Vox da un nuevo paso en su estrategia para endurecer las políticas de inmigración en Aragón. El Gobierno autonómico reformará la ley que regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (PACIMV) para impedir que las personas en situación administrativa irregular puedan acceder a esta ayuda, que complementa o sustituye el Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal.

La modificación ha sido anunciada este jueves por el vicepresidente y consejero de Bienestar Social, Alejandro Nolasco, quien ha enmarcado la medida en uno de los compromisos electorales de Vox: “ni una paguita pública para la inmigración ilegal”. Según ha explicado, la reforma exigirá acreditar residencia legal y efectiva para acceder a la prestación, además de endurecer los requisitos de arraigo mediante un periodo mínimo reforzado de empadronamiento y la acreditación de cotizaciones a la Seguridad Social.

Nolasco ha asegurado que el Partido Popular conoce la iniciativa y ha avanzado que el Ejecutivo la aprobará “cuanto antes” mediante un anteproyecto de ley que será remitido posteriormente a las Cortes de Aragón. El objetivo, ha dicho, es modificar la normativa aprobada durante el anterior Gobierno de PSOE, CHA, Podemos y PAR, que únicamente exige residencia efectiva, acreditable mediante el empadronamiento.

El vicepresidente ha sostenido que la legislación actual permite que una persona en situación administrativa irregular, si acredita vulnerabilidad económica y lleva un año empadronada en Aragón, pueda acceder a una prestación que, según ha afirmado, “roza los 1.000 euros al mes”. “Vox va a acabar con este disparate”, ha asegurado.

La reforma afectará tanto a quienes perciben el complemento autonómico del IMV como a quienes reciben la prestación aragonesa por no cumplir los requisitos exigidos para acceder a la ayuda estatal.

Endurecimiento del acceso

Además de exigir residencia legal, Vox quiere incorporar el criterio de “prioridad nacional” al acceso a estas prestaciones. Para ello, los solicitantes deberán acreditar un “arraigo real, duradero y verificable”, vinculado a un periodo mínimo reforzado de empadronamiento y a haber cotizado previamente a la Seguridad Social, aunque el Ejecutivo todavía no ha concretado los plazos.

Durante su comparecencia, Nolasco volvió a endurecer su discurso sobre inmigración y defendió que “España sufre una invasión migratoria insostenible” y que deben reservarse los recursos públicos para quienes “contribuyen al sistema”.

Como argumento para justificar la reforma, aseguró que actualmente más de 1.100 personas inmigrantes perciben la prestación autonómica o el complemento al IMV en Aragón, lo que, según sus datos, representa alrededor del 25% de los 4,5 millones de euros que destina el Ejecutivo autonómico a estas ayudas, mientras que la población extranjera supone en torno al 15% de la población aragonesa.

También afirmó que más de la mitad de esas personas llevan cuatro años o más percibiendo estas prestaciones y anunció que el Gobierno facilitará más adelante datos sobre cuántos de los beneficiarios se encuentran en situación administrativa irregular.

En la línea de otras comunidades

Nolasco ha defendido que Aragón seguirá el camino iniciado en otras comunidades donde Vox participa en los gobiernos autonómicos. En Baleares, PP y Vox endurecieron el acceso a la renta social mediante una modificación incorporada a la Ley de Aceleración de Proyectos, elevando los requisitos de residencia continuada. En la Comunitat Valenciana también se ha aprobado una nueva regulación de la renta valenciana de inclusión que entrará en vigor en octubre y que endurece las condiciones de acceso con un mayor periodo de empadronamiento, aunque la denominada “prioridad nacional” no forma parte finalmente de la ley.

De este modo, Aragón se sumaría a la estrategia impulsada por Vox en distintas comunidades para restringir el acceso de la población extranjera a las prestaciones sociales, una de las principales banderas del partido en materia migratoria.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) vuelve a colocarse entre las prestaciones que más dudas generan a final de mes, sobre todo entre quienes dependen de esta ayuda para cuadrar el alquiler, los recibos o los gastos del día a día. Aunque la Seguridad Social fija una fecha concreta para el pago, el dinero no se ingresa en todas las cuentas a la vez, ya que el momento exacto depende del funcionamiento interno de cada banco.

En el caso del IMV de julio de 2026, el calendario oficial sitúa los pagos entre el primer y el cuarto día hábil del mes. Aun así, como viene siendo habitual, algunas entidades deciden adelantar el ingreso a los últimos días del mes, de forma que sus clientes puedan contar antes con ese dinero. Este adelanto no implica un pago extra ni altera la cuantía de la prestación, sino que simplemente anticipa el acceso a un importe ya reconocido.

Por ello, conviene distinguir entre la fecha oficial que marca la Administración y el día en que cada entidad realiza el abono en cuenta. Esta diferencia explica que no todos los beneficiarios cobren al mismo tiempo, pese a tratarse de la misma mensualidad, y hace que el calendario de cada banco sea una referencia útil para quienes organizan su economía doméstica en función de esta ayuda.

Cómo funciona el Ingreso Mínimo Vital y quién puede recibirlo

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación económica dirigida a personas o unidades de convivencia con ingresos limitados. Su objetivo es garantizar un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La cuantía no es fija, ya que se adapta a las circunstancias económicas y familiares de cada caso.

Puede solicitarlo tanto una persona que vive sola como un hogar con varios miembros. Para acceder, es necesario cumplir requisitos relacionados con los ingresos, el patrimonio, la composición familiar y la residencia en España. Entre las condiciones generales se incluye haber residido legalmente en el país durante al menos un año, salvo excepciones previstas en la normativa.

El importe se calcula en función de la diferencia entre los ingresos del hogar y la renta garantizada que le corresponde. Además, el sistema contempla situaciones específicas —como la presencia de menores, familias monoparentales o personas con discapacidad— que pueden dar lugar a complementos. La ayuda se mantiene mientras se sigan cumpliendo los requisitos, por lo que es obligatorio comunicar cualquier cambio relevante.

Cuándo se cobra el IMV según el banco

La mensualidad correspondiente a julio de 2026 se abona, por norma general, en los primeros días hábiles de agosto. La Seguridad Social fija el pago entre el primer y el cuarto día hábil del mes, aunque muchas entidades bancarias optan por adelantarlo, permitiendo así que sus clientes tengan acceso al dinero antes de ese plazo.

En cuanto a las fechas previstas, el Banco Santander situaría el abono en la noche del 23 de julio, con fecha de operación y valor del día 24. CaixaBank tomaría como referencia el viernes 24 de julio, mientras que en BBVA el ingreso se produciría el día 25. Por su parte, Unicaja suele efectuar el pago el último día hábil del mes, que en julio de 2026 cae en viernes 31.

Cómo se efectúa el primer pago del IMV

El primer pago del Ingreso Mínimo Vital puede seguir un calendario distinto al de las mensualidades ordinarias. Las personas que acceden por primera vez a la prestación no siempre cobran en las mismas fechas que quienes ya la tienen reconocida desde meses anteriores. El momento del primer ingreso depende de cuándo se aprueba la solicitud y de cuándo entra esa resolución en el circuito de pagos.

Cuando la concesión llega a lo largo de un mes, lo más habitual es que la primera transferencia se realice en el periodo siguiente. Si la aprobación se produce cuando el mes ya está avanzado, el abono inicial puede demorarse por razones administrativas. Esa demora no implica por sí misma que se pierdan las cantidades reconocidas, ya que el primer pago puede incluir importes acumulados desde la fecha en la que la prestación genera efectos económicos.

Por este motivo, quienes reciben una resolución favorable deben distinguir entre la fecha en la que se reconoce el derecho y el día en que el dinero aparece en la cuenta. La primera determina desde cuándo corresponde la ayuda; la segunda depende del proceso de pago y de la entidad financiera. Esa diferencia puede generar dudas, sobre todo en los expedientes nuevos, pero no significa necesariamente que exista una incidencia.

Una vez realizado el primer ingreso, si la prestación sigue activa y se mantienen los requisitos, los pagos pasan a efectuarse de forma mensual. A partir de ese momento, la persona beneficiaria entra en el calendario habitual: abono de la Seguridad Social en los primeros días hábiles del mes siguiente y posibles adelantos si el banco donde está domiciliado el IMV aplica esa práctica.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) reconoce el derecho de una mujer a percibir la prestación de ingreso mínimo vital (IMV) que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le extinguió porque su hija obtuvo una beca para la preparación de oposiciones para el ingreso en las Carreras Judicial, Fiscal, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en el de Abogados del Estado. En concreto, la Sala de lo Social destaca en la sentencia que dicha ayuda está destinada a sufragar gastos relacionados con la preparación de las pruebas selectivas, por lo que no debe ser considerada en el cómputo de ingresos para el IMV, cuyo objetivo es prevenir la pobreza y la exclusión social.

La entidad gestora alegó que estas becas deben computarse como ingresos, basándose en la normativa del impuesto sobre la renta. Sin embargo, el TSXG concluye que esa interpretación podría llevar a una “discriminación institucional por motivos socioeconómicos sobre las familias con bajas rentas, proscrita en la cláusula abierta del artículo 14 de la Constitución Española”. A ello añade que “se llegaría al absurdo de que una persona integrada en una familia con rentas superiores al umbral de acceso al IMV podría acceder a una de esas becas” y mantener su nivel de ingresos, mientras que la familia de una persona con acceso al ingreso mínimo vital vería penalizado económicamente acceder a esta beca, puesto que “expulsaría a su familia del IMV”.

“En términos reales, se estaría situando a las familias y a las personas integradas en ellas al dilema de solicitar las becas o el IMV y, a la postre, se estaría perpetuando desde las instituciones la situación de vulnerabilidad que se supone que tanto las becas como el IMV pretenden superar, lo que es algo frontalmente contrario al artículo 9.2 de la Constitución”, recoge el fallo. Así, la Sala de lo Social recalca que “las instituciones, en este caso las entidades gestoras de la Seguridad Social, estarían tratando de manera desigual, penalizando o excluyendo de los derechos a las personas por su falta de recursos económicos”.

