El Gobierno ha acusado este martes al Partido Popular de “boicotear” los trámites que necesitan los migrantes para acceder a la regularización extraordinaria impulsada de las Moncloa impidiendo que los ayuntamientos gobernados por el partido de Alberto Núñez Feijóo hagan las gestiones oportunas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de migraciones y portavoz del Ejecutivo ha asegurado que hay “ayuntamientos que siguiendo directrices políticas del PP están boicoteando las esperanzas y los derechos” de los migrantes.

“El PP está solo y desdibujado en su boicot”, ha añadido Saiz, que ha matizado, no obstante, que “el procedimiento está perfectamente regulado”. Como ejemplo ha puesto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, “que ha verbalizado que no va a colaborar con la regularización”. “¡Qué incoherencia!”, ha espetado, haciendo alusión al hecho de que el gobierno municipal madrileño presuma de acoger a miles de personas latinoamericanas. “Por encima de todo están la sociedad civil, la Iglesia católica, las entidades sociales y miles de ciudadanos que tienen ilusión”.

Saiz ha añadido que el de esta semana se están dando “los primeros días de un procedimiento enorme, muy garantista y muy trabajado”. “Quiero compartir mi empatía con las personas que están con un comportamiento ejemplar aguantando las colas”, ha dicho, además de lanzar su “agradecimiento a los funcionarios” y “también a los ayuntamientos que están colaborando, poniendo recursos, con garantía de servicio público”.

Este mismo martes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, había reprochado a las administraciones controladas por el PP, especialmente a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que estén haciendo “lo posible y lo imposible” por “boicotear” el proceso de regularización de migrantes aprobado por el Ejecutivo central. “Hemos escuchado con nitidez que el PP va a poner todas sus energías en boicotear un proceso tan justo, tan importante y tan positivo para la sociedad como es este proceso de regularización. Por lo tanto, lo que están encontrando son herramientas para hacerlo”, ha lamentado Martín en declaraciones a la prensa.

Martín ha explicado que los migrantes que quieran acogerse a la regularización deben demostrar un “proyecto laboral” o utilizar la vía familiar para quienes “tengan una familia o un proyecto familiar que pueda acreditar”. Al margen de estas dos posibilidades, el delegado ha recordado que existe la tercera vía que es la de la vulnerabilidad, para la cual las personas migrantes deben descargarse un modelo en la página web del Ministerio de Inclusión que tanto las entidades sociales como los servicios municipales de los Ayuntamientos pueden sellar.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha apuntado que la regularización extraordinaria de migrantes aprobada este martes en el Consejo de Ministros podría beneficiar a unas 2.000 personas que residen en la comunidad autónoma con anterioridad al 1 de enero de 2026.

Casares ha defendido el proceso de regularización como una “extraordinaria noticia” y ha subrayado que se trata de una cifra estimada, algo en lo que coindicen las entidades sociales: “El número de personas en situación administrativa irregular podría ser mayor, dado que muchas de ellas no figuran en registros oficiales o se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad que dificultan su contabilización”, han señalado desde la Coordinadora Cántabra de ONGD, consultada por elDiario.es.

La construcción y el empleo doméstico -junto a la hostelería, el comercio y el transporte y almacenamiento- son los sectores donde la presencia migrante, tanto en Cantabria como en el conjunto de España, es más notable, según el informe de UGT 'Desmontando prejuicios y estereotipos. Población de nacionalidad extranjera en Cantabria' presentado a finales de 2025.

Marruecos y Colombia son igualmente los países de origen de una gran parte de la población migrante que reside en Cantabria, junto a otras nacionalidades de América Latina como Perú, Venezuela y Bolivia, según confirman desde la Coordinadora cántabra.

Yulieth (33 años, Colombia) llegó hace un año y un mes a España, el mismo periodo que lleva sin ver a sus dos hijos, de 15 y 7 años. Trabaja limpiando casas por las mañanas y por las tardes estudia un grado medio de Estética y Belleza en el IES El Alisal de Santander.

En Cantabria ha contado con el apoyo de familiares que llevan más de dos décadas residiendo en la comunidad y gracias a ello no le ha faltado “techo y comida” en las situaciones más extremas, pero admite que hubo un tiempo en que estuvo “a punto de tirar la toalla”, volver a su país y renunciar a sus aspiraciones de poder ofrecer un mejor futuro a sus hijos. “En Colombia estudié logística portuaria, contabilidad y finanzas. Trabajé siempre en empresas. Me quedé sin trabajo y eso me hizo tomar la decisión de venirme”.

Para Yulieth, la obtención de papeles considera que le abriría muchas puertas: “El poder reencontrarme con mis hijos, lo primero, y también en términos laborales el tener los mismos derechos que otras personas”, asegura. “Yo vivía en Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, Cali. Es una zona muy violenta. Es un sitio muy bonito, pero pesa mucho la violencia y la inseguridad. Eso es una de las cosas que me gustó de Santander, la seguridad”, relata.

Su primer trabajo fue como empleada del hogar interna, “un reemplazo en una casa de Castro Urdiales” donde, según asegura, “se portaron muy bien”. A la pregunta de si se trataba del cuidado y acompañamiento de personas mayores, casos bastante habituales en regiones como Cantabria, con una alta tasa de envejecimiento, Yulieth responde que no. Más bien todo lo contrario, era “una familia con un chico mayor de edad. Yo tenía que hacer la limpieza de la casa, la comida, atender al perrito...”. Tras esa primera experiencia cuenta que estuvo dos meses sin trabajar. “Tocaba puertas pero me decían que necesitaban personas con documentos porque si no podían coger una multa”.

De tanto intentarlo, dice, le salió el trabajo de limpieza actual. “Es un trabajo duro y para uno que no tiene papeles está mal pagado. Estoy en varias casas”, remarca. En definitiva, ante la posibilidad de regularizar su situación piensa en “la tranquilidad que supondría, por fin”. Asegura sentirse “muy contenta”, por ella y por todas aquellas personas que como ella “han venido a trabajar, a cumplir sus metas y anhelos y van a poder tener los mismos derechos de cualquier otro ciudadano”.

El alto coste de las solicitudes   

Wassima (36) y Yassine (43), naturales de Tánger (Marruecos), han encontrado en el centro social Smolny, en el barrio de Entrehuertas de Santander, una red de apoyo vecinal a la que acuden casi a diario con sus tres hijos, de 3, 6 y 10 años. Wassima perfecciona su español y estudia en Las Escuelas Verdes mientras los niños juegan y participan en talleres infantiles junto a otros pequeños del barrio.

Aunque la familia llegó a España el 28 de mayo de 2025, su marido, Yassine, vivió aquí en una etapa precedente, entre 2002 y 2012. Incluso residió por un tiempo en un centro de menores de Parbayón, donde estudió jardinería y carpintería a través de la asociación Amica. Ya siendo mayor de edad tuvo varios empleos en jardinería, ganadería y en una empresa de construcción de Reinosa. Todos con contratos de trabajo, ya que por aquel entonces su situación era regular. De hecho, tiene cotizados cerca de tres años a la Seguridad Social. “No sé si será verdad, pero me han dicho que si me dan los papeles puedo recuperar esos años cotizados”, dice ilusionado.

Motivos personales le llevaron a regresar a Marruecos y estuvo allí 13 años antes de volver a España. En ese periodo conoció a Wassima y formaron una familia. Actualmente viven de sus trabajos temporales, por días sueltos o semanas, en la construcción. “Son cosas muy temporales, trabajo 'en negro', chapuzas, reformas de pisos, poner un suelo... también trabajo con feriantes, montando y desmontando estructuras”, añade. “Solo queremos tener los papeles para poder trabajar legalmente, como todo el mundo, para poder cotizar”, sostiene.

Los trámites para ellos son algo más complicados y costosos debido al idioma. Solo la traducción jurada del árabe al español de parte de los documentos imprescindibles para iniciar la solicitud (certificado de nacimiento de sus hijos y de antecedentes penales), apenas cuatro páginas, tiene un coste de más de 120 euros. A eso hay que añadir la tasa administrativa de 38,28 euros que ha de abonar toda persona que quiera optar a esta regularización extraordinaria.

Yassine coincide con Yulieth en que las expectativas de regularizar su situación. Para él se traduciría en alcanzar “la tranquilidad de tener los mismos derechos que cualquier persona”. Trabajar indocumentado, dice, te expone a “muchos abusos, impagos e inseguridad”. En referencia a declaraciones políticas que dice escuchar con frecuencia últimamente, sostiene: “Claro que hay marroquíes malos, pero decir que todos somos delincuentes es muy injusto”, lamenta.

Cómo iniciar el procedimiento

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España ha lanzado un portal web específico con toda la información necesaria para facilitar la tramitación de la regularización extraordinaria. Este sitio web permite verificar si se cumplen los requisitos legales mediante un simulador y cuenta con vídeos explicativos y guías de preguntas frecuentes.

Los interesados pueden gestionar citas previas gratuitas, obtener modelos de documentos oficiales e iniciar trámites telemáticos de forma segura. Además, el portal proporciona un listado de entidades colaboradoras y colegios profesionales de abogacía que brindan asesoramiento jurídico durante el proceso.

De otro lado, entidades sociales como CEAR han creado infografías explicativas a modo de resumen de todo el proceso administrativo y con el objetivo de facilitar la comprensión a aquellas personas que quieren optar a la regularización.

Asimismo, se puede pedir cita previa para cursar la solicitud de forma presencial en el teléfono 060. La atención es en español, en horario de 09:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas de lunes a viernes.

La tramitación presencial en Cantabria, que estará habilitada solo por las tardes, desde las 16.00 hasta las 19.00 horas, podrá realizarse desde el 20 de abril -siempre con cita previa- tanto en la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (calle Calvo Sotelo), como en las oficinas de Correos de Santander (plaza Alfonso XIII y c/ Vargas) y Torrelavega (c/Julián Ceballos).

El Ayuntamiento de Santander, por su parte, ha tardado menos de 24 horas en difundir su malestar y alertar del “riesgo de colapso” existente tras atender, según aseguran desde el Consistorio, “más de 100 consultas presenciales” sobre el proceso de regularización el jueves 16 de abril. Cabe destacar que en la misma nota de prensa no se ha detallado ninguna otra cifra del volumen habitual de consultas ciudadanas que se atienden a diario en las distintas dependencias municipales y que permita contrastar, de algún modo, esa alarmante saturación descrita.

En la misma línea se ha expresado la presidenta de Cantabria, María José Sáinz de Buruaga, al adelantar que, cuando se dé “la más mínima posibilidad”, el Gobierno cántabro recurrirá la regularización aprobada por el Consejo de Ministros por considerarla “una absoluta temeridad y el mayor coladero de la historia” de España.

La regularización llevaba solo media hora en marcha cuando las primeras cien solicitudes fueron registradas. Un día después, se superaban las 13.000 peticiones telemáticas presentadas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, llega a la redacción de elDiario.es con un punto de euforia contenida ante la “normalidad” que, defiende, ha caracterizado a la entrada en vigor de una medida que la derecha mira con lupa y ya intenta frenar en los tribunales.

“Cuando el Gobierno escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado”, dice la también portavoz del Ejecutivo para referirse a un proceso de negociación particular: tras el pacto con Podemos, el movimiento impulsor de la iniciativa, Regularización YA, ha sido otro de los actores clave en el resultado final de un real decreto que ha mantenido la esencia de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 personas, aunque ha acabado excluyendo algunas de sus demandas.

Elma Saiz hace balance en caliente de ese arranque y habla de los obstáculos a los que podrá enfrentarse la medida. La regularización, presentada como un hito por el Gobierno, nace también rodeada de resistencias: ayuntamientos que amenazan con no colaborar, críticas de la oposición y dudas sobre cómo aterrizará en la práctica un procedimiento que depende, en parte, de informes sociales y del acompañamiento de organizaciones sobre el terreno.

Acaba de entrar en vigor la regularización. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es su balance?

Está yendo con total normalidad. Como estaba previsto, dando respuesta a la vía telemática y también a la solicitud de cita con total normalidad. A modo de anécdota, en la primera media hora de este proceso, que ha empezado a la medianoche, ya había 100 solicitudes telemáticas presentadas. Llevamos muchas semanas preparando este procedimiento con muchísimo cariño, sabiendo que tenía que estar a la altura de este hito para nuestro país.

Uno de los requisitos de última hora que está generando angustia a parte de los solicitantes es el informe de vulnerabilidad, exigido a los migrantes sin papeles [que no puedan probar vinculación laboral ni hijos menores], que deben ser por servicios sociales y ONG. Algunos ayuntamientos critican que no han recibido instrucciones por parte del Ministerio y mucha gente no logra conseguirlo. ¿Se ha coordinado este punto con todos los actores?

En este plan operativo se ha caminado de la mano del papel que tienen las entidades colaboradoras con el Ministerio, no solamente las entidades que ya vienen desde atrás colaborando, sino más allá, a través del nuevo registro de entidades colaboradoras de Extranjería, donde ya están más de 200 entidades que han dado un paso hacia adelante. Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. El informe de vulnerabilidad va a ser un informe tipo, al que se puede acceder a través de la web del Ministerio, sencillo de rellenar y fácil, comprensible, accesible. A partir de ahí las diferentes entidades que tienen presencia en todo el país van a poder revisarlo y validarlo. 

Hemos sido muy conscientes de que no podíamos permitir que ningún trámite burocrático obstaculizara este importantísimo proceso que va a dar respuesta a muchísima gente. Vamos a mantener reuniones constantes con las entidades sociales para monitorizar cómo ir solventando cualquier dificultad que pueda aparecer en el camino.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado que no va a colaborar en ningún trámite y otros ayuntamientos se han posicionado en ese sentido. ¿Temen que muchos ayuntamientos del PP puedan obstaculizar la emisión de esos informes sociales y que no sea suficiente con las ONG? ¿Hay un ‘plan B’ en este caso?

El boicot que pretenden hacer desde el Partido Popular es un boicot que no se lo hacen al Gobierno, se lo están haciendo a miles de ciudadanos que tienen sus esperanzas, su dignidad, sus proyectos de vida detrás de este procedimiento. Esta medida es tan potente que va a salir bien a pesar del Partido Popular. 

