El cobro del Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una de las citas mensuales más relevantes para los miles de hogares que dependen de esta prestación para cubrir sus necesidades básicas. Al acercarse el final de mes, la atención se centra en el calendario de pagos, aunque la disponibilidad del dinero no es uniforme para todos los beneficiarios. La normativa de la Seguridad Social establece unos plazos de gestión, pero el momento real del ingreso varía según la entidad financiera donde se tenga domiciliada la ayuda.

Para conocer el estado de la prestación, el beneficiario puede utilizar el Simulador del Ingreso Mínimo Vital o consultar su expediente en la Sede Electrónica. El momento del cobro también puede verse afectado si existen cobros indebidos previos. La Seguridad Social puede reclamar reintegros de prestaciones percibidas erróneamente durante los últimos cuatro años. No obstante, en 2026 se mantiene la protección para familias con menores: no se exigirá el reintegro de cantidades que no superen el 65% de la cuantía de una pensión no contributiva.

Fechas de abono del ingreso mínimo vital 2026

El derecho a la prestación nace el primer día del mes siguiente a la solicitud, pero el pago efectivo de la nómina lo realiza la Seguridad Social a mes vencido. Oficialmente, la administración ordena los pagos el primer día hábil del mes. Sin embargo, dado que el 1 de mayo de 2026 cae en viernes y es festivo, el cobro oficial podría desplazarse al lunes 4.

La fecha de abono depende directamente de la política de cada banco. El sistema financiero español suele anticipar estas ayudas para que los fondos estén disponibles entre los días 24 y 26 de cada mes. Para la nómina correspondiente de mayo de 2026, las previsiones apuntan a que entidades como CaixaBank o Santander reflejen el ingreso el viernes 24 de abril. Otras como BBVA o Sabadell lo harían a lo largo del fin de semana o el lunes 27.

Durante la tramitación de las nóminas, la entidad gestora puede revisar de oficio los expedientes. Si se detectan cambios en la unidad de convivencia o discrepancias en las rentas anuales computables, la cuantía puede ser modificada o incluso suspendida. Un factor crítico en este periodo es la obligación de presentar la declaración del IRPF: incumplir esta norma durante dos ejercicios seguidos es causa directa de suspensión del derecho.

En definitiva, la fecha de cobro en mayo de 2026 será adelantada por la mayoría de la banca a la semana del 20 de abril. La rapidez en el ingreso está condicionada por la entidad bancaria, mientras que la continuidad de la ayuda depende de la residencia legal efectiva en España y la transparencia en la comunicación de ingresos y cambios patrimoniales a la Seguridad Social.

Requisitos y mantenimiento

El acceso a esta prestación no es universal; está condicionado al cumplimiento estricto de una serie de requisitos que deben mantenerse durante todo el tiempo que se perciba la ayuda. La Seguridad Social pone especial foco en tres pilares: la residencia, la edad y la vulnerabilidad económica.

Obligaciones y seguimiento

El mantenimiento del Ingreso Mínimo Vital no es automático ni permanente; está sujeto a una vigilancia continua por parte de la administración. Para garantizar la continuidad del cobro, el beneficiario debe cumplir con una serie de compromisos ineludibles:

Incidencias en el cobro

Si superado el plazo estimado por la entidad bancaria el abono no se ha hecho efectivo, el beneficiario debe iniciar un proceso de verificación para identificar si se trata de un error técnico o de una decisión administrativa.Para ello, existen tres vías principales de actuación:

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha iniciado el trámite de audiencia pública para un nuevo Real Decreto que busca actualizar el Servicio Universal de Telecomunicaciones. El proyecto plantea un salto en la velocidad mínima de conexión fija a Internet, pasando de los 10 megas por segundo (Mbps) actuales a los 100 Mbps. Fuentes del departamento que dirige Óscar López aseguran que España se convertiría en el primer país europeo en integrar esta capacidad dentro del paraguas de servicios básicos garantizados por ley.

El cambio se incluirá en la propuesta de renovación del Servicio Universal de Telecomunicaciones, es el mecanismo legal que asegura que todos los ciudadanos tengan acceso a telefonía fija e Internet con independencia de su ubicación geográfica, bajo unos estándares de calidad y a un precio asequible. Según la propuesta, este nuevo régimen entraría en vigor el 1 de enero de 2027.

Otra de las novedades del reglamento es el cambio en la designación de los operadores encargados de prestar el servicio. Hasta ahora, Telefónica era la única compañía designada para garantizar esta cobertura. El nuevo texto propone que todos los operadores tengan la obligación de ofrecer el servicio universal dentro de sus zonas de cobertura y con las características técnicas que establezca el Real Decreto.

Fuentes de Transformación Digital exponen que esta modificación responde a que “la extensa red de telecomunicaciones”, con “el despliegue de redes de fibra óptica, tecnología móvil 5G y la mejora de las prestaciones satelitales” permite liberar de esa obligación exclusiva a Telefónica para extenderla a todos los operadores. “Con ello, se refuerza la capacidad del usuario de elegir libremente al operador que en una zona esté prestando estos servicios”, añaden las mismas fuentes.

Ampliación del bono social y nuevas ayudas

En el plano económico, el proyecto amplía el paraguas de protección social al incluir a las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital entre los colectivos con derecho a tarifas bonificadas. El Gobierno propone que todos los operadores apliquen un descuento mínimo del 25% en sus tarifas para usuarios con rentas bajas, una medida que Transformación Digital estima que podrá beneficiar a unos 800.000 hogares.

La normativa también establece requisitos en materia de accesibilidad, obligando a las empresas a disponer de una oferta suficiente de terminales para personas con discapacidad. Además, tanto los operadores como las plataformas del servicio de emergencias 112 deberán incorporar la funcionalidad de texto en tiempo real antes de junio de 2027 para facilitar la comunicación a personas con dificultades auditivas o de habla.

El ingreso mínimo vital (IMV) llegó a 8.189 hogares de Cantabria en marzo, un 20,6% más que el año anterior, que percibieron una media de 587,98 euros, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos absolutos son 1.399 hogares más que el año anterior y en total se benefician 22.022 personas. El gasto total en Cantabria ascendió a 5,3 millones de euros y la nómina total en toda España supuso 495,6 millones.

Además, 5.013 de las familias beneficiarias en la comunidad recibieron el complemento de ayuda para la infancia, con una cuantía media de 112,29 euros. Los menores con este complemento totalizaron 8.478 y la ayuda media por cada uno fue de 66,40.

En España el ingreso mínimo llegó a 829.399 hogares en marzo, un 18 % más que hace un año, con una cuantía media de la prestación que se sitúa en los 543,1 euros al mes por hogar. En estos hogares viven 2,53 millones de personas, de las cuales 1,03 millones son niños y adolescentes.

En marzo, el 68 % de los titulares y el 53,4 % de los beneficiarios son mujeres y el 41 % de los beneficiarios son menores, mientras que 140.000 hogares que reciben la prestación son monoparentales, en su mayoría encabezados por mujeres.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, considera que el IMV “marca la diferencia, especialmente en la infancia”, y demuestra que el Gobierno está “donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país”. Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de 3,5 millones de personas.

En cuanto al complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del ingreso mínimo, en marzo llegó a 573.831 unidades de convivencia, con una cuantía media de 66,4 euros por cada menor y de 120,7 euros por cada hogar, según detallan las mismas fuentes.

Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años, y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,5 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. 

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en marzo a 829.399 hogares en España, de los que 5.469 están en La Rioja. En ellos viven 2.532.284 personas, 17.080 en la Comunidad autónoma riojana, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La cuantía media de la prestación ha sido de 543,14 euros al mes por hogar en España y de 553,30 euros en la Comunidad riojana. En conjunto, la nómina actual ha ascendido a 495,6 millones de euros (3.565.690 euros en La Rioja).

Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino en La Rioja. En marzo, un 57,3 por ciento de los titulares han sido mujeres (3.131), frente a los 2.338 titulares hombres.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de 3,5 millones de personas (3.546.408) en España.

Protección reforzada a la infancia

El IMV constituye de forma particular una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores existentes en la unidad de convivencia. Actualmente, el 42,2% de los beneficiarios en La Rioja son menores de edad, lo que supone 7.206 niñas, niños y adolescentes protegidos por esta prestación. En España, esa cifra alcanza el 41%.

Además, en el tercer mes del año, de los 5.469 hogares beneficiarios de IMV en La Rioja, 852 son hogares monoparentales y en 2.815 viven menores. “El Ingreso Mínimo Vital marca la diferencia especialmente en la infancia. Hoy, el 41% de los beneficiarios son menores y en casi siete de cada diez hogares protegidos hay niños y niñas. Esto significa que estamos actuando donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país”, afirma la ministra Elma Saiz.

El complemento de ayuda para la infancia refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En marzo, 573.831 hogares lo recibieron en España, de los cuales, 3.686 estaban en La Rioja. La ayuda media en La Rioja fue de 66,24 euros por menor y 130,59 euros por hogar conmenores, mientras que en España fue de 66,4 euros y de 120,7 euros, respectivamente.