Los magistrados destacan que no hay “problema insalvable” en asimilar las becas para la preparación de oposiciones para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y Cuerpo de Abogados del Estado al concepto de enseñanzas regladas, “si consideramos que son ayudas para el estudio concedidas por el Gobierno del Estado, con la finalidad de fortalecerse atrayendo talento hacia sus cuerpos jurídicos”. Por lo tanto, el TSXG desestima el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y confirma íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de A Coruña. La resolución no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El caso de una mujer cordobesa con una deuda de más de 23.000 euros a raíz de un fallo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en el cómputo para la concesión del Ingreso Mínimo Vital, del que informó recientemente este periódico, es uno más entre los miles que contabiliza el Colectivo Afectad@s por el IMV y el Consejo Andaluz de Trabajo Social. Las deudas que comprometen la estabilidad y supervivencia de estas personas en situación de vulnerabilidad motivaron que el grupo parlamentario Sumar presentara una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para modificar la normal estatal y que no se exija el cobro de las prestaciones indebidas a los afectados cuando se deba a “un error imputable” a la administración.

La ley busca “responder a una necesidad urgente” de reforma en los requisitos de exigibilidad de reintegro de las prestaciones indebidas establecidas en el Real Decreto 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley General de la Seguridad Social. El texto fue presentado el pasado 12 de mayo por los diputados Aina Vidal y Lander Martínez a la Mesa del Congreso y se justifica “en términos de justicia social” y en vista de la “vulnerabilidad” de los beneficios y las familias, un contexto que se ve agravado por el tiempo que transcurre hasta que la administración revisa su caso y le reclama la devolución de los cobros indebidos.

La proposición de ley fija dos cambios prioritarios. El primero se basa en modificar el artículo 55 del Real Decreto 8/2015, añadiendo un quinto apartado en el que “no tendrán la consideración de exigibles las prestaciones indebidas recibidas por las personas beneficiarias cuando estas se deban a un error imputable a la administración competente, y la persona beneficiaria no haya contribuido a la percepción indebida mediante actos o hechos contrarios a la buena fe”. Así, los casos que han aflorado en los que la concesión de oficio se obró con fallos que luego fueron detectados en las revisiones quedarían perdonados. “Tampoco tendrán consideración de exigibles cuando las cantidades percibidas atiendan a necesidades básicas de subsistencia de personas en situación de vulnerabilidad”, añade, en donde se subraya las necesidades socioeconómicas que sufre este colectivo.

Una condonación extensible a los descendientes

Por otra parte, el apartado dos del artículo 19 de la Ley 19/2021 del Ingreso Mínimo Vital también se cambiaría en lo referido a la exención de las responsabilidades. Si se demuestra que el error es imputable a la administración competente, “se extenderá a los hijos e hijas, personas menores de edad y mayores en situación de vulnerabilidad a cargo de las personas beneficiarias que pudieran considerarse como responsables solidarios”. Este cambio es sustancial debido a que los recargos, intereses y costas que se generen a partir del cobro de la deuda por parte de la Seguridad Social son exigidos en la actualidad a todos los responsables solidarios de la ayuda.

A su vez, el texto presentado por el grupo parlamentario, al que ha tenido acceso este medio, establece dos disposiciones más en la norma que rige el IMV. La disposición adicional primera define cuáles son las características de una persona en situación de vulnerabilidad, estableciendo que serían aquellas que perciban el IMV, la renta mínima de referencia en cada comunidad autónoma, o aquellas que obtengan unos ingresos inferiores a dos veces el salario mínimo interprofesional en el momento de la entrada en vigor de la ley.

En cuanto a la disposición adicional segunda sobre la aplicación de los reintegros del IMV, tendrán la consideración de no exigibles para la administración competente las prestaciones reclamadas “que no hayan sido reintegradas o se encuentran en periodo de reintegro a la entrada en vigor de esta ley”. Asimismo, se procedería “a la suspensión de todos los expedientes de reintegro de ingreso mínimo vital incoados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social para su revisión en aplicación de los nuevos requisitos de no exigibilidad”. Una medida de carácter retroactivo que daría respuesta a las reclamaciones planteadas por la ciudadanía desde el año 2022.

Preguntas al Gobierno de Pedro Sánchez

Tal y como recuerda la proposición de ley de Sumar, las personas beneficiarias del IMV “están siendo contactadas para que se devuelve lo cobrado en los últimos años como perceptores del IMV”. Unidades familiares que “tienen serias dificultades” para hacer frente a las cantidades que se les reclaman. Ante las escasas explicaciones dadas por el Ejecutivo central, el partido registró el pasado 10 de junio, tras la publicación del caso de Carolina en elDiario.es Andalucía y haciendo mención al mismo, tres preguntas por escrito dirigida al Gobierno de coalición en la que consultan si hay prevista una vía “urgente” con la que permitir la condonación de las deudas contraídas por los beneficios del IMV. En paralelo, cuestionan cómo se va a solucionar “esta problemática” y si se van a impulsar las modificaciones legales necesarias “para evitar de una vez por todas” las reclamaciones de “deudas injustas” que afectan “desproporcionadamente” a los hogares más vulnerables.

Carolina, la ciudadana cordobesa cuya identidad prefiere mantener en el anonimato, tuvo que ser asistida por un pariente cercano que le prestó alrededor de 9.000 euros para solventar parte de las deudas que le venía reclamando la Seguridad Social después de comprobar que la cuantía asignada no correspondía a su estatus, ya que su hijo menor de edad estaba bajo tutela de los servicios sociales desde 2019, un año antes de que la ayuda le fuera concedida. Tras un largo tiempo de reclamaciones infructuosas, y mediando ese apoyo familiar, la Seguridad Social acreditó que debía 11.862 euros y admitió que fuera devuelto en mensualidades de 142,25 euros. Aun así, la afectada mostraba su preocupación en conversación con este medio a la hora de afrontar el pago, ya que no cuenta con los recursos suficientes tras haber presentado varios documentos en los que da fe de que es una persona en exclusión social, al igual que consta como desempleada de larga duración y posee una discapacidad acreditada del 45%.

Sumar recuerda en la proposición de ley los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal Supremo, autoridades que consideran que es desproporcionado reclamar la integridad de lo cobrado cuando se ha podido comprobar el error de la administración y que los beneficiarios desconocían el fallo de las cuantías. En este sentido, citan la sentencia del TEDH del 26 de abril de 2018 en el caso Óakarevió contra Croacia, en la que se estableció que no se podía obligar a un ciudadano a devolver prestaciones indebidamente cobradas si se cumplía con: la buena fe del beneficiario, la naturaleza de la prestación, como que cubriera necesidades básicas, y que la devolución suponga una carga desproporcionada e individual para el individuo.

Una modificación normativa que va en la línea de lo ya expuesto por el Defensor del Pueblo en agosto de 2024, cuando se trasladó a la Secretaría de Estado de Trabajo y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que se abordara la modificación del artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social. “Se trata de familias sin recursos y en situación, a veces, de extrema necesidad, que percibieron esta prestación social y que tienen serias dificultades para hacer frente a las cantidades ahora se les reclaman”, destacaba Ángel Gabilondo. A pesar de las peticiones, no se han promulgado cambios desde el seno del Gobierno central, por lo que sigue su curso la reclamación colectiva que admitió a trámite en junio de 2025 el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) y que fue presentada por ATD Cuarto Mundo, la Oficina Jurídica de Derechos Sociales y diferentes entes sociales.

El Colectivo Afectad@s por el IMV estima que, según los porcentajes de revisión aplicados desde el año 2022, hay alrededor de entre 300.000 y 450.000 hogares afectados por el sistema de regularización del Ingreso Mínimo Vital en todo el país. Además, la plataforma recuerda que el 65% de la condonación para las unidades con menores a cargo que contempla la Seguridad Social se aplica solo sobre una mensualidad de la pensión no contributiva del año reclamado, no sobre la deuda total que tiene el afectado con el sistema o el periodo total. En este sentido, observan que “a efectos reales no protege a ningún menor del impacto de las deudas”.

Carolina tiene una deuda de 23.526 euros con la Seguridad Social a raíz de un error en la asignación económica que le correspondía del Ingreso Mínimo Vital. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) calculó la cuantía económica en base a que su hijo convivía con ella, pese a que el menor estaba bajo la tutela de los servicios sociales un año antes de que se le aprobara la ayuda. El desfase ha generado este agujero a la afectada que, con un 45% de grado de discapacidad y sin trabajo, ha alegado en varias ocasiones que desconocía que su hijo siguiera en el padrón con ella. Pide la condonación total de la deuda, ya que se enfrenta a un embargo de bienes aun cuando tiene acreditada su situación de exclusión social, con el riesgo a quedarse completamente desprotegida por el sistema.

Carolina, quien prefiere guardar su identidad, vive en la casa que heredó de sus padres cuando fallecieron. A través de una videollamada cuenta que está “desesperada” y pide que se examine de nuevo su caso. Todo comenzó cuando cambió su unidad de convivencia para incluir a su hermana en 2023 en el hogar que ahora comparten para cumplir con los requisitos del IMV, momento en el que la Seguridad Social hizo una revisión de oficio y se comprobó que durante 22 meses se había ingresado una cuantía superior a la que le correspondía.

