El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en septiembre a 6.059 hogares en La Rioja, en los que viven 19.049 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación en la comunidad es de 504,49 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 3.276.051,26 euros.

En septiembre, hay 847 prestaciones activas más de las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 16,25 por ciento en La Rioja. En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en septiembre de 2026 se contabilizan 2.849 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2025 (+17,59 por ciento).

En septiembre, el 58,27 por ciento de los titulares (3.530) y el 52,5 por ciento de las personas beneficiarias en La Rioja son mujeres, en concreto, 10.002. En conjunto, el IMV ha llegado a 8.766 hogares y ha beneficiado a 26.498 personas en La Rioja desde su inicio hace más de seis años.

El IMV se ha consolidado como un modelo en el que la protección de la infancia ocupa un lugar central. En la actualidad, 8.002 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de la prestación en la comunidad autónoma, lo que representa el 42 por ciento del total. En términos acumulados, 11.909 menores han estado cubiertos desde 2020 por la prestación en La Rioja.

Más de dos tercios de las familias que perciben el IMV cuentan con menores a cargo en la comunidad (4.097 hogares, cerca del 68% del total), lo que evidencia su impacto directo en la reducción de la pobreza infantil.

El perfil de los hogares protegidos revela la relación entre vulnerabilidad económica y estructura familiar. De ellos, 947 son monoparentales en La Rioja, en su mayoría sostenidos por mujeres que asumen en solitario la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos. Esta realidad refleja una mayor exposición a la precariedad y evidencia que las dificultades económicas se concentran con más intensidad en este modelo de familia.

El Complemento de Ayuda Para la Infancia (CAPI) refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En septiembre, 4.169 hogares lo recibieron, con una ayuda media de 67,93 euros por menor y de 135,01 euros por hogar. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

El IMV también actúa como herramienta de acompañamiento hacia la inclusión de los jóvenes. La edad media de los beneficiarios en La Rioja, situada en 28,14 años -y en 19,66 años si se excluye a los titulares- refleja su impacto en las etapas en que se inicia la vida laboral. La compatibilidad con rentas del trabajo y los incentivos a la inserción laboral refuerzan su papel como palanca hacia el empleo.

Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.

El Ingreso Mínimo Vital afronta una nueva mensualidad en octubre con diferencias en las fechas previstas de cobro según la entidad bancaria. Para muchas personas y hogares, conocer con antelación cuándo puede llegar el dinero resulta útil para organizar los gastos habituales y prever el momento en el que la prestación estará disponible.

Además del calendario de pagos, conviene tener en cuenta que no todos los perceptores se encuentran en la misma situación. El acceso al IMV depende de una serie de requisitos económicos y familiares, mientras que quienes acaban de obtener una resolución favorable pueden seguir unos plazos distintos durante su primer ingreso.

La combinación entre las condiciones de acceso, el momento de concesión y la operativa de cada banco hace que el cobro no funcione de manera idéntica para todos los beneficiarios. Por eso, resulta útil distinguir entre quienes ya reciben la ayuda con normalidad y quienes están a la espera de incorporarse por primera vez al calendario mensual.

A quién está dirigido el Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social pensada para reforzar los ingresos de personas y hogares que se encuentran por debajo de determinados niveles económicos. No establece una cantidad idéntica para todos los beneficiarios, ya que el importe final depende de la situación de cada unidad de convivencia y de los recursos de los que dispone.

Para reconocer el derecho a esta ayuda se tienen en cuenta distintos factores, entre ellos la renta, el patrimonio, el número de integrantes del hogar y la situación de residencia. Puede solicitarla tanto una persona que viva sola como una familia o unidad de convivencia con varios miembros. Además, con carácter general, se exige haber residido legalmente y de forma continuada en España durante al menos el año anterior, salvo las excepciones previstas.

La cuantía se obtiene comparando los ingresos disponibles con la renta garantizada que corresponda en cada caso. Determinadas circunstancias, como tener hijos menores, las familias monoparentales o la presencia de personas con discapacidad, pueden influir mediante complementos adicionales. El cobro se mantiene mientras sigan reuniéndose las condiciones exigidas, por lo que los cambios económicos, familiares o de residencia que puedan afectar a la prestación deben comunicarse.

Cuándo se cobra el IMV de octubre

El momento en el que la mensualidad del Ingreso Mínimo Vital aparece en la cuenta depende en buena medida de la entidad financiera. Algunos bancos permiten disponer del dinero antes que otros, de modo que el calendario puede repartirse entre varias jornadas aunque todos los pagos correspondan al mismo periodo.

Banco Santander se situaría entre las primeras entidades en efectuar el abono, con ingresos previstos entre el jueves 22 y la noche del viernes 23 de octubre. CaixaBank tendría como referencia el sábado 24, mientras que BBVA mantendría su fecha habitual del día 25, que este mes coincide con domingo. Unicaja seguiría una operativa diferente, ya que por norma general suele realizar el pago durante el último día hábil del mes. En octubre de 2026 esa fecha corresponde al viernes 30, puesto que el día 31 cae en sábado.

En cualquier caso, estas fechas deben entenderse como referencias y pueden sufrir algún ajuste por la gestión interna de cada banco. Además, el movimiento no tiene por qué reflejarse a la misma hora en todas las cuentas, por lo que una demora durante la jornada prevista no implica necesariamente que exista una incidencia con la prestación.

Cómo funciona el primer ingreso del Ingreso Mínimo Vital

El comienzo del cobro del IMV no siempre sigue el mismo calendario que las mensualidades posteriores. En las solicitudes recién aprobadas, el momento en el que se recibe la primera transferencia depende de la fecha de resolución y de si el expediente entra a tiempo en el ciclo de pagos correspondiente.

Cuando la concesión se produce con el mes ya avanzado, el abono inicial puede trasladarse al siguiente periodo. Esto responde al proceso administrativo necesario para incorporar la prestación al sistema de pagos y no implica que el beneficiario pierda las cantidades que le correspondan desde que la ayuda empieza a generar efectos económicos.

Por eso, la fecha en la que se reconoce el derecho y el día en el que el dinero aparece en la cuenta pueden no coincidir. El primer ingreso puede reunir importes acumulados del periodo aprobado, según lo establecido en la resolución recibida.

Una vez efectuado ese abono inicial, la prestación pasa a seguir el calendario mensual habitual siempre que se mantengan los requisitos exigidos. A partir de entonces, el pago podrá ajustarse también a los posibles adelantos que aplique la entidad bancaria donde esté domiciliado.

Asturias ha querido enmendar el error de la administración y eximir a las familias afectadas por los cobros indebidos del salario social. Todos los partidos del arco parlamentario, salvo Vox, han sumado sus votos para sacar adelante la reforma legislativa que permitirá condonar la deuda a todas aquellas personas que percibieron simultáneamente el Salario Social Básico (SSB) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El partido de ultraderecha se abstuvo en la votación celebrada este jueves en la Junta General del Principado.

La proposición de ley para modificar la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales había sido planteada por el PSOE e IU-Convocatoria por Asturies (IU-CA).

Vegas: “Perdón, perdón y mil veces perdón”

El portavoz parlamentario de CA, Xabel Vegas, ha llegado a pedir perdón de forma reiterada a los afectados que seguían la sesión plenaria desde la tribuna.

“Perdón, perdón y mil veces perdón. Perdón en primer lugar por tener una administración sin alma. Una administración en la que la burocracia no tiene en cuenta la realidad que viven los ciudadanos y las consecuencias de aquellas decisiones que les afectan”, ha asegurado el diputado.

Xabel Vegas no ha dudado en calificar la situación vivida por los beneficiarios como “propia de una novela de Kafka”, al detallar cómo la Administración del Principado continuó abonando el Salario Social a familias que ya habían comenzado a cobrar el Ingreso Mínimo Vital estatal, pese a los avisos de las propias personas afectadas.

Empeoramiento de la salud mental

“Esta situación no solo deterioró las condiciones económicas de estas personas. También afectó en muchos casos a su salud mental, añadiendo sufrimiento a unas vidas ya de por si muy complicadas”, ha subrayado.

No obstante, ha resaltado la relevancia de este acuerdo que convierte a la Junta General del Principado en la primera Cámara autonómica en legislar de forma directa sobre un problema de ámbito nacional, apoyándose en los principios de justicia y reparación.

Del mismo modo, Vegas ha afeado los “discursos clasistas” que estigmatizan a los colectivos vulnerables y ha incidido en que el Ingreso Mínimo Vital y el Salario Social “no son un regalo ni una ayuda”, sino “un derecho subjetivo cuya mera existencia nos convierte en un país un poco más decente”.

La diputada de Vox en la Junta General, Sara Álvarez Rouco, ha justificado el voto de abstención de su grupo con el siguiente argumento: “votar a favor sería respaldar la actual chapuza socialcomunista”.

Los argumentos para la abstención

Sara Álvarez Rouco ha reconocido que “los desfavorecidos no deben pagar nunca las consecuencias de la incompetencia gubernamental”, al mismo tiempo que entiende “la preocupación y el sufrimiento” de las familias “atrapadas por la exigencia de devolver cantidades que percibieron sin que exista responsabilidad achacable a ellas”.

Sin embargo, ha acusado al Gobierno de reaccionar tarde ante un problema que ha sido provocado por su propia gestión: “Solo cuando la prensa, las protestas y el clamor popular atosigan a los socios de Gobierno se les ocurre modificar la ley e introducir un nuevo artículo 18 bis”, ha reprochado.

La protección de los afectados

La parlamentaria ha insistido en diferenciar la protección de las familias afectadas del respaldo al modelo socialista. “Estamos a favor de ayudar a las personas vulnerables y a quien realmente lo necesita. Lo que no compartimos es el actual modelo de ayudas socialista”, ha explicado.

La iniciativa impulsada por PSOE e IU-Convocatoria por Asturies está encaminada a exonerar de las deudas contraídas por la percepción indebida del salario social por causas imputables a la Administración.

