscal y mantiene la exclusión del gasto cíclico en desempleo de la regla de gasto; en general, permite que los “ajustes” sean menos severos y más extendidos en el tiempo, dejando mayor margen fiscal a los Estados que el sistema anterior.

Además, introduce las “cláusulas de escape nacional” permitiendo a un Estado miembro desviarse temporalmente de su senda de ajuste. “Sin embargo, las salvaguardas imponen reducciones mínimas anuales de déficit y deuda que reducen esa flexibilidad individual y el principal objetivo sigue siendo propiciar procesos de consolidación fiscal nacionales hasta situar la deuda pública en el 60% del PIB, lo que resulta poco realista”, apunta el informe.

El CES considera que la creación de una capacidad presupuestaria a escala de la eurozona permitiría suavizar tanto los shocks macroeconómicos asimétricos como las perturbaciones graves que afecten al conjunto. La inexistencia de este tipo de mecanismo presupuestario de estabilización sigue siendo una de las principales debilidades de la gobernanza económica de la Unión Europea.

De hecho, el propio Antón Costas ha reconocido, en la presentación del informe a la prensa, que el despliegue de los programas SURE o del Next Generation EU (el Plan de Recuperación) desde 2020, financiados con deuda conjunta de la UE, fueron un punto de inflexión que debería servir de faro para los próximos años.

“Incentivos a la inversión insuficientes”

“Y, por último, [en las nuevas reglas fiscales] se introducen incentivos a la inversión, pero insuficientes dada la necesidad de afrontar las transiciones en marcha”, prosigue. El nuevo marco de gobernanza incorpora algunos elementos que tratan de proteger a la inversión pública en los periodos de “consolidación fiscal [de recorte del gasto público, en jerga económica]”. Se admiten sendas de ajuste fiscal más extendidas en el tiempo a condición de acometer reformas e inversiones siempre que tengan efectos positivos sobre el crecimiento potencial y la sostenibilidad fiscal.

“Y la mayor flexibilidad supone un acicate para desarrollar evaluaciones sistemáticas y con metodologías compartidas de las políticas públicas, un terreno en el que existe un amplio margen de mejora a todos los niveles. Pero no queda claro cómo se van a evaluar y a priorizar las inversiones para aprobar los programas de consolidación fiscal y, en su caso, su extensión temporal; en particular, las inversiones y reformas dirigidas a aumentar el capital intangible europeo”, comenta el CES.

“Nuevamente, es necesario que la Comisión apruebe una metodología consensuada y transparente de evaluación de inversiones y reformas estratégicas, incluida la inversión social, que ponga el foco en el impacto de las medidas sobre el crecimiento potencial, la resiliencia socioeconómica y la sostenibilidad de la deuda pública a largo plazo”, recalca.

“En todo caso, el problema fundamental del nuevo marco de supervisión fiscal es que deja a los Estados más endeudados un margen fiscal muy estrecho para financiar la inversión transformadora. Por lo que el CES considera aconsejable que, además, se creen mecanismos europeos permanentes de apoyo presupuestario y financiero a la inversión de los Estados, si se quiere evitar que en el seno de la UE aumenten las divergencias internas en el ritmo de transformación en los ámbitos ecológico y digital”, mantiene.

Deuda conjunta y unión bancaria

“Avanzar en una mayor integración presupuestaria exigiría un incremento sustancial de los ingresos que maneja la UE, lo que pasa por reforzar su sistema de recursos propios y también por considerar la emisión de deuda pública conjunta”, introduce el informe del CES.

“En definitiva, la movilización de financiación mutualizada para escalar la inversión en bienes públicos europeos con el fin de reforzar la competitividad de la UE y preservar el modelo social europeo, aunque es una necesidad, no parece tener visos de solución con los mimbres actuales. Se trata sin duda del gran reto al que tendrá que hacer frente el nuevo ejecutivo comunitario que salga de las urnas tras las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en junio de 2024”, observa.

Otros retos comunitarios a los que apunta el organismo son “el necesario equilibrio del nuevo marco con la política monetaria” y completar la Unión Bancaria, “lo que permitiría evitar situaciones de inestabilidad financiera, al tiempo que contribuir a la resiliencia y la sostenibilidad económicas de la UE”.

Por último, dado el limitado espacio fiscal existente en la Unión Europea, “es necesario profundizar en la integración financiera avanzando en la Unión del Mercado de Capitales, para lograr unos mercados financieros y de capitales más diversificados, profundos y competitivos que permitan movilizar el capital privado y contar con los recursos financieros necesarios para impulsar la innovación y respaldar las inversiones en el marco del Next Generation EU abordando las transiciones verde y digital”.

Desde esta semana hay nuevas personas al frente de la Fundación Orquesta de Extremadura y del Consejo Económico y Social tras los nombramientos que ha aprobado la Junta de Extremadura.

Hae Won Oh Kim será la nueva directora gerente de la Fundación Orquesta de Extremadura (OEx). La fagotista y directora del Festival Internacional de Música de Extremadura (FIME) sustituye a Esteban Morales quien, desde septiembre de 2015, ha desempeñado este cargo. Con 32 años, será la gerente más joven de la Orquesta de Extremadura.

La nueva gerente empezó su formación como fagotista a los 7 años en el Conservatorio Profesional Juan Vázquez de Badajoz y continuó sus estudios en el Conservatorio de Música Rodolfo Halffter de Móstoles, con el profesor Vicent Alario. En 2016 fue becada para continuar sus estudios de fagot en la Universidad de Música de Syracuse de Nueva York.

Desde los 15 años, Hae Won Oh trabaja con las mejores orquestas españolas y europeas, como la Orquesta de París, la Orquesta RTVE y la Orquesta de Extremadura. Además, ha actuado en grandes salas como en la Filarmónica de Berlín, el Centre Pompidou de París, el Teatro Colón de Montevideo y la Ópera Nacional de Eslovenia.

Su vinculación con la Orquesta de Extremadura, con la que colabora asiduamente, se remonta a 2010. Además, ha trabajado como profesora de conservatorio y como jurado de concursos como el International de Musique du Centre y en Paris Music Competition.

Como gestora cultural, se ha formado en Gestión de Proyectos y Estructuras Artísticas y Culturales la Universidad de Haute-Alsace de Mulhouse (Francia).

En 2022 creó el Festival Internacional de Música de Extremadura (FIME), en el que participan músicos de la Filarmónica de Berlín, la Orquesta de París, London Symphony Orchestra y la Orquesta Nacional de Francia.

CES

Por otro lado, la Junta también ha aprobado el nombramiento de Francisco Rubio Sánchez como presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Extremadura.

Según recoge la reseña del Consejo, el CES se configura como un órgano consultivo del Gobierno regional en las materias de orden económico y social que sean competencia de la comunidad autónoma.

Respecto al mismo, se ha dispuesto también el cese y el nombramiento de dos representantes sindicales. A propuesta de UGT, se procede al cese de Ricardo Salaya Monsell como integrante del Consejo Económico y Social de Extremadura y al nombramiento en su lugar de María José Ladera Baena; mientras que por parte de CCOO, cesa Beatriz Blanco Macarro y se nombra a Encarna Chacón Belmonte.

