El presidente del Partido Popular de Tenerife, Manuel Domínguez, ha anunciado este miércoles la integración del Centro Canario Nacionalista (CCN) en el equipo del PP en San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife.

Según dice Domínguez en una nota de prensa, “esta decisión supone la suma de un gran equipo de personas en un proyecto común que estarán al servicio de San Miguel y de sus vecinos”.

El presidente del PP de Tenerife dio la bienvenida a los integrantes de este equipo, que “sin complejos” antepone su pasión por su municipio y que seguirán trabajando ahora bajo las siglas del PP, se recoge en el comunicado.

El hasta ahora portavoz del CCN, Valentín González (exalcalde en San Miguel con el CCN), aseguró que “la integración ha sido posible gracias al trabajo riguroso en la confluencia de proyectos y programas. Nos hemos esforzado en hacer un equipo de trabajo, comprometido, que ofrezca una alternativa nueva de gobierno acreditada por la experiencia política y profesional, que asuma los nuevos retos y oportunidades que tiene nuestro pueblo, frente a la dejadez y la autocomplacencia del actual grupo de gobierno”.

Por último, la portavoz del PP en San Miguel, María José Tacoronte, agradeció a todas las personas involucradas “el ejercicio de generosidad que hemos realizado por ambas partes, dónde más allá de las siglas y los personalismos hemos puesto por encima de todo al pueblo y a su gente, con el ánimo de ofrecerles

Cuando “la cúpula de Anonymous” (en palabras de la Policía) fue detenida en junio de 2011, la carcajada en Internet fue generalizada. Más aún cuando cinco años después los tres hombres que integraban ese teórico aparato fueron absueltos, a pesar de que la Fiscalía pidiese cinco años de prisión para ellos.

¿Era realmente Anonymous una estructura jerarquizada desmantelada aquella mañana de julio? ¿O nunca ha dejado de ser más bien una idea, una inspiración para pequeños grupos de hackers que actúan por su cuenta? Para el Centro Criptológico Nacional (CCN), un organismo encargado de la ciberseguridad en España y dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Anonymous representa aún una amenaza para “infraestructuras críticas o las instituciones públicas españolas”.

El CNI asegura que durante 2017 se produjeron 75 ataques a instituciones públicas que tuvieron “cinco o seis réplicas” durante el año y que se prolongaron una media de 10 días en el tiempo. Según el organismo de inteligencia especializado en ciberseguridad, los ataques partieron desde “núcleos de hackers bajo la bandera de Anonymous vinculados al procés de Catalunya”. A su vez, también anuncian que “la geolocalización de los ataques no se da en España” aunque sea un dato “que no dice nada”.

El CNI también explicó que estos 75 ataques están contenidos dentro de los 38.000 ciberincidentes que el CCN gestionó exitosamente el año pasado. Solo un 2,7% de esos ataques (1.026) los califica como “de peligrosidad alta”. Restan importancia a los objetivos institucionales que según ellos se fijó Anonymous, ya que la mayoría fueron atacados a través de DDoS (ataque de denegación de servicio que consiste en tumbar una página web inundando de peticiones el servidor, haciendo que colapse).

España: ¿Último bastión del movimiento?

Anonymous es un movimiento internacional. “Londres ahí está, Italia, USA, Grecia, Guatemala, Nicaragua, Venezuela (aunque no acabemos de comulgar con sus piedras de molino)...”, explica a eldiario.es una de las cuentas de Anonymous España en Twitter. “Con el tema de la independencia de Catalunya han surgido o se han mostrado algunos sectores con más fuerza que anteriormente y da la sensación de que en España estamos muy activos”, continúan.

No esconden que “en general, el movimiento ha perdido fuerza a nivel internacional”, pero no consideran que Anonymous esté desactivado. “¿Que somos los últimos en los que está vivo el movimiento...?”, preguntan irónicamente. También advierten sobre la cuenta de Twitter @ANONYMUS_ES, un perfil mercenario para inflar el impacto de la ultraderecha en España: “Utilizan nuestro nombre y nuestra imagen. Por cierto, nos han bloqueado pero seguimos viendo su actividad en redes”, continúan desde la cuenta oficial del movimiento.

El grupo hacktivista se despide dejando un mensaje al CNI: “Hay temas y grupos en Internet bastante más importantes y peligrosos de los que deberían preocuparse y a los que prestar bastante más atención”. Anonymous no está muerto pero ha perdido cadencia: ni siquiera los expertos les dan por desaparecidos, al menos en España. Todo lo contrario.

“La Nueve paró y eso les permitió regresar”

Hay al menos dos claves para que Anonymous siga siendo un actor relevante en nuestro país. Las señaló en conversación con este medio Gabriella Coleman, antropóloga que pasó seis años en los foros que la comunidad hacker utilizaba para organizarse, usando sus herramientas y empleando su lenguaje. Su nick, “Biella”.

“España es un sitio bastante único en lo referente a la cultura hacker y la organización de protestas a través de las redes. Ha habido un movimiento muy potente de hackers progresistas que se han integrado muy bien en varios movimientos sociales. Lo hicieron en el 15M llevando la tecnología a las plazas, pero también han estado muy presentes en el independentismo catalán”, afirma Coleman, cuya investigación sobre Anonymous se convirtió en una de las principales referencias para conocer los códigos de esta identidad colectiva.

El segundo motivo que apunta la investigadora es que las fuerzas de seguridad no llegaron a cazar a los hacktivistas españoles, aunque lo intentaron. “Hubo arrestos en el norte de España que la Policía quiso relacionar con Anonymous, pero en realidad ninguno de los grandes hackers fue detenido. Eso es importante, porque cuando los hackers importantes son arrestados todo el movimiento tiende a colapsar”.

Por último, la investigadora indica una última carta que los hackers españoles que se han valido de la careta de Guy Fawkes jugaron para no acabar en prisión. Menciona directamente a La Nueve, una rama española de Anonymous que fue muy activa: “Supieron parar. Tiene sentido hacer eso, porque no es sostenible hackear todo el tiempo. Primero porque al final te terminarían cogiendo y después porque técnicamente es complicado continuar sin parar. La Nueve era muy activa hace unos años y pararon, dieron un paso atrás. Eso les ha permitido regresar”.

La Fiscalía Anticorrupción y los cinco acusados por financiación irregular del CCN en las elecciones de 2007 han alcanzado un acuerdo por el que reconocen los delitos, se rebajan las penas y se evita la entrada en prisión, recoge la agencia Europa Press en un despacho.