Evitar situaciones de desamparo

El origen del problema está relacionado con la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, la prestación estatal diseñada para los hogares económicamente vulnerables que viene a sustituir, con carácter general, al salario social, de carácter autonómico.

El Principado mantuvo de forma transitoria el pago del salario social para evitar situaciones de desamparo y, en algunos casos, se solaparon ambas prestaciones, lo que ha dado lugar a reclamaciones de la administración.

La proposición de ley se basa en la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales del Principado, que, en su artículo 18, establece el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

Retraso, error u omisión

El texto aprobado este jueves modifica la ley para impedir que las personas beneficiarias tengan que devolver cantidades cobradas indebidamente cuando el pago se haya mantenido “por un retraso, error u omisión imputable a la Administración”.

La proposición plantea que la aplicación automática de esa regla general puede producir resultados “materialmente injustos” cuando “la persona beneficiaria ha actuado de buena fe, ha cumplido su obligación de comunicar el cambio de circunstancias en tiempo y forma, ha aportado datos veraces y suficientes y, pese a ello, la Administración no ha tramitado con la diligencia debida la revisión, suspensión, reducción o extinción de la prestación”.

La responsabilidad en estos casos no es achacable a las personas que recibieron el salario social, sino a la propia Administración.

Incorporar un nuevo artículo

El texto acordado entre ambos grupos parlamentarios plantea incorporar un nuevo artículo (18 bis) a la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.

Para los supuestos en los que no quepa la exoneración completa, pero tampoco exista “fraude ni mala fe”, se abre la puerta a suprimir el cobro de intereses de demora, así como a ofrecer un plan flexible de devolución de las cantidades ajustado a la capacidad económica real de la persona.

Solicitar la devolución

La reforma legal también tiene en cuenta a quienes, pese a estar en alguna de las situaciones contempladas, ya han pagado total o parcialmente las cantidades que se les ha requerido.

Una disposición transitoria les permitirá solicitar la devolución de tales abonos en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la reforma. 

El Ingreso Mínimo Vital sigue siendo una de las principales prestaciones económicas dirigidas a los hogares con menos recursos. Su funcionamiento combina una serie de requisitos de acceso, una cuantía adaptada a cada caso y un sistema de pagos mensuales que puede variar según el momento en el que se reconoce la ayuda y la entidad bancaria en la que esté domiciliada.

Con la llegada de septiembre, una de las dudas habituales entre quienes ya tienen reconocido el IMV es saber cuándo recibirán la próxima mensualidad. Aunque existe un calendario general, algunos bancos adelantan el ingreso y permiten disponer del dinero antes que otros, por lo que no todos los beneficiarios ven reflejado el pago en su cuenta el mismo día.

A estas diferencias se añade la situación de quienes empiezan a cobrar la prestación por primera vez. En estos casos, el primer ingreso puede seguir unos plazos distintos a los pagos habituales, dependiendo del momento en el que se haya aprobado la solicitud y de cuándo quede incorporada al ciclo de abonos correspondiente.

Quién puede acceder al Ingreso Mínimo Vital y cómo se determina la ayuda

El Ingreso Mínimo Vital forma parte de las prestaciones de la Seguridad Social y está dirigido a personas y familias que no alcanzan determinados niveles de ingresos. Su objetivo es garantizar una base económica mínima a los hogares con menos recursos, aunque la cantidad concedida no es la misma en todos los casos y depende de las circunstancias concretas de cada beneficiario.

Pueden acceder tanto personas que viven solas como unidades de convivencia formadas por varios miembros. Para recibirlo es necesario cumplir una serie de condiciones relacionadas con los ingresos disponibles, el patrimonio, la composición del hogar y la residencia. Como norma general, también se exige haber residido de forma legal y continuada en España durante al menos el año anterior, salvo en los casos que la normativa contempla como excepción.

Para calcular la cuantía se tiene en cuenta la diferencia entre los recursos del hogar y la renta garantizada que corresponda según sus características. Algunos perfiles, como los hogares con menores, las familias monoparentales o aquellos en los que hay personas con discapacidad, pueden tener derecho a complementos adicionales. La prestación se mantiene mientras sigan cumpliéndose las condiciones exigidas, por lo que cualquier cambio en la situación económica, familiar o de residencia debe comunicarse.

Cuándo se cobra el IMV de septiembre

La fecha en la que se recibe el Ingreso Mínimo Vital puede cambiar de una entidad bancaria a otra, ya que algunas adelantan el pago respecto al calendario ordinario. Por este motivo, los beneficiarios no siempre reciben la mensualidad en la misma jornada, aunque se trate de la misma prestación.

Banco Santander sitúa el pago del IMV entre el martes 22 y el jueves 24 de septiembre. CaixaBank, por su parte, tendría como referencia el jueves 24, mientras que BBVA mantendría su fecha habitual y realizaría el ingreso el viernes 25. En el caso de Unicaja, el funcionamiento suele ser distinto. Esta entidad acostumbra a abonar el IMV el último día hábil del mes, que en septiembre de 2026 corresponde al miércoles 30.

Estas fechas pueden variar en función de la gestión interna de cada banco y del procesamiento de los pagos. Por eso, que el dinero no aparezca a primera hora del día previsto no significa necesariamente que exista algún problema con la prestación.

Qué ocurre con el primer cobro del Ingreso Mínimo Vital

Quienes empiezan a recibir el Ingreso Mínimo Vital pueden encontrarse con unos plazos distintos a los de las personas que ya cobran la prestación de forma habitual. La fecha del primer pago depende del momento en el que se resuelva favorablemente la solicitud y de cuándo se incorpore al procedimiento de abonos correspondiente.

Si la aprobación llega cuando el mes ya está en marcha, es posible que el ingreso no se haga efectivo hasta la siguiente nómina. Esta situación puede producirse especialmente cuando la resolución llega cerca del cierre del periodo de tramitación, ya que el expediente debe quedar incluido en el proceso administrativo antes de que se ordene la transferencia.

Ese intervalo entre la concesión y la llegada del dinero a la cuenta no significa que se pierdan las cantidades reconocidas. El primer pago puede incluir los importes que correspondan desde la fecha en la que la prestación empieza a tener efectos económicos, según figure en la resolución recibida por el beneficiario.

A partir de ese primer abono, el IMV pasa a seguir su funcionamiento mensual habitual siempre que continúen cumpliéndose los requisitos. Desde entonces, el ingreso se ajusta al calendario ordinario de la prestación y, cuando corresponda, a los posibles adelantos que aplique la entidad bancaria en la que esté domiciliado el pago.

El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en julio a 37.758 hogares de Castilla y León, 5.603 y un 17,42 por ciento más que en el mismo mes del 2025, con en total 114.302 beneficiarios, 16.478 y un 16,84 por ciento más que en julio del año anterior, y una ayuda media por hogar de 489 euros.

Son datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que recogen que en 26.422 de esos hogares se contó con un complemento de ayuda para la infancia, con una cuantía media de 126,53 euros.

Por hogares con IMV, encabeza León con 8.296 prestaciones en julio, seguida de las 7.874 de Valladolid, con 5.753 en Salamanca, 4.302 en Burgos, 2.917 en Zamora, 2.889 en Ávila, 2.612 en Palencia, 2.055 en Segovia y 1.060 en Soria.

En 6.344 de los hogares beneficiarios del IMV en Castilla y León hay cinco o más miembros, con 9.014 con cuatro; y 6.662 son hogares con dos adultos y dos menores, y 3.773 con más de dos menores.

En España, el Ingreso Mínimo Vital llegó en julio a cerca de 2,7 millones de personas que residen en 879.225 hogares. En más de dos tercios de los hogares que lo perciben conviven menores, que son casi el 41% de los beneficiarios, más de un millón de niños, niñas y adolescentes.

El Gobierno estudia modificar las devoluciones del ingreso mínimo vital (IMV) por los llamados “cobros indebidos”, uno de los aspectos más problemáticos de la renta mínima estatal contra la pobreza y que está investigando el Consejo de Europa a raíz de la denuncia de una ONG. Así lo ha anunciado el Ministerio de la Seguridad Social al Consejo Europeo de Derechos Sociales, en un escrito en el que sostiene que está “promoviendo una norma” que permita las condonaciones de deudas desde 2024.

“Se informa que por parte del ministerio se está promoviendo una norma que permita la condonación de deudas todavía no tratadas correspondiente a los cruces realizados en el año 2024 y 2025”, recoge de manera escueta el documento.

La respuesta del Ministerio liderado por Elma Saiz es fruto de la investigación abierta sobre el IMV por este organismo del Consejo de Europa a raíz de una reclamación presentada por la entidad ATD Cuarto Mundo. El colectivo contra la pobreza pidió a Europa que analizara la renta mínima española por lo que consideran que son varias vulneraciones de la Carta Social Europea.

Casi 320.000 expedientes de devolución

En especial, la ONG puso el foco en las devoluciones de la ayuda que la Seguridad Social reclama cada año a miles de hogares fruto de las revisiones anuales del ingreso mínimo vital, que se realizan a posteriori tras el cruce de datos con Hacienda de las declaraciones de la renta de los beneficiarios.

El Ministerio cifra en su escrito al Comité Europeo de Derechos Sociales en casi 320.000 los expedientes de devolución iniciados desde 2021.

“Desde la experiencia de los afectados, puede estar por debajo del número real, dado que los expedientes tienen cinco años para ser revisados”, consideran en ATD Cuarto Mundo. El IMV llega en la actualidad a 860.500 hogares, según los datos de junio.

La respuesta del Gobierno al organismo europeo no informa de cuánto dinero se ha reclamado en estos expedientes de devolución del IMV. Con datos hasta julio de 2024, la Seguridad Social había reclamado deudas por valor de 500 millones de euros, según informó al Defensor del Pueblo.

