A punto de cumplirse un año desde que la Junta de Andalucía ordenara el cierre de la actividad, en el Club Jarapalo de Alhaurín de la Torre (Málaga) sigue tirándose al plato y al pichón, sin que aparentemente importen gran cosa las quejas de los vecinos, las mediciones que muestran que se superan los límites legales al ruido ni las promesas por parte del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía de que encontrarán una solución. Varias veces a la semana, durante varias horas, los vecinos de la urbanización Pinos de Alhaurín se ven expuestos al sobresalto de los disparos, y de vez en cuando se topan en sus jardines y piscinas con los pichones moribundos. Los que sobreviven anidan en la zona y generan suciedad.

En realidad, sólo durante un mes en los últimos tiempos dejó de tirarse en este histórico club, envuelto en dudas sobre su legalidad desde hace años: en 2022 el Seprona y Fiscalía denunciaron la contaminación por plomo de un arroyo cercano y descubrieron que operaba sin licencia de actividad (o al menos que nadie tenía la que se habría emitido, supuestamente, hace 60 años). Un juzgado penal investigó durante un año al alcalde, doce concejales del PP y los gestores del club por no hacer nada para evitarlo, pero acabó dando carpetazo al asunto por entender que los miles de proyectiles en las inmediaciones del arroyo La Breña descritos por la Guardia Civil no suponían “contaminación objetiva”.

Desde hace tiempo, la continuidad del club en la zona es una patata caliente para el Ayuntamiento, gobernado ininterrumpidamente por el histórico Joaquín Villanova (PP) desde 1996. Villanova ha recibido las críticas de oposición, asociaciones y vecinos por ignorar sus denuncias. Los vecinos tienen la sospecha de que existe un pacto entre las administraciones y el club para evitar la clausura mientras vende el terreno y encuentra una nueva ubicación, que ya estaría buscando.  

El asunto guarda relación con la expansión vertiginosa de Alhaurín de la Torre, gracias a su capacidad para absorber población joven procedente de la vecina Málaga capital. De los 16.914 habitantes en 1996 ha pasado a contar más de 45.000 habitantes, el triple. Una parte notable de ese crecimiento se ha absorbido en urbanizaciones de viviendas unifamiliares lindantes con zonas forestales.

El club, orientado hacia una urbanización cercana construida a finales de los 70, genera un ruido que tiene de los nervios a los vecinos más cercanos. Los tiradores argumentan que ellos llegaron antes. Tras años aguantando, los vecinos acabaron creando una asociación que denunció el caso ante la administración autonómica a comienzos de 2024, aportando una medición acústica homologada que certificaba que el ruido en algunas viviendas supera ampliamente el límite de 60 decibelios. También la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento realizaron sus mediciones.

En total, seis informes (dos de los vecinos, dos del Consistorio y dos de la Junta) llegaron a idéntica conclusión: allí se superaban sobradamente los límites tolerables de ruido. Así que el 20 de junio de 2025 la Junta ordenó el cierre cautelar de las cinco pistas “hasta que haya cesado el peligro grave para la seguridad o salud de las personas”, a la vista de que los informes mostraban una exposición superior a 80 decibelios, lo que “supone que mientras esté funcionando se pone en peligro grave la seguridad o salud de las personas”, según una resolución firmada por José Antonio Víquez, delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Cierre y reapertura parcial inmediata

Esa resolución ni siquiera llegó a materializarse, porque apenas un mes después la Junta de Andalucía reculó y decidió mantener el club abierto. Así, la Consejera de Medio Ambiente resolvió el recurso del club de tiro acordando cerrar dos de las cinco pistas y someter las tres restantes, las más alejadas de las casas, al “estricto cumplimiento de las condiciones técnicas y los controles acústicos” de un plan de mediciones.

El plan supone la necesidad de superar tres controles acústicos consecutivos: el primero a puerta cerrada, supuestamente antes de abrir; el segundo en una competición de tirada federada antes de tres meses; y el tercero, lo mismo antes de nueve meses. Si cualquiera arroja un resultado negativo, el campo deberá cerrar.

Los vecinos denuncian que el plan tiene truco, porque facilita la continuidad de los disparos poniendo en manos del propio club las mediciones que deben determinar su futuro. “No pueden dejar las mediciones en manos del infractor: están amañadas”, denuncia un portavoz: “No están supervisadas, y han medido en una zona no afectada por el ruido, en la zona más alta. Ahí se quedan al límite. Tampoco exigen que el campo esté en las condiciones más desfavorables, con todos los puestos ocupados y disparando”.

El hecho es que a diferencia de todas las anteriores, las dos mediciones del club han arrojado un resultado favorable y que, en cualquier caso, el campo de tiro abrió incluso dos meses antes de tener el resultado de la primera. Así sigue. El club tiene programados para los días 11, 17 y 24 de enero sendas tiradas de platos de foso olímpico, aunque advierte de que “por razones técnicas”, no celebrará los Grand Prix Olímpicos de Foso y Skeet en 2026. En su lugar, las 3 canchas, “que están operativas”, se dedicarán a entrenamientos de tiradores y equipos.

Según el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica (Decreto 6/2012), superar los límites admisibles de ruido supone una falta muy grave, sancionable con entre 12.001 y 300.000 euros.

“Lo hemos denunciado, pero nadie hace nada”, protestan los vecinos, que entre medias han encargado una nueva medición homologada. Mientras, la Junta pide paciencia desde hace más de un año. “Estamos a la espera de un nuevo informe”, dicen la administración autonómica, que en diciembre volvió a enviar a un técnico para realizar nuevos controles. Los vecinos no dudan de que ratificará lo que dicen todas las mediciones, menos las que ha realizado el propio club. A su lado, algunos realizaron su propia medición con un móvil (no homologada): 80 decibelios.

Queja al Defensor del Pueblo

El club no está conforme con el cierre parcial del campo y lo ha impugnado ante los tribunales. Si no encuentra nuevo destino, su aspiración es reabrir en Jarapalos por completo, las cinco pistas. Su defensa en este asunto pasa por hacer valer que ellos llegaron primero, y que los vecinos compraron sus viviendas a sabiendas de que muy cerca había un club de tiro. Los responsables del Club de Tiro Jarapalo no han respondido a los intentos de este medio por recabar su valoración.

Por su parte, los vecinos han llevado el caso ante el Defensor del Pueblo, que ha admitido la queja a trámite.

Desde hace tiempo se especula con un posible traslado del club a un entorno donde genere menos molestias. El propio alcalde dijo en Pleno en abril del año pasado que la solución al asunto estaba cerca (“va a haber noticias buenas”, aseguró), que el asunto dependía de la Junta de Andalucía (que ya había “tomado el toro por los cuernos”), y pidió esperar al Pleno de mayo. Sin embargo, nada ocurrió. Han pasado ocho meses, y antes, entonces y hasta ahora, en Jarapalos se tira.

La Policía Nacional ha inaugurado esta mañana una nueva galería de tiro virtual en las instalaciones de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja. El acto ha estado presidido por la delegada del Gobierno en La Rioja, Doña Beatriz Arraiz Nalda y el jefe superior de Policía de La Rioja, don Manuel Laguna Cencerrado. 

Los agentes policiales llevarán a cabo sus entrenamientos de forma interactiva, con fuego real, usando sus armas reglamentarias de servicio, sobre blancos estáticos, blancos en movimiento y películas con escenarios de interés policial. 

Con la implementación de este tipo de galerías se pretende proporcionar a los agentes un entrenamiento óptimo y específico para combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas, así como las redes criminales de inmigración ilegal y el acceso al territorio nacional de manera ilícita. El sistema de tiro virtual, que podrá ser utilizado con fuego real o con un sistema láser, se integra en las galerías de tiro ya existentes, está compuesto por una consola de control, sensores para la detección de disparo, un equipo inalámbrico, audio, proyector de vídeo y pantalla, así como sistemas laser para las armas de dotación policial, réplicas de la pistola reglamentaria HK USP Compact y sistema laser para tiro nocturno. 

 Estos nuevos sistemas tienen una capacidad para detectar hasta 100 disparos por segundo -con una precisión inferior a unos diez milímetros para fuego real- y admiten secuencias de disparos de múltiples tiradores de forma simultánea tanto en fuego real como en modo virtual. Además disponen de efectos de sonido y de vídeo para alterar las condiciones de ejecución de los ejercicios de tiro. Los ejercicios de tiro virtual permiten disparar sobre blancos en movimiento y recrear situaciones prácticamente reales con capacidad de adaptarse tanto a las necesidades del personal como de las diferentes unidades policiales.