El Consejo Económico y Social de Castilla y León ha salido a desmentir una información publicada por el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de la Comunidad en la que se acusaba a patronal y sindicatos de cobrar “126.000 euros en gastos de telefonía, luz, gas y comunidad de propietarios” a través de la entidad. En un comunicado, el partido de extrema derecha aseguraba que “el Diálogo Social no debe servir como herramienta para financiar privilegios a sindicatos y patronal”.

Además, apuntaban que, tras recibir la documentación solicitada al CES, “se ha detectado un importe total de 126.000 euros en gastos de telefonía, luz, gas y comunidad de propietarios” que algunos sindicatos y la patronal CEOE “pretenden que sean financiados” por el organismo.

En su comunicado, Vox apuntaba a CCOO (92.541 euros destinados a pagar telefonía e internet), a la patronal CEOE (10.995 euros en luz y 5.696 para telefonía) y a la organización agraria UCCL (4.826 euros en luz y gas, 3.194 en telefonía y otros 8.692 en comunidad de vecinos) como destinatarios de los 126.000 euros a fines que no estaban recogidos dentro de las funciones del CES, ya que, en vez de estar destinados a los programas específicos, se han utilizado para otros gastos corrientes.

Ante esta acusación, desde el CES han trasladado que “el importe al que ascienden las facturas relativas a esos consumos es de solo 5.754 euros y que ninguna de ellas ha sido remitida por organizaciones sindicales”.

Entre las explicaciones dadas por la entidad, se ha recordado a Vox que las subvenciones realizadas por el CES forman se hacen en concepto de compensación de una parte de los gastos de funcionamiento generados a las ocho organizaciones integrantes de esta institución propia de la Comunidad. Esta situación, han defendido “se ajusta plenamente a lo previsto en el ordenamiento jurídico y a las reglas de transparencia”, a lo que se suman los “exhaustivos datos contables aportados por las organizaciones en sus solicitudes y justificaciones”.

Asimismo, el CES ha matizado al partido de derecha radical que según la ley que regula el funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León, “la condición de miembro del Consejo no dará derecho a retribución económica”.

Lo único que sí se contempla en ese reglamento, como han explicado, es la compensación de una parte de los gastos de funcionamiento generados a las ocho organizaciones integrantes del CES en Castila y León, “en función del número de miembros de los que disponen en su pleno” y con el objetivo de que no suponga “un coste para quienes lo realizan”, mediante la incorporación de una partida, inalterada desde 2013, con una cuantía anual máxima de 328.050 euros, “de la que en 2022 se ejecutaron 327.393,03 euros,” como matizan.

Desde el CES también han asegurado que Vox puede comprobar los datos de gastos realizados en la documentación que fue solicitada por el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, de Vox, el 12 de junio y que fue respondida el 10 de este mes

Entre los documentos remitidos, han explicado, se encuentra una “completa información sobre la tramitación de las subvenciones, que se ajustan plenamente a lo previsto en el ordenamiento jurídico y a las reglas de transparencia, como también lo hacen los exhaustivos datos contables aportados por las organizaciones en sus solicitudes y justificaciones”.

Es por eso que desde el CES han concluido asegurando que lo relatado por Vox en su nota de prensa “no se ajusta” a las cuantías efectivamente subvencionadas.

CCOO acusa a Vox de mentir y calumniar nuevamente sobre los sindicatos 

CCOO ha trasladado en un comunidad que el Grupo Parlamentario de Vox, con la connivencia del Presidente de las Cortes de Castilla y León, “haya manipulado la información sobre la normativa relativa a la organización y funcionamiento del CES”. El sindicato considera que se trata de una utilización torticera de una información y una documentación con fines exclusivamente electorales.

“A falta de poco más de un día para que finalice la campaña electoral y, ante el temor de perder todos sus diputados en Castilla y León, Vox ha decidido, a la desesperada, volver a disparar contra los sindicatos y la patronal con mentiras y manipulaciones para intentar salvar el descalabro”, han defendido desde la central sindical

Desde CCOO se exige a Vox “la inmediata rectificación de la interpretación de una información con la que pretende compensar la calamitosa gestión realizada en este año y medio de legislatura en Castilla y León y que teme le pase factura en las urnas el próximo domingo 23”.

 “Es execrable”, concluyen, “que para remontar unos previsibles resultados nefastos en Castilla y León en las elecciones generales, Vox utilice a los sindicatos y la patronal con un afán destructivo y desacreditándolos ante la opinión pública desde la mentira, la manipulación y una maniobra totalmente desproporcionada”. 

El Consejo Económico y Social de Castilla y León ha instado a retomar la senda del Diálogo Social, y al normal desenvolvimiento de instrumentos como el servicio de mediación laboral (SERLA) para persistir en la senda de crecimiento pulsada en 2022, según el informe presentado este miércoles.

“Hay que retomar el Diálogo Social que instauró en 2008 el Estatuto de Autonomía de Castilla y León para el progreso económico y cohesión social, con el cumplimiento de todos sus acuerdos y la extensión de los mismos”, ha explicado el presidente del CES, el catedrático Enrique Cabero (Universidad de Salamanca).

Sociedad resiliente

Castilla y León “tiene la suerte de contar con organizaciones sociales, económicas, empresariales y sindicales muy generosas, solidarias y que articulan una sociedad muy resistente”, ha apuntado como conclusión general del Informe 2022 sobre la situación económica de la comunidad, con 1.530 páginas de 581 recomendaciones.

La fortaleza de la sociedad, que después de años de pandemia afronta ahora una inflación derivada de la guerra en Ucrania, es la característica principal de este informe, el primero después de la crisis sanitaria de la covid-19: “El tejido social, a través de organizaciones fuertes, ha respondido muy bien”, ha precisado.

“Pero ahora hay que cuidarlo y para eso es necesario el Diálogo Social, lo demanda la sociedad al igual que la consolidación del SERLA como un gran instrumento para facilitar el funcionamiento de las empresas, la tutela de los derechos de los empleados y la reducción de costes en la resolución de conflictos”, ha añadido.

Mejora económica

Después de años de pandemia, a lo largo de 2022 la economía y el empleo de Castilla y León “han funcionado razonablemente bien porque la sociedad es mucho más fuerte de lo que a veces pensamos”, por eso al final de este periodo de crisis los resultados “han sido mejores de lo que esperábamos”.

“No hemos entrado en recesión y durante este 2023 seguimos creciendo, aunque moderadamente, y el empleo también”, ha añadido el presidente del CES antes de achacar esta situación, en buena medida, a la entrada en vigor de la reforma laboral en 2022, el año objeto de este informe que ha sido aprobado por unanimidad.

Margen de mejora en igualdad y empleo joven

No obstante, entre las 581 recomendaciones figura la necesidad de seguir avanzando en igualdad, empleo juvenil, equilibrio entre territorios y más atención a otras colectividades“, ha glosado.

