Europa cierra la puerta a Artur Mas por falta de interés del expresident. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado la demanda del expresident de la Generalitat por su condena por la votación soberanista del 9 de noviembre de 2014 al no haber contestado el expresident a las alegaciones solicitadas por el tribunal.

Según la resolución del TEDH de este jueves, el tribunal trasmitió sus observaciones a Mas y a su defensa, que ejerce el abogado Xavier Melero, en octubre de 2023, y le dio un mes para contestar a sus preguntas (un procedimiento habitual en este tribunal). Sin embargo, el tribunal “no recibió respuesta” de Artur Mas, indican los togados.

Mediante carta enviada a través del servicio de comunicación electrónica del TEDH el 4 de diciembre de 2023, el tribunal notificó a Artur Mas que el plazo previsto para la presentación de sus observaciones había expirado y que no se había solicitado ninguna prórroga, explica la corte europea.

El 17 de enero de 2024, la secretaría envió otra carta a Mas por correo certificado, invitándole a presentar observaciones a más tardar el 12 de febrero de 2024. En esta última comunicación, los magistrados incluso advirtieron al expresident de que la normativa del tribunal permite archivar un caso “cuando las circunstancias lleven a la conclusión de que el solicitante no tiene intención de continuar”, tal y como ha terminado ocurriendo en el caso del 9-N.

El abogado de Mas, añade el tribunal, se conectó al servicio de comunicaciones del TEDH el 19 de enero de este año. “Sin embargo, no se recibió respuesta del solicitante [Mas] ni de su representante [Melero]”, concluye el tribunal para archivar el caso

En su demanda ante el TEDH, Mas alegaba que la suspensión de la consulta por parte del Constitucional “no fue suficientemente precisa, concreta y categórica”. Por ello, consideraba que la condena por el 9-N vulneró el artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que impide condenar a alguien por “una acción u omisión que, en el momento de ser cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional”.

El Tribunal Supremo redujo a un año y un mes de inhabilitación la condena a Mas, once meses menos que los dos años que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), al concluir que el entonces president desobedeció de forma abierta a prohibición de la consulta del 9-N decretada por el Tribunal Constitucional.

Al haber costeado los gastos de la consulta antes de su suspensión por parte del Constitucional, Mas y los exconsellers se salvaron del delito de malversación de fondos públicos en su causa penal. No obstante, el Tribunal de Cuentas les condenó en otro procedimiento a pagar 4,9 millones de euros.

Mas, por su parte ha calificado el archivo de su causa de “malentendido procedimental”. En declaraciones a varios medios recogidas por la agencia ACN, Mas ha explicado que su defensa creía que no era obligatorio ampliar las alegaciones presentadas, como le había pedido el tribunal, y por tanto lo atribuye a “un malentendido entre las partes”.

Según Mas la situación es “una lástima” porque, si hubiera ganado el caso, habría sido “una victoria política y moral”. De todos modos, el expresidente subraya que el archivo “no asienta ningún precedente” porque el tribunal no ha entrado en el fondo de la causa, que Mas considera “preservado”.

Un empresario israelí que trabaja para servicios de inteligencia y organismos de seguridad gubernamentales internacionales se atribuye el ciberataque a la Generalitat de Catalunya durante la consulta independentista del 9-N de 2014. Así lo ha acreditado una investigación de la organización de periodistas Forbidden Stories en la que ha participado El País junto a una veintena de medios como The Washington Post, The Guardian, Le Monde y Der Spiegel, entre otros.

El empresario, llamado Tal Hanan, asegura que sus compañías trabajan para servicios de inteligencia y han participado en 33 campañas en las que ofrecen servicios de “desinformación” a gobiernos, candidatos y empresas. Hanan, de 50 años, experto en tecnología y exsubcomandante del Ejército israelí, se jactaba en reuniones ante potenciales clientes de haber ideado y liderado el ataque a la Generalitat, que definía como la mayor ofensiva en la red que ha registrado Catalunya. Hanan aseguraba que era capaz de “matar Internet en un país europeo durante un histórico referéndum” en un vídeo que mostraba durante sus charlas para ganar contratos.

El asalto informático atacó durante tres días varias webs de la Generalitat, coincidiendo con la consulta del 9-N, y afectó también otros servicios como el portal de justicia de la Generalitat o el de emergencias médicas. La ofensiva se centró, sin embargo, en las webs que se pusieron en marcha para organizar la votación consultiva en la que participaron unos dos millones de catalanes. También entidades independentistas como la ANC y Òmnium, vinculadas a la promoción de la consulta, denunciaron ataques informáticos durante esas fechas.

Según la información publicada, Hanan está vinculado a la consultora británica Cambridge Analytica, que se aprovechó de los datos personales de millones de usuarios de Facebook para facilitar la victoria de Donald Trump en los comicios estadounidenses de 2016. El empresario también ha impartido cursos a funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según fuentes próximas a la inteligencia española citadas por El País. Los servicios de Hanan, según aseguraba él mismo en las reuniones, costaban entre 6 y 14 millones y se podían abonar tanto en efectivo como en criptomonedas.

No es la primera vez que los productos de ciberinteligencia israelí se vinculan a los ataques informáticos al independentismo catalán. También el software 'Pegasus', que se infiltró en los móviles de diversos líderes del independentismo, estaba desarrollado por NSO Group, una opaca empresa radicada en el país hebreo.

La Fiscalia ha presentat un informe aquest divendres davant del Tribunal de Comptes en el qual dóna suport a l'obertura d'una investigació contra l'expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas, l'exconseller de la Presidència, Francesc Homs, i les també exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau “per determinar les seves responsabilitats per la despesa de més de 5 milions d'euros en les votacions del 9-N” del 2014.

En una nota enviada per la Fiscalia General de l'Estat, s'informa que el Tribunal de Comptes compta amb un escrit remès per diverses associacions que sol·licita l'obertura d'una investigació comptable en aquest òrgan pel possible ús irregular de diners públics en l'esmentada consulta popular. Entre les entitats denunciants es troben Societat Civil Catalana i l'associació Advocats Catalans per la Constitució.

En el seu informe, el fiscal del Tribunal de Comptes demana a la Comissió de Govern d'aquest òrgan el nomenament d'un delegat instructor.

Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs ja van ser condemnats per la seva participació en el procés participatiu del 9 de novembre de 2014. Sobre els quatre pesen penes d'inhabilitació per ocupar un càrrec públic a més de multes entre els 24.000 i els 36.500 euros.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado a la ANC y Òmnium Cultural con una nueva sanción de 90.000 euros, que se suma al embargo de 246.000 euros que les impuso en febrero por la 'Gigaenquesta' que hicieron las entidades soberanistas en 2014, antes del 9N, para preguntar a los ciudadanos como querrían que fuera una Catalunya independiente.