 Cuentan además con un sistema de gestión que se integra en bases de datos, lo que permitirá la cumplimentación automática de la documentación relativa al Plan Nacional de Tiro de la Policía Nacional y así optimizar la gestión y ejecución de dicho plan. De esta manera está previsto obtener el mejor adiestramiento en el uso de las armas de fuego en aquellas circunstancias en las que deban ser utilizadas.

Este proyecto, enmarcado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea, refuerza el compromiso del Cuerpo con la innovación y la transformación digital de la Policía Nacional. Se han destinado 2,4 millones de euros para implantar este tipo de galerías en todo el territorio nacional.

Beneficios de las galerías de tiro virtuales

Situado en el corazón de las Bardenas Reales, un paraje semidesértico a sur de Navarra declarado Parque Natural, Reserva de la Biosfera y Zona de Especial Conservación (ZEC) en el que habitan especies protegidas, se encuentra un pequeño reducto de la OTAN, un polígono de tiro que es el único de Europa en el que se ensayan bombardeos con munición real. Este hecho genera el rechazo frontal de partidos antimilitaristas, así como de organizaciones y colectivos ecologistas por el impacto medioambiental que generan las maniobras que allí se realizan. Al mismo tiempo, las poblaciones limítrofes apuestan por mantener operativa la base por el canon millonario que reciben anualmente del Ministerio de Defensa por el uso de las instalaciones.

En medio de este paraje, en la confluencia de dos de las rutas que se pueden realizar por las 42.000 hectáreas que tiene el parque natural y que cada año recorren miles de turistas para ver los senderos y cabezos, se yergue la base militar del polígono de tiro del Ejército del Aire y del Espacio. En ella están destinados 110 militares, de los que 19 son mujeres, un porcentaje similar al de otras unidades, asegura una militar destinada en esta base. Desde el Ejército destacan la función “esencial” que tiene el polígono en el adiestramiento de los pilotos y ensalzan la ubicación “idílica” del polígono para realizar las maniobras. “Estamos cerca de la base de Zaragoza, lo que permite ahorrar combustible, y además generar poco impacto ambiental”, apunta el coronel José Manuel Bellido.

El polígono de tiro sirve de zona de pruebas para la práctica de tiro y bombardeo desde el aire con cazas, pero también para ejercicios de lanzamiento de paracaidistas y de cargas, el adiestramiento en rescates de combate, ejercicios en tierra o incluso el vuelo de aeronaves no tripuladas.

Son en total 2.244 las hectáreas que el Ejército español, así como otros de países de la OTAN, utilizan para sus maniobras, si bien, matizan desde esta unidad, “únicamente” se utilizan “unas 300” para las prácticas de tiro con fuego real. Desde el Ejército del Aire y del Espacio aseguran que “el 95%” del material que se emplea en las prácticas son bombas de 60 centímetros sin carga explosiva y que al contactar con el suelo desprenden humo “como el de los petardos” que sirve para comprobar si el piloto ha acertado en el blanco. Insisten además en que, una vez finalizan los ejercicios, hay equipos que se encargan de recoger todos los desechos y depositarlos en un punto limpio. “No contaminamos el suelo”, asevera el coronel al frente del polígono.

Las maniobras con fuego real, añaden desde el Ejército del Aire y del Espacio, “son muy limitadas” y se concentran en una única semana al año, si bien puntualizan que en los últimos años, por la situación geopolítica que atraviesa Europa, las tripulaciones se encuentran “muy dispersas en diferentes misiones”, por lo que ha sido necesario ampliar el tiempo. En concreto, en el último año se realizaron prácticas de este tipo durante seis semanas, con ejercicios de tres horas durante tres días a la semana. “Cuando va a haber actividad avisamos a la Guardia Civil y anunciamos el cierre de caminos para que no haya viandantes por la zona”, apunta el coronel Bellido. Apostilla que durante las épocas de anidamiento de aves, así como cuando se avistan animales sobrevolando la zona, se suspenden las maniobras.

El ejercicio de estas prácticas cuenta con el rechazo de colectivos ecologistas por el impacto que tienen para el medioambiente: desde la contaminación acústica que producen los cazas cuando rompen la barrera del sonido, hasta los daños que producen los bombardeos, que en varias ocasiones han provocado incendios. A ello se le suma además el “riesgo” que generan las prácticas de tiro y bombardeos para especies protegidas como el águila real o el alimoche.

Es el caso también de la alondra de Dupont, ave en peligro de extinción que requiere de un hábitat muy específico con un vegetación de una altura máxima de 30 centímetros, de la que hay documentadas dos poblaciones en la zona del polígono de tiro. “El hábitat de las Bardenas Reales es propicio para esta especie porque el terreno no ha sido roturado para la agricultura y la alondra de Dupont no vive allí donde hay agricultura. Eso no quiere decir que subsista gracias al polígono de tiro, sino que lo hace a pesar de que ahí se realicen bombardeos. Uno no bombardea poblaciones de alondras para protegerlas”, apunta Eduardo Navascués, portavoz de Ecologistas en Acción y de la Asamblea Antipolígono, quien asegura que la Alondra de Dupont estaría sufriendo “las molestias” ocasionadas por las maniobras, con varios incendios tras ejercicios con fuego real del Ejército del Aire y del Espacio.

Desde el Ejército del Aire y del Espacio, sin embargo, aseguran que durante las épocas de anidamiento de aves, así como cuando se avistan animales sobrevolando la zona, se suspenden las maniobras y que están preocupados por la gestión del medio ambiente y que destinan recursos para ello. 18 de los 110 militares destinados en este acuartelamiento se dedican a estas labores y exhiben “como una medalla” el certificado ISO 14001 de Gestión Ambiental con el que cuentan desde 2018. Potabilizan su propia agua que cogen del Canal de Navarra y han reducido un 33% el consumo eléctrico anual gracias a unas placas solares que han instalado que les permiten ser autosuficientes durante los meses de verano. Además, recientemente han incorporado a su flota de vehículos un coche eléctrico para pequeños traslados, como el que comunica el polígono de tiro con el aeródromo de Ablitas.

“Qué menos que si tiras bombas que recojas los restos o que depures el agua que utilizas. Pero eso no quiere decir que protejas la biodiversidad”, señala el portavoz de Ecologistas en Acción y de la Asamblea Antipolígono. “Es verdad que ahora tienen más cuidado que hace unos años, pero históricamente han realizado maniobras sin importarles el medio ambiente”, añade.

La historia del polígono, inaugurado en 1951, es la historia del rechazo popular a su existencia ante el silencio de las entidades que viven de los millones de euros que reciben por parte del Ministerio de Defensa. Los terrenos de las Bardenas eran en origen propiedad de la Corona de Navarra, que cedió su uso y disfrute a varias localidades en pago por sus servicios durante las guerras o en contraprestación por sus préstamos para cubrir los gastos del reino. Fueron 19 pueblos de la Ribera, a los que posteriormente se sumaron el Valle de Salazar y el de Roncal, situados a más de 100 kilómetros de este paraje, así como el monasterio de la Oliva, cuyos monjes reciben el mismo dinero que cualquiera de los municipios. A este conjunto de entidades y poblaciones se les conoce como “entes congonzantes”, quienes se benefician del canon por el alquiler de las instalaciones.

La última vez que se renovó fue en 2008 y por 20 años. Desde entonces, las entidades locales han cobrado siete millones de euros anuales durante los 10 primeros años –hasta 2018– y 14 millones durante los diez siguientes –hasta 2028, cuando deberá volver a renovarse–. 210 millones de euros en total. Sin embargo, otros municipios colindantes de Aragón no tienen esa suerte, y no se llevan dinero, pero sí ruidos, vibraciones y peligros. “Solemos decir que esos municipios no son congozantes, pero sí consufrientes”, ironiza Eduardo Navascués.

Así las cosas el desmantelamiento del polígono se antoja “complicado”, pese a que cuente con el apoyo en Navarra de partidos como EH Bildu, Geroa Bai y la coalición Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre). Pese a que el terreno fue declarado Parque Natural en 1999 y Reserva de la Biosfera en 2000, movimientos orientados a su cierre definitivo, el Gobierno Aznar reaccionó declarando el polígono Zona de Interés para la Defensa, lo que en la práctica blinda la continuidad de las instalaciones ya que en caso de que los entes congozantes rechazasen ampliar el acuerdo de alquiler, el Ministerio podría expropiar los terrenos.

Desde el Ejército del Aire y del Espacio no quieren llegar a ese extremo y aseguran que la interlocución con los municipios y entidades propietarias de los terrenos es “fluida” y “muy buena”. “Hablo más con el presidente [de la Junta de las Bardenas] que con mi pareja, estoy todo el día al teléfono con él”, bromea el coronel José Manuel Bellido.