Por sectores, el análisis más relevante se ha centrado en el sector agrario, con especial atención al episodio de sequía prolongada y a la urgencia de medidas para paliar sus efectos, una crisis sin precedentes de la que también se ha hecho eco la organización profesional agraria Asaja, partícipe en el informe, y que ha agradecido la inclusión de sus recomendaciones en el mismo.

Agricultura y ganadería: vital para el PIB

El sector agrario “es fundamental para el PIB y la vertebración del territorio de Castilla y León”, de ahí la extrema necesidad de medidas contra la sequía y de invertir “en nuevas infraestructuras en regadío no para gastar más agua sino para rentabilizar su uso”, ha puntualizado.

Entre las “oportunidades postpandemia” que hay que aprovechar, en palabras de Cabero, ha mencionado el sector de las energías renovables, en especial el hidrógeno verde “que debe repercutir de manera directa en el territorio”.

En el caso de la industria, el informe constata que Castilla y León “es una comunidad autónoma más industrial de lo que somos conscientes”, por lo que “hay que aprovechar sus oportunidades”, al igual que en el sector servicios, desde la digitalización y la inteligencia artificial.

Situación estratégica

El turismo, el transporte y la logística deben rentabilizar la situación geográfica estratégica de Castilla y León, principalmente desde el Arco Atlántico, mientras que en materia de servicios sociales “hay que hacer un esfuerzo de modernización con el concurso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), ha proseguido.

Del sistema sanitario, según el diagnóstico, “tenemos que aprender de lo que ha ocurrido con la pandemia”, principalmente a través del refuerzo de la Atención Primaria.

Por último, entre otras recomendaciones, el CES ha destacado la necesidad de “resolver definitivamente” la vertebración del territorio para no perder más población, y fortalecer la formación académica y universitaria, más orientada al empleo, para que los jóvenes “vean a Castilla y León como un lugar idóneo para tranajar, vivir y no sólo para estudiar”.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha pedido a la Junta de Castilla y León que cumpla con los acuerdos del Diálogo Social en la Comunidad, especialmente con el mantenimiento del Servicio de Relaciones Laborales (Serla), al que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo pretende disminuir sus fondos.

Para UGT y CC.OO, esta petición del organismo europeo se trata de un nuevo “tirón de orejas” al Gobierno autonómico, que “se empeña en ir contracorriente del Tribunal Supremo, la OIT, el CES y ahora, también, del CES Europeo”, han expresado ambos sindicatos este martes en un comunicado.

De esta manera, al requerimiento que este lunes ha presentado el Gobierno de España a la Junta de Castilla y León, se suma el llamamiento que el CES europeo realiza para que resuelva la situación y “frene la deriva de las políticas públicas así como el desmantelamiento de los mecanismos de participación y Diálogo Social en Castilla y León”.

Una delegación de representantes sindicales y empresariales de Castilla y León acudió al CES europeo en noviembre de 2022 para trasladarle “la deriva de las políticas públicas de participación y Diálogo Social en la comunidad autónoma desde que se constituyó el actual gobierno en abril de 2022”.

Los Presidentes de los Grupos de Trabajadores y Empleadores del CES europeo reconocieron entonces que el Diálogo Social juega un papel fundamental en el modelo social europeo fomentando la competitividad, la equidad, la prosperidad económica y el bienestar social.

También manifestaron “su consternación al conocer el deterioro del Diálogo Social en una autonomía que precisamente era un referente por ser un modelo de éxito para el resto de territorios”.

El CESE es un órgano consultivo de la UE compuesto por representantes de las organizaciones de trabajadores y empresarios y otros grupos de interés.

También emite dictámenes sobre cuestiones de la UE para la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo y actúa como puente entre las instituciones de la Unión con capacidad decisoria y los ciudadanos europeos.

Desde UGT y CC.OO han recordado que los miembros del CES europeo representan al abanico de organizaciones de la sociedad civil de toda Europa, incluidas las empresas, los sindicatos y otros intereses y son designados por los gobiernos nacionales y nombrados por el Consejo de la UE por un período renovable de cinco años.EFE

El último informe del Observatorio de Emancipación Juvenil informa que nueve de cada diez jóvenes de Castilla y León sigue viviendo en casa de sus padres.  Además, la Comunidad era en el año 2021 la tercera con más personas jóvenes que habían emigrado a otros puntos de España para completar sus estudios superiores, sobre todo a Madrid. 

Los datos, presentados este martes en rueda de prensa en el Consejo Económico y Social, analizan la situación de las personas jóvenes de Castilla y León en el segundo semestre de 2021. Los más jóvenes continúan inmersos en una precariedad y fragilidad laboral que repercute en sus expectativas vitales. Según recoge el informe, tan solo el 14,7% de los castellanos y leoneses había abandonado el hogar de origen a finales de 2021. 

Un joven asalariado no podría acceder a una vivienda sin superar el umbral de sobreendeudamiento, teniendo que destinar el 53,8% de su salario para el pago de alquiler y un 33% para la cuota hipotecaria, sin contar otro tipo de costes como el de suministros básicos asociados al uso de la vivienda, al que se destina una media del 10,4% de los ingresos.

De la misma manera, contar con un empleo estable era algo poco probable. Casi la mitad de la población joven, se encontraba en su empresa actual desde hacía menos de un año. Y, solo dos de cada 10 jóvenes tenían una continuidad laboral de más de tres años. Casi todos los contratos que han firmado estos jóvenes eran temporales. Por su parte, la tasa de actividad de los jóvenes con estudios superiores fue del 73,2%. La tasa de paró disminuyó hasta el 21,1%.

El Observatorio de Emancipación Juvenil monitoriza los resultados sobre la juventud y ofrece una perspectiva cuantitativa y descriptiva sobre la situación de la juventud en materia de empleo, educación y vivienda.

Hace justo un mes, Juan Marín fue nombrado presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, organismo dependiente de la Junta de la que fue vicepresidente con Ciudadanos durante la pasada legislatura. El pasado viernes firmó su primer dictamen al frente del CES, preceptivo pero no vinculante, sobre el Anteproyecto de Ley de Reconocimiento de la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), una de las que más adelantada tiene su tramitación, no sin obstáculos, y que, precisamente, estuvo ligada a su antiguo compañero en Ciudadanos y en el Consejo de Gobierno, Javier Imbroda, fallecido el pasado mes de abril. De hecho, la que podría ser la primera universidad privada virtual de Andalucía se instalará en principio en la sede de la ex empresa del que fuera consejero de Educación. Ahora, tras los parabienes definitivos en febrero por parte de la Junta en febrero, vicepresidida por el propio Marín, el CES observa ciertas “debilidades” e “insuficiencias” en el proyecto, al que hace numerosas observaciones a corregir antes de que sea llevada para su reconocimiento definitivo por parte del Parlamento de Andalucía.

El dictamen firmado por Marín tras la reunión del Pleno del CES examina el texto normativo aprobado por el Consejo de Gobierno en relación con la UTAMED. Es de recordar que ocho universidades privadas aspiran a implantarse en Andalucía, siete de las cuales fueron presentadas a partir de 2019 tras el cambio de Gobierno en la Junta con la entrada de PP y Ciudadanos. Los únicos precedentes conocidos son a Universidad Loyola, creada en 2011, y un intento frustrado de la Fernando III en 2007, cuyo anteproyecto también ha analizado el CES en su Pleno del pasado viernes. También es de recordar, en el aspecto puramente politico, que Marín se dió de baja en Ciudadanos a petición del partido tras aceptar el cargo de presidente del CES en el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno.