Este complemento puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

“El IMV no es solo una prestación, es una red que evita la exclusión, que da estabilidad a las familias y que permite que miles de personas puedan construir un proyecto de vida con más seguridad. El Complemento de Ayuda Para la Infancia refuerza precisamente eso, porque sabemos que invertir en la infancia es invertir en igualdad de oportunidades”, asegura la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Ingreso Mínimo Vital y los jóvenes

La media de edad de los beneficiarios del IMV en España es de 28,5 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,1 años.

Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.

“El IMV también está siendo una palanca real para muchos jóvenes que están en situación de vulnerabilidad. La edad media de los beneficiarios es de apenas 28 años, y si miramos más allá de los titulares de la prestación, baja incluso a los 20. Esto nos dice que estamos llegando a quienes están empezando su vida adulta sin recursos suficientes. El IMV les da algo tan fundamental como un punto de apoyo para no quedarse atrás. Es más que una ayuda económica, hablamos de oportunidades y de evitar que una generación quede atrapada en la exclusión”, señala Saiz.

Requisitos generales para solicitar el IMV

El IMV es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace más de cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal,efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.

Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes. El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde el mes de mayo los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha consolidado como una de las principales ayudas sociales en España, destinada a garantizar unos ingresos mínimos a los hogares en situación de vulnerabilidad. Cada mes, miles de beneficiarios esperan el ingreso en su cuenta bancaria, pero lo cierto es que no existe una única fecha exacta de cobro: depende tanto del calendario oficial como de la entidad financiera.

De cara a abril de 2026, la pregunta vuelve a repetirse: ¿cuándo se cobra el IMV? La respuesta combina normativa, práctica bancaria y algunas variaciones habituales que conviene tener en cuenta para no llevarse sorpresas.

El calendario oficial de la Seguridad Social

Según establece la normativa de la Seguridad Social, el Ingreso Mínimo Vital se abona en los primeros días de cada mes. En concreto, el reglamento fija que las prestaciones deben pagarse entre el día 1 y el 4 del mes correspondiente.

Esto significa que, en condiciones normales, el ingreso correspondiente a abril de 2026 debería recibirse entre el 1 y el 4 de mayo. No obstante, esta es solo la referencia oficial: en la práctica, la fecha real puede variar.

Además, el IMV se paga en 12 mensualidades mediante transferencia bancaria, lo que implica que cada mes sigue el mismo patrón general de abono.

Por qué no todos cobran el mismo día

Aunque la Seguridad Social ordena el pago dentro de ese margen de días, el momento en que el dinero llega a la cuenta depende directamente de cada banco. Es decir, la fecha final no es única para todos los beneficiarios.

En los últimos años, muchas entidades financieras han optado por adelantar el abono de prestaciones como el IMV. Esta práctica, que se generalizó durante la pandemia, se ha mantenido y hace que algunos usuarios reciban el dinero incluso antes de que comience el mes.

Por ejemplo, en meses recientes como marzo de 2026, algunas entidades han adelantado el ingreso a los días 23, 24 o 25 de febrero, mientras que otras lo han realizado más cerca de final de mes o ya en los primeros días de marzo.

Este patrón permite anticipar qué puede ocurrir en abril: habrá beneficiarios que vean el dinero en su cuenta durante la última semana de marzo y otros que lo reciban en los primeros días de abril.

Previsión de pago del IMV en abril de 2026

Respecto a la previsión para el cobro del IMV en abril de 2026, se prevé que Bankinter realice el abono a partir del día 23 de abril; CaixaBank y Banco Santander se espera que realicen el ingreso el viernes 24 de abril; BBVA y Banco Sabadell es previsible que lo hagan los días 24 y 25 de abril; ING, Abanca y Cajasur, por su parte, a partir del día 25 de abril y Unicaja el último día hábil del mes, que en este caso sería el jueves 30 de abril.

En definitiva, lo más habitual será recibir el ingreso entre finales de abril y los primeros días de mayo, dependiendo de la entidad financiera. También hay que tener en cuenta que si los primeros días del mes coinciden con festivos o fines de semana, como en esta ocasión, siendo el viernes 1 de mayo festivo nacional, el pago puede retrasarse ligeramente hasta el siguiente día hábil.

Qué ocurre si es la primera vez que se cobra

En el caso de nuevos beneficiarios, el funcionamiento del IMV introduce una particularidad importante: el primer pago puede incluir atrasos. Cuando la Seguridad Social aprueba la solicitud, el derecho al cobro se genera desde el mes siguiente a la fecha de presentación. Esto implica que el primer ingreso puede ser superior al habitual, al incluir cantidades acumuladas de meses anteriores.

Por ejemplo, si una solicitud se resuelve en marzo pero corresponde a meses previos, el beneficiario puede recibir en abril tanto la mensualidad ordinaria como los atrasos correspondientes.

Una ayuda clave para miles de hogares

El IMV nació en 2020 con el objetivo de reducir la pobreza y la exclusión social, y desde entonces se ha convertido en una prestación esencial para cientos de miles de familias en España.

En 2026, la cuantía base para un beneficiario individual supera los 8.800 euros anuales, aumentando en función del número de miembros de la unidad de convivencia. Además, la ayuda puede complementarse con el denominado complemento de ayuda a la infancia, que incrementa la prestación en función de la edad de los menores a cargo.

Obligaciones para mantener el IMV

Más allá de las fechas de cobro, los beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos para mantener la ayuda. Uno de los más importantes es la obligación de presentar la declaración de la renta cada año, incluso si no se alcanza el mínimo exigido en otros casos.

El incumplimiento de esta obligación puede suponer la suspensión o incluso la pérdida definitiva de la prestación, lo que convierte este trámite en un elemento clave dentro del calendario anual del IMV.

También es necesario comunicar cualquier cambio en la situación personal o económica, como variaciones en los ingresos, cambios de domicilio o modificaciones en la unidad de convivencia.

Un calendario flexible pero previsible

Aunque a primera vista puede parecer confuso, el calendario del IMV sigue una lógica bastante estable. La clave está en diferenciar entre la fecha oficial —marcada por la Seguridad Social— y la fecha real de ingreso, que depende del banco.

Para abril de 2026, esa diferencia vuelve a ser determinante: mientras algunos beneficiarios cobrarán antes de que termine abril, otros tendrán que esperar a los primeros días de mayo.

En cualquier caso, el patrón se repite mes a mes, lo que permite anticipar el cobro con bastante precisión. Y, en un contexto en el que esta ayuda resulta fundamental para muchas familias, conocer estas fechas no es solo una cuestión práctica, sino también una forma de organizar mejor la economía doméstica.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación cuyo objetivo es prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Diseñada por la Seguridad Social, esta ayuda busca garantizar un nivel mínimo de renta a aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, abriendo una vía para que puedan cubrir sus necesidades básicas. Desde su aprobación, esta prestación ha beneficiado a más de 2,4 millones de personas en más de 800.000 hogares, según la última estadística publicada en febrero por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Entre los beneficiados, está el grupo de solicitantes mayores de 23 años que comparten domicilio con sus padres o un familiar.

Tal y como detalla el estudio del INSS, la media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,5 años, “lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión”, valoran desde el Instituto. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad media de aquellos que se benefician de esta ayuda desciende a los 20,1 años.

Los nuevos requisitos del IMV facilitan, precisamente, el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el periodo de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de tres a dos años.

Requisitos para solicitantes mayores de 23 años

Para aquellos jóvenes de 23 años que convivan con sus padres y deseen solicitar la ayuda, deberán cumplir una serie de condiciones:

Guía para solicitar el IMV

Es posible tramitar el IMV desde la web de la Seguridad Social. Antes de poder solicitarla, el portal hace pasar al usuario por un simulador, para conocer si es candidato para recibir esta prestación. Una vez el solicitante haya comprobado que cumple los requisitos de residencia, de estado civil y de ingresos, podrá formalizar su solicitud. En general, necesitará la siguiente documentación para acreditar que cumple con los requisitos:

Con esta documentación localizada, el futuro beneficiario podrá empezar a gestionar el trámite de la subvención. En primer lugar, deberá acceder a la sección de Ingreso Mínimo Vital en la página web de Prestaciones de la Seguridad Social. Tras esto, tendrá que seleccionar la opción “Solicitar” y escoger la opción “Ingreso Mínimo Vital y Complemento de ayuda a la infancia”.

Una vez en el portal para la solicitud del IMV, se le preguntará por la provincia de residencia. Tras esto se le llevará al simulador, en el que deberá lo siguiente:

Tras estas preguntas, el simulador informará al solicitante de si es un candidato para recibir el IMV. Después deberá identificarse como “solicitante” o como “representante” del beneficiario, introduciendo los datos de su documento de identidad. También deberá facilitar un correo electrónico, y confirmarlo a base de un código de verificación que se le enviará a su bandeja de entrada.

Tras esto, deberá hacerse una fotografía con su documento de identidad en la mano, posando tal y como especifica el sitio web. Finalmente, deberá aportar los dos de la documentación necesarios para terminar de formalizar la solicitud, y firmar el formulario de manera electrónica.

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en febrero a 5.286 hogares en La Rioja en los que viven 16.559 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 556,48 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes en la comunidad autónoma ha ascendido a 3.280.590,83 euros.

Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, se puede decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino. En febrero, el 57,3% de los titulares (3.029) y el 52,5% de los beneficiarios (8.689) son mujeres en La Rioja.