Estamos hablando de un hito. No voy a permitir el boicot del PP ni de quien quiera poner piedras en el camino de esta regularización. Cuando, además, es absolutamente incoherente. Quiero recordar que el Partido Popular hace dos años dio luz verde a esta ILP de la que cogemos el testigo. Ese giro en política migratoria, por ser preso de Vox en sus políticas nacionales e internacionales, no va a conseguir torpedear un procedimiento que nos hace mejor país y que da respuesta a miles de ciudadanos.

El Gobierno no solo ha mantenido en el cajón durante gran parte de la legislatura esta iniciativa legislativa popular, sino que llegó a calificar como inviable una regularización masiva. Han defendido ustedes en el pasado que las regularizaciones se estudiaran caso a caso. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora sí es viable?

La política migratoria del Gobierno de España es absolutamente coherente. Esta iniciativa se votó en el Congreso hace dos años con 310 votos a favor, solo votó en contra Vox. Pero el Partido Popular, con un giro de 180 grados en su política migratoria precisamente por ser preso de Vox la tenía paralizada. Por eso no teníamos el consenso suficiente para sacarla adelante. Este es un paso más de una política migratoria que es mucho más completa. Llevamos a cabo un procedimiento de regularización en Valencia tras la dana. Y todos los días damos respuesta y se regularizan a personas en nuestro país por las vías de arraigo, que ampliamos hace año y medio. El PP ha votado en el Congreso para eliminar la figura del arraigo. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar

El PP parece haber cambiado de opinión, pero es verdad que también hay una evolución sobre este tema en el discurso del Gobierno. Sus adversarios políticos dicen que esa evolución es oportunismo político.

Insisto, todos los días llevamos a cabo procesos de regularización caso a caso. Es muy importante que el texto haya visto la luz porque estamos viendo ese discurso racista y xenófobo que intenta abrirse camino. Y sabemos lo que quieren hacer porque cada vez que han tenido oportunidad han intentado implementar un discurso racista vinculando inmigración con delincuencia o poniendo piedras en el camino, negando servicios o documentos a personas que están queriendo regularizarse. Por eso hemos trabajado con rigor y por eso es tan importante ese aval recibido por parte del Consejo de Estado con un texto garantista, serio, riguroso.

Esta regularización fue negociada con Podemos en el marco también de un diálogo a tres bandas con Junts para la cesión de competencias migratorias. ¿Este proceso vuelve a abrir la puerta a esa negociación pendiente con Junts?

Yo querría separar las cuestiones. El Gobierno cumple sus acuerdos, que se trabajan muchísimo porque no son sencillos, son materias delicadas. Pero este texto coge el testigo de esa ILP que tiene una triple legitimidad: la de 900 entidades sociales y 700.000 firmas, la legitimidad política de 310 votos a favor y una legitimidad económica, porque la apoyan los empresarios. Lo hablamos con un grupo político como Podemos, que tiene un contacto especialmente intenso con determinados colectivos, y se alcanzó este acuerdo que hoy es una realidad y que nos hace ser un país mejor.

La derecha ha dicho que lo hacen para ganar votantes en el futuro, Feijóo ha calificado el texto de “inhumano” y ha llegado a decir también que ustedes van a darle papeles a hombres que han abusado de mujeres. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar, que llevó a cabo bajo su presidencia un proceso de regularización. Debería conocer un poquito mejor la normativa que rige en nuestro país y dejar de alimentar un marco que no voy a alimentar ni por un segundo. Este proceso de regularización es para personas en situación irregular, no para delincuentes. Carecer de antecedentes penales es un requisito imprescindible. Ya está bien por parte del señor Feijóo de intentar comprar un discurso claramente xenófobo y racista. Así que no voy a entrar ni por un segundo en ese marco. Pediría al señor Feijóo que fuera un poco más responsable en sus declaraciones. 

No solo hay una ofensiva política, también judicial contra esta medida. El Supremo ha inadmitido las medidas cautelarísimas que pedía una asociación ultra. ¿Le inquieta desde un punto de vista meramente técnico, legal o jurídico lo que pueda suceder con la regularización en los juzgados?

Este es un texto sólido, riguroso, que ha pasado todos los trámites preceptivos con el aval del Consejo de Estado. Afrontamos con total tranquilidad este procedimiento.

Han quedado fuera de la regularización los solicitantes de apatridia, que en España la mayoría son saharauis. ¿Por qué se ha tomado esta decisión?

Este procedimiento es para personas en situación irregular y también para solicitantes de protección internacional, y es diferente. España es uno de los pocos países que, fruto de ese compromiso con el pueblo saharaui y de los acuerdos internacionales, tiene un estatuto específico desde el año 2001 para proteger la situación de los apátridas. Y de hecho, todos los años miles de personas que lo solicitan, muchas de ellas saharauis, tienen esa protección por ese estatuto. Es importante diferenciar ambas situaciones, como por ejemplo también en lo que se refiere a los ucranianos, que tienen una protección temporal internacional y que tampoco entran en este procedimiento porque no están en situación irregular. 

En el caso de los solicitantes, aún no son apátridas y no tienen esa protección que usted menciona. Su resolución suele tardar unos dos años. Por tanto, esa justificación no encaja con la protección real que tienen en el día a día los solicitantes de apatridia, que son quienes necesitan pedir la regularización. Si no se corrige la norma, ¿se plantea solucionar esa situación?

Lo que puedo asegurar es que con este procedimiento se van a liberar recursos, con el compromiso de que haya una mayor celeridad, acortando plazos y siendo mucho más exigentes a la hora de poder tramitar y resolver expedientes. Es importante precisamente que esto se lleve a cabo para acortar esos plazos de los que me habla.

Durante este Gobierno ha habido varias decisiones que han afectado al pueblo saharaui, como el cambio de posición con respecto al Sáhara Occidental. Algunos saharauis y activistas dicen que puede deberse a una presión de Marruecos. ¿Tiene algo que ver?

De ninguna manera. Era una de las recomendaciones esenciales del Consejo de Estado y era muy importante que este texto estuviera muy armado jurídicamente.

Hay otro colectivo sobre el que han mostrado preocupación las ONG: los migrantes con arraigo que están en estos momentos encerrados en los CIE. En elDiario.es hemos publicado varios casos de personas que tenían un arraigo documentado y que iban a ser igualmente expulsados. ¿Abrirán algún tipo de vía para que estas personas puedan pedirla con garantías para no ser discriminados?

Son personas que, si cumplen los requisitos, claro que van a poder pedir esta regularización. Estar en un CIE no es una decisión unilateral del Gobierno, sino que es una cuestión que viene de un procedimiento judicial. Pero efectivamente podrán pedir y acogerse a este proceso de regularización quienes cumplan los requisitos. 

¿Cómo? Porque estando en el CIE es muy difícil acceder a toda esa documentación que se pide…

Hay muchísimas entidades acreditadas que van a poder dar respuesta. Y al margen de eso tenemos una vía telemática, una vía presencial y se establecerá la posibilidad de que, quien cumpla los requisitos, pueda acceder. De hecho, ha puesto usted un ejemplo [el de Oussama, que finalmente fue liberado a horas de su repatriación] que demuestra la colaboración interministerial. Somos un Gobierno. Esto es una regularización extraordinaria, un proceso de un Gobierno. Así que estaremos a la altura para dar respuesta a todos los que cumplan los requisitos.

La oposición critica también la regularización apelando a la economía. ¿Qué les dicen sus datos sobre cómo va a afectar el proceso de regularización al mercado laboral y también a nivel social?

En primer lugar, tras la última regularización con el presidente Zapatero se multiplicaron por cuatro las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Anualmente. En los últimos días, antes de la regularización, ya hemos batido récords en afiliación extranjera con 3,2 millones de afiliados extranjeros. Con su aporte, estamos consiguiendo las cifras de paro más bajas de los últimos 18 años y reducir la temporalidad. Todos los datos son positivos. El 42% del empleo creado desde la reforma laboral procede de trabajadores extranjeros con cada vez más presencia en sectores altamente cualificados. Esta es la España por la que estamos trabajando muchísima gente.

¿Qué España quiere el Partido Popular? Estas personas ya están aquí, ya llevan a sus hijos al colegio, ya caminan por nuestras calles, ya viven en nuestros barrios. El Partido Popular, que los quiere silenciados, escondidos, con miedo, sin derechos. Pues no.

¿Cómo lleva lo de ser portavoz y tener que meterse no solo en sus propios charcos, sino en los charcos de todo el Gobierno?

Me parece un honor contar la acción de un Gobierno, rendir cuentas, contestar a sus preguntas aunque muchas veces no sean fáciles. Le dedico mucho trabajo para estar a la altura. 

Con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto del juez Peinado que son inauditos y que van más allá de lo jurídico

Vamos a aprovechar ese honor para preguntarle por esos otros charcos. Óscar Puente ha hablado de la posibilidad de que haya instrucciones judiciales enfocadas a violentar a representantes elegidos democráticamente y no a hacer justicia. Lo decía en el contexto de la instrucción del juez Peinado sobre la pareja del presidente. ¿Usted cree que hay lawfare contra el Gobierno?

Yo creo en la inocencia de Begoña Gómez, en su trayectoria impecable, profesional y personal. Tengo formación jurídica, soy licenciada en Derecho y he ejercido la abogacía. Y con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto que son inauditos y que van más allá de lo jurídico. 

¿Pero que un auto vaya más que lo jurídico, que es a lo que a lo que se debería ceñir un auto, no es otra cosa que prevaricar, no?

Mire, yo le digo que no solamente le hablo como ministra portavoz, sino desde mi formación jurídica: no son pocos los profesionales de mi mundo jurídico, también de su mundo periodístico, que coinciden en afirmar esto que le digo y que hay pasajes que son inauditos y que van mucho más allá de lo jurídico. Yo creo en la Justicia, en que la Justicia tiene que hacer su trabajo y en que lo hará.

No quiere decir entonces que el juez Peinado prevarique. 

Creo que he sido bastante clara con mis afirmaciones.

Apuesto a que, desde que usted es ministra portavoz, la pregunta que más le han hecho los medios es si va a haber Presupuestos.

Pues creo que gana usted la apuesta.

¿Y cuánto tiempo más lo vamos a tener que seguir preguntando?

Estamos dando respuesta a lo que necesita la gente con unos presupuestos prorrogados. No es lo mismo tener un presupuesto prorrogado de un Gobierno que recorta que un presupuesto prorrogado que está permitiendo, por ejemplo, desplegar un paquete de cinco mil millones de euros para proteger a la ciudadanía frente a la guerra de Irán. Dicho esto, vamos a presentarlos. 

¿No le parece una anomalía política que vayamos hacia el cuarto ejercicio sin ni siquiera presentar unas cuentas?

Lo que me parece una anomalía es que haya comunidades autónomas que, por esperar un acuerdo entre el PP y Vox, estén paralizadas y no estén poniendo en marcha medidas que acompañen este importante paquete que ha desplegado el Gobierno de España. Eso sí que es una anomalía, porque eso es hacer daño a la gente. Tener un presupuesto prorrogado no está siendo un problema para seguir teniendo una política social coherente, de acompañamiento y respuesta a la situación mundial que estamos viviendo tan complicada.

16 mujeres han sido asesinadas por parejas o exparejas en lo que va de año. El caso de esta semana en Córdoba es bastante paradigmático de hasta qué punto hemos normalizado un fallo sistémico. La víctima hizo todo lo que se le 'pide': denunció y se dispuso a acudir a un juicio por malos tratos, pero fue asesinada en la víspera. ¿Qué está haciendo mal el Gobierno para que esto ocurra y además parezca que no pasa absolutamente nada?

No, no, sí que pasa. En este contexto todavía es más inexplicable que podamos estar viendo cómo el Partido Popular y Vox ahí donde gobiernan alcanzan acuerdos negacionistas de la violencia de género. Vox es un partido que no acude a los homenajes, a los minutos de silencio.

Intento extrapolar esta situación a cualquier otra consideración de asesinados o asesinadas y seguramente se paralizaría el país. Cuando una víctima hace todo lo que le estamos diciendo que tiene que hacer para proteger su vida y en el proceso la matan es que aquí están fallando la policía, los jueces, las administraciones públicas, el Gobierno central. Por eso le decía que la sensación es de fallo sistémico y no se paraliza nada. ¿No tiene la sensación de que minusvaloramos este asunto?

Lo que le puedo decir es que no podemos bajar los brazos, no podemos ser tibios, no podemos seguir como si nada pasara. Tenemos que ser mucho más contundentes, con pedagogía desde la educación de los más pequeños. No vamos a dejar de trabajar ni un minuto para acabar con esta lacra.

¿Cómo asiste al juicio contra su excompañero José Luis Ábalos, al que le piden 25 años de cárcel?

Lo veo con repulsa, con asco. Porque cuando hay mucha gente que se está dejando la piel por construir un país mejor y por demostrar que las políticas públicas sirven, funcionan y mejoran la vida de la gente, ver determinados comportamientos hace daño, porque hacen que la gente se aleje de la política, que nos metan a todos en el mismo saco y que haya un descrédito. Pero también siento orgullo de la contundencia con la que se responde en el PSOE ante cualquier atisbo de corrupción. Eso no es un eslogan, sino que es una realidad. El Partido Popular de hoy sigue celebrando y homenajeando a M. Rajoy.

Sobre las pensiones se está empezando a consolidar un debate de guerra generacional que sostiene que la culpa de que los jóvenes tengan bajos salarios es de los pensionistas que tienen una pensión digna. ¿Dónde se sitúa en ese debate? ¿Es necesaria una reforma de las pensiones o la sostenibilidad está garantizada?