“El Estado sigue así con la estrategia de intentar ahogar económicamente las entidades para frenar el referéndum”, han lamentado en un comunicado, donde consideran que se trata de nuevo de una multa política que no reconocen y que recurrirán hasta las últimas consecuencias.

Según explican, la sanción de 90.000 euros es un caso sin precedentes en España que se les impone por tener una base de datos inoperativa en los Estados Unidos cuando se estaba definiendo el nuevo protocolo internacional sobre datos en este país.

Tras constatar que otras empresas de actividades diversas tenían bases de datos de estas características, las entidades soberanistas garantizan que han cumplido “rigurosamente” con la normativa existente en cada momento.

En su opinión, la multa es “un claro ejemplo de la persecución que hace meses que el Estado practica hacia las entidades soberanistas, aplicando medidas sancionadoras de excepción” contra la ANC y Òmnium, que promueven el referéndum.

También acusan al Estado de sancionarlas “a partir de una denuncia que no ha podido ser verificada”, por lo que consideran que se las ha multado “bajo criterios ideológicos” con el único objetivo de condenar las entidades que trabajan por el referéndum.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga en secreto desde marzo del año pasado a las entidades y empresas que están colaborando con la Generalitat de Catalunya para poner en marcha las estructuras del Estado independiente como los servicios de inteligencia y la Agencia Tributaria.

En el marco de estas diligencias, la Fiscalía, que investiga posibles delitos de sedición y malversación de caudales públicos, ha pedido a la Guardia Civil que requiera a una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad documentación sobre los contratos con la Generalitat en relación a la puesta en marcha de esas estructuras, según informa este lunes El País.

Fuentes jurídicas han confirmado a EFE el requerimiento y han señalado que no es el primero de este tipo que se hace en el marco de esta investigación abierta en los años en que Consuelo Madrigal estaba al frente de la Fiscalía General del Estado y Javier Zaragoza en la Jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Ahora con esos cargos renovados tras los nombramientos de José Manuel Maza y Jesús Alonso, respectivamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha vuelto a dar un nuevo empuje a estas diligencias.

La Fiscalía ha dado un plazo de ocho días a las empresas contratadas por la Generalitat para entregar a la Guardia Civil toda la información de que dispongan sobre las adjudicaciones y se les advierte que de negarse pueden incurrir en delitos de desobediencia y de malversación de caudales públicos.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha confirmado en declaraciones a los periodistas en un acto público que este asunto “está en curso”, pero ha añadido que no puede dar más explicaciones al respecto.

Tras la declaración independentista del 9 de noviembre de 2015 aprobada por el Parlament catalán, la Audiencia Nacional abrió una serie de diligencias por rebelión y sedición contra varios ayuntamientos catalanes por haber aprobado mociones de apoyo a la resolución, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Este mismo lunes, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha eximido al concejal de la CUP en Vic Joan Coma de haber cometido el delito de rebelión y sedición del que le acusaba el fiscal, y se inhibe de las actuaciones en un juzgado de instrucción por si los hechos pudieran considerarse desobediencia o prevaricación.

El Tribunal Supremo ha condenado a Francesc Homs a un año y un mes de inhabilitación por su papel en la organización de la consulta soberanista del 9N tras la prohibición del Tribunal Constitucional, y le impone una multa de 30.000 euros. La Fiscalía había pedido una pena de nueve años de inhabilitación para el desempeño de cargó público.

El tribunal considera a Homs culpable un delito de desobediencia grave cometido por autoridad administrativa, pero le absuelve del delito de prevaricación administrativa, al considerar que este queda “absorbido” por el de desobediencia. La sentencia, acordada por unanimidad de la sala, obliga al diputado del Partit Demócrata a abandonar su escaño, porque contra ella no cabe recurso. Fuentes de este partido indican que Homs pedirá una aclaración de la condena al Supremo.

En la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, se señala que “no se cuestiona si la aplicación económica de fondos públicos, promovida por el acusado en abierta y franca contradicción con el mandato emanado del Tribunal Constitucional, tiene o no relevancia penal”. Es decir, no valora si hubo malversación porque la Fiscalía no le ha acusado de ese delito.

Sí que le considera culpable de desobedecer las órdenes del Constitucional porque entiende que Homs era plenamente consciente de la prohibición de celebrar la consulta. “La idea de que la excesiva amplitud del mandato oscurecía el ámbito de lo prohibido encierra un inaceptable sofisma. Entender que cuando el mandato lo abarco todo, en realidad no abarca nada, carece de sentido”, recoge el texto.

Durante el juicio, Homs defendió que no hubo consulta, sino “proceso participativo”, y que si no se suspendió fue porque “no había forma humana de saber cuál era el alcance de la providencia” del Constitucional. Durante su declaración, criticó que ese tribunal alterase su agenda para dar cumplimiento a los deseos del Gobierno.

Fue un proceso tutelado por el Govern

El ahora diputado en el Congreso admitió que volvería a actuar igual aún siendo consciente de la suspensión, y criticó que el Supremo no actuase contra el Ejecutivo por incumplir sentencias del Constitucional: “Ustedes admiten que el Gobierno de España incumple sentencias, pero que como no hace nada para incumplirlas, no es motivo para presentar una querella, un argumentación interesante (...) Si vale este argumento para el Gobierno de España, vale para las instituciones catalanas, si no, sería un trato desigual”.

El Supremo entra a valorar el argumento de la participación de voluntarios en la consulta, esgrimido por los acusados. El tribunal cree que no sirve como argumento exoneratorio “para convertir lo que fue un proceso tutelado y dirigido desde el Gobierno de la Generalitat en un espontáneo movimiento ciudadano ajeno a toda vinculación pública o institucional”.

La sentencia sobre Homs llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenase a Artur Mas a dos años de inhabilitación por los mismos hechos. Las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau fueron condenadas a un año y nueve meses y a un año y seis meses de inhabilitación. Todos, al igual que Homs, fueron absueltos del delito de prevaricación.

La condena por delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) de Artur Mas –dentro de su moderación– se produce en un marco excepcional de crisis total del pujolismo. Continúa abierto el proceso penal contra la familia Pujol. Está celebrándose el juicio oral por el expolio del Palau de la Música y la financiación ilegal de CDC y comienza el juicio contra dos de los máximos exponentes del nacionalismo catalán, Alavedra y Prenafeta, por fraude fiscal y blanqueo de capitales, de muchos millones de euros.

En este momento, la condena de Artur Mas a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos sitúa al proceso independentista en plena crisis. Su principal impulsor es fundada y justamente expulsado de la política porque ha desafiado y menospreciado el Estado Democrático de Derecho.