En febrero de este año 2026, había 634 prestaciones activas más en la región que hace un año, al haber aumentado el número de hogares protegidos en 13,63%. Este porcentaje es similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 14,64% (2.115) desde enero de 2025.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a 23.336 personas en La Rioja, cerca de 3,5 millones de personas (3.482.781) en España.

Contexto: mujer y pobreza

La Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 realizada por el Instituto Nacional de Estadística confirma una reducción en España de la tasa de pobreza entre las mujeres en edad de trabajar respecto a 2024.

La evolución de los indicadores consolida una tendencia de mejora general. En este contexto, el IMV refuerza su papel como instrumento clave para combatir la vulnerabilidad económica femenina, especialmente en las familias monoparentales, que perciben un complemento del 22%. En el 96% de estos hogares, la única persona adulta es una mujer.

Protección reforzada a la infancia

“El IMV constituye de forma particular una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores existentes en la unidad de convivencia”, han destacado desde la Delegación del Gobierno en La Rioja. Actualmente, el 42,3% de los beneficiarios en La Rioja son menores de edad, lo que supone 7.006 niñas, niños y adolescentes protegidos por esta prestación.

En el segundo mes del año, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (3.570 hogares, el 67,5% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 883 son hogares monoparentales.

El complemento de ayuda para la infancia refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En febrero, 3.580 hogares riojanos lo recibieron, con una ayuda media de 66 euros por menor y de 129,7 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

Este complemento puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 4.841,8 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

El Ingreso Mínimo Vital y los jóvenes

La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28, años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 19,5 años.

Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Además, se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.

Requisitos generales para solicitar el IMV

El IMV es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace más de cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.

Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.

El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde el mes de mayo los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.

Con la llegada de marzo de 2026, miles de personas en España que perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se preparan para recibir la ayuda correspondiente a este mes. Esta prestación, gestionada por la Seguridad Social, busca garantizar un nivel mínimo de ingresos a quienes enfrentan dificultades económicas, proporcionando un respaldo que permite cubrir gastos esenciales como alimentación, vivienda y servicios básicos. Para muchos beneficiarios, conocer la fecha exacta de abono es clave para organizar sus finanzas y asegurar que puedan cumplir con sus compromisos mensuales.

El IMV se entrega de forma automática cada mes y sigue un patrón general de pagos que garantiza la continuidad de la prestación. Sin embargo, la disponibilidad del dinero en la cuenta bancaria puede variar según la entidad financiera, lo que genera cierta expectativa entre los beneficiarios sobre cuándo podrán disponer de los fondos. Marzo llega con la misma importancia que otros meses del año, ya que esta prestación representa para muchas familias un apoyo estable que contribuye a planificar gastos y afrontar la rutina económica con mayor seguridad.

Qué cubre el Ingreso Mínimo Vital y quién puede solicitarlo

El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda económica mensual que busca garantizar un ingreso básico para aquellas personas y familias que enfrentan dificultades económicas. Su finalidad principal es proporcionar un respaldo que permita cubrir necesidades esenciales, como la alimentación, la vivienda y los servicios de primera necesidad, asegurando un mínimo de estabilidad financiera. Esta prestación está pensada especialmente para quienes presentan una situación económica más vulnerable, contribuyendo a disminuir la pobreza y a reducir los riesgos de exclusión social.

Pueden acceder al IMV tanto ciudadanos españoles como personas con residencia legal en España que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Entre estos se incluyen límites máximos de ingresos y patrimonio, así como la evaluación de la composición de la unidad familiar, de manera que la prestación se adapte a las circunstancias particulares de cada hogar. Además, se exige que los solicitantes cumplan con criterios de edad y residencia. Esto asegura que la prestación llegue a quienes realmente la necesitan y que la cuantía otorgada sea proporcional a la situación concreta de cada beneficiario.

Fechas de pago del IMV según entidades bancarias

Aunque la Seguridad Social gestiona el abono del IMV, la fecha exacta en la que cada beneficiario recibe el dinero depende de la entidad bancaria donde tenga domiciliada la prestación. Para marzo de 2026, las fechas varían según el banco: en Bankinter se espera el pago el 23 de marzo; en Banco Santander, la operación se procesa la noche del 23, con valor efectivo el día 24; en CaixaBank, la ayuda se abona el 24 de cada mes; BBVA realiza la transferencia el día 25; y Unicaja suele acreditar el IMV el último día hábil del mes, que previsiblemente será el 31 de marzo.

Estas variaciones responden a la programación interna de cada banco y a la forma en que procesan las órdenes de la Tesorería General de la Seguridad Social. Algunos bancos adelantan los ingresos unos días para que los fondos estén disponibles con antelación, mientras que otros se ajustan al calendario oficial. Esto significa que, aunque todos los beneficiarios recibirán la ayuda en marzo, la fecha concreta de disponibilidad puede diferir entre entidades. Por ello, resulta recomendable consultar con la propia entidad para conocer el momento exacto en que se reflejará el ingreso.

Primer pago para quienes son beneficiarios por primera vez

Las personas que solicitan el IMV por primera vez pueden experimentar un calendario de pagos distinto al de quienes ya reciben la prestación de forma regular. Cuando la resolución que concede la ayuda se dicta a lo largo de un mes, el primer abono suele realizarse en el mes siguiente, incluyendo todas las mensualidades pendientes desde que se reconoció el derecho. Esto asegura que ningún beneficiario pierda parte de la ayuda correspondiente a los días anteriores.

Si la resolución llega hacia el final del mes, es posible que el primer pago se retrase hasta el mes siguiente, aunque el importe total se abonará íntegramente. La administración garantiza que se transfieran todas las cantidades pendientes, incluyendo la proporción correspondiente a los días que no se habían cubierto previamente. Por lo tanto, aunque la transferencia inicial pueda demorarse por trámites administrativos, los nuevos beneficiarios reciben la totalidad de la prestación, lo que les permite organizar sus gastos con certeza y seguridad desde el primer ingreso.

Hace meses que Sumar presiona para que el Gobierno apruebe una ayuda universal a la crianza. El Ejecutivo ya aprobó en noviembre una declaración institucional en la que abogaba por poner en marcha esta prestación y hoy la ha incluido en la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible. Pero la ayuda, por ahora, está lejos de ser una realidad.

Aunque algunos medios se han apresurado a titular hoy que la prestación ya se ha aprobado, e indican quien podría cobrarla o como optar a ella, lo cierto es que se trata de una propuesta que no se ha concretado más allá de un objetivo a largo plazo. No hay ninguna prestación ya en marcha.

La estrategia de cara a 2030 aprobada este martes fija un centenar de metas y 10 objetivos principales. Uno de ellos es la lucha contra la pobreza infantil, en la que se incorpora como aspiración una prestación universal por crianza para que llegue a todas las familias con hijos menores a su cargo. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha alegado que esta medida se ha aplicado en otros países y que se trata de una herramienta eficaz. Desde el ministerio señalan que esta medida debe ir acompañada de un modelo fiscal redistributivo, progresivo y justo.

En noviembre una declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros por el Día Internacional de los Derechos de la Infancia el 20 de noviembre, el Gobierno apuesta por ampliar el apoyo a las familias y destaca algunas medidas para hacer frente a la pobreza infantil, como el Complemento de Ayuda para la Infancia del Ingreso Mínimo Vital, “mientras se avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal”.

En aquel momento, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya dijo que antes de “reformular cualquier otra prestación en materia de pobreza infantil” había que evaluar las ayudas que hay actualmente.

“Tenemos que evaluar el rendimiento que han tenido los instrumentos que en este momento muy cuantiosos hemos puesto en marcha” y “si hay que mejorarlo en una sola prestación habría que hacer una refundación de todos estos complementos en alguna otra prestación se llamara como se llamara”, afirmó.

El Gobierno no tiene sobre la mesa proyecto de presupuestos aún, así que la medida ni siquiera está contemplada a corto plazo. Además, las palabras de Montero sugieren que Sumar tiene aún que vencer algunas resistencias dentro del Gobierno para poder siquiera iniciar la tramitación de esta ayuda.

¿Cuál es la propuesta de Sumar?

En la negociación de los presupuestos entre los partidos de la coalición de Gobierno, Sumar ya propuso que todas las familias perciban 200 euros al mes por cada hijo, hasta que cumplan 18 años, independientemente de su renta.

En su programa electoral ya recogían esta medida: “Impulso de una prestación por crianza, para luchar por la erradicación de la pobreza infantil. Se cobrará hasta los 18 años y unificará en una única ayuda el actual complemento de ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital y la deducción por maternidad en el IRPF”.

Un estudio elaborado por Unicef calcula que un aumento del ingreso mínimo vital del 40% por cada hijo en el hogar reduciría la pobreza monetaria (vivir con ingresos un 60% inferiores a la renta mediana del país) en 1,8 puntos porcentuales, mientras que una prestación universal de 200 euros al mes por hijo lo haría casi cuatro veces más, en 7,1 puntos.

Respecto al actual nivel de 29,2% de menores en pobreza monetaria en España, esta ayuda de 200 euros mensuales por niño supondría, por tanto, sacar a algo más de medio millón de menores de esta situación de precariedad y vulneración de derechos, alrededor de 540.0000 niños, según los cálculos de Unicef.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) sigue siendo un apoyo fundamental para miles de familias y personas en España que atraviesan dificultades económicas. Cada mes, los beneficiarios esperan la llegada de esta ayuda, que garantiza un nivel mínimo de ingresos para cubrir necesidades básicas y mantener la estabilidad del hogar. Conocer la fecha exacta de abono resulta clave para organizar gastos y planificar la economía familiar.