Las devoluciones son masivas por el propio funcionamiento del IMV. La ayuda se reconoce según la renta de los hogares del año anterior, la contrastada por la Agencia Tributaria, pero a posteriori se revisa esta cuantía según los ingresos reales del hogar en la siguiente declaración de la renta.

Se trata de un proceso que implica meses de retraso y que deriva en reconocimientos tardíos de atrasos de IMV (si este era inferior de lo debido) o en la exigencia de devolución de toda o parte de la ayuda ya recibida. La Seguridad Social adelantó en 2025 este proceso algunos meses, con una primera revisión provisional en mayo-junio y una segunda definitiva en octubre, para reducir las cuantías reclamadas a las familias.

Estas devoluciones son uno de los aspectos más criticados de la renta mínima estatal por los enormes problemas que generan a hogares ya muy vulnerables y, por tanto, sin capacidad de ahorro ni de afrontar estos pagos, como ha advertido el Defensor del Pueblo, la AIReF, el Tribunal de Cuentas y las ONG especializadas en la lucha contra la pobreza.

Las ONG lo ven positivo, pero insuficiente

Colectivos sociales que denuncian las devoluciones del IMV han recibido como una “buena noticia” que el Gobierno estudie una reforma legal para permitir las condonaciones de deuda, algo recomendado por el Defensor del Pueblo en varias ocasiones, pero insisten en que lo anunciado a Europa es insuficiente, sostienen en ATD Cuarto Mundo y 'Afectados por el IMV'.

“Ha sido una sorpresa y, por una parte, nos alegramos de que el Gobierno reconozca el problema y anuncie condonaciones. Pero por otro, no hay una norma aún, es solo una promesa. Además, estas condonaciones serían solo a futuro, no afectarían a pasado a los miles de hogares ya afectados”, explica Hontanares Arranz, activista de ATD Cuarto Mundo.

elDiario.es ha consultado al Ministerio de la Seguridad Social sobre en qué consistiría esta reforma legal y a quiénes afectaría, pero se ha limitado a responder que es una de las iniciativas que se están estudiando, entre otras muchas. A nivel regional, Catalunya aprobó un decreto para condonar deudas de su Renta Garantizada de Ciudadanía a finales de 2025 y Asturias anunció hace unos meses una reforma en este sentido.

“No podemos olvidar a quienes llevan años sufriendo las consecuencias de un sistema que ha generado reclamaciones de devolución, incertidumbre y graves dificultades económicas”, afirman en 'Afectados por el IMV'. En muchos casos, las devoluciones fueron incluso derivadas de reconocimientos de oficio de la ayuda por parte de la Seguridad Social.

“¿Es que hay perceptores de primera y perceptores de segunda? Miles de personas continúan soportando deudas generadas por el propio funcionamiento del sistema. Una solución justa debe alcanzar también a quienes llevan años soportando las consecuencias de estos errores administrativos”, sostienen en 'Afectados por el IMV'.

ATD Cuarto Mundo responderá al Comité Europeo de Derechos Sociales este mes, gracias a su derecho de réplica, e insiste en la necesidad de acabar con este modelo de devoluciones. “Esto es algo muy gordo, afecta a muchísimas personas. Juegan con que la gente vulnerable no tiene mucho eco, pero esto tiene tal dimensión que algo tienen que hacer. Si no, les va a pasar factura”, sostiene Arranz.

El Ingreso Mínimo Vital se ha convertido en un apoyo económico relevante para las personas y familias cuyos recursos no alcanzan los niveles establecidos por la Seguridad Social. La prestación busca asegurar unos ingresos básicos, aunque tanto la cantidad reconocida como las condiciones de acceso dependen de la situación particular de cada solicitante, del número de integrantes del hogar, así como de los ingresos y el patrimonio disponibles.

De cara al mes de agosto, una de las cuestiones que más interés genera es la fecha en la que se recibirá la mensualidad. El día concreto puede variar según la entidad bancaria, ya que algunas adelantan el abono respecto al calendario ordinario. También existen diferencias en el caso de quienes acaban de obtener una resolución favorable, puesto que el primer ingreso puede seguir unos plazos distintos a los pagos habituales.

En qué consiste el IMV y cuáles son sus beneficiarios

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social destinada a garantizar unos recursos básicos a personas y hogares que atraviesan dificultades económicas. Pueden acceder tanto quienes viven de manera independiente como las unidades de convivencia formadas por varios integrantes, siempre que su nivel de renta y patrimonio se encuentre por debajo de los límites establecidos.

La cantidad reconocida varía en cada expediente. Para determinarla, se compara el conjunto de ingresos de los beneficiarios con el umbral de renta garantizada asignado según el número de miembros y las características del hogar. La normativa también prevé incrementos en determinados supuestos, entre ellos la existencia de menores, las familias monoparentales o la presencia de personas con discapacidad.

La solicitud está abierta a ciudadanos españoles y extranjeros que residan legalmente en España y reúnan las condiciones exigidas. Con carácter general, se requiere haber permanecido en el país de forma legal y continuada durante el año anterior, aunque existen algunas excepciones. El derecho a cobrar la prestación se conserva mientras continúe la situación que permitió su concesión, por lo que cualquier modificación familiar, económica o residencial debe comunicarse a la Seguridad Social.

Cuándo se cobra el IMV de agosto

El día en el que el IMV aparece reflejado en la cuenta puede cambiar según la entidad en la que esté domiciliada la prestación. Aunque existe un calendario general para estos abonos, algunos bancos anticipan el dinero varios días y otros esperan hasta el cierre del mes para efectuar la transferencia.

Banco Santander se encuentra habitualmente entre las entidades que permiten disponer antes de la mensualidad, por lo que sus clientes podrían recibir el ingreso a partir del sábado 22 de agosto. CaixaBank tendría como fecha de referencia el lunes 24, mientras que BBVA mantendría su jornada habitual de pago, fijada en esta ocasión para el martes 25.

Unicaja sigue una operativa diferente y, por norma general, abona el IMV durante el último día hábil del mes. En agosto de 2026, esta fecha corresponde al lunes 31, de modo que sus beneficiarios tendrían que esperar algunos días más que los clientes de las entidades que aplican adelantos.

Estas previsiones pueden experimentar modificaciones debido a los procedimientos internos de cada banco o al tiempo necesario para procesar la transferencia. Además, el ingreso no siempre se refleja a la misma hora en todas las cuentas, por lo que una demora dentro del propio día señalado no implica necesariamente que exista un problema con la prestación.

Cuándo llega el primer ingreso del IMV

El estreno en el cobro del IMV no siempre coincide con las fechas habituales de quienes ya reciben la prestación con regularidad. En los expedientes recién aprobados, el momento del abono depende de cuándo se comunica la resolución favorable y de si esta puede incorporarse a tiempo al proceso de pagos del mes en curso.

Si la concesión se formaliza una vez iniciado el mes, la transferencia puede quedar incluida en la siguiente nómina. Esta situación es más frecuente cuando la aprobación se produce cerca del cierre del periodo de pago, ya que la Administración necesita completar la tramitación antes de ordenar el ingreso.

El hecho de que el dinero llegue más tarde no supone necesariamente una reducción de la cantidad reconocida. El primer abono puede reunir las mensualidades o importes generados desde la fecha en la que la ayuda comienza a tener efectos económicos, de acuerdo con lo indicado en la resolución.

Por ello, conviene diferenciar el día desde el que nace el derecho a percibir el IMV de la fecha exacta en la que la entidad bancaria refleja la transferencia. Una vez efectuado este pago inicial, las siguientes mensualidades se incorporan al funcionamiento ordinario, siempre que continúen cumpliéndose las condiciones exigidas para mantener la prestación.

Vox da un nuevo paso en su estrategia para endurecer las políticas de inmigración en Aragón. El Gobierno autonómico reformará la ley que regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (PACIMV) para impedir que las personas en situación administrativa irregular puedan acceder a esta ayuda, que complementa o sustituye el Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal.

La modificación ha sido anunciada este jueves por el vicepresidente y consejero de Bienestar Social, Alejandro Nolasco, quien ha enmarcado la medida en uno de los compromisos electorales de Vox: “ni una paguita pública para la inmigración ilegal”. Según ha explicado, la reforma exigirá acreditar residencia legal y efectiva para acceder a la prestación, además de endurecer los requisitos de arraigo mediante un periodo mínimo reforzado de empadronamiento y la acreditación de cotizaciones a la Seguridad Social.

Nolasco ha asegurado que el Partido Popular conoce la iniciativa y ha avanzado que el Ejecutivo la aprobará “cuanto antes” mediante un anteproyecto de ley que será remitido posteriormente a las Cortes de Aragón. El objetivo, ha dicho, es modificar la normativa aprobada durante el anterior Gobierno de PSOE, CHA, Podemos y PAR, que únicamente exige residencia efectiva, acreditable mediante el empadronamiento.

El vicepresidente ha sostenido que la legislación actual permite que una persona en situación administrativa irregular, si acredita vulnerabilidad económica y lleva un año empadronada en Aragón, pueda acceder a una prestación que, según ha afirmado, “roza los 1.000 euros al mes”. “Vox va a acabar con este disparate”, ha asegurado.

La reforma afectará tanto a quienes perciben el complemento autonómico del IMV como a quienes reciben la prestación aragonesa por no cumplir los requisitos exigidos para acceder a la ayuda estatal.

Endurecimiento del acceso

Además de exigir residencia legal, Vox quiere incorporar el criterio de “prioridad nacional” al acceso a estas prestaciones. Para ello, los solicitantes deberán acreditar un “arraigo real, duradero y verificable”, vinculado a un periodo mínimo reforzado de empadronamiento y a haber cotizado previamente a la Seguridad Social, aunque el Ejecutivo todavía no ha concretado los plazos.

Durante su comparecencia, Nolasco volvió a endurecer su discurso sobre inmigración y defendió que “España sufre una invasión migratoria insostenible” y que deben reservarse los recursos públicos para quienes “contribuyen al sistema”.