En estas breves notas, no pueden abordarse las amplias cuestiones que aborda la sentencia –100 folios–. Pero, trataremos de destacar sus aspectos más relevantes. Vaya por delante, que estamos ante una Resolución muy fundada que da cumplida respuesta a todos los aspectos que se plantearon en el juicio desde la fiscalía y desde las defensas. Que fundamenta rigurosamente las razones que sustentan la autoría, la culpabilidad y responsabilidad penal de los tres acusados. Y desautoriza los argumentos defensivos pormenorizadamente.

Frente a lo que siempre ha pretendido Mas, es evidente que estamos ante un juicio justo que respira a lo largo de su razonamiento independencia, neutralidad y objetividad. Por ello, la condena de Mas es muy importante y, desde luego, irreprochable.

Hay dos textos dignos de destacarse. Artur Mas, cuando decide incumplir el mandato del TC de que no se celebre la consulta del 9-N, “pervirtió los principios democráticos de división y equilibrio de poderes e hizo quebrar una regla básica e imprescindible para una convivencia pacífica, la que pasa indefectiblemente por la sumisión de todos al imperio de la ley y al cumplimiento de las resoluciones judiciales”. Y para justificar la pena que se le impone, se estima “adecuada y proporcional la reacción máxima prevista por el legislador, pues máxima ha sido la tensión a que se vieron sometidos valores constitucionales tan esenciales en un Estado democrático y de derecho como el equilibrio entre poderes y el sometimiento de todos al imperio de la ley”.

El punto de partida del análisis condenatorio es la defensa de la democracia y, dentro de ella, el principio de jerarquía cuando media –como en este caso–, la Providencia “meridiana y explícita” del TC de 4/11/2014 suspendiendo la consulta ilegal convocada por el entonces president Mas, un “mandato inequívoco, claro y terminante, de paralizar o suspender, en definitiva de cesar, toda actividad encaminada a la realización del denominado proceso participativo convocado por el President de la Generalitat el día 14 de octubre anterior…”.

La sentencia analiza las “evidencias” que acreditan la voluntad directa y constante de los tres acusados para que la consulta tuviese lugar contra la orden explícita emanada del TC. Y, para ello, pusieron en marcha una estrategia perfectamente diseñada y ejecutada con medios “materiales, equipos técnicos y equipamientos públicos sin los cuales el proceso participativo no habría podido desarrollarse…”.

Es importante citarlos, frente al pueril argumento de que fue un esfuerzo de un grupo de voluntarios. Entre otros, los siguientes. La creación y mantenimiento de la página web “participa2014.cat”, siempre bajo el control del Govern, la campaña de publicidad institucional contratada con la sociedad Media Planning Group SA, el reparto “masivo” de “correspondencia oficial” contratado con Unipost, la fabricación y suministro de “urnas, papeletas y sobres” por diversos reclusos, entre otros, los del Centro penitenciario de Ponent (Lleida), “la instalación de programas informáticos y suministro de material tecnológico y apoyo técnico” concertado con FUJITSU, entre los que se encontraban 7.000 ordenadores portátiles, la contratación de un “seguro de responsabilidad civil” con Axa a favor de 27.117 voluntarios y la disponibilidad, completamente irregular, de Centros públicos de enseñanza.

Todos estos, aquí brevemente expuestos, son los que empleaban los acusados, bajo la dirección de Mas, para contravenir abiertamente lo ordenado por el TC y ejecutar conscientemente un proceso de indudable cariz delictivo, la consulta del 9N. Como dice el Tribunal, actuaron con “una voluntad consciente y una disposición anímica inequívoca de contravención”. Por todo ello, han sido condenados. Como tantas y tantas personas, no tan relevantes como ellos, que han sido condenadas por dicho delito común.

Leída la sentencia, se abren varios interrogantes. Me detengo solo en uno. ¿Cuánto costó a las cuentas públicas de la Generalitat –es decir, a todos los catalanes– la celebración de un proceso claramente delictivo? ¿Cómo lo van a reparar?

El exviceconsejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, ha declarado este lunes ante el Tribunal Supremo que el Govern no podía suspender la consulta del 9N tras la prohibición del Tribunal Constitucional (TC). “No había forma humana de saber cuál era el alcance de la providencia”, se ha defendido ante las preguntas del fiscal Jaime Moreno.

“La consulta no se podía suspender”, ha dicho, porque se traba de un proceso participativo. “Lo que hacíamos era un proceso participativo, con voluntarios y esas cosas, porque estaba en juego el ejercicio de derechos fundamentales”, ha añadido, que tampoco podía anularse porque la decisión del Constitucional era imprecisa, por lo que decidieron mantener los preparativos: “No podíamos hacer otra cosa”.

El Supremo juzga a Homs por su papel en la organización de la consulta del 9N cuando esta ya había sido anulada por el Tribunal Constitucional. El juicio contra el resto de acusados por esta misma causa, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, se ha celebrado en la Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque están aforados ante él.

A Homs se le acusa de, en su papel de consejero de Presidencia y como máximo responsable de los servicios jurídicos, articular “una estrategia de desafío completo y efectivo de la suspensión del Tribunal Constitucional” junto con el resto de acusados. Según el Supremo, Homs no suspendió ninguno de los actos previstos para la celebración de la consulta.

El ahora diputado del CDC en el Congreso ha insistido en que la providencia no anulaba el proceso participativo “El TC demostró que era capaz de alterar su agenda para deponer aquello que el Gobierno le pedía en horas”, ha criticado, al tiempo que ha reconocido que la Generalitat recibió la providencia el mismo día en que se acordó.

A partir de ese momento, el Govern pidió, mediante un recursos, “una aclaración” sobre la decisión del tribunal que nunca llegó, ha precisado. Pero no se acordó suspender ninguno de los trámites previstos para celebrar la consulta del 9N: “Sería incongruente”.

Las constantes interrupciones entre Homs y el fiscal han provocado la intervención del presidente de la sala, Manuel Marchena. “No intente usted hacer una glosa sobre la pertinencia o impertinencia de las preguntas del ministerio fiscal”, le ha advertido.

Una carta “legitimando” los trabajos para la consulta

Según la Fiscalía, Homs “impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria”. Para sustentar su acusación, se apoya en que envió una carta a la empresa encargada del soporte tecnológico de la consulta “legitimando” sus trabajos para el 9N y aclarando que no se veían afectados por la decisión del Constitucional.

Homs ha contestado que la providencia no prohibía “expresamente” esos trabajos. “Teníamos la certeza de que eran actuación que se podían llevar a cabo”, ha añadido. También ha admitido que advirtió a la empresa de que “si no cumplían con lo que teníamos contratado”, los servicios jurídicos de la generalitat actuarían en consecuencia.

Una segunda carta compromete a Homs. Tras la celebración de la consulta, el entonces consejero de Presidencia informó al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) que determinados medios de comunicación no difundieron gratuitamente la publicidad institucional de la Generalitat para la consulta soberanista.

