La regularización extraordinaria se ha adentrado en una nueva fase esta semana. De los casi 1,2 millones de peticiones, la Administración ha admitido más de 609.000 y ha respondido de manera favorable a cerca de 11.000. A medida que el Ejecutivo acelere el envío de resoluciones, como se ha comprometido, y cada vez más personas reciban el sí definitivo, todas ellas tendrán que acudir a una ventanilla que es clave para finiquitar su regularización: las comisarías de extranjería, con el objetivo de obtener su tarjeta física identificativa (TIE). Un paso que, de no cambiar el actual funcionamiento del sistema, no será fácil.

El trámite de la toma de huellas en comisaría, imprescindible para que la Policía Nacional emita el documento de identidad de los extranjeros regularizados, ya está empezando a dar problemas y corre el riesgo de convertirse en el próximo cuello de botella del proceso, según han denunciado ONG y sindicatos a elDiario.es. La causa no es nueva, el problema lleva años diagnosticado y sus efectos angustian a cientos de miles de ciudadanos en cada gestión mucho antes de la regularización extraordinaria: la falta de citas para los trámites de extranjería. Desde hace más de una década, pero especialmente tras la pandemia, conseguir una cita en comisaría para realizar gestiones específicas de la población inmigrante se ha convertido en un proceso exasperante, marcado por horas de intentos fallidos para lograr un turno. Una situación de la que se aprovechan grupos organizados que tratan de hacer negocio del fallo del sistema, a través de la venta de citas, lo que a su vez agrava aún más el problema.

“El Gobierno anunció que iban a tardar 15 días en responder sobre la admisión a trámite de las solicitudes y no ha sido así. Tenemos muchos expedientes que llevan esperando respuesta desde el inicio del plazo. Cuando contesten todo ese stock, no va a haber citas suficientes en extranjería para la toma de huellas. Si nunca las hay, si ahora mismo no hay para los trámites habituales, qué pasará cuando cientos de miles de personas lo necesiten casi de golpe”, dice con preocupación Victoria Columba, una de las portavoces del movimiento Regularización YA. El Gobierno defiende que trabajan de manera coordinada para solucionar los previsibles atascos.

Maira acaba de recibir las resoluciones favorables del proceso sus dos hijas, de 7 y 14 años. Las niñas son parte de las cerca de 11.000 personas a las que el Gobierno ha dado la luz verde definitiva para la regularización, lo que se traduce en la concesión de un permiso de residencia de cinco años, más largo que el permiso otorgado a los adultos. Pero su proceso no acaba aquí. Para consolidar ese derecho, la colombiana debe acompañar a sus niñas a comisaría con el objetivo de registrar sus huellas y solicitar sus tarjetas identificativas. Y para eso necesita una cita.

“Tengo alivio porque sé que mis hijas ya están. Tienen una residencia, están completamente regulares... Pero ahora tengo otro dolor de cabeza: pensar en sacar la cita”, explica la mujer, que llegó a Madrid con su familia en febrero de 2023. “Recibí la resolución y de una vez empecé a mirar si podía sacar citas. Y no. Es que no hay citas por ningún lado”, lamenta la colombiana.

La arbitrariedad del sistema para acceder a una cita de manera electrónica, la falta de recursos suficientes en las comisarías y la venta ilegal de turnos obliga a miles de inmigrantes a pasar días delante del ordenador en su intento de encontrar un hueco disponible. Muchos dedican horas durante la madrugada, porque el boca a boca dice que es uno de los momentos donde la Policía vuelca nuevos turnos en la plataforma. Se trata de un problema que, pese a las constantes denuncias y la publicación de numerosas informaciones al respecto, ni el Ministerio del Interior y ni las Delegaciones del Gobierno han atendido lo suficiente.

A su vez, la situación ha generado un nicho de mercado entre particulares, locutorios, abogados y gestorías que ofrecen citas a través de plataformas como Wallapop, Mil Anuncios o Facebook. Los precios oscilan entre los 30 y los 200 euros, dependiendo del servicio y del tipo de anunciante. Los grupos organizados suelen utilizar bots para comprar los turnos de manera masiva, que luego venden de manera ilegal por Internet, lo que obstaculiza aún más el acceso a una cita sin pagar a cambio.

Y este es el panorama que se encontrarán, de no tomar medidas suficientes, los cientos de miles de personas que se prevé que recibirán una resolución favorable de la regularización en los próximos meses o incluso semanas, en función del ritmo de respuesta, que el Gobierno defiende que se incrementará tras el cierre del plazo. El movimiento impulsor del proceso, Regularización YA, advierte de que el avance del proceso aumentará la demanda de estos “servicios” irregulares de venta de citas.

La maratón de pedir una cita

La inquietud de Maira viene de su propia experiencia: ella ya atravesó la carrera de obstáculos necesaria hasta plasmar sus huellas en comisaría. La colombiana obtuvo un permiso por arraigo por la vía habitual el pasado mes de marzo y, después de sentarse frente al ordenador cada día durante distintas horas para tratar de encontrar un hueco disponible en toda la Comunidad de Madrid, logró un turno disponible. Describe con detalle el momento en que lo logró: era un lunes a las siete de la mañana. Hizo la gestión casi automática, como cada día, pero esa vez aparecía un hueco disponible. “Ingresé y había una cita para el 14 de julio, meses después. Me tocó lejísimos, en Coslada, pero hay que agarrar lo que sea. Normalmente, solo tenemos 5 o 7 minutos para rellenar todos los datos que pide y tomar la cita porque, si no, se la asignan a otro”, detalla la colombiana para describir el complejo proceso. “Y todo esto fue entrando a todas horas, todos los días. Revisar y encontrar siempre el mismo mensaje de 'No hay citas disponibles'.

A diez días para finiquitar su propio proceso, Maira arranca una nueva maratón para conseguir culminar el de sus hijas. “Tenemos miedo de que ahora nos pase lo mismo. Deseamos que las resoluciones que lleguen de ahora en adelante, ojalá lo puedan aprobar, lleguen de una vez, directamente con una cita para huellas, porque es muy complicado”, añade.

Ante la previsible escasez de citas y las trabas denunciadas por las ONG, la secretaria de Estado Migraciones, Pilar Cancela, ha defendido que el Ministerio de Inclusión —responsable del procedimiento de regularización— está trabajando en coordinación con el de Interior —competente en la emisión de las tarjetas identificativas— para “garantizar que las personas accedan a la siguiente fase del procedimiento”. Desde los equipos de la cartera dirigida por Elma Saiz reconocen el problema histórico en relación con las citas de extranjería y confían en que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska tome las medidas necesarias para acelerar la emisión de documentos que exige el pico de demanda ligado a la regularización.

Primeras medidas de Interior

El día posterior al cierre del plazo para acogerse a la regularización, Interior dio un primer paso para flexibilizar los requisitos exigidos para la obtención de la tarjeta identificativa del extranjero en el caso de los beneficiarios de la regularización. Además de la falta de citas, otro de los asuntos que inquietaban a los solicitantes y las ONG que les acompañan era la obligación de presentar el certificado de empadronamiento y un pasaporte en vigor. Estas condiciones de la Policía Nacional chocaban con uno de los aspectos que caracterizaron al procedimiento extraordinario: la relajación de los trámites que normalmente se piden en estos procesos y que suelen ser un obstáculo para muchas personas migrantes irregulares. Algunas de estas era, precisamente, el empadronamiento, debido a las trabas con las que se chocan para registrarse en el padrón; o la exigencia de presentar un documento en vigor, ante la dificultad para renovar sus pasaportes para los nacionales de determinados países.

Tras meses de peticiones por parte del Movimiento Regularización Ya y otras organizaciones, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó este miércoles una instrucción que fija los criterios necesarios para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) a los beneficiarios de la regularización. En teoría, la orden interna flexibiliza los requisitos más problemáticos.

Según fuentes de Interior, las personas acogidas a la regularización “deberán acreditar su identidad mediante la presentación del pasaporte en vigor”, pero en caso de carecer de él “también se podrá aportar un pasaporte caducado, siempre que se acompañe de documentación acreditativa de la solicitud de renovación, como justificantes de cita consular, correos del consulado o resguardos de solicitud”. Este medio ha pedido al Ministerio el texto literal de la instrucción, para confirmar el margen de interpretación de la directriz -pues es habitual que cada comisaría de extranjería funcione de forma distinta en función de la provincia o en función de cada agente de turno-, pero la respuesta ha sido negativa al tratarse de un documento interno.

Para quienes obtengan la respuesta favorable en el procedimiento extraordinario, la Policía Nacional tampoco exigirá el empadronamiento en todos los casos, aunque sí en algunos. “El domicilio que figurará en la TIE será el aportado por la persona extranjera en el momento de la solicitud de regularización, el mismo que consta en la autorización de residencia”, explican las mismas fuentes. “Solo en el caso de que en el impreso de solicitud de la TIE se consigne un domicilio diferente, este será recabado electrónicamente por la Administración o se corroborará mediante la aportación del certificado o volante de empadronamiento del ayuntamiento, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la tramitación de la TIE”, añaden desde Interior sobre el contenido de la instrucción interna.

El “plan de choque” de Policía Nacional

La Dirección General de la Policía Nacional activó lo que describen como un “plan de choque” para responder al incremento a la demanda de trámites ligados a la regularización. Sin embargo, ese incremento de la necesidad de citas de extranjería en los próximos meses se produce en un momento en que los problemas para conseguir un turno ya son habituales y exasperan a los inmigrantes que gestionan sus papeles por la vía ordinaria.

El plan consiste en pagar más cada hora extra a los agentes que se ofrezcan voluntarios para atender los trámites ligados a la regularización, según un documento de la Policía de la Subdirección General de Logística e Innovación de la Policía Nacional al que ha accedido Europa Press. “El objetivo del plan es dar respuesta al incremento de la demanda asumida en las Unidades de Documentación como consecuencia del proceso extraordinario de regularización”, indica el escrito. En este sentido, los policías obtendrán 25 euros por cada hora extra “que se vean afectadas por la sobrecarga administrativa derivable del proceso en cualquiera de sus puestos de expedición, tanto de Tarjetas de Identidad de Extranjero, como DNI o Pasaporte”.

El sindicato policial CEP ha criticado que no se hayan reforzado las plantillas, que únicamente se haya optado por pagar horas extra. “Empieza la fase que más tiempo va a prolongarse y la que mayor esfuerzo va a exigir a la Policía Nacional”, indica un comunicado.

Maira obtuvo su permiso de residencia por arraigo en marzo de este año, pero aún no ha logrado tener en sus manos la tarjeta identificativa ante el bloqueo de citas en comisarías de extranjería. Aunque su permiso es válido sin este documento, la falta de un documento válido obstaculiza la inclusión de los inmigrantes. Por ejemplo, aunque es posible, algunas empresas rechazan a quienes no cuentan con él. La falta de esta tarjeta complica la apertura de una cuenta bancaria, la petición de becas de estudios o la emisión de certificados oficiales de formaciones profesionales, etc. “No tiene sentido que nos aprueben una residencia y lograr una cita para huellas casi cuando vamos a tener que renovar el permiso”, resume.

En Castilla-La Mancha se han tramitado un total de 52.041 solicitudes de personas migrantes que se han acogido al proceso extraordinario de regularización abierto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los datos se han conocido coincidiendo con el cierre del plazo de presentación de solicitudesque se inició el pasado 16 de abril y concluyó el 30 de junio.

En estos dos meses y medio, las personas que cumplían los requisitos fijados en el Real Decreto han podido presentar sus solicitudes a través de distintas vías y en muchos casos con ayuda de las ONG.

En Castilla-La Mancha el mayor número de solicitudes se ha registrado en la provincia de Toledo con 20.896 expedientes. Una cifra que contrasta con las 9.795 solicitudes presentadas en Ciudad Real, las 9.191 en Albacete, las 6.817 en Guadalajara o las 5.342 presentadas en Cuenca.

Las cifras han superado las previsiones adelantadas por el delegado del Gobierno José Pablo Sabrido con motivo de la apertura del trámite el pasado mes de abril. Entonces se estimaban entre 13.000 y 15.000.

Catalunya es la comunidad autónoma con mayor volumen de solicitudes (257.602), seguida de la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunitat Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557). A continuación, se sitúan Castilla-La Mancha, Euskadi, Región de Murcia, Castilla y León, Galicia y Canarias.

Ya hay cifras de la regularización extraordinaria de migrantes. El plazo del procedimiento ha cerrado con más de 1.174.978 solicitudes presentadas, un alcance que desborda las previsiones iniciales del Gobierno y marca un máximo histórico en comparación con procesos similares impulsados anteriormente en España, según ha confirmado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De las más de un millón de peticiones, el Ejecutivo ha admitido a trámite por ahora 609.737 expedientes, lo que supone que al menos ese número de personas cuenta con un permiso de residencia provisional hasta obtener la resolución definitiva. De ellas, 11.000 ciudadanos han recibido ya una respuesta favorable de manera definitiva.

La cifra total de solicitudes ayuda a dimensionar una realidad invisible y difícil de cuantificar: la de cientos de miles de personas que ya vivían y trabajaban en el país de forma irregular, muchas de ellas incluso sin acceso al padrón. Una población que, ahora, podrá salir de la clandestinidad, acceder a sus derechos y aportar como cualquier ciudadano, tras la puesta en marcha de una medida impulsada durante más de seis años desde la calle, a través del movimiento Regularización Ya, liderado por personas migrantes y racializadas. El balance definitivo de expedientes, que no alcanza los 1,2 millones, no coincide con las cifras publicadas por varios medios en la última semana, que aseguraban que el procedimiento había superado los 1,3 millones de demandas.

La mayoría de las solicitudes, un 67%, corresponde a ciudadanos latinoamericanos, como adelantó elDiario.es hace dos semanas y confirman ahora el balance oficial aportado por el Ministerio tras el cierre de las ventanillas. El dato ratifica que la mayor parte de quienes han solicitado la regularización no han tenido que atravesar una frontera de manera irregular, sino que han entrado en España en avión. La nacionalidad colombiana destaca entre todas las demás, acercándose con un 27% de las peticiones registradas. Lejos en porcentaje, le sigue la marroquí, con un 13,4%; la venezolana, que representa el 11,7% de las solicitudes; y la peruana, con el 8,8%, según los datos oficiales a los que ha accedido elDiario.es. El Ministerio de Inclusión ha programado una convocatoria de prensa esta mañana para detallar el balance oficial del procedimiento.

“La cifra pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, porque va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestros país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza”, ha declarado la ministra Elma Saiz, en un vídeo difundido este jueves. “Estamos ante un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos orgullosos”, ha añadido la titular de Inclusión.

¿Quiénes la han pedido?

La medida ha tenido un peso especial para los niños y adolescentes. Según el balance inicial del Ministerio, las peticiones ligadas a quienes tienen entre 0 y 15 años suponen un 11% del total, lo que puede explicarse con las facilidades que este proceso ha dado específicamente a los menores de edad, a través de la concesión automática en la mismo expediente de sus progenitores.

Sobre el perfil de los solicitantes, los hombres han presentado más solicitudes que las mujeres, aunque en porcentajes próximos. Ellos representan un 57% de las peticiones mientras que ellas, el 43%. Por edad, el 81% de los demandantes tienen menos de 45 años. Y seis de cada diez solicitantes tienen menos de 34 años, unos datos que han sido enfatizados por el Secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Álvarez, para explicar cómo puede impactar la regularización en el mercado laboral y en la aportación de los empleados extranjeros a las arcas públicas.

Algunas cifras empiezan a dar cuenta del previsible efecto positivo de la regularización en las contizaciones a la Seguridad Social. Según los datos oficiales, de las 608.000 personas cuya petición ha sido admitida a trámite, 159.097 ya se encuentran dadas de alta en la Seguridad Social. Ese dato, sin embargo, no significa per sé que esos ciudadnos se han afiliado debido al procedimiento extraordinario, porque entre ellos se encuentran solicitantes de protección internacional que podrían estar ya cotizando con anterioridad. El Ministerio no ha aclarado por el momento el número de nuevas altas que han sido posibles exclusivamente por el procedimiento extraordinario, pues matizan que se trata de un balance preliminar y aún se encuentran cruzando los datos para hacer una fotografía más detallada de su impacto en el mercado laboral.

El secretario de Estado de Seguridad Social ha recalcado 83,4% de las personas regularizadas que están dadas de alta se enmarcan en el Régimen General, en el que el contrato indefinido es la modalidad que predomina entre las afiliaciones de quines han recibido el permiso de residencia provisional por la regularización. Por tipo de actividad, los setores que concentran el mayor número de altas son: Hostelería (38.776), Comercio (20.195), Actividades Administrativas (19.327) y Construcción (18.310).