En febrero de 2026, el calendario de pagos del IMV dependerá de la entidad bancaria en la que esté domiciliada la prestación. Aunque la Seguridad Social establece pautas generales, cada banco fija su propio día de transferencia, lo que puede generar pequeñas diferencias en la disponibilidad de los fondos. Este detalle es especialmente importante para quienes acceden al IMV por primera vez, ya que el primer abono puede variar respecto al calendario habitual.

Qué es el Ingreso Mínimo Vital y quién puede recibirlo

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una ayuda económica que el Estado otorga para garantizar un nivel básico de ingresos a personas y familias que enfrentan dificultades financieras. Su propósito es permitir que los beneficiarios puedan cubrir gastos esenciales, como la alimentación, la vivienda y los servicios básicos, asegurando una protección mínima frente a situaciones de precariedad.

Esta prestación se centra en quienes presentan mayor vulnerabilidad económica, con la intención de reducir la pobreza y limitar la exclusión social. Pueden solicitarla tanto ciudadanos españoles como residentes legales en España que cumplan con los criterios establecidos por la ley, que incluyen límites de ingresos, patrimonio y la composición del hogar. Además, la cuantía se ajusta a la situación concreta de cada unidad familiar, adaptándose a sus necesidades específicas para ofrecer un respaldo proporcional.

Fechas de pago del IMV según entidades bancarias

En febrero de 2026, las fechas en las que los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibirán la prestación dependen de la entidad bancaria en la que tengan domiciliada la ayuda, ya que cada institución establece su propio calendario de abono. Esto genera diferencias en el día exacto en que los fondos se reflejan en las cuentas de los beneficiarios.

Por ejemplo, en Unicaja el pago se realiza habitualmente el último día hábil del mes, lo que en febrero corresponde al día 27. En BBVA, el ingreso coincide con el pago de las pensiones, situándose este mes el abono el día 25, adelantando la transferencia respecto a la fecha estándar de la Seguridad Social. Para Bankinter, el abono mensual está previsto también para el día 27, mientras que Banco Santander inicia la disponibilidad de los fondos entre la madrugada del 20 y el 21 de febrero, registrándose la fecha de operación oficial y valor el lunes 23. Por último, CaixaBank tiene programado el pago para el 24 de febrero.

Cómo se realiza el primer abono del IMV

Las personas que acceden al Ingreso Mínimo Vital por primera vez pueden recibir su primer pago en una fecha distinta al calendario mensual habitual. Cuando la resolución de concesión se produce durante el transcurso de un mes, la transferencia inicial normalmente se efectúa en el mes siguiente, incluyendo todas las mensualidades pendientes desde el momento en que se reconoce el derecho a la prestación.

Si la aprobación llega hacia finales del mes, el primer abono puede demorarse hasta el mes siguiente, pero esto no implica que se pierda ninguna cuantía. La Seguridad Social se encarga de que se transfieran todos los importes acumulados correspondientes al periodo ya reconocido. De esta forma, aunque los procesos administrativos puedan retrasar la llegada del dinero, los nuevos beneficiarios reciben el importe total al que tienen derecho.

Desde la Seguridad Social se administran el grueso de las pensiones y prestaciones contributivas y no contributivas del sistema. Tal y como definen desde el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, son un conjunto de medidas diseñadas para “prever, reparar o superar determinadas situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos”. En concreto, suelen tratarse de prestaciones que abordan contingencias que suponen un exceso de gastos o una pérdida de ingresos de las personas que las sufren.

Aunque las prestaciones más comúnmente conocidas son las pensiones por jubilación, las de incapacidad permanente o el Ingreso Mínimo Vital, desde la Seguridad Social también se ofrecen ayudas para un gran número de escenarios.

Para acceder a cualquier tipo de ayuda es necesario cumplir con los requisitos de afiliación, alta y cotización exigidos para cada caso concreto. En prestaciones de carácter indefinido, el ciudadano debe mantener dichas condiciones durante todo el tiempo de su percepción. Si su situación cambia, deberá notificarlo a la Seguridad Social.

Listado completo de prestaciones de la Seguridad Social

El listado de acciones protectoras de la Seguridad Social cubre un gran abanico de situaciones de necesidad previstas por la legislación vigente. Recuerda que es posible consultarlo de forma completa a través de su página web, donde figuran los requisitos para pedir cada prestación, sus características, plazos y cómo se gestionan. Estas son las ayudas vigentes este 2026:

Ingreso mínimo vital (IMV)

Se trata de una prestación ideada para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de individuos que viven solos o que están integrados en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. La cuantía a percibir es la diferencia entre la renta garantizada (que este año se ha establecido en 733,60 para un adulto que vive solo) y los ingresos del solicitante. Para solicitarla deberás visitar esta página o rellenar esta solicitud y presentarla tras pedir cita en tu Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) más cercano.

Pensión de jubilación

Se trata de una prestación vitalicia a percibir cuando se cesa el trabajo al alcanzar la edad establecida, a fin de cubrir la pérdida de ingresos originada por el cese de la actividad laboral. Existe un régimen general (para jubilaciones ordinarias, anticipadas, flexibles, parciales, etc) y uno especial (para autónomos, los trabajadores del Mar, y los de la Minería de Carbón). La cuantía de esta ayuda depende de un gran número de variables, como la base reguladora y los años trabajados, por lo que puedes calcular cuál sería tu cuantía aquí. Para solicitarla, puedes pedir cita en tu Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) más cercano o en esta página web.

Incapacidad permanente

Esta prestación pretende cubrir la pérdida de rentas salariales o profesionales de una persona que ve reducida o anulada su capacidad laboral a causa de un proceso patológico o traumático derivado de una enfermedad o accidente. De forma similar a las pensiones por jubilación, existe un régimen general y uno especial para autónomos, los trabajadores del Mar, y los de la Minería de Carbón. Existen distintos grados de incapacidad (permanente parcial, permanente total, permanente absoluta y gran incapacidad), que determinan los requisitos para acceder a esta prestación y la cuantía a percibir. El grado de incapacidad lo determinan los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) de cada Comunidad Autónoma, compuestos por médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Para solicitarla, deberás rellenar este formulario y presentarlo tras pedir cita en Centro de Atención e Información de la Seguridad Social más cercano.

Pensión de viudedad

Se trata de una prestación vitalicia para aquellos que han compartido un vínculo matrimonial o de pareja de hecho con la persona fallecida. Entre los requisitos se encuentra, por supuesto, el vínculo matrimonial o de pareja de hecho entre la persona fallecida y el solicitante (con requisitos especiales para separados); periodos mínimos de cotización o la causa del fallecimiento (por ejemplo, si la muerte tiene como causa un accidente, sea o no de trabajo; o una enfermedad profesional, no se exige período previo de cotización). La cuantía a percibir será entre el 52 y el 70% de la base reguladora, en función de si se cumplen o no una serie de requisitos. Es posible solicitar la pensión de viudedad a través de este enlace, que te permitirá además gestionar la pensión de orfandad de forma conjunta.

Pensión de orfandad

Esta prestación está dirigida a los hijos menores de 21 años o que estén incapacitados de un progenitor fallecido (o reconocidos en el matrimonio si la unión se ha celebrado dos años previos a la muerte). Se trata de una pensión compatible con la viudedad y que además, como hemos comentado, se pueden tramitar de forma simultánea, pero debes tener en cuenta que interaccionan entre sí y que varíe la cuantía final a percibir de ambas. En el caso de orfandad a causa de la violencia contra la mujer, deberás rellenar este documento y presentarlo en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social más cercano.

Otras prestaciones disponibles en 2026

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) sigue siendo una prestación económica diseñada por la Seguridad Social para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, una ayuda que busca garantizar un nivel mínimo de renta a ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica, y que ya ha llegado a más de 2,4 millones de personas. Pero no se trata de una ayuda destinada a ciudadanos de una cierta edad, sino que también puede ser otorgada a personas que, a pesar de vivir con sus progenitores, pueden ser beneficiarias de forma individual. Es la forma del Gobierno de responder a las dificultades de muchos jóvenes que no cuentan con independencia económica y laboral.

Para solicitar esta ayuda viviendo con los padres, además de haber cumplido los 23 años de edad, hay que cumplir una serie de condiciones específicas de convivencia. Aunque compartan el mismo domicilio físico, la normativa exige que el solicitante no se integre formalmente en la unidad de convivencia de sus padres para poder recibir la prestación de manera individual. Entre los requisitos civiles indispensables, el solicitante no debe estar casado, a menos que se hayan iniciado los trámites legales de separación o divorcio. Asimismo, se prohíbe que el beneficiario esté unido a otra persona como pareja de hecho registrada o que forme parte de otra unidad de convivencia distinta a la que declara.

La Seguridad Social, en este sentido, señala que una misma persona no puede formar parte de más de una unidad de convivencia de forma simultánea. Esto implica que el joven debe demostrar que mantiene una estructura económica independiente a pesar de compartir el techo familiar con sus progenitores, un matiz clave para la aprobación del expediente. Si el solicitante tiene entre 23 y 29 años, debe acreditar haber tenido residencia legal y efectiva en España de forma continuada durante el año anterior a la solicitud. Además, en este rango de edad es obligatorio haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años anteriores a la petición de la ayuda.