Cabe recordar también que la UTAMED estuvo promovida por el Grupo Vocento y por el Instituto de Formación Profesional Medac, una institución vinculada a Imbroda hasta poco antes de su llegada a la Junta en enero de 2019. Imbroda esgrimió en varias ocasiones que en 2018, “sin saber si sería diputado o consejero”, se desvinculó de Medac, que en agosto de 2021 fue adquirida por el fondo de inversiones norteamericano Kohlberg Kravis Roberts (KKR) por 200 millones de euros. La referencia oficial del Consejo de Gobierno del pasado febrero, cuado se aprobó el anteproyeto de ley, apuntó que la impulsora del proyecto es Sapere Aude Arco Mediterráneo SL, sin hacer mención alguna a Medac. UTAMED sí resaltó en cambio en un comunicado que la universidad “está promovida por Grupo Medac, líder en estudios de Formación Profesional en España, en el que actualmente cursan estudios más de 100.000 alumnos”.

¿Marco normativo de 2015?

Las referencias temporales no son cosa menor en la tramitación de este anteproyecto de ley. De hecho, el CES pone de manifiesto “una proyección material muy importante” en relación la fecha de solicitud de la UTAMED para ser reconocida. La exposición de motivos del anteproyecto señala expresamente que “teniendo en cuenta la fecha de presentación de la solicitud para el reconocimiento de la universidad privada, que se formuló el 13 de mayo de 2019, resulta de aplicación el régimen jurídico existente en el momento temporal de dicha solicitud”. “No se trata de una cuestión meramente formal”, advierte el organismo presidido por Marín, ya que “los requisitos básicos para la creación y reconocimiento de universidades (tanto públicas como privadas) contenidos en los artículos 6 a 10 del RD 420/2015, de 29 de mayo, no son coincidentes con los previstos en los artículos 3 a 13 del RD 640/2021, de 27 de julio”. Se da “la circunstancia de que, mientras que en el supuesto a que se refiere el anteproyecto dictaminado sí se cumplen las exigencias de la norma reglamentaria, no sucedería lo mismo si el marco normativo de aplicación fuera el RD 640/2021, de 27 de julio”.

El anteproyecto de ley enjuiciado, en su artículo 3 y en el anexo, recoge una oferta académica que se concreta en seis grados, siete másteres y un doctorado, lo que, si bien se ajusta a las previsiones del RD 420/2015, de 29 de mayo, no responde a las exigencias del RD 640/2021, de 27 de julio. “Tal circunstancia debería ser, al menos, considerada en el momento de la concesión de la autorización para el inicio de actividades” puesto que las universidades “deben garantizar que disponen de los medios humanos y materiales necesarios para prestar ese servicio público de educación superior con la calidad y excelencia propias del mismo”.

“Resulta cuando menos contradictorio que se tramite la norma con arreglo a una normativa que, con independencia de su admisibilidad en términos jurídicos, diseña unos requisitos para la creación y reconocimiento de universidades menos exigentes que los de la norma en vigor. La vertiente investigadora, tan esencial e ínsita en la labor universitaria, está mucho menos presente en el RD 420/2015, de 29 de mayo, y también en el anteproyecto de ley en examen. Es importante ser rigurosos y exigentes en el cumplimiento de los requisitos de creación y reconocimiento de universidades pues, de lo contrario, el dumping competencial en lo que a la expedición de títulos universitarios concierne, se produciría no solo entre universidades públicas y privadas, sino entre las propias universidades de titularidad privada”, apunta el dictamen del CES.

Informes desfavorables

El CES también recuerda, por otra parte, que órgano andaluz encargado de “garantizar y promover la calidad del sistema universitario andaluz mediante la evaluación, acreditación y seguimiento de agentes e instituciones”, la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA), dictó informe desfavorable al igual que hicieron previamente la Conferencia General de Política Universitaria (en marzo de 2021) y del Consejo Andaluz de Universidades (diciembre de 2021). La DEVA pueso de manifiesto, recuerda el CES, que la propuesta es de interés académico y técnico, pertinente, oportuna y justificada, que puede aportar valor añadido al sistema universitario andaluz, pero, en línea con lo que venimos manteniendo en este dictamen, adolece de importantes insuficiencias en aspectos clave como son la propia personalidad jurídica del promotor“.

En ese sentido indica que Sapere Aude Arco Mediterráneo S.L es una sociedad unipersonal, donde el 100% de su capital social pertenece al Grupo PEF1 Mediterráneo Activo Holding, S.L., “por lo que el apoyo societario a la iniciativa de la creación de la nueva universidad lo constituye un grupo cuya principal actividad es el área financiera y de capital riesgo”. Entre esas “insuficiencias” también cita “los estudios de doctorado, el propio diseño de los planes de estudios, la cualificación y plantilla, los criterios de acceso y admisión de estudiantes, la estrategia investigadora, la plantilla docente, el plan de incorporación de nuevo profesorado, el personal de apoyo o lo relativo a becas y formación, aspecto en el que hay que reseñar que solo el 1% de la estimación de ingresos brutos se destina a financiar el sistema de becas”. CCOO Andalucía, en ese sentido, advertía este fin de semana que la creación de universidades privadas en Andalucía “obedece a intereses económicos”.

En todo caso, el CES dice que la entidad promotora, tras los citados tres informes desfavorables, realizó alegaciones y aportó nueva documentación que hicieron que la Junta considerara que el proyecto “cumple con la normativa de aplicación”. Sn embargo, concluye el CES, “deberían atenderse algunas cuestiones (calificadas como 'menores' por el informe, pero de una sustancialidad incuestionable), en aras a una mejora del proyecto global”.

“Un servicio público de la máxima calidad”

En atención a esas observaciones, y a otras concretas al articulado del anteproyecto, el CES de Andalucía “considera que, si bien, con carácter general, el incremento de la oferta educativa e investigadora contribuye a ampliar y enriquecer el sistema universitario andaluz, ello solo acontece si dicha oferta responde y respeta escrupulosamente los principios de calidad que el propio artículo 59 de la LAU establece”. En ese aspecto señala que el mencionado precepto indica que “las universidades andaluzas potenciarán la calidad de la docencia y de la investigación en todas las ramas del saber: técnico, científico, de la salud, social y jurídico, artístico y humanístico; la transferencia del conocimiento a la sociedad, y la tecnología como expresión de la actividad universitaria. Estos principios constituyen una función esencial de la Universidad, que deriva de su papel clave en la generación de conocimiento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, decisivo en todo proceso científico”.