Está garantizada. Y en ese debate me sitúo donde está el Gobierno, en el rigor de los datos. Puedo lanzar el mensaje de tranquilidad de la sostenibilidad de las pensiones públicas. La reforma la hicimos con la mirada a largo plazo, no con la mirada cortoplacista de quien intenta embarrar también esto. ¿Sabe quién intenta enfrentar a nietos con abuelos? Los que defienden la privatización. Feijóo prometió a los autónomos bajarles la cuota si se abrían un plan de pensiones privado. Frente a quien quiere el descrédito de lo público y hace solamente política para unos pocos, datos, rigor y una reforma de pensiones que transmite certidumbre a los miles de pensionistas de hoy y también a los que los seremos un día.

A usted le ha tocado ser ministra-portavoz en un mundo en guerra. ¿Cómo vive la tensión diplomática con aliados tradicionales de España, como pueden ser Estados Unidos o Israel, ante la política exterior lanzada por su Gobierno del ‘no a la guerra’?

Me siento absolutamente orgullosa de pertenecer a un gobierno coherente que siempre ha defendido la paz, el multilateralismo, el respeto al orden internacional. Hemos alzado la voz y hemos llegado los primeros, pero cada vez nos siguen más países. España es un faro y cada vez que acudimos a un foro internacional son muchísimos los países de cualquier latitud que nos preguntan, que se interesan y que ponen como ejemplo al Gobierno de España y a sus políticas.

Volviendo a la regularización para acabar. Ha sido particular porque, además de Podemos, también ha tenido un gran papel el movimiento Regularización YA. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Este jueves hemos tenido un encuentro con el presidente del Gobierno donde estaban desde la Iglesia Católica, sindicatos, patronal, organizaciones de entidades del Tercer Sector y entidades colaboradoras en materia de extranjería. Y, viendo el unánime aplauso a esta iniciativa, me quedo con algo: lo importante que es para miles de personas. Esto demuestra que el Gobierno, cuando escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado. Y esa es la manera de gobernar. 

Davant les cues llarguíssimes que des de les set del matí s’han format a les portes de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania de Palma (OAC), atenien els mateixos funcionaris de sempre “a causa d’instruccions polítiques”. És la denúncia que reflecteix un comunicat de premsa redactat per diversos empleats de l’àrea de Serveis Socials de la capital balear. Segons el seu testimoni, l’equip de govern de la capital balear ha vetat destinar més personal a les finestres on es poden gestionar presencialment tràmits administratius o, simplement, obtenir informació per dur-los a terme. L’Ajuntament de Palma és en mans del PP, amb Vox com a suport als plens per tirar endavant pressupostos, ordenances i mocions.

Els vesins de Palma que esperen el seu torn davant les oficines de l’OAC cerquen, en la majoria dels casos, un certificat de vulnerabilitat social. És un dels documents essencials per a qualsevol migrant que vulgui iniciar la seua regularització. El procés va començar aquest dimecres després que el Govern aprovàs per Reial decret, en l’últim Consell de Ministres, concedir permís de residència als extracomunitaris que puguin demostrar arrelament a Espanya i no tinguin antecedents penals. Una “fita del Pla de Convivència i Integració Intercultural”, per a la Moncloa. Un cavall de batalla, en canvi, per al PP. A tot el país i, amb especial força, a les Illes Balears, on governa en coalició o amb suport extern de Vox a les principals institucions de les illes, amb l’única excepció del Consell d’Eivissa. “No es pot entrar en aquesta ciutat per la porta del darrere”, ha dit aquesta tarda Jaime Martínez Llabrés: el batle de Palma ha comparegut davant els periodistes poc després que els mitjans hagin rebut l’escrit dels funcionaris.

La nota assegura que, davant les cues que ja es van formar ahir, “l’equip directiu” de l’OAC va activar per a aquest dijous “mesures de reforç de personal amb l’objectiu de garantir una atenció adequada i el compliment dels terminis establerts”. Segons continua el text, aquest mateix matí hi va haver ordres de “no reforçar el servei, deixant tota la gestió d’aquest volum extraordinari únicament en mans de les professionals habituals de l’OAC Social”.

Tanmateix, sí que es va intensificar “la seguretat” a les oficines ciutadanes. Així ho ha explicat el batle Martínez en la seua intervenció, on ha exposat un argumentari que no ha esmentat les queixes dels funcionaris. El polític del PP ha preferit carregar contra el president del Govern, a qui ha nomenat diverses vegades en menys de cinc minuts: “Genera falses expectatives i ha provocat un efecte crida claríssim. (...) Ahir els serveis públics ja van començar a tenir pressió, vam tenir 300 persones que van anar a les instal·lacions municipals per fer tràmits. (...) Pedro Sánchez ha decidit com es fa [la regularització] i qui ho fa sense consens. (...) [Els migrants] tenen col·lapsat un servei al qual han d’accedir els ciutadans. (...). Com s’integrarà tota aquesta gent a la nostra ciutat?”.

“Instruccions polítiques” a primera hora del matí

elDiario.es ha contactat amb un dels funcionaris que han remès el comunicat. “Ahir ja es va atendre de manera diferent, en grups, però es va poder parlar amb molta gent, tot i que d’una manera una mica improvisada. Des de direcció es va demanar a diferents departaments qui podia reorganitzar la seva agenda per reforçar l’OAC Social [l’oficina que està suportant més peticions d’informació]. Ens hi vam apuntar diverses persones al grup de reforç”, relata aquest funcionari. Aquest matí, segons aquest testimoni, els empleats públics que es trobaven a les oficines centrals de serveis socials de l’Ajuntament de Palma s’han endut una sorpresa: “Mentre ens explicaven què havíem de dir als diferents tipus de demandants —perquè, per exemple, si tenen menors a càrrec, no necessiten el certificat de vulnerabilitat— i com anar filtrant la cua, just quan havíem de sortir, el director tècnic ens ha comunicat que hi havia una instrucció de la direcció política perquè no es fessin reforços”.

Traduït en xifres, l’ordre implicava que “fossin les dues persones que atenen habitualment a les oficines de l’OAC Social les que s’encarregassin de tot”. “No sé si a escala estatal s’hauria pogut fer millor el procés de regularització”, continua el funcionari, “però sé que els mitjans municipals s’haurien pogut utilitzar millor. És flagrant fer servir persones per a una batalla política. Hem escrit ràpid el comunicat, entre els sis empleats que érem a les oficines centrals i, després, gairebé tot el centenar de treballadors de l’àrea de serveis socials s’hi han anat adherint”.

L’oposició acusa el PP de “racisme institucional”

La resposta dels grups municipals que s’oposen al govern sense majoria absoluta —i amb suport extern de Vox— del PP no s’ha fet esperar. “La manca de previsió de l’Ajuntament és inadmissible. Les persones tenen drets i han de ser ateses amb dignitat. El que està fent avui l’Ajuntament és indigne. Són persones que estan sol·licitant informació i una documentació que els pot servir per regularitzar-se en aquest país. Exigim al batle que reforci els punts d’atenció i doni una solució a les persones que viuen i treballen en aquesta ciutat, que tenen uns drets reconeguts des de dimarts i que no mereixen el tracte inhumà que estan rebent”, ha dit Iago Negueruela, secretari general dels socialistes a Palma i el polític millor situat per encapçalar la pròxima llista del PSIB a les municipals de 2027.

Miquel Àngel Contreras, regidor de Més, ha anat més enllà qualificant de xenofòbia el suposat bloqueig dels populars a la decisió tècnica de destinar més personal a les oficines d’atenció ciutadana. “És una decisió política”, ha afirmat Contreras, “que pretén deixar fora del sistema milers de persones. El PP utilitza l’administració per negar drets a la ciutadania de Palma. Estem parlant de persones que treballen i viuen a la nostra ciutat i les estan deixant al marge. Això és racisme institucional”. Els ecosobiranistes mallorquins consideren que es tracta d’“un boicot conscient” contra les persones que volen acollir-se a aquest procés de regularització.

Lucía Muñoz, de Podem, ha exclamat un “prou ja” en un vídeo publicat a Twitter. L’ha gravat davant les cues que es formaven cap a les deu i mitja del matí a la mateixa porta de l’OAC situada a la seu del consistori, al centre històric de la ciutat: “Demanam a l’equip de govern que posi tots els recursos humans per poder tramitar la regularització extraordinària”. “Sembla que el PP vol esclaus per sostenir el turisme”, ha continuat l’única regidora que conserva Unides Podem a la capital balear: “Demanem al batle que aturi la seva guerra contra els pobres. Sembla que les traves burocràtiques sempre són per als mateixos: per a les persones migrants, per a les persones que viuen en caravanes (com hem vist amb els empadronaments), per a les persones sense llar”.

El silenci de Vox i els “éssers de llum” de Prohens

Vox, per la seua banda, guarda silenci. “Potser demà valorarem una resposta”, comenten fonts de la formació. Als seus perfils a les xarxes socials, la tercera força de Cort —sis regidors, un 20% de vot en els últims comicis i enquestes internes que els situen per davant del PSIB en els següents— no publica res des de dimarts. Aquell dia, Fulgencio Coll Bucher —portaveu municipal dels ultradretans i ex cap d’Estat Major de l’Exèrcit de Terra— es va fotografiar davant el monument de sa Feixina per defensar que la Llei de Memòria Democràtica no destrueixi aquest monòlit erigit en honor als caiguts del bàndol colpista a la Guerra Civil. Més tard, va rebre a la seu del seu partit uns representants de Solidaridad, on va qualificar de “independent” un sindicat promogut per Vox per cercar el vot de la classe obrera.

Als perfils autonòmics de Vox han aparegut aquest dijous alguns retuits dels mítings de Santiago Abascal a Andalusia i una única referència al col·lapse de les oficines d’atenció ciutadana a Palma: el retuit d’una foto publicada al compte personal de Sergio Rodríguez Farré. Aquest diputat, conegut per les seves intervencions de to islamòfob i franquista als plens del Parlament, ha acompanyat la imatge d’una frase descriptiva i una altra carregada d’intenció política: “Cua ara mateix a les oficines municipals de Cort per a tràmits de regularització d’immigrants. Encara hi haurà algun il·luminat que digui que l’efecte crida de Sánchez no col·lapsa els serveis públics”. La mateixa fórmula que va defensar ahir la presidenta Marga Prohens, que ha arribat a dir que «no tot» l’estranger “que arriba” a les Illes Balears “és un ésser de llum”.

De fet, mentre Rodríguez escrivia a la xarxa social, la cambra balear tornava a posicionar-se contra la regularització de migrants gràcies als vots del PP i Vox a la comissió econòmica que se celebra els dijous. El mateix rumb que va portar els conservadors a donar llum verda a una proposició no de llei presentada al Parlament a mitjan febrer pels ultradretans. En aquell text s’utilitzava la paraula “remigració”, una proposta que esgrimeixen formacions de tall neonazi com Alternativa per Alemanya. En altres paraules, una expulsió cap als seus països d’origen de desenes de milers de persones no nascudes a Espanya.

El concepte xoca amb els testimonis recollits als carrers de Palma que s’han pogut sentir avui als informatius de la Cadena SER. “[Amb la regularització] deixaran d’explotar-nos: hi ha persones que treballen per menys de 8 euros l’hora, o fins i tot menys. Parl pels meus compatriotes colombians, equatorians, peruans, bolivians. Som molt treballadors, igual que els migrants d’altres nacionalitats. No venim a llevar la feina a ningú”, ha dit esperançada una dona. Igual de reivindicativa era una altra vegada, també dona i també llatinoamericana: “Qui pensi que venim a llevar-los la feina que sàpiga que és gent que ja existeix, és aquí i té un lloc de feina. Jo fa tres anys que treball en negre, cuidant una senyora, pujant-la, baixant-la, arreglant-la, canviant-li panyals. A canvi de què? Sense vacances ni pagues extres, amb un sou mediocre. Per tenir aquests drets necessitem papers per poder donar-nos d’alta a la Seguretat Social”.

Ante las colas larguísimas que desde las siete de la mañana se han formado a las puertas de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Palma (OAC), atendían los mismos funcionarios de siempre “debido a instrucciones políticas”. Es la denuncia que refleja un comunicado de prensa redactado por varios empleados del área de Serveis Socials de la capital balear. Según su testimonio, el equipo de gobierno de la capital balear ha vetado que se destine más personal a las ventanillas donde se pueden gestionar en persona trámites administrativos o, simplemente, obtener información para realizarlos. El Ajuntament de Palma está en manos del PP, con Vox como muleta en los plenos para sacar adelante presupuestos, ordenanzas y mociones.

Los vecinos de Palma que esperan su turno ante las oficinas de la OAC buscan, en la mayoría de los casos, un certificado de vulnerabilidad social. Es uno de los documentos esenciales para cualquier migrante que desee iniciar su regularización. El proceso comenzó este miércoles después de que el Gobierno aprobara por Real Decreto en el último Consejo de Ministros conceder permiso de residencia a los extracomunitarios que puedan demostrar arraigo en España y no tengan antecedentes penales. Un “hito del Plan de Convivencia e Integración Intercultural”, para Moncloa. Un caballo de batalla, en cambio, para el PP. En todo el país y, con especial fuerza, en las Illes Balears, donde gobierna en coalición o con apoyo externo de Vox en las principales instituciones de las islas con la única excepción del Consell de Eivissa. “No se puede entrar en esta ciudad por la puerta de detrás”, ha dicho esta tarde Jaime Martínez Llabrés: el alcalde de Palma ha comparecido ante los periodistas poco después de que los medios hayan recibido el escrito de los funcionarios.

La nota asegura que, ante las colas que ya se formaron ayer, “el equipo directivo” de la OAC activó para este jueves “medidas de refuerzo de personal con el objetivo de garantizar una atención adecuada y el cumplimiento de los plazos establecidos”. Según continúa el texto, esta misma mañana hubo órdenes de “no reforzar el servicio, dejando toda la gestión de este volumen extraordinario en manos únicamente de las profesionales habituales de la OAC Social”. 