Se considera que una persona ha vivido de forma independiente si demuestra que su domicilio fue distinto al de sus padres durante esos dos años. Adicionalmente, debe acreditar haber estado dado de alta en la Seguridad Social, Clases Pasivas o mutualidades alternativas durante al menos doce meses dentro de ese periodo. No obstante, existen excepciones importantes a la norma de independencia previa para colectivos especialmente vulnerables: no se exige el periodo de vida independiente a quienes hayan abandonado su domicilio habitual por ser víctimas de violencia de género, de trata de seres humanos o por haber iniciado trámites de separación o divorcio.

En el caso de los ciudadanos que tengan 30 años o más, los requisitos de independencia se flexibilizan ligeramente en cuanto a los plazos exigidos. Estos solicitantes deben acreditar que, durante el año inmediatamente anterior a la petición, su domicilio en España ha sido diferente al de sus progenitores, tutores o acogedores. Existe una salvedad específica para los mayores de 30 años que regresan al domicilio familiar por causas de fuerza mayor: no será necesario cumplir el año de residencia separada si el cese de la convivencia previa con los progenitores se debió exclusivamente al fallecimiento de estos.

733,6 euros mensuales

Más allá de la convivencia, el solicitante debe encontrarse en situación de vulnerabilidad económica según los baremos oficiales de la Seguridad Social. Para ser beneficiario individual en 2026, los ingresos deben ser inferiores a la renta garantizada, que tras la revalorización se sitúa en unos 733,6 euros mensuales para un solo adulto. Con la revalorización del 11,4% prevista para 2026, la ayuda del Ingreso Mínimo Vital busca mitigar el impacto de la inflación y mejorar la inclusión de los jóvenes en precariedad. En muchos casos esta ayuda supone un alivio para un colectivo que enfrenta grandes dificultades para acceder a una vivienda y un empleo estable en la actualidad.

La mencionada cifra de 733,6 euros aumenta un 22% si existe una discapacidad igual o superior al 65%. Para las unidades de convivencia, el importe base sube un 30% por cada miembro adicional a partir del segundo, con un tope máximo del 220%. Esto supone rangos que van desde los 953,68 euros para dos adultos hasta los 1.613,92 euros en las familias de mayor tamaño. Las unidades monoparentales cuentan con un complemento especial del 22%, aplicable también en situaciones de violencia de género o gran dependencia, con importes que oscilan entre 1.115,07 y 1.775,31 euros según el número de menores a cargo. Además, se añade otro 22% adicional si algún miembro de la unidad tiene una discapacidad reconocida del 65% o más.

Por otro lado, se otorga un complemento de ayuda para la infancia por cada menor, fijado en 115 euros para menores de tres años, 80,50 euros para niños de tres a seis años y 57,50 euros hasta los dieciocho años. En casos de custodia compartida, el menor se asigna a la unidad donde esté domiciliado para el cálculo. Es crucial entender que esta ayuda de la Seguridad Social es subsidiaria: si se perciben pensiones contributivas, no contributivas o subsidios para mayores de 52 años, el ingreso mínimo vital solo cubrirá la diferencia hasta alcanzar la renta garantizada. Si los ingresos externos ya igualan o superan este límite, no se reconocerá el derecho a la prestación. 

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha consolidado como una de las prestaciones sociales más importantes en España, destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas y hogares que atraviesan dificultades económicas. Su gestión depende de la Seguridad Social y su abono se realiza mediante transferencia bancaria, lo que permite a los beneficiarios contar con un apoyo económico regular para cubrir necesidades esenciales.

El funcionamiento del IMV se enmarca dentro de un sistema de protección social orientado a reducir la pobreza y limitar la exclusión. La prestación no solo atiende a la situación económica de los beneficiarios, sino que también tiene en cuenta la composición del hogar y la situación de ingresos y patrimonio, lo que permite ajustar el importe a las circunstancias de cada unidad de convivencia.

Qué es el IMV y quién tiene derecho a él

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación económica gestionada por el Estado, diseñada para asegurar que personas y hogares con dificultades financieras dispongan de un nivel mínimo de ingresos. Su objetivo principal es ofrecer apoyo a quienes no cuentan con recursos suficientes para afrontar gastos como alimentación, vivienda o suministros básicos, garantizando así la cobertura de necesidades esenciales.

Esta ayuda está dirigida a los grupos con mayor vulnerabilidad económica, con la finalidad de contribuir a la reducción de la pobreza y limitar los riesgos de exclusión social. Pueden acceder al IMV tanto ciudadanos españoles como residentes legales en España que cumplan los criterios establecidos por la normativa, incluyendo los requisitos de ingresos, patrimonio y composición de la unidad de convivencia. La prestación se ajusta a las características de cada hogar, asegurando un respaldo económico proporcional a su situación específica.

Fechas de pago del IMV según entidades bancarias

El abono del Ingreso Mínimo Vital depende de la entidad financiera en la que el beneficiario tenga domiciliada la prestación, ya que cada banco puede decidir adelantar o ajustar los pagos dentro del rango establecido por la Tesorería General de la Seguridad Social. Esto significa que, aunque la Seguridad Social fije un periodo oficial para los ingresos, la disponibilidad del dinero en la cuenta puede variar según las políticas internas de cada institución.

En la práctica, algunas entidades suelen realizar el ingreso a partir de los primeros días del mes: Banco Santander, Ibercaja y Openbank a partir del día 7; mientras que Abanca, Banco Sabadell, Bankinter, BBVA, Caixabank, Cajamar, Cajasur, ING, Kutxabank y Unicaja lo hacen generalmente a partir del día 10. Estas entidades, mediante la Cuenta Única Centralizada de la Seguridad Social, reciben la información sobre los beneficiarios y las cuantías con antelación, lo que les permite anticipar los pagos sin esperar a la fecha oficial de “valor” establecida por la normativa.

A diferencia de otras prestaciones que se abonan en un día fijo, el IMV no cuenta con un calendario uniforme para todos los perceptores. Por ello, se recomienda a los beneficiarios consultar directamente con su entidad bancaria para confirmar la fecha exacta en la que se reflejará el ingreso. Esta medida permite organizar mejor las finanzas personales y evitar contratiempos derivados de la variación en los plazos de cobro.

Primer pago para nuevos beneficiarios

Para las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital por primera vez, el primer abono puede no coincidir con el calendario mensual habitual. Cuando la resolución de la prestación se concede a lo largo de un mes, lo habitual es que el primer pago se realice en el mes siguiente, incorporando de manera retroactiva las mensualidades correspondientes desde el momento en que se reconoce el derecho.

Si la aprobación se produce hacia finales del mes, el primer ingreso puede retrasarse hasta el mes posterior al de la resolución. Este aplazamiento no implica que se pierda ninguna cantidad; la Seguridad Social asegura que todos los importes pendientes se transfieran de manera completa. De esta forma, aunque los trámites administrativos puedan demorar el primer abono, el beneficiario recibe la totalidad de la ayuda a la que tiene derecho, incluyendo cualquier pago proporcional a los días no cubiertos previamente.

Con 2026 ya arrancado llegan algunas novedades para las personas que reciben el ingreso mínimo vital (IMV), o que lo hagan a lo largo del año. El Gobierno ha aprobado una subida general de las pensiones del 2,7%, para compensar la inflación, que será mayor entre las más bajas: las mínimas, entre un 7% y un 11,4% y las no contributivas, un 11,4%. Esta cantidad, un 11,4%, será lo que también suba el ingreso mínimo vital.

A continuación, te resumimos las novedades más relevantes sobre el IMV para el año 2026.

¿Cuánto sube el ingreso mínimo vital?

Las cantidades del ingreso mínimo vital (IMV) suben lo mismo que las pensiones no contributivas. Es decir, un 11,4%. Por ejemplo, la renta garantizada para un hogar unipersonal será de 734 euros mensuales desde este mes de enero, 75 euros más al mes respecto a los 659 euros al mes de 2025, en 12 pagas.

Hay que recordar que el IMV que cobran las familias no alcanza siempre la cantidad completa, sino que resulta de restar la renta garantizada correspondiente al tipo de hogar menos los ingresos que perciba la familia beneficiaria.

Además, existe un complemento que aumenta la cuantía de la ayuda en un 22% adicional para las familias monoparentales y para aquellas con algún miembro con discapacidad igual o superior al 65%.

¿Y el complemento de ayuda a la infancia (CAPI)?

El ingreso mínimo vital va acompañado de un complemento de ayuda a la infancia (el llamado CAPI) por cada menor de edad que reside en los hogares beneficiarios. Esta ayuda por hijo también la pueden recibir familias con hasta tres veces más renta.

En 2026, se mantienen las cuantías de la ayuda de 2025, según indica la Seguridad Social. Estas cantidades son las siguientes:

Tengo derecho, ¿cómo pido esta ayuda?

La Seguridad Social informa que, para la tramitación de esta ayuda por hijo, se debe pedir del mismo modo que se solicita el IMV:

El Ministerio ha elaborado esta guía práctica con información y un vídeo tutorial sobre cómo identificarse para solicitar el IMV a través de un formulario online, “sin necesidad de certificado digital o cl@ve”.