Lo que también seguirán serán las movilizaciones para reclamar su desmantelamiento, una de las reivindicaciones de más arraigo en la comunidad foral. Así cada año se repiten los bombardeos, el reparto de dinero entre los entes congozantes, pero también las protestas contra la existencia de la base militar, un pequeño reducto de la OTAN en Navarra en el que ensayar con fuego real en la época de mayor tensión geopolítica de la historia reciente.

El ritmo es constante, aunque irregular. Tap. Tap. Tap. Silencio. Tap. Tap. Es el sonido de los disparos, que se escucha con nitidez desde decenas de casas situadas en la urbanización Pinos de Alhaurín de Alhaurín de la Torre (44.057 habitantes, Málaga). Viene de Jarapalos, un histórico club de tiro que funciona desde hace casi 60 años a pesar de no tener licencia municipal y de que la Guardia Civil halló ingentes cantidades de plomo en los alrededores del campo hace apenas tres años.

Ahora, unas 70 familias de la urbanización Pinos de Alhaurín se han asociado para reclamar al menos el cumplimiento de la normativa acústica. Hay media decena de mediciones homologadas, hechas desde las casas más cercanas al club de tiro y encargadas por el ayuntamiento, la Junta de Andalucía y los propios vecinos, que acreditan que allí se supera ampliamente el límite, fijado en 60 decibelios.

Hace apenas unos días registraron 94, si bien con aplicaciones para el móvil. “Cuando se hace por una empresa homologada, los valores son similares”, subraya un vecino en su casa, desde donde se escuchan con claridad los disparos a pesar de estar a casi un kilómetro del campo de tiro. La actividad es diaria desde las 10 de la mañana hasta el anochecer, y solo se relaja ligeramente los lunes y los martes. Con las competiciones del fin de semana la molestia se multiplica. “Esto nos afecta en el día a día. Hay estudiantes que se tienen que ir a casa de su abuela porque no pueden concentrarse”, señala otro vecino.

Dice este hombre, que prefiere no dar su nombre por las posibles represalias, que hay asociados con sus casas a más de tres kilómetros del club de tiro, muestra de hasta dónde llega el ruido. Y que otros no se asocian porque prefieren evitar problemas. Las denuncias públicas les han supuesto amenazas por redes sociales. “Deberíamos ir a pegarlos [los tiros] en la misma puerta de los amargaossss”, se lee en uno de los comentarios a una publicación en Facebook.

El Ayuntamiento remite a la Junta de Andalucía

Las denuncias de los vecinos chocan con la resistencia del club y con una maraña administrativa que sirve a la Junta de Andalucía y al ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ambos gobernados por el PP, para pasarse la pelota sin resolver la cuestión. Sin embargo, tanto el consistorio como la Junta cuentan con mediciones propias en las que se constata que se superan los valores límite “en más de 6 dBA”, una infracción muy grave, según la normativa de contaminación acústica.

La Junta remitió su informe al ayuntamiento a finales de septiembre, recordándole que tiene competencias para la “protección contra la contaminación acústica en zonas urbanas”. Días después, requirió al club de tiro para que adoptara medidas correctoras. Y a finales de noviembre, solicitó a otro departamento que abriera un expediente sancionador.

Todo esto parece haber servido para poco: el club ignoró inicialmente a la Junta, que entonces propuso la clausura provisional de “toda actividad de tiro” hasta que “se ejecuten las medidas correctoras necesarias y eficaces para evitar tal situación”, según consta en una comunicación oficial dirigida a los vecinos el pasado 29 de enero, a la que este medio ha tenido acceso. Sin embargo, nunca se clausuró el club. Tan solo, y durante unos días, la cancha más cercana a las viviendas, de las cinco que hay. En Jarapalos se sigue tirando y, según las últimas mediciones, con los mismos niveles de ruido.

Nuevas mediciones concluyen que se siguen superando los límites

En el club se agarran a que han acometido una reforma en la cancha 1 para rebajar allí los niveles de ruido, consistente en techar con “paneles acústicos” la zona de disparo. Su presidente, Javier Moreno, declaró la semana pasada a Andalucía Directo que todo está bien y que solo esa pista está en periodo de prueba. Respecto a las cinco mediciones que arrojan un ruido por encima, “todas están mal hechas”. Otro de sus argumentos es que el club está allí desde mucho antes que las viviendas, y que el ayuntamiento debería responder por qué autorizó construcciones tan cercanas. Este medio ha intentado contactar con responsables del club en repetidas ocasiones, sin éxito.

Sin embargo, vecinos disponen de un informe certificado de afección acústica realizado mientras esa pista estaba cerrada, y el resultado sigue superando los límites, alcanzando entre 75 y 80 dBA según el punto de medición. También el consistorio midió a finales de enero en el resto de canchas, que superaron los niveles. Según el Ayuntamiento, el expediente se ha puesto en manos de la Junta, “que tendrá que ser la que decida al respecto”. “El Ayuntamiento ha hecho lo que tenía que hacer y es el Gobierno autonómico el que debe adoptar las resoluciones de acuerdo a la ley”, insisten fuentes municipales.

Según el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica (Decreto 6/2012), superar los límites admisibles de ruido supone una falta muy grave, sancionable con entre 12.001 y 300.000 euros.

La Junta de Andalucía espera ahora a comprobar las medidas correctoras adoptadas por el club. “Se han autorizado tiradas para realizar las mediciones”, señala una fuente oficial de la delegación de la Junta. Los vecinos denuncian que los tiros son diarios.

Una investigación por contaminación

El club de tiro de Jarapalos es un establecimiento histórico de Alhaurín de la Torre que se ha visto envuelto en diversas polémicas en los últimos años. Funciona desde 1969. Lo hace sin licencia de actividad porque, según sus responsables, esta se perdió y ahora no aparece ni en el club ni en el ayuntamiento. “Las licencias para esas actividades las daba el gobernador civil de la época”, esgrimen desde el consistorio, donde explican que las varias mudanzas que han hecho en los últimos años dificultan también acceder a los expedientes de la época.

El club alberga competiciones nacionales de tiro al plato. También se tira al pichón, aprovechando que Andalucía es la única comunidad autónoma que lo permite. Por eso, de vez en cuando aparecen por la urbanización Pinos de Alhaurín decenas de palomas moribundas, que han sobrevivido por los pelos al disparo de perdigones y van a caer a los alrededores. Este medio también ha podido ver vídeos de viviendas de la zona de cuyas piscinas se sacan decenas de restos de proyectiles.

En 2019, el Servicio de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía sancionó al club con una multa y la advertencia de cierre por la acumulación de los perdigones en el arroyo y alrededores, la captación de aguas subterráneas mediante un pozo ilegal y el vertido de aguas residuales. Sin embargo, el expediente y las sanciones caducaron después de que no se recogieran las notificaciones en la sede del club.

En 2022, un juzgado de instrucción abrió diligencias para investigar la contaminación por el plomo, tras una denuncia de la Fiscalía. Decenas de toneladas cada año, además de hélices y platos de plástico y cartuchos. Tras acudir a la zona y tomar decenas de testimonios, el Seprona concluyó que se seguía vertiendo munición al cauce del arroyo La Breña (afluente del río Guadalhorce) “sin ningún tipo de control ni de gestión” y existía un “riesgo” para la calidad del suelo, las aguas subterráneas y la fauna y flora por la contaminación por plomo, un metal pesado, venenoso y no-degradable. Tres de las muestras sobrepasaban los niveles genéricos de referencia del reglamento de suelos contaminados, según el Instituto Nacional de Toxicología. Se encontraron efectos tóxicos en los ensayos, si bien leves.

La jueza llamó a declarar a los gestores del club, al alcalde Joaquín Villanova (PP) y a sus doce concejales del equipo de gobierno como investigados por la comisión de presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación, por la falta de licencia e informe de calificación ambiental. Sin embargo, acabó archivando el caso en diciembre de 2023 por entender que los efectos de la contaminación no estaban demostrados, y que, aunque no aparezca su licencia, el club opera legalmente.

El otro club de tiro que había en Alhaurín, ubicado en La Alquería, se cerró. Era de titularidad municipal. Jarapalo se define como “organización deportiva sin ánimo de lucro” dedicada exclusivamente al deporte del tiro en las modalidades de plato, hélices y tiro al vuelo. 

El Ejército del Aire ha negado a la comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Parlamento de Navarra una visita al polígono de tiro de las Bardenas, el único campo aéreo en el que se puede disparar con fuego real en Europa, y que genera polémica en la zona cada vez que allí se realizan maniobras por el impacto medioambiental que genera en un espacio declarado Parque Natural y Reserva de la Biosfera.