Según informan El Día y Cadena SER, al empresario Ignacio González se le impone una pena de trece meses de cárcel por los delitos de falsedad en la Ley de Régimen Electoral y malversación de caudales públicos y a su hijo, que fue presidente del partido, dos meses de prisión sustituibles por cuatro meses de multa por el primero de los delitos.

Al contable de la formación centrista, Juan Pedro Ruiz, se le condena a cinco meses por infringir la ley electoral, y a Pedro González, hermano del presidente del partido, a 13 meses por ese delito y el de malversación.

En cuanto al administrador, José Luis Langa, se le condena a cinco meses de cárcel por incumplimiento de la ley electoral.

Los condenados han admitido que superaron en unos seis millones de euros los límites de gastos fijados por la ley electoral a través de las empresas familiares del padre del presidente del CCN.

Whatsapp y Messenger, ambas propiedad de Facebook, parecen ser las aplicaciones de mensajería instantánea más seguras, al menos según el último informe de Amnistía Internacional que analiza las medidas para garantizar la privacidad que integran este tipo de herramientas. Sus nombres encabeza la lista de la ONG, seguidos de cerca por iMessenger de Apple.

Tanto los de Cupertino como el equipo de Jan Koum emplean cifrado de extremo a extremo por defecto para proteger la información (Facebook Messenger lo ofrece solo como una opción en su “chat privado”). Sin embargo, estas medidas no son suficientes cuando se trata de conversaciones delicadas. Cuando los usuarios que intercambian mensajes son ciertos miembros del Gobierno o la Administración, las exigencias se endurecen. Políticos y altos cargos usan servicios que cumplen rigurosas medidas de seguridad y requisitos técnicos. Pero, ¿quién decide cuáles son los más adecuados?

“Actualmente hay aprobados productos de cifra que permiten enviar mensajes instantáneos para información de difusión limitada y confidencial”, explican a HojaDeRouter.com los responsables de Productos y Tecnologías del Centro Criptológico Nacional (CCN). La institución se encarga de elaborar guías y recomendaciones para garantizar la seguridad de los sistemas de comunicación de la Administración, asesorar a los diferentes organismos sobre la tecnología idónea y coordinar su desarrollo.

El centro confecciona, además, el Catálogo de Productos de Certificación Criptológica, donde figuran tanto cifradores (de datos, de voz, de IP…) como las soluciones informáticas certificadas para intercambiar información nacional clasificada. Según su grado de confidencialidad —de difusión limitada, confidencial, reservado o secreto—, el 'software' deberá garantizar una seguridad distinta. 

Mientras que pueden utilizarse ciertas ‘apps’ de las convencionales para las categorías más bajas, “actualmente no existe ninguna aplicación de mensajería instantánea aprobada para el nivel de secreto”, aclaran desde el CCN. Tampoco pueden hacer llamadas de voz a través del móvil si la conversación tiene carácter reservado o secreto; en estos casos, deben efectuarse “sobre un sistema cifrado de telefonía fija”.

En cuanto a las técnicas de seguridad que aplican las herramientas, afirman no poder dar detalles “debido a la delicadeza del tema”, pero en general “se emplean algoritmos de clave pública hasta nivel confidencial y de clave secreta [privada] para los niveles reservado y secreto”. El primer tipo se basa en la utilización de dos claves, una pública (que el remitente conoce: sirve para enviar) y otra privada (que solo conoce el destinatario: sirve para descifrar). Un ejemplo conocido es PGP, muy común para correo electrónico. El segundo tipo debe su fortaleza al uso de una sola clave, privada o secreta, que deben conocer tanto emisor como receptor. Así funciona, por ejemplo, el sistema de WhatsApp (el Advanced Encryption Standard o AES, un estándar muy robusto que está por todas partes).

Siguiendo las pistas

Aunque solo los responsables de las instituciones pueden acceder al catálogo del CCN, en el último Informe de Actividades del organismo figuran algunos ejemplos de productos examinados y certificados durante el 2013 y el 2014. Además de varios cifradores –como el EP430GN, anteriormente certificado por la OTAN para procesar información clasificada–, aparece el teléfono seguro Färist Mobile, desarrollado por la empresa sueca TutusFärist Mobile, aprobado para proteger información clasificada hasta el grado de difusión limitada. Este se completa con el cifrador Secvoice, que permite hacer llamadas seguras en móviles Android utilizando el protocolo SCIP.

El texto cita además el sistema COMSec de Indra, el mismo que protagoniza una de las últimas investigaciones del caso del pequeño Nicolás, la destinada a encontrar a los responsables de grabar (ilegalmente) a policías y agentes del CNI mientras discutían cómo ocultar ciertas pruebas en poder del joven. Después de que los investigadores hayan analizado el móvil del excomisario de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, el dispositivo que supuestamente registró las voces, el juez ha pedido varias veces a la Policía Nacional que compruebe si la aplicación, instalada en el teléfono, pudo ser utilizada para espiar la conversación.

Los ministros e incluso el mismo Mariano Rajoy utilizarían también el programa de Indra, que permite enviar mensajes, compartir datos y realizar videoconferencias de manera segura. El sistema COMSec Admin, la versión destinada a asegurar la confidencialidad de las llamadas y mensajes de miembros de la Administración, fue revisado en el 2014 por el CCN para verificar su funcionamiento y mecanismos de seguridad. Según el informe, habían mejorado la seguridad de la aplicación y comenzaba el desarrollo de una nueva versión basada en certificados digitales.

La herramienta comercial del sistema, COMSec VIP, destinada a empresarios y personal de la Administración, es compatible con los sistemas operativos Windows Phone, Android e iOS y aplica el cifrado de extremo a extremo AES-256.

Los exámenes hay que aprobarlos

Para que un producto entre a formar parte del catálogo elaborado por el CCN, ya sea un dispositivo de 'hardware' o una aplicación, debe obtener “una aprobación para manejar información nacional clasificada por productos para seguridad de las TIC”, explican desde la institución. El visto bueno llega solo después de superar varias evaluaciones.

La conocida como “funcional” corre a cargo de uno de los tres laboratorios externos acreditados para ello por la ENAC, mientras que el CCN actúa como organismo de certificación. Este examen, basado en estándares internacionales (los ‘Common Criteria for Information Technology Security Evaluation’ y los ‘Information Technology Evaluation Criteria’) consiste en comprobar que el sistema o producto “realiza correcta y eficazmente la funcionalidad de seguridad que describe en su documentación”.