Se acerca 2026 y con él varias novedades para las personas que cobran una pensión o el ingreso mínimo vital (IMV), o que lo hagan a partir de enero. El Gobierno ha aprobado una subida general de las pensiones del 2,7%, para compensar la inflación, aunque las más bajas aumentarán más: las mínimas, entre un 7% y un 11,4%% y las no contributivas, un 11,4%%, que será lo que también suba el ingreso mínimo vital. Entre los cambios de este próximo año, destaca el inicio del nuevo periodo de cómputo opcional, que se reguló en la reforma de pensiones de 2023, pero que aún no había empezado a desplegarse.

A continuación, resumimos algunas de las novedades más relevantes sobre pensiones para el año 2026.

¿Cuánto aumentan las pensiones?

En 2026, las pensiones subirán en general un 2,7%, que es el dato de inflación media del año anterior y la referencia aprobada en la reforma de pensiones de 2021 para mantener el poder adquisitivo de sus beneficiarios. Hay más de 9,4 millones de pensionistas en España y, aunque la gran mayoría son jubilados, estas prestaciones incluyen más tipos: incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

La subida del 2,7% supondrá, aproximadamente, “572 euros adicionales al año” para las personas con la pensión media de jubilación, que se sitúa alrededor de los 1.500 euros al mes. Son casi 41 euros más al mes, ya que las pensiones se abonan en 14 pagas, con la extra de verano y la de Navidad.

¿Cuánto suben las pensiones mínimas?

Más que el resto. Este año, el Gobierno ha aprobado un incremento del 7%, que en las “pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares” alcanza el 11,4%, indica la Seguridad Social.

Por ejemplo, a partir de enero, la pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales aumenta en casi 62 euros al mes: queda fijada en 936,2 euros brutos al mes frente a los 874,4 euros mensuales de 2025. En el caso de la pensión mínima con cónyuge a cargo aumenta en 129 euros al mes, hasta situarse en 1.256,6 euros al mes (en 2025, ha sido de 1.127,6 euros al mes). Aquí se puede consultar el cuadro con todas las modalidades.

“Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizarán también en un 7,07% para 2026, lo que supone alcanzar los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes”, añade la Seguridad Social.

En la reforma de pensiones de 2023 se pactó una senda de incrementos independiente para estas prestaciones, las más bajas del nivel contributivo, y también para las pensiones no contributivas, con el objetivo de aproximarlas al umbral de la pobreza. Así se ha hecho desde 2023 y se mantendrá hasta 2027.

¿Y las no contributivas?

Las pensiones no contributivas ascienden un 11,4%. Así, en 2026, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez íntegra, en su modalidad no contributiva, aumenta en 64 euros al mes y queda establecida en 629 euros al mes, frente a los 564,7 euros mensuales de 2025.

¿Cuánto aumenta el ingreso mínimo vital?

Las cuantías del ingreso mínimo vital (IMV) suben lo mismo que las pensiones no contributivas. Es decir, un 11,4%. Por ejemplo, la renta garantizada para un hogar unipersonal alcanzará los 734 euros mensuales en 2026, 75 euros más al mes respecto a los 659 euros al mes de este año, en 12 pagas.

Hay que recordar que el IMV que cobran las familias no es siempre esta cantidad, sino que resulta de restar la renta garantizada correspondiente al tipo de hogar menos los ingresos que perciba la familia beneficiaria.

Además, hay un complemento que aumenta la cuantía de la ayuda en un 22% adicional para las familias monoparentales y para aquellas con algún miembro con discapacidad igual o superior al 65%.

¿Y el complemento de ayuda a la infancia (CAPI)?

El ingreso mínimo vital va acompañado de un complemento de ayuda a la infancia (el llamado CAPI) por cada menor de edad en los hogares beneficiarios. Esta ayuda por hijo también la pueden recibir familias con hasta tres veces más renta.

En 2026, se mantienen las cuantías de la ayuda de 2025, indican en la Seguridad Social. Son:

¿Cómo queda la pensión máxima?

La pensión máxima del sistema rozará los 3.360 euros al mes, en 14 pagas, o 47.034 euros anuales. Se trata de 92 euros más al mes que en 2025, un 2,815% más respecto a los 3.268 euros mensuales de este año.

El incremento de la pensión máxima es algo superior a la subida general (2,7%) porque en el segundo bloque de la reforma de pensiones se acordó que los sueldos más altos fueran cotizando más al sistema de la Seguridad Social y, en paralelo, las pensiones máximas también irían aumentando algo más. Así, su aumento es del IPC medio más un 0,115 puntos porcentuales cada año.

No obstante, este incremento del 2,815% solo se aplica a las nuevas pensiones máximas del sistema, ya que es una compensación por la mayor cotización que se está aplicando desde 2024 a los salarios más altos. Las pensiones máximas ya reconocidas aumentarán un 2,7%, como el resto de pensiones.

Además, puede haber pensiones por encima del nuevo máximo del sistema, esos 3.360 euros mensuales: aquellas que perciban además el complemento contra la brecha de género en las pensiones.

¿Y el complemento para reducir la brecha de género?

Aumenta un 2,7%, como la subida general de las pensiones. Se trata de un plus por hijo en las cuantías de las pensiones regulado en 2021 –para sustituir al anterior de maternidad– que se asigna principalmente a las mujeres, aunque también lo pueden percibir hombres. 

Este complemento aumenta en un euro al mes su cuantía respecto a 2025 y llegará a los 36,9 euros al mes por hijo en 2026. Este plus está ahora mismo siendo objeto de revisión por el Gobierno tras la sentencia europea que consideró que era discriminatorio para los hombres. Tras este fallo, el complemento se está reconociendo a más padres que a madres.

Arranca el nuevo periodo de cómputo opcional

A partir del 1 de enero se inicia el nuevo periodo de cómputo dual u opcional que reguló la reforma de pensiones de 2023. Este consiste en que, en los próximos años, los trabajadores podrán jubilarse teniendo en cuenta los actuales últimos 25 años de la carrera laboral para calcular su pensión o elegir los mejores 27 años dentro de los últimos 29, según cuál sea la más beneficiosa. Esta segunda opción se desplegará progresivamente a partir de 2026 y, desde 2044, el periodo que quedará será solo el segundo.

Este 2026, el periodo de cómputo se podrá calcular con los últimos 304 meses cotizados (25,33 años), de los que podrán descartarse dos meses, o seguir optando por los 25 años vigentes. La Seguridad Social aplicará de oficio la opción más beneficiosa para el pensionista.

¿Cuál será la edad de jubilación?

La edad legal para la jubilación ordinaria subirá dos meses en 2026, hasta los 66 años y diez meses cumplidos. Se trata del último paso del periodo de transición iniciado en 2013 para alcanzar la meta de los 67 años en 2027.

Las carreras más largas de cotización, de aquellas personas que hayan cotizado 38 años y 3 meses o más, se mantendrá en 65 años.

Así, en 2026 se podrá acceder a la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 64 años y 10 meses para aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, y de los 63 años cuando hayan alcanzado este umbral. Es decir, dos años antes de la edad ordinaria y siempre que se cumpla el resto de requisitos.

¿Cómo quedan las penalizaciones por jubilación anticipada?

En el caso de las personas con derecho a la pensión máxima, desde 2024 –fruto de la reforma de pensiones de 2021– las penalizaciones (o coeficientes reductores) por jubilarse anticipadamente de manera voluntaria se están ampliando poco a poco.

En 2026, las penalizaciones máximas –por anticipar dos años el retiro– irán del 9,1% al 6,7%, según los años cotizados.

En 2026, las pensiones mínimas subirán entre un 7% y un 11,4%, y las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) se incrementarán en un 11,4%%, ha explicado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, en su primera rueda de prensa como nueva portavoz del Gobierno. Se trata de una de las múltiples medidas que ha aprobado este martes el Ejecutivo de coalición en el último Consejo de Ministros de 2025, como la prórroga de las actuales cuotas de los autónomos, que de momento se mantienen congeladas.

Así, como en los últimos años, las pensiones más bajas seguirán aumentando más que el resto, que de manera general subirán un 2,7% para compensar la inflación. El objetivo es reducir su distancia con el umbral de la pobreza, uno de los pactos de la reforma de pensiones de 2023, que se plasmó en un compromiso gradual hasta el año 2027.

Elma Saiz ha explicado que el Gobierno ha aprobado en un macrodecreto la subida de las pensiones (desde la general del 2,7% a la mayor para las prestaciones más bajas) y también la prórroga a varias medidas del llamado “escudo social”, como la prohibición de los desahucios a familias vulnerables en 2026 y la ampliación del bono energético.

Cómo quedan las pensiones mínimas y no contributivas

En concreto, las pensiones mínimas se incrementarán en 2026 “más de un 7%” y, en el caso de algunas pensiones, como las mínimas con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares, el incremento alcanzará el “11,4%”.

Ese mismo aumento, del 11,4%, es el que se aplicará a las pensiones no contributivas y a la revalorización anual del ingreso mínimo vital, la renta estatal contra la pobreza, ha detallado la titular de la Seguridad Social y nueva portavoz.