Sin embargo, sí se intensificó “la seguridad” en las oficinas ciudadanas. Así lo ha explicado el alcalde Martínez en su intervención, donde ha expuesto un argumentario que no ha mencionado las quejas de los funcionarios. El político del PP ha preferido cargar contra el presidente del Gobierno, a quien ha nombrado varias veces en menos de cinco minutos: “Genera falsas expectativas y ha provocado un efecto llamada clarísimo. (...) Ayer los servicios públicos ya comenzaron a tener presión, tuvimos a 300 personas que fueron a las instalaciones municipales para hacer trámites. (...) Pedro Sánchez ha decidido cómo se hace [la regularización] y quién lo hace sin consenso. (...) [Los migrantes] tienen colapsado un servicio al que tienen que acceder los ciudadanos. (...). ¿Cómo se integrará a todas estas personas en nuestra ciudad?”.

“Instrucciones políticas” a primera hora de la mañana

elDiario.es ha contactado con uno de los funcionarios que han remitido el comunicado. “Ayer ya se atendió de forma diferente, en grupos, pero se pudo hablar con mucha gente, aunque de una forma un poco improvisada. Desde dirección se pidió en diferentes departamentos quién podía reorganizar su agenda para reforzar a la OAC Social [la oficina que está soportando más peticiones de información]. Nos apuntamos varias personas al grupo de refuerzo”, relata este funcionario. Esta mañana, según este testimonio, los empleados públicos que se encontraban en las oficinas centrales de servicios sociales del Ajuntament de Palma se han llevado una sorpresa: “Mientras nos explicaban qué teníamos que contar a los diferentes tipos de demandantes –porque, por ejemplo, si tienen menores a su cargo, no necesitan el certificado de vulnerabilidad– y cómo ir cribando la cola, justo cuando íbamos a salir, el director técnico nos ha comunicado que había una instrucción de parte de la dirección política para que no se hicieran extras”. 

Traducida en cifras, la orden implicaba que “fueran las dos personas que atienden normalmente en las oficinas de la OAC Social quienes se encargaran de todo”. “No sé si a nivel estatal se podría haber hecho mejor el proceso de regularización”, prosigue el funcionario, “pero sé que los medios municipales se podrían haber utilizado mejor. Es flagrante utilizar a personas para una batalla política. Hemos escrito rápido el comunicado, entre los seis empleados que estábamos en las oficinas centrales y, después, casi todo el centenar de trabajadores del área de servicios sociales se han ido adhiriendo”.

La oposición acusa al PP de “racismo institucional”

La respuesta de los grupos municipales que se oponen al gobierno sin mayoría absoluta –y con apoyo externo de Vox– del PP no se ha hecho esperar. “La falta de previsión del Ayuntamiento es inadmisible. Las personas tienen derechos y deben ser atendidas con dignidad. Lo que está haciendo hoy el ayuntamiento es indigno. Son personas que están solicitando información y una documentación que les puede servir para regularizarse en este país. Exigimos al alcalde que refuerce los puntos de atención y dé una solución a las personas que viven y trabajan en esta ciudad, que tienen unos derechos reconocidos desde el martes y que no merecen el trato inhumano que están recibiendo”, ha dicho Iago Negueruela, secretario general de los socialistas en Palma y el político mejor situado para encabezar la próxima lista del PSIB en las Municipales de 2027. 

Miquel Àngel Contreras, concejal de Més, ha ido más allá calificando de xenofobia el presunto bloqueo de los populares a la decisión técnica de destinar más personal en las oficinas de atención ciudadana. “Es una decisión política”, ha afirmado Contreras, “que pretende dejar fuera del sistema a miles de personas. El PP utiliza la administración para negar derechos a la ciudadanía de Palma. Estamos hablando de personas que trabajan y viven en nuestra ciudad y las están dejando al margen. Esto es racismo institucional”. Los ecosoberanistas mallorquines consideran que se trata de “un boicot consciente” contra las personas que quieren acogerse a este proceso de regularización.

Lucía Muñoz, de Podemos, ha exclamado un “basta ya” en un vídeo publicado en Twitter. Lo ha grabado frente a las colas que se formaban hacia las diez y media de la mañana en la misma puerta de la OAC que se encuentra en la sede del Consistorio, en pleno centro histórico de la ciudad: “Le pedimos al equipo de gobierno que ponga todos los recursos humanos para poder tramitar la regularización extraordinaria”. “Parece que el PP quiere esclavos para sostener el turismo”, ha continuado la única concejala que conserva Unides Podem en la capital balear: “Le pedimos al alcalde que cese con su guerra contra los pobres. Parece que las trabas burocráticas siempre son para los mismos: para las personas migrantes, para las personas que viven en caravanas (como hemos visto con los empadronamientos), para las personas sin hogar”.

El silencio de Vox y los “seres de luz” de Prohens

Vox, por su parte, guarda silencio. “Quizás mañana sopesemos una respuesta”, comentan fuentes de la formación. En sus perfiles en redes sociales, la tercera fuerza de Cort –seis concejales, un 20% de voto en los últimos comicios y encuestas internas que los sitúan por delante del PSIB en las siguientes– no publica nada desde el martes. Aquel día, Fulgencio Coll Bucher –portavoz municipal de los ultraderechistas y ex jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra– se fotografió frente al monumento de Sa Feixina para defender que la Ley de Memoria Democrática no destruya este monolito erigido en honor a los caídos del bando golpista en la Guerra Civil. Más tarde, recibió en la sede de su partido a representantes de Solidaridad, donde calificó como “independiente” a un sindicato promovido por Vox para buscar el voto de la clase obrera. 

En los perfiles autonómicos de Vox han aparecido este jueves algunos retuits de los mítines de Santiago Abascal en Andalucía y una única referencia al colapso de las oficinas de atención ciudadana en Palma: el retuit de una foto publicada en la cuenta personal de Sergio Rodríguez Farré. Este diputado, conocido por sus intervenciones de corte islamófobo y franquista en los plenos del Parlament, ha acompañado la imagen de una frase descriptiva y otra llena de intención política: “Cola ahora mismo en las oficinas municipales de Cort para trámites de regularización de inmigrantes. Todavía habrá algún lumbreras que diga que el efecto llamada de Sánchez no colapsa los servicios públicos”. La misma fórmula que defendió ayer la presidenta Marga Prohens, que ha llegado a decir que “no todo el” extranjero “que llega” a las Illes Balears “es un ser de luz”.

De hecho, mientras Rodríguez escribía en la red social, la cámara balear volvía a posicionarse contra la regularización de migrantes gracias los votos de PP y Vox en la comisión económica que se celebra los jueves. El mismo rumbo que llevó a los conservadores a dar luz verde a una proposición no de ley presentada en el Parlament a mediados de febrero por los ultraderechistas. En aquel texto se utilizaba la palabra “remigración”, una propuesta que esgrimen formaciones de corte neonazi como Alternativa por Alemania. En otras palabras, una expulsión a sus países de origen de decenas de miles de personas no nacidas en España.

El concepto choca contra los testimonios recogidos en las calles de Palma que se han podido escuchar hoy en los informativos de la Cadena SER. “[Con la regularización] Nos van a dejar de explotar: hay personas que trabajan por menos de 8 euros la hora, o incluso menos. Hablo por mis compatriotas colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos. Somos muy trabajadores, igual que los migrantes de otras nacionalidades. No venimos a quitarle el trabajo a nadie”, ha dicho esperanzada una mujer. Igual de reivindicativa era otra vez, también femenina y también latinoamericana: “Quien piense que venimos a quitarles el trabajo que sepa que es gente que ya existe, está acá y tiene un puesto de trabajo. Yo llevo tres años trabajando en negro, cuidando una señora, subiéndola, bajándola, alisándola, cambiándole pañales. ¿A cambio de qué? Sin vacaciones, pagas extras, con un sueldo mediocre. Para tener esos derechos necesitamos tener papeles para que podamos darnos de alta en la Seguridad Social”.

Las delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha estimado este jueves que “entre 5.000 a 7.000 personas” se podrían acoger en la comunidad al proceso para la regularización de migrantes que se ha abierto, cuya tramitación se ha abierto hoy mismo. En rueda de prensa, Arraiz ha apuntado que este proceso deriva de “una idea muy clara que tiene el Gobierno de España y es que la regularización de personas inmigrantes no es solo ni puramente una cuestión administrativa sino que es una apuesta por una sociedad justa, más fuerte y más cohesionada”.

“España es un país que ha sabido crecer integrando y que hoy seguimos demostrando que la convivencia y la inclusión son una fortaleza de este país y no una debilidad”, ha afirmado la delegada, que ha querido recordar que “este proceso de regularización extraordinaria en este país se ha vivido en otras ocasiones y con gobiernos de distintos colores”.

Se ha centrado especialmente Arraiz en el procedimiento para la regularización, que se ha abierto este mismo jueves, ya que, como ha detallado, “desde hoy se pueden realizar las peticiones telemáticas, es decir, se pueden tramitar desde hoy las solicitudes de esta regularización extraordinaria”.

Una opción que, a su juicio, es “la forma más eficaz de presentarla, la óptima”, para la que “no se precisa cita previa presencial, se hace automáticamente en la página web del Ministerio de Inclusión, 24 horas al día, 7 días a la semana, porque está constantemente funcionando”.

Así, ha explicado que “se puede realizar mediante certificado digital”; también “puede ser realizada en tu nombre por una persona apoderada, quedando inscrita como tal en el registro electrónico del Ministerio de Inclusión”; y “por un profesional habilitado, como abogados, graduados sociales, gestores administrativos o entidades inscritas en el registro de colaboradores de extranjería”, como sería, en el caso de La Rioja, el del sindicato Comisiones Obreras.

Igualmente, en el caso de que se prefiera al opción de la tramitación presencial, se puede desde hoy pedir cita previa -a través de medios como contar con la CLAVE, tanto propia como por otra persona que la tenga; rellenando el formulario de la web del Ministerio de Inclusión; o llamando por teléfono al número 060-, “y a partir del lunes 20, se empezarán a enviar los días, horas y lugares” para presentar la solicitud.

Aunque ya se conoce que esa presentación -abierta hasta el 30 de junio- se desarrollará en oficinas de Correos y en sedes del INSS, la delegada ha preferido no precisar más los lugares concretos, “porque aún puede cambiar algo” hasta el momento en el que se empiecen a remitir las citas, “cambiar -ha afirmado- para bien”, porque se pueden ampliar los espacios habilitados.

Regularizar a quienes ya están contribuyendo en este país y en esta región a nuestra economía significa reforzar ese crecimiento

Beatriz Arraiz ha destacado las ventajas de esta regularización en diversos ámbitos, comenzando por el punto de vista económico, ya que, en un contexto de “crecimiento sostenido”, ha considerado que “regularizar a quienes ya están contribuyendo en este país y en esta región a nuestra economía significa reforzar ese crecimiento; aflorar actividad; y tanto garantizar derechos como el cumplimiento de obligaciones”.

“Es un acto de justicia”, ha añadido, que “en el laboral permite luchar contra la precariedad, contra la economía sumergida, que miles de trabajadores y trabajadoras pueden acceder a contratos dignos, como los más de 37.000 contratos indefinidos existentes en La Rioja que han crecido de forma muy importante en los últimos años, es aapostar por un mercado laboral más estable, más justo y más competitivo”.

Y a ello ha sumado que “desde el punto de vista social, contribuye directamente y sin duda a la cohesión, porque, cuando una persona está regularizada y puede acceder con normalidad a servicios públicos, a la educación, a la sanidad, a la política social, eso beneficia al conjunto de la sociedad porque favorece y fortalece el estado del bienestar”.

Para Arraiz, además, “estamos hablando de una cuestión profundamente humana, detrás de cada proceso de regularización y de cada persona en situación irregular hay personas con nombres y apellidos, con familias, con situaciones complicadas en ocasiones que quieren oportunidades, que quieren estabilidad, que quieren futuro y que quieren aportar también en este país”.

“España -ha destacado- tiene una larga tradición de acogida e integración y anteriores procesos de regularización lo han puesto de manifiesto. Cuando se hacen bien las cosas se genera prosperidad, se genera convivencia y se genera progresión. Ése es el modelo de país que defendemos, el modelo de país que deberíamos defender todos, que defiende desde luego al gobierno de España, que integra y que no quiere dejar a nadie atrás”.

Un proceso de regularización extraordinaria que, ha incidido, “se ha venido hasta exigiendo desde organizaciones muy distintas y por distintos motivos”, citando “desde las asociaciones empresariales hasta la Iglesia católica, pasando por los organismos del tercer sector que trabajan con inmigrantes”.

Hay ayuntamientos donde se está poniendo dificultades desde hace tiempo, no precisamente este proceso de regularización extraordinaria, sino al propio empadronamiento

Con todo, en palabras de la delegada del Gobierno, ha reconocido que “los primeros días son un tanto complicados en cualquier proceso; sé que puede haber problemas, dudas, dificultades, pero trataremos de ir solventando en estos días, en este proceso, que no es muy largo, hasta el 30 de junio, todas aquellas situaciones que puedan irse poniendo sobre la mesa”.

Se ha referido, por ejemplo, a preguntas de los periodistas, a las dudas con respecto a la obtención del informe de vulnerabilidad, que “se puede encontrar colgado en la web del Ministerio de Inclusión” y que debe ir sellado por un profesional de una administración, que serían los Servicios Sociales municipales -con algunas quejas de Ayuntamientos como Logroño o Calahorra-, o por entidades colaboradoras.

Sobre las dudas municipales, Arraiz ha apuntado que “yo no quiero pensar que nada de esto haya mala fe, yo entiendo que es a veces complicado también entender el funcionamiento de todo esto y prefiero quedarme con esta idea”. “Trataremos de ir solventando estas dudas, pero yo pido también que las administraciones que tengan de una u otra manera que colaborar en todo este procedimiento que lo hagan de buena fe”, ha insistido.

En sus palabras, “hay ayuntamientos donde se está poniendo dificultades desde hace tiempo, no precisamente este proceso de regularización extraordinaria, sino al propio empadronamiento”, apuntando en cambio que “son ciudadanos que están entre nosotros, y que, en muchas ocasiones, nos están prestando servicios muy importantes en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro entorno”.