En el primer semestre de 2026, la afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social se ha convertido en “uno de los principales motores del crecimiento del empleo en España”, recuerdan desde el Ministerio. Según Álvarez, el ritmo de aumento “se ha ido acelerando” desde finales del mes de abril, cuando comenzó el proceso de regularización extraordinaria de migrantes.

Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a migrantes en situación irregular que llevan más de cinco meses de residencia continuada en España, que podían justificar su arraigo a través de vínculos laborales, familiares o a través de la demostración de su situación de vulnerabilidad. Por su parte, el 20,4% restante representa a solicitantes de protección internacional, que se han acogido a la vía creada específicamente para ellos, que permite el paso del régimen de estancia por asilo a la obtención de un permiso temporal de residencia y trabajo en caso de haber llegado antes del 1 de enero de 2026 y carecer de antecedentes penales.

Catalunya y Madrid concentran más solicitudes

En función del lugar donde han sido recibidas, las autonomías que han recogido un mayor número de expedientes son Catalunya, donde se han presentado más de 257.000 peticiones; y la Comunidad de Madrid, con 202.000. También destacan las cifras de los tramites presentados en las ventanillas de la Comunidad Valenciana y Andalucía, lo que encaja con las regiones con más población nacida en el extranjera.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha destacado el papel que ha tenido en todo el proceso todos los actores del proceso. “Las cifras evidencian el esfuerzo histórico realizado por las instituciones y sociedad civil, que han empujado para que nadie se quede fuera de este proceso y conseguir una sociedad de acogida efectiva, con derechos y obligaciones para todos”, ha señalado. Según sus datos, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidos por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería (5,1%) y graduados sociales (3,6%).

Cancela ha hecho hincapie en el peso que han tenido las organizaciones colaboradoras en la preparación de los expedientes, el acompañamiento de muchos demandantes en cada trámite, especialmente en la emisión de los certificados de vulnerabilidad, el informe que generó un cuello de botella durante las primeras semanas de la entrada en vigor de la medida. Un total de 495 entidades del Tercer Sector y organizaciones sindicales colaboran durante todo el proceso en labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación a las personas solicitantes.

El número de solicitudes registradas no suele coincidir con el de las personas que finalmente serán regularizadas. Las proyecciones iniciales del Ejecutivo, ya superadas, estimaban la recepción de 750.000 peticiones, de las que calculaban aceptar unas 500.000, teniendo en cuenta las duplicidades de expedientes que pueden producirse en este tipo de procedimientos, así como el descarte de casos que no cumplen los requisitos. Fuentes gubernamentales han asegurado a elDiario.es que todas las personas que han registrado una solicitud recibirán una respuesta, negativa o positiva, por lo que descartan que el silencio administrativo se interprete como una denegación.

Por ahora, casi el 52% de las solicitudes han sido admitidas a trámite, aunque el Gobierno continúa estudiando los expedientes a un ritmo que todavía no ha cumplido con el plazo de 15 días anunciado. Con la causa abierta por PP y Vox en el Tribunal Supremo, y ante una mínima —aunque poco probable— posibilidad de paralización cautelar del procedimiento, el Ejecutivo ha asegurado que tratará de agilizar la tramitación en los próximos días para aumentar la seguridad jurídica de quienes han solicitado la regularización.

Las principales nacionalidades se ajustan a las recogidas por el Instituto Nacional de Estadística en los últimos años, cuyos estudios incluyen los países de procedencia de los residentes en España a través de los registros del padrón. En 2022, Colombia se convirtió en el principal país de origen de los nuevos inmigrantes, por delante de Marruecos. Las llegadas de ciudadanos colombianos continuaron en aumento en 2023 y 2024, hasta cristalizar en un histórico “sorpasso” migratorio, por el que los residentes en España nacidos en el país latinoamericano superaron a los nacidos en Marruecos.

Entre las más de 608.000 personas cuya solicitud ha sido admitida a trámite está Missael. Tras abandonar Perú, el joven viajó a España con visado de turista, como suele ocurrir con la mayoría de migrantes latinoamericanos asentados en el país. Una vez expirado su permiso, se quedó sin papeles hasta que consiguió solicitar asilo, lo que le permitió contar con una autorización temporal mientras se estudiaba su caso. Hace casi más de medio año, la denegación de su petición de protección internacional le empujó de nuevo a la clandestinidad.

“Después de ocho meses sin papeles, he vuelto a cotizar. Sin papeles todo es más duro. Es como si te quedas en una pausa. Cotizas, vas a un ritmo, te deniegan el asilo y te quedas sin nada. A esperar otra vez un permiso para trabajar. Pero ahora estoy otra vez dado de alta”, explicó a elDiario.es hace un mes.

Desde entonces, trabaja por las noches en una pizzería de Huelva, donde intercala turnos de repartidor y atención al público, mientras continúa con sus estudios de Formación Profesional. Cuatro días después de recibir la autorización provisional ligada a la admisión a trámite, consiguió un empleo en el que cotizar. Durante el tiempo en que no tenía papeles, reconoce, no dejó de trabajar, aunque lo hacía de forma irregular, en empleos más precarios y menos estables. Ahora está dado de alta en la Seguridad Social y ha recuperado sus derechos como ciudadano. Antes no existía; ahora ha salido de la invisibilidad.

Después de dos meses y medio de colas, dudas, trabas burocráticas inesperadas y celebraciones por cada petición registrada, este martes a medianoche finaliza el plazo de presentación de solicitudes de la regularización extraordinaria de migrantes. La primera etapa del procedimiento concluirá con las previsiones iniciales superadas, pues la cifra supera ya el millón de solicitudes presentadas, frente a las 750.000 que el Gobierno calculaba recibir -de las que estimaba aceptar 500.000-, un desfase que se explica con la habitual dificultad de calcular la cantidad de personas que viven en España de manera irregular. 

Las imágenes de grandes filas de personas para realizar los trámites necesarios para pedir la regularización fueron disipándose tras las dos primeras semanas de plazo. Eran muchos los que no querían esperar para ponerse en marcha ante la posibilidad de que cualquier imprevisto pudiese dejarles fuera de un procedimiento que supone el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos. Transcurridos dos meses y medio del inicio del plazo, sin embargo, las peticiones no han dejado de presentarse y algunos de los colectivos que integran el movimiento Regularización YA han montado un dispositivo hasta este martes a las 23:59 horas, conscientes de que aún hay personas que no han podido registrar su petición por diversos obstáculos con los que se han topado por el camino. 

“Vamos a utilizar cada minuto porque dos meses y medio no ha sido suficiente”, dice Victoria Columba, portavoz del Colectivo Regularización YA, presente en Catalunya. “A eso se suma que la exigencia del informe de vulnerabilidad nos ha hecho perder un mes de los dos meses y medio de plazo, porque mucha gente tardó mucho tiempo en cumplir este trámite, y los problemas con la legalización de los antecedentes penales o las directrices confusas por parte de la Administración.. ”, describe. La plataforma registró en el Congreso de los Diputados hace un mes una Proposición No de Ley (PNL) para pedir la ampliación del plazo de registro de peticiones, ante las trabas detectadas hasta entonces. También exigían la paralización de los vuelos de deportación, y la posibilidad de faciliatar la regularización a los extranjeros encerrados en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Sin embargo, sus demandas no fueron atendidas, la maquinaria de retorno nunca se paralizó y el plazo finalizará este martes a medianoche, como estaba previsto.

La exigencia del informe de vulnerabilidad y la dificultad para conseguirlo en algunas comunidades autónomas, los problemas con la legalización de los antecedentes penales u otros certificados necesarios por la escasez de recursos de algunos consulados españoles, la falta de respuesta de las autoridades de determinados países de origen y los intentos de boicoteo por parte de las administraciones lideradas por el PP y la extrema derecha -con un intento de paralización frustrada en los tribunales- han marcado el procedimiento, pero no han podido con él. “Celebramos que miles de personas que podrían haberse regularizad de otro modo, van a poder hacerlo”, dice ^la portavoz del colectivo. “Pero nos da rabia quien va a quedar excluido”.

El bloqueo de algunos consulados españoles

Muchos de los casos que han acabado presentando su solicitud a última hora (si es que lo logran) reflejan las principales complicaciones del proceso y los grupos de personas más afectadas por ellos. Juanjo Castillo, abogado en Valencia, cuenta que tiene pendiente de subir a la plataforma Mercurio nueve expedientes. “Todos son de argelinos”, comenta el letrado. La explicación esconde una de las trabas: los ciudadanos procedentes de los países que no han firmado el Convenio de la Haya necesitan realizar un trámite extra para que los certificados emitidos por las autoridades de su lugar de origen sean válidos. Dicha gestión depende de los consulados españoles, que no están dando respuestas con la agilidad que exigen los plazos de la regularización extraordinaria. 

En el caso de Argelia, el acuerdo de la apostilla entrará en vigor el 9 de julio. Por eso abogados y ONG han esperado a presentar estos casos hasta el último momento, con la intención de que, una vez que el pacto sea activado, dé tiempo a solicitar otra vez el certificado de antecedentes a las autoridades argelinas sin necesidad de ser apostillado, pues confían que esa estrategia sea más eficaz que aguardar a la respuesta del consulado español o el Ministerio de Exteriores, que aún no han aportado ninguna solución. “Los de los argelinos los he dejado para el último momento. Incluímos una declaración responsable de haber solicitado los antecedentes y la legalización en el consulado. Y esperemos que podamos añadir el trámite posteriormente”, explica el letrado. 

Además de Argelia, Cuba, Sudán, Libia, Haití o China son algunos de los Estados cuyos nacionales están encontrando problemas para lograr la legalización del certificado de penales. La falta de recursos suficientes por parte del Ministerio de Exteriores ha generado un tapón que está afectando especialmente a los ciudadanos argelinos y cubanos, al ser las nacionalidades más numerosas entre las afectadas por esta situación. 

Quienes han podido permitirse el pago de un abogado privado o están siendo acompañadas por una ONG implicada han encontrado algunas estrategias, como la explicada por Castillo, para esquivar este obstáculo. Pero el movimiento de Regularización YA advierte de que “mucha gente” ha podido quedarse en el camino, pues sospechan que algunos han desistido al no lograr cumplir con el trámite y desconocer cómo hacerlo. “Muchas personas de Argelia han intentado de todas las maneras legalizar sus antecedentes y ya lo dan por perdido. Nosotras vamos a presentarlas igual, con una declaración responsable. Pero tememos que las vayan a rechazar”, lamenta Victoria Columba, portavoz del movimiento impulsor de la medida. 

Internas sin permiso para hacer los trámites

Miriam es una de las personas que tampoco pudo presentar su petición hasta este fin de semana. Este viernes acudió a la sede de la organización Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), en Madrid, para conseguir el certificado de vulnerabilidad exigido para las personas sin papeles que no pueden probar una vinculación laboral. Al día siguiente, el sábado, tenía cita en el mismo lugar para subir su expediente. Si apuró el plazo, cuenta, no fue por dejadez ni despiste. Fue por un horario laboral que impide la implicación que exige tantas gestiones burocráticas y la negativa de sus empleadores a concederle un permiso, explica. Miriam, como muchas mujeres migrantes en situación irregular, trabaja como interna cuidando a una pareja de ancianos en una vivienda de Madrid. “Ha coincidido que uno de ellos se puso muy enfermo, y no podía dejarles. No podía ni tomar los descansos que me correspondían en el fin de semana”, explicaba la mujer latinoamericana mientras esperaba a ser atendida. 

Llegó a España hace tres años y no ha podido solicitar una tarjeta de residencia hasta ahora. Para conseguirlo antes de la regularización extraordinaria, necesitaba un precontrato de trabajo que los distintos empleadores para los que ha trabajado irregularmente no le han querido facilitar, asegura. Su petición, de ser aceptada, incluye también a su pequeña. “Menos mal que puedo presentarla aquí en fin de semana. Ojalá pueda encontrar un trabajo con condiciones dignas si consigo los papeles”, dijo la mujer. 

Ahora qué

Pese a las distintas trabas, el colectivo impulsor de la medida celebra los logros conseguidos. “Hemos conseguido un hito histórico en democracia española. Forzamos a hacer una regularización en medio del desequilibrio que tiene para gobernar el PSOE, entre acusaciones, corrupción, falta de presupuesto etc. Muchos colectivos pequeños hemos estado a la altura, emitiendo los certificados de vulenerabilidad que no emitían los servicios sociales, nos hemos personado en contra de la medida cautelar por la que PP y Vox pedían tumbar el procedimiento... Pero no han podido hacerlo y cientos de miles de personas van a regularizarse”, defiende la portavoz de Regularización YA.

Una vez que finalice el plazo de registro de solicitudes, la Administración tiene tres meses desde la admisión a trámite de cada petición para estudiarlas a fondo. Cuando los beneficiarios reciban la respuesta positiva definitiva, estos deberán pedir la Tarjeta de identificación de Extranjero (TIE), un trámite que corre el riesgo de convertirse en un nuevo cuello de botella del procedimiento. La gestión, que depende de la Policía Nacional, requiere de una cita en comisaría para realizar la toma de huellas necesaria para emitir el documento acreditativo. Sin embargo, conseguir una cita de extranjería se convirtió desde hace años en una tarea casi imposible, debido entre otras razones a las redes que se lucran de la venta de citas en el mercado clandestino.

Este lunes, el sindicato Comisiones Obreras ha reclamado al Gobierno que refuerce los recursos de la Policía Nacional para afrontar el siguiente paso del proceso extraordinario de regularización. Según afirmó, este trámite ya está generando “problemas”. Este paso, que depende del Ministerio del Interior, es clave para culminar con el procedimiento cuando el solicitante recibe la resolución favorable definitiva, pero el colapso en la petición de citas ya está empezando a ser un obstáculo. Algunos colectivos del movimiento Regularización YA asumen que va a ser la siguiente batalla: “Después de subir expedientes, vendrá la odisea para conseguir citas de huellas. Se les va a juntar muchísima gente, porque además hay un retraso enorme en las admisiones a trámite de las peticiones”, advierte Columba.

Pero ese será la batalla de mañana. Este martes, el colectivo Regularización YA en Catalunya y otras tantas ONG colaboradoras y abogados de extranjería estarán centrados en subir cada expediente que sea necesario hasta las 23:59 horas. “Nuestro temor es toda la gente que se ha quedado fuera. Por todas las trabas que ha habido, entendemos que todavía queda gente que no ha podido presentar su petición. Mañana estaremos pendientes, intentando hacer todo lo posible, pero sabemos que no será suficiente”, concluye la portavoz del movimiento impulsor.

“Yo quiero un techo para vivir con mis hijos y mi marido con un poco de dignidad”, afirma Amal, que significa esperanza en árabe. Bajo este seudónimo, esta madre siria busca que la administración pública, a la que responsabiliza de su situación en España, les preste atención y les ofrezca una ayuda tanto a ella como a su familia.

La guerra de Siria hizo que esta familia tuviese que abandonar en 2013 Idlib, ciudad actualmente tomada por los rebeldes. Como consecuencia, se marcharon al Líbano, donde el marido, que trabajaba en la obra antes de emigrar, sufrió un ictus que lo dejó discapacitado intelectualmente, lamenta Amal, que no lo deja solo ni un instante al ser una persona dependiente.

Esta situación hizo que el Estado español y ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados), a través del Programa Nacional de Reasentamiento, llevaran a esta familia a Sevilla en 2022 para que, un año más tarde, se les reconociese la condición de refugiados. La responsabilidad de dar un techo a esta familia e integrarla en la sociedad recae en un primer momento sobre el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, que una vez pasados 18 meses desde su llegada, o 24 en casos excepcionales, transfiere sus competencias a las administraciones autonómicas y locales. 

Un punto de inflexión

Durante su estancia en el Centro de Acogida al Refugiado (CAR) de Sevilla se programó una excursión a la playa de Matalascañas (Huelva) en julio de 2023, donde se produjo la muerte de su hijo ahogado. Según Amal, su hijo no recibió ningún tipo de ayuda por parte de los monitores responsables ni de los socorristas, ya que no había ninguno en la zona en la que ocurrió la desgracia. “Fueron las olas las que devolvieron el cuerpo de mi hijo por la noche”, describe Amal visiblemente emocionada. 

Durante el trágico suceso, la madre se encontraba en Sevilla atendiendo a su marido, motivo por el que rechazó ir a la playa. Señala que fue obligada a mandar a sus hijos, anunciando que denunciará al CAR como responsable de la muerte de su hijo.

Este periódico ha contactado con el CAR de Sevilla, dependiente directamente del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, para conocer su versión de los hechos, de este suceso en concreto y de los hechos denunciados por la portavoz de la familia, si bien al cierre de esta información no se ha comunicado nada al respecto.