“Si no hubiera hecho esto estaría incurriendo en prevaricación”, ha alegado Homs, que ha asegurado que no entendió que este hecho estuviese anulado por la decisión del Constitucional. El fiscal le ha recordado que el CAC no sancionó a los medios basándose, precisamente, en la decisión del TC.

Actuaría de la misma manera

Durante su declaración, Homs ha insistido que asume todos los hechos de los que se le acusa, incluso de los que no. “Asumo todos los hechos”, ha dicho, y ha añadido que lo que se juzga es si cometió “un ilícito penal”, algo que ha negado.

“Lo hubiera vuelto a hacer”, ha dicho al fiscal, si conociese en ese momento la sentencia del Constitucional que, en 2015, ratificó la ilegalidad de la consulta. Lo haría, ha dicho, utilizando los argumentos del Supremo en su archivo de la querella que presentó contra el gobierno de Mariano Rajoy por incumplir sentencias del TC.

“Ustedes admiten que el Gobierno de España incumple sentencias, pero que como no hace nada para incumplirlas, no es motivo para presentar una querella, un argumentación interesante (...) Si vale este argumento para el Gobierno de España, vale para las instituciones catalanas, si no, sería un trato desigual”, ha explicado.

La defensa de Homs han insistido al inicio del juicio en pedir que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, comparezcan como testigos. El tribunal ha vuelto a rechazar la petición por “no forma parte del objeto de esta causa la opinión institucional acerca de los hechos que se están aquí enjuiciando”.

Ya en el turno de preguntas de su abogada, el diputado catalán ha comenzado haciendo un repaso de los hechos, en los que se ha remontado hasta la aprobación del Estatut en 2006, hasta asegurar que el 9N el Gobierno le ofreció no emprender “actuaciones de ningún tipo” si la Generalitat no daba una rueda de prensa esa noche.

Al terminar el interrogatorio, Marchena ha ofrecido a Homs, que es abogado de profesión, una toga para que se siente junto a su letrada durante el resto del juicio, y asista en esta condición durante los próximos días y no en el banquillo de acusados. Tras aclarar que es abogado no ejerciente, ha aceptado.

El Tribunal Suprem ha dictat l'obertura d'un judici oral contra el portaveu parlamentari del PDCAT al Congrés dels Diputats, Francesc Homs. Homs està acusat dels delictes de “desobediència greu i prevaricació administrativa” per la consulta celebrada el 9 de novembre de l'any 2014.

El jutge del penal del Tribunal Suprem ha considerat aquest divendres que podria haver indicis de delicte per part de l'actual cap de files del PDECAT a Madrid. El magistrat de la Sala Penal, Andrés Palomo del Arco, ha dictat acte d'obertura de judici oral després que el 29 de desembre passat posés fi a la instrucció de la causa.

La notícia arriba després que la Fiscalia demanés fa uns dies nou anys d'inhabilitació contra l'ex conseller de Presidència a Madrid. En el seu escrit, el fiscal afirmava que “Francesc Homs, no va adoptar la suspensió de cap de les actuacions ni actes que es desenvolupaven per a la celebració de la consulta que depenien directament del Departament de la Presidència”. A més destacava que “va impulsar activament els treballs preparatoris de la convocatòria”.

Homs serà jutjat al Suprem per aquest assumpte amb independència que renunciï a la seva acta de diputat. L'acusat té un termini de deu dies per presentar el seu escrit de defensa si bé contra la interlocutòria no cap recurs.

El Tribunal Supremo ha dictado la apertura de un juicio oral contra el portavoz parlamentario del PDCAT en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs. Homs está acusado de los delitos de “desobediencia grave y prevaricación administrativa” por la consulta celebrada el 9 de noviembre del año 2014.

El juez de lo penal del Tribunal Supremo ha considerado este viernes que podría haber indicios de delito por parte del actual jefe de filas del PDECAT en Madrid. El magistrado de la Sala de Lo Penal, Andrés Palomo del Arco, ha dictado auto de apertura de juicio oral después de que el pasado 29 de diciembre pusiera fin a la instrucción de la causa.

La noticia llega después que la Fiscalía pidiera hace unos días nueve años de inhabilitación contra el ex consejero de Presidencia en Madrid. En su escrito, el fiscal afirmaba que “Francesc Homs, no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de la consulta que dependían directamente del Departamento de la Presidencia”. Además destacaba que “impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria”.

Homs será juzgado en el Supremo por este asunto con independencia a que renuncie a su acta de diputado. El acusado tiene un plazo de diez días para presentar su escrito de defensa si bien contra el auto no cabe recurso.

El jutge instructor de la causa seguida al Tribunal Suprem contra el diputat i exconseller de Presidència de la Generalitat de Catalunya Francesc Homs per la consulta del 9-N ha tancat la investigació i ha demanat a la Fiscalia que sol·liciti obertura de judici contra ell o l'arxiu de la causa.

El magistrat de la Sala II Andrés Palomo del Arco, instructor de la causa seguida per delictes de prevaricació i desobediència contra Homs en relació a la consulta del 9-N de 2014, ha dictat interlocutòria de transformació de les diligències prèvies en procediment abreujat.

Amb això posa fi a la investigació dels fets i dóna un termini de deu dies a la Fiscalia perquè sol·liciti l'obertura de judici oral formulant escrit d'acusació o bé el sobreseïment de les actuacions. El fiscal podria, excepcionalment, sol·licitar la celebració d'alguna diligència complementària.

En el seu acte, el jutge apunta un cop més l'existència d'indicis de desobediència i prevaricació en la conducta d'Homs en relació amb la consulta del 9-N, després de la sentència del Tribunal Constitucional que va suspendre la convocatòria de la consulta sobre el futur polític de Catalunya convocada per la Generalitat per a aquest dia.

Aunque parezca mentira en España puede acabar siendo delito poner urnas para que más de 2.347.000 personas puedan votar. También sorprende que cuando se debate sobre ello en el Congreso, se tenga que hacer a puerta cerrada. Encima, quienes defienden que todo esto pase lo justifican por ser “legal”. Y para colmo, algunos esperan que ante tales despropósitos traguemos sin más que la “ley” son ellos, sus arbitrarias interpretaciones, sus sometidos fiscales y sus tribunales presididos por sus propios militantes. ¡Ole tú!

Es cierto que los que promulgan que “la ley somos nosotros” pueden puntualmente vencer. Pero creo que no tienen a su alcance convencer. Al menos es seguro que no convencen en Catalunya. El pasado martes 22 de noviembre en la votación del suplicatorio que pedía el Tribunal Supremo para que un servidor fuera juzgado por los conocidos hechos del 9 de noviembre de 2014, la mayoría de los diputados catalanes votaron contra tal despropósito. Y no lo hicieron para preservar un supuesto privilegio -que en este caso seguro que no lo es-, sino porque los hechos demuestran que este es un proceso más político que jurídico. Y, tal y como dicta examinar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, estamos ante una utilización de la Justicia para condicionar, alterar y modificar el funcionamiento del Parlamento.