“No se puede negar una realidad que está a nuestro alrededor y que además nos necesitamos, nosotros a ellos y ellos a nosotros. Vamos a pensar que lo que existe es un inicio de un procedimiento que puede llevar a dudas o errores y vamos a pensar que vamos a ser capaces de ir solucionándolo todo”, ha argumentado.

Y sobre las quejas de algunos sindicatos por falta de personal o de formación, la delegada ha recordado que, tanto en las oficinas de Correos como en el INSS, “no van a entrar a valorar nada, solo se recoge la solicitud y la documentación, para eso sí se ha formado”, mientras que la tramitación del expediente se hará en una unidad específica, la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX).

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha estimado que esta comunidad autónoma se presentarán entre 13.000 y 15.000 solicitudes de migrantes para acceder a la regularización extraordinaria. Estas personas ya pueden empezar a solicitar su cita previa, según ha informado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El departamento que dirige Elma Saiz ha puesto en marcha un portal web (inclusion.gob.es/regularización), específicamente destinado a informar sobre el proceso de regularización extraordinaria a las personas interesadas.

Este portal ofrece la posibilidad de pedir cita previa, completamente gratuita e imprescindible para ser atendido presencialmente. Aunque el servicio está disponible desde este jueves día 16, la atención en oficina empezará el próximo lunes 20.

El delegado del Gobierno en la región ha informado de que en Castilla-La Mancha habrá 13 oficinas receptoras, que son cuatro de la Tesorería y una del INSS en las distintas provincias, así como ocho oficinas de correos, donde puedan presentar la solicitud de manera presencial.

Sabrido ha defendido que esta regularización responde fundamentalmente a tres cuestiones. En primer lugar, ha dicho, a la normalización ya que “estamos hablando de personas que ya viven con nosotros”. En segundo lugar, ha recalcado, es “un asunto de justicia” y en tercer lugar, es “una cuestión de necesidad”.

Hay que dar gracias a la gente que está trabajando con nosotros

José Pablo Sabrido — Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha

ç“No cabe ninguna duda de que los inmigrantes están aportando mucho a la riqueza de España”, ha abundado el delegado del Gobierno, quien ha recalcado que “el 50 del empleo que se crea en Europa es en España”. “Hay que dar gracias a la gente que está trabajando con nosotros”, ha dicho.

Además, ha hecho hincapié en que “esta situación está regulada no para introducir problemas a España”, sino que “está para introducir soluciones”. Ha recordado que solo podrán ser regularizados los que a 1 de enero estuvieran ya en España, “con lo cual no se está abriendo las puertas a nueva gente que venga”. Además, a la fecha de la solicitud tienen que llevar cinco meses sin interrupción en España.

“No nos vamos a llenar, como alguien pretende, de delincuentes. Nos vamos a llenar de gente normal, de gente que trabaja, de gente que quiere lo mejor para su familia”.

Ha subrayado que en ningún caso podrán ser regularizados los que tengan antecedentes penales en España o en su país de origen, al mismo tiempo que ha manifestado que el hecho de estar regularizados en España no supone que se puedan desplazar a trabajar a otros países de la Unión Europea.

En cuanto al certificado de penales, se pedirá de oficio por parte de la Administración.esde el portal puede cumplimentarse un formulario para verificar si se cumplen los requisitos para optar la regularización, iniciar el propio trámite si los interesados disponen de certificado electrónico y solicitar cita previa.

El mencionado portal web cuenta con información detallada del proceso: en qué consiste exactamente y cuáles son sus potenciales beneficiarios. Esta información se ha articulado en diferentes formatos, con preguntas frecuentes y vídeos que serán actualizadas según se vayan detectando nuevas necesidades. Si después de leer toda esta información surge alguna duda específica, se podrá realizar a través de un formulario.

Además, las personas interesadas van a tener a su disposición una serie de videos explicativos con diferentes aspectos del proceso de tramitación, solicitud de cita, etc.

La web incluye un apartado con los documentos más importantes, tales como el texto de la norma publicado en el Boletín Oficial del Estado o el formulario de vulnerabilidad, que sirve para acreditar la vulnerabilidad en caso de tener que acreditar esa situación como vía para acceder a la regularización.

El portal también destaca la verificación de requisitos, desde donde se puede hacer una simulación para comprobar si se cumple con los requisitos que permiten acceder a la regularización.

Atención en oficinas el 20 de abril

Este portal ofrece la posibilidad de pedir cita previa, completamente gratuita e imprescindible para ser atendido presencialmente. Aunque el servicio está disponible desde este jueves día 16, la atención en oficina empezará el próximo lunes, día 20 de abril.

La cita puede solicitarse por tres vías: con identificación digital, a través de un formulario y en el teléfono 060. El calendario de citas se abre de forma progresiva.

Si el interesado dispone de Cl@ve, desde la web del ministerio podrá acceder a la aplicación de cita previa. En esta modalidad se puede seleccionar oficina, día y hora. También se puede pedir a alguien que tenga Cl@ve que solicite la cita introduciendo los datos de la persona interesada.

La segunda forma es a través de un formulario que aparece en la web. Por esta vía se asignará la cita más próxima a las preferencias que se indiquen. Si bien, desde el Ministerio avisan que la asignación por formulario “no será inmediata” y que llegará al correo electrónico o por SMS la confirmación de la cita. Mientras, la tercera opción es llamando al teléfono 060, donde te atenderán de lunes a viernes de 09.30 a 14,00 y de 16.30 a 19.30.

Solicitud telemática

Desde el mismo portal, puede iniciarse el proceso de regularización. Esta es la vía preferente, ya que se puede hacer la solicitud de manera telemática las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Podrán hacerlo los propios interesados si disponen de certificado electrónico y a través de personas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos, o bien con representantes que les ayuden a realizar el trámite como abogados, graduados sociales o gestores administrativos.

Por último, también contarán con la ayuda las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, más de 150, cifra que se sigue ampliando cada día y cuyo listado está en la página web.

Por otro lado, si así lo consideran oportuno, los potenciales beneficiarios pueden contar con la colaboración de los profesionales de la abogacía especializados en materia de extranjería, para su asesoramiento jurídico y la correcta tramitación de los expedientes.

Estos profesionales pueden acompañar a las personas solicitantes a lo largo de todo el proceso y actuar, en su caso, como sus representantes, papel que también realizarán graduados sociales y gestores administrativos. Con este objetivo, en el Portal de la Regularización, aparecen contactos de los Colegios Profesionales de la Abogacía para las personas interesadas.

Además, la web ofrece un listado actualizado con las entidades colaboradoras en extranjería que han acreditado tener al menos dos años de experiencia y ofrecen acompañamiento gratuito en el proceso. Estas entidades han creado un censo de personas habilitadas para actuar como representantes de los interesados en la solicitud telemática.

La afiliación media de extranjeros subió en marzo en 74.722 cotizantes respecto al mes anterior, un 2,4% más, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.151.563 ocupados.

Este colectivo representaba en marzo el 14,4% del total de cotizantes, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 230.358 ocupados, con un impulso interanual del 7,9%.

Desde marzo de 2022, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados. De hecho, el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, según ha destacado el Ministerio.

En términos desestacializados, marzo se cerró con 3.210.759 afiliados extranjeros, lo que supone 234.685 cotizantes más que un año antes.

“La afiliación de extranjeros sigue mostrando un comportamiento extraordinario que repercute en el conjunto, no en vano los trabajadores de otros países representan un importante 14,4% de los cotizantes. Su aportación a nuestro mercado laboral es clave. Sostiene sectores como la hostelería, donde uno de cada tres trabajadores es de otro país, e impulsa el emprendimiento, ya que el número de autónomos foráneos ya supera el medio millón”, ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Por países, cerca del 30% de las personas afiliadas extranjeras procede de estados de la UE. Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social, con 387.584 cotizantes, seguido de Rumanía (343.003), Colombia (264.236), Venezuela (218.337), Italia (208.174), China (126.998), Perú (105.223) y Ucrania (80.256).

De estas nacionalidades, subraya la Seguridad Social, destaca el incremento de los afiliados venezolanos, que suman más de un 20% en el último año; seguidos de peruanos, un 18,7%; y colombianos, un 17,7%.

En el conjunto de la afiliación, los extranjeros representan un 14,4% de los trabajadores, aunque hay sectores, como la hostelería o la agricultura, donde suponen el 29,1% y el 26,9%, respectivamente.

La Seguridad Social también destaca el elevado porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 88,6% del total, que se sitúa incluso por encima del de los trabajadores nacionales (88,4%).

En conjunto, recuerda la Seguridad Social, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados desde marzo de 2022.

“De hecho, el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros”, inciden.

Hay un consejo que siempre recibía todo el que preguntaba por los trámites que podría ir avanzando de cara a la regularización extraordinaria: “Ve pidiendo los antecedentes [en referencia al certificado de carencia de estos]”. Se lo dijeron a Luisa, colombiana que celebró la medida desde el primer día. A Jhon, quien contaba sentado en un banco de Plaza Elíptica, esperando conseguir algún trabajo temporal para sacarse el jornal, que ya había conseguido el documento tras solicitarlo semanas atrás para “ya tenerlos listos y apostillados”. También Oussama, un marroquí que había preparado la documentación cuando fue encerrado en un CIE. Había solicitado el certificado que prueba la carencia de antecedentes en su país, Marruecos, pero aún no le había llegado. 

Carecer de antecedentes penales, en España y en el país de origen (o en aquellos países de residencia durante los últimos cinco años) es un requisito indispensable para acceder a la regularización extraordinaria, pese a los muchos bulos extendidos por la extrema derecha. Probar dicha inexistencia de delitos, sin ambargo, no siempre es fácil.

Dependiendo de la nacionalidad de los migrantes, los plazos pueden alargarse durante meses o incluso años, según distintos testimonios de migrantes recogidos durante años por elDiario.es y los abogados que los acompañan. A sabiendas de esta situación, y para evitar quedarse sin optar a la medida por un retraso burocrático que no depende de ellos, muchos extranjeros solicitaron ya hace semanas sus certificados, aunque otros no lo han hecho por miedo a la caducidad de estos (en ocasiones tienen que hacer encajes de bolillos para cuadrar los plazos) antes de la aprobación del real decreto o, directamente, no tenían aun la manera para hacerlo, porque sus autoridades no lo ponen fácil.

Por ejemplo, si bien las embajadas de Colombia o Perú suelen funcionar de forma ágil y sencilla y, en poco tiempo, emiten estos documentos; las autoridades de otros países como Cuba, Nigeria o Mali no lo facilitan, en algunos casos motivadas también por su propio contexto social. Por eso, la norma ha abierto una vía excepcional para dar un poco más de margen a estos casos, a sabiendas de que es muy habitual que las autoridades de determinados países tarden meses en enviar este tipo de documentos o nunca lleguen.

En estos casos, el solicitante podrá pedir (a través de un certificado de haber pedido el documento y una declaración responsable) al Gobierno su intervención a través de la vía diplomática. Es decir, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Exteriores, podrá mover sus hilos y contactos para hacer presión a las administraciones extranjeras de turno con le objetivo de lograr una respuesta durante un plazo extra de tres meses más, en los que las solicitudes afectadas quedarán paralizadas.

“Algunos de ellos mucha dificultad. Sobre todo aquellos que necesitan que luego sean legalizados los certificados, suele ser complicado. Además de Nigeria, otros como Mali o Burkina Faso tienen muchos problemas y retrasan mucho el proceso”, indica el abogado experto en inmigración Felipe Garoña, presidente de la Asociación Extranjeristas en Red. Los solicitantes de asilo que sufren persecución en sus países de origen (pero no han recibido protección en España y buscan vías alternativas de regularización) se pueden encontrar con que sus autoridades rechazan la emisión de estos documentos. “Tengo algún cliente en esa situación, que directamente los autoridades de sus países no se lo pueden emitir porque esas peticiones están bloqueadas”, añade el letrado que considera una buena solución la vía extraordinaria abierta por el Gobierno para ayudar a los migrantes que encuentren problemas en la justificación de la falta de antecedentes por parte de terceros países.

“Ese apoyo por vía diplomática, en el caso de que no se pueda obtener por su cuenta es bastante oportuna para no dejar a estas personas en una situación de estancamiento”, analiza Garoña.

Las misiones policiales de Nigeria

Entre los ciudadanos que tienen más papeletas para acabar solicitando el apoyo del Gobierno se encuentran aquellos que proceden de algunos países subsaharianos- En concreto, todos los abogados citan Nigeria como uno de los Estados que más complica dicho trámite. La razón: el país africano no permite cumplir con este trámite en sus propias embajadas, sino que obliga a sus ciudadanos emigrados a viajar a Nigeria para ello, dado que exige que las huellas dactilares se tengan que tomar en el propio país.

Y, como hay gente que no puede viajar a Nigeria, menos aún si no tienen papeles, sus autoridades organizan cada cierto tiempo una misión diplomática por la que vienen agentes policiales nigerianos a diversos puntos de España para que sus ciudadanos puedan realizar diversos trámites en suelo español, entre ellos, la solicitud de antecedentes. Sus nacionales, por tanto, se deben organizar también para liberar ese día y organizar en ocasiones un traslado a las ciudades donde se celebrarán dichos encuentros.

Este tipo de trabas desencadenan casos tan delirantes como el de Lola: una mujer que nació en España, donde vivió toda su vida. De padre nigerianos, heredó la nacionalidad de su progenitor pero, cuando era adulta y empezó a intentar pedir la nacionalidad, se encontró con un impedimento: debía demostrar la carencia de antecedentes en un país que ni había pisado. Pensó que era un trámite automático, pero pronto se encontró una odisea de años para lograr ese papel.

Durante meses, ella y su padre tuvieron que estar pendiente de Facebook para saber cuándo iba a viajar a España la misión de los policías nigerianos. “Básicamente, tú te presentas en el sitio que determinan ellos, que en Barcelona suele ser en un polígono industrial. Llegas, te apuntas en un papel. Llegas y preguntas quién es el último y te dan una hoja, una hoja de libreta normal y tú te vas apuntando por orden de llegada. Las dos veces que tuve que ir pasé allí nueve o diez horas”, recordaba en una entrevista con el podcast de elDiario.es Un Tema Al Día.