El varapalo de la muerte del primogénito le ha supuesto grandes problemas psicológicos a Amal que, además, señala que todavía no le han permitido despedirse de su hijo. Como consecuencia, y ante la amenaza de los servicios sociales de quitarle la custodia de sus tres hijos, los tuvo que dejar con un familiar directo que se encontraba en Sevilla.

Un intento de pasar página

Para trata de olvidar la muerte de su hijo, Amal decidió abandonar el CAR de Sevilla ya que todo le recordaba al joven fallecido. En noviembre de 2023, el propio centro les financió el viaje a un centro de acogida de Baviera (Alemania), ciudad donde se encontraban familiares y conocidos. 

Una vez allí pidieron formalmente que se les fuese reconocida la condición de refugiado, pero al tener el estatuto de refugiados en España, les indicaron que debían abandonar el país germano a los seis meses de llegar. No obstante, las autoridades alemanas le aseguraron que habían hablado con los responsables españoles de acogida y que, al aterrizar en Madrid, se harían cargo de su situación. 

Sin embargo, cuando llegaron no encontraron ningún tipo de ayuda y se vieron en la calle durante cinco días. Esto les hizo tomar la decisión de volver a Alemania en autobús con los pocos ahorros que tenían. Pero la historia se volvió a repetir y a los seis meses estaban de vuelta en España, donde volvieron a Sevilla. 

En la capital hispalense, el CAR les denegó el acceso al no encontrarse en el Programa Nacional de Reasentamiento por su marcha a Alemania, haciendo que pasaran dos noches a la intemperie. Sin embargo, se les facilitó un hostal durante 15 días. Una vez pasado este plazo, se volvieron a ver en la calle.

“Discrminación brutal”

Actualmente, son personas anónimas y asociaciones las que pagan un hostal a la familia, que además acuden al banco de alimentos para tener comida. Esta “discriminación brutal” que sufre Amal por parte de los organismos públicos hace que sienta que esta etapa sea “lo peor de mi vida, la humillación que he sufrido aquí no la he sufrido ni en el Líbano, ni en Siria cuando estaba en la guerra”. 

Pese a que el Ayuntamiento activó correctamente una primera respuesta de emergencia, ofreciendo un lugar donde quedarse, la interrumpió cuando la necesidad seguía existiendo. Desde el Ayuntamiento de Sevilla aseguran a elDiario.es Andalucía que se ha atendido a esta familia por encima de sus posibilidades y que, al no pertenecer la familia al Programa Nacional de Reasentamiento, tienen que seguir el mismo procedimiento que el resto de ciudadanos. La Junta de Andalucía, por su parte, es la encargada de la dirección, garantía, coordinación y prestación especializada a los migrantes que vienen a España.  

Según se dice en la carta que han emitido desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) al Defensor del Pueblo Andaluz, en caso de que su marcha a Alemania hubiese supuesto un incumplimiento, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones debería de haber iniciado las gestiones correspondientes para darlos de baja en el sistema y, posteriormente, comunicárselo a la familia. Sin embargo, esto no ha sucedido de forma explícita, denuncia APDHA, ya que solamente han obtenido la negativa verbal del CAR, no tramitándose así a través de la Ley 39/2015. 

Este miércoles, miembros de la la APDHA, que está ayudando a Amal y su familia, acudieron a los Servicios Sociales municipales de Sevilla Este donde le consiguieron una cita de última hora. Aquí, según cuentan fuentes del APDHA a este medio, el Defensor del Pueblo les había indicado que habría una solución al tema del hospedaje pero, tras una larga espera, no pudieron concretar nada al respecto.

“A mí no me importa lo que la gente diga”, dice Cheick cuando se le pregunta por los discursos xenófobos que alienta la ultraderecha, que negocia en estos días con el PP su posible entrada en el gobierno andaluz con la prioridad nacional como telón de fondo. “Yo estoy tranquilo, voy a buscar trabajo y ya”. Esta tarde tendrá una entrevista con una cadena de comida rápida aunque espera encontrar algo como albañil, el oficio en que se ha formado. La oportunidad llegará pronto, cuando el mercado laboral busca mano de obra por doquier, y mientras, en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), el joven de 23 años aprende el idioma, habla con su familia cada tres o cuatro días y se implica cada vez más en la vida del pueblo en el que hace un año se implantó el dispositivo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), donde la convivencia y la unión vecinal ha sido la impronta que ha marcado su devenir.

La ONG recaló primero en Alcalá de Guadaíra en 2024 con un grupo de 85 jóvenes subsaharianos originando una oleada de bulos y desinformación que provocó la oposición de una parte del pueblo. A medida que pasaron los días, se comenzó a normalizar la presencia de los muchachos en el hotel que había sido alquilado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para acogerles. La atmósfera enrarecida por los discursos de odio se fue disipando, pero seguían surgiendo impedimentos a su inclusión, como en su inscripción en el padrón municipal. El incumplimiento de la ley por parte de la administración local comprometía la cobertura sanitaria o educativa de los recién llegados, como se ha denunciado desde distintos colectivos sociales, aún estando bajo el amparo de la organización.

En 2025, el centro se trasladó al municipio sevillano de Sanlúcar la Mayor, donde hay capacidad para 280 personas y, de media, suelen pasar en el centro un año tras adquirir las competencias necesarias para vivir con cierta autonomía, pues se les acompaña y forma en la búsqueda de trabajo y de vivienda. Tras la noticia, Vox azuzó el discurso del odio en la localidad, con mensajes sobre la supuesta “intranquilidad” de la población y bulos sobre los efectos de su llegada. Más de un año después, el pueblo y sus vecinos serán homenajeados por la inclusión de los jóvenes en el día a día del municipio.

En la actualidad, el centro acoge alrededor de unos 120 hombres solicitantes de asilo, procedentes en gran parte de Mali y de otros países subsaharianos. “No hay tantos chavales para la cantidad de empleos que ofrecen, sobre todo oficios, porque la gente busca desesperada a soldadores, electricistas, gruistas, jardineros, gente para el campo... El inconveniente llega cuando tienen que buscar una habitación. Esa es nuestra mayor dificultad: la vivienda, que si ya tenemos un mercado inmobiliario difícil para las personas de aquí, se redobla para los perfiles migrantes, sobre todo por la desconfianza de los propietarios”, sostienen desde CEAR.

Frente al odio, la colaboración vecinal ha florecido para dar respuesta a las necesidades de la asociación. “Ya sea la farmacia, la ferretería, el centro de salud, el Ayuntamiento, los clubes de fútbol, las trabajadoras del supermercado, hasta fueron al encendido navideño de la ciudad... Todo el mundo se ha volcado”, explica. Ese espíritu de acogida explica el homenaje que acaba de recibir el pueblo este pasado miércoles en Sevilla donde CEAR ha otorgado el Premio Solidaridad 2025 a la ciudadanía de Sanlúcar la Mayor.

Cheick lleva un año y tres meses en España después de huir de la guerra en Mali. Tras recalar en Mérida, donde cerró el centro en el que se encontraba, logró el traslado a la provincia sevillana. Escucha a Jay Wheeler en sus cascos rosa y su español es cada vez más fluido. Nunca ha recibido un ataque racista, afirma, y sin darle mayor importancia, enumera las horas de los dos cursos de capacitación profesional que ha aprobado. A su lado, Olivia, la técnica de integración social que trabaja codo con codo con el trabajador social dentro del equipo que se dedica a atenderlo, habla del interés que le despierta la geografía o de la pasión con la que vive el fútbol.

Ese es el tiempo que comparte con sus amigos, consigo mismo, vacío por algunos instantes de las expectativas y los objetivos a cumplir. Esa jiribilla por el balón la siente Bamba, otro joven maliense de 19 años que viene acompañado por la técnica Guadalupe. Junto a ella aprendió a cómo afrontar una entrevista, cuáles son los trucos, para habituarse a los cambios de su nueva realidad. Llevaba cuatro años trabajando como mecánico en su país y se sigue especializando para lograr un puesto en Sevilla. No se plantea ir a otro sitio, “esto es tranquilo”, asiente, y ve que la gente es “más abierta” al compararla con la breve residencia que pasó en Madrid, cuyo centro de acogida también cerró.

“Una vez me dijeron algo”, relata sobre unos chicos que lo abordaron a él y a un amigo mientras paseaban por la capital hispalense. Prefirió alejarse. Levanta las manos y aparta ese fantasma que revolotea brevemente por la habitación, evidenciando el rechazo a cualquier atisbo de conflicto.

Sonríe cuando habla de su posición como delantero en el equipo local de Sanlúcar y del escudo del Betis. “Son los mejores”, dice con timidez. Quien intenta hacer oídos sordos es Ana Mas Vázquez, directora del Centro de Acción Humanitaria de CEAR en el municipio. Arquea una ceja y deja claro su favoritismo por el Sevilla, porque hay amores inexplicables y este es uno de ellos. La responsable saluda a Mohammed, quien pasa por el despacho antes de iniciar su jornada laboral, y cuenta que el único incidente relacionado con la apertura del dispositivo hace un año implicó a una persona que se plantó delante de las puertas del edificio para gritar su rechazo a la presencia de los migrantes. “Antes les daba miedo salir del centro y ahora es todo lo contrario”, adelanta.

El Belén Viviente de Sanlúcar

El año pasado, CEAR se puso en contacto con Hermandad del Santo Entierro de Cristo cuando se acercaba una fecha clave en el pueblo: diciembre, el momento en que se celebra el Belén Viviente de Sanlúcar la Mayor, uno de los mayores atractivos culturales y turísticos del municipio. Alrededor de 400 personas participan cada año en esta recreación de la festividad cristiana en el conjunto histórico de la Iglesia de San Pedro a través de las escenas bíblicas. La organización propuso la participación de los recién llegados.

“Había cierto miedo en ver cómo la gente iba a reaccionar cuando llegaran los chicos a la cofradía, pero aquello cambió rápido. Nos sirvió como herramienta de inclusión para nosotros más que para ellos”, rememora Fidel Mora González, hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro de Cristo, con quien la ONG contactó para iniciar el proyecto que facilitara la inmersión social de los chicos. El experimento comenzó a principios de la primavera pasada con seis chavales, entre los que estaban Alexis, Pedro y Pascal, con quienes todavía mantiene contacto después de que lograran trabajo en los alrededores. “La gran diferencia con nosotros era la edad, que es la de mis hijos”, apunta. “La juventud es una alegría y, aunque siempre hay de todo, nunca percibí ningún recelo. Al revés, todo han sido facilidades... Sanlúcar es una ciudad de acogida”, apostilla.

Metieron de lleno a los chicos en las actividades de la cofradía para que se familiarizaran con los vecinos. Fueron a excursiones, reuniones y comidas, todo antes de la fecha grande. Los días en que todo el pueblo se vuelca vestidos con los ropajes, los recién llegados no parecían recién llegados. “Uno de ellos hizo de romano, otro de pescador y participaron en la corte de los Reyes Magos”, detalla el hermano mayor. Más allá de las creencias religiosas, el pueblo recuerda aquella semana como el culmen de todo un proceso de convivencia que logró labrar un vínculo estrecho.

Se pidió a la cofradía el respecto por las vivencias traumáticas de los solicitantes de asilo participantes. “Tuvimos una reunión en la que hablamos sobre cómo tratar estos temas... Si los chavales quieren hablar, perfecto, pero no es cuestión de preguntar y preguntar, ¿sabes? Tiene que ser voluntario, y llegaron a enseñarnos fotos de sus familias”, explica. Poco a poco, se fueron forjando amistades con los jóvenes del barrio, con quienes se desenvolvían y practicaban el idioma. Mora menciona “una experiencia muy bonita”: “Los llevé a la peña del Betis a ver un derbi, nos sentamos y la reacción fue tan buena, ¡aparte de que ganaron!”.

Escucha las consignas de Vox, que ha metido entre los objetivos de la prioridad nacional los obstáculos a la entrada de migrantes, la invalidez de la regularización extraordinaria, la devolución en caliente de las personas en situación irregular o el completo rechazo al amparo de los menores migrantes no acompañados, y su reflexión es sencilla: “Tal vez haya mejores maneras de hacer las cosas, y desconozco cuál será la forma política de hacerlo, porque unas veces se cuenta de una manera u otra. Pero los chavales no tienen ninguna culpa. Al revés, ya han pasado lo suyo como para venir a recriminarles nada... Si profundizasen en su corazón, rectificarían”.

Los sindicatos CGT y OSTA han denunciado el cierre del centro AH-AIC PARIS de Atención Humanitaria en Zaragoza, comunicado recientemente por la dirección de la Fundación APIP-ACAM, tras la decisión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de eliminar las 195 plazas asignadas a este recurso para el periodo comprendido entre julio de 2026 y junio de 2027.

APIP-ACAM es una entidad colaboradora del Ministerio de Inclusión autorizada para la atención a personas solicitantes de protección internacional. La desaparición del recurso aasistencial en la ciudad de Zaragoza deja sin atención a personas en situación de vulnerabilidad y ha provocado, por el momento, la extinción de casi todos los empleos destinados a este fin, sin descartar nuevas afectaciones laborales.

OSTA ha denunciado la “absoluta premura con la que APIP-ACAM ha procedido a la amortización de puestos de trabajo por 'causas objetivas de naturaleza organizativa y productiva', afectando directamente a 10 trabajadoras que han sido despedidas y solamente ha garantizado la recolocación de 2 personas que forman parte del comité de empresa, así como a la coordinadora del centro, lejos de garantizar el mantenimiento de todo el empleo”.

Desde CGT consideran “inaceptable” que una decisión de esta magnitud se adopte sin una planificación adecuada que garantice tanto la continuidad de la atención a las personas usuarias como la estabilidad laboral de la plantilla. Añaden desde el sindicato que “resulta especialmente preocupante que el comité de empresa tuviera conocimiento de esta situación apenas una hora después del anuncio de los primeros despidos, evidenciando una preocupante falta de información, transparencia y participación de la representación legal de las personas trabajadoras”.

Además, esta situación se produce en un contexto de creciente preocupación por determinadas prácticas organizativas y laborales que han generado malestar entre la plantilla y que han sido objeto de actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo, poniendo de manifiesto la necesidad de reforzar el cumplimiento de la normativa laboral y la protección efectiva de los derechos de las trabajadoras y trabajadores.

CGT exige “la máxima transparencia” por parte de la Fundación APIP-ACAM y de las administraciones implicadas y sostiene que “no podemos permitir que desaparezcan recursos esenciales sin ofrecer alternativas ni que las consecuencias recaigan exclusivamente sobre quienes más necesitan estos servicios y sobre las personas trabajadoras que los hacen posibles cada día”.

Reubicación de los migrantes

El Hotel París llegó a albergar hasta 280 migrantes el pasado año, aunque esa cifra se ha ido reduciendo progresivamente hasta las 195 plazas actuales. El recurso finalizará ahora su actividad tras la decisión del Ministerio de Inclusión de no renovar las plazas, con el argumento de que los usuarios actuales van superando distintas fases del programa de acogida.

Alrededor de una veintena de jóvenes malienses con protección internacional han pasado de la fase de emergencia a la fase 1 del itinerario de acogida y están siendo reubicados en distintas ciudades españolas, entre ellas Huesca, Cáceres, Murcia y Santiago de Compostela.

Otro grupo, integrado por personas que no disponen de protección internacional y se encuentran en proceso de regularización administrativa, será trasladado al centro de Épila.

Por último, aquellas personas que han encontrado empleo y superan unos ingresos mensuales de 600 euros —aunque sea de forma ocasional— deberán abandonar los pisos que ocupan actualmente antes del próximo 30 de junio. Su futuro es incierto y, según diversas fuentes, ya han sido instadas a buscar alojamiento por sus propios medios.

Una entidad cuestionada por usuarios y trabajadores

La fundación APIP-ACAM es una entidad privada dedicada a la atención residencial y de día de colectivos de funcionalidad diversa y a la asistencia, orientación, formación e inclusión sociolaboral de colectivos en situación de riesgo de exclusión. La plantilla está adscrita al sector de la Acción e Intervención Social, y su convenio de aplicación es de ámbito estatal.

No obstante, distintos sindicatos, entre ellos CGT, han trasladado en varias ocasiones denuncias a la Inspección de Trabajo relacionadas con cuestiones laborales, como presuntas irregularidades en materia de nóminas o dificultades para el ejercicio de la actividad sindical. También se han señalado problemas de carácter sociosanitario, como la aparición de una plaga de chinches que se extendió desde uno de los pisos donde estaban acogidos los migrantes y para cuya fumigación utilizaron a sus propios empleados en lugar de una empresa especializada.