La visita, que había sido solicitada por los grupos de Contigo/Zurekin, Geroa Bai y EH Bildu, ha sido denegada por “razones operativas”, según ha apuntado el portavoz de la coalición de Podemos, Izquierda Unida y Batzarre Daniel López. “Entendemos que por razones operativas se refieren a maniobras o situaciones en las que no se puede acudir, por lo que se podría calendarizar en otro momento, pero no ha sido así, directamente no se nos da otra opción, han sido tajantes”, ha lamentado López, quien ha criticado el “oscurantismo” y el “secretismo” por parte del Ejército del Aire y del Ministerio de Defensa en torno al polígono de tiro.

Inaugurado en 1951, el polígono de tiro de las Bardenas es el único campo de tiro aéreo con munición real en Europa. Está situado en el suroeste de Navarra, a tan solo 10 kilómetros de poblaciones habitadas y en pleno Parque Natural y Reserva de la Biosfera. En él habitan especies protegidas como el águila real, o incluso amenazadas, como el alimoche. Por ello, desde su apertura ha contado con una oposición popular a su existencia, pero se mantiene abierto por la complicidad de quienes reciben un canon millonario del Ministerio de Defensa por su uso.

Los entes congozantes, que así se llaman, componen la Junta de Bardenas. Son 22 entidades de la comunidad foral: 19 localidades, dos valles pirenaicos (Roncal y Salazar, con derechos de usufructo porque llevaban a sus ovejas a pastar al sur durante el invierno, la trashumancia) y un monasterio, el de la Oliva, cuyos monjes se reparten el dinero en igualdad de condiciones con, por ejemplo, los 35.000 habitantes de Tudela.

La última renovación del canon de uso entre la Junta de Bardenas y el Ministerio de Defensa fue en 2008 y por 20 años. Desde entonces, las entidades locales han cobrado siete millones de euros anuales durante los 10 primeros años -hasta 2018- y 14 millones durante los diez siguientes -hasta 2028, cuando deberá volver a renovarse-.

El terreno fue declarado Parque Natural en 1999 y Reserva de la Biosfera en 2000, movimientos orientados a su cierre definitivo. Pero el Gobierno Aznar reaccionó declarando el polígono Zona de Interés para la Defensa, por lo que si los entes congozantes no se lo alquilaran, el Ministerio podría llegar a expropiar el terreno.

Antes de irrumpir a disparos en el campus de Leioa de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) el joven probó la escopeta adquirida esa misma mañana en Milanuncios en el campo de tiro al plato de Abanto-Zierbena, a 20 minutos en coche de la universidad. “Dijo que no había tirado nunca con una escopeta y que quería aprender. Le dijimos que se pusiera en un lugar concreto, por si acaso, y le explicamos. Como ese chico vienen muchos. No fue para nada sospechoso”, asegura el presidente de la Sociedad de Tiro de Abanto-Zierbena, que ha preferido no decir su nombre.

Para acceder al recinto, el joven tuvo que mostrar su licencia de armas y probar que contaba con una licencia federativa para practicar el tiro. El coste de esta última ronda los 60 euros sin contar los costes administrativos, mientras que el precio por una tirada de 25 platos en el campo de tiro de Abanto-Zierbena es de 6 euros.

El tiro tiene dos modalidades: plato y precisión. En el caso del tiro al plato, modalidad que realizó el joven de la UPV/EHU, se realiza con escopeta en campos habilitados para ello. Las personas que quieren participar en ambas modalidades deben tener una licencia de armas otorgada por la Guardia Civil tras pasar los exámenes y reconocimientos necesarios. “El ambiente en los campos de tiro es sano y normal. No lo podemos asociar a un suceso como este pese a la imagen negativa que da cuando ocurren casos así. Todo lo que tiene que ver con las armas está muy regulado por el reglamento de armas y por la Guardia Civil. Nadie mueve un arma ni un cartucho sin que se haga haga de una manera muy intervenida y reglada. Este chico ha comprado el arma en mil anuncios y eso da la sensación de que cualquiera puede adquirir una en internet y no es así”, explican desde la Federación Territorial de Bizkaia de Tiro Olímpico.

El trámite de la compra venta de un arma se realiza en las intervenciones de armas de la Guardia Civil, donde se debe acudir con la licencia de armas en regla. Tras verificar que la licencia y la procedencia del arma están en regla, se realiza la transferencia y se hace entrega del arma junto a una guía, que se trata de una especie de “carnet de identidad” del arma adquirida. “Todo eso queda perfectamente registrado. A los campos de tiro no se viene por libre, tienes que tener un carnet federativo. En este caso este chico ha ido con su licencia de armas, ha pegado unos tiros y cuando ha visto que lo hacía muy bien se ha ido a hacer sus prácticas privadas”, confirman las mismas fuentes.

Este periódico adelantó que joven tenía en regla todos los permisos de caza, el reconocimiento médico y el certificado de antecedentes penales. Información que después fue confirmada por el delegado del Gobierno de España, Denis Itxaso, que explicó tras reunirse con la Guardia Civil, que “en septiembre obtuvo la licencia de clase E, de caza menor” para poder adquirir una escopeta. Hicieron la transferencia la misma mañana del suceso y presentó documentos que estaban “en regla”, incluidos los antecedentes penales y el test psicotécnico. Según ‘El Mundo’, el vendedor era un ertzaina y el tipo de arma era similar a las de dotación que pueda manejar la Policía vasca. Igualmente, habría adquirido 75 cartuchos en un Decathlon. Camufló la escopeta para su transporte en la funda de un instrumento musical para viajar hasta la universidad sin que el arma fuera vista.

En libertad con medidas cautelares

El suceso comenzó a las 18.40 cuando el asaltante realizó desde el exterior de la Facultad de Ciencia y Tecnología “varios disparos a la fachada del centro provocado daños en sus instalaciones” y a continuación entro a esa misma facultad y realizó “nuevos daños”, sin que se produjeran daños personales, según informó la propia universidad. La Ertzaintza movilizó a sus patrullas y también a equipos de Intervención, Rescate o Explosivos, además, solicitó apoyo a los servicios sanitarios. Un helicóptero sobrevoló la zona para hacer seguimiento del asaltante, mientras que las facultades de Ciencia y Tecnología y Medicina y Enfermería fueron desalojadas. Finalmente, a las 19.20 se produjo el arresto del asaltante. El joven, que se encontraba en dependencias policiales de Deusto, ha sido trasladado este viernes al Juzgado de Guardia de Getxo, donde finalmente su titular ha ordenado su puesta en libertad con medidas cautelares, según informa Europa Press. Este periódico ha podido confirmar que, además, cuenta con una orden de alejamiento de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

La Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias ha iniciado el expediente para declarar suelo contaminado a las parcelas afectadas por la actividad del campo de tiro de Taucho, en el Barranco de Ajabo, en Adeje, al sur de Tenerife.

En un comunicado la Viceconsejería explica que ante las denuncias formalizadas por los ciudadanos, las mediciones realizadas por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife y el expediente sancionador incoado en septiembre de 2017 por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, los técnicos de Medio Ambiente realizaron en septiembre de 2018 una visita a la zona de afección. 

En ella se observó que en las zonas colindantes al campo de tiro, aparte del plomo vertido, existen grandes cantidades de residuos de plásticos de casquillos y, sobre todo, muchísimos restos de platos usados en la actividad de tiro, que se encuentran degradados y que, debido a su naturaleza, podrían contener hidrocarburos susceptibles de contaminar el suelo.

A la vista de todo lo anterior, la Viceconsejería de Medio Ambiente llevó a cabo un estudio para la caracterización de los terrenos situados en el área de influencia de la actividad desarrollada en el campo de tiro, además de un análisis cuantitativo de riesgos para la salud humana y los ecosistemas.

El informe derivado de estos trabajos concluye que en contaminación de suelos se registran valores superiores a los niveles genéricos de referencia establecidos para metales como el arsénico, antimonio y plomo, debido a los residuos de munición encontrada. 

Se superan también los valores de referencia de varios hidrocarburos aromáticos policíclicos, además de hidrocarburos totales del petróleo. 

Estas concentraciones tan altas son debidas a la gran cantidad de platos de tiro acumulados en la zona desde hace muchos años.

Además del análisis cuantitativo de riesgos realizado se concluye que, desde el punto de vista de la salud de las personas, existe una situación de riesgo inadmisible para los viandantes ocasionales debido, sobre todo, a los contaminantes benzo-a-pireno, arsénico y plomo.

En relación a la afección a los ecosistemas de la zona, el estudio concluye que podría darse una situación de riesgo potencial para los mismos debido a las concentraciones de arsénico, antimonio, plomo y de los hidrocarburos aromáticos policíclicos.