Por todo ello, el CES de Andalucía considera que si dictamen incluye “una serie de exigencias mínimas ligadas a la garantía de la prestación de un servicio público de la máxima calidad, en atención a la naturaleza de aquél y más allá de cuál sea el desarrollo reglamentario de la ley estatal en cada momento concreto”. Desde esta perspectiva, la UTAMED, “a la luz de los diversos informes emitidos por los órganos competentes y de la propia valoración de la solicitud de reconocimiento de la DEVA ”presenta debilidades materiales que deben ser solventadas con carácter previo a su reconocimiento y, en todo caso, antes de obtener la correspondiente autorización para el inicio de sus actividades“. A tales efectos, ”el CES de Andalucía solicita y considera necesario que el correspondiente decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que autorice el inicio de actividades de la universidad (ex artículo 10 LAU) sea sometido a su dictamen“.

El CES deja claro, en cualquier caso, que “el incremento de la oferta educativa e investigadora por parte de las universidades privadas puede contribuir a ampliar las oportunidades y extensión del sistema universitario andaluz y a mejorar sus prestaciones”, y que “la creación de un centro universitario privado, además de contribuir a la prestación del servicio público de enseñanza superior, es motor de actividad económica y empleo en el ámbito territorial de Andalucía”. “Tiene efectos positivos para nuestra Comunidad desde el punto de vista económico y social: creación de empleo; generación de más investigación y oportunidades de transferencia de conocimiento e innovación; mayor capacidad de atracción y retención del talento, y mejora del bienestar de todos”, añade.

Como conclusión, el Consejo Económico y Social de Andalucía “considera que corresponde al Consejo de Gobierno atender las observaciones presentadas en este Dictamen, así como, en la medida que lo considere razonable, incorporarlas al Proyecto de Ley de Reconocimiento de la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo”.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apelado a la unidad en la actuación de las instituciones, la patronal, los sindicatos, los partidos políticos, las empresas y, en definitiva, de la sociedad en su conjunto para abordar el actual contexto socioeconómico que ha calificado como “uno de los más difíciles de nuestra historia”.

El jefe del Ejecutivo regional ha realizado estas declaraciones este martes en la Asamblea de Extremadura donde ha participado en la presentación de la Memoria Anual del Consejo Económico y Social de Extremadura (CES) sobre la situación socio-económica de Extremadura 2021, un acto al que también ha asistido el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González.

Durante su intervención, Vara ha considerado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la de las pensiones respecto al IPC son elementos fundamentales para combatir el riesgo de pobreza.

Asimismo, el responsable del Gobierno autonómico ha calificado esta memoria como un “magnífico” trabajo que nos sirve “para trabajar con una foto bastante aproximada de lo que somos y de lo que queremos mejorar”.

El presidente también ha valorado como aspectos positivos del momento actual en nuestra región, “que Extremadura sea en estos años la región en la que el PIB per cápita más está subiendo, una comunidad donde hemos podido controlar el déficit y ser de las mejores en cuanto al pago de proveedores”. En este sentido, Vara ha resaltado el dato de las exportaciones, que “es un buen dato y que con un patrón de distribución de peso en distintos sectores, Extremadura ha sido capaz de abrirse al mundo para duplicar sus niveles de presencia en los mercados mundiales”.

No obstante, hay que continuar mejorando en infraestructuras además de en datos de empleo, pues “nos queda por lograr que el empleo sea de calidad y que la gente pueda tener aquí un proyecto de vida y de familia”, ha puntualizado.

También ha señalado que hay que seguir trabajando para ser más competitivo en el sector agrícola, “un elemento fundamental de nuestra economía”, y que la nueva PAC mantiene las prestaciones en un escenario de disminución del número de países de la Unión Europea.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo autonómico ha valorado el trabajo realizado en fondos europeos, destacando el mecanismo de recuperación y resiliencia, la finalización de un programa operativo y el inicio de otro, además de los 592 millones de euros más para invertir en iniciativa verde y digital.

Por último, ha destacado que el futuro de la región será la consecuencia “de lo que haga nuestra generación, no solo la de los políticos, sino la sociedad en su conjunto, que, según ha dicho, ha conseguido hacer frente a la ruptura de la UE, la pandemia y una guerra en suelo europeo buscando alianzas y puntos de acuerdo”.

La desigualdad social es cada vez mayor en la Región de Murcia. Así lo alerta el último informe anual del Consejo Económico y Social (CES), que también augura un aumento de estos estándares dada la inestabilidad económica del escenario regional. Además, el órgano consultivo apunta a la situación del Mar Menor o a la falta de inversión en ciencia e investigación como algunos de los motivos que han conducido a esta situación.

Desde Podemos creen que estos datos deberían “hacer saltar todas las alarmas” ya que el avance de la desigualdad es “demoledor”. En estos términos se ha referido el diputado autonómico de la formación, Rafael Esteban, a un informe que “se suma a muchos otros”, poniendo como ejemplo el FOESSA u otros estudios promovidos por distintos organismos sociales, que dibujan una “desigualdad cada vez más cronificada” y una “imposibilidad cada vez mayor de salvar esta situación”.

“Vivimos en una Región en la que desde hace muchísimos años hay más de un tercio de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza”, ha recordado Esteban, que añadía que “más del 65% de los trabajadores y trabajadoras apenas cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)” en la que es “una de las tres regiones más desiguales de España”.

Para el diputado estamos ante un “mapa demoledor” ante el que el Gobierno regional sólo ofrece una “política fiscal regresiva y una falta de inversión en infraestructura o I+D”. Al Ejecutivo autonómico también le achaca su “incapacidad de modificar y modernizar un modelo productivo anclado en los parámetros de hace 50 años”.

Ante este panorama, Esteban agradece “los esfuerzos del Gobierno central progresista para elevar el SMI o el Ingreso Mínimo Vital (IMV)”, aunque lamenta que se topen con esta situación “insostenible” a nivel autonómico y “sólo puedan paliar que la desigualdad no haya crecido aún más”. Por último, Esteban ha advertido que “estamos al borde del abismo”: “Necesitamos un cambio radical y lo necesitamos de manera urgente, ya que las políticas de López Miras nos acercan al caos en cuanto a la desigualdad en la Región”.

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, no cree que subir los salarios suponga en estos momentos un riesgo para la inflación y ha pedido respetar el consenso alcanzado en el Pacto de Toledo y plasmado en la reforma de pensiones para subir las pensiones conforme al IPC. Es decir, el catedrátido de Política Económica y actual presidente del órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral no comparte la recomendación de incluir a los pensionistas en un posible “pacto de rentas”, como ha sugerido el Banco de España y algunos grupos de la oposición.

“Hoy por hoy, con los datos que tenemos, no veo un gran temor de que aumentos salariales puedan producir una espiral de precios”, ha explicado Antón Costas en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, recoge la agencia Europa Press. El presidente del CES ha acudido al Parlamento a entregar la 'Memoria anual 2021' del consejo a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxel Batet.

El presidente del CES ha señalado cómo las subidas salariales acordadas tanto en 2021 como en lo que va de 2022 no han conseguido compensar el incremento de los precios. Es decir, que los trabajadores están acumulando pérdida de poder adquisitivo ante unos salarios que se quedan muy atrás del auge de los precios. Los datos de consumo de los bancos están dando cuenta de que las familias están recortando gasto en el contexto de inflación disparada.