Si en los últimos meses algunas personas migrantes protagonizaron protestas por las condiciones de alojamiento, también parte de la plantilla ha expresado críticas hacia la coordinación territorial de Aragón por la gestión del recurso asistencial. Varias trabajadoras han criticado la actuación de la coordinadora de Aragón, Patricia Urzola, por la “falta de transparencia y de respeto a usuarios y trabajadores”. A su juicio, la última decisión de despedir a la mayor parte de la plantilla ha sido “fría y maquiavélica” por no informar con tiempo suficiente a las afectadas. Algunas de ellas recibieron el finiquito antes de comunicarles formalmente el despido.

Los sindicatos UGT, CSIF, CCOO y CIG iniciarán este miércoles, 17 de junio, un calendario de movilizaciones en la Seguridad Social con concentraciones de protesta, que tendrán lugar de 11.00 a 11.30 horas en las sedes de las direcciones provinciales y servicios centrales del organismo público de 15 ciudades, como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ubicado en la calle Calvo Sotelo de la capital cántabra.

Según han precisado los cuatro sindicatos en un comunicado, este calendario de movilizaciones responde al “insistente incumplimiento” de los acuerdos suscritos en 2018 y 2023 para modernizar y mejorar el servicio público de la Seguridad Social, a lo que se une la falta de aplicación efectiva de la nueva regulación de jornada y horarios aprobada para el conjunto de la Administración General del Estado (AGE).

UGT, CSIF, CCOO y CIG han denunciado “la ausencia de avances reales en materias esenciales para garantizar el futuro de la Seguridad Social”, entre las que citan “la reorganización administrativa, la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas y la movilidad del personal”.

Además, los sindicatos han criticado que está pendiente todavía “el desarrollo del trabajo a distancia, la mejora de la formación y medidas relativas a la prevención de riesgos laborales, la promoción profesional y la negociación de las condiciones de trabajo”.

“A ello se suma la reciente falta de aplicación efectiva de la nueva regulación de jornada y horarios aprobada para el conjunto de la Administración General del Estado”, han agregado las organizaciones, que han reprochado a la Administración que “en lugar de aplicar los acuerdos y normas vigentes, está impulsando medidas que generan incertidumbre y ponen en cuestión derechos laborales ya consolidados”.

Los sindicatos de la AGE han indicado en su comunicado que “la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados está provocando un progresivo deterioro de las condiciones laborales y un incremento constante de las cargas de trabajo, en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y la insuficiencia de efectivos”.

“El incumplimiento de estos compromisos no solo afecta a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Seguridad Social, sino también a la calidad del servicio que reciben millones de ciudadanos”, han recalcado UGT, CSIF, CCOO y CIG, que han advertdio que este calendario de movilizaciones continuará “hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adopte las decisiones necesarias para cumplir los acuerdos suscritos y garantizar el futuro de una institución esencial para el Estado del Bienestar”.

A Marjan Salehi, su marido Ali Faqiri y su hijo Adrian, de 11 meses, les quedan apenas unos días con un techo bajo el que refugiarse. Esta familia afgana, a la que el Gobierno concedió asilo político en febrero de 2025 por huir del régimen talibán, deberá abandonar el próximo miércoles la vivienda en la que reside después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones les comunicara el fin de su programa de acogida.

“No sabemos dónde iremos”, resume Marjan, de 28 años. “Nuestro hijo todavía es un bebé y depende completamente de nosotros”.

La pareja huyó de Afganistán tras el regreso de los talibanes al poder porque tanto el padre como el hermano de Marjan habían colaborado con el Ejército español, un vínculo que acabó siendo determinante para la concesión del asilo.

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente de la Dirección General de Protección Internacional del Ministerio del Interior, resolvió en 2025 un total de 160.951 expedientes de protección internacional. La cifra supone un incremento del 67,2% respecto al año anterior y es la más elevada desde la creación de la oficina, en 1992.

Desde su llegada a España, la familia pasó primero por un centro de acogida gestionado por una ONG y después fue trasladada a Barcelona. Allí viven desde hace meses en un piso compartido del barrio de Sant Andreu, gestionado por la entidad Moviment per la Pau (MPDL), junto a otras ocho personas.

Hace unas semanas, sin embargo, recibieron la notificación definitiva: habían agotado el periodo máximo de estancia previsto en el sistema estatal de acogida y no se contemplaba una prórroga, pese a su situación de vulnerabilidad. 

Ali sufre artrosis y una hernia discal; Marjan apenas ha podido aprender español mientras cuidaba de su hijo. “No tenemos dinero, ni familia, ni ningún sitio al que ir”, lamenta ella.

Desde la entidad que les ha proporcionado alojamiento en virtud de un convenio con el Ministerio, les han comunicado que no pueden prorrogar su estancia y que deben atenderse a lo que les diga la Administración. 

Este periódico contactó el viernes tanto con el Ministerio, que respondió que el proceso que se ha seguido con esta familia es el habitual. “Cuando se les concede el estatus de refugiados y obtienen el permiso de residencia y trabajo, se les informa de que tienen un plazo de seis meses para dejar el centro”, señala una fuente oficial.

“Atendiendo siempre el interés superior del menor, se tendrá en cuenta su situación para pedir la suspensión de su salida del centro hasta que el recurso se resuelva”, prosiguen desde el Ministerio, que también recuerdan que la organización que gestiona su vivienda coordinará los trámites para que la familia sea atendida por los Servicios Sociales de la capital catalana. Este periódico se puso en contacto con la entidad MPDL el viernes pero no obtuvo respuesta.

Un periplo a través de Irán

La vida de Marjan cambió en agosto de 2021, cuando los talibanes recuperaron el control de Afganistán tras la retirada internacional. “El país se convirtió en un lugar inseguro y hostil”, recuerda. “La situación se volvió extremadamente dura”.

Su familia había trabajado estrechamente con las tropas españolas en Herat, ciudad situada en el oeste afgano. Su padre había sido empleado de la armada y su hermano trabajó como traductor. Con el regreso de los talibanes, esos vínculos equivalían a una condena.

“Empezamos a recibir amenazas. Nuestras vidas corrían peligro”, relata.

Parte de su familia logró escapar desde el aeropuerto de Kabul durante los días caóticos de la evacuación internacional. Ellos, sin embargo, no consiguieron salir y terminaron huyendo por tierra hacia Irán.

“Huir no fue una elección; fue la única forma de sobrevivir”, dice Marjan. “Desde entonces solo hemos intentado reconstruir nuestra vida lejos del peligro”.

Fue en Irán donde recibió finalmente la autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores para viajar a España y acceder al sistema de protección internacional. Desde entonces, el Ministerio de Inclusión les ha proporcionado alojamiento temporal hasta que han agotado todos los plazos.

Todos los intentos para ampliar su estancia han fracasado hasta ahora. El abogado que les asiste ha presentado un recurso contra la resolución administrativa que ordena su salida de la vivienda y ha solicitado medidas cautelares para evitar que la familia quede en la calle mientras se resuelve el procedimiento. Por el momento, no ha obtenido respuesta.

La pensión media de jubilación alcanza en mayo en Cantabria los 1.658,67 euros, 86,66 euros más que la media nacional, que se situó en 1.572,01 euros, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, en mayo de 2026, la comunidad sigue como la quinta con una pensión de jubilación más elevada tras País Vasco (1.906,5 euros); Asturias (1.838,44 euros); Madrid (1.794,91 euros), y Navarra (1.754,75 euros).

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en Cantabria en mayo en 1.440,04 euros, un aumento interanual del 4,25%, y 69,33 euros por encima de la media nacional, que es de 1.370,71 euros. Se trata de la sexta pensión media más elevada tras las del País Vasco (1.681,45 euros), Madrid (1.580,98 euros), Asturias (1.578,62 euros), Navarra (1.563,8 euros) y Aragón (1.446,96 euros).

En mayo, el número de pensiones de la Seguridad Social ascendió en Cantabria a 149.908, un 1,3% más que en el mismo mes del año anterior. De ese total, 95.024 eran de jubilación.

Por tipo de pensiones, tras la de jubilación, el mayor importe corresponde a la de incapacidad permanente, con una media de 1.305,72 euros al mes y de las que hay 14.234 beneficiarios en la región. A continuación se sitúa la de viudedad, con una media de 1.027,19 euros y un número de 34.717 perceptores; seguida de la de a favor de familiares, con 903,98 euros y una cifra de 1.393 beneficiarios, y la de orfandad, con 606,53 euros mensuales y que suman 4.540 pensiones.

Del total de estas pensiones de Cantabria, 23.908 beneficiarios perciben un complemento a mínimos, lo que supone un 15,9% del total. El colectivo de las mujeres pensionistas representa un 21,6% de ellas y un 9,9% el de los hombres. Además, hay 22.094 pensionistas de la comunidad autónoma que tienen algún complemento por brecha de género, con un importe medio de 74 euros.

Subida media del 2,7% debido a la revalorización

En el conjunto del país, la Seguridad Social destinó en el presente mes de mayo la cifra récord de 14.365,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,1% más que en igual mes de 2025.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La Seguridad Social ha abonado este mes 10.480.593 pensiones (+1,5%) a 9,47 millones de personas, de las que 6,7 millones son pensiones de jubilación; 2,3 millones son pensiones de viudedad; más de un millón son pensiones de incapacidad permanente; 335.154 son de orfandad y 46.794 en favor de familiares.

Izquierda Unida (IU) celebrará este jueves, a las 18.30 horas, una charla informativa dirigida a la población migrante de Torrelavega con el objetivo de ofrecer orientación, asesoramiento y acompañamiento en los distintos procesos de regularización y trámites de extranjería.

El encuentro tendrá lugar en la sede de Comisiones Obreras en la capital del Besaya (calle Ansar, 5) y se enmarca en la iniciativa puesta en marcha por IU para facilitar información práctica dentro del proceso extraordinario de regularización abierto por el Gobierno de España, ha indicado la formación en nota de prensa.

Según IU, “muchas personas extranjeras se encuentran en situaciones de inseguridad administrativa que derivan en precariedad laboral, problemas de acceso a la vivienda o incluso situaciones de explotación”, por lo que considera “fundamental” acercar información útil y generar espacios de apoyo y acompañamiento colectivo.

El coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, ha explicado que estas charlas buscan también combatir la desinformación y los discursos de odio mediante información rigurosa y cercana, y reforzar el trabajo conjunto con sindicatos y entidades sociales que trabajan habitualmente con población migrante.

Tras la charla que IU ha realizado en Santander el pasado 5 de mayo, en la que participaron personas migrantes y otras pertenecientes a asociaciones en contacto directo con personas extranjeras, IU prevé continuar desarrollando nuevas sesiones informativas en diferentes municipios de Cantabria en las próximas semanas, con el fin de ampliar el acceso a la información y garantizar que los derechos de las personas migrantes puedan ejercerse en igualdad de condiciones.

Izquierda Unida Cantabria comienza este martes una serie de charlas informativas y espacios de acompañamiento dirigidos a los migrantes que afrontan procesos de regularización y trámites de extranjería en Cantabria. La charla tendrá lugar a las 18.30 horas en la sede de la organización, situada en la calle Isaac Peral 1, 1ºB, en Santander.

La iniciativa nace con el objetivo de ofrecer información práctica, orientación y apoyo ante las dificultades administrativas y burocráticas que afectan a muchas personas extranjeras, especialmente en cuestiones relacionadas con permisos de residencia, arraigo, documentación o acceso a derechos básicos, ha informado la formación política.

El coordinador general de IU Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha señalado que “muchas personas migrantes se encuentran atrapadas en situaciones de inseguridad administrativa que terminan traduciéndose en precariedad laboral, dificultades para acceder a vivienda o incluso situaciones de explotación”. Por ello, considera que “las organizaciones políticas y sociales tenemos también la responsabilidad de facilitar herramientas útiles, acompañamiento y espacios de apoyo mutuo”.

IU prevé desarrollar nuevas charlas y acciones informativas en distintos puntos de Cantabria durante las próximas semanas.

Igualmente, desde el colectivo cultural La Libre hacen un llamamiento a todas aquellas personas que necesiten orientación con sus trámites de regularización para que acudan a su local, en la calle Rampa de Sotileza, de Santander, cualquier jueves de 16.00 a 20.00 horas hasta el 25 de junio.

“No somos una gestoría ni una entidad oficial colaboradora de Extranjería: somos un espacio de acompañamiento gratuito para resolver dudas y realizar trámites juntes. Estaremos revisando documentación, ayudando con la reserva de las citas y acompañando en el proceso”, han señalado. Además, el colectivo informa que ha puesto a disposición el número 637 728 455 para atención por WhatsApp y el email: santanderregularizacion@gmail.com, para resolución de dudas.

Las colas se repiten estos días en distintos puntos de la provincia de Almería. Con la necesidad y la ilusión por encontrar un futuro más digno, a las puertas de servicios sociales, oficinas municipales y sedes de entidades sociales, decenas de personas esperan para conseguir uno de los documentos clave del proceso extraordinario de regularización abierto por el Gobierno hasta el próximo 30 de junio: el certificado de vulnerabilidad. Un escollo que está generando un cuello de botella para los migrantes y para quienes trabajan en la administración o las ONGs que están expidiéndolo.

No en vano, según estimaciones del tercer sector, en la provincia viven alrededor de 30.000 personas en situación administrativa irregular. La cifra, la más alta de Andalucía, que explica por sí sola el alcance de un proceso que, en apenas unos días, ha tensionado estructuras ya sobrecargadas desde hace años. Cada migrante ha de obtener el certificado de vulnerabilidad y presentar a su vez otros documentos ante el Ministerio de Inclusión Social, pero el plazo para lograrlo es de apenas 70 días.

De ahí que el proceso esté llevando al límite los recursos disponibles. “Ha habido muchísima afluencia en las oficinas municipales”, reconocen desde el Ayuntamiento de Níjar, uno de los municipios con mayor presencia de población migrante. “Se han visto colas muy largas, pero todo dentro de la normalidad”. En la misma línea, apuntan a que la situación se repite en otros puntos de la provincia como El Ejido, Roquetas de Mar o la capital.

Y es que el certificado de vulnerabilidad no estaba previsto hasta que el Gobierno lo introdujo por petición del Consejo de Estado. Por parte de Regularización Ya!, la plataforma que impulsó el proceso, se trató de evitar que este documento fuese necesario, al entender que si una persona carece de papeles, ya está de facto en situación de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, asumían que la expedición del certificado iba a tensionar los recursos sociales disponibles, como así ha sucedido en tierras almerienses.

Sin ir más lejos y a diferencia de Níjar, el Ayuntamiento de Almería, dice tener una presión mayor que otras localidades de la provincia en sus servicios comunitarios. “Está saturando el ayuntamiento”, explica la alcaldesa, María del Mar Vázquez (PP), que habla de una “masificación de personas en las calles” y de reuniones con la Subdelegación del Gobierno para reorganizar la atención. Por ello, dice, el Consistorio trabaja en habilitar un espacio específico para “ordenar toda esta masificación”.

El cuello de botella del certificado

Y es que el certificado de vulnerabilidad, uno de los requisitos previstos para aquellas personas que no pueden acreditar contrato de trabajo o arraigo familiar, está generando una cascada de problemas. Un documento que, sobre el papel, puede ser emitido por servicios sociales o entidades del tercer sector habilitadas. Pero en la práctica, se ha convertido en el principal obstáculo del proceso. “Es el gran tapón”, explica Juan Miralles, de Almería Acoge, una de las pocas organizaciones que está tramitando estos certificados en la provincia. “No somos capaces de darle la respuesta que deberíamos”.

La entidad reconoce que la avalancha de solicitudes les ha desbordado. “Nos ha superado”, admite Miralles, que vincula la situación a una “mala decisión desde el punto de vista de la normativa”: “Le hemos generado una necesidad a la que no están encontrando respuesta”. El problema, explica, no es solo de volumen, sino también de diseño. Cada solicitud requiere una mínima intervención profesional: entrevista, apertura de expediente y cumplimiento de la normativa de protección de datos. “Tardamos mínimo cinco a diez minutos por cada persona”, señala. “No podemos ponernos en la puerta y firmar papeles. Se trata de atender dignamente”.

Con ese ritmo, asumir un volumen potencial de decenas de miles de personas resulta inviable. “No podemos sacar adelante veinte o treinta mil personas”, lamenta. Además, la capacidad está muy concentrada. “Aquí en Almería básicamente lo estamos haciendo Almería Acoge y Cepaim”, explica Miralles. “Hay entidades que dijeron que sí, pero no lo están haciendo, y otras grandes que no se han sumado”.

La falta de recursos se traduce también en efectos visibles en el entorno. “Hay mucha concentración de personas y eso genera malestar”, reconoce, en referencia a quejas vecinales y tensiones en los barrios donde se ubican estas entidades. “Y luego están los de siempre, que se dedican a esparcir odio con cualquier excusa”.