Como argumento para justificar la reforma, aseguró que actualmente más de 1.100 personas inmigrantes perciben la prestación autonómica o el complemento al IMV en Aragón, lo que, según sus datos, representa alrededor del 25% de los 4,5 millones de euros que destina el Ejecutivo autonómico a estas ayudas, mientras que la población extranjera supone en torno al 15% de la población aragonesa.

También afirmó que más de la mitad de esas personas llevan cuatro años o más percibiendo estas prestaciones y anunció que el Gobierno facilitará más adelante datos sobre cuántos de los beneficiarios se encuentran en situación administrativa irregular.

En la línea de otras comunidades

Nolasco ha defendido que Aragón seguirá el camino iniciado en otras comunidades donde Vox participa en los gobiernos autonómicos. En Baleares, PP y Vox endurecieron el acceso a la renta social mediante una modificación incorporada a la Ley de Aceleración de Proyectos, elevando los requisitos de residencia continuada. En la Comunitat Valenciana también se ha aprobado una nueva regulación de la renta valenciana de inclusión que entrará en vigor en octubre y que endurece las condiciones de acceso con un mayor periodo de empadronamiento, aunque la denominada “prioridad nacional” no forma parte finalmente de la ley.

De este modo, Aragón se sumaría a la estrategia impulsada por Vox en distintas comunidades para restringir el acceso de la población extranjera a las prestaciones sociales, una de las principales banderas del partido en materia migratoria.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) vuelve a colocarse entre las prestaciones que más dudas generan a final de mes, sobre todo entre quienes dependen de esta ayuda para cuadrar el alquiler, los recibos o los gastos del día a día. Aunque la Seguridad Social fija una fecha concreta para el pago, el dinero no se ingresa en todas las cuentas a la vez, ya que el momento exacto depende del funcionamiento interno de cada banco.

En el caso del IMV de julio de 2026, el calendario oficial sitúa los pagos entre el primer y el cuarto día hábil del mes. Aun así, como viene siendo habitual, algunas entidades deciden adelantar el ingreso a los últimos días del mes, de forma que sus clientes puedan contar antes con ese dinero. Este adelanto no implica un pago extra ni altera la cuantía de la prestación, sino que simplemente anticipa el acceso a un importe ya reconocido.

Por ello, conviene distinguir entre la fecha oficial que marca la Administración y el día en que cada entidad realiza el abono en cuenta. Esta diferencia explica que no todos los beneficiarios cobren al mismo tiempo, pese a tratarse de la misma mensualidad, y hace que el calendario de cada banco sea una referencia útil para quienes organizan su economía doméstica en función de esta ayuda.

Cómo funciona el Ingreso Mínimo Vital y quién puede recibirlo

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación económica dirigida a personas o unidades de convivencia con ingresos limitados. Su objetivo es garantizar un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La cuantía no es fija, ya que se adapta a las circunstancias económicas y familiares de cada caso.

Puede solicitarlo tanto una persona que vive sola como un hogar con varios miembros. Para acceder, es necesario cumplir requisitos relacionados con los ingresos, el patrimonio, la composición familiar y la residencia en España. Entre las condiciones generales se incluye haber residido legalmente en el país durante al menos un año, salvo excepciones previstas en la normativa.

El importe se calcula en función de la diferencia entre los ingresos del hogar y la renta garantizada que le corresponde. Además, el sistema contempla situaciones específicas —como la presencia de menores, familias monoparentales o personas con discapacidad— que pueden dar lugar a complementos. La ayuda se mantiene mientras se sigan cumpliendo los requisitos, por lo que es obligatorio comunicar cualquier cambio relevante.

Cuándo se cobra el IMV según el banco

La mensualidad correspondiente a julio de 2026 se abona, por norma general, en los primeros días hábiles de agosto. La Seguridad Social fija el pago entre el primer y el cuarto día hábil del mes, aunque muchas entidades bancarias optan por adelantarlo, permitiendo así que sus clientes tengan acceso al dinero antes de ese plazo.

En cuanto a las fechas previstas, el Banco Santander situaría el abono en la noche del 23 de julio, con fecha de operación y valor del día 24. CaixaBank tomaría como referencia el viernes 24 de julio, mientras que en BBVA el ingreso se produciría el día 25. Por su parte, Unicaja suele efectuar el pago el último día hábil del mes, que en julio de 2026 cae en viernes 31.

Cómo se efectúa el primer pago del IMV

El primer pago del Ingreso Mínimo Vital puede seguir un calendario distinto al de las mensualidades ordinarias. Las personas que acceden por primera vez a la prestación no siempre cobran en las mismas fechas que quienes ya la tienen reconocida desde meses anteriores. El momento del primer ingreso depende de cuándo se aprueba la solicitud y de cuándo entra esa resolución en el circuito de pagos.

Cuando la concesión llega a lo largo de un mes, lo más habitual es que la primera transferencia se realice en el periodo siguiente. Si la aprobación se produce cuando el mes ya está avanzado, el abono inicial puede demorarse por razones administrativas. Esa demora no implica por sí misma que se pierdan las cantidades reconocidas, ya que el primer pago puede incluir importes acumulados desde la fecha en la que la prestación genera efectos económicos.

Por este motivo, quienes reciben una resolución favorable deben distinguir entre la fecha en la que se reconoce el derecho y el día en que el dinero aparece en la cuenta. La primera determina desde cuándo corresponde la ayuda; la segunda depende del proceso de pago y de la entidad financiera. Esa diferencia puede generar dudas, sobre todo en los expedientes nuevos, pero no significa necesariamente que exista una incidencia.

Una vez realizado el primer ingreso, si la prestación sigue activa y se mantienen los requisitos, los pagos pasan a efectuarse de forma mensual. A partir de ese momento, la persona beneficiaria entra en el calendario habitual: abono de la Seguridad Social en los primeros días hábiles del mes siguiente y posibles adelantos si el banco donde está domiciliado el IMV aplica esa práctica.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) reconoce el derecho de una mujer a percibir la prestación de ingreso mínimo vital (IMV) que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le extinguió porque su hija obtuvo una beca para la preparación de oposiciones para el ingreso en las Carreras Judicial, Fiscal, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en el de Abogados del Estado. En concreto, la Sala de lo Social destaca en la sentencia que dicha ayuda está destinada a sufragar gastos relacionados con la preparación de las pruebas selectivas, por lo que no debe ser considerada en el cómputo de ingresos para el IMV, cuyo objetivo es prevenir la pobreza y la exclusión social.

La entidad gestora alegó que estas becas deben computarse como ingresos, basándose en la normativa del impuesto sobre la renta. Sin embargo, el TSXG concluye que esa interpretación podría llevar a una “discriminación institucional por motivos socioeconómicos sobre las familias con bajas rentas, proscrita en la cláusula abierta del artículo 14 de la Constitución Española”. A ello añade que “se llegaría al absurdo de que una persona integrada en una familia con rentas superiores al umbral de acceso al IMV podría acceder a una de esas becas” y mantener su nivel de ingresos, mientras que la familia de una persona con acceso al ingreso mínimo vital vería penalizado económicamente acceder a esta beca, puesto que “expulsaría a su familia del IMV”.

“En términos reales, se estaría situando a las familias y a las personas integradas en ellas al dilema de solicitar las becas o el IMV y, a la postre, se estaría perpetuando desde las instituciones la situación de vulnerabilidad que se supone que tanto las becas como el IMV pretenden superar, lo que es algo frontalmente contrario al artículo 9.2 de la Constitución”, recoge el fallo. Así, la Sala de lo Social recalca que “las instituciones, en este caso las entidades gestoras de la Seguridad Social, estarían tratando de manera desigual, penalizando o excluyendo de los derechos a las personas por su falta de recursos económicos”.

Los magistrados destacan que no hay “problema insalvable” en asimilar las becas para la preparación de oposiciones para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y Cuerpo de Abogados del Estado al concepto de enseñanzas regladas, “si consideramos que son ayudas para el estudio concedidas por el Gobierno del Estado, con la finalidad de fortalecerse atrayendo talento hacia sus cuerpos jurídicos”. Por lo tanto, el TSXG desestima el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y confirma íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de A Coruña. La resolución no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El caso de una mujer cordobesa con una deuda de más de 23.000 euros a raíz de un fallo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en el cómputo para la concesión del Ingreso Mínimo Vital, del que informó recientemente este periódico, es uno más entre los miles que contabiliza el Colectivo Afectad@s por el IMV y el Consejo Andaluz de Trabajo Social. Las deudas que comprometen la estabilidad y supervivencia de estas personas en situación de vulnerabilidad motivaron que el grupo parlamentario Sumar presentara una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para modificar la normal estatal y que no se exija el cobro de las prestaciones indebidas a los afectados cuando se deba a “un error imputable” a la administración.

La ley busca “responder a una necesidad urgente” de reforma en los requisitos de exigibilidad de reintegro de las prestaciones indebidas establecidas en el Real Decreto 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley General de la Seguridad Social. El texto fue presentado el pasado 12 de mayo por los diputados Aina Vidal y Lander Martínez a la Mesa del Congreso y se justifica “en términos de justicia social” y en vista de la “vulnerabilidad” de los beneficios y las familias, un contexto que se ve agravado por el tiempo que transcurre hasta que la administración revisa su caso y le reclama la devolución de los cobros indebidos.

La proposición de ley fija dos cambios prioritarios. El primero se basa en modificar el artículo 55 del Real Decreto 8/2015, añadiendo un quinto apartado en el que “no tendrán la consideración de exigibles las prestaciones indebidas recibidas por las personas beneficiarias cuando estas se deban a un error imputable a la administración competente, y la persona beneficiaria no haya contribuido a la percepción indebida mediante actos o hechos contrarios a la buena fe”. Así, los casos que han aflorado en los que la concesión de oficio se obró con fallos que luego fueron detectados en las revisiones quedarían perdonados. “Tampoco tendrán consideración de exigibles cuando las cantidades percibidas atiendan a necesidades básicas de subsistencia de personas en situación de vulnerabilidad”, añade, en donde se subraya las necesidades socioeconómicas que sufre este colectivo.