Insistiré en los hechos, porque es por donde precisamente los de la “ley” no convencen. No convence que un tribunal presidido por un militante del PP sea el causante de tal embrollo: la presunta desobediencia. No convence constatar que este tribunal se reunió de forma extraordinaria a petición del gobierno de España, pero se fue de fin de semana cuando el Govern catalán le pidió que le aclarase el alcance de su resolución, justo antes del famoso 9N.

Tampoco convence constatar que la Junta de Fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictaminase por unanimidad que los hechos del 9 de noviembre no eran delito, pero que unas semanas después les llegó la orden de cambiar radicalmente el criterio y tuvieron que presentar querellas por, ni más ni menos, que los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Y, encima, de por medio presentó la dimisión el propio Fiscal General del Estado.

Tampoco convence leer un auto del TSJC donde se afirma que a un servidor “no se le pueden atribuir todas las actuaciones presuntamente delictivas del Govern”, razón por la cual se desestimaron querellas que se me habían presentado, para al cabo de un año decir justo todo lo contrario.

Y no solo no convence, sino que preocupa y estremece, conocer unas grabaciones donde el ministro del Interior decía literalmente “esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión”, refiriéndose precisamente a un expediente vinculado a mi persona. Cierto es que aquello no prosperó. Pero parece ser que otro expediente, el del 9N, sí.

Esto son hechos que desenmascaran aquellos que dicen ampararse en la ley. Porque si no, ¿de qué tipo de ley estamos hablando cuando se obliga a tribunales y a Fiscalía a cambiar de opinión por presiones políticas? ¿Qué tipo de ley puede amparar a un ministro del Interior que presume de poder utilizar la Fiscalía para atacar y perseguir a sus adversarios políticos? ¿En nombre de qué ley en una democracia se puede juzgar a alguien por haber puesto urnas?

Creo sinceramente que en el siglo XXI, en un mundo globalizado, en el contexto europeo, ante una sociedad cada vez más formada y más informada, solo cabe convencer. Resulta inquietante comprobar el discurso creciente del establishment consistente en decir que “los referendos los carga el diablo”. Parece que a algunos la democracia les molesta cuando las cosas no les salen como quieren. Y en vez de revisar sus propuestas, sus ideas, sus postulados, culpan al sistema democrático que permita que los “populistas” avancen posiciones.

El tripartito español que configuran PP, C’s y PSOE tiene mucho de esta actitud. Deploran a la ciudadanía porque creen, en el fondo, que somos tontos, que nos equivocamos y que por eso poner urnas sería un error. Y cuando no tienen más remedio, recurren al discurso del miedo, porque no saben ofrecer esperanza, ni tampoco confianza. Pueden vencer puntualmente, sí. El discurso del miedo sirve precisamente para vencer. El discurso de la esperanza y la confianza solo puede convencer. Y en Catalunya todo lo que ofrecen PP, C’s y PSOE está precisamente en el terreno del discurso del miedo y del deseo de vencer. Quizás precisamente por eso en Catalunya estas tres fuerzas políticas juntas son minoría, porque en Catalunya ahora ya solo vale convencer.

El Congreso no ha rechazado un suplicatorio del Tribunal Supremo para juzgar a un diputado desde finales de los años 80. Tampoco lo hará el actual, pero por primera vez un grupo mayoritario rechazará la preceptiva petición para que un parlamentario se someta a un tribunal durante su mandato.

Los 71 diputados de Unidos Podemos-En Comú-En Marea y de Compromís votarán en contra del suplicatorio que el Supremo remitirá próximamente para investigar al portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. La explicación de las distintas partes que forman este espacio político es la misma: el rechazo a una decisión política de la Fiscalía.

“Nadie tiene que pasar por los tribunales por poner urnas”, aseguraba este jueves el portavoz de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, que apuntaba que tienen “muchas diferencias políticas” con Convergència, “pero sacar las urnas no es una de ellas”. El número dos de Podemos reiteraba la posición que su secretario general, Pablo Iglesias, trasladó el lunes al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, en una reunión bilateral en Madrid.

Las relaciones entre Podemos y en Comú con Convergència no pasan por sus mejores momentos, ni en Catalunya ni a nivel estatal. Sobre todo después de que decayera la candidatura del líder de En Comú, Xavi Domènech, para la Presidencia del Congreso.

Los votos de Unidos Podemos no serán los únicos que rechacen el suplicatorio. Los diputados de ERC y los compañeros de Homs en el Congreso también lo harán. Los primeros acompañaron a Homs el 19 de septiembre a declarar ante el instructor de la causa en el Supremo.

Pero el carácter estatal del tercer grupo en número de diputados y su presencia en la Mesa del Congreso le dan una gran importancia tanto al rechazo en sí como a las explicaciones políticas. El órgano de gobierno de la Cámara baja será el primero en recibir la petición de suplicatorio firmada este jueves por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes. Será el primero en debatirla y en votarla. Unidos Podemos cuenta con una representante, Gloria Elizo, y En Comú con otro, Marcelo Expósito.

Elizo explica a eldiario.es que en el procedimiento, antes de que el suplicatorio vaya a Pleno, debe pasar por la Comisión del Estatuto de los Diputados, donde deberá encargarse un informe jurídico. “El Tribunal Constitucional no puede pedir a un órgano político que no actúe políticamente”, asegura la diputada de Podemos.

Elizo se refiere a la jurisprudencia del alto tribunal que indica que la denegación del permiso para levantar el fuero a un miembro del Parlamento debe obedecer a cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la Cámara y nunca basarse en motivos que aludan de forma personal al parlamentario afectado o prejuzguen su caso.

La diputada de Podemos considera que vote lo que vote el Congreso “sería una injerencia política” y que lejos de “amparar una actuación contraria a la justicia” su posición ante el suplicatorio defiende “la libertad de acción de un parlamentario”. Y esa es “la razón de ser de la inmunidad parlamentaria”. “Lo de Homs es una actuación política”, zanja.

Elizo defiende la contradicción aparente entre exigir el final de los privilegios de los políticos y votar no en este caso. “No debe haber suplicatorios cuando pillan a alguien bebido al volante, pero sí para la acción política”.

El diputado de En Comú y secretario tercero de la Mesa, Marcelo Expósito, explica a eldiario.es que es una situación de “excepción”. “Es un asunto complejo. En una situación de normalidad los suplicatorios se deberían dar de forma automática y los aforamientos ser limitados”, indica.

En Comú, al igual que otros de los componentes del espacio articulado alrededor de Podemos, asegura que su posición política es la de “reducir los privilegios que protegen a los políticos” pero que, en este caso, “no se dan las condiciones”. En su opinión, en Catalunya ya se ha dado una colusión de intereses entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial al llevar a los tribunales un conflicto que es “político”.