Dudas y falta de instrucciones

Porque la situación no solo afecta a las entidades que ya están tramitando certificados, sino también a aquellas que aún no han empezado. Como muchos de los migrantes en situación irregular trabajan en el primer sector, COAG Almería es la organización agraria que puede participar en el proceso pero que todavía no ha comenzado a emitir estos informes. “No tenemos muy claro cómo hacer ese informe”, reconoce su secretario provincial, Andrés Góngora. “Nos faltaba saber qué tenemos que poner”.

Góngora confirma que están en contacto con la administración para resolver dudas y que previsiblemente se incorporarán al proceso en breve. Pero admite que el principal problema es ese requisito concreto: “Lo demás es un trámite bastante fácil”. También cuestiona el propio concepto de vulnerabilidad en este contexto. “Por el mero hecho de no tener documentación ya es una situación de vulnerabilidad”, apunta.

Desde COAG, además, exploran otras vías dentro del proceso, como la posibilidad de regularización a través de precontratos vinculados a explotaciones agrícolas. “Existe la posibilidad de hacerlo mediante precontrato”, explica, en un territorio donde el sector agrario concentra buena parte de la mano de obra migrante. Mientras tanto, constatan un interés creciente. “Sí hay bastante interés”, señala Góngora. “La persona que no tiene documentación quiere hacerlo ya, quiere ser el primero”.

Confusión y “mercadeo”

Sobre el terreno, la falta de información y la presión por acceder al proceso están generando dinámicas paralelas. Mustapha Ait-Korchi, un migrante que lleva más de 30 años en España, acompaña a otras personas en este proceso y describe un escenario de confusión generalizada. “Hay gente migrante que ni siquiera conoce esas organizaciones”, explica. “Han dejado a la gente perdida”.

En ese contexto, advierte de la aparición de prácticas irregulares en torno a la tramitación. “Se está mercadeando con un certificado que en principio iba a ser gratuito”, señala. “No es traficar directamente, pero es traficar”. Describe un sistema informal de intermediación en el que distintos actores canalizan solicitudes a cambio de dinero o control del expediente. “Imagínate un mercadillo: cada uno está vendiendo su producto”.

Para Mustapha, el problema de fondo es el propio enfoque del requisito. “Pedir ese certificado es lo más estúpido que he escuchado en todos los años que llevo en España”, afirma. “Aquí no hay una situación de vulnerabilidad, hay una situación de explotación. Esa gente está trabajando en la economía sumergida, no viviendo de la caridad”, añade. “Lo que está en situación de vulnerabilidad es la legislación laboral, que se está pisoteando todos los días”. Ante la situación, asegura que recomienda a las personas que no se precipiten. “Les digo que no entren en ese mercadillo”, explica.

Dudas de los trabajadores sociales

A todo lo anterior, hay que sumar las dudas que emergen en los profesionales que se encargan de expedir estos documentos tanto desde el tercer sector como desde la Administración Pública. De hecho, el Consejo General del Trabajo Social (CGTS) ya había advertido del impacto que este proceso podía tener en los servicios sociales, especialmente en territorios con alta concentración de población migrante como Almería. Una opinión que comparte el Colegio que aglutina a estos profesionales en Almería ya que desde los servicios comunitarios reconocen estar al borde del colapso por la avalancha de peticiones. Fuentes del sector alertan también del riesgo de que la intervención profesional quede reducida a la mera emisión de certificados.

Por otro lado, recuerdan que la situación administrativa irregular implica en sí mismo un factor estructural de vulnerabilidad, al limitar el acceso a derechos básicos, y reclama refuerzos de personal y criterios homogéneos para evitar desigualdades territoriales. De esta forma, con miles de personas potencialmente afectadas y un plazo limitado, el proceso de regularización avanza en Almería entre colas, reorganizaciones administrativas y entidades desbordadas.

Mientras las administraciones se mueven entre la normalización y el reconocimiento de la saturación, y el tercer sector asume gran parte de la carga, el certificado de vulnerabilidad se ha convertido como el principal cuello de botella de un procedimiento que pretendía agilizar el acceso a la residencia, en una zona especialmente tensionada como lo es Almería. “Le hemos generado una necesidad a la que no estamos sabiendo dar respuesta”, sentencia Juan Miralles.

El Gobierno ha acusado este martes al Partido Popular de “boicotear” los trámites que necesitan los migrantes para acceder a la regularización extraordinaria impulsada de las Moncloa impidiendo que los ayuntamientos gobernados por el partido de Alberto Núñez Feijóo hagan las gestiones oportunas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de migraciones y portavoz del Ejecutivo ha asegurado que hay “ayuntamientos que siguiendo directrices políticas del PP están boicoteando las esperanzas y los derechos” de los migrantes.

“El PP está solo y desdibujado en su boicot”, ha añadido Saiz, que ha matizado, no obstante, que “el procedimiento está perfectamente regulado”. Como ejemplo ha puesto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, “que ha verbalizado que no va a colaborar con la regularización”. “¡Qué incoherencia!”, ha espetado, haciendo alusión al hecho de que el gobierno municipal madrileño presuma de acoger a miles de personas latinoamericanas. “Por encima de todo están la sociedad civil, la Iglesia católica, las entidades sociales y miles de ciudadanos que tienen ilusión”.

Saiz ha añadido que el de esta semana se están dando “los primeros días de un procedimiento enorme, muy garantista y muy trabajado”. “Quiero compartir mi empatía con las personas que están con un comportamiento ejemplar aguantando las colas”, ha dicho, además de lanzar su “agradecimiento a los funcionarios” y “también a los ayuntamientos que están colaborando, poniendo recursos, con garantía de servicio público”.

Este mismo martes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, había reprochado a las administraciones controladas por el PP, especialmente a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que estén haciendo “lo posible y lo imposible” por “boicotear” el proceso de regularización de migrantes aprobado por el Ejecutivo central. “Hemos escuchado con nitidez que el PP va a poner todas sus energías en boicotear un proceso tan justo, tan importante y tan positivo para la sociedad como es este proceso de regularización. Por lo tanto, lo que están encontrando son herramientas para hacerlo”, ha lamentado Martín en declaraciones a la prensa.

Martín ha explicado que los migrantes que quieran acogerse a la regularización deben demostrar un “proyecto laboral” o utilizar la vía familiar para quienes “tengan una familia o un proyecto familiar que pueda acreditar”. Al margen de estas dos posibilidades, el delegado ha recordado que existe la tercera vía que es la de la vulnerabilidad, para la cual las personas migrantes deben descargarse un modelo en la página web del Ministerio de Inclusión que tanto las entidades sociales como los servicios municipales de los Ayuntamientos pueden sellar.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha apuntado que la regularización extraordinaria de migrantes aprobada este martes en el Consejo de Ministros podría beneficiar a unas 2.000 personas que residen en la comunidad autónoma con anterioridad al 1 de enero de 2026.

Casares ha defendido el proceso de regularización como una “extraordinaria noticia” y ha subrayado que se trata de una cifra estimada, algo en lo que coindicen las entidades sociales: “El número de personas en situación administrativa irregular podría ser mayor, dado que muchas de ellas no figuran en registros oficiales o se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad que dificultan su contabilización”, han señalado desde la Coordinadora Cántabra de ONGD, consultada por elDiario.es.

La construcción y el empleo doméstico -junto a la hostelería, el comercio y el transporte y almacenamiento- son los sectores donde la presencia migrante, tanto en Cantabria como en el conjunto de España, es más notable, según el informe de UGT 'Desmontando prejuicios y estereotipos. Población de nacionalidad extranjera en Cantabria' presentado a finales de 2025.

Marruecos y Colombia son igualmente los países de origen de una gran parte de la población migrante que reside en Cantabria, junto a otras nacionalidades de América Latina como Perú, Venezuela y Bolivia, según confirman desde la Coordinadora cántabra.

Yulieth (33 años, Colombia) llegó hace un año y un mes a España, el mismo periodo que lleva sin ver a sus dos hijos, de 15 y 7 años. Trabaja limpiando casas por las mañanas y por las tardes estudia un grado medio de Estética y Belleza en el IES El Alisal de Santander.

En Cantabria ha contado con el apoyo de familiares que llevan más de dos décadas residiendo en la comunidad y gracias a ello no le ha faltado “techo y comida” en las situaciones más extremas, pero admite que hubo un tiempo en que estuvo “a punto de tirar la toalla”, volver a su país y renunciar a sus aspiraciones de poder ofrecer un mejor futuro a sus hijos. “En Colombia estudié logística portuaria, contabilidad y finanzas. Trabajé siempre en empresas. Me quedé sin trabajo y eso me hizo tomar la decisión de venirme”.

Para Yulieth, la obtención de papeles considera que le abriría muchas puertas: “El poder reencontrarme con mis hijos, lo primero, y también en términos laborales el tener los mismos derechos que otras personas”, asegura. “Yo vivía en Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, Cali. Es una zona muy violenta. Es un sitio muy bonito, pero pesa mucho la violencia y la inseguridad. Eso es una de las cosas que me gustó de Santander, la seguridad”, relata.

Su primer trabajo fue como empleada del hogar interna, “un reemplazo en una casa de Castro Urdiales” donde, según asegura, “se portaron muy bien”. A la pregunta de si se trataba del cuidado y acompañamiento de personas mayores, casos bastante habituales en regiones como Cantabria, con una alta tasa de envejecimiento, Yulieth responde que no. Más bien todo lo contrario, era “una familia con un chico mayor de edad. Yo tenía que hacer la limpieza de la casa, la comida, atender al perrito...”. Tras esa primera experiencia cuenta que estuvo dos meses sin trabajar. “Tocaba puertas pero me decían que necesitaban personas con documentos porque si no podían coger una multa”.

De tanto intentarlo, dice, le salió el trabajo de limpieza actual. “Es un trabajo duro y para uno que no tiene papeles está mal pagado. Estoy en varias casas”, remarca. En definitiva, ante la posibilidad de regularizar su situación piensa en “la tranquilidad que supondría, por fin”. Asegura sentirse “muy contenta”, por ella y por todas aquellas personas que como ella “han venido a trabajar, a cumplir sus metas y anhelos y van a poder tener los mismos derechos de cualquier otro ciudadano”.

El alto coste de las solicitudes   

Wassima (36) y Yassine (43), naturales de Tánger (Marruecos), han encontrado en el centro social Smolny, en el barrio de Entrehuertas de Santander, una red de apoyo vecinal a la que acuden casi a diario con sus tres hijos, de 3, 6 y 10 años. Wassima perfecciona su español y estudia en Las Escuelas Verdes mientras los niños juegan y participan en talleres infantiles junto a otros pequeños del barrio.

Aunque la familia llegó a España el 28 de mayo de 2025, su marido, Yassine, vivió aquí en una etapa precedente, entre 2002 y 2012. Incluso residió por un tiempo en un centro de menores de Parbayón, donde estudió jardinería y carpintería a través de la asociación Amica. Ya siendo mayor de edad tuvo varios empleos en jardinería, ganadería y en una empresa de construcción de Reinosa. Todos con contratos de trabajo, ya que por aquel entonces su situación era regular. De hecho, tiene cotizados cerca de tres años a la Seguridad Social. “No sé si será verdad, pero me han dicho que si me dan los papeles puedo recuperar esos años cotizados”, dice ilusionado.

Motivos personales le llevaron a regresar a Marruecos y estuvo allí 13 años antes de volver a España. En ese periodo conoció a Wassima y formaron una familia. Actualmente viven de sus trabajos temporales, por días sueltos o semanas, en la construcción. “Son cosas muy temporales, trabajo 'en negro', chapuzas, reformas de pisos, poner un suelo... también trabajo con feriantes, montando y desmontando estructuras”, añade. “Solo queremos tener los papeles para poder trabajar legalmente, como todo el mundo, para poder cotizar”, sostiene.

Los trámites para ellos son algo más complicados y costosos debido al idioma. Solo la traducción jurada del árabe al español de parte de los documentos imprescindibles para iniciar la solicitud (certificado de nacimiento de sus hijos y de antecedentes penales), apenas cuatro páginas, tiene un coste de más de 120 euros. A eso hay que añadir la tasa administrativa de 38,28 euros que ha de abonar toda persona que quiera optar a esta regularización extraordinaria.

Yassine coincide con Yulieth en que las expectativas de regularizar su situación. Para él se traduciría en alcanzar “la tranquilidad de tener los mismos derechos que cualquier persona”. Trabajar indocumentado, dice, te expone a “muchos abusos, impagos e inseguridad”. En referencia a declaraciones políticas que dice escuchar con frecuencia últimamente, sostiene: “Claro que hay marroquíes malos, pero decir que todos somos delincuentes es muy injusto”, lamenta.

Cómo iniciar el procedimiento

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España ha lanzado un portal web específico con toda la información necesaria para facilitar la tramitación de la regularización extraordinaria. Este sitio web permite verificar si se cumplen los requisitos legales mediante un simulador y cuenta con vídeos explicativos y guías de preguntas frecuentes.

Los interesados pueden gestionar citas previas gratuitas, obtener modelos de documentos oficiales e iniciar trámites telemáticos de forma segura. Además, el portal proporciona un listado de entidades colaboradoras y colegios profesionales de abogacía que brindan asesoramiento jurídico durante el proceso.

De otro lado, entidades sociales como CEAR han creado infografías explicativas a modo de resumen de todo el proceso administrativo y con el objetivo de facilitar la comprensión a aquellas personas que quieren optar a la regularización.

Asimismo, se puede pedir cita previa para cursar la solicitud de forma presencial en el teléfono 060. La atención es en español, en horario de 09:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas de lunes a viernes.

La tramitación presencial en Cantabria, que estará habilitada solo por las tardes, desde las 16.00 hasta las 19.00 horas, podrá realizarse desde el 20 de abril -siempre con cita previa- tanto en la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (calle Calvo Sotelo), como en las oficinas de Correos de Santander (plaza Alfonso XIII y c/ Vargas) y Torrelavega (c/Julián Ceballos).

El Ayuntamiento de Santander, por su parte, ha tardado menos de 24 horas en difundir su malestar y alertar del “riesgo de colapso” existente tras atender, según aseguran desde el Consistorio, “más de 100 consultas presenciales” sobre el proceso de regularización el jueves 16 de abril. Cabe destacar que en la misma nota de prensa no se ha detallado ninguna otra cifra del volumen habitual de consultas ciudadanas que se atienden a diario en las distintas dependencias municipales y que permita contrastar, de algún modo, esa alarmante saturación descrita.

En la misma línea se ha expresado la presidenta de Cantabria, María José Sáinz de Buruaga, al adelantar que, cuando se dé “la más mínima posibilidad”, el Gobierno cántabro recurrirá la regularización aprobada por el Consejo de Ministros por considerarla “una absoluta temeridad y el mayor coladero de la historia” de España.

La regularización llevaba solo media hora en marcha cuando las primeras cien solicitudes fueron registradas. Un día después, se superaban las 13.000 peticiones telemáticas presentadas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, llega a la redacción de elDiario.es con un punto de euforia contenida ante la “normalidad” que, defiende, ha caracterizado a la entrada en vigor de una medida que la derecha mira con lupa y ya intenta frenar en los tribunales.

“Cuando el Gobierno escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado”, dice la también portavoz del Ejecutivo para referirse a un proceso de negociación particular: tras el pacto con Podemos, el movimiento impulsor de la iniciativa, Regularización YA, ha sido otro de los actores clave en el resultado final de un real decreto que ha mantenido la esencia de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 personas, aunque ha acabado excluyendo algunas de sus demandas.

Elma Saiz hace balance en caliente de ese arranque y habla de los obstáculos a los que podrá enfrentarse la medida. La regularización, presentada como un hito por el Gobierno, nace también rodeada de resistencias: ayuntamientos que amenazan con no colaborar, críticas de la oposición y dudas sobre cómo aterrizará en la práctica un procedimiento que depende, en parte, de informes sociales y del acompañamiento de organizaciones sobre el terreno.

Acaba de entrar en vigor la regularización. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es su balance?

Está yendo con total normalidad. Como estaba previsto, dando respuesta a la vía telemática y también a la solicitud de cita con total normalidad. A modo de anécdota, en la primera media hora de este proceso, que ha empezado a la medianoche, ya había 100 solicitudes telemáticas presentadas. Llevamos muchas semanas preparando este procedimiento con muchísimo cariño, sabiendo que tenía que estar a la altura de este hito para nuestro país.