El origen de todo el embrollo está en el padrón municipal: “No sabía que mi hijo apareciera en el registro conmigo y ellos tampoco lo comprobaron cuando me concedieron de oficio el ingreso en 2020. No verificaron los datos ni que estaba en el centro de menores desde un año antes”, explica. Con tres años a sus espaldas lidiando con las reclamaciones que han sido denegadas, acudió a un familiar que abonó unos 9.000 euros. “No puede hacer más por mí”, indica. Tras varios rechazos, la Seguridad Social le notificó el 22 de mayo de este año una resolución en la que que se le concede un aplazamiento por el pago de las deudas contraídas: de junio a diciembre de 2026 tendrá que pagar 853,5 euros en mensualidades de 142,25 euros. Luego, le quedaría a deber otros 11.862 euros, intereses incluidos.

“La Seguridad Social se equivoca”

“No voy a poderlo pagar, que fue lo que ya me sucedió con la primera parte. Tengo que bajar los gastos de la compra, la luz, el agua, ahora tengo termitas en el techo de casa de mis padres... Tengo una situación muy mala”, lamenta, gastos e imprevistos que tiene que afrontar con una pensión que ronda los 600 euros. El primer mes de pago es junio y comenta que lo más probable es que acuda a Cáritas para buscar algún tipo de apoyo con el que sobrepasar este bache: “Estoy esperando a que me den un abogado de oficio para pelear esto”.

Este hecho no es aislado, señala María Isabel Peláez Peña, coordinadora de la Comisión de los Servicios Sociales del Consejo Andaluz de Trabajo Social, que contabiliza por “miles” las quejas atendidas. “La Seguridad Social se equivoca”, critica, “primero, te aprueban la ayuda y tiempo después hacen una revisión y se dan cuenta del error”. El Colectivo Afectad@s por el IMV lleva tiempo denunciando esta situación que afecta a cientos de familias que son incapaces de asumir una deuda de tal calibre y que ya ha posicionado al Defensor del Pueblo, quien ya en 2024 propuso que no se cobraran los pagos indebidos. En un comunicado emitido el 15 de mayo, la plataforma manifestaba que se trataba de “un problema de Estado en materia de protección social” y ya no se trataba de un hecho “aislado”.

Una de las coordinadoras del Colectivo Afectad@s, en respuesta a este medio, destaca que no hay datos oficiales sobre a cuántas unidades de convivencia han afectado los cobros indebidos del IMV desde 2022. En todo caso, se basan en los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que señala que las revisiones anuales de renta afectaron al 83% de los hogares perceptores ese año, al 65% en 2023 y al 68% en 2024, lo que incluye aumentos, reducciones, suspensiones, bajas y reclamaciones de reintegro.

“Si aplicamos los porcentajes de revisión, la cifra acumulada de unidades de convivencia afectadas por el sistema regularización del IMV desde 2022 estaría entre los 300.000 y 450.000 hogares”, detalla, y, según las estimaciones recogidas por la plataforma, situaría a Andalucía entre los 60.000 y 110.000 hogares afectados. “El Gobierno no ha facilitado hasta la fecha datos desagregados y transparentes sobre el número real de afectados por comunidad autónoma”, subraya, mientras sigue en curso la reclamación colectiva que admitió a trámite en junio de 2025 el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) y fue presentada por ATD Cuarto Mundo, la Oficina Jurídica de Derechos Sociales y diferentes entes sociales.

Por su parte, Peláez Peña recomienda desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social a los afectados por los fallos administrativos ir en primer lugar a una oficina de Hacienda y solicitar el fraccionamiento de la deuda en una cantidad manejable, a lo que le seguiría un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz para que quede constancia de lo ocurrido. Además, indica que si los afectados tienen dificultades a la hora de acceder a los trámites pueden acudir a un punto Vuela, servicio que facilita el acceso a los recursos digitales. Si el IMV es denegado por impago de deudas, recuerda que con apoyo del trabajador social de referencia se puede solicitar la renta mínima de inserción. En Andalucía, la nómina del IMV llegó en abril a 818.528 personas, según la estadística de abril del INSS.

Tres meses para ingresar 10.000 euros

Retrotrayéndonos en el tiempo, el INSS procedió en 2023 a notificar a Carolina la baja del IMV, justificándolo con que hubo un cobro improcedente entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de octubre de 2023 por un importe total de 10.962 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Por este motivo, se le dio a la usuaria un plazo de tres meses para realizar el ingreso que, con el paso de los años, se ha convertido en los más de 23.000 euros. Pese a los informes sociales y sanitarios aportados, las alegaciones fueron desestimadas “al no constituir las mismas aval técnico-jurídico suficiente”, respondieron desde el INSS.

El único supuesto en el que se procedería a una condonación del 65% de la dita sería en el caso de que haya un menor a cargo, según explica el INSS en el escrito. En el caso de Carolina no se cumple con este requisito, ya que su hijo quedó bajo la tutela de la Consejería de Inclusión Social en 2019 y, como única alternativa para resolver el trámite, se le indica el número de cuenta bancaria en el que tiene que abonar las mensualidades para rebajar la deuda.

En septiembre de 2025, la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social solicitó a Carolina el pago de 17.301 euros, a los que sumó un recargo de 3.460 euros por el tiempo transcurrido y los intereses de demora devengados hasta esa fecha, lo que hizo un total de 21.032 euros. En menos de un año, la cantidad aumentó y se pasó a abrir una diligencia de embargo de bienes para compensar la deuda que ascendía a 23.526 euros, en la que se incluían las costas del procedimiento. Una vez más, la afectada presentó una diligencia con las escrituras del inmueble y explicó que el único bien que tiene es la casa de sus padres, por lo que se enfrentaba a un posible desahucio. Ante la urgencia, una familiar aportó un desembolso que aplacara la intervención en la propiedad.

Informes de salud mental y vulnerabilidad social

La última comunicación por parte de la cordobesa fue el 20 de febrero, donde ya no solo pedía que le perdonaran el desembolso en virtud de los informes de desarraigo social y exclusión económica presentados, sino que, como “mínimo”, se paralizara y estudiara su caso de forma pormenorizada, ya que lo único que recibía como réplica por parte de la Unidad de Recaudación Ejecutiva era “solo” un “documento de pago de deuda aumentada por los intereses”.

De esta forma, se ignoran los informes presentados desde enero de 2024, en los que se apunta que la afectada acude al servicio de salud mental desde hace siete años debido a un trastorno ansiosodepresivo, además de que padece una discapacidad mental leve, al igual que su hermana. Por tanto, el diagnóstico pone de relieve las serias dificultades que tiene para organizar varios aspectos de su rutina diaria, como puede ser el trámite de las prestaciones que requiere de una mayor atención a causa de la complejidad burocrática. A su vez, se refleja que se trata de una desempleada de larga duración y no cuenta con una red de apoyo, más allá de la intervención excepcional de su pariente, por lo que los ingresos son “insuficientes” y “apenas cubren las necesidades básicas”.

A tenor de lo sucedido, los servicios sociales recomendaron al INSS que atendiera a la condonación de la deuda “teniendo en cuenta la situación social, sanitaria y económica de exclusión social” y solventar a través de otros métodos, o “de la forma más positiva posible”, el conflicto entre las partes debido a que, a raíz de la “situación económica angustiosa e incierta” se estaba “agravando” el diagnóstico de la paciente. A lo comunicado por este expediente, se suma que el Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba también acreditó en marzo de 2026 la situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social que sufre la mujer.

Al cierre de esta edición, la Seguridad Social no ha respondido a las preguntas de este medio. Desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social se pide a la administración una mayor rigurosidad a la hora de tramitar los expedientes del IMV para evitar el perjuicio para aquellos que más lo necesitan.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) vuelve a colarse entre las ayudas que más dudas generan a final de mes, sobre todo para quienes dependen de este ingreso para organizar pagos, recibos y los gastos del día a día. Aunque hay una fecha oficial marcada en el calendario, lo cierto es que el día exacto en el que el dinero aparece en la cuenta no es el mismo para todo el mundo. Al final, todo depende del banco. Por eso, en junio de 2026 habrá diferencias en el momento de cobro, aunque todos los beneficiarios estén recibiendo la ayuda correspondiente al mismo periodo.

La fecha oficial para el pago de junio se sitúa en el miércoles 1 de julio de 2026, ya que es el primer día hábil del mes siguiente. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, varios bancos optan por adelantar el ingreso para que sus clientes puedan tener el dinero antes de que termine el mes. En esta ocasión, esos adelantos se concentran en la última semana de junio, con fechas que van desde el lunes 22 hasta el jueves 25, dependiendo de cada entidad y de cómo gestione los pagos.

Qué es el Ingreso Mínimo Vital y a quién va dirigido

El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda económica que forma parte de la Seguridad Social y está pensada para hogares que no llegan a un nivel mínimo de ingresos. Su objetivo es bastante claro: reducir situaciones de pobreza o exclusión social, tanto en personas que viven solas como en familias que no cuentan con recursos suficientes para cubrir sus necesidades más básicas. No se trata de una ayuda con una cantidad fija para todo el mundo, ya que lo que se cobra depende de la situación económica y familiar de cada caso.

Además, esta prestación tiene en cuenta a colectivos que pueden ser más vulnerables, como los menores o las personas con discapacidad. No solo busca cubrir una parte de la falta de ingresos, sino también facilitar que quienes la reciben puedan ir mejorando su situación con el tiempo y tener más opciones de integrarse a nivel social y laboral. Por eso, para poder acceder a ella es necesario cumplir ciertos requisitos relacionados con los ingresos, la composición del hogar y la residencia.

Pueden solicitar esta ayuda tanto ciudadanos españoles como personas extranjeras con residencia legal en España, siempre que cumplan con las condiciones establecidas. Entre los requisitos generales, por ejemplo, está el haber vivido de forma legal y continuada en el país durante al menos el último año.

Cuándo se cobra el IMV según el banco

El calendario habitual de este tipo de prestaciones establece que el pago se realiza el primer día hábil del mes siguiente. En el caso del IMV correspondiente a junio de 2026, esto sitúa la fecha oficial en el miércoles 1 de julio. Esa es la referencia que se toma, sobre todo para quienes no reciben adelantos o para los bancos que no aplican este sistema.