IU también rechazará la petición del Supremo. Desde la dirección del partido apuntan a eldiario.es que sus diputados votarán “contra este suplicatorio” porque “está claramente dirigido a utilizar la Justicia contra una posición política”. “No somos partidarios de usar las instituciones judiciales como arma frente a problemas esencialmente políticos”, zanjan.

La coalición que dirige Alberto Garzón recuerda que en 2009 presentaron una proposición no de ley en la que abogaban por restringir los aforamientos “a hechos relacionados con las actuaciones en órganos de representación política, pero nunca a delitos relacionados con la actividad pública y privada”.

Los diputados de Compromís también votarán en contra cuando el Pleno del Congreso tenga que pronunciarse. Ignasi Candela también se posiciona por “el fin de los privilegios” de los políticos, pero no creen que se pueda aplicar al caso de Homs. “No responde a un privilegio sino a la utilización de la Fiscalía para hacer política”, zanja. Candela apunta que “desde el minuto uno el PP ha recurrido a la judicialización de la política”. “Al final todo este tema es un problema político, no judicial. Y queremos que se resuelva en este ámbito”, remacha el diputado valenciano.

FE DE ERRATAS: En una versión inicial de esta información se aseguraba que el Congreso nunca ha rechazado un suplicatorio para juzgar a un diputado. Aunque han sido pocas, sí se han producido algunas votaciones en contra. Por ejemplo, en 1988 el Congreso rechazó un suplicatorio para que el Supremo juzgara a José Barrionuevo o en 1981 el de Fernando Sagaseta.FE DE ERRATASen 1988 el Congreso rechazó un suplicatorio para que el Supremo juzgara a José Barrionuevo1981 el de Fernando Sagaseta

La convocatoria de la consulta y las decisiones y actuaciones para hacerla posible no fueron en modo alguno una movilización. Fueron un permanente abuso de poder con un altísimo coste para las arcas públicas de la Generalitat

Hace unos días, durante una entrevista, el diputado de En Comú Podem, Xavier Domènech, a preguntas sobre naturaleza del pretendido referéndum sobre la relación Catalunya–España, afirmó que, a diferencia de este, la referida consulta del 9–N fue “un espacio de movilización”. Me causó una evidente sorpresa. Siempre he entendido que una movilización es, fundamentalmente, un ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, expresada a través de concentraciones o manifestaciones de los ciudadanos, espontáneas o convocadas por organizaciones sindicales o sociales, para reivindicar derechos o protestar por sus limitaciones o privaciones. Nada que ver con la consulta del 9–N de 2014.

La consulta tuvo su origen, como es bien sabido, en la suspensión por el Tribunal Constitucional (TC) de ciertos preceptos de la Ley Autonómica 10/2014, de 26 de septiembre, que regulaba la “consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Catalunya” y del Decreto 129/2014, que la desarrollaba.

Esa decisión del TC determinó que el entonces president Mas, el 14 de octubre, anunciara en una comparecencia institucional la convocatoria de la “consulta” para el 9 de noviembre. Pese a la rotunda prohibición del TC, se celebró una especie de consulta ciudadana que careció, obviamente, de cualquier valor legal. ¿Dónde está la movilización?

Como consecuencia del empecinamiento del president Mas y su Gobierno, se plantearon diversas querellas contra él y las consejeras Joana Ortega e Irene Rigau. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, por auto dictado por cinco magistrados el 8 enero de 2015, acordó abrir una causa penal contra dichas personas por un delito de desobediencia grave a la autoridad (el TC). Entre ellos, su presidente, que hoy es el director de la Oficina Antifrau. Dicha resolución judicial, muy fundada, fue el precedente del reciente escrito de acusación formulado por la Fiscalía, por aquel delito más el de prevaricación –es decir, dictar, a sabiendas, una resolución administrativa injusta. Fiscalía, de acreditada imparcialidad y competencia, como lo expresó en la acertada persecución de la corrupción de CiU.

Por otra parte, no puede evitarse constatar que los ahora acusados y el Gobierno actuaron sin respetar ni cumplir los principios, previstos en la referida Ley, de “neutralidad institucional, primacía del interés colectivo, pluralismo, igualdad y no discriminación”. Principios, propios de un gobierno democrático, que continúan sin respetar hoy.

En todo caso, la convocatoria de la consulta y las decisiones y actuaciones administrativas subsiguientes para hacerla posible no fueron en modo alguno una movilización. Fueron un permanente abuso de poder con un altísimo coste para las arcas públicas de la Generalitat. El proceso hacia la consulta y esta misma representó un gasto público, innecesario e injustificado, de 5.176.704 euros, en una comunidad autónoma que sufría –y sufre– enormes carencias en los servicios públicos y en la satisfacción de derechos y necesidades esenciales para la calidad de vida de los ciudadanos.

La operación se llevó a cabo desde el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI), que contrató a diversas empresas privadas para la prestación de los más variados servicios, la mayoría informáticos, que están acreditados, al menos, en las quince facturas que se relacionan en el escrito de acusación. Entre dichos servicios, cabe destacar el suministro de 7.000 ordenadores portátiles. Empresas o entidades como Hewlett Packard, Telefónica de España, Imagina, Axa, T–Systems, Fujitsu y tres sociedades contratadas por esta y Unipost.

Estas empresas sí que se “movilizaron” para enriquecerse gracias a la gestión ilícita de la Generalitat, para que un reducido porcentaje de votantes acudiera de buena fe a los centros de votación, creyendo honradamente en el valor de su voto. Aprovechando, incluso, como puntos de votación, las sedes que la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Catalunya (Acció) tiene en diferentes ciudades del mundo –exactamente catorce– desde Andorra hasta Tokio.

Estos hechos y otros similares justifican plenamente que la Fiscalía afirme, con todo fundamento, que “el president Mas, amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad” actuara, como bien se describe, en franca y directa oposición con lo acordado por el TC. Añadiendo la Fiscalía que los tres acusados “decidieron generar la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no era así”.

Ante esta realidad, resulta penoso y decepcionante que el grupo parlamentario de Catalunya Sí Que es Pot haya unido sus votos a la derecha independentista para expresar su apoyo a aquellos, tan justamente acusados, a los que se les denomina, injustificadamente, como “perseguidos” por los gravísimos hechos descritos. ¿Dónde está la razón democrática? ¿Donde está la izquierda?

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha arropado esta mañana al portavoz del CDC en el Congreso, Francesc Homs, en su declaración ante el Tribunal Supremo por la consulta soberanista del 9N. En este proceso, ha dicho Mas, no está en juego la independencia de Cataluña, que se dirigirá en una consulta “definitiva”, sino que está en juego “la democracia misma”.