Uno de los requisitos de última hora que está generando angustia a parte de los solicitantes es el informe de vulnerabilidad, exigido a los migrantes sin papeles [que no puedan probar vinculación laboral ni hijos menores], que deben ser por servicios sociales y ONG. Algunos ayuntamientos critican que no han recibido instrucciones por parte del Ministerio y mucha gente no logra conseguirlo. ¿Se ha coordinado este punto con todos los actores?

En este plan operativo se ha caminado de la mano del papel que tienen las entidades colaboradoras con el Ministerio, no solamente las entidades que ya vienen desde atrás colaborando, sino más allá, a través del nuevo registro de entidades colaboradoras de Extranjería, donde ya están más de 200 entidades que han dado un paso hacia adelante. Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. El informe de vulnerabilidad va a ser un informe tipo, al que se puede acceder a través de la web del Ministerio, sencillo de rellenar y fácil, comprensible, accesible. A partir de ahí las diferentes entidades que tienen presencia en todo el país van a poder revisarlo y validarlo. 

Hemos sido muy conscientes de que no podíamos permitir que ningún trámite burocrático obstaculizara este importantísimo proceso que va a dar respuesta a muchísima gente. Vamos a mantener reuniones constantes con las entidades sociales para monitorizar cómo ir solventando cualquier dificultad que pueda aparecer en el camino.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado que no va a colaborar en ningún trámite y otros ayuntamientos se han posicionado en ese sentido. ¿Temen que muchos ayuntamientos del PP puedan obstaculizar la emisión de esos informes sociales y que no sea suficiente con las ONG? ¿Hay un ‘plan B’ en este caso?

El boicot que pretenden hacer desde el Partido Popular es un boicot que no se lo hacen al Gobierno, se lo están haciendo a miles de ciudadanos que tienen sus esperanzas, su dignidad, sus proyectos de vida detrás de este procedimiento. Esta medida es tan potente que va a salir bien a pesar del Partido Popular. 

Estamos hablando de un hito. No voy a permitir el boicot del PP ni de quien quiera poner piedras en el camino de esta regularización. Cuando, además, es absolutamente incoherente. Quiero recordar que el Partido Popular hace dos años dio luz verde a esta ILP de la que cogemos el testigo. Ese giro en política migratoria, por ser preso de Vox en sus políticas nacionales e internacionales, no va a conseguir torpedear un procedimiento que nos hace mejor país y que da respuesta a miles de ciudadanos.

El Gobierno no solo ha mantenido en el cajón durante gran parte de la legislatura esta iniciativa legislativa popular, sino que llegó a calificar como inviable una regularización masiva. Han defendido ustedes en el pasado que las regularizaciones se estudiaran caso a caso. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora sí es viable?

La política migratoria del Gobierno de España es absolutamente coherente. Esta iniciativa se votó en el Congreso hace dos años con 310 votos a favor, solo votó en contra Vox. Pero el Partido Popular, con un giro de 180 grados en su política migratoria precisamente por ser preso de Vox la tenía paralizada. Por eso no teníamos el consenso suficiente para sacarla adelante. Este es un paso más de una política migratoria que es mucho más completa. Llevamos a cabo un procedimiento de regularización en Valencia tras la dana. Y todos los días damos respuesta y se regularizan a personas en nuestro país por las vías de arraigo, que ampliamos hace año y medio. El PP ha votado en el Congreso para eliminar la figura del arraigo. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar

El PP parece haber cambiado de opinión, pero es verdad que también hay una evolución sobre este tema en el discurso del Gobierno. Sus adversarios políticos dicen que esa evolución es oportunismo político.

Insisto, todos los días llevamos a cabo procesos de regularización caso a caso. Es muy importante que el texto haya visto la luz porque estamos viendo ese discurso racista y xenófobo que intenta abrirse camino. Y sabemos lo que quieren hacer porque cada vez que han tenido oportunidad han intentado implementar un discurso racista vinculando inmigración con delincuencia o poniendo piedras en el camino, negando servicios o documentos a personas que están queriendo regularizarse. Por eso hemos trabajado con rigor y por eso es tan importante ese aval recibido por parte del Consejo de Estado con un texto garantista, serio, riguroso.

Esta regularización fue negociada con Podemos en el marco también de un diálogo a tres bandas con Junts para la cesión de competencias migratorias. ¿Este proceso vuelve a abrir la puerta a esa negociación pendiente con Junts?

Yo querría separar las cuestiones. El Gobierno cumple sus acuerdos, que se trabajan muchísimo porque no son sencillos, son materias delicadas. Pero este texto coge el testigo de esa ILP que tiene una triple legitimidad: la de 900 entidades sociales y 700.000 firmas, la legitimidad política de 310 votos a favor y una legitimidad económica, porque la apoyan los empresarios. Lo hablamos con un grupo político como Podemos, que tiene un contacto especialmente intenso con determinados colectivos, y se alcanzó este acuerdo que hoy es una realidad y que nos hace ser un país mejor.

La derecha ha dicho que lo hacen para ganar votantes en el futuro, Feijóo ha calificado el texto de “inhumano” y ha llegado a decir también que ustedes van a darle papeles a hombres que han abusado de mujeres. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar, que llevó a cabo bajo su presidencia un proceso de regularización. Debería conocer un poquito mejor la normativa que rige en nuestro país y dejar de alimentar un marco que no voy a alimentar ni por un segundo. Este proceso de regularización es para personas en situación irregular, no para delincuentes. Carecer de antecedentes penales es un requisito imprescindible. Ya está bien por parte del señor Feijóo de intentar comprar un discurso claramente xenófobo y racista. Así que no voy a entrar ni por un segundo en ese marco. Pediría al señor Feijóo que fuera un poco más responsable en sus declaraciones. 

No solo hay una ofensiva política, también judicial contra esta medida. El Supremo ha inadmitido las medidas cautelarísimas que pedía una asociación ultra. ¿Le inquieta desde un punto de vista meramente técnico, legal o jurídico lo que pueda suceder con la regularización en los juzgados?

Este es un texto sólido, riguroso, que ha pasado todos los trámites preceptivos con el aval del Consejo de Estado. Afrontamos con total tranquilidad este procedimiento.

Han quedado fuera de la regularización los solicitantes de apatridia, que en España la mayoría son saharauis. ¿Por qué se ha tomado esta decisión?

Este procedimiento es para personas en situación irregular y también para solicitantes de protección internacional, y es diferente. España es uno de los pocos países que, fruto de ese compromiso con el pueblo saharaui y de los acuerdos internacionales, tiene un estatuto específico desde el año 2001 para proteger la situación de los apátridas. Y de hecho, todos los años miles de personas que lo solicitan, muchas de ellas saharauis, tienen esa protección por ese estatuto. Es importante diferenciar ambas situaciones, como por ejemplo también en lo que se refiere a los ucranianos, que tienen una protección temporal internacional y que tampoco entran en este procedimiento porque no están en situación irregular. 

En el caso de los solicitantes, aún no son apátridas y no tienen esa protección que usted menciona. Su resolución suele tardar unos dos años. Por tanto, esa justificación no encaja con la protección real que tienen en el día a día los solicitantes de apatridia, que son quienes necesitan pedir la regularización. Si no se corrige la norma, ¿se plantea solucionar esa situación?

Lo que puedo asegurar es que con este procedimiento se van a liberar recursos, con el compromiso de que haya una mayor celeridad, acortando plazos y siendo mucho más exigentes a la hora de poder tramitar y resolver expedientes. Es importante precisamente que esto se lleve a cabo para acortar esos plazos de los que me habla.

Durante este Gobierno ha habido varias decisiones que han afectado al pueblo saharaui, como el cambio de posición con respecto al Sáhara Occidental. Algunos saharauis y activistas dicen que puede deberse a una presión de Marruecos. ¿Tiene algo que ver?

De ninguna manera. Era una de las recomendaciones esenciales del Consejo de Estado y era muy importante que este texto estuviera muy armado jurídicamente.

Hay otro colectivo sobre el que han mostrado preocupación las ONG: los migrantes con arraigo que están en estos momentos encerrados en los CIE. En elDiario.es hemos publicado varios casos de personas que tenían un arraigo documentado y que iban a ser igualmente expulsados. ¿Abrirán algún tipo de vía para que estas personas puedan pedirla con garantías para no ser discriminados?

Son personas que, si cumplen los requisitos, claro que van a poder pedir esta regularización. Estar en un CIE no es una decisión unilateral del Gobierno, sino que es una cuestión que viene de un procedimiento judicial. Pero efectivamente podrán pedir y acogerse a este proceso de regularización quienes cumplan los requisitos. 

¿Cómo? Porque estando en el CIE es muy difícil acceder a toda esa documentación que se pide…

Hay muchísimas entidades acreditadas que van a poder dar respuesta. Y al margen de eso tenemos una vía telemática, una vía presencial y se establecerá la posibilidad de que, quien cumpla los requisitos, pueda acceder. De hecho, ha puesto usted un ejemplo [el de Oussama, que finalmente fue liberado a horas de su repatriación] que demuestra la colaboración interministerial. Somos un Gobierno. Esto es una regularización extraordinaria, un proceso de un Gobierno. Así que estaremos a la altura para dar respuesta a todos los que cumplan los requisitos.

La oposición critica también la regularización apelando a la economía. ¿Qué les dicen sus datos sobre cómo va a afectar el proceso de regularización al mercado laboral y también a nivel social?

En primer lugar, tras la última regularización con el presidente Zapatero se multiplicaron por cuatro las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Anualmente. En los últimos días, antes de la regularización, ya hemos batido récords en afiliación extranjera con 3,2 millones de afiliados extranjeros. Con su aporte, estamos consiguiendo las cifras de paro más bajas de los últimos 18 años y reducir la temporalidad. Todos los datos son positivos. El 42% del empleo creado desde la reforma laboral procede de trabajadores extranjeros con cada vez más presencia en sectores altamente cualificados. Esta es la España por la que estamos trabajando muchísima gente.

¿Qué España quiere el Partido Popular? Estas personas ya están aquí, ya llevan a sus hijos al colegio, ya caminan por nuestras calles, ya viven en nuestros barrios. El Partido Popular, que los quiere silenciados, escondidos, con miedo, sin derechos. Pues no.

¿Cómo lleva lo de ser portavoz y tener que meterse no solo en sus propios charcos, sino en los charcos de todo el Gobierno?

Me parece un honor contar la acción de un Gobierno, rendir cuentas, contestar a sus preguntas aunque muchas veces no sean fáciles. Le dedico mucho trabajo para estar a la altura. 

Con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto del juez Peinado que son inauditos y que van más allá de lo jurídico

Vamos a aprovechar ese honor para preguntarle por esos otros charcos. Óscar Puente ha hablado de la posibilidad de que haya instrucciones judiciales enfocadas a violentar a representantes elegidos democráticamente y no a hacer justicia. Lo decía en el contexto de la instrucción del juez Peinado sobre la pareja del presidente. ¿Usted cree que hay lawfare contra el Gobierno?

Yo creo en la inocencia de Begoña Gómez, en su trayectoria impecable, profesional y personal. Tengo formación jurídica, soy licenciada en Derecho y he ejercido la abogacía. Y con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto que son inauditos y que van más allá de lo jurídico. 

¿Pero que un auto vaya más que lo jurídico, que es a lo que a lo que se debería ceñir un auto, no es otra cosa que prevaricar, no?

Mire, yo le digo que no solamente le hablo como ministra portavoz, sino desde mi formación jurídica: no son pocos los profesionales de mi mundo jurídico, también de su mundo periodístico, que coinciden en afirmar esto que le digo y que hay pasajes que son inauditos y que van mucho más allá de lo jurídico. Yo creo en la Justicia, en que la Justicia tiene que hacer su trabajo y en que lo hará.

No quiere decir entonces que el juez Peinado prevarique. 

Creo que he sido bastante clara con mis afirmaciones.

Apuesto a que, desde que usted es ministra portavoz, la pregunta que más le han hecho los medios es si va a haber Presupuestos.

Pues creo que gana usted la apuesta.

¿Y cuánto tiempo más lo vamos a tener que seguir preguntando?

Estamos dando respuesta a lo que necesita la gente con unos presupuestos prorrogados. No es lo mismo tener un presupuesto prorrogado de un Gobierno que recorta que un presupuesto prorrogado que está permitiendo, por ejemplo, desplegar un paquete de cinco mil millones de euros para proteger a la ciudadanía frente a la guerra de Irán. Dicho esto, vamos a presentarlos. 

¿No le parece una anomalía política que vayamos hacia el cuarto ejercicio sin ni siquiera presentar unas cuentas?

Lo que me parece una anomalía es que haya comunidades autónomas que, por esperar un acuerdo entre el PP y Vox, estén paralizadas y no estén poniendo en marcha medidas que acompañen este importante paquete que ha desplegado el Gobierno de España. Eso sí que es una anomalía, porque eso es hacer daño a la gente. Tener un presupuesto prorrogado no está siendo un problema para seguir teniendo una política social coherente, de acompañamiento y respuesta a la situación mundial que estamos viviendo tan complicada.

16 mujeres han sido asesinadas por parejas o exparejas en lo que va de año. El caso de esta semana en Córdoba es bastante paradigmático de hasta qué punto hemos normalizado un fallo sistémico. La víctima hizo todo lo que se le 'pide': denunció y se dispuso a acudir a un juicio por malos tratos, pero fue asesinada en la víspera. ¿Qué está haciendo mal el Gobierno para que esto ocurra y además parezca que no pasa absolutamente nada?

No, no, sí que pasa. En este contexto todavía es más inexplicable que podamos estar viendo cómo el Partido Popular y Vox ahí donde gobiernan alcanzan acuerdos negacionistas de la violencia de género. Vox es un partido que no acude a los homenajes, a los minutos de silencio.

Intento extrapolar esta situación a cualquier otra consideración de asesinados o asesinadas y seguramente se paralizaría el país. Cuando una víctima hace todo lo que le estamos diciendo que tiene que hacer para proteger su vida y en el proceso la matan es que aquí están fallando la policía, los jueces, las administraciones públicas, el Gobierno central. Por eso le decía que la sensación es de fallo sistémico y no se paraliza nada. ¿No tiene la sensación de que minusvaloramos este asunto?

Lo que le puedo decir es que no podemos bajar los brazos, no podemos ser tibios, no podemos seguir como si nada pasara. Tenemos que ser mucho más contundentes, con pedagogía desde la educación de los más pequeños. No vamos a dejar de trabajar ni un minuto para acabar con esta lacra.

¿Cómo asiste al juicio contra su excompañero José Luis Ábalos, al que le piden 25 años de cárcel?

Lo veo con repulsa, con asco. Porque cuando hay mucha gente que se está dejando la piel por construir un país mejor y por demostrar que las políticas públicas sirven, funcionan y mejoran la vida de la gente, ver determinados comportamientos hace daño, porque hacen que la gente se aleje de la política, que nos metan a todos en el mismo saco y que haya un descrédito. Pero también siento orgullo de la contundencia con la que se responde en el PSOE ante cualquier atisbo de corrupción. Eso no es un eslogan, sino que es una realidad. El Partido Popular de hoy sigue celebrando y homenajeando a M. Rajoy.

Sobre las pensiones se está empezando a consolidar un debate de guerra generacional que sostiene que la culpa de que los jóvenes tengan bajos salarios es de los pensionistas que tienen una pensión digna. ¿Dónde se sitúa en ese debate? ¿Es necesaria una reforma de las pensiones o la sostenibilidad está garantizada?

Está garantizada. Y en ese debate me sitúo donde está el Gobierno, en el rigor de los datos. Puedo lanzar el mensaje de tranquilidad de la sostenibilidad de las pensiones públicas. La reforma la hicimos con la mirada a largo plazo, no con la mirada cortoplacista de quien intenta embarrar también esto. ¿Sabe quién intenta enfrentar a nietos con abuelos? Los que defienden la privatización. Feijóo prometió a los autónomos bajarles la cuota si se abrían un plan de pensiones privado. Frente a quien quiere el descrédito de lo público y hace solamente política para unos pocos, datos, rigor y una reforma de pensiones que transmite certidumbre a los miles de pensionistas de hoy y también a los que los seremos un día.

A usted le ha tocado ser ministra-portavoz en un mundo en guerra. ¿Cómo vive la tensión diplomática con aliados tradicionales de España, como pueden ser Estados Unidos o Israel, ante la política exterior lanzada por su Gobierno del ‘no a la guerra’?

Me siento absolutamente orgullosa de pertenecer a un gobierno coherente que siempre ha defendido la paz, el multilateralismo, el respeto al orden internacional. Hemos alzado la voz y hemos llegado los primeros, pero cada vez nos siguen más países. España es un faro y cada vez que acudimos a un foro internacional son muchísimos los países de cualquier latitud que nos preguntan, que se interesan y que ponen como ejemplo al Gobierno de España y a sus políticas.