Dado que el Ayuntamiento de Adeje, como titular del campo de tiro, no ha iniciado los trámites de la recuperación voluntaria del suelo estipulados en la normativa vigente de contaminación de suelos, la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias ha incoado, con fecha 31 de enero de 2019, un expediente de declaración de suelos contaminados en el que se ha dado audiencia al consistorio, a otros organismos, entidades y asociaciones de vecinos de la zona.

La declaración de suelo contaminado implicaría que el Gobierno de Canarias, en el desarrollo de sus competencias, obligará a dicho Ayuntamiento a la limpieza, remediación y restauración del suelo afectado hasta su estado inicial, en un plazo determinado, y con las técnicas y metodologías que así se estipule desde la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Asimismo, como medida preventiva hasta que se recupere el suelo contaminado, se ha instado al Ayuntamiento de Adeje y al Consejo Insular de Aguas de Tenerife a que tomen las medidas necesarias para que ningún ciudadano pueda acceder a la zona afectada por la contaminación del suelo.

Por otro lado, y debido a la gran cantidad de residuos de platos de tiro en la zona, con fecha 16 de enero de 2019 ha sido contratada por la Viceconsejería de Medio Ambiente una modelización de compuestos volátiles de la zona, con medición de los mismos y cuyo resultado final será integrado en el informe de riesgo ya realizado.

De esta forma se determinará el posible impacto que pudiera tener sobre los residentes cercanos a la zona del campo de tiro, por una supuesta inhalación de estos compuestos que puedan emanar del suelo contaminado.

Actualmente ya se ha realizado la medición de los compuestos volátiles en la zona y, aunque dichos valores han tenido un resultado muy bajo, se está a la espera de los resultados finales de modelización que estarán disponibles en la Viceconsejería de Medio Ambiente en la tercera semana de febrero.

El grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife ha expresado este viernes su conformidad con la decisión del Consejo Insular de Aguas (CIATF) de denegar la petición del Ayuntamiento de Adeje (el recinto es público) para legalizar los vertidos de plomo generados por la actividad del campo de tiro de Taucho.

El CIATF da la razón a la asociación Amigos en Defensa de Ajabo y al grupo de Podemos en el Cabildo tinerfeño y admite en su dictamen el riesgo de que el vertido producido hasta ahora pueda derivar en una posible contaminación de los acuíferos o aguas subterráneas, sin que se haya podido demostrar la inocuidad del plomo.

Asimismo, se indica que no se ha podido comprobar que los perdigones hayan sido retirados con periodicidad, evidenciando que no se ha reparado la alta carga contaminante del vertido, estimada en 25 toneladas de plomo, informó Podemos en un comunicado.

Concepción recuerda que su grupo ha apoyado las denuncias de la asociación Amigos en Defensa de Ajabo “cuando hemos criticado que no se estaban llevando a cabo las urgentes y necesarias labores de recogida y limpieza -exigidas desde el pasado año por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural-; por lo que ahora esperamos que el Ayuntamiento de Adeje acate la resolución del CIATF, en la que se reitera la obligación de limpiar el plomo vertido en toda el área del campo de tiro y entregarlo a un gestor autorizado”.

Concepción critica que el consejero socialista Manuel Martínez, responsable del CIATF, “haya actuado en este expediente con total impunidad”, primero, permitiendo al Ayuntamiento de Adeje que desarrollase una actividad altamente contaminante para el medio ambiente, para más tarde desdecirse ante las denuncias y la presión mediática ejercida por los vecinos de la zona.

Afirma que a su llegada al cargo el consejero Martínez ya sabía de estos vertidos contaminantes y no hizo nada, pues la asociación Amigos en Defensa de Ajabo había informado desde 2013 del reinicio de las nocivas actividades de tiro al plato en el campo municipal.

A pesar de que en la resolución del CIATF no se hace referencia a esta primera denuncia de la asociación, Concepción añade que el grupo de Podemos “llevó por primera vez una moción sobre este asunto al Cabildo el pasado mes de julio de 2017, por lo que ha transcurrido más de un año y medio desde que lo notificamos a la corporación, y lo único que hizo el responsable del CIATF fue mirar para otro lado”.

El Ayuntamiento de Anchuras ha tenido a bien cursar invitación para la celebración del triunfo contra la decisión del Ministerio de Defensa de instalación del campo de tiro. Una larga lucha que, en los años ochenta, mantuvo una viva y dinámica actitud de la población anchureña, con su alcalde a la cabeza, y de muchos colectivos y organizaciones políticas y sociales de toda la provincia que prestaron un apoyo incondicional para que, ni en Cabañeros ni en Anchuras, se llevara a cabo la militarización de un espacio natural que merecía otra actuación protectora, como así se hizo. 

La edad que tengo, la que tenía en aquel momento, no me hace acreedor para mantener la necesaria evocación sobre aquellos hechos, de los que no fui protagonista; pero lo fue, entre otros, mi sindicato; una organización sindical de amplio recorrido y con memoria histórica. Por ello, he recurrido a las vivencias de los que me precedieron, de los compañeros, compañeras y dirigentes que estuvieron allí, de los que impulsaron y participaron activamente junto con otras fuerzas progresistas y colectivos ecologistas, en la constitución de la Coordinadora Provincial en Defensa de Anchuras, y de otras de carácter local que se sucedieron por la provincia.  

Hoy, todavía viene bien recordar que las ideas pacifistas y la defensa de los entornos naturales y su actividad económica, la opinión de la ciudadanía afectada, deben ser considerados por encima de intereses, a veces injustificados, que pretenden dominar y aplastar la voluntad popular. El caso de Anchuras es, a mi juicio, un ejemplo de unidad en la defensa de una idea y de unos valores que nunca debieron cuestionarse, por mucho que se quisiera anteponer el interés del Estado y los deseos de la OTAN de tener campo de tiro en la provincia de Ciudad Real.

La calle dio una gran respuesta. Comisiones Obreras estuvo, junto a un gran número de organizaciones y colectivos, en la manifestación de Ciudad Real; que contó también con la presencia de dirigentes políticos de nivel nacional, y de nuestro secretario general confederal, Antonio Gutiérrez. En conclusión: unos meses de frenética, organizada y animosa defensa para que Anchuras no fuera la alternativa de campo de tiro. Se logró borrar a Cabañeros y Anchuras de la agenda, del punto de mira, del Ministerio de Defensa. 

La movilización popular trascendió de lo socio-político a lo festivo. Los carnavales también sirvieron de protesta, de sabia ironía, para manifestar su apoyo a los anchureños y su crítica al poder. El grupo 'Los criticones' de Puertollano, que contaba entre sus componentes con un buen puñado de afiliados de CCOO, optó por Anchuras para defender su particular ‘NO al campo de tiro’. 

Así su coplilla central cantaba: “En la Mancha hay un hidalgo/ el cuál reside en Toledo/ de nombre José Bono/ Salvador de Cabañeros. Iba pa campo de tiro/ lo habría sido sin dudar/ pero este ingenioso hidalgo/ lo hizo parque natural./ A la mañana siguiente/ conocemos la verdad, /lo había cambiado por Anchuras,/ que está un poco más allá…”

Ahora, treinta años después, Anchuras rememora una lucha ejemplar, su derecho a mantener su forma de vida, sus tradicionales ocupaciones, su medio natural. Una envidiada defensa colectiva para conseguir unos objetivos loables. Una población que tuvo el valor, coraje y la valentía para que no se rompieran sus tradiciones, su economía, su medio natural. Anchuras resiste. Enhorabuena.

Tras años de pelea de la Plataforma de Amigos en Defensa de Ajabo y del grupo insular de Podemos para que los responsables del Consejo Insular de Aguas (CIAT), del Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de Adeje tomaran conciencia sobre la grave irresponsabilidad y las irregularidades que se han estado cometiendo en materia de salud pública y ambiental al dar amparo al vertido de plomo en el barranco de Ajabo, sin la autorización ni controles pertinentes, por fin se ha confirmado que esas alertas ciudadanas, ecologistas y políticas estaban más que justificadas pues ahora se ha comenzado a actuar conforme a la legalidad y al sentido común.

El consejero y portavoz de la formación morada, Fernando Sabaté, informa de que, entre otras novedades importantes, el Consejo Insular de Aguas ha ordenado la suspensión de la controvertida actividad del campo de tiro de titularidad municipal que se encuentra ubicado en la localidad de Taucho (en la ladera del barranco de Ajabo), el que ha originado ese vertido de plomo. “Este organismo del Cabildo no ha dado esa orden por gusto, sino en cumplimiento de la normativa sectorial que, como advertíamos hace años, determina claramente la inmediata suspensión de las actividades que den origen a vertidos contaminantes no autorizados”.