Hasta mayo la diferencia entre los aumentos salariales pactados y la inflación registrada es “de seis puntos negativos”, ha recordado el catedrático. “No veo, de momento, insisto, que se produzca una espiral inflacionista en España debido a una reacción de los salarios”, ha dicho Costas.

Respecto a la inflación, ha indicado que la principal consecuencia de la guerra en Ucrania es el aumento de los precios de la energía, por lo que ha defendido el tope al gas, aún no aplicado y que está a la espera del último visto bueno de la Comisión Europea.

Contra el criterio del Banco de España

Antón Costas ha pedido que existan “reglas justas del reparto de costes que traiga la crisis”. Sobre un posible pacto de rentas que incluya a los pensionistas, limitando la subida anual de las pensiones por la alta inflación, el presidente del CES se ha desmarcado de la opinión del Banco de España.

El catedrático ha llamado a mantener el consenso político alcanzado en el Pacto de Toledo, que recomendó que las pensiones se revalorizaran según el IPC y que quedó respaldado más tarde por un acuerdo social con los sindictos y la patronal.

“No metería a las pensiones como uno de los instrumentos básicos para controlar la inflación”, ha aseverado. Costas ha recordado que “la pensión media es de 1.034 euros y por debajo de la media hay muchas pensiones bajas”.

En este sentido, el presidente del CES ha pedido distinguir entre la inflación y la sostenibilidad del sistema público de pensiones, cuestión para la que no ve ningún tipo de riesgo. “Ni en sostenibilidad ni en suficiencia, que son los dos grandes criterios a los que ha de responder un sistema justo y equitativo”, ha dicho, según recoge Europa Press.

El descuento al carburante “no es equitativo”

“Cuando hay reglas de reparto justas de los costes de una crisis y se diseñan bien las políticas económicas y sociales se produce una especie de círculo virtuoso”, ha asegurado Costas, que ha puesto como ejemeplo cómo –pese a no alcanzar una plena recuperación económica– España ha podido reducir el déficit y la deuda, alcanzando un récord de ingresos en Hacienda y Seguridad Social.

El presidente del CES ha pedido que las medidas de apoyo “deben ser selectivas” y dirigirse a los hogares con menos ingresos y las empresas más dependientes de la energía. En este sentido, ha puesto en duda la viabilidad de mantener un descuento generalizado de 20 céntimos en el precio del combustible, pues que cree que esta medida favorece a las personas con más recursos.

“No es una medida equitativa ni, probablemente, tampoco es eficiente para reducir el consumo de un bien, como la gasolina, que necesariamente tendremos que reducir el consumo y pagarlo un poco más caro”, ha argumentado.

El exrector de la Universidad de Murcia José Antonio Cobacho ha tomado posesión como nuevo presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Mucia (CES). En su discurso, ha destacado su intención de “mantener el prestigio y solvencia” logrando como hasta ahora posturas de consenso entre todos los agentes que lo conforman para guiar la acción de Gobierno.

El nuevo presidente del CES, se ha mostrado agradecido frente a los representantes del consejo que lo eligió por unanimidad para ponerse al frente del organismo. Asimismo, ha señalado la “enorme” responsabilidad que representa su nuevo cargo.

Del Consejo Económico y Social el exrector ha señalado su “gran prestigio y solvencia gracias a sus juicios independientes, su capacidad de abstraerse de cualquier presión para analizar y estudiar los asuntos que afectan a la región y por su enorme esfuerzo por llegar a posiciones de consenso”.

Cobacho ha prometido su nuevo cargo en un acto en el palacio de San Esteban en el que han estado presentes el presidente de la comunidad, Fernando López Miras; el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé; la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, además de los rectores de la UM y la UPCT, y representantes del Consejo Jurídico, la patronal CROEM y los sindicatos CC.OO. y UGT, entre otras instituciones y entidades.

Para el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, el CES garantiza la “transparencia y participación” que son necesarios en la democracia y en toda acción de gobierno y ha considerado que Cobacho será “la personas adecuada” para presidir la institución por su carácter “prudente y serio” y su capacidad para impulsar el acuerdo y el consenso a la vez que sabe tomar decisiones firmes y contundentes desde el sentido común y la lógica.

El presidente de CROEM, José María Albarracín, le ha deseado suerte en este “momento halagüeño” para economía regional en el que el CES, asegurando que tendrá un “papel decisivo para defender los intereses del tejido empresarial de la región”. En la misma línea, el secretario general de CC OO, Santiago Navarro, valoró el nombramiento de Cobacho, que en su día estuvo afiliado a ese sindicato, y destacó su experiencia a la hora de “unir y consensuar”.

También el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, ha deseado “toda la suerte del mundo” para el nuevo presidente del CES. “Estoy convencido de que va a contribuir a seguir dotando de calidad a unos informes que después son usados de una forma muy efectiva por el Consejo de Gobierno”, ha ratificado.

Por último, su antecesor en el cargo y actual rector de la UM, José Luján, ha remarcado que el CES es un organismo que emite dictámenes sobre el hacer normativo del Consejo de Gobierno de manera “independiente, con rigor, seriedad y consenso”. A su juicio, Cobacho, a partir de su “experiencia contrastada de gestión y de servicio público va a conseguir mantener esa línea y expandirla”

El Consejo Económico y Social (CES) de Canarias insta a que se aproveche la reforma del bloque económico del REF para resolver los “contrasentidos” de su desarrollo normativo, que generan una “altísima inseguridad jurídica” en materias como la rehabilitación turística que promueve la propia ley.

En una rueda de prensa, el presidente de este organismo asesor de la comunidad autónoma, Blas Trujillo, ha informado de que esta petición se incluye en el pronunciamiento aprobado por unanimidad por el pleno del Consejo celebrado esta semana, tras analizar la propuesta de reforma de la Ley del Régimen Económico y Fiscal que se tramita en las Cortes.

Trujillo ha destacado que la regulación normativa de “buena parte de los incentivos fiscales” no se ajusta a los fines de la ley, lo que además de inseguridad jurídica provoca “incertidumbre”, por lo que desde el CES se aboga por que se introduzcan correcciones a la normativa a través de enmiendas.

El CES considera también que en el futuro desarrollo reglamentario del REF es preciso que participen el Gobierno de Canarias y los agentes económicos y sociales, con el fin de evitar situaciones como las que se producen en la actualidad y que “desvirtúan incluso los objetivos de la normativa”.

Desde el Consejo, además, se cree necesario la creación de una oficina técnica que efectúe un seguimiento de la aplicación del REF y evalúe sus efectos en el tejido social y económico de Canarias.

Trujillo ha hecho hincapié en que la Ley 19/1994 del REF pretendía impulsar la rehabilitación de la planta alojativa turística y de las zonas comerciales obsoletas, pero los cambios normativos posteriores han “hecho que en la práctica sea imposible de realizar”.

“El incentivo más potente para la rehabilitación es la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), pero no se pueden llevar a cabo reformas ni comprar inmuebles que ya se hayan beneficiado de este instrumento” con anterioridad, ha señalado el presidente del CES, quien además ha recalcado que para aclarar esa “barrera” se estableció otra mayor.