Volviendo a la regularización para acabar. Ha sido particular porque, además de Podemos, también ha tenido un gran papel el movimiento Regularización YA. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Este jueves hemos tenido un encuentro con el presidente del Gobierno donde estaban desde la Iglesia Católica, sindicatos, patronal, organizaciones de entidades del Tercer Sector y entidades colaboradoras en materia de extranjería. Y, viendo el unánime aplauso a esta iniciativa, me quedo con algo: lo importante que es para miles de personas. Esto demuestra que el Gobierno, cuando escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado. Y esa es la manera de gobernar. 

Davant les cues llarguíssimes que des de les set del matí s’han format a les portes de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania de Palma (OAC), atenien els mateixos funcionaris de sempre “a causa d’instruccions polítiques”. És la denúncia que reflecteix un comunicat de premsa redactat per diversos empleats de l’àrea de Serveis Socials de la capital balear. Segons el seu testimoni, l’equip de govern de la capital balear ha vetat destinar més personal a les finestres on es poden gestionar presencialment tràmits administratius o, simplement, obtenir informació per dur-los a terme. L’Ajuntament de Palma és en mans del PP, amb Vox com a suport als plens per tirar endavant pressupostos, ordenances i mocions.

Els vesins de Palma que esperen el seu torn davant les oficines de l’OAC cerquen, en la majoria dels casos, un certificat de vulnerabilitat social. És un dels documents essencials per a qualsevol migrant que vulgui iniciar la seua regularització. El procés va començar aquest dimecres després que el Govern aprovàs per Reial decret, en l’últim Consell de Ministres, concedir permís de residència als extracomunitaris que puguin demostrar arrelament a Espanya i no tinguin antecedents penals. Una “fita del Pla de Convivència i Integració Intercultural”, per a la Moncloa. Un cavall de batalla, en canvi, per al PP. A tot el país i, amb especial força, a les Illes Balears, on governa en coalició o amb suport extern de Vox a les principals institucions de les illes, amb l’única excepció del Consell d’Eivissa. “No es pot entrar en aquesta ciutat per la porta del darrere”, ha dit aquesta tarda Jaime Martínez Llabrés: el batle de Palma ha comparegut davant els periodistes poc després que els mitjans hagin rebut l’escrit dels funcionaris.

La nota assegura que, davant les cues que ja es van formar ahir, “l’equip directiu” de l’OAC va activar per a aquest dijous “mesures de reforç de personal amb l’objectiu de garantir una atenció adequada i el compliment dels terminis establerts”. Segons continua el text, aquest mateix matí hi va haver ordres de “no reforçar el servei, deixant tota la gestió d’aquest volum extraordinari únicament en mans de les professionals habituals de l’OAC Social”.

Tanmateix, sí que es va intensificar “la seguretat” a les oficines ciutadanes. Així ho ha explicat el batle Martínez en la seua intervenció, on ha exposat un argumentari que no ha esmentat les queixes dels funcionaris. El polític del PP ha preferit carregar contra el president del Govern, a qui ha nomenat diverses vegades en menys de cinc minuts: “Genera falses expectatives i ha provocat un efecte crida claríssim. (...) Ahir els serveis públics ja van començar a tenir pressió, vam tenir 300 persones que van anar a les instal·lacions municipals per fer tràmits. (...) Pedro Sánchez ha decidit com es fa [la regularització] i qui ho fa sense consens. (...) [Els migrants] tenen col·lapsat un servei al qual han d’accedir els ciutadans. (...). Com s’integrarà tota aquesta gent a la nostra ciutat?”.

“Instruccions polítiques” a primera hora del matí

elDiario.es ha contactat amb un dels funcionaris que han remès el comunicat. “Ahir ja es va atendre de manera diferent, en grups, però es va poder parlar amb molta gent, tot i que d’una manera una mica improvisada. Des de direcció es va demanar a diferents departaments qui podia reorganitzar la seva agenda per reforçar l’OAC Social [l’oficina que està suportant més peticions d’informació]. Ens hi vam apuntar diverses persones al grup de reforç”, relata aquest funcionari. Aquest matí, segons aquest testimoni, els empleats públics que es trobaven a les oficines centrals de serveis socials de l’Ajuntament de Palma s’han endut una sorpresa: “Mentre ens explicaven què havíem de dir als diferents tipus de demandants —perquè, per exemple, si tenen menors a càrrec, no necessiten el certificat de vulnerabilitat— i com anar filtrant la cua, just quan havíem de sortir, el director tècnic ens ha comunicat que hi havia una instrucció de la direcció política perquè no es fessin reforços”.

Traduït en xifres, l’ordre implicava que “fossin les dues persones que atenen habitualment a les oficines de l’OAC Social les que s’encarregassin de tot”. “No sé si a escala estatal s’hauria pogut fer millor el procés de regularització”, continua el funcionari, “però sé que els mitjans municipals s’haurien pogut utilitzar millor. És flagrant fer servir persones per a una batalla política. Hem escrit ràpid el comunicat, entre els sis empleats que érem a les oficines centrals i, després, gairebé tot el centenar de treballadors de l’àrea de serveis socials s’hi han anat adherint”.

L’oposició acusa el PP de “racisme institucional”

La resposta dels grups municipals que s’oposen al govern sense majoria absoluta —i amb suport extern de Vox— del PP no s’ha fet esperar. “La manca de previsió de l’Ajuntament és inadmissible. Les persones tenen drets i han de ser ateses amb dignitat. El que està fent avui l’Ajuntament és indigne. Són persones que estan sol·licitant informació i una documentació que els pot servir per regularitzar-se en aquest país. Exigim al batle que reforci els punts d’atenció i doni una solució a les persones que viuen i treballen en aquesta ciutat, que tenen uns drets reconeguts des de dimarts i que no mereixen el tracte inhumà que estan rebent”, ha dit Iago Negueruela, secretari general dels socialistes a Palma i el polític millor situat per encapçalar la pròxima llista del PSIB a les municipals de 2027.

Miquel Àngel Contreras, regidor de Més, ha anat més enllà qualificant de xenofòbia el suposat bloqueig dels populars a la decisió tècnica de destinar més personal a les oficines d’atenció ciutadana. “És una decisió política”, ha afirmat Contreras, “que pretén deixar fora del sistema milers de persones. El PP utilitza l’administració per negar drets a la ciutadania de Palma. Estem parlant de persones que treballen i viuen a la nostra ciutat i les estan deixant al marge. Això és racisme institucional”. Els ecosobiranistes mallorquins consideren que es tracta d’“un boicot conscient” contra les persones que volen acollir-se a aquest procés de regularització.

Lucía Muñoz, de Podem, ha exclamat un “prou ja” en un vídeo publicat a Twitter. L’ha gravat davant les cues que es formaven cap a les deu i mitja del matí a la mateixa porta de l’OAC situada a la seu del consistori, al centre històric de la ciutat: “Demanam a l’equip de govern que posi tots els recursos humans per poder tramitar la regularització extraordinària”. “Sembla que el PP vol esclaus per sostenir el turisme”, ha continuat l’única regidora que conserva Unides Podem a la capital balear: “Demanem al batle que aturi la seva guerra contra els pobres. Sembla que les traves burocràtiques sempre són per als mateixos: per a les persones migrants, per a les persones que viuen en caravanes (com hem vist amb els empadronaments), per a les persones sense llar”.

El silenci de Vox i els “éssers de llum” de Prohens

Vox, per la seua banda, guarda silenci. “Potser demà valorarem una resposta”, comenten fonts de la formació. Als seus perfils a les xarxes socials, la tercera força de Cort —sis regidors, un 20% de vot en els últims comicis i enquestes internes que els situen per davant del PSIB en els següents— no publica res des de dimarts. Aquell dia, Fulgencio Coll Bucher —portaveu municipal dels ultradretans i ex cap d’Estat Major de l’Exèrcit de Terra— es va fotografiar davant el monument de sa Feixina per defensar que la Llei de Memòria Democràtica no destrueixi aquest monòlit erigit en honor als caiguts del bàndol colpista a la Guerra Civil. Més tard, va rebre a la seu del seu partit uns representants de Solidaridad, on va qualificar de “independent” un sindicat promogut per Vox per cercar el vot de la classe obrera.

Als perfils autonòmics de Vox han aparegut aquest dijous alguns retuits dels mítings de Santiago Abascal a Andalusia i una única referència al col·lapse de les oficines d’atenció ciutadana a Palma: el retuit d’una foto publicada al compte personal de Sergio Rodríguez Farré. Aquest diputat, conegut per les seves intervencions de to islamòfob i franquista als plens del Parlament, ha acompanyat la imatge d’una frase descriptiva i una altra carregada d’intenció política: “Cua ara mateix a les oficines municipals de Cort per a tràmits de regularització d’immigrants. Encara hi haurà algun il·luminat que digui que l’efecte crida de Sánchez no col·lapsa els serveis públics”. La mateixa fórmula que va defensar ahir la presidenta Marga Prohens, que ha arribat a dir que «no tot» l’estranger “que arriba” a les Illes Balears “és un ésser de llum”.

De fet, mentre Rodríguez escrivia a la xarxa social, la cambra balear tornava a posicionar-se contra la regularització de migrants gràcies als vots del PP i Vox a la comissió econòmica que se celebra els dijous. El mateix rumb que va portar els conservadors a donar llum verda a una proposició no de llei presentada al Parlament a mitjan febrer pels ultradretans. En aquell text s’utilitzava la paraula “remigració”, una proposta que esgrimeixen formacions de tall neonazi com Alternativa per Alemanya. En altres paraules, una expulsió cap als seus països d’origen de desenes de milers de persones no nascudes a Espanya.

El concepte xoca amb els testimonis recollits als carrers de Palma que s’han pogut sentir avui als informatius de la Cadena SER. “[Amb la regularització] deixaran d’explotar-nos: hi ha persones que treballen per menys de 8 euros l’hora, o fins i tot menys. Parl pels meus compatriotes colombians, equatorians, peruans, bolivians. Som molt treballadors, igual que els migrants d’altres nacionalitats. No venim a llevar la feina a ningú”, ha dit esperançada una dona. Igual de reivindicativa era una altra vegada, també dona i també llatinoamericana: “Qui pensi que venim a llevar-los la feina que sàpiga que és gent que ja existeix, és aquí i té un lloc de feina. Jo fa tres anys que treball en negre, cuidant una senyora, pujant-la, baixant-la, arreglant-la, canviant-li panyals. A canvi de què? Sense vacances ni pagues extres, amb un sou mediocre. Per tenir aquests drets necessitem papers per poder donar-nos d’alta a la Seguretat Social”.

Ante las colas larguísimas que desde las siete de la mañana se han formado a las puertas de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Palma (OAC), atendían los mismos funcionarios de siempre “debido a instrucciones políticas”. Es la denuncia que refleja un comunicado de prensa redactado por varios empleados del área de Serveis Socials de la capital balear. Según su testimonio, el equipo de gobierno de la capital balear ha vetado que se destine más personal a las ventanillas donde se pueden gestionar en persona trámites administrativos o, simplemente, obtener información para realizarlos. El Ajuntament de Palma está en manos del PP, con Vox como muleta en los plenos para sacar adelante presupuestos, ordenanzas y mociones.

Los vecinos de Palma que esperan su turno ante las oficinas de la OAC buscan, en la mayoría de los casos, un certificado de vulnerabilidad social. Es uno de los documentos esenciales para cualquier migrante que desee iniciar su regularización. El proceso comenzó este miércoles después de que el Gobierno aprobara por Real Decreto en el último Consejo de Ministros conceder permiso de residencia a los extracomunitarios que puedan demostrar arraigo en España y no tengan antecedentes penales. Un “hito del Plan de Convivencia e Integración Intercultural”, para Moncloa. Un caballo de batalla, en cambio, para el PP. En todo el país y, con especial fuerza, en las Illes Balears, donde gobierna en coalición o con apoyo externo de Vox en las principales instituciones de las islas con la única excepción del Consell de Eivissa. “No se puede entrar en esta ciudad por la puerta de detrás”, ha dicho esta tarde Jaime Martínez Llabrés: el alcalde de Palma ha comparecido ante los periodistas poco después de que los medios hayan recibido el escrito de los funcionarios.

La nota asegura que, ante las colas que ya se formaron ayer, “el equipo directivo” de la OAC activó para este jueves “medidas de refuerzo de personal con el objetivo de garantizar una atención adecuada y el cumplimiento de los plazos establecidos”. Según continúa el texto, esta misma mañana hubo órdenes de “no reforzar el servicio, dejando toda la gestión de este volumen extraordinario en manos únicamente de las profesionales habituales de la OAC Social”. 

Sin embargo, sí se intensificó “la seguridad” en las oficinas ciudadanas. Así lo ha explicado el alcalde Martínez en su intervención, donde ha expuesto un argumentario que no ha mencionado las quejas de los funcionarios. El político del PP ha preferido cargar contra el presidente del Gobierno, a quien ha nombrado varias veces en menos de cinco minutos: “Genera falsas expectativas y ha provocado un efecto llamada clarísimo. (...) Ayer los servicios públicos ya comenzaron a tener presión, tuvimos a 300 personas que fueron a las instalaciones municipales para hacer trámites. (...) Pedro Sánchez ha decidido cómo se hace [la regularización] y quién lo hace sin consenso. (...) [Los migrantes] tienen colapsado un servicio al que tienen que acceder los ciudadanos. (...). ¿Cómo se integrará a todas estas personas en nuestra ciudad?”.

“Instrucciones políticas” a primera hora de la mañana

elDiario.es ha contactado con uno de los funcionarios que han remitido el comunicado. “Ayer ya se atendió de forma diferente, en grupos, pero se pudo hablar con mucha gente, aunque de una forma un poco improvisada. Desde dirección se pidió en diferentes departamentos quién podía reorganizar su agenda para reforzar a la OAC Social [la oficina que está soportando más peticiones de información]. Nos apuntamos varias personas al grupo de refuerzo”, relata este funcionario. Esta mañana, según este testimonio, los empleados públicos que se encontraban en las oficinas centrales de servicios sociales del Ajuntament de Palma se han llevado una sorpresa: “Mientras nos explicaban qué teníamos que contar a los diferentes tipos de demandantes –porque, por ejemplo, si tienen menores a su cargo, no necesitan el certificado de vulnerabilidad– y cómo ir cribando la cola, justo cuando íbamos a salir, el director técnico nos ha comunicado que había una instrucción de parte de la dirección política para que no se hicieran extras”. 

Traducida en cifras, la orden implicaba que “fueran las dos personas que atienden normalmente en las oficinas de la OAC Social quienes se encargaran de todo”. “No sé si a nivel estatal se podría haber hecho mejor el proceso de regularización”, prosigue el funcionario, “pero sé que los medios municipales se podrían haber utilizado mejor. Es flagrante utilizar a personas para una batalla política. Hemos escrito rápido el comunicado, entre los seis empleados que estábamos en las oficinas centrales y, después, casi todo el centenar de trabajadores del área de servicios sociales se han ido adhiriendo”.

La oposición acusa al PP de “racismo institucional”

La respuesta de los grupos municipales que se oponen al gobierno sin mayoría absoluta –y con apoyo externo de Vox– del PP no se ha hecho esperar. “La falta de previsión del Ayuntamiento es inadmisible. Las personas tienen derechos y deben ser atendidas con dignidad. Lo que está haciendo hoy el ayuntamiento es indigno. Son personas que están solicitando información y una documentación que les puede servir para regularizarse en este país. Exigimos al alcalde que refuerce los puntos de atención y dé una solución a las personas que viven y trabajan en esta ciudad, que tienen unos derechos reconocidos desde el martes y que no merecen el trato inhumano que están recibiendo”, ha dicho Iago Negueruela, secretario general de los socialistas en Palma y el político mejor situado para encabezar la próxima lista del PSIB en las Municipales de 2027. 

Miquel Àngel Contreras, concejal de Més, ha ido más allá calificando de xenofobia el presunto bloqueo de los populares a la decisión técnica de destinar más personal en las oficinas de atención ciudadana. “Es una decisión política”, ha afirmado Contreras, “que pretende dejar fuera del sistema a miles de personas. El PP utiliza la administración para negar derechos a la ciudadanía de Palma. Estamos hablando de personas que trabajan y viven en nuestra ciudad y las están dejando al margen. Esto es racismo institucional”. Los ecosoberanistas mallorquines consideran que se trata de “un boicot consciente” contra las personas que quieren acogerse a este proceso de regularización.