En ocasiones las dificultades no solo pasan por el sistema para conseguir ese certificado, sino que también depende de la fecha de caducidad de este documento, que en general depende de cada país. Nigeria establece solo tres meses de caducidad. Como cualquier trámite de extranjería requiere más documentos a presentar, esto obliga a mucha gente a coordinar todos esos trámites para, en el momento de tener los antecedentes, que es lo que más difícil, presentarlo. Un error de cálculo puede provocar que, en el momento de presentar el expediente, ese certificado de antecedentes penales haya expirado, por lo que hay que empezar de cero.  De hecho, Lola cuenta que tuvo que repetir este proceso en dos ocasiones.

Mandar mensajeros a Cuba

Los cubanos tampoco lo tienen nada fácil y menos ahora, ante la crisis de electricidad del país. Alfonso se agobia solo de recordar el tiempo en que esperó ansioso la llegada de su certificado de antecedentes desde su país, Cuba. “Si se hace a través del consulado, puede demorarse mínimo siete meses y luego te lo tienen que traer a España”, dice el hombre, quien se regularizó hace unos meses por la vía habitual. Para tratar de acelerar el proceso por la puerta de atrás, él tiró de “contactos”.

“Las personas tienen contactos y, cuando Cuba no estaba en esta situación tan mala con el tema del petróleo, ellos conocían personas que por dinero te agilizan el proceso”, recuerda el cubano. “Para poder sobrevivir los trabajadores cobran por detrás para agilizar los trámites, porque si lo haces a través del consulado el trámite es igual de costoso y demora mucho más”, contextualiza el hombre. “Yo solicité uno en septiembre del año pasado y aun no me ha llegado”, ejemplifica. El hombre reconoce haber sido afortunado pues presentó un documento caducado que finalmente la Administración aceptó: “Gracias a dios que tenia uno antecedentes que estaban caducados, me los habían entregado en diciembre del 2024 y solo tienen una validez de 6 meses, pero me los aceptaron y me aprobaron la residencia por arraigo hace unos 10 días”.

En el caso de regularización, tanto los solicitantes de asilo como los migrantes en situación irregular tendrán que que acreditar que no han cometido delitos también en suelo español. En este caso, sin embargo, no es difícil: los solicitantes no necesitan presentar ningún documento físico, sino que Administración recabará de oficio su historial directamente del Registro Central de Penados asegurarán que no suponen un riesgo para “el orden público o la seguridad nacional” -un supuesto a menudo abstracto y que en ocasiones empuja decisiones arbitrarias- a través de los “informes policiales pertinentes”. 

La intervención diplomática del Gobierno, sin embargo, no es una garantía para recibir la acreditación de la falta de delitos en sus países: ¿qué pasa si superado el plazo extraordinario no llega la acreditación de carencia de antecedentes penales? Después de la ampliación de tres meses , el Gobierno español notificará al solicitante la situación y, como última oportunidad, se dará 15 días para que aporte el certificado oficial. Si no se entrega entonces, algo poco probable llegado a ese punto, la solicitud de regularización será suspendida aunque no sea su responsabilidad, sino de la inoperancia de la administración correspondiente. “No se podrá hacer nada más”, asumían fuentes del Ministerio de Migraciones este martes.

El Gobierno aprobará este martes la esperada regularización extraordinaria que concederá los papeles a cerca de medio millón de personas, según sus estimaciones. Cientos de miles de migrantes esperaban desde hace meses el momento para empezar a presentar las peticiones, lo que de facto suspenderá sus procedimientos de expulsión. Ya tenemos fecha de entrada en vigor: este 16 de abril, el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

A continuación, respondemos con detalle una serie de preguntas y respuestas claves para quienes estén interesados en acogerse a la regularización extraordinaria. Las respuestas se basan en el último borrador del texto de la medida, el mismo que será aprobado este martes en el Consejo de Ministros, según aseguran a elDiario.es fuentes gubernamentales.

¿Dónde puedo registrar la solicitud de regularización extraordinaria?

Las solicitudes se podrán presentar desde la entrada en vigor de la normativa hasta el 30 de junio de 2026, de manera presencial o telemática (a través de la plataforma 'Mercurio', ya sea de manera individual, por apoderamiento o mediante representantes o apoyo de entidades colaboradoras). Las personas sin papeles, al no tener documento electrónico, no pueden acceder por su propia cuenta a la vía telemática, por eso será tan importante que funcionen bien los puntos físicos habilitados, así como la posibilidad de hacerlo a través de intermediarios. La vía on line estará operativa 24 horas, 7 días a la semana.

El Gobierno va a habilitar nuevas oficinas públicas en distintos puntos de España, que incluirán “las oficinas de Correos, las oficinas de la Seguridad Social y determinadas oficinas de extranjería”. Estos puntos presenciales buscan evitar que unas personas tengan más difícil que otras el acceso a la regularización en función de dónde vivan, ya que Correos cuenta con oficinas de Correos en todo el territorio español, según el texto normativo. En el despliegue extraordinario participarán 372 oficinas de Correos, 60 oficinas de Seguridad Social y 5 oficinas de Extranjería habilitadas.

¿Cuándo empieza? ¿Cuándo puedo presentar mi expediente?

¿Quiénes pueden optar a la regularización extraordinaria?

Hay dos grandes grupos de beneficiados, con un procedimiento específico para cada uno de ellos. En primer lugar, las personas en situación irregular que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses. 

El otro colectivo afectado son los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha.

En todos los casos, deben carecer de antecedentes penales en España y en sus países de origen, así como no ser considerado “un riesgo para la seguridad y el orden público” -algo que determinará un informe policial, que será evaluado por el personal del Ministerio de Migraciones).

Si soy solicitante de asilo, ¿qué requisitos tengo que cumplir? 

Los solicitantes deben acreditar haber llegado al país antes del 1 de enero de 2026, a través de cualquier medio de prueba válido, y probar la inexistencia de antecedentes. También hay que presentar un documento identificativo, sin importar que esté caducado o en vigor. 

Como solicitante de asilo, ¿debo renunciar al procedimiento de protección antes de pedir la regularización?

No es necesario renunciar antes de registrar la petición, pero sí después de recibir una respuesta positiva. Los solicitantes de asilo que aún no hayan recibido una respuesta a su petición o a su recurso no tienen la obligación de renunciar al procedimiento de la protección internacional antes de solicitar la regularización extraordinaria. 

Si la respuesta a esta última petición es positiva, entonces sí debe desistir al asilo antes de pedir la tarjeta de identificación de extranjero ligada al permiso de residencia extraordinario, según la última versión del texto normativo. 

Y si estoy en situación irregular, ¿cuáles son los requisitos?

En función del supuesto en que se encuentre, hay requisitos generales y particulares. En general, debe presentar documentos que acrediten tanto haber entrado antes del 1 de enero de 2026, haber vivido en España de manera continuada al menos cinco meses y carecer de antecedentes penales. 

Para acreditar los plazos de entrada y permanencia en España, será posible presentar “cualquier prueba válida en derecho, siempre que incluya datos personales que permitan acreditar su identidad”. Es decir, en este aspecto hay flexibilidad y las posibilidades van mucho más allá del habitual certificado de empadronamiento: documentos de identidad o pasaportes -en vigor o caducados-, facturas de la luz, partes médicos, diplomas de formaciones, papeles de servicios sociales o actividades municipales en las que se haya participado…

Esta regularización se puede pedir por tres motivos distintos: laboral, familiar o situación de vulnerabilidad. En función del supuesto en que se encuentra, se añaden otros requisitos más específicos. 

¿Cuáles son las exigencias en función de esos supuestos?

¿Qué es eso del informe de vulnerabilidad? ¿Dónde se puede pedir y quiénes lo deben presentar?

Es un informe nuevo, distinto a los habituales “informes de integración” de los servicios sociales, que deberá realizarse “a través de un modelo específico”, elaborado por el Ministerio de Inclusión. Se trata de un documento que acreditará la vulnerabilidad que sufren los migrantes por el hecho de vivir sin papeles: mayores dificultades para acceder a un trabajo estable, a la vivienda, etc. Además de las entidades competentes en materia de asistencia social de las comunidades autónomas, el Ejecutivo ha habilitado un registro de ONG especializadas en extranjería que también tendrán capacidad de emitirlos. 

Se trata de las entidades del Tercer Sector inscritas en el nuevo “Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería”, regulado mediante una orden interna el pasado 2 de marzo, de la que el Gobierno dará más información en las próximas horas. 

¿Cómo acredito que no tengo antecedentes penales?

Las autoridades de mi país suelen tardar muchísimo en enviar este tipo de certificados de antecedentes y temo que no me llegue a tiempo. Si he pedido el certificado a las autoridades de mi país, no me responden y se acerca la finalización del plazo de la regularización. ¿Qué puedo hacer?

La norma abre una vía excepcional para dar un poco más de margen a estos casos, porque es muy habitual que las autoridades de determinados países tarden meses en enviar este tipo de documentos. 

Si acredita que ha pedido el certificado y ha transcurrido un mes sin recibir respuesta, puede solicitar que el Gobierno español intente recabarlo por vía diplomática. Para activar esta vía, debes adjuntar a tu solicitud de residencia el justificante de haber solicitado el certificado a las autoridades de tu país, una declaración responsable (en un modelo específico) donde manifieste formalmente que ha pasado un mes y aún no ha recibido respuesta; y, por último, una autorización para que las autoridades españolas puedan pedir sus antecedentes en su nombre. Este documento tiene que presentarse en español y también en el idioma del país que deba emitir el certificado.

Tras ello, el trámite quedará suspendido por un “plazo máximo de tres meses”, mientras España intenta conseguir dicha información por la vía diplomática. Pero si transcurren esos tres meses y el Gobierno español tampoco consigue por su cuenta el certificado, se le notificará y, como última oportunidad, se exigirá al solicitante que aporte el certificado oficial en un último plazo de 15 días. Si no se entrega entonces, la solicitud de regularización será suspendida aunque no sea su responsabilidad, sino de la inoperancia de la administración correspondiente. 

¿Cómo puede pedir la regularización en mi nombre otra persona?

Es posible autorizar a una tercera persona o profesional para que presente la solicitud telemática en su nombre. Esto incluye, además de los abogados, a las ONG inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, las cuales están legitimadas para la presentación electrónica de trámites, lo que supone una vía segura, especialmente para personas vulnerables que pueden ser objeto de abusos. 

Por lo tanto, no necesita hacerlo usted mismo desde un ordenador si carece de firma electrónica. Bastará con reunir la documentación obligatoria rellenando el modelo específico (que estará disponible en las webs de los ministerios implicados) y acudir presencialmente a una de estas oficinas públicas u organizaciones colaboradoras, donde se encargarán de realizar el envío telemático por usted. 

Veo algún anuncio de abogados de extranjería que urgen a pagar mucho dinero y meten miedo diciendo que es imprescindible hacer el trámite a través de un profesional. ¿Es normal?

Ojo. Solicitar los servicios de un abogado colegiado a cambio de dinero siempre es una opción si se quiere reducir tiempo o se trata de casos muy complejos, pero no es imprescindible. Este proceso de regularización cuenta con distintas posibilidades para presentar la solicitud sin desembolsar grandes cantidades de dinero, sea a través de las oficinas públicas o con el apoyo de las ONG habilitadas para este fin. El Movimiento Regularización Ya está realizando también distintas charlas o talleres para informar sobre los trámites a seguir. 

En todo caso, si alguien le dice que pagar un servicio jurídico es un requisito fundamental para presentar su regularización, huya. Le está engañando. 

¿Qué pasa con los hijos menores que están acompañados por sus familias?

Los padres, madres o tutores que soliciten la regularización extraordinaria deberán presentar “de forma simultánea” la solicitud de autorización de residencia para sus hijos menores, o mayores con discapacidad que requieran apoyo, que se encuentren en España. Ambas solicitudes se resolverán al mismo tiempo y, en caso de obtener una respuesta positiva, los niños y adolescentes obtendrán un permiso de cinco años de duración, en vez de la autorización de un año recibida por los adultos. 

Estos casos se resolverán a través de la vía general de menores acompañados, pero flexibilizando mucho sus requisitos. Para los menores nacidos en España, se exime de la exigencia de presentar esta petición a los seis meses posteriores a su nacimiento. Para los nacidos en el extranjero, solo se pide acreditar por cualquier medio que el menor “ha permanecido en España de forma ininterrumpida” durante los cinco meses anteriores al momento de presentar la solicitud (se evita así demostrar los habituales dos años de permanencia previa, así como de disponer de los medios económicos y del alojamiento adecuado que habitualmente se exigen para la reagrupación familiar).

¿Qué tipo de permiso concede la regularización extraordinaria?

La autorización inicial es temporal y tiene una vigencia de un año. Este permiso permitirá residir y trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, en cualquier parte del territorio español y en cualquier ocupación o sector. 

¿Qué pasará cuando pase el año? ¿Se puede prorrogar?

Sí, se podrá modificar la autorización extraordinaria a un permiso por la vía ordinaria, si se cumplen con los requisitos, que incluye encontrarse trabajando en España o haberlo hecho durante un tiempo determinado. 

Si no se cumple con este requisito, el permiso podrá ser prorrogado por año extra por la vía extraordinaria siempre que el solicitante esté en búsqueda activa de empleo e inscrito en el servicio público de empleo, o haya aportado un “informe favorable de esfuerzo de integración” emitido por la comunidad autónoma que corresponda.  

Creo que tengo todo preparado… ¿pero qué pasa si falta algún papel y no me he dado cuenta?

Si presenta la solicitud y falta alguna documentación o está incompleta, la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería le enviará un requerimiento formal para que subsane los problemas detectados, según la norma. Se le indicará qué es lo que falta y se le dará un plazo específico para añadirlo, que no podrá ser superior a 15 días. Si sobrepasado el tiempo establecido no envía la documentación solicitada, la petición quedará archivada. 

Si ya están saturadas las oficinas de extranjería y es tan difícil conseguir cita, ¿cómo se va a poder gestionar este pico de peticiones?