Sabaté añade que, además, el CIAT ha ordenado la limpieza del plomo vertido en toda el área de ese campo de tiro propiedad del Ayuntamiento de Adeje y ha comunicado que ese material debe ser recogido por un operador autorizado para su gestión.

Al mismo tiempo, resalta, se ha confirmado que la cantidad de metal pesado depositado en el barranco es realmente alarmante: según el estudio técnico que ha tenido que encargar el Ayuntamiento de Adeje para intentar legalizar ese vertido, se estima que en el entorno se han llegado a verter unas 25 toneladas de plomo, “algo que contrasta con los reiterados esfuerzos del consejero de Aguas, Manuel Martínez (PSOE), por minimizar y hasta negar la gravedad del problema durante las comisiones y plenos en que el grupo Podemos ha abierto el debate sobre este asunto dando voz a las reivindicaciones ciudadanas que reclamaban responsabilidad y sensatez para poner fin a este problema”. 

Sabaté también destaca que la Agencia de Protección y Mejora del Medio Urbano y Natural (APMUN) de Canarias ha impuesto una sanción de 30.000 euros al Ayuntamiento de Adeje por el vertido no autorizado de plomo al barranco de Ajabo y, por otra parte, el Ministerio Fiscal está investigando este asunto.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria lleva más de un mes sin realizar prácticas de tiro, entrenamiento que por ley deben realizar al menos dos veces al año. El cuerpo no cuenta con unas instalaciones propias donde hacer estos ejercicios por lo que recurre a un campo privado al que debe pagar el Ayuntamiento. Sin embargo, según afirma José Antonio Rivero, secretario del Club de Tiro Deportivo Camino de Leñadores, donde los agentes llevan casi cinco años realizando estas prácticas, desde hace dos no recibe retribución alguna por este servicio y el Consistorio acumula una deuda que supera los 9.000 euros.

Los sindicatos mayoritarios en el cuerpo (USPB y CCOO) recuerdan que estas prácticas son necesarias y achacan a una “mala gestión” que los agentes no realicen estas maniobras desde principios de enero. “Que un Ayuntamiento que está en superávit acumule esta deuda, no lo entendemos”, subraya Iván Jiménez, de CCOO. De hecho, según Víctor García, presidente de USPB, “es una obligación legal de la policía local ir al menos dos veces al año a tiro”, por lo que “si somos más de 500 agentes tendrían que estar disponibles las instalaciones todos los días”.

José Antonio Rivero explica que estos últimos cuatro años, el campo (situado en el barrio de Las Majadillas) ha estado disponible todos los días para los policías y que, a pesar de que en 2016 y 2017 el Ayuntamiento no ha pagado, ha dejado que los agentes utilicen el club porque es consciente de la importancia que tiene para la seguridad de los ciudadanos que la policía esté preparada. Rivero señala que desde el Consistorio le han dado largas y han ido aplazando el pago, primero alegando que tenía que haberse convocado un concurso público, luego señalando que tenía que llevarse a pleno… pero el pago de las facturas nunca ha llegado.

Ha sido el pasado mes de enero cuando, debido al cúmulo de la deuda, asegura que se ha visto obligado a cerrar las instalaciones para la Policía Local. A partir de ahora, solo acudirán al club los abonados y los agentes de la Guardia Civil que a veces lo alquilan para hacer algún examen o alguna práctica concreta.

El secretario del club insiste en que le gustaría llegar a una solución amistosa, pero que ha enviado escritos tanto al Ayuntamiento como al comisario principal jefe de la Policía Local, Carlos Saavedra, pero no ha recibido contestación alguna. Explica que su abogada ya está estudiando el caso para ver qué medidas legales puede llevar a cabo.

Rivero recuerda que son varios los gastos que acarrea mantener abiertas estas instalaciones: agua, luz, limpieza de las parabalas de las galerías de tiro… ya que los agentes utilizan armas con un calibre superior al de los abonados, por lo que requiere mayor esfuerzo mantener las galerías.

Destaca que, hasta el pasado mes, los policías acudían casi todos los días, de lunes a jueves y en horario de mañana principalmente, a realizar los entrenamientos y lamenta haber tomado esta medida drástica.

Desde la pasada semana, este periódico ha intentado recabar la versión del Ayuntamiento y del comisario jefe de la Policía Local pero no ha habido aún una contestación de a qué se debe que los agentes no acudan a estos entrenamientos. Fuentes del Consistorio señalaron que tenían entendido que en esas instalaciones se estaban haciendo reformas.

El reclamo de un campo de tiro propio

Víctor García (USP) asegura que la reclamación que el cuerpo lleva haciendo desde hace años a sus responsables es contar con un campo de tiro propio, al igual que la Policía Nacional. Señala que en Tenerife la Policía Local utiliza unas galerías del Gobierno de Canarias, por lo que cree que el mismo trato que se ha tenido con esta isla debería tener el Ejecutivo regional con Gran Canaria y facilitarles un campo donde llevar a cabo estos ejercicios.

No obstante, subraya que, partiendo de esta limitación de no contar con un campo de tiro propio y de que es necesario alquilarlo, “al menos que el Ayuntamiento pague su parte”, insiste García. A juicio de este sindicato, esta es solo una muestra más de la “mala gestión” que se está realizando en materia de Seguridad y Emergencias.

Es casi un ritmo. Pam. Pam. Silencio entonces, o bromas de quienes se fuman la espera de su turno para disparar. Y más abajo, otra vez: pam, pam. Y así, una y otra vez. Dos disparos cada tirador, más de 200 tiradores, apuntando al pichón y a veces acertándole de lleno, otras de refilón y a veces, las menos, errando el tiro. Cuando llegue el domingo, cerca de 7.000 palomas zuritas habrán caído en el campo de tiro de Jarapalo, en Alhaurín de la Torre (Málaga), durante la final del Campeonato de España de Tiro a Vuelo que se celebra desde el miércoles.

La competición consiste en disparar dos veces a una paloma, propulsada al exterior por un sistema de aire comprimido instalado en las cinco cajas hundidas en el suelo. Saltan, echan a volar y la mayoría no superan el par de metros de altura. Pam. Pam. Y caen. Es trampa disparar a una paloma parada. “¡Se me quedaba parada, y no sabía qué iba a hacer!”, se oyó. Pam. Pam.

Después de los tiros, dos mozos corren hacia la zona de las cajas. Uno repone, el otro recoge. A veces la paloma revolotea malherida y el mozo la persigue hasta que le da caza de un pisotón. No es lo habitual, pero ocurrió. Según Javier Moreno, uno de los responsables del club, tienen instrucciones para que la paloma sufra lo menos posible. No fue siempre así: dos palomas, cojas y heridas, se movían por la zona de los muchachos reponedores. Avanzaron unos metros a duras penas, buscando la sombra, y nadie les hizo caso. “Los pichones que se escapan los cogen los jabalíes y las águilas. Te das una vuelta y no verás ni uno”, comentan los organizadores. Las palomas abatidas son incineradas.

El grupo animalista Mis Amigas las Palomas surgió en marzo con el objetivo declarado de acabar con el tiro al pichón. Desde entonces han rescatado unos 200 ejemplares malheridos de los alrededores de los campos de tiro. Creen que es una práctica anacrónica y han convocado una protesta para el domingo por la mañana, simultánea a otras dos que se desarrollarán en Madrid, Málaga y Murcia. Según sus cálculos, cada año se abaten 250.000 palomas y 200.000 codornices en competiciones oficiales. Vienen de palomares industriales, “criados para esto”, según los tiradores. En Internet pueden encontrarse palomas zuritas a la venta por 1,5 euros.

Las reglas están claras, pero los animalistas también denuncian trampas. Según Virginia Jiménez, la convocante de la concentración del domingo, los pichones y codornices han estado en jaulas, no tienen práctica en vuelo y “les cortan las alas” para dificultar que escapen. “Es mentira. Hace años se hacía, pero ya no. Eso es contrario a la competición. Queremos que el pájaro vuele cuanto más, mejor”, replica Moreno, que cree que las reglas son justas: “Al pájaro se le da una salida, una ventaja”.

Las posiciones de tiradores y animalistas son irreconciliables. El lema de Mis Amigas las Palomas es “Cambia Ave por Plato”, pero los tiradores no quieren cambiar ave por nada. Ni por plato ni por hélice, porque ambos tienen un recorrido y acertar es cuestión de técnica. De pillar el truco. El que tira al pichón no encuentra aliciente en el plato o la hélice, resume Moreno: “Tiras sobre un bicho que no sabes lo que va a hacer, va para arriba, abajo, para adelante…”. Sólo un ser vivo cambia de dirección sin seguir una pauta y por tanto, ningún tiro a nada requiere de tanta pericia como el tiro a un ser vivo, viene a ser el razonamiento.