El propio CCN lleva a cabo el resto de evaluaciones —la criptológica y la conocida como TEMPESTTEMPEST—, además de emitir sendas certificaciones. En la primera se analizan los algoritmos de cifrado, los mecanismos de seguridad y el funcionamiento del equipo, mientras que la segunda incluye investigaciones y estudios de las “emanaciones comprometedoras”, es decir, examina los sistemas de blindaje que reducen las ondas electromagnéticas y eléctricas emitidas por los sistemas de comunicación, que ponen en riesgo la seguridad de los datos.

Las ‘apps’ de mensajería instantánea o de llamadas no necesitan pasar esta última prueba, aunque sí las dos primeras. Según los resultados que obtengan, “se determina cuál es el máximo nivel de información nacional clasificada que pueden procesar” y podrán ser utilizadas tanto en esa categoría como en las menos exigentes. “Que un producto esté aprobado para un determinado nivel de clasificación no depende solo de la criptología utilizada”, advierten desde el CCN. Esta debe funcionar correctamente y “el producto debe tener unas medidas de seguridad adecuadas y seguir las guías de configuración y de uso”.

En el caso de las aplicaciones, además, “se deberá securizar la plataforma o el sistema en el que se ejecuten estas herramientas”, señalan las fuentes del CCN, al que auditan anualmente tanto el CNI como la ENAC para verificar que las certificaciones cumplen con las normas y procedimientos.

Por último, “la ejecución del procedimiento de acreditación nacional se lleva a cabo bajo la dirección de la Autoridad de Acreditación de Seguridad”, indican desde el organismo, una denominación que corresponde al director del CNI.

La Unión Europea también elabora su propia Lista de Productos Cifrados Aprobados (LACP, por sus siglas en inglés). Para figurar en ella, un aparato o programa tiene que haber obtenido antes la aprobación de un país miembro y superado una segunda evaluación criptológica realizada por una nación AQUA –los estados ‘Appropiately QUalified Authority’ de la UE son Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Suecia y Holanda–. Al igual que a nivel nacional, los hay para información de difusión limitada (restringida), confidencial y secreta.  En esta última categoría se encuentra, por ejemplo, el teléfono Tiger 7401 de la empresa sueca Sectra CommunicationsTiger 7401, que aplica cifrado de extremo a extremo.

El actual catálogo elaborado por el CCN se considera “clasificado”, pero desde el organismo aseguran estar elaborando otro documento, un Catálogo de Productos de Seguridad de las TIC, que no tendrá este nivel de seguridad. Por suerte o por desgracia, por mucho que se protejan las comunicaciones entre gobernantes, algunas de sus conversaciones, ya sea por voz o por mensajes de texto, continuarán saliendo a la luz.

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Las imágenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Ministerio TIC Colombia, Håkan Dahlström, Indra, Cristina Cifuentes y European People's Party

La Fiscalía solicita un total de 12,4 años de prisión por la presunta financiación irregular del Centro Canario Nacionalista (CCN) en las elecciones de 2007. A Ignacio González, padre, el MInisterio Público le pide 3,6 años de prisión; a su hijo con el mismo nombre, medio año; otro tanto a Juan Pedro Ruiz Rodríguez; cuatro años para el abogado José Luis Langa, y tres años y medio para Pedro González, hijo también de Ignacio González. A estos dos últimos se le exige la devolución de casi 10.500 euros a la Cámara de Comercio de Tenerife, de la que eran miembros y que utilizaron para financiar la campaña.

El Ministerio Público acusa a la formación politica encabezada en aquel entonces por Ignacio González hijo de haber gastado 7,1 millones de euros entre abril y julio de ese año, frente a un límite estipulado de algo más de un millón. Estas partidas se endosaban a cuentas de las empresas de la familia González, en vez de a las del partido.

La Fiscalía considera que los investigados se pusieron de acuerdo para utilizar con estos fines sociedades que era controladas por Ignacio González padre, a quien se acusa de ser “perfectamente conocedor de todos los movimientos de las mismas”.

A su hijo, Pedro González, se le culpa del pago de las facturas y de coordinar, gestionar y planificar la campaña, “para lo cual asumió los contactos con las distintas empresas publicitarias, celebrando contratos o efectuando pagos a proveedores”. También se le considera responsable de dar indicaciones a la compañía a la que se debía de facturar el servicio prestado y el concepto. En cuanto al abogado, José Luis Langa, se apunta que estuvo perfectamente al tanto de todo lo que ocurría.

La Fiscalía localizó a multitud empresas o particulares, entre las que figuran varios medios de comunicación, a las que se abonaron los 7,1 millones de euros mencionados, de los que 5,3 son gastos con terceras personas. Estas partidas, sin embargo, aparecían en las cuentas de las distintas empresas familiares, mientras que la contabilidad del CCN, por el contrario, “se acomodó para que no se superara los límites establecidos”.

La formación política pudo eludir informar a la Audiencia de Cuentas, ya que no estaba obligada al no haber obtenido escaño alguno en el Parlamento autónomo. De hecho, los resultados electorales no fueron en absoluto equiparables al desembolso empleado. Por ejemplo, González, apenas obtuvo el puesto de concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz.

Entre otras supuestas irregularidades estaría que la jefa de prensa de la Cámara de Comercio trabajó para el CCN durante la campaña. O también de haber costeado con fondos de la entidad un viaje a Venezuela de un miembro de este organismo para colaborar con el partido, hasta sumar casi 10.500 euros. Cantidad ésta última que es la que se solicita que devuelvan Ignacio González, padre y Pedro González, presidente y miembro de la Cámara respectivamente.

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido penas de hasta cuatro años de cárcel para cuatro dirigentes del CCN, entre ellos su presidente Ignacio González Santiago, por un presunto delito de falsedad de la ley electoral, así como para el expresidente de la Cámara de Comercio Ignacio González, al que también acusa de malversación de fondos.

En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, la Fiscalía pide la apertura de juicio oral contra el administrador del CCN, José Luis Langa; su presidente, Ignacio González Santiago; y los dirigentes Pedro González Santiago y Juan Pedro Ruiz, y propone para ellos penas de cuatro años de cárcel (en el primer caso) y de seis meses (para los demás).

Asimismo, el Ministerio Público demanda que juzgue por estos mismos hechos al expresidente de la Cámara de Comercio de Tenerife, Ignacio González Martín, para el que solicita tres años y medio de cárcel por malversación de fondos públicos y falsedad electoral.