A la entrada del Tribunal, Más ha dicho que este es un “proceso político” y no judicial, y para apoyar esta información ha citado la operación Cataluña, con las que desde “algún Ministerio se afinaban a los fiscales” . “Todos los fiscales de Cataluña dijeron que no había delito”, ha añadido.

Mas ha argumentado que la consulta soberanista fue un “acto plenamente democrático, plenamente pacífico”, y se ha sorprendido de que la justicia les investigue “por escuchar a la gente”. Ha rechazado que la consulta fuese anticonstitucional porque el Tribunal Constitucional “no aclaró que había que suspender” cuando la Generalitat se lo preguntó y porque el referéndum era para saber quién estaba a favor y en contra de la independencia, una consulta “no vinculante”.

Además de por el presidente catalán, Homs ha llegado a acompañado de un nutrido grupo de representantes del Govern, de la política catalana, pero también del PNV, como Aitor Esteban, o de Unidos Podemos, con su diputado Marcelo Expósito.

Por el Govern ha acudido, entre otros, la consejera de Presidencia, Neus Munté, y la exconsejera Irene Rigau, que ha criticado que Homs tenga que declarar por “mejorar la democracia y dar voz a los ciudadanos de Cataluña”. “La baja calidad democrática de España interpela a todos los demócratas” ha dicho, para luego añadir que “las urnas no pueden ser nunca el problema”.

También ha arropado al exconsejero de Presidencia el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, que ha asegurado que el Estado español ha optado “por la represión, por la violencia judicial”, lo que deja en mal lugar, ha dicho, esta “democracia low cost”. Aitor Esteban, por su parte, ha explicado que su presencia hoy en el Supremo es obligada porque el PNV defiende que “consultar a la gente nunca puede ser un delito”, y ha hecho hincapié en que se trata de “un problema político” que no se puede afrontar “mediante vías judiciales”.

Marcelo Expósito, diputado de Unidos Podemos y miembro de la Mesa del Congreso, ha calificado de “espectáculo absurdo” que Homs se vea obligado a declarar y ha apelado a “la unidad de todas las fuerzas soberanistas para plantear que este problema político se tiene que resolver por vías estrictamente políticas y no judicializando el problema”.

Las preguntas de una joven catalana entorno al suicidio de su madre en el marco de las movilizaciones sociales previas la consulta soberanista del 9N. Es la trama de Arribará el dematí -en castellano, “llegará el mañana”-, la última novela de Joanjo García, que saldrá a la luz el 9 de septiembre.

A partir de la voz de la joven protagonista, Laura Tormos, el autor aborda las preocupaciones y los anhelos colectivos en torno a la identidad propia coincidiendo con el referéndum escocés y la consulta del 9N.

En septiembre de 2014, Laura Tormos vuelve a Barcelona acompañada de un interrogante que siempre la ha perseguido: ¿por qué su madre se suicidó? Visitas a sus familiares, el paisaje de su infancia, el hallazgo de lecturas y sus objetos personales la empecinan en desempolvar una muerte que nunca entendió. Paralelamente, junto a esta investigación está la voluntad de edificar la identidad propia coincidiendo con el referéndum de Escocia, la efervescencia independentista y las grandes movilizaciones previas a la consulta catalana. Así, durante este proceso paralelo al político, la protagonista se convertirá en cronista de las preocupaciones sociales.

Junto al libro se ha lanzado un videoclip, a cargo del grupo valenciano El Diluvi, a su vez homenaje a la canción de Ovidi Montllor Als Companys, que ha inspirado el libro.

Por otra parte, en el booktrailer han participado personalidades de la cultura como las escritorias Núria Cadenes y Muriel Villanueva, la cantautora Mireia Vives, la periodista Amàlia Garrigós, la librera Irene Jaume y la regidora de la CUP en Cardedeu, Marta Cordomí.

El autor, Joanjo García, es licenciado en Historia y ha ejercido como profesor de secundaria. En 2013 publicó la novela Quan caminàrem la nit, que fue reconocida con el Premio Enric Valor. Después ha publicado Aquell agost amb punt final, Tota la terra és de vidre, ganadora del Premio de Narrativa Antoni Bru, y El temps és mentida, Premio de Novela Ciutat d'Alzira, todos con la editorial Bromera.

Pacte entre els dos grups independentistes per reafirmar el seu compromís amb l'objectiu de la independència contingut en la declaració de “desconnexió” del 9-N. Si no hi ha canvis d'última hora, el Parlament aprovarà dijous una moció on Junts pel Sí i la CUP ratificaran la voluntat d'independència de la Cambra i el seu compromís amb la declaració del 9-N, anul·lada pel Constitucional i que el Tribunal prohibeix desplegar. No obstant això, el text ja no reivindica la desobediència a la sentència del TC, un dels principals esculls esgrimits per JxSí per acceptar-la.

La CUP havia presentat una moció que, en la seva redacció original, JxSí entenia que podia entrar en col·lisió directa amb la sentència del Constitucional. Per això, fent valer la seva majoria a la junta de portaveus, l'havien posposat durant les últimes dues setmanes. La coalició rebutjava el text de la CUP l'acusava de “gesticulació excessiva”. Però aquest dimarts, després d'una intensa negociació, les dues formacions han arribat a un acord introduint esmenes que fan el redactat més digerible per Junts pel Sí però mantenint l'esperit de la moció de la CUP.

El nou redactat consta de 8 punts i ja des del primer canvia la reiteració de la declaració anul·lada, que era al primer redactat, per la reiteració dels objectius d'aquella declaració, tractant de vorejar la sentència del TC. Amb aquest mateix objectiu, elimina diverses de les referències a la declaració per poder aprovar-los, blindant-la d'una possible interpretació judicial que consideri que s'estan desplegant punts d'una declaració anul·lada. El Constitucional en la seva sentència no només va anul·lar el text aprovat pel Parlament el 9-N sinó que va advertir a diversos càrrecs catalans, entre ells la Mesa del Parlament, que havien d'evitar la seva desobediència, o podrien tenir responsabilitats delictives.

Malgrat això, el primer article de la moció modificada assegura que “ratifica la ferma voluntat de seguir duent a terme les actuacions necessàries previstes i aprovades per aquest Parlament”. El tercer punt “anima els i les càrrecs electes a seguir desatenent les peticions de les institucions no democràtiques de l'Estat Espanyol” i, el quart, insta el Govern a desatendre els requeriments de l'Audiència Nacional relatius al procés de desconnexió “el que suposaria que els Mossos no actuï com a policia judicial.

En els articles 5, 7 i 8, la moció insta el Govern a presentar en un màxim de 60 dies un pla d'execució de l'annex social de la declaració, a més d'un pla per fomentar la participació ciutadana sobre el procés constituent, i acompanyar tot això de dotació pressupostària en els pròxims comptes.