Aun así, lo más habitual es que muchos bancos adelanten el ingreso unos días para facilitar que sus clientes puedan organizar mejor sus gastos de final de mes. Este adelanto no implica que se cobre más ni que haya un pago extra, simplemente significa que el dinero llega antes de lo previsto en el calendario. Por este motivo, aunque todos tengan reconocida la misma prestación mensual, la fecha de cobro puede variar de una persona a otra.

Según el calendario previsto para junio de 2026, entidades como Banco Santander, Openbank y Bankinter están entre las primeras en adelantar el pago, con ingresos a partir del lunes 22 de junio. A continuación, CaixaBank suele situar el abono en el miércoles 24 de junio. El jueves 25 de junio aparece como fecha de pago en BBVA y también está previsto el ingreso en bancos como Sabadell, ING o Ibercaja. Por su parte, Unicaja lo fija para el martes 30 de junio, cerrando así el calendario orientativo de abonos.

En cualquier caso, estas fechas son orientativas, ya que pueden variar en función de la operativa interna de cada entidad, del tipo de cuenta o incluso de los tiempos de procesamiento de las transferencias. Si el dinero no aparece a primera hora del día previsto, no significa necesariamente que haya un problema con el expediente.

Cómo se efectúa el primer pago del IMV

Las personas que acceden por primera vez al IMV pueden encontrarse con un calendario algo distinto al de quienes ya lo reciben todos los meses. Cuando la resolución que concede la ayuda llega a lo largo de un mes, lo más habitual es que el primer ingreso se realice en el mes siguiente.

Ese primer pago, además, suele incluir las cantidades pendientes desde el momento en el que se reconoce el derecho a la prestación. Es decir, aunque el dinero tarde un poco más en llegar, no se pierde lo correspondiente a ese tiempo.

Esto hace que no todo el mundo cobre por primera vez en las mismas fechas que el resto de beneficiarios. Si la aprobación llega cuando el mes ya está bastante avanzado, la transferencia inicial puede retrasarse al periodo siguiente por cuestiones administrativas. Aun así, ese pequeño retraso no implica perder ninguna de las cuantías reconocidas.

En ese primer abono se incluyen todos los importes acumulados que correspondan al periodo aprobado. A partir de ahí, si la ayuda sigue activa y se mantienen los requisitos, los pagos pasan a hacerse de forma mensual, siguiendo el calendario habitual y, en su caso, los adelantos que aplique cada banco.

El cobro del Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una de las citas mensuales más relevantes para los miles de hogares que dependen de esta prestación para cubrir sus necesidades básicas. Al acercarse el final de mes, la atención se centra en el calendario de pagos, aunque la disponibilidad del dinero no es uniforme para todos los beneficiarios. La normativa de la Seguridad Social establece unos plazos de gestión, pero el momento real del ingreso varía según la entidad financiera donde se tenga domiciliada la ayuda.

Para conocer el estado de la prestación, el beneficiario puede utilizar el Simulador del Ingreso Mínimo Vital o consultar su expediente en la Sede Electrónica. El momento del cobro también puede verse afectado si existen cobros indebidos previos. La Seguridad Social puede reclamar reintegros de prestaciones percibidas erróneamente durante los últimos cuatro años. No obstante, en 2026 se mantiene la protección para familias con menores: no se exigirá el reintegro de cantidades que no superen el 65% de la cuantía de una pensión no contributiva.

Fechas de abono del ingreso mínimo vital 2026

El derecho a la prestación nace el primer día del mes siguiente a la solicitud, pero el pago efectivo de la nómina lo realiza la Seguridad Social a mes vencido. Oficialmente, la administración ordena los pagos el primer día hábil del mes. Sin embargo, dado que el 1 de mayo de 2026 cae en viernes y es festivo, el cobro oficial podría desplazarse al lunes 4.

La fecha de abono depende directamente de la política de cada banco. El sistema financiero español suele anticipar estas ayudas para que los fondos estén disponibles entre los días 24 y 26 de cada mes. Para la nómina correspondiente de mayo de 2026, las previsiones apuntan a que entidades como CaixaBank o Santander reflejen el ingreso el viernes 24 de abril. Otras como BBVA o Sabadell lo harían a lo largo del fin de semana o el lunes 27.

Durante la tramitación de las nóminas, la entidad gestora puede revisar de oficio los expedientes. Si se detectan cambios en la unidad de convivencia o discrepancias en las rentas anuales computables, la cuantía puede ser modificada o incluso suspendida. Un factor crítico en este periodo es la obligación de presentar la declaración del IRPF: incumplir esta norma durante dos ejercicios seguidos es causa directa de suspensión del derecho.

En definitiva, la fecha de cobro en mayo de 2026 será adelantada por la mayoría de la banca a la semana del 20 de abril. La rapidez en el ingreso está condicionada por la entidad bancaria, mientras que la continuidad de la ayuda depende de la residencia legal efectiva en España y la transparencia en la comunicación de ingresos y cambios patrimoniales a la Seguridad Social.

Requisitos y mantenimiento

El acceso a esta prestación no es universal; está condicionado al cumplimiento estricto de una serie de requisitos que deben mantenerse durante todo el tiempo que se perciba la ayuda. La Seguridad Social pone especial foco en tres pilares: la residencia, la edad y la vulnerabilidad económica.

Obligaciones y seguimiento

El mantenimiento del Ingreso Mínimo Vital no es automático ni permanente; está sujeto a una vigilancia continua por parte de la administración. Para garantizar la continuidad del cobro, el beneficiario debe cumplir con una serie de compromisos ineludibles:

Incidencias en el cobro

Si superado el plazo estimado por la entidad bancaria el abono no se ha hecho efectivo, el beneficiario debe iniciar un proceso de verificación para identificar si se trata de un error técnico o de una decisión administrativa.Para ello, existen tres vías principales de actuación:

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha iniciado el trámite de audiencia pública para un nuevo Real Decreto que busca actualizar el Servicio Universal de Telecomunicaciones. El proyecto plantea un salto en la velocidad mínima de conexión fija a Internet, pasando de los 10 megas por segundo (Mbps) actuales a los 100 Mbps. Fuentes del departamento que dirige Óscar López aseguran que España se convertiría en el primer país europeo en integrar esta capacidad dentro del paraguas de servicios básicos garantizados por ley.

El cambio se incluirá en la propuesta de renovación del Servicio Universal de Telecomunicaciones, es el mecanismo legal que asegura que todos los ciudadanos tengan acceso a telefonía fija e Internet con independencia de su ubicación geográfica, bajo unos estándares de calidad y a un precio asequible. Según la propuesta, este nuevo régimen entraría en vigor el 1 de enero de 2027.

Otra de las novedades del reglamento es el cambio en la designación de los operadores encargados de prestar el servicio. Hasta ahora, Telefónica era la única compañía designada para garantizar esta cobertura. El nuevo texto propone que todos los operadores tengan la obligación de ofrecer el servicio universal dentro de sus zonas de cobertura y con las características técnicas que establezca el Real Decreto.

Fuentes de Transformación Digital exponen que esta modificación responde a que “la extensa red de telecomunicaciones”, con “el despliegue de redes de fibra óptica, tecnología móvil 5G y la mejora de las prestaciones satelitales” permite liberar de esa obligación exclusiva a Telefónica para extenderla a todos los operadores. “Con ello, se refuerza la capacidad del usuario de elegir libremente al operador que en una zona esté prestando estos servicios”, añaden las mismas fuentes.

Ampliación del bono social y nuevas ayudas

En el plano económico, el proyecto amplía el paraguas de protección social al incluir a las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital entre los colectivos con derecho a tarifas bonificadas. El Gobierno propone que todos los operadores apliquen un descuento mínimo del 25% en sus tarifas para usuarios con rentas bajas, una medida que Transformación Digital estima que podrá beneficiar a unos 800.000 hogares.

La normativa también establece requisitos en materia de accesibilidad, obligando a las empresas a disponer de una oferta suficiente de terminales para personas con discapacidad. Además, tanto los operadores como las plataformas del servicio de emergencias 112 deberán incorporar la funcionalidad de texto en tiempo real antes de junio de 2027 para facilitar la comunicación a personas con dificultades auditivas o de habla.

El ingreso mínimo vital (IMV) llegó a 8.189 hogares de Cantabria en marzo, un 20,6% más que el año anterior, que percibieron una media de 587,98 euros, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos absolutos son 1.399 hogares más que el año anterior y en total se benefician 22.022 personas. El gasto total en Cantabria ascendió a 5,3 millones de euros y la nómina total en toda España supuso 495,6 millones.

Además, 5.013 de las familias beneficiarias en la comunidad recibieron el complemento de ayuda para la infancia, con una cuantía media de 112,29 euros. Los menores con este complemento totalizaron 8.478 y la ayuda media por cada uno fue de 66,40.

En España el ingreso mínimo llegó a 829.399 hogares en marzo, un 18 % más que hace un año, con una cuantía media de la prestación que se sitúa en los 543,1 euros al mes por hogar. En estos hogares viven 2,53 millones de personas, de las cuales 1,03 millones son niños y adolescentes.

En marzo, el 68 % de los titulares y el 53,4 % de los beneficiarios son mujeres y el 41 % de los beneficiarios son menores, mientras que 140.000 hogares que reciben la prestación son monoparentales, en su mayoría encabezados por mujeres.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, considera que el IMV “marca la diferencia, especialmente en la infancia”, y demuestra que el Gobierno está “donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país”. Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de 3,5 millones de personas.

En cuanto al complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del ingreso mínimo, en marzo llegó a 573.831 unidades de convivencia, con una cuantía media de 66,4 euros por cada menor y de 120,7 euros por cada hogar, según detallan las mismas fuentes.

Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años, y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,5 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. 

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en marzo a 829.399 hogares en España, de los que 5.469 están en La Rioja. En ellos viven 2.532.284 personas, 17.080 en la Comunidad autónoma riojana, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La cuantía media de la prestación ha sido de 543,14 euros al mes por hogar en España y de 553,30 euros en la Comunidad riojana. En conjunto, la nómina actual ha ascendido a 495,6 millones de euros (3.565.690 euros en La Rioja).

Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino en La Rioja. En marzo, un 57,3 por ciento de los titulares han sido mujeres (3.131), frente a los 2.338 titulares hombres.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de 3,5 millones de personas (3.546.408) en España.

Protección reforzada a la infancia

El IMV constituye de forma particular una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores existentes en la unidad de convivencia. Actualmente, el 42,2% de los beneficiarios en La Rioja son menores de edad, lo que supone 7.206 niñas, niños y adolescentes protegidos por esta prestación. En España, esa cifra alcanza el 41%.

Además, en el tercer mes del año, de los 5.469 hogares beneficiarios de IMV en La Rioja, 852 son hogares monoparentales y en 2.815 viven menores. “El Ingreso Mínimo Vital marca la diferencia especialmente en la infancia. Hoy, el 41% de los beneficiarios son menores y en casi siete de cada diez hogares protegidos hay niños y niñas. Esto significa que estamos actuando donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país”, afirma la ministra Elma Saiz.

El complemento de ayuda para la infancia refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En marzo, 573.831 hogares lo recibieron en España, de los cuales, 3.686 estaban en La Rioja. La ayuda media en La Rioja fue de 66,24 euros por menor y 130,59 euros por hogar conmenores, mientras que en España fue de 66,4 euros y de 120,7 euros, respectivamente.

Este complemento puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

“El IMV no es solo una prestación, es una red que evita la exclusión, que da estabilidad a las familias y que permite que miles de personas puedan construir un proyecto de vida con más seguridad. El Complemento de Ayuda Para la Infancia refuerza precisamente eso, porque sabemos que invertir en la infancia es invertir en igualdad de oportunidades”, asegura la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Ingreso Mínimo Vital y los jóvenes

La media de edad de los beneficiarios del IMV en España es de 28,5 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,1 años.

Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.

“El IMV también está siendo una palanca real para muchos jóvenes que están en situación de vulnerabilidad. La edad media de los beneficiarios es de apenas 28 años, y si miramos más allá de los titulares de la prestación, baja incluso a los 20. Esto nos dice que estamos llegando a quienes están empezando su vida adulta sin recursos suficientes. El IMV les da algo tan fundamental como un punto de apoyo para no quedarse atrás. Es más que una ayuda económica, hablamos de oportunidades y de evitar que una generación quede atrapada en la exclusión”, señala Saiz.

Requisitos generales para solicitar el IMV

El IMV es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace más de cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal,efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.

Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes. El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde el mes de mayo los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha consolidado como una de las principales ayudas sociales en España, destinada a garantizar unos ingresos mínimos a los hogares en situación de vulnerabilidad. Cada mes, miles de beneficiarios esperan el ingreso en su cuenta bancaria, pero lo cierto es que no existe una única fecha exacta de cobro: depende tanto del calendario oficial como de la entidad financiera.

De cara a abril de 2026, la pregunta vuelve a repetirse: ¿cuándo se cobra el IMV? La respuesta combina normativa, práctica bancaria y algunas variaciones habituales que conviene tener en cuenta para no llevarse sorpresas.

El calendario oficial de la Seguridad Social

Según establece la normativa de la Seguridad Social, el Ingreso Mínimo Vital se abona en los primeros días de cada mes. En concreto, el reglamento fija que las prestaciones deben pagarse entre el día 1 y el 4 del mes correspondiente.

Esto significa que, en condiciones normales, el ingreso correspondiente a abril de 2026 debería recibirse entre el 1 y el 4 de mayo. No obstante, esta es solo la referencia oficial: en la práctica, la fecha real puede variar.

Además, el IMV se paga en 12 mensualidades mediante transferencia bancaria, lo que implica que cada mes sigue el mismo patrón general de abono.

Por qué no todos cobran el mismo día

Aunque la Seguridad Social ordena el pago dentro de ese margen de días, el momento en que el dinero llega a la cuenta depende directamente de cada banco. Es decir, la fecha final no es única para todos los beneficiarios.

En los últimos años, muchas entidades financieras han optado por adelantar el abono de prestaciones como el IMV. Esta práctica, que se generalizó durante la pandemia, se ha mantenido y hace que algunos usuarios reciban el dinero incluso antes de que comience el mes.

Por ejemplo, en meses recientes como marzo de 2026, algunas entidades han adelantado el ingreso a los días 23, 24 o 25 de febrero, mientras que otras lo han realizado más cerca de final de mes o ya en los primeros días de marzo.

Este patrón permite anticipar qué puede ocurrir en abril: habrá beneficiarios que vean el dinero en su cuenta durante la última semana de marzo y otros que lo reciban en los primeros días de abril.

Previsión de pago del IMV en abril de 2026

Respecto a la previsión para el cobro del IMV en abril de 2026, se prevé que Bankinter realice el abono a partir del día 23 de abril; CaixaBank y Banco Santander se espera que realicen el ingreso el viernes 24 de abril; BBVA y Banco Sabadell es previsible que lo hagan los días 24 y 25 de abril; ING, Abanca y Cajasur, por su parte, a partir del día 25 de abril y Unicaja el último día hábil del mes, que en este caso sería el jueves 30 de abril.

En definitiva, lo más habitual será recibir el ingreso entre finales de abril y los primeros días de mayo, dependiendo de la entidad financiera. También hay que tener en cuenta que si los primeros días del mes coinciden con festivos o fines de semana, como en esta ocasión, siendo el viernes 1 de mayo festivo nacional, el pago puede retrasarse ligeramente hasta el siguiente día hábil.

Qué ocurre si es la primera vez que se cobra

En el caso de nuevos beneficiarios, el funcionamiento del IMV introduce una particularidad importante: el primer pago puede incluir atrasos. Cuando la Seguridad Social aprueba la solicitud, el derecho al cobro se genera desde el mes siguiente a la fecha de presentación. Esto implica que el primer ingreso puede ser superior al habitual, al incluir cantidades acumuladas de meses anteriores.

Por ejemplo, si una solicitud se resuelve en marzo pero corresponde a meses previos, el beneficiario puede recibir en abril tanto la mensualidad ordinaria como los atrasos correspondientes.

Una ayuda clave para miles de hogares

El IMV nació en 2020 con el objetivo de reducir la pobreza y la exclusión social, y desde entonces se ha convertido en una prestación esencial para cientos de miles de familias en España.

En 2026, la cuantía base para un beneficiario individual supera los 8.800 euros anuales, aumentando en función del número de miembros de la unidad de convivencia. Además, la ayuda puede complementarse con el denominado complemento de ayuda a la infancia, que incrementa la prestación en función de la edad de los menores a cargo.

Obligaciones para mantener el IMV

Más allá de las fechas de cobro, los beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos para mantener la ayuda. Uno de los más importantes es la obligación de presentar la declaración de la renta cada año, incluso si no se alcanza el mínimo exigido en otros casos.

El incumplimiento de esta obligación puede suponer la suspensión o incluso la pérdida definitiva de la prestación, lo que convierte este trámite en un elemento clave dentro del calendario anual del IMV.

También es necesario comunicar cualquier cambio en la situación personal o económica, como variaciones en los ingresos, cambios de domicilio o modificaciones en la unidad de convivencia.

Un calendario flexible pero previsible

Aunque a primera vista puede parecer confuso, el calendario del IMV sigue una lógica bastante estable. La clave está en diferenciar entre la fecha oficial —marcada por la Seguridad Social— y la fecha real de ingreso, que depende del banco.

Para abril de 2026, esa diferencia vuelve a ser determinante: mientras algunos beneficiarios cobrarán antes de que termine abril, otros tendrán que esperar a los primeros días de mayo.

En cualquier caso, el patrón se repite mes a mes, lo que permite anticipar el cobro con bastante precisión. Y, en un contexto en el que esta ayuda resulta fundamental para muchas familias, conocer estas fechas no es solo una cuestión práctica, sino también una forma de organizar mejor la economía doméstica.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación cuyo objetivo es prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Diseñada por la Seguridad Social, esta ayuda busca garantizar un nivel mínimo de renta a aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, abriendo una vía para que puedan cubrir sus necesidades básicas. Desde su aprobación, esta prestación ha beneficiado a más de 2,4 millones de personas en más de 800.000 hogares, según la última estadística publicada en febrero por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Entre los beneficiados, está el grupo de solicitantes mayores de 23 años que comparten domicilio con sus padres o un familiar.

Tal y como detalla el estudio del INSS, la media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,5 años, “lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión”, valoran desde el Instituto. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad media de aquellos que se benefician de esta ayuda desciende a los 20,1 años.

Los nuevos requisitos del IMV facilitan, precisamente, el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el periodo de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de tres a dos años.

Requisitos para solicitantes mayores de 23 años

Para aquellos jóvenes de 23 años que convivan con sus padres y deseen solicitar la ayuda, deberán cumplir una serie de condiciones:

Guía para solicitar el IMV

Es posible tramitar el IMV desde la web de la Seguridad Social. Antes de poder solicitarla, el portal hace pasar al usuario por un simulador, para conocer si es candidato para recibir esta prestación. Una vez el solicitante haya comprobado que cumple los requisitos de residencia, de estado civil y de ingresos, podrá formalizar su solicitud. En general, necesitará la siguiente documentación para acreditar que cumple con los requisitos:

Con esta documentación localizada, el futuro beneficiario podrá empezar a gestionar el trámite de la subvención. En primer lugar, deberá acceder a la sección de Ingreso Mínimo Vital en la página web de Prestaciones de la Seguridad Social. Tras esto, tendrá que seleccionar la opción “Solicitar” y escoger la opción “Ingreso Mínimo Vital y Complemento de ayuda a la infancia”.