Las cuotas de autónomos, congeladas de momento

Elma Saiz también ha confirmado que, al menos en el inicio de 2026, las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos se mantienen congeladas con las mismas cuantías de este 2025. La tabla de cuotas según los ingresos de los trabajadores por cuenta propia “no sufre cambios respecto a 2025”, ha sostenido Saiz en su intervención inicial.

Se mantiene por tanto sin avances la brecha entre lo que cotizan y lo que ganan estos trabajadores, especialmente entre quienes tienen mayores ganancias, lo que se traduce en menor protección social para estas personas (bajas por enfermedad o pensión) y un déficit de ingresos para las cuentas públicas.

Tras la polémica en la negociación de estas cuotas a partir de 2026, por las primeras propuestas del Ministerio de la Seguridad Social, el Gobierno ha pospuesto el debate de esta reforma para enfado de las organizaciones progresistas de autónomos (UPTA y UATAE) y, al menos de momento, se prorrogan las actuales cotizaciones.

“La protección de los autónomos está indisolublemente unida a las cuotas, a sus cotizaciones, que van directamente a esta protección social. En este sentido, seguimos trabajando con el colectivo”, ha afirmado la ministra de la Seguridad Social. Saiz ha afirmado que, “dadas las fechas” y ante la falta de un pacto, se han prorrogado las actuales cuotas, pero ha confiado en poder encontrar “un acuerdo a lo largo del año”, por lo que parece que estas podrían cambiar durante 2026.

La jubilación anticipada de bomberos forestales

El Consejo de Ministros también ha aprobado la cotización adicional de los agentes medioambientales y los bomberos forestales para que puedan acceder a la jubilación anticipada por actividades penosas y peligrosas.

“Un colectivo que cada año, pero especialmente este verano, se jugó la vida para proteger nuestros pueblos, nuestros bosques, nuestras casas ante los devastadores incendios que sufrimos”, ha dicho Saiz. “Una medida que es justa y de la que me siento especialmente orgullosa”, ha afirmado la responsable de la Seguridad Social.

Además, para el personal sanitario, se amplía un año más la posibilidad de que los facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras, puedan compatibilizar la pensión de jubilación con su trabajo. “Lo hacemos porque creemos que es beneficioso y ha dado unos resultados muy favorables. Entre 2023 y 2025, hay más de 1.200 profesionales que se han acogido a esta medida”, ha afirmado Saiz.

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en noviembre a 7.791 hogares de Cantabria en los que viven 20.980 personas, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La cifra supone un incremento interanual del 20,7% en el número de hogares y del 20,79% en el de beneficiarios.

La cuantía media de la prestación en la comunidad es de 524,57 euros al mes por hogar, y el importe total abonado este mes suma 4,51 millones de euros. Desde junio de 2020, cuando se puso en marcha el IMV en plena pandemia, la Seguridad Social ha destinado 196,7 millones a estas ayudas en Cantabria, que han alcanzado a 30.965 personas.

En noviembre se han abonado 7.791 prestaciones en hogares cántabros con un total de 20.980 convivientes, lo que supone un ratio de 2,69 beneficiarios por ayuda. Además, casi el 63% de los hogares (4.906) han recibido el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), con una cuantía media mensual de 116,72 euros por hogar.

Las mujeres representan la mayoría de las personas titulares del IMV en la comunidad: el 71% en noviembre (5.222), frente a 2.269 hombres. Entre el total de beneficiarios, el 54,68% son mujeres (11.472) y 9.507 son hombres.

El 87% de los titulares de la prestación son de nacionalidad española (6.781), frente a 1.008 extranjeros. Entre los 20.980 beneficiarios totales, casi el 38,2% son menores, en concreto 8.013.

Datos nacionales

A nivel nacional, el número de hogares que percibe el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha crecido un 18,1% en el último año hasta alcanzar a 785.722, y 2,4 millones de personas beneficiarias (+18,7%).

En concreto, en noviembre hubo 120.214 prestaciones activas más que las que había hace un año y se han sumado 378.838 beneficiarios. La cuantía media de la prestación es de 485 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 406,1 millones de euros.

Tanto por las características de los titulares como de los beneficiarios, el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 67,9% de los titulares (533.681) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.420.373.

Según el ministerio, el Ingreso Mínimo Vital constituye una “herramienta esencial” en la lucha contra la pobreza, “especialmente la infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores de la unidad de convivencia”. Actualmente, el 40,8% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 980.194 niños y adolescentes protegidos por esta prestación.

“La pobreza infantil es la expresión más dura de la desigualdad y el IMV es clave para combatirla: cerca del 41% de sus beneficiarios son menores y en la mayoría de los hogares donde se percibe la prestación viven niños o adolescentes”, ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En noviembre, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (538.873 hogares, el 68,6% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 133.078 son hogares monoparentales, la mayoría encabezados por mujeres, que asumen en solitario la crianza y cuidado de los hijos e hijas.

A esta protección se suma el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). En noviembre, 553.300 hogares recibieron el CAPI, con una ayuda media de 68,3 euros por menor y de 126,10 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

Desde su puesta en marcha, el IMV ha dado cobertura a más de 3,3 millones de personas, de las que más de 1,4 millones son niños y adolescentes.

En los tres últimos años, desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que es estatal, se han reducido más de 170.000 beneficiarios en todo el país y trece comunidades autónomas han disminuido su gasto en rentas mínimas de inserción. Entre ellas se encuentra Castilla-La Mancha, que ocupa la tercera posición en disminución de esa partida.

Concretamente, el Gobierno castellanomanchego ha reducido más de un 88% su presupuesto rentas mínimas. Este porcentaje de recorte solo lo superan la Comunidad de Madrid, con un 95% menos, y la de Aragón, con un 92,6% de reducción. En el otro extremo, sólo cuatro comunidades aumentan su presupuesto: Canarias (un 139,1% más), Baleares (58,4%), Comunitat Valenciana (8,7%) y País Vasco (4,7%).

Los datos los ha hecho públicos la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales con el último Informe de Rentas Mínimas de Inserción del Ministerio de Derechos Sociales.

Este documento desvela asimismo que en tres autonomías, las rentas mínimas de inserción ni siquiera alcanzan el 1% de las personas bajo el umbral de la pobreza. En este caso, Castilla-La Mancha encabeza la lista: su presupuesto en este sentido respecto apenas llega al 0,1% de esa población diana.

La asociación explica que la reducción de estas partidas en la mayor parte de las comunidades autónomas supone que, en los tres años desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, se “quiebre” la tendencia al alza que se registraba desde 2011, con una pérdida global de casi 400 millones de euros.

Además, contrasta con otro dato, y es que únicamente el 6,1% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado las rentas mínimas de inserción que ofrecen las autonomías. Este porcentaje, añade, se está reduciendo desde el 2015, tras alcanzar ese año su nivel más alto con un 8,7%, salvo en el año de la pandemia (2020).

“Pobreza y exclusión social son conceptos diferentes, aunque exista una clara relación entre ellos especialmente cuando la pobreza se agudiza, cuando se concentra en un mismo entorno familiar o comunitario o cuando coexisten factores personales que dificultan la integración. Por eso la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, que viene a aliviar situaciones de pobreza, hubiera sido la oportunidad de destinar los recursos de las rentas mínimas de inserción de las regiones a implementar políticas y actuaciones eficaces de inclusión social, más allá de la aportación de recursos económicos a personas con rentas bajas”, explica.

En Castilla-La Mancha se han perdido 9 de cada 10 beneficiarios

Pero los datos dicen otra cosa. Desde el año 2020 se han reducido un 33,1% las personas perceptoras de rentas mínimas. En esta reducción destaca Madrid con una reducción del 95,3%, Castilla-La Mancha donde se han perdido 9 de cada 10 beneficiarios, Andalucía (con un 87,2% menos) y Castilla y León (con un 81,7% menos). De hecho, solo tres comunidades han aumentado el número de perceptores en este período: Comunitat Valencicana, País Vasco, Catalunya, Navarra y Canarias.

La cuantía media por persona perceptora de las rentas mínimas de insercion en el conjunto de España supone el 15,3% de la renta media por hogar en el país. También en este aspecto, el documento apunta que las diferencias entre autonomías son extremas.

Las cuantías más altas en relación con la renta media de los hogares de sus territorios son Baleares (33,6%), Catalunya (18,8%) y Canarias (18,1%). Las que menos, Madrid (9,4%), Murcia (9,2%) y, el caso más extremo, Aragón, donde la cuantía de sus rentas mínimas sólo representa el 1,4% de la renta media de los hogares de su territorio.

Tras el desarrollo del Pacto por la reactivación económica y el empleo 2021-2024 impulsado en la región para contrarrestar los efectos de la Crisis por Covid-19 y cuyos efectos, tal y como hemos comprobado en los recientes datos sobre pobreza y exclusión publicados el pasado 17 de octubre, aún no alcanzan a más de un tercio de la población, se pone en marcha el 'Acuerdo Castilla-La Mancha, Horizonte 2030', que pretende responder a los retos que la región tiene ante sí en los próximos años. Por ello, desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en la región castellanomanchega (EAPN), aplaudimos estas necesarias iniciativas, a las que queremos incorporar un humilde paquete de medidas muy concretas para completar el Eje 7 'Sociedad del Bienestar'. Son propuestas realistas, medibles y económicamente realizables, pero sobre todo, útiles para cambiar las vidas de demasiada gente. Aprovechando que estamos en un momento de preparación de los Presupuestos Generales de la Junta, creemos que es hora de apostar fuerte por mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

La primera medida parte de la premisa del gurú de la gestión Peter Druker –“Lo que no se mide, no mejora”- por lo que proponemos un Observatorio Regional de la Pobreza y la Exclusión, es decir, un “cerebro” para seguir los datos en tiempo real, evaluar qué funciona y corregir el rumbo cuando haga falta, publicando al menos un informe anual y recomendaciones operativas para que la administración pueda tomar decisiones informadas.