Las solicitudes de la regularización extraordinaria irán por otro canal, aseguran fuentes de Migraciones. No dependerán de las oficinas de extranjería (dependiente del Ministerio de Política Territorial con implicación de Interior) sino por la Unidad de Tramitación de Extranjería (responsabilidad de Migraciones). Según fuentes ministeriales, habrá un refuerzo de 550 empleados de personal de tramitación y atención, Habrá unas 450 oficinas habilitadas en todo el territorio y más de “150 entidades colaboradoras y profesionales habilitados”.

La regularización extraordinaria mantendrá la esencia planteada por el movimiento ciudadano que impulsó la medida, al menos sobre el papel. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que permitirá la salida de la clandestinidad de alrededor de 500.000 personas, según los cálculos oficiales. Pese a que algunas de las modificaciones propuestas por el Ministerio del Interior pretendían acotar el alcance de la medida, el texto definitivo, al que ha tenido acceso elDiario.es, mantiene las bases del primer borrador, aunque añade un nuevo requisito para justificar la vulnerabilidad ligada a la irregularidad y endurece parcialmente las opciones para probar la carencia de antecedentes penales. Eso sí, mantendrá una vía para apoyar a los migrantes a certificar que no han cometido delitos en caso de que sus países de origen no se lo faciliten.

La norma entrará en vigor el próximo 15 de abril, el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El texto que llega este martes al Consejo de Ministros mantiene el caracter amplio de la medida y sus requisitos principales: podrán acogerse, por un lado, todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado al país antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses. Por otro, los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha, sin tener la obligación de desistir de su procedimiento de asilo previamente, pero sí después de recibir la concesión del permiso extraordinario de residencia por esta vía.

Tras las recomendaciones planteadas por el Consejo de Estado, la mayoría trasladadas por el Ministerio del Interior, el Gobierno ha incluido una serie de cambios que afectan más a los métodos de prueba de algunos de los requisitos que al fondo de la normativa, según aseguran fuentes gubernamentales, que consideran que se trata de modificaciones de caracter “técnico”. Entre las novedades, el Ejecutivo ha incluido una nueva condición que, aunque ya se llegó a plantear durante las negociaciones con Podemos y en las reuniones mantenidas con colectivos sociales, aún no había sido confirmada: un informe social para probar la situación de “vulnerabilidad” que conlleva vivir en España sin permiso de residencia.

El último borrador del real decreto contempla diferentes supuestos por los que una persona sin papeles podrá acogerse a la regularización extraordinaria -que no computan en el caso de los solicitantes de asilo, pues carecen de estas exigencias-. Por un lado, la vía laboral, a través de una oferta de contrato de trabajo o una declaración de responsable de un proyecto de empleo por cuenta propia. Por otro, la familiar, es decir, probar encontrarse en el país como parte de una unidad familiar con hijos a cargo o personas dependientes. Y, en tercer lugar, encontrarse en “situación de vulnerabilidad”. Es en este punto donde será necesario aportar el nuevo informe social.

Informe para las personas sin papeles

Como el primer borrador no especificaba cómo se tendría que acreditar dicha vulnerabilidad, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, había aclarado en diversas ocasiones que la propia situación de irregularidad administrativa se entendería por sí misma como condición de vulnerabilidad, por lo que no haría falta justificar dicha situación. Sin embargo, el Consejo de Estado solicitó al Gobierno una mayor concreción y un método para probar este supuesto.

Finalmente, la solución encontrada por el Gobierno, en conversación con el movimiento Regularización YA y distintas ONG especializadas, ha sido la exigencia de presentar un nuevo informe social que “a través de un modelo específico” permita acreditar la vulnerabilidad extra que sufren los migrantes solicitantes por el hecho de vivir sin papeles. Además de las “entidades competentes en materia de asistencia social” de las comunidades autónomas (cuya emisión de este tipo de informes adolece en ocasiones de trabas o grandes retrasos), el Ejecutivo ha abierto una nueva vía inédita hasta el momento para emitir este tipo de documentos.

“Podrán acreditar también dicha situación las entidades del Tercer Sector inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería”, indica el texto de la medida. El Gobierno ha creado así un registro amplio de ONG especializadas en extranjería que estarán habilitadas para desarrollar estos informes de “vulnerabilidad”, lo que evita la exclusión de quienes se podrían encontrar con obstáculos para cumplir dicho trámite a través de los servicios sociales autonómicos o municipales, un problema mencionado habitualmente por los migrantes que intentan solicitar permisos de residencia por la vía del arraigo.

Aunque Interior había solicitado reducir en parte la flexibilidad de los medios de prueba con los que los migrantes sin papeles pueden probar los cinco meses de residencia continuada en España, el último texto normativo la mantiene. Según el real decreto, podrán demostrar su permanencia en el país con cualquier medio de prueba, como facturas de la luz, certificados médicos, participación en actividades municipales, formaciones o documentos caducados (el departamento de Fernando Grande-Marlaska rechazaba específicamente que pudiesen presentar documentos expirados) siempre que incluyan el nombre completo del solicitante.

Esta flexibilidad en los métodos de prueba es clave para la población en situación irregular, que se enfrenta a menudo a muchas trabas para realizar trámites como el empadronamiento, por lo que permitir un amplio abanico de documentos puede evitar la exclusión de miles de personas, según los colectivos sociales. 

Carencia de antecedentes

Lo que sí ha endurecido el Gobierno, de manera parcial, es el procedimiento para justificar la falta de antecedentes penales. Pese a los distintos bulos difundidos por la derecha, todos los borradores de la normativa han incluido como requisito para acceder a la regularización carecer de antecedentes penales.

El punto cuestionado por el Consejo de Estado y el Ministerio del Interior tenía que ver con la posibilidad planteada por el borrador inicial para probar la inexistencia de antecedentes penales en el país de origen en el caso de que el certificado no llegase a tiempo, dado que determinados países tardan en emitir este tipo de documentos meses o incluso años. Para evitar dejar fuera de la medida a quienes no logran recibir el certificado por los problemas de la administración de su país, el Ejecutivo planteaba una segunda vía para dar más margen y mayor flexibilidad: a través de una declaración responsable de falta de antecedentes, que abriría una segunda fase de comprobaciones diplomáticas por parte del Gobierno, mientras dichos expedientes continuaban su curso. En caso de demostrar finalmente que sí contaba con antecedentes, la Administración suspendería el permiso de residencia.

Tanto el Ministerio del Interior como el Consejo de Estado rechazaron la inclusión de esta opción tal y como aparecía redactada inicialmente. El Ejecutivo ha optado por mantener esta segunda fórmula para justificar los antecedentes penales en otro país, con el objetivo de evitar cerrar la puerta a miles de personas ante los previsibles retrasos de estos certificados internacionales. Sin embargo, el último texto endurece sus condiciones y limita el alcance de esta posibilidad, dejando paralizados temporalmente esos expedientes durante tres meses, que acabarán siendo rechazados si en un plazo determinado no se logra confirmar la falta de causas penales en sus lugares de origen.

Tampoco se permitirá suplir la justificación de la inexistencia de antecedentes penales en los casos de quienes demuestren haber vivido de forma continuada en el país durante los últimos cinco años, como había sido incluido en la redacción inicial de la norma. El Consejo de Estado consideró que “ha de concederse la máxima prioridad a una rigurosa acreditación de la carencia de antecedentes penales en terceros países”, por lo que finalmente el Ejecutivo ha eliminado esta posibilidad.

Oficinas de Correos habilitadas

Las solicitudes se podrán presentar desde la entrada en vigor de la normativa hasta el 30 de junio de 2026, de manera presencial o telemática. Las oficinas de extranjería no serán los principales espacios para presentar los expedientes, debido al colapso en el que se encuentran. Por ello, el Gobierno va a habilitar “oficinas públicas en todo el territorio nacional”, que incluirán “las oficinas de Correos, las oficinas de la Seguridad Social y determinadas oficinas de extranjería”.

A las oficinas de Correos se les encomendará “tareas de apoyo y gestión” en el procedimiento a través de la presentación telemática de la solicitud de las autorizaciones, dado que las personas sin papeles no pueden optar por sí mismas a la vía online al carecer de documentación electrónica para acceder al sistema. “Correos cuenta con una amplísima red de oficinas en todo el territorio nacional, incluyendo zonas rurales y municipios pequeños, lo que garantiza que todas las personas, con independencia de dónde vivan, puedan acceder al procedimiento en condiciones de igualdad”, indica el último borrador del real decreto.

Además, Inclusión encomendará al grupo TRAGSA el desarrollo de tareas administrativas de “caracter exclusivamente instrumental”, en funciones de “apoyo material y técnico” para la preparación de los procedimientos para su resolución. Las labores encargadas a esta empresa, aclara el texto normativo, “no supone en ningún caso el ejercicio de potestades públicas, ni comprende la instrucción sustantiva de los procedimientos, la valoración jurídica de las solicitudes ni la adopción de decisiones sobre las mismas”.

El movimiento Regularización Ya, formado mayoritariamente por personas racializadas, consigue así sacar adelante una versión bastante parecida a la regularización sin apenas condiciones por la que empezaron a luchar en las calles hace más de cinco años, materializada en una ILP que llegó al Congreso con el respaldo de más de 700.000 firmas hasta acabar en el Consejo de Ministros para ser aprobada por la vía exprés tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos. “Parece que el enfoque sigue siendo bastante amplio y la intención es respetar nuestro planteamiento, pero queremos ser cautas hasta su publicación en el BOE y seguiremos de cerca su aplicación, para que no deje a gente atrás”, sostiene Silvana Cabrera, una de las portavoces de la plataforma.

Un total de 54.965 personas extranjeras residen en Andalucía con una autorización de residencia por arraigo en vigor. Esto supone el 13,4% del total nacional, que asciende a 394.110, lo que supone un incremento del 26% respecto al año anterior, según los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía, un total de 214.085 personas de 16 años o más con autorización de residencia por arraigo estaban trabajando y cotizando a la Seguridad Social en el país, lo que supone un crecimiento respecto al año anterior de un 39%.

En el primer trimestre del año 2025, había 155.000 personas con arraigo afiliadas a la Seguridad Social, cifra que llegó a casi 180.000 en junio y más de 197.000 en septiembre. Se alcanzó el máximo histórico de la serie en el último trimestre de 2025 con estos más de 214.000. La mayoría, el 58%, tienen en vigor una autorización de arraigo familiar, seguidas por las que tienen autorización de arraigo social (21%).

Perfil

El 46% de estos cotizantes vía arraigo presentaba un contrato indefinido a tiempo completo y las secciones de actividad predominantes fueron la hostelería, las actividades administrativas, la construcción y el comercio. Con respecto al perfil de las personas afiliadas con autorización por arraigo, predominan los hombres frente a las mujeres. Estas cifras han aumentado un 38% en el caso de los hombres y un 41% en el de las mujeres en el último año.

La edad media se sitúa en los 36 años, existiendo diferencias en función de los países de origen. Mientras Pakistán muestra la edad media más baja, con 33 años, las personas afiliadas de Venezuela y Cuba superan los 40 años. Por nacionalidades, Colombia, Marruecos y Perú son los países de procedencia más destacados en cuanto a número de personas con autorización de residencia por arraigo dadas de alta en la Seguridad Social al finalizar 2025.

El Congreso ha aprobado este jueves, a la segunda, la revalorización de las pensiones para 2026, después de que decayera el Real Decreto-Ley ómnibus que aprobó el Gobierno a finales del año pasado, lo que forzó al Ejecutivo a desgajar la subida de las jubilaciones del resto del escudo social para asegurar su éxito parlamentario.

La norma ha recibido el apoyo casi unánime de la Cámara -solo Vox se ha descolgado-, ya que su convalidación estaba garantizada con el apoyo del PP. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha defendido que la revalorización es “una medida trascendental que afecta directamente al bienestar y a la seguridad económica de millones de personas”, ya que aseguran que las pensiones mantienen su valor real y da “estabilidad y certidumbre” a quienes “han contribuido durante toda su vida”.

“La actualización de las pensiones conforme al IPC es un derecho y, digo bien, que garantiza la dignidad y el poder adquisitivo de los mayores y es también un compromiso inquebrantable del Gobierno con quienes contribuyeron al sistema de la Seguridad Social”, ha defendido la ministra.

Pero esta política no es solo para los mayores, ha dicho Saiz, sino también es relevante para la juventud, a quien ha querido dirigirse: “Esto va de fortalecer al sistema público de la Seguridad Social para que las siguientes generaciones encuentren al menos la misma protección que hoy en día existe”.

En la misma idea ha coincido el portavoz de Sumar en el debate, el diputado Lander Martínez, que ha denunciado que “la derecha y la extrema derecha” tratan de instalar la idea de un “conflicto intergeneracional”. “No hay conflicto intergeneracional, hay conflicto de clases: usan a jóvenes precarios contra sus abuelos”, ha dicho.

Críticas del PNV al Gobierno y de Bildu a las derechas

El Gobierno ha recibido críticas de socios importantes como el PNV, que les acusó de llevar a cabo una “estrategia de trinchera permanente” al unir muchísimas medidas dispares en un mismo decreto-ley, como hizo el Ejecutivo a finales del año pasado, lo que PP y Junts utilizaron para argumentar su rechazo.

“Trataron de utilizar derechos tan sensibles como las pensiones como herramienta de tensión política”, ha dicho la diputada jeltzale Idoia Sagastizabal, que ha advertido a Saiz que esto “erosiona la confianza” de los grupos parlamentarios.

A la derecha ha criticado el diputado de EH Bildu Oskar Matute, que ha reprochado a PP y Junts su giro copernicano en las pensiones. “No puedo dejar de señalar la paradoja de este debate con respecto al anterior. Parece que alguien se olvida, seguramente de manera premeditada, que muchas de las medidas que se votaban en el anterior Real Decreto-Ley que se ha debatido [el escudo social], son medidas que, en buena parte, vienen siendo recibidas por pensionistas. Hoy aquí alguno dirá que defiende a los pensionistas, que no teman, que con ellos están seguros, pero hace nada han votado para que les corten la luz, el agua y la electricidad, para que desahucien a quien no puede pagar el alquiler porque sus pensiones son exiguas”, ha dicho.