Una vez en el portal para la solicitud del IMV, se le preguntará por la provincia de residencia. Tras esto se le llevará al simulador, en el que deberá lo siguiente:

Tras estas preguntas, el simulador informará al solicitante de si es un candidato para recibir el IMV. Después deberá identificarse como “solicitante” o como “representante” del beneficiario, introduciendo los datos de su documento de identidad. También deberá facilitar un correo electrónico, y confirmarlo a base de un código de verificación que se le enviará a su bandeja de entrada.

Tras esto, deberá hacerse una fotografía con su documento de identidad en la mano, posando tal y como especifica el sitio web. Finalmente, deberá aportar los dos de la documentación necesarios para terminar de formalizar la solicitud, y firmar el formulario de manera electrónica.

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en febrero a 5.286 hogares en La Rioja en los que viven 16.559 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 556,48 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes en la comunidad autónoma ha ascendido a 3.280.590,83 euros.

Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, se puede decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino. En febrero, el 57,3% de los titulares (3.029) y el 52,5% de los beneficiarios (8.689) son mujeres en La Rioja.

En febrero de este año 2026, había 634 prestaciones activas más en la región que hace un año, al haber aumentado el número de hogares protegidos en 13,63%. Este porcentaje es similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 14,64% (2.115) desde enero de 2025.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a 23.336 personas en La Rioja, cerca de 3,5 millones de personas (3.482.781) en España.

Contexto: mujer y pobreza

La Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 realizada por el Instituto Nacional de Estadística confirma una reducción en España de la tasa de pobreza entre las mujeres en edad de trabajar respecto a 2024.

La evolución de los indicadores consolida una tendencia de mejora general. En este contexto, el IMV refuerza su papel como instrumento clave para combatir la vulnerabilidad económica femenina, especialmente en las familias monoparentales, que perciben un complemento del 22%. En el 96% de estos hogares, la única persona adulta es una mujer.

Protección reforzada a la infancia

“El IMV constituye de forma particular una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores existentes en la unidad de convivencia”, han destacado desde la Delegación del Gobierno en La Rioja. Actualmente, el 42,3% de los beneficiarios en La Rioja son menores de edad, lo que supone 7.006 niñas, niños y adolescentes protegidos por esta prestación.

En el segundo mes del año, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (3.570 hogares, el 67,5% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 883 son hogares monoparentales.

El complemento de ayuda para la infancia refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En febrero, 3.580 hogares riojanos lo recibieron, con una ayuda media de 66 euros por menor y de 129,7 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

Este complemento puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 4.841,8 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

El Ingreso Mínimo Vital y los jóvenes

La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28, años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 19,5 años.

Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Además, se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.

Requisitos generales para solicitar el IMV

El IMV es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace más de cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.

Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.

El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde el mes de mayo los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.

Con la llegada de marzo de 2026, miles de personas en España que perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se preparan para recibir la ayuda correspondiente a este mes. Esta prestación, gestionada por la Seguridad Social, busca garantizar un nivel mínimo de ingresos a quienes enfrentan dificultades económicas, proporcionando un respaldo que permite cubrir gastos esenciales como alimentación, vivienda y servicios básicos. Para muchos beneficiarios, conocer la fecha exacta de abono es clave para organizar sus finanzas y asegurar que puedan cumplir con sus compromisos mensuales.

El IMV se entrega de forma automática cada mes y sigue un patrón general de pagos que garantiza la continuidad de la prestación. Sin embargo, la disponibilidad del dinero en la cuenta bancaria puede variar según la entidad financiera, lo que genera cierta expectativa entre los beneficiarios sobre cuándo podrán disponer de los fondos. Marzo llega con la misma importancia que otros meses del año, ya que esta prestación representa para muchas familias un apoyo estable que contribuye a planificar gastos y afrontar la rutina económica con mayor seguridad.

Qué cubre el Ingreso Mínimo Vital y quién puede solicitarlo

El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda económica mensual que busca garantizar un ingreso básico para aquellas personas y familias que enfrentan dificultades económicas. Su finalidad principal es proporcionar un respaldo que permita cubrir necesidades esenciales, como la alimentación, la vivienda y los servicios de primera necesidad, asegurando un mínimo de estabilidad financiera. Esta prestación está pensada especialmente para quienes presentan una situación económica más vulnerable, contribuyendo a disminuir la pobreza y a reducir los riesgos de exclusión social.

Pueden acceder al IMV tanto ciudadanos españoles como personas con residencia legal en España que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Entre estos se incluyen límites máximos de ingresos y patrimonio, así como la evaluación de la composición de la unidad familiar, de manera que la prestación se adapte a las circunstancias particulares de cada hogar. Además, se exige que los solicitantes cumplan con criterios de edad y residencia. Esto asegura que la prestación llegue a quienes realmente la necesitan y que la cuantía otorgada sea proporcional a la situación concreta de cada beneficiario.

Fechas de pago del IMV según entidades bancarias

Aunque la Seguridad Social gestiona el abono del IMV, la fecha exacta en la que cada beneficiario recibe el dinero depende de la entidad bancaria donde tenga domiciliada la prestación. Para marzo de 2026, las fechas varían según el banco: en Bankinter se espera el pago el 23 de marzo; en Banco Santander, la operación se procesa la noche del 23, con valor efectivo el día 24; en CaixaBank, la ayuda se abona el 24 de cada mes; BBVA realiza la transferencia el día 25; y Unicaja suele acreditar el IMV el último día hábil del mes, que previsiblemente será el 31 de marzo.

Estas variaciones responden a la programación interna de cada banco y a la forma en que procesan las órdenes de la Tesorería General de la Seguridad Social. Algunos bancos adelantan los ingresos unos días para que los fondos estén disponibles con antelación, mientras que otros se ajustan al calendario oficial. Esto significa que, aunque todos los beneficiarios recibirán la ayuda en marzo, la fecha concreta de disponibilidad puede diferir entre entidades. Por ello, resulta recomendable consultar con la propia entidad para conocer el momento exacto en que se reflejará el ingreso.

Primer pago para quienes son beneficiarios por primera vez

Las personas que solicitan el IMV por primera vez pueden experimentar un calendario de pagos distinto al de quienes ya reciben la prestación de forma regular. Cuando la resolución que concede la ayuda se dicta a lo largo de un mes, el primer abono suele realizarse en el mes siguiente, incluyendo todas las mensualidades pendientes desde que se reconoció el derecho. Esto asegura que ningún beneficiario pierda parte de la ayuda correspondiente a los días anteriores.

Si la resolución llega hacia el final del mes, es posible que el primer pago se retrase hasta el mes siguiente, aunque el importe total se abonará íntegramente. La administración garantiza que se transfieran todas las cantidades pendientes, incluyendo la proporción correspondiente a los días que no se habían cubierto previamente. Por lo tanto, aunque la transferencia inicial pueda demorarse por trámites administrativos, los nuevos beneficiarios reciben la totalidad de la prestación, lo que les permite organizar sus gastos con certeza y seguridad desde el primer ingreso.

Hace meses que Sumar presiona para que el Gobierno apruebe una ayuda universal a la crianza. El Ejecutivo ya aprobó en noviembre una declaración institucional en la que abogaba por poner en marcha esta prestación y hoy la ha incluido en la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible. Pero la ayuda, por ahora, está lejos de ser una realidad.

Aunque algunos medios se han apresurado a titular hoy que la prestación ya se ha aprobado, e indican quien podría cobrarla o como optar a ella, lo cierto es que se trata de una propuesta que no se ha concretado más allá de un objetivo a largo plazo. No hay ninguna prestación ya en marcha.

La estrategia de cara a 2030 aprobada este martes fija un centenar de metas y 10 objetivos principales. Uno de ellos es la lucha contra la pobreza infantil, en la que se incorpora como aspiración una prestación universal por crianza para que llegue a todas las familias con hijos menores a su cargo. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha alegado que esta medida se ha aplicado en otros países y que se trata de una herramienta eficaz. Desde el ministerio señalan que esta medida debe ir acompañada de un modelo fiscal redistributivo, progresivo y justo.

En noviembre una declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros por el Día Internacional de los Derechos de la Infancia el 20 de noviembre, el Gobierno apuesta por ampliar el apoyo a las familias y destaca algunas medidas para hacer frente a la pobreza infantil, como el Complemento de Ayuda para la Infancia del Ingreso Mínimo Vital, “mientras se avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal”.

En aquel momento, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya dijo que antes de “reformular cualquier otra prestación en materia de pobreza infantil” había que evaluar las ayudas que hay actualmente.

“Tenemos que evaluar el rendimiento que han tenido los instrumentos que en este momento muy cuantiosos hemos puesto en marcha” y “si hay que mejorarlo en una sola prestación habría que hacer una refundación de todos estos complementos en alguna otra prestación se llamara como se llamara”, afirmó.

El Gobierno no tiene sobre la mesa proyecto de presupuestos aún, así que la medida ni siquiera está contemplada a corto plazo. Además, las palabras de Montero sugieren que Sumar tiene aún que vencer algunas resistencias dentro del Gobierno para poder siquiera iniciar la tramitación de esta ayuda.

¿Cuál es la propuesta de Sumar?

En la negociación de los presupuestos entre los partidos de la coalición de Gobierno, Sumar ya propuso que todas las familias perciban 200 euros al mes por cada hijo, hasta que cumplan 18 años, independientemente de su renta.