La Fiscalía de Tenerife también inculpa en el posible delito de malversación a Pedro González Santiago, hijo del expresidente de la Cámara de Comercio y hermano del dirigente del Centro Canario Nacionalista, partido que en la actualidad no tiene actividad. En este caso, demanda que se le impongan tres años de cárcel.

En un escrito la Fiscalía recuerda que la ley de Régimen Electoral General señala unos límites máximos de gasto electoral que puedan realizar los partidos que concurren a las elecciones y que no deben superar.

En el caso del CCN, para las elecciones autonómicas de 2007 tenía autorizado un gasto total de 2.088.736,35 euros, mientras que la cantidad total empleada, según el escrito de la Fiscalía, para financiar la campaña fue de 7.137.152,74 euros.

De acuerdo al escrito, con el ánimo de eludir los límites establecidos de gasto electoral, los cinco acusados “se pusieron de acuerdo para poder financiar la campaña electoral del CCN de forma que fueran varias de las empresas controladas por la familia del candidato Ignacio González Santiago las que hicieran efectivo los gastos publicitarios derivados de la misma”.

Agrega que para ello Ignacio González Martín, como administrador de las empresas familiares, dio las órdenes para que los gastos de publicidad del CCN fuesen presuntamente facturados con cargo a estas sociedades “ocultando de esta forma el gasto real de la campaña al facturarse como si de servicios prestados a estas sociedades en su contabilidad y no en la del CCN”.

El Ministerio Fiscal indica que del pago de estas facturas se ocupaba el acusado Pedro González Santiago, quien llevaba a cabo la gestión, coordinación y planificación de la campaña electoral del CCN desde la sede del partido, propiedad de la familia.

Todo el proceso se ponía en práctica, según la Fiscalía, con el consentimiento y el conocimiento del administrador del partido, José Luis Langa.

El escrito añade que los acusados se encargaron “de acomodar y controlar la contabilidad” del CCN para que no superase los límites establecidos en la ley de Régimen Electoral General y presentaron ante el Tribunal de Cuentas unas cantidades “que no obedecían a la realidad”.

El Ministerio Público sostiene que Ignacio González Martín, aprovechando su situación como presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, dispuso que dos empleadas dejasen de prestar sus servicios en esta entidad durante el tiempo que duró la campaña electoral y se instalasen en la sede del CCN.

Asimismo señala que González Martín y Pedro González Santiago, presidente de la Comisión de Exterior de la Cámara de Comercio, autorizaron que otro miembro de la entidad prorrogase su estancia en Venezuela para contratar a artistas de dicho país para la campaña electoral del CCN con cargo a la entidad cameral.

En concreto, la Fiscalía señala que el total de los gastos efectuados en Venezuela en concepto de billetes de avión y estancia en hoteles ascendieron a 10.336,39 euros, cantidad que el Ministerio Fiscal pide que devuelvan a la Cámara de Comercio.

María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, está a la espera de un informe pericial de Hacienda para abrir el juicio oral por la presunta financiación ilegal del Centro Canario Nacionalista (CCN) durante la campaña electoral de 2007. En una providencia dictada el pasado 14 de octubre, a la que ha tenido acceso mirametv.com, la juez pide a la Delegación de la provincia tinerfeña que aporte la prueba “de forma urgente” para, una vez incorporada a las actuaciones, “finalizar la instrucción”.

El conocido como Caso Hubara se encuentra en fase de procedimiento abreviado, al apreciar la juez indicios suficientes para sentar en el banquillo a los principales dirigentes del CCN. En la causa están imputados el presidente del partido, Ignacio González Santiago; su padre y su hermano, los empresarios Ignacio González Martín y Pedro González Santiago; José Luis Langa, anterior administrador de la formación centrista; y Juan Pedro Ruiz, corresponsable de la contabilidad. Durante la instrucción, que se abrió en el año 2008, se ha investigado la comisión de presuntos delitos electorales, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, malversación y tráfico de influencias.

La juez recalca en la providencia que “para finalizar la instrucción de la presente causa solamente se está a la espera del informe ampliado por el perito de Hacienda”, que en junio de este año solicitó el Ministerio Fiscal, por lo que pide a la Delegación de la capital tinerfeña que lo aporte “de forma urgente”. En el escrito, Lorenzo-Cáceres también notifica a las defensas de Ignacio González Martín y Pedro González Santiago que tienen a su disposición una copia de las intervenciones telefónicas practicadas durante la investigación judicial.

Antes de la apertura formal del juicio oral, el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife tendrá que recibir el informe pericial de Hacienda y dar traslado a las defensas y resto de partes personadas para que se pronuncien. Será entonces cuando tanto la Fiscalía como la acusación popular, representada por los abogados Felipe Campos y Antonio Espinosa, podrán emitir los correspondientes escritos para solicitar las penas que estimen contra los cinco imputados o, si así lo decidieran aunque es poco probable, la petición de archivo del procedimiento.

La raíz, en Las Teresitas

El Caso Hubara es una ramificación judicial de la investigación penal abierta, pendiente de juicio, por la compraventa de las once parcelas del frente de la playa de Las Teresitas. Durante un registro en un piso de la calle de La Rosa, en la capital tinerfeña, la Policía Judicial encontró abundante información que apuntaba directamente a la cúpula del partido centrista como responsable de presuntos delitos vinculados con el desembolso financiero que se llevó a cabo durante la campaña electoral de 2007.

A la espera del informe pericial de Hacienda, que será clave a la hora de cuantificar con precisión las cantidades que manejó el CCN en la campaña de los comicios investigados, la Policía Judicial ha detectado gastos que superan los siete millones de euros, muy por encima de lo que legalmente permite la legislación vigente. Durante las diligencias llevadas a cabo por la juez Lorenzo-Cáceres han sido citados a declarar como testigos los directores de los principales medios de comunicación de la provincia tinerfeña, con los que el CCN contrató una parte importante de las campañas publicitarias que llevó a cabo desde 2006 de cara a las elecciones del año siguiente.

El segundo teniente alcalde de Telde, Juan Martel, y el resto de miembros que hasta el sábado formaban parte de la ejecutiva local del CCN han asegurado este lunes que la ruptura con la organización con la que compartían las siglas ha sido “imposible” por defender “la honesta atención a los teldenses”, que se sitúa “por encima de cualquier cosa, incluso sobre cualquier partido y su cúpula dirigente”.