Lucía Muñoz, de Podemos, ha exclamado un “basta ya” en un vídeo publicado en Twitter. Lo ha grabado frente a las colas que se formaban hacia las diez y media de la mañana en la misma puerta de la OAC que se encuentra en la sede del Consistorio, en pleno centro histórico de la ciudad: “Le pedimos al equipo de gobierno que ponga todos los recursos humanos para poder tramitar la regularización extraordinaria”. “Parece que el PP quiere esclavos para sostener el turismo”, ha continuado la única concejala que conserva Unides Podem en la capital balear: “Le pedimos al alcalde que cese con su guerra contra los pobres. Parece que las trabas burocráticas siempre son para los mismos: para las personas migrantes, para las personas que viven en caravanas (como hemos visto con los empadronamientos), para las personas sin hogar”.

El silencio de Vox y los “seres de luz” de Prohens

Vox, por su parte, guarda silencio. “Quizás mañana sopesemos una respuesta”, comentan fuentes de la formación. En sus perfiles en redes sociales, la tercera fuerza de Cort –seis concejales, un 20% de voto en los últimos comicios y encuestas internas que los sitúan por delante del PSIB en las siguientes– no publica nada desde el martes. Aquel día, Fulgencio Coll Bucher –portavoz municipal de los ultraderechistas y ex jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra– se fotografió frente al monumento de Sa Feixina para defender que la Ley de Memoria Democrática no destruya este monolito erigido en honor a los caídos del bando golpista en la Guerra Civil. Más tarde, recibió en la sede de su partido a representantes de Solidaridad, donde calificó como “independiente” a un sindicato promovido por Vox para buscar el voto de la clase obrera. 

En los perfiles autonómicos de Vox han aparecido este jueves algunos retuits de los mítines de Santiago Abascal en Andalucía y una única referencia al colapso de las oficinas de atención ciudadana en Palma: el retuit de una foto publicada en la cuenta personal de Sergio Rodríguez Farré. Este diputado, conocido por sus intervenciones de corte islamófobo y franquista en los plenos del Parlament, ha acompañado la imagen de una frase descriptiva y otra llena de intención política: “Cola ahora mismo en las oficinas municipales de Cort para trámites de regularización de inmigrantes. Todavía habrá algún lumbreras que diga que el efecto llamada de Sánchez no colapsa los servicios públicos”. La misma fórmula que defendió ayer la presidenta Marga Prohens, que ha llegado a decir que “no todo el” extranjero “que llega” a las Illes Balears “es un ser de luz”.

De hecho, mientras Rodríguez escribía en la red social, la cámara balear volvía a posicionarse contra la regularización de migrantes gracias los votos de PP y Vox en la comisión económica que se celebra los jueves. El mismo rumbo que llevó a los conservadores a dar luz verde a una proposición no de ley presentada en el Parlament a mediados de febrero por los ultraderechistas. En aquel texto se utilizaba la palabra “remigración”, una propuesta que esgrimen formaciones de corte neonazi como Alternativa por Alemania. En otras palabras, una expulsión a sus países de origen de decenas de miles de personas no nacidas en España.

El concepto choca contra los testimonios recogidos en las calles de Palma que se han podido escuchar hoy en los informativos de la Cadena SER. “[Con la regularización] Nos van a dejar de explotar: hay personas que trabajan por menos de 8 euros la hora, o incluso menos. Hablo por mis compatriotas colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos. Somos muy trabajadores, igual que los migrantes de otras nacionalidades. No venimos a quitarle el trabajo a nadie”, ha dicho esperanzada una mujer. Igual de reivindicativa era otra vez, también femenina y también latinoamericana: “Quien piense que venimos a quitarles el trabajo que sepa que es gente que ya existe, está acá y tiene un puesto de trabajo. Yo llevo tres años trabajando en negro, cuidando una señora, subiéndola, bajándola, alisándola, cambiándole pañales. ¿A cambio de qué? Sin vacaciones, pagas extras, con un sueldo mediocre. Para tener esos derechos necesitamos tener papeles para que podamos darnos de alta en la Seguridad Social”.

Las delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha estimado este jueves que “entre 5.000 a 7.000 personas” se podrían acoger en la comunidad al proceso para la regularización de migrantes que se ha abierto, cuya tramitación se ha abierto hoy mismo. En rueda de prensa, Arraiz ha apuntado que este proceso deriva de “una idea muy clara que tiene el Gobierno de España y es que la regularización de personas inmigrantes no es solo ni puramente una cuestión administrativa sino que es una apuesta por una sociedad justa, más fuerte y más cohesionada”.

“España es un país que ha sabido crecer integrando y que hoy seguimos demostrando que la convivencia y la inclusión son una fortaleza de este país y no una debilidad”, ha afirmado la delegada, que ha querido recordar que “este proceso de regularización extraordinaria en este país se ha vivido en otras ocasiones y con gobiernos de distintos colores”.

Se ha centrado especialmente Arraiz en el procedimiento para la regularización, que se ha abierto este mismo jueves, ya que, como ha detallado, “desde hoy se pueden realizar las peticiones telemáticas, es decir, se pueden tramitar desde hoy las solicitudes de esta regularización extraordinaria”.

Una opción que, a su juicio, es “la forma más eficaz de presentarla, la óptima”, para la que “no se precisa cita previa presencial, se hace automáticamente en la página web del Ministerio de Inclusión, 24 horas al día, 7 días a la semana, porque está constantemente funcionando”.

Así, ha explicado que “se puede realizar mediante certificado digital”; también “puede ser realizada en tu nombre por una persona apoderada, quedando inscrita como tal en el registro electrónico del Ministerio de Inclusión”; y “por un profesional habilitado, como abogados, graduados sociales, gestores administrativos o entidades inscritas en el registro de colaboradores de extranjería”, como sería, en el caso de La Rioja, el del sindicato Comisiones Obreras.

Igualmente, en el caso de que se prefiera al opción de la tramitación presencial, se puede desde hoy pedir cita previa -a través de medios como contar con la CLAVE, tanto propia como por otra persona que la tenga; rellenando el formulario de la web del Ministerio de Inclusión; o llamando por teléfono al número 060-, “y a partir del lunes 20, se empezarán a enviar los días, horas y lugares” para presentar la solicitud.

Aunque ya se conoce que esa presentación -abierta hasta el 30 de junio- se desarrollará en oficinas de Correos y en sedes del INSS, la delegada ha preferido no precisar más los lugares concretos, “porque aún puede cambiar algo” hasta el momento en el que se empiecen a remitir las citas, “cambiar -ha afirmado- para bien”, porque se pueden ampliar los espacios habilitados.

Regularizar a quienes ya están contribuyendo en este país y en esta región a nuestra economía significa reforzar ese crecimiento

Beatriz Arraiz ha destacado las ventajas de esta regularización en diversos ámbitos, comenzando por el punto de vista económico, ya que, en un contexto de “crecimiento sostenido”, ha considerado que “regularizar a quienes ya están contribuyendo en este país y en esta región a nuestra economía significa reforzar ese crecimiento; aflorar actividad; y tanto garantizar derechos como el cumplimiento de obligaciones”.

“Es un acto de justicia”, ha añadido, que “en el laboral permite luchar contra la precariedad, contra la economía sumergida, que miles de trabajadores y trabajadoras pueden acceder a contratos dignos, como los más de 37.000 contratos indefinidos existentes en La Rioja que han crecido de forma muy importante en los últimos años, es aapostar por un mercado laboral más estable, más justo y más competitivo”.

Y a ello ha sumado que “desde el punto de vista social, contribuye directamente y sin duda a la cohesión, porque, cuando una persona está regularizada y puede acceder con normalidad a servicios públicos, a la educación, a la sanidad, a la política social, eso beneficia al conjunto de la sociedad porque favorece y fortalece el estado del bienestar”.

Para Arraiz, además, “estamos hablando de una cuestión profundamente humana, detrás de cada proceso de regularización y de cada persona en situación irregular hay personas con nombres y apellidos, con familias, con situaciones complicadas en ocasiones que quieren oportunidades, que quieren estabilidad, que quieren futuro y que quieren aportar también en este país”.

“España -ha destacado- tiene una larga tradición de acogida e integración y anteriores procesos de regularización lo han puesto de manifiesto. Cuando se hacen bien las cosas se genera prosperidad, se genera convivencia y se genera progresión. Ése es el modelo de país que defendemos, el modelo de país que deberíamos defender todos, que defiende desde luego al gobierno de España, que integra y que no quiere dejar a nadie atrás”.

Un proceso de regularización extraordinaria que, ha incidido, “se ha venido hasta exigiendo desde organizaciones muy distintas y por distintos motivos”, citando “desde las asociaciones empresariales hasta la Iglesia católica, pasando por los organismos del tercer sector que trabajan con inmigrantes”.

Hay ayuntamientos donde se está poniendo dificultades desde hace tiempo, no precisamente este proceso de regularización extraordinaria, sino al propio empadronamiento

Con todo, en palabras de la delegada del Gobierno, ha reconocido que “los primeros días son un tanto complicados en cualquier proceso; sé que puede haber problemas, dudas, dificultades, pero trataremos de ir solventando en estos días, en este proceso, que no es muy largo, hasta el 30 de junio, todas aquellas situaciones que puedan irse poniendo sobre la mesa”.

Se ha referido, por ejemplo, a preguntas de los periodistas, a las dudas con respecto a la obtención del informe de vulnerabilidad, que “se puede encontrar colgado en la web del Ministerio de Inclusión” y que debe ir sellado por un profesional de una administración, que serían los Servicios Sociales municipales -con algunas quejas de Ayuntamientos como Logroño o Calahorra-, o por entidades colaboradoras.

Sobre las dudas municipales, Arraiz ha apuntado que “yo no quiero pensar que nada de esto haya mala fe, yo entiendo que es a veces complicado también entender el funcionamiento de todo esto y prefiero quedarme con esta idea”. “Trataremos de ir solventando estas dudas, pero yo pido también que las administraciones que tengan de una u otra manera que colaborar en todo este procedimiento que lo hagan de buena fe”, ha insistido.

En sus palabras, “hay ayuntamientos donde se está poniendo dificultades desde hace tiempo, no precisamente este proceso de regularización extraordinaria, sino al propio empadronamiento”, apuntando en cambio que “son ciudadanos que están entre nosotros, y que, en muchas ocasiones, nos están prestando servicios muy importantes en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro entorno”.

“No se puede negar una realidad que está a nuestro alrededor y que además nos necesitamos, nosotros a ellos y ellos a nosotros. Vamos a pensar que lo que existe es un inicio de un procedimiento que puede llevar a dudas o errores y vamos a pensar que vamos a ser capaces de ir solucionándolo todo”, ha argumentado.

Y sobre las quejas de algunos sindicatos por falta de personal o de formación, la delegada ha recordado que, tanto en las oficinas de Correos como en el INSS, “no van a entrar a valorar nada, solo se recoge la solicitud y la documentación, para eso sí se ha formado”, mientras que la tramitación del expediente se hará en una unidad específica, la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX).

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha estimado que esta comunidad autónoma se presentarán entre 13.000 y 15.000 solicitudes de migrantes para acceder a la regularización extraordinaria. Estas personas ya pueden empezar a solicitar su cita previa, según ha informado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El departamento que dirige Elma Saiz ha puesto en marcha un portal web (inclusion.gob.es/regularización), específicamente destinado a informar sobre el proceso de regularización extraordinaria a las personas interesadas.

Este portal ofrece la posibilidad de pedir cita previa, completamente gratuita e imprescindible para ser atendido presencialmente. Aunque el servicio está disponible desde este jueves día 16, la atención en oficina empezará el próximo lunes 20.

El delegado del Gobierno en la región ha informado de que en Castilla-La Mancha habrá 13 oficinas receptoras, que son cuatro de la Tesorería y una del INSS en las distintas provincias, así como ocho oficinas de correos, donde puedan presentar la solicitud de manera presencial.

Sabrido ha defendido que esta regularización responde fundamentalmente a tres cuestiones. En primer lugar, ha dicho, a la normalización ya que “estamos hablando de personas que ya viven con nosotros”. En segundo lugar, ha recalcado, es “un asunto de justicia” y en tercer lugar, es “una cuestión de necesidad”.

Hay que dar gracias a la gente que está trabajando con nosotros

José Pablo Sabrido — Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha

ç“No cabe ninguna duda de que los inmigrantes están aportando mucho a la riqueza de España”, ha abundado el delegado del Gobierno, quien ha recalcado que “el 50 del empleo que se crea en Europa es en España”. “Hay que dar gracias a la gente que está trabajando con nosotros”, ha dicho.

Además, ha hecho hincapié en que “esta situación está regulada no para introducir problemas a España”, sino que “está para introducir soluciones”. Ha recordado que solo podrán ser regularizados los que a 1 de enero estuvieran ya en España, “con lo cual no se está abriendo las puertas a nueva gente que venga”. Además, a la fecha de la solicitud tienen que llevar cinco meses sin interrupción en España.

“No nos vamos a llenar, como alguien pretende, de delincuentes. Nos vamos a llenar de gente normal, de gente que trabaja, de gente que quiere lo mejor para su familia”.

Ha subrayado que en ningún caso podrán ser regularizados los que tengan antecedentes penales en España o en su país de origen, al mismo tiempo que ha manifestado que el hecho de estar regularizados en España no supone que se puedan desplazar a trabajar a otros países de la Unión Europea.

En cuanto al certificado de penales, se pedirá de oficio por parte de la Administración.esde el portal puede cumplimentarse un formulario para verificar si se cumplen los requisitos para optar la regularización, iniciar el propio trámite si los interesados disponen de certificado electrónico y solicitar cita previa.

El mencionado portal web cuenta con información detallada del proceso: en qué consiste exactamente y cuáles son sus potenciales beneficiarios. Esta información se ha articulado en diferentes formatos, con preguntas frecuentes y vídeos que serán actualizadas según se vayan detectando nuevas necesidades. Si después de leer toda esta información surge alguna duda específica, se podrá realizar a través de un formulario.

Además, las personas interesadas van a tener a su disposición una serie de videos explicativos con diferentes aspectos del proceso de tramitación, solicitud de cita, etc.

La web incluye un apartado con los documentos más importantes, tales como el texto de la norma publicado en el Boletín Oficial del Estado o el formulario de vulnerabilidad, que sirve para acreditar la vulnerabilidad en caso de tener que acreditar esa situación como vía para acceder a la regularización.

El portal también destaca la verificación de requisitos, desde donde se puede hacer una simulación para comprobar si se cumple con los requisitos que permiten acceder a la regularización.

Atención en oficinas el 20 de abril

Este portal ofrece la posibilidad de pedir cita previa, completamente gratuita e imprescindible para ser atendido presencialmente. Aunque el servicio está disponible desde este jueves día 16, la atención en oficina empezará el próximo lunes, día 20 de abril.

La cita puede solicitarse por tres vías: con identificación digital, a través de un formulario y en el teléfono 060. El calendario de citas se abre de forma progresiva.

Si el interesado dispone de Cl@ve, desde la web del ministerio podrá acceder a la aplicación de cita previa. En esta modalidad se puede seleccionar oficina, día y hora. También se puede pedir a alguien que tenga Cl@ve que solicite la cita introduciendo los datos de la persona interesada.

La segunda forma es a través de un formulario que aparece en la web. Por esta vía se asignará la cita más próxima a las preferencias que se indiquen. Si bien, desde el Ministerio avisan que la asignación por formulario “no será inmediata” y que llegará al correo electrónico o por SMS la confirmación de la cita. Mientras, la tercera opción es llamando al teléfono 060, donde te atenderán de lunes a viernes de 09.30 a 14,00 y de 16.30 a 19.30.

Solicitud telemática

Desde el mismo portal, puede iniciarse el proceso de regularización. Esta es la vía preferente, ya que se puede hacer la solicitud de manera telemática las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Podrán hacerlo los propios interesados si disponen de certificado electrónico y a través de personas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos, o bien con representantes que les ayuden a realizar el trámite como abogados, graduados sociales o gestores administrativos.

Por último, también contarán con la ayuda las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, más de 150, cifra que se sigue ampliando cada día y cuyo listado está en la página web.

Por otro lado, si así lo consideran oportuno, los potenciales beneficiarios pueden contar con la colaboración de los profesionales de la abogacía especializados en materia de extranjería, para su asesoramiento jurídico y la correcta tramitación de los expedientes.

Estos profesionales pueden acompañar a las personas solicitantes a lo largo de todo el proceso y actuar, en su caso, como sus representantes, papel que también realizarán graduados sociales y gestores administrativos. Con este objetivo, en el Portal de la Regularización, aparecen contactos de los Colegios Profesionales de la Abogacía para las personas interesadas.

Además, la web ofrece un listado actualizado con las entidades colaboradoras en extranjería que han acreditado tener al menos dos años de experiencia y ofrecen acompañamiento gratuito en el proceso. Estas entidades han creado un censo de personas habilitadas para actuar como representantes de los interesados en la solicitud telemática.