En su programa electoral ya recogían esta medida: “Impulso de una prestación por crianza, para luchar por la erradicación de la pobreza infantil. Se cobrará hasta los 18 años y unificará en una única ayuda el actual complemento de ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital y la deducción por maternidad en el IRPF”.

Un estudio elaborado por Unicef calcula que un aumento del ingreso mínimo vital del 40% por cada hijo en el hogar reduciría la pobreza monetaria (vivir con ingresos un 60% inferiores a la renta mediana del país) en 1,8 puntos porcentuales, mientras que una prestación universal de 200 euros al mes por hijo lo haría casi cuatro veces más, en 7,1 puntos.

Respecto al actual nivel de 29,2% de menores en pobreza monetaria en España, esta ayuda de 200 euros mensuales por niño supondría, por tanto, sacar a algo más de medio millón de menores de esta situación de precariedad y vulneración de derechos, alrededor de 540.0000 niños, según los cálculos de Unicef.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) sigue siendo un apoyo fundamental para miles de familias y personas en España que atraviesan dificultades económicas. Cada mes, los beneficiarios esperan la llegada de esta ayuda, que garantiza un nivel mínimo de ingresos para cubrir necesidades básicas y mantener la estabilidad del hogar. Conocer la fecha exacta de abono resulta clave para organizar gastos y planificar la economía familiar.

En febrero de 2026, el calendario de pagos del IMV dependerá de la entidad bancaria en la que esté domiciliada la prestación. Aunque la Seguridad Social establece pautas generales, cada banco fija su propio día de transferencia, lo que puede generar pequeñas diferencias en la disponibilidad de los fondos. Este detalle es especialmente importante para quienes acceden al IMV por primera vez, ya que el primer abono puede variar respecto al calendario habitual.

Qué es el Ingreso Mínimo Vital y quién puede recibirlo

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una ayuda económica que el Estado otorga para garantizar un nivel básico de ingresos a personas y familias que enfrentan dificultades financieras. Su propósito es permitir que los beneficiarios puedan cubrir gastos esenciales, como la alimentación, la vivienda y los servicios básicos, asegurando una protección mínima frente a situaciones de precariedad.

Esta prestación se centra en quienes presentan mayor vulnerabilidad económica, con la intención de reducir la pobreza y limitar la exclusión social. Pueden solicitarla tanto ciudadanos españoles como residentes legales en España que cumplan con los criterios establecidos por la ley, que incluyen límites de ingresos, patrimonio y la composición del hogar. Además, la cuantía se ajusta a la situación concreta de cada unidad familiar, adaptándose a sus necesidades específicas para ofrecer un respaldo proporcional.

Fechas de pago del IMV según entidades bancarias

En febrero de 2026, las fechas en las que los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibirán la prestación dependen de la entidad bancaria en la que tengan domiciliada la ayuda, ya que cada institución establece su propio calendario de abono. Esto genera diferencias en el día exacto en que los fondos se reflejan en las cuentas de los beneficiarios.

Por ejemplo, en Unicaja el pago se realiza habitualmente el último día hábil del mes, lo que en febrero corresponde al día 27. En BBVA, el ingreso coincide con el pago de las pensiones, situándose este mes el abono el día 25, adelantando la transferencia respecto a la fecha estándar de la Seguridad Social. Para Bankinter, el abono mensual está previsto también para el día 27, mientras que Banco Santander inicia la disponibilidad de los fondos entre la madrugada del 20 y el 21 de febrero, registrándose la fecha de operación oficial y valor el lunes 23. Por último, CaixaBank tiene programado el pago para el 24 de febrero.

Cómo se realiza el primer abono del IMV

Las personas que acceden al Ingreso Mínimo Vital por primera vez pueden recibir su primer pago en una fecha distinta al calendario mensual habitual. Cuando la resolución de concesión se produce durante el transcurso de un mes, la transferencia inicial normalmente se efectúa en el mes siguiente, incluyendo todas las mensualidades pendientes desde el momento en que se reconoce el derecho a la prestación.

Si la aprobación llega hacia finales del mes, el primer abono puede demorarse hasta el mes siguiente, pero esto no implica que se pierda ninguna cuantía. La Seguridad Social se encarga de que se transfieran todos los importes acumulados correspondientes al periodo ya reconocido. De esta forma, aunque los procesos administrativos puedan retrasar la llegada del dinero, los nuevos beneficiarios reciben el importe total al que tienen derecho.

Desde la Seguridad Social se administran el grueso de las pensiones y prestaciones contributivas y no contributivas del sistema. Tal y como definen desde el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, son un conjunto de medidas diseñadas para “prever, reparar o superar determinadas situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos”. En concreto, suelen tratarse de prestaciones que abordan contingencias que suponen un exceso de gastos o una pérdida de ingresos de las personas que las sufren.

Aunque las prestaciones más comúnmente conocidas son las pensiones por jubilación, las de incapacidad permanente o el Ingreso Mínimo Vital, desde la Seguridad Social también se ofrecen ayudas para un gran número de escenarios.

Para acceder a cualquier tipo de ayuda es necesario cumplir con los requisitos de afiliación, alta y cotización exigidos para cada caso concreto. En prestaciones de carácter indefinido, el ciudadano debe mantener dichas condiciones durante todo el tiempo de su percepción. Si su situación cambia, deberá notificarlo a la Seguridad Social.

Listado completo de prestaciones de la Seguridad Social

El listado de acciones protectoras de la Seguridad Social cubre un gran abanico de situaciones de necesidad previstas por la legislación vigente. Recuerda que es posible consultarlo de forma completa a través de su página web, donde figuran los requisitos para pedir cada prestación, sus características, plazos y cómo se gestionan. Estas son las ayudas vigentes este 2026:

Ingreso mínimo vital (IMV)

Se trata de una prestación ideada para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de individuos que viven solos o que están integrados en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. La cuantía a percibir es la diferencia entre la renta garantizada (que este año se ha establecido en 733,60 para un adulto que vive solo) y los ingresos del solicitante. Para solicitarla deberás visitar esta página o rellenar esta solicitud y presentarla tras pedir cita en tu Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) más cercano.

Pensión de jubilación

Se trata de una prestación vitalicia a percibir cuando se cesa el trabajo al alcanzar la edad establecida, a fin de cubrir la pérdida de ingresos originada por el cese de la actividad laboral. Existe un régimen general (para jubilaciones ordinarias, anticipadas, flexibles, parciales, etc) y uno especial (para autónomos, los trabajadores del Mar, y los de la Minería de Carbón). La cuantía de esta ayuda depende de un gran número de variables, como la base reguladora y los años trabajados, por lo que puedes calcular cuál sería tu cuantía aquí. Para solicitarla, puedes pedir cita en tu Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) más cercano o en esta página web.

Incapacidad permanente

Esta prestación pretende cubrir la pérdida de rentas salariales o profesionales de una persona que ve reducida o anulada su capacidad laboral a causa de un proceso patológico o traumático derivado de una enfermedad o accidente. De forma similar a las pensiones por jubilación, existe un régimen general y uno especial para autónomos, los trabajadores del Mar, y los de la Minería de Carbón. Existen distintos grados de incapacidad (permanente parcial, permanente total, permanente absoluta y gran incapacidad), que determinan los requisitos para acceder a esta prestación y la cuantía a percibir. El grado de incapacidad lo determinan los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) de cada Comunidad Autónoma, compuestos por médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Para solicitarla, deberás rellenar este formulario y presentarlo tras pedir cita en Centro de Atención e Información de la Seguridad Social más cercano.

Pensión de viudedad

Se trata de una prestación vitalicia para aquellos que han compartido un vínculo matrimonial o de pareja de hecho con la persona fallecida. Entre los requisitos se encuentra, por supuesto, el vínculo matrimonial o de pareja de hecho entre la persona fallecida y el solicitante (con requisitos especiales para separados); periodos mínimos de cotización o la causa del fallecimiento (por ejemplo, si la muerte tiene como causa un accidente, sea o no de trabajo; o una enfermedad profesional, no se exige período previo de cotización). La cuantía a percibir será entre el 52 y el 70% de la base reguladora, en función de si se cumplen o no una serie de requisitos. Es posible solicitar la pensión de viudedad a través de este enlace, que te permitirá además gestionar la pensión de orfandad de forma conjunta.

Pensión de orfandad

Esta prestación está dirigida a los hijos menores de 21 años o que estén incapacitados de un progenitor fallecido (o reconocidos en el matrimonio si la unión se ha celebrado dos años previos a la muerte). Se trata de una pensión compatible con la viudedad y que además, como hemos comentado, se pueden tramitar de forma simultánea, pero debes tener en cuenta que interaccionan entre sí y que varíe la cuantía final a percibir de ambas. En el caso de orfandad a causa de la violencia contra la mujer, deberás rellenar este documento y presentarlo en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social más cercano.

Otras prestaciones disponibles en 2026

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) sigue siendo una prestación económica diseñada por la Seguridad Social para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, una ayuda que busca garantizar un nivel mínimo de renta a ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica, y que ya ha llegado a más de 2,4 millones de personas. Pero no se trata de una ayuda destinada a ciudadanos de una cierta edad, sino que también puede ser otorgada a personas que, a pesar de vivir con sus progenitores, pueden ser beneficiarias de forma individual. Es la forma del Gobierno de responder a las dificultades de muchos jóvenes que no cuentan con independencia económica y laboral.

Para solicitar esta ayuda viviendo con los padres, además de haber cumplido los 23 años de edad, hay que cumplir una serie de condiciones específicas de convivencia. Aunque compartan el mismo domicilio físico, la normativa exige que el solicitante no se integre formalmente en la unidad de convivencia de sus padres para poder recibir la prestación de manera individual. Entre los requisitos civiles indispensables, el solicitante no debe estar casado, a menos que se hayan iniciado los trámites legales de separación o divorcio. Asimismo, se prohíbe que el beneficiario esté unido a otra persona como pareja de hecho registrada o que forme parte de otra unidad de convivencia distinta a la que declara.