La competición es legal porque aunque la Ley de Protección de Animales de Andalucía prohíbe las competiciones de tiro pichón, la Consejería de Turismo y Deportes concede autorizaciones para levantar la prohibición general. “Y las excepciones se convierten en la generalidad”, dice Virginia Jiménez. En 2015 se han autorizado 13 tiradas para competiciones federativas y hay otras nueve concesiones de “carácter permanente” para “entrenamientos, sociales, locales y provinciales”, sujetas a comunicación previa. Todas las solicitudes fueron admitidas.

650 euros por el abono y 100.000 euros en premios

650 euros por el abono y 100.000 euros en premiosEl viernes por la mañana había en el campo de tiro ambiente de reencuentro, camaradería masculina (“¡No se bebe hasta después de tirar!”, se escuchó), escopetas a la venta y hasta un maestro armero que al momento te reparaba el cañón. En una terraza, diez o quince hombres apostaban diez, veinte euros. Algún chico paseaba fusil al hombro acompañado de su madre, pero abundaban los de entre 50 y 60 años, vestidos con camisa y chaleco, con gorras de armerías y calzados con zapatos castellanos la mayoría, náuticos los jóvenes. Había medio centenar de italianos porque en Italia, como en Cataluña y Canarias, está prohibido tirar al pichón. Cada uno de los 220 tiradores paga 650 euros, y entre todos se reparten 100.000 euros en premios.

En el propio club le conceden pocos años al tiro al pichón. Es caro y apenas hay jóvenes. “Esto no atrae a nadie, la mayoría de personas ni saben que esto se sigue haciendo”, opina Virginia Jiménez. El tiro al pichón se llama ahora tiro a vuelo, más aséptico. Representa apenas el 15% de las tiradas en Jarapalo, pero les proporciona ingresos para mantener el club durante varios meses. Ofrecen todas las explicaciones, dan datos de ocupación hotelera y de puestos de trabajo y hasta recuerdan que la primera medalla olímpica española se consiguió tirándole al pichón, en París 1900. Insisten en que es tradición.

“El único problema es el pájaro”, reconoce Moreno, “pero cada uno tiene su conciencia. No hacemos daño a nadie”. Cuando se le hace ver que su frase no encaja con la práctica de disparar a un animal, se encoge de hombros: “A mí me gustan los animales. Tengo mi perro y lo cuido. Y hay cosas que son contradictorias: esto lo es. Pero es el gusanillo... No tiene otra explicación”.

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha trasladado al Rey Felipe VI su preocupación por el accidente por arma de fuego ocurrido la semana pasada en el polígono de tiro de las Bardenas reales. Durante el encuentro mantenido este martes en el Palacio de la Zarzuela -el primero entre el monarca y la presidenta- Barkos ha mostrado al Rey su voluntad de “replantear la continuidad del polígono de tiro”.

En este sentido, la presidenta del Gobierno foral ha recordado que “la existencia de una instalación militar en el corazón del más singular de los parques naturales de la Comunidad Foral daña la imagen de Navarra en el exterior y es un gran impedimento para el desarrollo económico de la Ribera”.

El encuentro, que se ha prolongado por espacio de una hora, se enmarca dentro de los contactos mantenidos por Felipe VI con los nuevos presidentes autonómicos surgidos tras las elecciones del 24 de mayo.

La reunión, ha dado inicio con la exposición, por parte de la Presidenta Barkos, de la gestación y desarrollo del pacto político entre las cuatro formaciones parlamentarias navarras que finalmente han apoyado su investidura, votada el pasado 20 de julio: Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. Barkos ha destacado la “profundidad” y “calidad” del acuerdo programático alcanzado, con 614 medidas concretadas, y el carácter “social y económico” con el que nace el nuevo Ejecutivo foral, “un Gobierno para el cambio”, en palabras de Barkos.

“Enfado” y “extrañeza” por las críticas a algunos nombramientos

Asimismo, la Presidenta de Navarra le ha dado a conocer el equipo humano que configura el nuevo Gobierno foral y ha defendido la idoneidad de las personas elegidas en relación con las competencias que les corresponderán gestionar. Le ha manifestado a Felipe VI el “enfado” y la “extrañeza” que le han producido diversas manifestaciones recientemente vertidas contra alguno de los miembros de su recién constituido gabinete, para quienes ha solicitado “un voto de confianza”.

Finalmente, Barkos le ha transmitido a Felipe VI su disposición a que las relaciones entre el Gobierno de Navarra y las instituciones del Estado, entre ellas la Corona, sean cordiales y normalizadas. La cita ha terminado con el obsequio al Rey de un ejemplar dedicado de la obra “La política en tiempos de indignación”, del Premio Príncipe de Viana 2013 Daniel Innerarity, y el pésame por el fallecimiento del abuelo de la Reina Letizia, Francisco Rocasolano.

Las cerca de 50 toneladas de plomo desperdigadas por el campo de tiro abandonado de Lezama han vuelto cuatro años después a ser tema de debate en las Juntas Generales de Bizkaia, después de que la asociación Lezama Bizirik promoviera en 2010 una propuesta para analizar la zona contaminada, proceder a su limpieza y descontaminación, y encargar la elaboración de un Plan de Ordenación de los Montes de Utilidad Pública de la sierra de Ganguren. Todo ello con el objetivo de evitar que en el futuro pudieran tolerarse actividades contradictorias con la calificación especial que recibe la zona, como el viejo campo de tiro ilegal que estuvo en activo a pesar de carecer de licencia de apertura ni de actividad durante 22 años, sin que las autoridades vascas hiciesen nada al respecto.

Esta propuesta que en mayo de 2010 contó con la aprobación unánime de las Juntas y el compromiso de llevar a cabo el plan por parte de la diputada de Agricultura y Medio Ambiente, Irene Pardo, aun no se ha formalizado. En el momento actual, transcurridos cuatro años, no se ha producido ninguna actuación de descontaminación ni limpieza de los terrenos y acuíferos del campo, de modo que los perdigones y platos de los tiradores siguen desperdigados junto al cauce de tres arroyos. Es más, en una última visita a la zona, miembros de Lezama Bizirik, pudieron comprobar “cómo los restos siguen allí y están siendo subsumidos por el terreno, con lo que su limpieza cada vez es más complicada”, han manifestado a través de un comunicado. Los platos están compuestos de productos tóxicos como brea y cadmio, que se pueden desperdigar cuando se deshacen por los tiros.

La diputada de Medio Ambiente asegura que “no es competencia” de su departamento

La cuestión volvía a comisión a petición del grupo juntero socialista que reclamaba la comparecencia de la diputada de Agricultura y Medio Ambiente para explicar por qué “estos terrenos -propiedad del Ayuntamiento de Lezama y gestionados por la Diputación Foral de Bizkaia- siguen en el mismo estado que se dejaron en su día, así como la inexistencia de noticias sobre el Plan de Descontaminación”. En respuesta a ello, Irene Pardo declaraba que “este asunto no es competencia” de su departamento. “Los terrenos del antiguo campo de tiro de Lezama, clausurado en el año 2008, no figuran en el inventario de suelos contaminados del País Vasco, que elabora el Ejecutivo autónomo”, ha asegurado la diputada, quien ha indicado que en el último trimestre del año se presentará el estudio encargado por su departamento para la gestión forestal del monte Ganguren durante los próximos diez años.

Tras las palabras de Pardo, el apoderado del PSE-EE Isaac Fernández ha puesto en duda que “50 toneladas de plomo sobre una superficie de 4.000 metros cuadrados no supongan contaminación y más al lado del nacimiento de tres arroyos protegidos”. Por ello, Fernández ha solicitado que la Diputación inste al Gobierno vasco a realizar unas catas en los citados terrenos de Lezama “que determinen el grado de contaminación de los mismos”. Por su parte, el juntero de EH Bildu Asier Vega ha puesto el acento en “la contaminación producida por una actividad ilegal” y ha criticado “la pasividad de las instituciones” en este caso. Para la portavoz del PNV Nerea Ahedo, en cambio, las prácticas de tiro no eran ilegales ya que “contaban con los correspondientes permisos de la Guardia Civil y del propio ayuntamiento de Lezama”. Unas declaraciones, que según la asociación Lezama Bizirik, son “mentira literalmente porque jamás han podido presentar ninguna licencia”. “En las reuniones de 2010 nos llegaron a decir que no tenían constancia de que allí hubiera un campo de tiro, cuando al lado tienen un puesto de vigía con una guarda forestal que a nada que enciendes una fogata te viene a alertar”, indica Txema Pico sobre una actitud que considera “vergonzosa” por parte de la diputada que “no ha cumplido su palabra y ha vuelto a decir lo mismo que hace cuatro años”.

“Se ha ninguneado la decisión de las Juntas Generales”

Además, el miembro de la asociación recalca que se ha “ninguneado” la aprobación “unánime” que en su día dieron las Juntas a la evaluación de la posible contaminación del terreno. “No han sido ninguna sorpresa las declaraciones de hoy porque llevan pasando cuatro años de un tema que es de extrema gravedad”, dice Pico, quien también recrimina la actitud de Ura, Agencia Vasca del Agua, “que nos venden por televisión que tenemos que cuidar nuestros ríos y siendo conocedores de esto, ni han venido aquí ni han puesto en marcha ninguna actividad cuando saben que lo hemos denunciado por activa y por pasiva con fotos y videos que tiene Diputación y todos los grupos junteros”, aseguraba mientras insistía que desde Lezama Bizirik permanecerán “vigilantes” y seguirán denunciado el caso.

En medio de toda la polémica, el Consistorio de Lezama mantiene cerradas las instalaciones y ha rechazado la petición de que se abran a su uso público, “a pesar de ser zona de paso para muchos vecinos”, según señalan miembros de la asociación. “Es sintomático, por no decir sospechoso, que el Ayuntamiento prohíba su uso público, mientras sigue gastando en arreglos y cuidados del mobiliario y manteniendo los carteles de campo de tiro”, indican desde Lezama Bizirik, que también insta a la administración local “a desmantelar de una vez los carteles y el foso para proceder a la apertura de las instalaciones para un verdadero disfrute público del vecindario”.

Los diputados nacionalistas trasladan la denuncia formulada desde el Cabildo de Fuerteventura

Los diputados de CC y NC demandarán en el Congreso que se cierre definitivamente del campo de tiro de Pájara, en Fuerteventura, y se suspendan las maniobras militares que afecten a núcleos urbanos y turísticos de esa isla.

En una proposición no de ley que defenderán ante la Comisión de Defensa de la Cámara baja, los parlamentarios nacionalistas Ana Oramas (CC) y Pedro Quevedo (NC) recogen así la protesta formal aprobada por el Cabildo de Fuerteventura el mes pasado por las maniobras que se han realizado en el entorno de núcleos poblados. Una de los ejercicios militares que motivaron esa queja, recuerdan, desplegó a soldados equipados con armamento en la localidad de Puerto Lajas.

CC y NC piden además que se atienda “la petición unánime” del Cabildo de Fuerteventura y de sus seis ayuntamientos para que se proceda cierre el campo de tiro de Pájara, en el sur de la isla.

“Histórica y unánime opsoición”

“Los ejercicios militares en el campo de tiro de Pájara provocan el tránsito de importantes convoyes militares por las carreteras de Fuerteventura e incluyen, en ocasiones, maniobras nocturnas que causan muchas molestias a los vecinos de las localidades situadas en sus aledaños, como el valle de La Lajita o la zona turística de Costa Calma”, alegan los diputados nacionalistas canarios.

A su juicio, la “sucesión de acontecimientos” de los últimos meses “parece indicar una reactivación de los ejercicios militares en la isla, pese a la histórica y unánime oposición de todas las instituciones de Fuerteventura al mantenimiento del campo de tiro de Pájara”. El Consejo de Ministros declaró en 2012 el campo de tiro de Pájara zona de interés para la Defensa Nacional, en una decisión que fue avalada en febrero de este año por el Tribunal Supremo.

El diputado de Nuevas Canarias-Coalición Canaria (NC-CC) en el Congreso, Pedro Quevedo, preguntará al ministro de Defensa, Pedro Morenés, por el aumento de las maniobras y ejercicios militares en Fuerteventura. En un comunicado, el nacionalista lamentó estas maniobras, “hasta el punto que alguno de los mismos se han realizado dentro de los núcleos urbanos, como es el caso de Puerto Lajas”.

Quevedo advirtió aquí del “daño” que estas actividades hacen al turismo. “Hace unos días -dijo- se produjeron durante la noche detonaciones que despertaron y asustaron a muchos ciudadanos de varios pueblos del municipio de Pájara y a turistas hospedados en la localidad turística de Costa Calma”.

Asimismo, comentó que estos ejercicios “perturbadores” para la población y los visitantes de la isla “pueden volver a producirse, ya que está prevista la realización de más maniobras militares”.

Por su parte, Quevedo trasladó el compromiso de Nueva Canarias para el “cierre” del campo de tiro de Pájara y para “no ampliar” zonas militares, que “encima ponen en riesgo” el desarrollo de la Isla. “Espero que la intención del Partido Popular no sea que Fuerteventura se convierta en el campo de tiro de España”, dijo.

El Alto Tribunal advierte, no obstante, de que su gestión deberá respetar las normas de la Red Natura 2000.

La Sala de lo Contencioso Administrativo desestima el recurso interpuesto contra esa decisión de 2012 por el Cabildo de Fuerteventura.

El Tribunal Supremo ha avalado las razones por las que el Gobierno decidió declarar el campo de tiro de Pájara (Fuerteventura) zona de interés para la Defensa Nacional, pero avisa de que su gestión deberá respetar las normas de la Red Natura 2000, porque incluye un espacio protegido.

En una sentencia hecha pública este martes, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo desestima el recurso interpuesto contra esa decisión de 2012 por el Cabildo de Fuerteventura (CC-PSOE), que entendía que declarar ese campo de tiro de interés para la Defensa Nacional perseguía impedir que otras administraciones ejercieran competencias sobre ese territorio y podía vulnerar la legislación.

El Supremo reconoce que el Estado Mayor del Ejército solicitó al Gobierno dar ese paso precisamente para evitar que la declaración de toda la isla de Fuerteventura como Reserva de la Biosfera de la Unesco (febrero de 2010) afectase a un campo de maniobras que considera de especial interés, ya que es el único del país para “el adiestramiento de unidades de tipo GT y el tiro de todas las armas”.

El Alto Tribunal respalda las razones por las que el Gobierno considera de interés nacional esa zona militar, lo que implica que en ella “se considerarán prioritarios los intereses de la Defensa Nacional sobre cualesquiera otros y, en consecuencia, que quedan sometidas a autorización del Ministerio de Defensa todas las regulaciones y actuaciones administrativas que puedan incidir en el campo de tiro de Pájara”.

Ahora bien, la sentencia subraya que dentro del campo de Tiro existe un paraje protegido, la Cueva de Lobos, por lo que advierte de que el hecho de que ahora su gestión vaya a ser tutelada por el Ministerio de Defensa “no exime” a este de “la observancia de los deberes de protección de la Red Natura 2000” y de las precauciones previstas en la Directiva Europea de Hábitats.

Ello implica, precisa el Supremo, que cualquier obra, construcción o explotación del suelo en esa zona protegida deberá someterse a evaluación de impacto, salvo que responda a “razones imperiosas de interés público”, una excepción que reconoce la ley que traspuso a la legislación española la Directiva de Hábitats.

“Pero el hecho de que la razón de interés público sea de naturaleza militar no exime de acreditar que aquella es imperiosa y de primer orden; y, sobre todo, ello solo podrá hacerse una vez que se haya realizado la adecuada evaluación de las repercusiones, que esta haya dado un resultado negativo y que se haya acreditado que no haya soluciones alternativas”, razona el magistrado ponente, Luis María Díez-Picazo.

Y añade: “Solo en estas condiciones pueden los intereses relacionados con la Defensa Nacional llevar a prevalecer sobre el deber de conservación de la Red Natura 2000”.

La sentencia rebate el resto de argumentos del Cabildo de Fuerteventura para poner en cuestión la legalidad de incluir al campo de tiro de Pájara entre las zonas de interés para la Defensa Nacional, como que se habían vulnerado los procedimientos de audiencia a otras administraciones o que la decisión del Consejo de Ministro infringía la autonomía local.

El Supremo mantiene que se trata de una decisión que responde a “necesidades objetivamente expuestas por el Gobierno, de manera que está muy lejos de tratarse de un mero capricho”.

En cuanto a la supuesta vulneración de la autonomía local, el Tribunal entiende que se trata de una alegación “puramente retórica”, porque las facultades que otorga al Gobierno la Ley de Defensa Nacional de 1975 “constriñen legítimamente el alcance de las competencias de los entes locales”.

“Es más”, añade la Sala, “el único modo de sostener convincentemente que en el presente caso se ha vulnerado el principio de autonomía local sería afirmar que la Ley 8/1975 (de Defensa Nacional) es inconstitucional; pero el recurrente no llega a decir esto, ni mucho menos a proporcionar argumentos sólidos en esa dirección”.