Una condonación extensible a los descendientes

Por otra parte, el apartado dos del artículo 19 de la Ley 19/2021 del Ingreso Mínimo Vital también se cambiaría en lo referido a la exención de las responsabilidades. Si se demuestra que el error es imputable a la administración competente, “se extenderá a los hijos e hijas, personas menores de edad y mayores en situación de vulnerabilidad a cargo de las personas beneficiarias que pudieran considerarse como responsables solidarios”. Este cambio es sustancial debido a que los recargos, intereses y costas que se generen a partir del cobro de la deuda por parte de la Seguridad Social son exigidos en la actualidad a todos los responsables solidarios de la ayuda.

A su vez, el texto presentado por el grupo parlamentario, al que ha tenido acceso este medio, establece dos disposiciones más en la norma que rige el IMV. La disposición adicional primera define cuáles son las características de una persona en situación de vulnerabilidad, estableciendo que serían aquellas que perciban el IMV, la renta mínima de referencia en cada comunidad autónoma, o aquellas que obtengan unos ingresos inferiores a dos veces el salario mínimo interprofesional en el momento de la entrada en vigor de la ley.

En cuanto a la disposición adicional segunda sobre la aplicación de los reintegros del IMV, tendrán la consideración de no exigibles para la administración competente las prestaciones reclamadas “que no hayan sido reintegradas o se encuentran en periodo de reintegro a la entrada en vigor de esta ley”. Asimismo, se procedería “a la suspensión de todos los expedientes de reintegro de ingreso mínimo vital incoados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social para su revisión en aplicación de los nuevos requisitos de no exigibilidad”. Una medida de carácter retroactivo que daría respuesta a las reclamaciones planteadas por la ciudadanía desde el año 2022.

Preguntas al Gobierno de Pedro Sánchez

Tal y como recuerda la proposición de ley de Sumar, las personas beneficiarias del IMV “están siendo contactadas para que se devuelve lo cobrado en los últimos años como perceptores del IMV”. Unidades familiares que “tienen serias dificultades” para hacer frente a las cantidades que se les reclaman. Ante las escasas explicaciones dadas por el Ejecutivo central, el partido registró el pasado 10 de junio, tras la publicación del caso de Carolina en elDiario.es Andalucía y haciendo mención al mismo, tres preguntas por escrito dirigida al Gobierno de coalición en la que consultan si hay prevista una vía “urgente” con la que permitir la condonación de las deudas contraídas por los beneficios del IMV. En paralelo, cuestionan cómo se va a solucionar “esta problemática” y si se van a impulsar las modificaciones legales necesarias “para evitar de una vez por todas” las reclamaciones de “deudas injustas” que afectan “desproporcionadamente” a los hogares más vulnerables.

Carolina, la ciudadana cordobesa cuya identidad prefiere mantener en el anonimato, tuvo que ser asistida por un pariente cercano que le prestó alrededor de 9.000 euros para solventar parte de las deudas que le venía reclamando la Seguridad Social después de comprobar que la cuantía asignada no correspondía a su estatus, ya que su hijo menor de edad estaba bajo tutela de los servicios sociales desde 2019, un año antes de que la ayuda le fuera concedida. Tras un largo tiempo de reclamaciones infructuosas, y mediando ese apoyo familiar, la Seguridad Social acreditó que debía 11.862 euros y admitió que fuera devuelto en mensualidades de 142,25 euros. Aun así, la afectada mostraba su preocupación en conversación con este medio a la hora de afrontar el pago, ya que no cuenta con los recursos suficientes tras haber presentado varios documentos en los que da fe de que es una persona en exclusión social, al igual que consta como desempleada de larga duración y posee una discapacidad acreditada del 45%.

Sumar recuerda en la proposición de ley los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal Supremo, autoridades que consideran que es desproporcionado reclamar la integridad de lo cobrado cuando se ha podido comprobar el error de la administración y que los beneficiarios desconocían el fallo de las cuantías. En este sentido, citan la sentencia del TEDH del 26 de abril de 2018 en el caso Óakarevió contra Croacia, en la que se estableció que no se podía obligar a un ciudadano a devolver prestaciones indebidamente cobradas si se cumplía con: la buena fe del beneficiario, la naturaleza de la prestación, como que cubriera necesidades básicas, y que la devolución suponga una carga desproporcionada e individual para el individuo.

Una modificación normativa que va en la línea de lo ya expuesto por el Defensor del Pueblo en agosto de 2024, cuando se trasladó a la Secretaría de Estado de Trabajo y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que se abordara la modificación del artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social. “Se trata de familias sin recursos y en situación, a veces, de extrema necesidad, que percibieron esta prestación social y que tienen serias dificultades para hacer frente a las cantidades ahora se les reclaman”, destacaba Ángel Gabilondo. A pesar de las peticiones, no se han promulgado cambios desde el seno del Gobierno central, por lo que sigue su curso la reclamación colectiva que admitió a trámite en junio de 2025 el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) y que fue presentada por ATD Cuarto Mundo, la Oficina Jurídica de Derechos Sociales y diferentes entes sociales.

El Colectivo Afectad@s por el IMV estima que, según los porcentajes de revisión aplicados desde el año 2022, hay alrededor de entre 300.000 y 450.000 hogares afectados por el sistema de regularización del Ingreso Mínimo Vital en todo el país. Además, la plataforma recuerda que el 65% de la condonación para las unidades con menores a cargo que contempla la Seguridad Social se aplica solo sobre una mensualidad de la pensión no contributiva del año reclamado, no sobre la deuda total que tiene el afectado con el sistema o el periodo total. En este sentido, observan que “a efectos reales no protege a ningún menor del impacto de las deudas”.

Carolina tiene una deuda de 23.526 euros con la Seguridad Social a raíz de un error en la asignación económica que le correspondía del Ingreso Mínimo Vital. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) calculó la cuantía económica en base a que su hijo convivía con ella, pese a que el menor estaba bajo la tutela de los servicios sociales un año antes de que se le aprobara la ayuda. El desfase ha generado este agujero a la afectada que, con un 45% de grado de discapacidad y sin trabajo, ha alegado en varias ocasiones que desconocía que su hijo siguiera en el padrón con ella. Pide la condonación total de la deuda, ya que se enfrenta a un embargo de bienes aun cuando tiene acreditada su situación de exclusión social, con el riesgo a quedarse completamente desprotegida por el sistema.

Carolina, quien prefiere guardar su identidad, vive en la casa que heredó de sus padres cuando fallecieron. A través de una videollamada cuenta que está “desesperada” y pide que se examine de nuevo su caso. Todo comenzó cuando cambió su unidad de convivencia para incluir a su hermana en 2023 en el hogar que ahora comparten para cumplir con los requisitos del IMV, momento en el que la Seguridad Social hizo una revisión de oficio y se comprobó que durante 22 meses se había ingresado una cuantía superior a la que le correspondía.

El origen de todo el embrollo está en el padrón municipal: “No sabía que mi hijo apareciera en el registro conmigo y ellos tampoco lo comprobaron cuando me concedieron de oficio el ingreso en 2020. No verificaron los datos ni que estaba en el centro de menores desde un año antes”, explica. Con tres años a sus espaldas lidiando con las reclamaciones que han sido denegadas, acudió a un familiar que abonó unos 9.000 euros. “No puede hacer más por mí”, indica. Tras varios rechazos, la Seguridad Social le notificó el 22 de mayo de este año una resolución en la que que se le concede un aplazamiento por el pago de las deudas contraídas: de junio a diciembre de 2026 tendrá que pagar 853,5 euros en mensualidades de 142,25 euros. Luego, le quedaría a deber otros 11.862 euros, intereses incluidos.

“La Seguridad Social se equivoca”

“No voy a poderlo pagar, que fue lo que ya me sucedió con la primera parte. Tengo que bajar los gastos de la compra, la luz, el agua, ahora tengo termitas en el techo de casa de mis padres... Tengo una situación muy mala”, lamenta, gastos e imprevistos que tiene que afrontar con una pensión que ronda los 600 euros. El primer mes de pago es junio y comenta que lo más probable es que acuda a Cáritas para buscar algún tipo de apoyo con el que sobrepasar este bache: “Estoy esperando a que me den un abogado de oficio para pelear esto”.

Este hecho no es aislado, señala María Isabel Peláez Peña, coordinadora de la Comisión de los Servicios Sociales del Consejo Andaluz de Trabajo Social, que contabiliza por “miles” las quejas atendidas. “La Seguridad Social se equivoca”, critica, “primero, te aprueban la ayuda y tiempo después hacen una revisión y se dan cuenta del error”. El Colectivo Afectad@s por el IMV lleva tiempo denunciando esta situación que afecta a cientos de familias que son incapaces de asumir una deuda de tal calibre y que ya ha posicionado al Defensor del Pueblo, quien ya en 2024 propuso que no se cobraran los pagos indebidos. En un comunicado emitido el 15 de mayo, la plataforma manifestaba que se trataba de “un problema de Estado en materia de protección social” y ya no se trataba de un hecho “aislado”.

Una de las coordinadoras del Colectivo Afectad@s, en respuesta a este medio, destaca que no hay datos oficiales sobre a cuántas unidades de convivencia han afectado los cobros indebidos del IMV desde 2022. En todo caso, se basan en los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que señala que las revisiones anuales de renta afectaron al 83% de los hogares perceptores ese año, al 65% en 2023 y al 68% en 2024, lo que incluye aumentos, reducciones, suspensiones, bajas y reclamaciones de reintegro.