Así, ha explicado que a partir de 2007 se podían adquirir aquellas propiedades que desde 1994 se podían comprar o vender, tanto si habían sido objeto de incentivos como si no.

En el desarrollo reglamentario de la ley del REF que se hizo en 2015 se eliminó la referencia de 2007, pero se empeoró la situación, ya que este impedimento se amplió a aquellos inmuebles que se hubieran beneficiado del Fondo de Previsión de Inversiones que nació en 1972, ha recalcado Trujillo.

El presidente del CES ha subrayado que es preciso que en el trámite parlamentario de la reforma económica del REF ahora abierto en el Congreso se corrija uno de los “más graves contrasentidos” que se contiene en su normativa debido a las consecuencias que está generando en sectores como la construcción.

La rehabilitación era una vía para recuperar el empleo perdido durante la crisis económica, ha recordado Trujillo, quien ha aludido a que en 2007 había 135.000 ocupados en el sector de la construcción en Canarias mientras que en 2016 la cifra era de 40.000, y a la caída de los visados de obra nueva.

Para reactivar el sector de la construcción y recuperar parte de lo 95.000 empleos perdidos es preciso contar con inversión en obra nueva y “clave que se rehabiliten los activos usados mediante la RIC, lo cual ahora es imposible” dada la limitación de suelo que existe en las islas.

Se ha apostado por la rehabilitación turística no solo para activar el sector de la construcción sino para mejorar la competitividad del sector, ha indicado Trujillo, quien ha dicho no disponer de datos sobre las inversiones que no se han podido efectuar debido a estos impedimentos, porque no cuentan con los medios para hacer un seguimiento de las inversiones del REF.

Cada gasolinera sin personal que la atienda, las conocidas como 'gasolineras fantasma', supone la pérdida de seis puestos de trabajo. Esa es la advertencia del Consejo Económico y Social vasco (CES) en el dictamen que ha emitido sobre el Proyecto de Decreto sobre los requisitos que deben cumplir las instalaciones desatendidas para suministro a vehículos en Euskadi. A la vez que el CES lanza esta advertencia, Europa considera que restringir la implantacion de este modelo de gasolineras supone ir contra la libertad de empresa. Así que ha pedido “un debate sosegado y prudente” sobre los requisitos para su implantación.

En las 'estaciones de servicio fantasmas' el suministro de combustible y el pago se realiza sin que haya ningún empleado. En cambio, en las gasolineras de autoservicio, última modalidad, el personal activa el suministro y gestiona el cobro, aunque son los usuarios quienes realizan el auto-abastecimiento.

El modelo de negocio de las gasolineras desatendidas tiene una presencia dispar en Europa. Así, representa más del 60% de las estaciones en Dinamarca y Suecia; el 20%, en Holanda y Bélgica; el 10%, en Francia y el 5% en España.

Según el CES vasco, este modelo incrementa la competencia y presiona los precios a la baja, pero al mismo tiempo suscita problemas relacionados con el empleo, con la seguridad, con los derechos de los consumidores y con la atención a las personas con discapacidad.

De hecho, el incremento en los puntos de venta de carburantes no se ha visto traducido en un crecimiento en el empleo en el sector, que ha caído de los 54.800 empleos de 2014 a los 52.100 de 2016 en España. Por eseo, se estima que cada instalación desatendida redunda en una pérdida de seis puestos de trabajo.

La garantía de las gasolineras con personal

Por otra parte, el CES recuerda que la presencia en las estaciones de suministro de personal con formación, capacitado para responder adecuadamente ante incidentes o accidentes, es una garantía para la protección de las personas y del medio ambiente.

Para el CES, también resulta preocupante que los derechos de los consumidores pueden quedar desatendidos con las 'gasolineras fantasma'. Por ejemplo, la ausencia de personal puede dificultar la obtención de la factura del carburante adquirido o de las hojas de reclamaciones firmadas por la empresa.

También es polémico el servicio que las gasolineras automáticas deberían ofrecer a las personas con discapacidad. En este sentido, el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que investigue si los derechos de las personas con discapacidad como clientes están debidamente amparados en estas estaciones sin personal.

Los conflictos jurídicos han llegado hasta la Comisión Europea tras la denuncia presentada en julio de 2016 en contra de varias normativas autonómicas españolas que exigen la presencia de al menos una persona empleada en las gasolineras desatendidas. Pero, la Comisión Europea -que ya abrió un procedimiento de infracción contra Italia y Grecia por motivos similares-, ha advertido de que estas normativas autonómicas que exigen una persona suponen una restricción incompatible con el derecho a la libertad de establecimiento de empresas.

En una coincidencia cronológica absolutamente fortuita fueron presentados en la misma fecha dos estudios que han tenido a la juventud vasca como protagonista. De un lado, el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) hacía público su informe anual sobre la actividad escolar durante el curso 2016-17; del otro, en la sede oficial bibaína del Consejo Económico y Social se presentaba un sólido trabajo sobre la empleabilidad de este colectivo juvenil en la CAPV. Una vez más, son las personas jóvenes objeto de estudio, demostrando el interés de las distintas administraciones sobre este colectivo, situado entre la presión social por su formación y la falta de estímulos y soluciones adecuadas para su inserción laboral.

Algunos de los datos ofrecidos por el Eustat son similares a los de otros años (alumnado no universitario total, preponderancia geográfica de Bizkaia sobre el resto de territorios, reparto de género similar en el Bachillerato y muy desigual en la Formación Profesional, práctica igualdad de matriculación entre las dos redes, salvo la EPA , de mayoría aplastante pública y la Formación Profesional Básica, de tendencia contraria y mayoría privada).

Otros datos, sin embargo, muestran novedades interesantes que habrá que seguir de cerca para conocer su evolución o confirmación en años posteriores. Por ejemplo, parece iniciarse una cierta contracción de la demanda escolar (0,3%) perceptible en los cursos iniciales de Educación Infantil, consecuencia de encontrarnos en una Comunidad con el índice de natalidad más bajo de Europa y que augura imaginación en propuestas futuras que mantengan la calidad del empleo y la oferta educativa.

También se aprecia una disminución en el conjunto del alumnado que optó por matricularse en Enseñanzas de Régimen Especial (con un descenso del 2,3 % y en su tercer año consecutivo de pérdida). Sin embargo, hay que diferenciar entre las claramente deficitarias (Idiomas y de Música) y las que han conseguido mantener un cierto crecimiento, aunque, hasta el momento, poco significativo (Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, Danza o Arte Dramático), exceptuando las Enseñanzas Deportivas, que mejoran en casi un 13 % su matriculación respecto del curso anterior.

En este sentido es destacable la especialización casi territorial que se viene produciendo en estas Enseñanzas de Régimen Especial, hasta el punto de poder hablar de la importancia de Álava para el aprendizaje Plástico y de Danzas y de la de Bizkaia para la mayoría del alumnado que opta por las deportivas o de Arte Dramático. En este reparto, es Gipuzkoa el territorio que queda marginado de tales enseñanzas no universitarias, aunque recoge, en cambio, la especialización de la formación musical a través de Musikene, buque insignia del Gobierno Vasco desde 2001 y único centro vasco en el que se imparte el grado superior de Enseñanzas Musicales, equivalente a las actuales enseñanzas universitarias de grado.