La segunda propuesta tiene que ver con el necesario refuerzo en materia de psicología/psiquiatría en Atención Primaria, incluyendo nuevos centros de salud mental comunitaria, un hospital de día infanto-juvenil y unidades móviles para el medio rural con el fin de reducir listas de espera, prevenir crisis y mejorar la calidad de vida, especialmente en jóvenes. Se trata de la medida más costosa, pero la salud es clave en el bienestar de las personas y comunidades.

En paralelo a la anterior, proponemos el acceso sociosanitario en zonas rurales despobladas a través de telemedicina y teleasistencia en consultorios y domicilios, dotada de equipos itinerantes médico-sociales, con puntos comarcales de atención sociosanitaria y transporte a demanda coordinado con citas, que permitan la igualdad territorial real: vivir en un pueblo no puede ser una desventaja para la salud y los apoyos sociales.

La cuarta propuesta debería ser la primera, ya que un Plan integral contra la pobreza infantil que alcanza ya a dos de cada cinco niños de la región, y debe estar compuesta por una prestación autonómica por hijo a cargo complementaria al Ingreso Mínimo Vital (IMV), becas comedor durante 12 meses, material y conectividad, ampliación 0 a 3 años para familias vulnerables y equipos de intervención y acompañamiento familiar para reducir drásticamente la pobreza infantil y cortar su reproducción entre generaciones, por lo que no se debería escatimar esfuerzos en mejorar el futuro de todos.

Como complemento a la anterior, queremos atender a las situaciones de pobreza energética, evitando que haya “ni un hogar a oscuras”, y donde proponemos ayudas de emergencia reforzadas, acuerdo de no cortes para hogares vulnerables, rehabilitación energética gratuita de viviendas y oficinas de asesoramiento energético, con lo que queremos lograr cero cortes a familias vulnerables y reducción fuerte de hogares que no pueden mantener temperatura adecuada.

Por último, una propuesta de mejora en la gestión para disponer de una atención sociosanitaria integrada (una sola puerta), donde existan equipos conjuntos Sanidad-Servicios Sociales, con gestor/a de casos, historia clínica-social compartida y atención domiciliaria coordinada, que permita reducir ingresos evitables, agilización de las altas y cuidados centrados en la persona.

Estas seis propuestas que hacemos al 'Acuerdo Castilla-La Mancha, Horizonte 2030' se basan en las lógicas compartidas con el gobierno de reducir la pobreza de la ciudadanía y reducir la desigualdad territorial, mejorar la salud (también mental), apoyar a las familias y a la dignidad y eficiencia de los hogares dignos, y por supuesto, disponer de unos servicios públicos eficientes que trabajan juntos en lugar de en paralelo. Todo ello con indicadores claros y evaluación anual para rendir cuentas.

Creemos que el momento de revisión presupuestaria actual es la oportunidad. Con una inversión bien dirigida y sostenida, Castilla-La Mancha puede dar un salto en cohesión social y mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. Desde EAPN-CLM proponemos estas palancas y nos ofrecemos a colaborar en su despliegue y seguimiento, ya que reducir la pobreza no es un eslogan: es una decisión política respaldada por recursos, datos y compromiso colectivo.

En España hay unos 220.000 hogares que, pese a ser pobres por su nivel de renta, con escasísimos ingresos, no pueden recibir el ingreso mínimo vital (IMV) debido a un requisito más desconocido para acceder a la ayuda: su nivel de patrimonio, excluida la vivienda habitual. Este patrimonio puede ser una casa en el pueblo, por ejemplo, y otras propiedades “sin liquidez inmediata”, explica el catedrático de Economía Luis Ayala, que está investigando esta exclusión con un equipo de la UNED y de la Universidad de Alcalá de Henares.

El IMV se dirige a personas en situación de pobreza severa, con ingresos muy bajos. Sin embargo, el criterio de renta no es el único para acceder a la prestación, ya que también hay otro requisito de partida que mide el nivel de patrimonio y activos de los solicitantes. Cuando los demandantes cumplen estos dos criterios, la Seguridad Social analiza al detalle sus hogares, criterios como la “unidad de convivencia” y otros supuestos, para conceder o no finalmente la renta mínima estatal.

El equipo de investigadores que acompaña a Luis Ayala se han detenido en analizar quiénes se quedan fuera de la ayuda por su patrimonio pese a cumplir los umbrales de renta, como explicó el catedrático de la UNED en un acto sobre el IMV organizado por el Consejo General de Economistas y Fedea. El estudio, aún en elaboración, se basa en información “del Panel de hogares de la Agencia Tributaria, correspondientes a 2022”, detalla Luis Ayala en conversación con elDiario.es.

El IMV llegó en septiembre a unos 777.000 hogares, por lo que esa cifra de 220.000 es una cantidad significativa respecto a los que perciben la ayuda.

Un requisito poco frecuente en las rentas mínimas

El catedrático de Economía de la UNED señala que “no es muy usual” que los programas de renta mínima tengan este doble criterio de acceso de renta y patrimonio, ni a nivel autonómico, ni tampoco en otros países. En España hay un precedente en “la Ley de Dependencia”, indica Ayala, y a nivel internacional los investigadores están estudiando los casos de “Alemania y Bélgica”.

“Lo que sabemos de otros estudios es que, en Alemania, este umbral de patrimonio también excluye a bastante gente, deja fuera a un 25% de los que sí cumplen renta. En Bélgica el dato es mucho menor, del 7%”, sostiene el economista.

Luis Ayala considera que el criterio de patrimonio no debe entenderse como “una manera de tener un programa más restrictivo”, sino que es un enfoque sobre “cómo valoras la situación económica, las circunstancias económicas de los posibles solicitantes”. En este sentido, el Ministerio de la Seguridad Social estableció este criterio para evitar que personas que pudieran tener rentabilidad de ciertos activos o patrimonios más allá de la vivienda habitual accediera a una ayuda pensada para las personas en pobreza con más necesidad.

“Pero al establecer ese criterio, lo que se está suponiendo es que quien tenga algún tipo de patrimonio va a tener una liquidez casi inmediata para hacer frente a cualquier necesidad económica, y eso en la práctica no es así. Lo que nosotros encontramos es que estas personas que quedan excluidas por el criterio de patrimonio, muchas de ellas no tienen esa capacidad de ahorro ni de liquidez”, explica el catedrático.

La casa del pueblo o la casa heredada con tus hermanos

Un ejemplo frecuente de estas exclusiones es el de los solicitantes que tienen “una casa en el pueblo”, indica Luis Ayala. Así lo confirman los colectivos RMI Tu Derecho y ATD Cuarto Mundo, que acompañan a personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Aunque las exclusiones por patrimonio no son los casos más frecuentes que acuden a sus organizaciones, sí conocen varios de ellos.

“Por ejemplo una persona que perdió el IMV porque es heredero de una casa compartida en la que viven sus hermanos. Además está en Canarias y él vive en Madrid. ¿Qué va a hacer? ¿Echar a sus hermanos? También hemos conocido algún caso más de personas que tienen una casa en el pueblo, pueblos muy pequeños que no tienen ningún valor patrimonial en realidad de venta. Estas situaciones sabemos que existen”, cuenta Hontanarez Arranz, activista de ATD Cuarto Mundo, organización que ha presentado una reclamación colectiva contra España frente al Consejo de Europa por las devoluciones del IMV.

“En el momento que tengas una casa en el pueblo, o parte de una herencia, eso te excluye del ingreso mínimo vital por patrimonio. Hay mucha gente que tiene acceso al CAPI (el complemento de ayuda a la infancia), pero no al ingreso mínimo vital, porque puedes acceder con tres veces más patrimonio”, confirma por su parte Roberto Borda, de RMI Tu Derecho.

Borda destaca que, en ocasiones, se trata de “patrimonio anclado en un pueblo, que no hay forma de deshacerse de él”. No obstante, el activista también reivindica “el derecho a tener raíces” de las personas en pobreza, que en muchas ocasiones no pueden vivir en estos pueblos por la falta de oportunidades laborales y deben mudarse a otras ciudades, donde viven sin apenas ingresos ni acceso a esta ayuda.

El catedrático Luis Ayala subraya que en la práctica “a veces es muy difícil transformar en liquidez inmediata” estas propiedades, por lo que propone replantear este criterio de acceso. Por ejemplo, si se quiere mantener el requisito de patrimonio, el investigador plantea la posibilidad de elevar los umbrales actuales, que considera bajos. Un hogar de un adulto no puede tener patrimonio que supere los 20.353 euros. “Todavía no tenemos los datos, pero estamos simulando escenarios en los que elevamos ese umbral. Por ejemplo, qué sucedería si estuviera en 50.000 euros, lo que seguramente reduciría bastante la exclusión”, sostiene el economista.