“Si aplicamos los porcentajes de revisión, la cifra acumulada de unidades de convivencia afectadas por el sistema regularización del IMV desde 2022 estaría entre los 300.000 y 450.000 hogares”, detalla, y, según las estimaciones recogidas por la plataforma, situaría a Andalucía entre los 60.000 y 110.000 hogares afectados. “El Gobierno no ha facilitado hasta la fecha datos desagregados y transparentes sobre el número real de afectados por comunidad autónoma”, subraya, mientras sigue en curso la reclamación colectiva que admitió a trámite en junio de 2025 el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) y fue presentada por ATD Cuarto Mundo, la Oficina Jurídica de Derechos Sociales y diferentes entes sociales.

Por su parte, Peláez Peña recomienda desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social a los afectados por los fallos administrativos ir en primer lugar a una oficina de Hacienda y solicitar el fraccionamiento de la deuda en una cantidad manejable, a lo que le seguiría un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz para que quede constancia de lo ocurrido. Además, indica que si los afectados tienen dificultades a la hora de acceder a los trámites pueden acudir a un punto Vuela, servicio que facilita el acceso a los recursos digitales. Si el IMV es denegado por impago de deudas, recuerda que con apoyo del trabajador social de referencia se puede solicitar la renta mínima de inserción. En Andalucía, la nómina del IMV llegó en abril a 818.528 personas, según la estadística de abril del INSS.

Tres meses para ingresar 10.000 euros

Retrotrayéndonos en el tiempo, el INSS procedió en 2023 a notificar a Carolina la baja del IMV, justificándolo con que hubo un cobro improcedente entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de octubre de 2023 por un importe total de 10.962 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Por este motivo, se le dio a la usuaria un plazo de tres meses para realizar el ingreso que, con el paso de los años, se ha convertido en los más de 23.000 euros. Pese a los informes sociales y sanitarios aportados, las alegaciones fueron desestimadas “al no constituir las mismas aval técnico-jurídico suficiente”, respondieron desde el INSS.

El único supuesto en el que se procedería a una condonación del 65% de la dita sería en el caso de que haya un menor a cargo, según explica el INSS en el escrito. En el caso de Carolina no se cumple con este requisito, ya que su hijo quedó bajo la tutela de la Consejería de Inclusión Social en 2019 y, como única alternativa para resolver el trámite, se le indica el número de cuenta bancaria en el que tiene que abonar las mensualidades para rebajar la deuda.

En septiembre de 2025, la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social solicitó a Carolina el pago de 17.301 euros, a los que sumó un recargo de 3.460 euros por el tiempo transcurrido y los intereses de demora devengados hasta esa fecha, lo que hizo un total de 21.032 euros. En menos de un año, la cantidad aumentó y se pasó a abrir una diligencia de embargo de bienes para compensar la deuda que ascendía a 23.526 euros, en la que se incluían las costas del procedimiento. Una vez más, la afectada presentó una diligencia con las escrituras del inmueble y explicó que el único bien que tiene es la casa de sus padres, por lo que se enfrentaba a un posible desahucio. Ante la urgencia, una familiar aportó un desembolso que aplacara la intervención en la propiedad.

Informes de salud mental y vulnerabilidad social

La última comunicación por parte de la cordobesa fue el 20 de febrero, donde ya no solo pedía que le perdonaran el desembolso en virtud de los informes de desarraigo social y exclusión económica presentados, sino que, como “mínimo”, se paralizara y estudiara su caso de forma pormenorizada, ya que lo único que recibía como réplica por parte de la Unidad de Recaudación Ejecutiva era “solo” un “documento de pago de deuda aumentada por los intereses”.

De esta forma, se ignoran los informes presentados desde enero de 2024, en los que se apunta que la afectada acude al servicio de salud mental desde hace siete años debido a un trastorno ansiosodepresivo, además de que padece una discapacidad mental leve, al igual que su hermana. Por tanto, el diagnóstico pone de relieve las serias dificultades que tiene para organizar varios aspectos de su rutina diaria, como puede ser el trámite de las prestaciones que requiere de una mayor atención a causa de la complejidad burocrática. A su vez, se refleja que se trata de una desempleada de larga duración y no cuenta con una red de apoyo, más allá de la intervención excepcional de su pariente, por lo que los ingresos son “insuficientes” y “apenas cubren las necesidades básicas”.

A tenor de lo sucedido, los servicios sociales recomendaron al INSS que atendiera a la condonación de la deuda “teniendo en cuenta la situación social, sanitaria y económica de exclusión social” y solventar a través de otros métodos, o “de la forma más positiva posible”, el conflicto entre las partes debido a que, a raíz de la “situación económica angustiosa e incierta” se estaba “agravando” el diagnóstico de la paciente. A lo comunicado por este expediente, se suma que el Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba también acreditó en marzo de 2026 la situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social que sufre la mujer.

Al cierre de esta edición, la Seguridad Social no ha respondido a las preguntas de este medio. Desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social se pide a la administración una mayor rigurosidad a la hora de tramitar los expedientes del IMV para evitar el perjuicio para aquellos que más lo necesitan.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) vuelve a colarse entre las ayudas que más dudas generan a final de mes, sobre todo para quienes dependen de este ingreso para organizar pagos, recibos y los gastos del día a día. Aunque hay una fecha oficial marcada en el calendario, lo cierto es que el día exacto en el que el dinero aparece en la cuenta no es el mismo para todo el mundo. Al final, todo depende del banco. Por eso, en junio de 2026 habrá diferencias en el momento de cobro, aunque todos los beneficiarios estén recibiendo la ayuda correspondiente al mismo periodo.

La fecha oficial para el pago de junio se sitúa en el miércoles 1 de julio de 2026, ya que es el primer día hábil del mes siguiente. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, varios bancos optan por adelantar el ingreso para que sus clientes puedan tener el dinero antes de que termine el mes. En esta ocasión, esos adelantos se concentran en la última semana de junio, con fechas que van desde el lunes 22 hasta el jueves 25, dependiendo de cada entidad y de cómo gestione los pagos.

Qué es el Ingreso Mínimo Vital y a quién va dirigido

El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda económica que forma parte de la Seguridad Social y está pensada para hogares que no llegan a un nivel mínimo de ingresos. Su objetivo es bastante claro: reducir situaciones de pobreza o exclusión social, tanto en personas que viven solas como en familias que no cuentan con recursos suficientes para cubrir sus necesidades más básicas. No se trata de una ayuda con una cantidad fija para todo el mundo, ya que lo que se cobra depende de la situación económica y familiar de cada caso.

Además, esta prestación tiene en cuenta a colectivos que pueden ser más vulnerables, como los menores o las personas con discapacidad. No solo busca cubrir una parte de la falta de ingresos, sino también facilitar que quienes la reciben puedan ir mejorando su situación con el tiempo y tener más opciones de integrarse a nivel social y laboral. Por eso, para poder acceder a ella es necesario cumplir ciertos requisitos relacionados con los ingresos, la composición del hogar y la residencia.

Pueden solicitar esta ayuda tanto ciudadanos españoles como personas extranjeras con residencia legal en España, siempre que cumplan con las condiciones establecidas. Entre los requisitos generales, por ejemplo, está el haber vivido de forma legal y continuada en el país durante al menos el último año.

Cuándo se cobra el IMV según el banco

El calendario habitual de este tipo de prestaciones establece que el pago se realiza el primer día hábil del mes siguiente. En el caso del IMV correspondiente a junio de 2026, esto sitúa la fecha oficial en el miércoles 1 de julio. Esa es la referencia que se toma, sobre todo para quienes no reciben adelantos o para los bancos que no aplican este sistema.

Aun así, lo más habitual es que muchos bancos adelanten el ingreso unos días para facilitar que sus clientes puedan organizar mejor sus gastos de final de mes. Este adelanto no implica que se cobre más ni que haya un pago extra, simplemente significa que el dinero llega antes de lo previsto en el calendario. Por este motivo, aunque todos tengan reconocida la misma prestación mensual, la fecha de cobro puede variar de una persona a otra.

Según el calendario previsto para junio de 2026, entidades como Banco Santander, Openbank y Bankinter están entre las primeras en adelantar el pago, con ingresos a partir del lunes 22 de junio. A continuación, CaixaBank suele situar el abono en el miércoles 24 de junio. El jueves 25 de junio aparece como fecha de pago en BBVA y también está previsto el ingreso en bancos como Sabadell, ING o Ibercaja. Por su parte, Unicaja lo fija para el martes 30 de junio, cerrando así el calendario orientativo de abonos.

En cualquier caso, estas fechas son orientativas, ya que pueden variar en función de la operativa interna de cada entidad, del tipo de cuenta o incluso de los tiempos de procesamiento de las transferencias. Si el dinero no aparece a primera hora del día previsto, no significa necesariamente que haya un problema con el expediente.

Cómo se efectúa el primer pago del IMV

Las personas que acceden por primera vez al IMV pueden encontrarse con un calendario algo distinto al de quienes ya lo reciben todos los meses. Cuando la resolución que concede la ayuda llega a lo largo de un mes, lo más habitual es que el primer ingreso se realice en el mes siguiente.

Ese primer pago, además, suele incluir las cantidades pendientes desde el momento en el que se reconoce el derecho a la prestación. Es decir, aunque el dinero tarde un poco más en llegar, no se pierde lo correspondiente a ese tiempo.

Esto hace que no todo el mundo cobre por primera vez en las mismas fechas que el resto de beneficiarios. Si la aprobación llega cuando el mes ya está bastante avanzado, la transferencia inicial puede retrasarse al periodo siguiente por cuestiones administrativas. Aun así, ese pequeño retraso no implica perder ninguna de las cuantías reconocidas.

En ese primer abono se incluyen todos los importes acumulados que correspondan al periodo aprobado. A partir de ahí, si la ayuda sigue activa y se mantienen los requisitos, los pagos pasan a hacerse de forma mensual, siguiendo el calendario habitual y, en su caso, los adelantos que aplique cada banco.

El cobro del Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una de las citas mensuales más relevantes para los miles de hogares que dependen de esta prestación para cubrir sus necesidades básicas. Al acercarse el final de mes, la atención se centra en el calendario de pagos, aunque la disponibilidad del dinero no es uniforme para todos los beneficiarios. La normativa de la Seguridad Social establece unos plazos de gestión, pero el momento real del ingreso varía según la entidad financiera donde se tenga domiciliada la ayuda.