Otra novedad significativa recogida en el estudio del Eustat es el aumento pequeño, pero constante de las matrículas en la mayoría de las Enseñanzas de Régimen General –excepto en Infantil y EPAs-. Y es especialmente significativo el incremento en formación Profesional Básica (hasta un 7,4% en un solo curso escolar). Todo ello induce a pensar que estas enseñanzas –antiguos PCPIs, que la LOMCE modificó al formato actual- están adquiriendo el marchamo cada vez mayor de puerta de salida prematura de una enseñanza obligatoria vasca, incapaz de solucionar los problemas educativos de un alumnado diferente.

Dos últimas menciones a señalar del estudio del Eustat sobre la actividad escolar de la CAPV durante el curso 2016-17. La primera, sobre la implantación de los modelos lingüísticos. Pese al esfuerzo euskaldunizador de los últimos 35 años, un tercio del alumnado vasco sigue eligiendo opciones educativas que no son el modelo D (enseñanza íntegra en euskera, con el castellano únicamente en Lengua y Literatura). Y esto ocurre en zonas de población muy concentrada (Gran Bilbao, 26%, Donostia, 43% de enseñanza en euskera) o muy dispersa (Llanada alavesa, 24%). De todo ello, las administraciones públicas deberán tomar buena nota y, consecuentemente, revisar, con el fin de lograr un equilibrio entre los esfuerzos establecidos para fomentar un idioma en el ámbito escolar y la respuesta del entorno sociolingüístico a dichas medidas.

La última mención del Eustat tiene que ver con el importante papel desempeñado por las becas y ayudas públicas concedidas a las familias con alumnado en edad escolar. Este capítulo, importante baremo de valoración del poder adquisitivo de la sociedad, sigue en aumento y señala que durante el curso 2016-17 prácticamente tres de cada diez alumnos/as que estudian Enseñanzas de Régimen General han recurrido a tal ayuda económica; de ellos, dos lo hacían en la red pública y el otro/a en la concertada. Dos lecturas ante este dato. Una: el “colchón público” permite culminar con relativo éxito el proceso formal de aprendizaje básico a quienes lo necesitan; y dos: aún nos encontramos muy lejos de sentir la mejora económica que pregona el mundo político-económico, porque la realidad del poder adquisitivo familiar sigue marcando números rojos en la satisfacción de necesidades básicas de un país, como es la educación.

El segundo estudio mencionado al inicio del artículo, ha sido realizado por el Consejo Económico y Social (CES) Vasco y lleva por título 'La empleabilidad de la juventud de la CAPV y el acceso al mercado laboral desde una perspectiva regional europea comparada'. En él, como veremos, se nos acerca a la otra realidad que se presenta al colectivo joven una vez que finaliza su etapa de formación, a través de la educación. La primera lectura nos acerca a un panorama escasamente halagüeño en sus conclusiones y en su comparación con las tres regiones europeas, objeto de estudio (la Baviera alemana, la Flandes belga y la Escocia británica).

El primer elemento a considerar viene de una afirmación ya compartida por el común, pero hasta ahora sin tasar: estamos ante un colectivo, la juventud vasca, mejor preparado que generaciones anteriores, pero en el que aún la brecha de género produce diferencias significativas en cuanto al acceso al mercado laboral. Este colectivo, especialmente el egresado universitario, mantiene una elevada tasa de ocupación laboral en situaciones de subocupación, con trabajos por debajo de su cualificación profesional, tanto en lo que significa su remuneración salarial, como en tipo de jornada o temporalidad. (En este sentido es muy interesante el dato aportado en el informe que compara los deseos de los/as jóvenes vascos/as de trabajar a jornada completa -62,6 %- frente al de los otros territorios estudiados –sobre un 40 %- y en todo caso, muy lejos de la media UE28: casi el 34 %.

Pero el estudio del CES vasco va más allá de este primer análisis de la realidad actual de la juventud vasca ante su primer empleo. Pretende también analizar, a través de distintos agentes sociales (patronales, sindicatos, asociaciones de centros de FP, universidades y el propio Consejo de la Juventud de Euskadi), las perspectivas futuras de empleo ante el impacto de la ya conocida como Revolución 4.0. Las respuestas de estos grupos demuestran el alejado nivel de acuerdo en estos momentos. Los empresarios relativizan el impacto de tal cambio, mientras que el resto expresa el temor ante el nuevo escenario por lo que puede conllevar de aumento de la desigualdad laboral, si no hay una decidida y pronta intervención pública, especialmente en términos de cambios en la fiscalidad y actual legislación laboral. Y lo ilustran con el relato de la situación actual de la economía colaborativa, elemento singular de los cambios actuales en el mercado laboral hacia otras formas de empleo, que esconde en sus entrañas niveles alarmantes de precariedad, mala remuneración y disponibilidad permanente.

En el capítulo comparativo de la juventud vasca con la de los otros tres territorios europeos mencionados, la realidad se impone: el colectivo vasco, pese a situarse mejor en proporción de titulaciones universitarias, con menor índice de abandono escolar prematuro, menor presencia de 'ninis' o indicadores de calidad de vida (como percepción de estado de salud o de integración social en su propio contexto), su realidad laboral está ampliamente superada por la de sus homólogos europeos: mayores dificultades de empleo para los/as menores de 25 años y de emancipación de la tutela familiar (debido tanto a causas económicas –empleo de peor calidad y más eventual- como psicológicas –menor optimismo respecto al futuro-).

El amplio estudio del CES, de casi 300 páginas, finaliza con una serie de recomendaciones. A destacar, la heterogeneidad, la disminución progresiva, el papel de la mujer y el impacto de la globalización en el/la joven vasco/a. Por todo ello, se proponen medidas de estudio para mejorar la empleabilidad de este colectivo, diferenciando los tramos hasta 24 años (propuestas de formación y orientación) y posteriores, hasta 34 años, (mejora de las condiciones de trabajo). Además, se plantea un cambio cultural que favorezca el acceso de la mujer hacia familias profesionales y estudios universitarios con mejor implantación laboral. Por último, se acude a la educación, instándola a que se adecue al nuevo escenario dibujado para el paradigma 4.0.

El estudio del CES vasco concluye con una petición no por deseada menos ilusionante: conseguir un Pacto de País que permita diseñar políticas de mejora de la empleabilidad de la juventud vasca en un contexto de amplia exigencia, como será el mundo tecnificado y digitalizado hacia el que nos dirigimos sin oposición. Sin pretender pecar de pesimista, las recientes experiencias en otros intentos de pacto de país estatales (contra la violencia machista, por la reforma constitucional, por la ciencia) o autonómicos (reforma estatutaria, deslegitimación de la violencia, por citar los más mediáticos) no invitan al optimismo. Quizás sea por su enfoque territorial, delimitador, excluyente. Quizás. De ser así, el Pacto Educativo, que goza de impulsos en ambos sentidos, pueda ser una excepción y consiga superar las barreras partidistas para llegar a buen término. Quizás, una vez más. Veremos. Esperemos.