La Seguridad Social, en este sentido, señala que una misma persona no puede formar parte de más de una unidad de convivencia de forma simultánea. Esto implica que el joven debe demostrar que mantiene una estructura económica independiente a pesar de compartir el techo familiar con sus progenitores, un matiz clave para la aprobación del expediente. Si el solicitante tiene entre 23 y 29 años, debe acreditar haber tenido residencia legal y efectiva en España de forma continuada durante el año anterior a la solicitud. Además, en este rango de edad es obligatorio haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años anteriores a la petición de la ayuda.

Se considera que una persona ha vivido de forma independiente si demuestra que su domicilio fue distinto al de sus padres durante esos dos años. Adicionalmente, debe acreditar haber estado dado de alta en la Seguridad Social, Clases Pasivas o mutualidades alternativas durante al menos doce meses dentro de ese periodo. No obstante, existen excepciones importantes a la norma de independencia previa para colectivos especialmente vulnerables: no se exige el periodo de vida independiente a quienes hayan abandonado su domicilio habitual por ser víctimas de violencia de género, de trata de seres humanos o por haber iniciado trámites de separación o divorcio.

En el caso de los ciudadanos que tengan 30 años o más, los requisitos de independencia se flexibilizan ligeramente en cuanto a los plazos exigidos. Estos solicitantes deben acreditar que, durante el año inmediatamente anterior a la petición, su domicilio en España ha sido diferente al de sus progenitores, tutores o acogedores. Existe una salvedad específica para los mayores de 30 años que regresan al domicilio familiar por causas de fuerza mayor: no será necesario cumplir el año de residencia separada si el cese de la convivencia previa con los progenitores se debió exclusivamente al fallecimiento de estos.

733,6 euros mensuales

Más allá de la convivencia, el solicitante debe encontrarse en situación de vulnerabilidad económica según los baremos oficiales de la Seguridad Social. Para ser beneficiario individual en 2026, los ingresos deben ser inferiores a la renta garantizada, que tras la revalorización se sitúa en unos 733,6 euros mensuales para un solo adulto. Con la revalorización del 11,4% prevista para 2026, la ayuda del Ingreso Mínimo Vital busca mitigar el impacto de la inflación y mejorar la inclusión de los jóvenes en precariedad. En muchos casos esta ayuda supone un alivio para un colectivo que enfrenta grandes dificultades para acceder a una vivienda y un empleo estable en la actualidad.

La mencionada cifra de 733,6 euros aumenta un 22% si existe una discapacidad igual o superior al 65%. Para las unidades de convivencia, el importe base sube un 30% por cada miembro adicional a partir del segundo, con un tope máximo del 220%. Esto supone rangos que van desde los 953,68 euros para dos adultos hasta los 1.613,92 euros en las familias de mayor tamaño. Las unidades monoparentales cuentan con un complemento especial del 22%, aplicable también en situaciones de violencia de género o gran dependencia, con importes que oscilan entre 1.115,07 y 1.775,31 euros según el número de menores a cargo. Además, se añade otro 22% adicional si algún miembro de la unidad tiene una discapacidad reconocida del 65% o más.

Por otro lado, se otorga un complemento de ayuda para la infancia por cada menor, fijado en 115 euros para menores de tres años, 80,50 euros para niños de tres a seis años y 57,50 euros hasta los dieciocho años. En casos de custodia compartida, el menor se asigna a la unidad donde esté domiciliado para el cálculo. Es crucial entender que esta ayuda de la Seguridad Social es subsidiaria: si se perciben pensiones contributivas, no contributivas o subsidios para mayores de 52 años, el ingreso mínimo vital solo cubrirá la diferencia hasta alcanzar la renta garantizada. Si los ingresos externos ya igualan o superan este límite, no se reconocerá el derecho a la prestación. 

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha consolidado como una de las prestaciones sociales más importantes en España, destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas y hogares que atraviesan dificultades económicas. Su gestión depende de la Seguridad Social y su abono se realiza mediante transferencia bancaria, lo que permite a los beneficiarios contar con un apoyo económico regular para cubrir necesidades esenciales.

El funcionamiento del IMV se enmarca dentro de un sistema de protección social orientado a reducir la pobreza y limitar la exclusión. La prestación no solo atiende a la situación económica de los beneficiarios, sino que también tiene en cuenta la composición del hogar y la situación de ingresos y patrimonio, lo que permite ajustar el importe a las circunstancias de cada unidad de convivencia.

Qué es el IMV y quién tiene derecho a él

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación económica gestionada por el Estado, diseñada para asegurar que personas y hogares con dificultades financieras dispongan de un nivel mínimo de ingresos. Su objetivo principal es ofrecer apoyo a quienes no cuentan con recursos suficientes para afrontar gastos como alimentación, vivienda o suministros básicos, garantizando así la cobertura de necesidades esenciales.

Esta ayuda está dirigida a los grupos con mayor vulnerabilidad económica, con la finalidad de contribuir a la reducción de la pobreza y limitar los riesgos de exclusión social. Pueden acceder al IMV tanto ciudadanos españoles como residentes legales en España que cumplan los criterios establecidos por la normativa, incluyendo los requisitos de ingresos, patrimonio y composición de la unidad de convivencia. La prestación se ajusta a las características de cada hogar, asegurando un respaldo económico proporcional a su situación específica.

Fechas de pago del IMV según entidades bancarias

El abono del Ingreso Mínimo Vital depende de la entidad financiera en la que el beneficiario tenga domiciliada la prestación, ya que cada banco puede decidir adelantar o ajustar los pagos dentro del rango establecido por la Tesorería General de la Seguridad Social. Esto significa que, aunque la Seguridad Social fije un periodo oficial para los ingresos, la disponibilidad del dinero en la cuenta puede variar según las políticas internas de cada institución.

En la práctica, algunas entidades suelen realizar el ingreso a partir de los primeros días del mes: Banco Santander, Ibercaja y Openbank a partir del día 7; mientras que Abanca, Banco Sabadell, Bankinter, BBVA, Caixabank, Cajamar, Cajasur, ING, Kutxabank y Unicaja lo hacen generalmente a partir del día 10. Estas entidades, mediante la Cuenta Única Centralizada de la Seguridad Social, reciben la información sobre los beneficiarios y las cuantías con antelación, lo que les permite anticipar los pagos sin esperar a la fecha oficial de “valor” establecida por la normativa.

A diferencia de otras prestaciones que se abonan en un día fijo, el IMV no cuenta con un calendario uniforme para todos los perceptores. Por ello, se recomienda a los beneficiarios consultar directamente con su entidad bancaria para confirmar la fecha exacta en la que se reflejará el ingreso. Esta medida permite organizar mejor las finanzas personales y evitar contratiempos derivados de la variación en los plazos de cobro.

Primer pago para nuevos beneficiarios

Para las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital por primera vez, el primer abono puede no coincidir con el calendario mensual habitual. Cuando la resolución de la prestación se concede a lo largo de un mes, lo habitual es que el primer pago se realice en el mes siguiente, incorporando de manera retroactiva las mensualidades correspondientes desde el momento en que se reconoce el derecho.

Si la aprobación se produce hacia finales del mes, el primer ingreso puede retrasarse hasta el mes posterior al de la resolución. Este aplazamiento no implica que se pierda ninguna cantidad; la Seguridad Social asegura que todos los importes pendientes se transfieran de manera completa. De esta forma, aunque los trámites administrativos puedan demorar el primer abono, el beneficiario recibe la totalidad de la ayuda a la que tiene derecho, incluyendo cualquier pago proporcional a los días no cubiertos previamente.

Con 2026 ya arrancado llegan algunas novedades para las personas que reciben el ingreso mínimo vital (IMV), o que lo hagan a lo largo del año. El Gobierno ha aprobado una subida general de las pensiones del 2,7%, para compensar la inflación, que será mayor entre las más bajas: las mínimas, entre un 7% y un 11,4% y las no contributivas, un 11,4%. Esta cantidad, un 11,4%, será lo que también suba el ingreso mínimo vital.

A continuación, te resumimos las novedades más relevantes sobre el IMV para el año 2026.

¿Cuánto sube el ingreso mínimo vital?

Las cantidades del ingreso mínimo vital (IMV) suben lo mismo que las pensiones no contributivas. Es decir, un 11,4%. Por ejemplo, la renta garantizada para un hogar unipersonal será de 734 euros mensuales desde este mes de enero, 75 euros más al mes respecto a los 659 euros al mes de 2025, en 12 pagas.

Hay que recordar que el IMV que cobran las familias no alcanza siempre la cantidad completa, sino que resulta de restar la renta garantizada correspondiente al tipo de hogar menos los ingresos que perciba la familia beneficiaria.

Además, existe un complemento que aumenta la cuantía de la ayuda en un 22% adicional para las familias monoparentales y para aquellas con algún miembro con discapacidad igual o superior al 65%.

¿Y el complemento de ayuda a la infancia (CAPI)?

El ingreso mínimo vital va acompañado de un complemento de ayuda a la infancia (el llamado CAPI) por cada menor de edad que reside en los hogares beneficiarios. Esta ayuda por hijo también la pueden recibir familias con hasta tres veces más renta.

En 2026, se mantienen las cuantías de la ayuda de 2025, según indica la Seguridad Social. Estas cantidades son las siguientes:

Tengo derecho, ¿cómo pido esta ayuda?

La Seguridad Social informa que, para la tramitación de esta ayuda por hijo, se debe pedir del mismo modo que se solicita el IMV:

El Ministerio ha elaborado esta guía práctica con información y un vídeo tutorial sobre cómo identificarse para solicitar el IMV a través de un formulario online, “sin necesidad de certificado digital o cl@ve”.