Para conocer el estado de la prestación, el beneficiario puede utilizar el Simulador del Ingreso Mínimo Vital o consultar su expediente en la Sede Electrónica. El momento del cobro también puede verse afectado si existen cobros indebidos previos. La Seguridad Social puede reclamar reintegros de prestaciones percibidas erróneamente durante los últimos cuatro años. No obstante, en 2026 se mantiene la protección para familias con menores: no se exigirá el reintegro de cantidades que no superen el 65% de la cuantía de una pensión no contributiva.

Fechas de abono del ingreso mínimo vital 2026

El derecho a la prestación nace el primer día del mes siguiente a la solicitud, pero el pago efectivo de la nómina lo realiza la Seguridad Social a mes vencido. Oficialmente, la administración ordena los pagos el primer día hábil del mes. Sin embargo, dado que el 1 de mayo de 2026 cae en viernes y es festivo, el cobro oficial podría desplazarse al lunes 4.

La fecha de abono depende directamente de la política de cada banco. El sistema financiero español suele anticipar estas ayudas para que los fondos estén disponibles entre los días 24 y 26 de cada mes. Para la nómina correspondiente de mayo de 2026, las previsiones apuntan a que entidades como CaixaBank o Santander reflejen el ingreso el viernes 24 de abril. Otras como BBVA o Sabadell lo harían a lo largo del fin de semana o el lunes 27.

Durante la tramitación de las nóminas, la entidad gestora puede revisar de oficio los expedientes. Si se detectan cambios en la unidad de convivencia o discrepancias en las rentas anuales computables, la cuantía puede ser modificada o incluso suspendida. Un factor crítico en este periodo es la obligación de presentar la declaración del IRPF: incumplir esta norma durante dos ejercicios seguidos es causa directa de suspensión del derecho.

En definitiva, la fecha de cobro en mayo de 2026 será adelantada por la mayoría de la banca a la semana del 20 de abril. La rapidez en el ingreso está condicionada por la entidad bancaria, mientras que la continuidad de la ayuda depende de la residencia legal efectiva en España y la transparencia en la comunicación de ingresos y cambios patrimoniales a la Seguridad Social.

Requisitos y mantenimiento

El acceso a esta prestación no es universal; está condicionado al cumplimiento estricto de una serie de requisitos que deben mantenerse durante todo el tiempo que se perciba la ayuda. La Seguridad Social pone especial foco en tres pilares: la residencia, la edad y la vulnerabilidad económica.

Obligaciones y seguimiento

El mantenimiento del Ingreso Mínimo Vital no es automático ni permanente; está sujeto a una vigilancia continua por parte de la administración. Para garantizar la continuidad del cobro, el beneficiario debe cumplir con una serie de compromisos ineludibles:

Incidencias en el cobro

Si superado el plazo estimado por la entidad bancaria el abono no se ha hecho efectivo, el beneficiario debe iniciar un proceso de verificación para identificar si se trata de un error técnico o de una decisión administrativa.Para ello, existen tres vías principales de actuación:

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha iniciado el trámite de audiencia pública para un nuevo Real Decreto que busca actualizar el Servicio Universal de Telecomunicaciones. El proyecto plantea un salto en la velocidad mínima de conexión fija a Internet, pasando de los 10 megas por segundo (Mbps) actuales a los 100 Mbps. Fuentes del departamento que dirige Óscar López aseguran que España se convertiría en el primer país europeo en integrar esta capacidad dentro del paraguas de servicios básicos garantizados por ley.

El cambio se incluirá en la propuesta de renovación del Servicio Universal de Telecomunicaciones, es el mecanismo legal que asegura que todos los ciudadanos tengan acceso a telefonía fija e Internet con independencia de su ubicación geográfica, bajo unos estándares de calidad y a un precio asequible. Según la propuesta, este nuevo régimen entraría en vigor el 1 de enero de 2027.

Otra de las novedades del reglamento es el cambio en la designación de los operadores encargados de prestar el servicio. Hasta ahora, Telefónica era la única compañía designada para garantizar esta cobertura. El nuevo texto propone que todos los operadores tengan la obligación de ofrecer el servicio universal dentro de sus zonas de cobertura y con las características técnicas que establezca el Real Decreto.

Fuentes de Transformación Digital exponen que esta modificación responde a que “la extensa red de telecomunicaciones”, con “el despliegue de redes de fibra óptica, tecnología móvil 5G y la mejora de las prestaciones satelitales” permite liberar de esa obligación exclusiva a Telefónica para extenderla a todos los operadores. “Con ello, se refuerza la capacidad del usuario de elegir libremente al operador que en una zona esté prestando estos servicios”, añaden las mismas fuentes.

Ampliación del bono social y nuevas ayudas

En el plano económico, el proyecto amplía el paraguas de protección social al incluir a las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital entre los colectivos con derecho a tarifas bonificadas. El Gobierno propone que todos los operadores apliquen un descuento mínimo del 25% en sus tarifas para usuarios con rentas bajas, una medida que Transformación Digital estima que podrá beneficiar a unos 800.000 hogares.

La normativa también establece requisitos en materia de accesibilidad, obligando a las empresas a disponer de una oferta suficiente de terminales para personas con discapacidad. Además, tanto los operadores como las plataformas del servicio de emergencias 112 deberán incorporar la funcionalidad de texto en tiempo real antes de junio de 2027 para facilitar la comunicación a personas con dificultades auditivas o de habla.

El ingreso mínimo vital (IMV) llegó a 8.189 hogares de Cantabria en marzo, un 20,6% más que el año anterior, que percibieron una media de 587,98 euros, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos absolutos son 1.399 hogares más que el año anterior y en total se benefician 22.022 personas. El gasto total en Cantabria ascendió a 5,3 millones de euros y la nómina total en toda España supuso 495,6 millones.

Además, 5.013 de las familias beneficiarias en la comunidad recibieron el complemento de ayuda para la infancia, con una cuantía media de 112,29 euros. Los menores con este complemento totalizaron 8.478 y la ayuda media por cada uno fue de 66,40.

En España el ingreso mínimo llegó a 829.399 hogares en marzo, un 18 % más que hace un año, con una cuantía media de la prestación que se sitúa en los 543,1 euros al mes por hogar. En estos hogares viven 2,53 millones de personas, de las cuales 1,03 millones son niños y adolescentes.

En marzo, el 68 % de los titulares y el 53,4 % de los beneficiarios son mujeres y el 41 % de los beneficiarios son menores, mientras que 140.000 hogares que reciben la prestación son monoparentales, en su mayoría encabezados por mujeres.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, considera que el IMV “marca la diferencia, especialmente en la infancia”, y demuestra que el Gobierno está “donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país”. Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de 3,5 millones de personas.

En cuanto al complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del ingreso mínimo, en marzo llegó a 573.831 unidades de convivencia, con una cuantía media de 66,4 euros por cada menor y de 120,7 euros por cada hogar, según detallan las mismas fuentes.

Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años, y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,5 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. 

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en marzo a 829.399 hogares en España, de los que 5.469 están en La Rioja. En ellos viven 2.532.284 personas, 17.080 en la Comunidad autónoma riojana, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La cuantía media de la prestación ha sido de 543,14 euros al mes por hogar en España y de 553,30 euros en la Comunidad riojana. En conjunto, la nómina actual ha ascendido a 495,6 millones de euros (3.565.690 euros en La Rioja).

Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino en La Rioja. En marzo, un 57,3 por ciento de los titulares han sido mujeres (3.131), frente a los 2.338 titulares hombres.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de 3,5 millones de personas (3.546.408) en España.

Protección reforzada a la infancia

El IMV constituye de forma particular una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores existentes en la unidad de convivencia. Actualmente, el 42,2% de los beneficiarios en La Rioja son menores de edad, lo que supone 7.206 niñas, niños y adolescentes protegidos por esta prestación. En España, esa cifra alcanza el 41%.

Además, en el tercer mes del año, de los 5.469 hogares beneficiarios de IMV en La Rioja, 852 son hogares monoparentales y en 2.815 viven menores. “El Ingreso Mínimo Vital marca la diferencia especialmente en la infancia. Hoy, el 41% de los beneficiarios son menores y en casi siete de cada diez hogares protegidos hay niños y niñas. Esto significa que estamos actuando donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país”, afirma la ministra Elma Saiz.

El complemento de ayuda para la infancia refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En marzo, 573.831 hogares lo recibieron en España, de los cuales, 3.686 estaban en La Rioja. La ayuda media en La Rioja fue de 66,24 euros por menor y 130,59 euros por hogar conmenores, mientras que en España fue de 66,4 euros y de 120,7 euros, respectivamente.

Este complemento puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

“El IMV no es solo una prestación, es una red que evita la exclusión, que da estabilidad a las familias y que permite que miles de personas puedan construir un proyecto de vida con más seguridad. El Complemento de Ayuda Para la Infancia refuerza precisamente eso, porque sabemos que invertir en la infancia es invertir en igualdad de oportunidades”, asegura la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Ingreso Mínimo Vital y los jóvenes

La media de edad de los beneficiarios del IMV en España es de 28,5 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,1 años.

Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.

“El IMV también está siendo una palanca real para muchos jóvenes que están en situación de vulnerabilidad. La edad media de los beneficiarios es de apenas 28 años, y si miramos más allá de los titulares de la prestación, baja incluso a los 20. Esto nos dice que estamos llegando a quienes están empezando su vida adulta sin recursos suficientes. El IMV les da algo tan fundamental como un punto de apoyo para no quedarse atrás. Es más que una ayuda económica, hablamos de oportunidades y de evitar que una generación quede atrapada en la exclusión”, señala Saiz.

Requisitos generales para solicitar el IMV

El IMV es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace más de cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal,efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.

Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes. El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde el mes de mayo los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha consolidado como una de las principales ayudas sociales en España, destinada a garantizar unos ingresos mínimos a los hogares en situación de vulnerabilidad. Cada mes, miles de beneficiarios esperan el ingreso en su cuenta bancaria, pero lo cierto es que no existe una única fecha exacta de cobro: depende tanto del calendario oficial como de la entidad financiera.

De cara a abril de 2026, la pregunta vuelve a repetirse: ¿cuándo se cobra el IMV? La respuesta combina normativa, práctica bancaria y algunas variaciones habituales que conviene tener en cuenta para no llevarse sorpresas.

El calendario oficial de la Seguridad Social

Según establece la normativa de la Seguridad Social, el Ingreso Mínimo Vital se abona en los primeros días de cada mes. En concreto, el reglamento fija que las prestaciones deben pagarse entre el día 1 y el 4 del mes correspondiente.

Esto significa que, en condiciones normales, el ingreso correspondiente a abril de 2026 debería recibirse entre el 1 y el 4 de mayo. No obstante, esta es solo la referencia oficial: en la práctica, la fecha real puede variar.

Además, el IMV se paga en 12 mensualidades mediante transferencia bancaria, lo que implica que cada mes sigue el mismo patrón general de abono.

Por qué no todos cobran el mismo día

Aunque la Seguridad Social ordena el pago dentro de ese margen de días, el momento en que el dinero llega a la cuenta depende directamente de cada banco. Es decir, la fecha final no es única para todos los beneficiarios.

En los últimos años, muchas entidades financieras han optado por adelantar el abono de prestaciones como el IMV. Esta práctica, que se generalizó durante la pandemia, se ha mantenido y hace que algunos usuarios reciban el dinero incluso antes de que comience el mes.

Por ejemplo, en meses recientes como marzo de 2026, algunas entidades han adelantado el ingreso a los días 23, 24 o 25 de febrero, mientras que otras lo han realizado más cerca de final de mes o ya en los primeros días de marzo.

Este patrón permite anticipar qué puede ocurrir en abril: habrá beneficiarios que vean el dinero en su cuenta durante la última semana de marzo y otros que lo reciban en los primeros días de abril.

Previsión de pago del IMV en abril de 2026

Respecto a la previsión para el cobro del IMV en abril de 2026, se prevé que Bankinter realice el abono a partir del día 23 de abril; CaixaBank y Banco Santander se espera que realicen el ingreso el viernes 24 de abril; BBVA y Banco Sabadell es previsible que lo hagan los días 24 y 25 de abril; ING, Abanca y Cajasur, por su parte, a partir del día 25 de abril y Unicaja el último día hábil del mes, que en este caso sería el jueves 30 de abril.

En definitiva, lo más habitual será recibir el ingreso entre finales de abril y los primeros días de mayo, dependiendo de la entidad financiera. También hay que tener en cuenta que si los primeros días del mes coinciden con festivos o fines de semana, como en esta ocasión, siendo el viernes 1 de mayo festivo nacional, el pago puede retrasarse ligeramente hasta el siguiente día hábil.

Qué ocurre si es la primera vez que se cobra

En el caso de nuevos beneficiarios, el funcionamiento del IMV introduce una particularidad importante: el primer pago puede incluir atrasos. Cuando la Seguridad Social aprueba la solicitud, el derecho al cobro se genera desde el mes siguiente a la fecha de presentación. Esto implica que el primer ingreso puede ser superior al habitual, al incluir cantidades acumuladas de meses anteriores.

Por ejemplo, si una solicitud se resuelve en marzo pero corresponde a meses previos, el beneficiario puede recibir en abril tanto la mensualidad ordinaria como los atrasos correspondientes.

Una ayuda clave para miles de hogares

El IMV nació en 2020 con el objetivo de reducir la pobreza y la exclusión social, y desde entonces se ha convertido en una prestación esencial para cientos de miles de familias en España.

En 2026, la cuantía base para un beneficiario individual supera los 8.800 euros anuales, aumentando en función del número de miembros de la unidad de convivencia. Además, la ayuda puede complementarse con el denominado complemento de ayuda a la infancia, que incrementa la prestación en función de la edad de los menores a cargo.

Obligaciones para mantener el IMV

Más allá de las fechas de cobro, los beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos para mantener la ayuda. Uno de los más importantes es la obligación de presentar la declaración de la renta cada año, incluso si no se alcanza el mínimo exigido en otros casos.

El incumplimiento de esta obligación puede suponer la suspensión o incluso la pérdida definitiva de la prestación, lo que convierte este trámite en un elemento clave dentro del calendario anual del IMV.

También es necesario comunicar cualquier cambio en la situación personal o económica, como variaciones en los ingresos, cambios de domicilio o modificaciones en la unidad de convivencia.

Un calendario flexible pero previsible

Aunque a primera vista puede parecer confuso, el calendario del IMV sigue una lógica bastante estable. La clave está en diferenciar entre la fecha oficial —marcada por la Seguridad Social— y la fecha real de ingreso, que depende del banco.

Para abril de 2026, esa diferencia vuelve a ser determinante: mientras algunos beneficiarios cobrarán antes de que termine abril, otros tendrán que esperar a los primeros días de mayo.

En cualquier caso, el patrón se repite mes a mes, lo que permite anticipar el cobro con bastante precisión. Y, en un contexto en el que esta ayuda resulta fundamental para muchas familias, conocer estas fechas no es solo una cuestión práctica, sino también una forma de organizar mejor la economía doméstica.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación cuyo objetivo es prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Diseñada por la Seguridad Social, esta ayuda busca garantizar un nivel mínimo de renta a aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, abriendo una vía para que puedan cubrir sus necesidades básicas. Desde su aprobación, esta prestación ha beneficiado a más de 2,4 millones de personas en más de 800.000 hogares, según la última estadística publicada en febrero por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Entre los beneficiados, está el grupo de solicitantes mayores de 23 años que comparten domicilio con sus padres o un familiar.

Tal y como detalla el estudio del INSS, la media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,5 años, “lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión”, valoran desde el Instituto. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad media de aquellos que se benefician de esta ayuda desciende a los 20,1 años.

Los nuevos requisitos del IMV facilitan, precisamente, el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el periodo de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de tres a dos años.

Requisitos para solicitantes mayores de 23 años

Para aquellos jóvenes de 23 años que convivan con sus padres y deseen solicitar la ayuda, deberán cumplir una serie de condiciones:

Guía para solicitar el IMV

Es posible tramitar el IMV desde la web de la Seguridad Social. Antes de poder solicitarla, el portal hace pasar al usuario por un simulador, para conocer si es candidato para recibir esta prestación. Una vez el solicitante haya comprobado que cumple los requisitos de residencia, de estado civil y de ingresos, podrá formalizar su solicitud. En general, necesitará la siguiente documentación para acreditar que cumple con los requisitos:

Con esta documentación localizada, el futuro beneficiario podrá empezar a gestionar el trámite de la subvención. En primer lugar, deberá acceder a la sección de Ingreso Mínimo Vital en la página web de Prestaciones de la Seguridad Social. Tras esto, tendrá que seleccionar la opción “Solicitar” y escoger la opción “Ingreso Mínimo Vital y Complemento de ayuda a la infancia”.

Una vez en el portal para la solicitud del IMV, se le preguntará por la provincia de residencia. Tras esto se le llevará al simulador, en el que deberá lo siguiente:

Tras estas preguntas, el simulador informará al solicitante de si es un candidato para recibir el IMV. Después deberá identificarse como “solicitante” o como “representante” del beneficiario, introduciendo los datos de su documento de identidad. También deberá facilitar un correo electrónico, y confirmarlo a base de un código de verificación que se le enviará a su bandeja de entrada.

Tras esto, deberá hacerse una fotografía con su documento de identidad en la mano, posando tal y como especifica el sitio web. Finalmente, deberá aportar los dos de la documentación necesarios para terminar de formalizar la solicitud, y firmar el formulario de manera electrónica.

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en febrero a 5.286 hogares en La Rioja en los que viven 16.559 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 556,48 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes en la comunidad autónoma ha ascendido a 3.280.590,83 euros.

Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, se puede decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino. En febrero, el 57,3% de los titulares (3.029) y el 52,5% de los beneficiarios (8.689) son mujeres en La Rioja.

En febrero de este año 2026, había 634 prestaciones activas más en la región que hace un año, al haber aumentado el número de hogares protegidos en 13,63%. Este porcentaje es similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 14,64% (2.115) desde enero de 2025.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a 23.336 personas en La Rioja, cerca de 3,5 millones de personas (3.482.781) en España.

Contexto: mujer y pobreza

La Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 realizada por el Instituto Nacional de Estadística confirma una reducción en España de la tasa de pobreza entre las mujeres en edad de trabajar respecto a 2024.

La evolución de los indicadores consolida una tendencia de mejora general. En este contexto, el IMV refuerza su papel como instrumento clave para combatir la vulnerabilidad económica femenina, especialmente en las familias monoparentales, que perciben un complemento del 22%. En el 96% de estos hogares, la única persona adulta es una mujer.

Protección reforzada a la infancia

“El IMV constituye de forma particular una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores existentes en la unidad de convivencia”, han destacado desde la Delegación del Gobierno en La Rioja. Actualmente, el 42,3% de los beneficiarios en La Rioja son menores de edad, lo que supone 7.006 niñas, niños y adolescentes protegidos por esta prestación.

En el segundo mes del año, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (3.570 hogares, el 67,5% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 883 son hogares monoparentales.

El complemento de ayuda para la infancia refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En febrero, 3.580 hogares riojanos lo recibieron, con una ayuda media de 66 euros por menor y de 129,7 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

Este complemento puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 4.841,8 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

El Ingreso Mínimo Vital y los jóvenes

La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28, años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 19,5 años.

Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Además, se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.

Requisitos generales para solicitar el IMV

El IMV es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace más de cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.

Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.

El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde el mes de mayo los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.