Los hasta el fin de semana miembros del CCN en la localidad grancanaria creen que el pacto del que era su partido con Ciuca en la coalición Unidos “atenta directamente” contra los “intereses generales” de la ciudad. Así, explican que desde el principio ninguno de los componentes de la formación teldense estaban dispuestos, “por dignidad”, a pedir el voto “para quien tanto daño ha hecho a Telde y que sin duda pasará a la historia de nuestra política local como el precursor del juego sucio, la crispación y la absoluta falta de respeto. Jamás llegaremos eso”, sentenciaron, en alusión a Guillermo Reyes.

Martel recuerda que antes del comité celebrado este sábado pidieron “una libertad” que les ha sido negada, de forma que la organización ha decidido prescindir de ellos, nombrando a Alfonso López presidente de la gestora que formará parte del Comité Local. En el acto celebrado el fin de semana el presidente del partido, Ignacio González, tildó de desleal a Martel por su “incapacidad de acotar los acuerdos establecidos”. Un González que el pasado miércoles aseguró a este medio que la coalición no iba a afectar a su partido en los municipios y que entendía y respetaba que el político grancanario no aceptara la coalición electoral al Parlamento.

Martel ha acusado al CCN de ser un partido “que aún no ha entrado en el siglo XXI” y que ha mantenido “completamente al margen” al Comité Local en las negociaciones de esta coalición, “pretendiendo que acatáramos su resultado sin más, en un ejercicio impropio de una formación que debiera regirse por unos principios medianamente democráticos”.

Por último, el político grancanario ha asegurado que están trabajando sin descanso para que el equipo pueda concurrir a los comicios electorales del próximo mes de mayo y hacer realidad “el proyecto que tenemos para Telde y en el que tantos meses llevamos trabajando”.

La unión del Centro Canario Nacionalista (CCN) a la coalición electoral Unidos ha roto a este partido en la isla de La Gomera, donde los dirigentes nacionalistas en la isla Colombina se han dado de baja en la formación y han creado la Alternativa Democrática Gomera (ADGomera), que será independiente en el ámbito local pero que se irá a Nueva Canarias para el Parlamento autonómico. El CCN tenía consejeros en el Cabildo gomero y también la alcaldía en Hermigua, ambos en coalición con Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Canaria.

El ya ex presidente del CCN gomero, Pedro Medina, ha asegurado que no está de acuerdo con la coalición conformada por su antiguo partido con Ciudadanos para el Cambio (Ciuca) de Telde, Partido de Independientes por Lanzarote (PIL), Partido Progresista Majorero (PPMajo), Partido Demócrata Progresista, Agrupación Independiente de Moya y José Miguel Bravo de Laguna como independiente porque desde su punto de vista es una unión coyuntural que tiene “intereses partidarios más que un proyecto político” y que tras las elecciones no tendrán nada en común, aparte de que cree que en ella su partido pierde la “identidad nacionalista”.

Medina expone que el comité federal, celebrado el pasado 22 de marzo, ha sido “ninguneado” porque es quien tiene las competencias para aprobar las coaliciones y no el presidente del partido, Ignacio González, quien el político gomero apunta que “no puede sustituir a un órgano que es el que tiene competencias para aprobar las coaliciones”.

Por otro lado recuerda que en el citado comité se había avalado y firmado que en La Gomera iban a suscribir un pacto local con Nueva Canarias, el cual debía estar en poder de los órganos del partido en La Gomera el pasado 4 de abril. Sin embargo, Medina cree que ha existido “un retraso intencionado” en esta firma porque lo han tenido en su poder “más de diez días” y solo faltaba la rúbrica del presidente. No obstante, el ya político de ADGomera subraya que el enfrentamiento con los mandamases del CCN vienen de antes, en concreto de las elecciones generales del 2011 cuando Ignacio González pactó con el Partido Popular, pero que la alianza con Unidos ha sido la gota que colmó el vaso.

Por su parte Ignacio González ha señalado que él es el presidente “y representante legal” del partido y que el comité federal había decidido encomendarle la negociación para la plataforma electoral, la cual se ratificará este sábado en un nuevo comité de la formación. En cuanto a la acusación de Medina del retraso intencionado en el acuerdo con Nueva Canarias, González no ha querido hacer declaraciones alegando que no tiene por qué justificarse con alguien que ya no pertenece al partido.

No es la única molestia que ha suscitado la entrada del CCN en Unidos ya que también en Telde se habían mostrado “sorprendidos” con el acuerdo alcanzado con CIUCA, el partido de los hermanos Reyes con el que el líder nacionalista en la localidad grancanaria, Juan Martel, tiene un histórico enfrentamiento. Aunque Ignacio González sostiene que este municipio quedó desde el principio “al margen” del pacto, el mismo día de la presentación de la coalición al Parlamento tuvo lugar un comité local urgente para ver cómo afectaría este acuerdo ya que “no van a pedir el voto a Guillermo”.

El propio Juan Martel informó que en esta reunión se acordó no participar en la coalición “y menos con Ciuca”. De esta manera, lo que han pedido es que le permitan tener “libertad” de cara a las elecciones e ir independiente en el municipio, algo con lo que González “está de acuerdo” y que se confirmará esta misma semana.

El presidente del Centro Canario Nacionalista (CCN), Ignacio González, ha propuesto este miércoles cerrar las fronteras con los países en los que se hayan detectado personas infectadas por ébola para “anticiparse al desastre sanitario y económico que supondría la aparición de casos en Canarias”.

La formación centrista explica en un comunicado que el Archipiélago tiene un sistema sanitario y económico “muy frágil” por su consideración insular, “que no podría soportar un desastre sanitario de la envergadura de una pandemia de ébola, que mataría a nuestra gente y acabaría fulminantemente con la principal fuente de riqueza y empleo, que es el turismo”.

El diputado centrista trasladó su preocupación durante el pleno de este miércoles en el Parlamento de Canarias a la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, que lo tranquilizó al asegurarle que no se ha detectado ningún caso en las islas y que se han adoptado ya todos los protocolos. Sin embargo, González cree que deberían además cerrarse las fronteras con los países de riesgo “para evitar la entrada libre de personas infectadas por el virus y evitar así riesgos innecesarios. O cerramos las fronteras o corremos el riesgo de que el ébola cierre las islas”.

“Es una cuestión de vida o muerte, de supervivencia humana y económica, porque vivimos del turismo y nadie vendría a Canarias si corriera el más mínimo riesgo de infectarse con una enfermedad mortal que hoy por hoy no tiene cura. Si el ébola se extendiera por las islas, unos moriríamos por la enfermedad y el resto de hambre”, afirmó González.