Segons han explicat fonts dels grups, malgrat el pacte del text JxSí té intenció de reclamar votació separada punt per punt, de manera que podria abstenir-se en alguns dels punts, o fins i tot votar-hi en contra. Els punts 3 i 4, que animen i insten el Govern a la desobediència a tribunals són els més problemàtics per a la coalició independentista, així com els que fan referència explícita al desplegament de la declaració, com el 5.

Pacto entre los dos grupos del independentismo para reafirmar su compromiso con el objetivo de la independencia contenido en la declaración de “desconexión” del 9-N. Si no hay cambios de última hora, el Parlament aprobará el jueves una moción en la que ratificarán la voluntad de independencia de la Cámara y su compromiso con la declaración del 9-N, anulada por el Constitucional y que el Tribunal prohibe desplegar. Sin embargo, el texto ya no reclama la desobediencia a la sentencia del TC, uno de los principales escollos esgrimidos por JxSí para aceptarla.

La CUP había presentado una moción que, en su redacción orginal, JxSí entendía que podía entrar en colisión directa contra la sentencia del Constitucional. Por ello, haciendo valer su mayoría en la junta de portavoces, la habían pospuesto durante las últimas dos semanas. La coalición rechazaba el texto de la CUP, a la que acusaba de “gesticulación excesiva”. Pero este martes, tras una intensa negociación, ambas formaciones han llegado a un acuerdo introduciendo enmiendas que hacen el redactado más digerible para Junts pel Sí pero manteniendo el espíritu de la moción de la CUP.

El nuevo redactado consta de 8 puntos y ya desde el primero cambia la reiteración de la declaración anulada, que estaba en el primer redactado, por la reiteración de los objetivos de aquella declaración, tratando de bordear la sentencia del TC. Con este mismo objetivo, elimina varias de las referencias a la declaración para poder aprobarlos, blindándose de una posible interpretación judicial que considere que se están desplegando puntos de una declaración anulada. El Constitucional en su sentencia no solo anuló el texto aprobado por el Parlament el 9-N sino que apercibió a diversos cargos catalanes, entre ellos la Mesa del Parlament, de que debían evitar su desobediencia, o podrían tener responsabilidades delictivas.

Pese a eso, el primer artículo de la moción modificada asegura que “ratifica la firme voluntad de seguir llevando a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas por este Parlament”. El tercer punto “anima a los y las cargos electos a seguir desatendiendo las peticiones de las instituciones no democráticas del Estado Español” y, el cuarto, insta al Govern a desatender los requerimientos de la Audiencia Nacional relativos al proceso de desconexión“ lo que supondría que los Mossos no actúe como policía judicial.

En los artículos 5, 7 y 8, la moción insta al Govern a presentar en un máximo de 60 días un plan de ejecución del anexo social de la declaración, además de un plan para fomentar la participación ciudadana sobre el proceso constituyente, y a dotar todo ello prespuestariamente en las próximas cuentas.

Según han explicado fuentes de los grupos, pese al pacto del texto JxSí tiene intención de reclamar votación separada punto por punto, por lo que podría abstenerse en algunos de los puntos, o incluso votar en contra. Los puntos 3 y 4, que animan e instan al Govern a la desobediencia a tribunales son los más problemáticos para la coalición independentista, así como los que hacen referencia explícita al despliegue de la declaración, como el 5.

El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno ha acceptat la petició de la Fiscalia i ha imputat al regidor de la CUP a Vic (Osona), Joan Coma, per incitació a la sedició. Coma es converteix així en el primer regidor imputat per mostrar el seu suport a la declaració d'inici del procés d'independència que va aprovar el Parlament el 9 de novembre de l'any passat.

El jutge, conegut per portar el cas dels titellaires, investiga tres ajuntaments catalans que van aprovar resolucions en el mateix sentit, així com a entitats com l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). El fiscal havia sol·licitat la imputació de Coma perquè durant un ple municipal de Vic, en l'exercici de les seves funcions, va encoratjar a donar suport a la declaració del 9-N, cosa que segons el parer del ministeri públic podria constituir delictes de rebel·lió i sedició, castigat aquest últim amb fins a dos anys i mig de presó.

El regidor es reafirmava aquesta tarda a Twitter: “Marxem, com més aviat millor, de l'Espanya de la repressió, i de l'Europa de l'expulsió. Fem realitat el nou món que portem en els nostres cors”, ha dit.

Vic va aprovar la moció de suport a la declaració independentista del Parlament amb 16 vots a favor dels 21 regidors que componen el ple, corresponents a CiU, ERC i la CUP. En aquella sessió, Coma va reclamar “deixar de supeditar les decisions de les nostres institucions les institucions espanyoles” i va encoratjar a desobeir institucions espanyoles com el Tribunal Constitucional, tal com ho fa la declaració aprovada al Parlament i suspesa uns dies després pel mateix tribunal.

Diversos càrrecs públics de la CUP, com el regidor de Girona, un altre dels municipis investigats, Lluc Salellas, ja han començat a mostrar el seu suport a Coma a través de les xarxes socials:

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha aceptado la petición de la Fiscalía y ha imputado al regidor de la CUP en Vic (Barcelona), Joan Coma, por incitación a la sedición. Coma se convierte así en el primer regidor imputado por mostrar su apoyo a la declaración de inicio del proceso de independencia que aprobó el Parlament el 9 de noviembre del año pasado.

El juez, conocido por llevar el caso de los titiriteros, investiga a tres ayuntamientos catalanes que aprobaron resoluciones en el mismo sentido, así como a entidades como la Assemblea Nacional Catalana (ANC). El Fiscal había solicitado la imputación de Coma porque durante un pleno municipal de Vic, en el ejercicio de sus funciones, alentó a apoyar la declaración del 9-N, lo que a juicio del ministerio público podría constituir delitos de rebelión y sedición, castigado este último con hasta dos años y medio de prisión.

El regidor se reafirmaba esta tarde en Twitter: “Marchémonos, cuanto antes mejor, de la España de la represión, y de la Europa de la expulsión. Hagamos realidad el nuevo mundo que llevamos en nuestros corazones”, ha dicho.

Vic aprobó la moción de apoyo a la declaración independentista del Parlament con 16 votos a favor de los 21 ediles que componen el pleno, correspondientes a CiU, ERC y la CUP. En aquella sesión, Coma reclamó “dejar de supeditar las decisiones de nuestras instituciones las instituciones españolas” y alentó a desobedecer instituciones españolas como el Tribunal Constitucional, tal como lo hace la declaración aprobada en el Parlament y suspendida unos días después por el mismo tribunal.

Varios cargos públicos de la CUP, como el regidor de Girona, otro de los municipios investigados, Lluc Salellas, ya han empezado a mostrar su apoyo a Coma a través de las redes sociales: