Un juzgado archiva la investigación a un club de tiro de Málaga por verter plomo porque no ve “contaminación objetiva”

El Juzgado de Instrucción 14 de Málaga ha archivado las diligencias penales abiertas al club de tiro de Jarapalos y el equipo de gobierno del ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (42.531 habitantes, Málaga), a los que investigaba después de que el Seprona hallara miles de proyectiles de plomo en terreno forestal alrededor de un afluente del Guadalhorce, sin que el club tenga ni siquiera licencia municipal. La Fiscalía había denunciado al veterano alcalde Joaquín Villanova y doce de sus concejales, así como a los gestores del club, por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación.

Durante años se ha contaminado con la zona (próxima a un barranco que da a un arroyo afluente del Guadalhorce) con casquillos, perdigones y hélices de plástico, sin que ningún responsable municipal haya hecho nada por evitarlo, o siquiera por exigir una licencia de actividad a los responsables.

Para la jueza ni el indudable vertido de material tóxico ni la indiscutida falta de licencia merecen ser juzgados en vía penal, de modo que opta por zanjar la investigación sin llevarla ni siquiera a juicio. En su auto, al que este medio ha tenido acceso, explica que “si existe algún tipo de contaminación, ésta no está acreditada” (es decir, que son efectos potenciales), y que la falta de licencia y autorización ambiental no es tan grave ya que la Junta de Andalucía la tolera.

La decisión de la jueza ha generado sorpresa en la confluencia de izquierdas del ayuntamiento, que había propiciado la denuncia de Fiscalía, y que está personada como acusación popular. “Archivar por la contaminación me parece mal, pero entiendo que se puede discutir a partir de qué umbral de contaminación es delito. Pero lo de la prevaricación no veo por dónde cogerlo. Hay una dejación de responsabilidades clarísima, y allí siguen pegándose tiros”, dice Eduardo Sáez, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sierra y exconcejal.

La jueza: “No puede dejar de reconocerse que está lleno de residuos”

El club de Tiro de Jarapalos lleva abierto desde 1969 en un enclave de la Sierra de Mijas. Allí se tira al pichón y al plato, se celebran competiciones nacionales, y decenas de toneladas de plomo acaban cada año en los alrededores del club, porque siguen sin disponerse mallas protectoras. Este medio informó en octubre de 2017 de que los terrenos estaban contaminados con al menos 60 toneladas. Serían unas 100, según la responsable de la empresa encargada de la recogida, que acabó enfrentándose con el club de tiro por los beneficios de la venta de esos residuos.

En 2022, un informe de Seprona dio cuenta del resultado de esta práctica: los agentes recogieron muestras que superan los niveles de referencia de plomo, un metal pesado, venenoso y no-degradable, y encontraron efectos tóxicos en los ensayos, si bien leves. “Actualmente se sigue vertiendo la munición de plomo en el cauce del arroyo de la Breña SIN ningún tipo de control ni de gestión [en mayúsculas en el original]”, advertía el informe, encargado a partir de la denuncia de Fiscalía.

La jueza admite que los vertidos son indudables. “No puede dejar de reconocerse que las inmediaciones y el propio cauce de Arroyo de la Breña está lleno básicamente, tal y como se recoge en la documentación aportada a las actuaciones, de residuos procedentes de la actividad llevada a cabo por el Club de Tiro”, se lee en el auto. También “reconoce” una “gestión deficiente de residuos”.

A lo largo del auto, la jueza constata evidencia visual del metal en el arroyo; que varios testigos (personal del ayuntamiento o del club) han asegurado que “por parte del club de tiro no se recogen los residuos que llegan hasta el Arroyo de Las Breñas, al ser terreno de dominio público hidráulico”; y que el informe del Seprona dice que ese plomo “constituye un riesgo para la calidad del suelo, de las aguas subterráneas y puede afectar a la fauna y vegetación del lugar”.

Sin embargo, rebate que no haya existido “ningún tipo de control”, como concluían los agentes. El club estaría recogiendo residuos, especialmente de plomo y de casquillos plásticos de la munición “por toneladas”. No así los platos, que el club dice que son biodegradables, a pesar de que la Orden Ministerial sobre Suelos Contaminados señala que existen “elevadas concentraciones” de contaminantes también en los platos.

La jueza acaba justificando el archivo porque “quedan elementos por determinar si la contaminación] tiene otro componente más allá del de la actividad del club de tiro, o incluso su repercusión a medio/largo plazo”. Según el auto, nada de lo ocurrido en Jarapalos merece reproche penal (o ni siquiera ser juzgado, porque archiva antes de llegar a juicio), ya que no está demostrado que el plomo haya producido o esté produciendo un efecto contaminante. “La contaminación visual no es contaminación a los efectos de este procedimiento penal”, dice, antes de asegurar no hay “contaminación objetiva o riesgo de tal” que pueda considerarse delito.

Sin prevaricación, aunque el club funcione sin licencia

El informe del Seprona aseguraba que el ayuntamiento permitía el “funcionamiento ilegal” del club “a sabiendas” de que carecen de licencia. Pero la jueza tampoco cree que la falta de licencia de actividad merezca reproche penal para nadie.

Está claro que allí se tira desde 1969, y también que no ha aparecido licencia de apertura y/o autorización ambiental en el club, en el ayuntamiento o en la Junta de Andalucía. Pero según el auto, tener o no licencia no es tan relevante a efectos penales como si la actividad está amparada por la legalidad. Y la propia Junta de Andalucía parece haberle dado validez, al entender que cuenta con una especie de autorización ambiental tácita por haberse iniciado en tiempos en que esta no se exigía.

“Queda, a juicio de esta juzgadora, desmontada la afirmación contundente de la Guardia Civil (…) en cuanto a la negligente y posiblemente prevaricadora (…) actuación del ayuntamiento”, concluye la jueza.

Hace pocas semanas, se ha registrado un nuevo escrito insistiendo ante el ayuntamiento en que la actividad sigue en el limbo administrativo. Si el ayuntamiento tuviera que emitir licencia, el club tendría que superar una evaluación de impacto ambiental de la Junta de Andalucía que nunca se ha realizado.