CC se desmarca de la opinión del CCN

Coalición Canaria, a través de su portavoz y secretario general, José Miguel Barragan, se ha desmarcado de la petición “personal” hecha por el diputado y presidente del CCN. “No nos parece una petición responsable y no la compartimos, no estamos en ese momento, estamos en el momento de la responsabilidad, de no generar miedos infundados y que nada tienen que ver con la situación real, con lo que solo conducen al pánico y a la desinformación”, afirma Barragán.

El portavoz nacionalista quiere dejar claro que la situación a día de hoy no es ni preocupante ni alarmante. “Estamos hablando de un caso en España que se ha dado por unas razones muy particulares y no podemos asustar a la ciudadanía sin motivo y generando un pánico que lejos de mejorar, complica la situación”, insistió.

Barragán añade que la lucha contra las enfermedades infecciosas está perfectamente protocolarizada internacionalmente y “es la Organización Mundial de la Salud (OMS) la que debe tomar las decisiones en cada caso y así lo ha hecho siempre”.

“Ni la OMS ni cualquier otro organismo cualificado ha declarado situación de epidemia o pandemia en Europa. Son las autoridades competentes internacionales y estatales las capacitadas para decretar una alerta y las medidas que se deben tomar”, ha aclarado el secretario general de CC y portavoz nacionalista.

Barragán recuerda que los expertos afirman que el virus del ébola se transmite en unas condiciones muy determinadas, una vez desarrollada la enfermedad y a través del contacto con los fluidos. “Debemos ser todos responsables y no usar asuntos de este tipo para desinformar”.

El Centro Canario Nacionalista (CCN) en La Palma, en un comunicado, demanda al Cabildo que “restituya el monumento ‘El árbol de la graja’ de la ciudad de El Paso en el lugar que se merece”. Los centristas palmeros reiteran la denuncia hecha por ellos el pasado año sobre “el estado de dicha obra escultórica sin que haya habido interés alguno por ninguna institución en restituirla a su estado original o explicar al menos que se piensa hacer con la misma”.

El secretario federal del Centro Canario Nacionalista (CCN), Alfonso López, se expone en la nota de prensa, “coincidiendo con el segundo aniversario del fallecimiento de uno de los autores de la misma, Antonio Capote Pozuelo, se hace eco de la denuncia hecha en diversos foros y redes sociales por numerosos artistas palmeros” y reitera “el estado de abandono y deterioro en que se encuentra el monumento conocido como ”El árbol de la graja’, obra de gran belleza y espectacularidad y que actualmente más parece un arbusto caído que un árbol“.

Añade que “se da la circunstancia que el mismo se encuentra en una de las infraestructuras viarias más importantes y transitadas de la Isla como es la carretera que discurre entre Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane, con más de 4.500 vehículos diarios, encontrándose en el suelo desde aproximadamente marzo de 2013”.

Dicho monumento a la naturaleza palmera, “inaugurado hace menos de una década, es obra del afamado escultor Pereda de Castro y se trata de una estructura de corte arbórea y de movimientos inspirados en el vuelo de las grajas, de aproximadamente diez metros cúbicos y realizada en acero corten con oxidación provocada, estando englobada en una actuación dirigida por el fallecido artista pasense Antonio Capote, del cual se cumplieron el pasado 8 de agosto dos años de su fallecimiento”.

El secretario federal del CCN reitera su interés “en conocer que tiene el Cabildo proyectado hacer con este conjunto escultórico máxime siendo una obra de reconocido prestigio”.

“En La Palma”, concluye Alfonso López, “tendemos a hacer muchas cosas grandes o pequeñas pero nunca hasta ahora nuestros responsables institucionales se preocupan en pensar en su mantenimiento y futuro y el legado que dichas obras presuponen a las generaciones futuras”.

El Centro Canario Nacionalista (CCN) en La Palma “reprueba al consejero de Deportes del Cabildo por su labor al frente de la colaboración de la Institución en el VII Triatlón de Puerto Naos”, señala en un comunicado. Los centristas critican actitudes “poco éticas, de abuso de poder y prepotencia de la Consejería de Deportes en lo referente a contrataciones de publicidad y diseño realizadas para dicha prueba, organizada por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y Cabildo de La Palma y coordinado por el Club de Triatlón Bayana”.

El secretario federal del CCN, Alfonso López, en la nota de prensa, denuncia “la falta de ética en las contrataciones publicitarias y de diseño gráfico realizadas por el Cabildo de La Palma en su colaboración en el VII Triatlón de Puerto Naos, en el municipio de Los Llanos de Aridane, celebrado el pasado 30 de agosto”.

Los centristas, en el repetido comunicado, ponen de manifiesto que “fiel a los modos y maneras de actuar de su partido, el Partido Popular, en las contrataciones de eventos y siguiendo el ejemplo de comunidades por ellos gobernadas y al más puro estilo de tramas por todos conocidas, incluidos los tribunales de Justicia, la Consejería de Promoción Económica, Comercio, Empleo, Deportes y Juventud del Cabildo de La Palma dirigida por Mariano Hernández Zapata contrató a la empresa Tu&We propiedad de un destacado dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la Isla de La Palma para los trabajos de publicidad y diseño en dicha prueba, tal y como dicha empresa reconoce y agradece públicamente en las redes sociales, desconociendo tanto los centristas como la población palmera a fecha de hoy las ventajosas condiciones que con toda seguridad condicionaron dicha contratación”.

Mariano Hernández Zapata ha indicado a LA PALMA AHORA que la citada empresa ha “colaborado desinteresadamente con el VII Triatlón de Puerto Naos” como ha hecho “con otras pruebas organizadas” por el reseñado club. Ha asegurado que la mercantil Tu&we “no ha sido contratada por el Cabildo”. Ha dicho que “es algo completamente ridículo la crítica” vertida por el CCN y ha subrayado que “no es justo hablar de trato de favor” de manera “gratuita y sin fundamento”.

CCN expone también en su comunicado que “en el arco de meta a la llegada del Triatlón en Puerto Naos, una de las fotografías elegidas para decorar el mismo corresponde al propio consejero de Deportes del Cabildo palmero, Mariano Hernández Zapata, dándose además el añadido que en la misma se le puede reconocer perfectamente montando en bicicleta e incluso se lee claramente su apellido en el dorsal trasero de su camiseta”.

Alfonso López concluye manifestando que recomienda “encarecidamente al consejero Hernández Zapata que en modo alguno frustre su vocación de modelo fotográfico deportivo y que dimita al frente de sus responsabilidades institucionales en el Cabildo para dedicarse por completo a tan atractiva y desconocida por todos faceta suya”.

Ignacio González califica la medida de "disparatada" y opina que solo se explica "porque el asesor de Román Rodríguez está de vacaciones"

El presidente del Centro Canario Nacionalista, Ignacio González, ha expresado este sábado su rechazo a la propuesta de Nueva Canarias para crear una tasa turística al entender que lastraría la débil recuperación económica.

González, en un comunicado, opina que esta tasa alargaría la crisis económica y aumentaría el desempleo en las islas “que ya ha alcanzado las cifras peores de nuestra historia”.

El dirigente del CCN califica de “disparatada” la propuesta del presidente de NC, Román Rodríguez, y opina que solo se explica “porque su asesor está de vacaciones”.

En opinión de González, en estos momentos lo que interesa “es exactamente lo contrario, que vengan más turistas y que gasten más aquí, en vez de espantarlos, gravándolos con otra nueva tasa”

El hasta ahora presidente honorífico del Centro Canario Nacionalista (CCN), Lorenzo Olarte, ha anunciado su “irrevocable decisión” de desligarse del partido que fundó por su “absoluta discrepancia” con la forma de actuar de la dirección de la formación, a su juicio, “como si de su finca particular se tratara, en exclusiva y unilateralmente”.

En un carta enviada al presidente del CCN, Ignacio González, Olarte acusa al dirigente de no haber recabado “previamente a su omnímoda decisión” el parecer de ninguno de los militantes, aunque pertenezca al órgano ejecutivo competente.

Asimismo, acusa a González de no haber consultado con ningún órgano del CCN las decisiones o, tan siquiera, las intervenciones en el Grupo Parlamentario Nacionalista (CC-CCN-PNC), “de cuya inclusión en el mismo muchos nos enteramos ante el hecho consumado”. En ese sentido, insiste en que las resoluciones de la Presidencia del partido se toman “siempre por su exclusiva y libérrima voluntad y decisión”, e informa de los hechos después de que se hayan producido. Una forma de actuar que no da cabida a que el resto del partido pueda discrepar de su criterio personal, apostilla.

Por otro lado, puntualiza que “la corruptela actual también se ha extendido igualmente a su propia autonominación como candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, sin haber contado con nadie ni haber prestado órgano alguno del CCN su conformidad ante su personal, exclusiva y excluyente, pretensión”.

Olarte denuncia que este modus operandi se ha utilizado en las últimas fechas para designar a los candidatos a las próximas elecciones, contrariando los estatutos del CCN. Al respecto, hace referencia a varias personas en diferentes islas y, concretamente, al aspirante a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, “designándosele además presidente del Comité Ejecutivo Insular sin propuesta ni debate previo alguno”.

Además, afirma que, pensando únicamente en la captación de votos tinerfeños, el presidente del CCN ha abandonado a Gran Canaria, isla que en su opinión “parece considerarla como una sucursal tinerfeña ante su indiferencia o pasotismo”.

Una de las razones más importantes que le han llevado a abandonar el partido, dice, se centra en un episodio ocurrido días antes del fallecimiento de Adolfo Suárez, “y lamento mencionar su nombre en este escrito por el respeto que me merecerá durante toda mi existencia”, puntualiza. En este apartado, recuerda que González se negó terminantemente “cuando yo le propuse que en las próximas elecciones locales el CCN fuera coaligado con los ”suaristas“ de las islas y especialmente en Gran Canaria”. A renglón seguido, “como recriminándome por mi propuesta” llegó afirmar “que ”eso“ ya no significaba nada en Gran Canaria ni en ninguna de las demás islas”.

“Consecuentemente con cuanto precede resulta obvia la justificación de mi decisión de romper tajantemente con un partido que ni es ya el que ilusionadamente yo creé desde el ”suarismo“, al abandonar Suárez definitivamente la Política, ni sigue las normas estatutarias propias de un partido democrático, muy distinto, como digo, a una finca privada”, concluye.

Fernando Ballesteros y Francisco Gómez fueron los elegidos por el Comité Federal del Centro Canario Nacionalista

El Comité Federal del Centro Canario Nacionalista (CCN) ha decidido este sábado que los candidatos a la Presidencia los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria sean Fernando Ballesteros y Francisco Gómez. Así lo ha anunciado en rueda de prensa el presidente federal del CCN, Ignacio González, quien destacó el perfil de Ballesteros y Gómez, que también ha asumido la presidencia del Comité Insular de Gran Canaria.

En su repaso a la actualidad, Ignacio González analizó y dejó claro por qué no se presentaron a las elecciones europeas. “No nos presentamos y acertamos, y los que se presentaron, como Coalición Canaria, no sólo no obtuvo resultados, sino que se equivocó y no han oído el mensaje que recibió de la gente”, dijo.

Según el líder del CCN, “los partidos políticos tenemos que ponernos las pilas; tenemos que captar la ilusión por mejorar el sistema porque la alternativa al sistema democrático es mucho peor del que tenemos”.

Sobe el tema del petróleo, González defendió las prospecciones para saber si hay o no petróleo o gas natural y, a partir de ahí, negociar para saber los beneficios que obtendría Canarias. También apoyó la realización de un referéndum y que los canarios decidan si quieren extraerlo o no.

El Centro Canario Nacionalista (CCN) a través de su secretario federal Alfonso López, lamenta que “a consecuencia de los recientes cambios políticos, organizativos y de cierta incertidumbre en la primera Institución de la Isla , la que fuera y es una de las carreras de montaña escaparate mundial de la belleza de La Palma, se haya visto deslucida a nivel organizativo y, lo que es más triste aún, ensombrecida a nivel mediático incluso por otros eventos deportivos como el derbi entre el CD Tenerife y la UD Las Palmas”, según se informa en una nota de prensa.

El consejero centrista del Cabildo de La Palma, Ignacio Montesino, anterior responsable de la Consejería de Deportes de la institución insular, aseguran, “fue testigo en persona de estas inseguridades y fallos organizativos, poniendo en evidencia por ejemplo los errores habidos en el avituallamiento en el Pico de La Nieve, en el Roque de Los Muchachos, a 1.890 metros de altitud, donde confluyeron personas de la Ultramaratón y de la Maratón, con gente detenida esperando a recoger agua, lo que hizo que la fila alcanzara casi los cien metros de longitud”. “No podemos permitir que una prueba considerada entre las más duras del panorama mundial, con características únicas y claramente diferenciadoras, que transcurre por suelos de lava volcánica y de arena, que somete a los corredores a una climatología seca y de fuerte sol, y que pone en valor a lo largo de sus 73,3 kilómetros de trazado reconocido y sus 8.525 metros de desniveles acumulados las excelencias de la Isla de La Palma, someta a los 1.743 corredores inscritos en la presente edición a fallos de esta envergadura que no hacen sino devaluar la que hasta la fecha es, y pretende seguir siendo, referencia en la élite de las pruebas de montaña más espectaculares del panorama internacional”, afirma Alfonso López.

El concejal asegura que el pago se ha hecho "a dedo, ya que no existe concurso público si no un negociado sin publicidad".

El concejal de Por Tenerife en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Corrales, ha calificado este jueves de “nuevo escándalo” que la corporación insular ha pagado por las sillas del carnaval de la capital tinerfeña a una empresa de un concejal del municipio de Buenavista.

José Manuel Corrales indica que el director gerente de la empresa de las sillas y concejal en Buenavista, Gaspar Lorenzo Dorta, es del CCN, el mismo partido en el que milita el edil de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, Fernando Ballesteros, a quien ha exigido que explique los motivos de la contratación.

“A 2,50 euros por silla, 7500 sillas son 18.750 euros” que recaudó en el Coso Apoteosis del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife el personal de la empresa Bailando Producciones Artísticas SL, cuyo director gerente es Gaspar Lorenzo Dorta, explica el concejal de Por Tenerife. Añade José Manuel Corrales que con esas sillas se recaudaron 53.906,33 euros en Carnaval, Fiestas de Mayo y Navidad.

A juicio del concejal de Por Tenerife se trata de un “nuevo escándalo que se suma al historial del Gobierno de CC-CCN-PNC y PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”. Además, Corrales asegura que el pago se ha hecho “a dedo, ya que no existe concurso público si no un negociado sin publicidad”.

"La ciudadanía dice que justicia es la lenta, pero la justicia siempre llega", advierte el consejero centrista insular, Pedro Medina

El consejero del CCN en el Cabildo de La Gomera, Pedro Medina, aseguró este sábado que la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha instado al Juzgado de San Sebastián a solicitar informes para dilucidar si los hechos denunciados sobre el incendio de agosto de 2012 en la isla revisten indicios racionales de algún ilícito penal.

En un comunicado, Medina recuerda que el 16 de enero de 2013 presentó denuncia en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Sebastián de La Gomera contra el presidente insular, Casimiro Curbelo, y otras personas por un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave.

Añade que la denuncia ha dado pie al fiscal Rafael Ruiz Ibáñez a solicitar al juez que inste al Seprona, Cabildo gomero y Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias a remitir copia literal íntegra de todos los informes, resoluciones y expedientes de cualquier tipo del incendio acaecido en la isla el 4 de agosto de 2012.

En el escrito, el Fiscal pide que se determinen los órganos responsables (con mención de su identidad) en las labores de extinción y toma de decisiones en orden a organizar medios personales y materiales.

También solicita que se identifique a los técnicos informantes y responsables de la toma de decisiones durante el incendio, con mención expresa de las causas justificativas que en cada momento determinen la calificación del nivel de alerta.

Asimismo, pide que se informe sobre las causas de reactivación del incendio el 10 de agosto de 2012, una vez rebajado el nivel de alerta a grado 1, identidad de técnicos informantes y responsables de la toma de decisiones.

Pedro Medina se muestra sorprendido por la demora de las actuaciones, pero espera que tanto el Seprona, como el Cabildo y la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias colaboren con la Justicia y en el menor breve espacio de tiempo hagan entrega de todos los informes solicitados.

“La ciudadanía dice que justicia es la lenta, pero la justicia siempre llega. Los gomeros pueden estar seguros que hasta que la justicia resuelva y, a través de mi personación en el procedimiento, estaré vigilante con mis abogados, recabando el mayor impulso procesal que podamos y manteniéndoles informados de su devenir”, asegura.

Los centristas consideran que las islas merecen un trato especial para sus pymes y trabajadores.

"No se puede tratar igual a una autonomía con una tasa de paro que supera el 35% y que además está a la cabeza de la economía sumergida a nivel nacional", dicen.

El Centro Canario Nacionalista (CCN) ha propuesto que en el Archipiélago se instaure un sistema especial de la Seguridad Social al considerar que los canarios “merecen un trato específico para sus trabajadores y pequeñas y medianas empresas”.

La reforma recaudatoria de la Seguridad Social ha cambiado las normas de cotización de bastantes conceptos salariales a través del decreto-ley 16/2013 de 20 de diciembre, con efecto inmediato al día siguiente de su publicación.

Esto “perjudica directamente a los salarios inferiores y a las empresas que tienen que ajustar al céntimo”, según la secretaria de Economía del CCN, Elisa Hernández.

“El efecto en las cotizaciones a la seguridad social puede suponer varios miles de euros al año para muchas empresas y, por supuesto, en los trabajadores, que también tienen que descontar su parte proporcional de la cotización de cada nómina en la que cobren estos conceptos”, precisa.

El CCN explica que entre esos nuevos conceptos se incluyen la totalidad del importe abonado a los trabajadores por pluses de transporte y distancia, las mejoras de las prestaciones de Seguridad Social (incluye planes y fondos de pensiones, seguros, etcétera), salvo las correspondientes a la incapacidad temporal; las asignaciones asistenciales, excepto las correspondientes a gastos de estudios del trabajador o asimilado cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características del puesto de trabajo, y la totalidad de los gastos normales de manutención y estancia generados en el mismo municipio del lugar del trabajo habitual del trabajador y del que constituya su residencia.

Según los centristas, el impacto inmediato de esta reforma se verá en la competitividad de las empresas canarias, retrasando la recuperación de la actividad empresarial, además de “fomentar el fraude a la Seguridad Social”.

El CCN destaca que la única medida para proteger el bienestar social “no pasa por romper al tejido empresarial y acortar el poder adquisitivo de los trabajadores”. Por ello propone la implantación de un Sistema Especial de la Seguridad Social para Canarias (SESSC) que garantice la salvaguardia social, considerando que no se puede tratar igual a una autonomía con una tasa de paro que supera el 35% y que además está a la cabeza de la economía sumergida a nivel nacional.

Para los centristas, la solución estará en este órgano especial que “ayude a emerger esas actividades económicas y que reduzca la cifra actual de paro del 28.7% con medidas que las incentiven a participar en el canal formal de los derechos sociales y fiscales”.