El diputado de Junts Josep Maria Cervera Pinart ha defendido que el Gobierno haya tenido que aprobar dos veces la revalorización de las pensiones por la “incapacidad reincidente”, la “ineptitud” y la “incompetencia” del propio Ejecutivo. “Si esta revalorización no se ha hecho en tiempo y forma, generando incertidumbre y haciendo sufrir a la gente, solo es culpa del mal hacer y del abuso de Gobierno, del Gobierno de España, y no de Junts”, ha replicado a las críticas del PSOE y Sumar.

Por el PP ha defendido su postura el diputado Miguel Ángel Paniagua, que ha celebrado que La Moncloa optase por separar las pensiones del resto del escudo social. Sin embargo, ha reprochado que el Gobierno no asegura el poder adquisitivo de los pensionistas, mezclando en su argumento la no deflactación del IRPF y la subida del precio de la cesta de la compra.

Las pensiones suben un 2,7% en general y las mínimas, hasta un 11,4%

Con la convalidación del decreto, en 2026, las pensiones crecen en general un 2,7%, que es el dato de inflación media del año anterior y la referencia aprobada en la reforma de pensiones de 2021 para mantener el poder adquisitivo de sus beneficiarios. Hay más de 9,4 millones de pensionistas en España y, aunque la gran mayoría son jubilados, estas prestaciones incluyen más tipos: incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

La subida del 2,7% supondrá, aproximadamente, “572 euros adicionales al año” para las personas con la pensión media de jubilación, que se sitúa alrededor de los 1.500 euros al mes. Son casi 41 euros más al mes, ya que las pensiones se abonan en 14 pagas, con la extra de verano y la de Navidad.

Para las pensiones mínimas, el Gobierno ha aprobado un incremento del 7%, que en las “pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares” alcanza el 11,4%, según indica la Seguridad Social. El mismo pocentaje que suben las pensiones no contributivas.

Así, en 2026, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez íntegra, en su modalidad no contributiva, aumenta en 64 euros al mes y queda establecida en 629 euros mensuales, frente a los 564,7 euros al mes de 2025.

La pensión máxima del sistema rozará los 3.360 euros al mes, en 14 pagas, o 47.034 euros anuales. Se trata de 92 euros más al mes que en 2025, un 2,815% más respecto a los 3.268 euros mensuales de este año.

Con 2026 ya arrancado llegan algunas novedades para las personas que reciben el ingreso mínimo vital (IMV), o que lo hagan a lo largo del año. El Gobierno ha aprobado una subida general de las pensiones del 2,7%, para compensar la inflación, que será mayor entre las más bajas: las mínimas, entre un 7% y un 11,4% y las no contributivas, un 11,4%. Esta cantidad, un 11,4%, será lo que también suba el ingreso mínimo vital.

A continuación, te resumimos las novedades más relevantes sobre el IMV para el año 2026.

¿Cuánto sube el ingreso mínimo vital?

Las cantidades del ingreso mínimo vital (IMV) suben lo mismo que las pensiones no contributivas. Es decir, un 11,4%. Por ejemplo, la renta garantizada para un hogar unipersonal será de 734 euros mensuales desde este mes de enero, 75 euros más al mes respecto a los 659 euros al mes de 2025, en 12 pagas.

Hay que recordar que el IMV que cobran las familias no alcanza siempre la cantidad completa, sino que resulta de restar la renta garantizada correspondiente al tipo de hogar menos los ingresos que perciba la familia beneficiaria.

Además, existe un complemento que aumenta la cuantía de la ayuda en un 22% adicional para las familias monoparentales y para aquellas con algún miembro con discapacidad igual o superior al 65%.

¿Y el complemento de ayuda a la infancia (CAPI)?

El ingreso mínimo vital va acompañado de un complemento de ayuda a la infancia (el llamado CAPI) por cada menor de edad que reside en los hogares beneficiarios. Esta ayuda por hijo también la pueden recibir familias con hasta tres veces más renta.

En 2026, se mantienen las cuantías de la ayuda de 2025, según indica la Seguridad Social. Estas cantidades son las siguientes:

Tengo derecho, ¿cómo pido esta ayuda?

La Seguridad Social informa que, para la tramitación de esta ayuda por hijo, se debe pedir del mismo modo que se solicita el IMV:

El Ministerio ha elaborado esta guía práctica con información y un vídeo tutorial sobre cómo identificarse para solicitar el IMV a través de un formulario online, “sin necesidad de certificado digital o cl@ve”.

Arranca el año 2026 y con él llegan novedades para quienes cobran una pensión o quienes pasen a hacerlo en los próximos meses. El Gobierno aprobó a final de año una subida general de las pensiones del 2,7%, para compensar las subidas de precios de los productos básicos, aunque las más bajas crecen más: las mínimas, entre un 7% y un 11,4%, y las no contributivas, un 11,4%. Entre los cambios que llegan con el nuevo año, destaca el inicio del nuevo periodo de cómputo opcional, que se reguló en la reforma de pensiones de 2023, pero que aún no había empezado a desplegarse.

A continuación, resumimos algunas de las novedades más importantes sobre las pensiones para 2026.

¿Cuánto suben las pensiones?

En 2026, las pensiones crecen en general un 2,7%, que es el dato de inflación media del año anterior y la referencia aprobada en la reforma de pensiones de 2021 para mantener el poder adquisitivo de sus beneficiarios. Hay más de 9,4 millones de pensionistas en España y, aunque la gran mayoría son jubilados, estas prestaciones incluyen más tipos: incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

La subida del 2,7% supondrá, aproximadamente, “572 euros adicionales al año” para las personas con la pensión media de jubilación, que se sitúa alrededor de los 1.500 euros al mes. Son casi 41 euros más al mes, ya que las pensiones se abonan en 14 pagas, con la extra de verano y la de Navidad.

¿Cuánto aumentan las pensiones mínimas?

Más que el resto. Este año, el Gobierno ha aprobado un incremento del 7%, que en las “pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares” alcanza el 11,4%, según indica la Seguridad Social.

Por ejemplo, a partir de enero, la pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales aumenta en casi 62 euros al mes: queda fijada en 936,2 euros brutos al mes frente a los 874,4 euros mensuales de 2025. En el caso de la pensión mínima con cónyuge a cargo aumenta en 129 euros al mes, hasta situarse en 1.256,6 euros al mes (en 2025, ha sido de 1.127,6 euros al mes). Aquí se puede consultar el cuadro con todas las modalidades.

“Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizarán también en un 7,07% para 2026, lo que supone alcanzar los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes”, explicaba la Seguridad Social.

En la reforma de pensiones de 2023 se pactó una senda de incrementos independiente para estas prestaciones, las más bajas del nivel contributivo, y también para las pensiones no contributivas, con el objetivo de aproximarlas al umbral de la pobreza. Así se ha hecho desde 2023 y se mantendrá hasta 2027.

¿Y las no contributivas?

Las pensiones no contributivas crecen un 11,4%. Así, en 2026, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez íntegra, en su modalidad no contributiva, aumenta en 64 euros al mes y queda establecida en 629 euros mensuales, frente a los 564,7 euros al mes de 2025.

¿Cómo queda la pensión máxima?

La pensión máxima del sistema rozará los 3.360 euros al mes, en 14 pagas, o 47.034 euros anuales. Se trata de 92 euros más al mes que en 2025, un 2,815% más respecto a los 3.268 euros mensuales de este año.

El incremento de la pensión máxima es algo superior a la subida general (2,7%) porque en el segundo bloque de la reforma de pensiones se acordó que los sueldos más altos fueran cotizando más al sistema de la Seguridad Social y, en paralelo, las pensiones máximas también irían aumentando algo más. Así, su aumento es del IPC medio más un 0,115 puntos porcentuales cada año.

No obstante, este incremento del 2,815% solo se aplica a las nuevas pensiones máximas del sistema, ya que es una compensación por la mayor cotización que se está aplicando desde 2024 a los salarios más altos. Las pensiones máximas ya reconocidas aumentarán un 2,7%, como el resto de pensiones.

Además, puede haber algunas pensiones por encima del nuevo máximo del sistema, esos 3.360 euros mensuales: aquellas que perciban además el complemento contra la brecha de género en las pensiones cuyos cambios detallamos a continuación.

¿Y el complemento para reducir la brecha de género?

Aumenta un 2,7%, en un porcentaje similar al de la subida general de las pensiones. Se trata de un plus por hijo en las cuantías de las pensiones que fue regulado en 2021 —para sustituir al anterior de maternidad— y que se asigna principalmente a las mujeres, aunque también lo pueden percibir hombres. 

Este complemento aumenta en un euro al mes su cuantía respecto a 2025 y llegará a los 36,9 euros al mes por hijo en 2026. Este plus está ahora mismo siendo objeto de revisión por el Gobierno tras la sentencia europea que consideró que era discriminatorio para los hombres. Tras este fallo, el complemento se está reconociendo a más padres que a madres.

Arranca el nuevo periodo de cómputo opcional

A partir del 1 de enero se inicia el nuevo periodo de cómputo dual u opcional que reguló la reforma de pensiones de 2023. Este consiste en que, en los próximos años, los trabajadores podrán jubilarse teniendo en cuenta los actuales últimos 25 años de la carrera laboral para calcular su pensión o elegir los mejores 27 años dentro de los últimos 29, según cuál sea la más beneficiosa. Esta segunda opción se desplegará progresivamente a partir del año que ahora empieza y, desde 2044, el periodo que quedará será solo el segundo.

Este 2026, el periodo de cómputo se podrá calcular con los últimos 304 meses cotizados (25,33 años), de los que podrán descartarse dos meses, o seguir optando por los 25 años vigentes. La Seguridad Social aplicará de oficio la opción más beneficiosa para el pensionista.

¿Cuál será la edad de jubilación?

La edad legal para la jubilación ordinaria sube dos meses en este nuevo año, hasta los 66 años y diez meses cumplidos. Se trata del último paso del periodo de transición iniciado en 2013 para alcanzar la meta de los 67 años en 2027.

Las carreras más largas de cotización, de aquellas personas que hayan cotizado 38 años y 3 meses o más, se mantendrá en 65 años.

Así, en 2026 se puede acceder ya a la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 64 años y 10 meses para aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, y de los 63 años cuando hayan alcanzado este umbral. Es decir, dos años antes de la edad ordinaria y siempre que se cumplan el resto de requisitos.

¿Cómo quedan las penalizaciones por jubilación anticipada?

En el caso de las personas con derecho a la pensión máxima, desde 2024 —fruto de la reforma de pensiones de 2021— las penalizaciones (o coeficientes reductores) por jubilarse anticipadamente de manera voluntaria se van ampliando poco a poco.

En 2026, las penalizaciones máximas —por anticipar dos años la jubilación— irán del 9,1% al 6,7%, según los años cotizados.

Los ministerios de Hacienda, Trabajo e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han convocado procesos selectivos para incorporar a 2.108 nuevos empleados públicos en diferentes escalas y categorías.

El BOE publica este martes varias convocatorias de oposiciones tanto de turno libre como de promoción interna de varios ministerios, que se suman a otras convocatorias que se han hecho públicas en los últimos días.

Solo de los ministerios de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social se han convocado este martes 2.108 plazas de turno libre y 1.649 plazas de promoción interna, informa EFE.

En concreto, Hacienda ha convocado, solo de turno libre, 1.000 plazas para el cuerpo general administrativo de la Administración del Estado, especialidad de agentes de la Hacienda pública; 100 plazas para el cuerpo de arquitectos técnicos al servicios de la Hacienda Pública y 98 plazas para el cuerpo técnico de Auditoría y contabilidad.

A esto hay que sumar 64 plazas del cuerpo superior de Gestión catastral; 49 plazas del cuerpo técnico de Gestión catastral y 16 plazas del cuerpo superior de interventores y auditores del Estado, así como 485 plazas de promoción interna de estos cuerpos.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha convocado por su parte, de turno libre, 526 plazas del cuerpo de gestión de la administración de la Seguridad Social; 97 plazas del cuerpo superior de técnicos de la administración de la Seguridad Social; 64 plazas del cuerpo de gestión de la administración de la Seguridad Social, especialidad Auditoría y contabilidad, y 17 plazas del cuerpo superior de interventores y auditores de la administración de la Seguridad Social.

El ministerio que dirige la también nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también ha convocado 1.649 plazas de promoción interna.

Trabajo, por su parte, ha lanzado una convocatoria para cubrir 77 puestos del cuerpo de subinspectores laborales, todas ellas de turno libre.

Hace tres años, Noutie Tchana Angelo Sylvio saltó la valla de Ceuta. Al tercer intento lo consiguió y, tras pasar la frontera, no miró hacia atrás. Camerún quedó a miles de kilómetros, lejos, donde lo aguardan su pareja y su hija de cinco años, a quienes espera pronto traer consigo cuando, por fin, obtenga un permiso de trabajo tras horas y horas de formación. Pese a dormir en la calle, consiguió el graduado en la ESO, motivo por el que el Ayuntamiento de Sevilla lo reconoció en el acto central de la Semana de las Personas Sin Hogar.

Es irónico hablar de reconocimientos públicos cuando uno se ve abocado a sobrevivir en un sistema en el que se niegan los derechos fundamentales. Angelo, como prefieren que lo llamen, sonríe ante la observación durante la conversación en la sede de la asociación Elige la Vida: “Estoy orgulloso de que mi esfuerzo valiera para algo porque, aunque estuviera estudiando en la calle, se lo he podido mostrar al mundo. Todo era difícil, pero nunca me di por vencido y, aquí, me aconsejaron y me motivaron, es más, me compraron libros para que pudiera seguir adelante”.

Delante de las taquillas azules donde las personas sin hogar que atiende la organización dejan sus maletas y pertenencias, hay dos mesas unidas en el centro de la sala. Testigos de las largas horas, hizo migas con Paco, un usuario que hoy día continúa escribiendo su libro, o con otros compañeros que no entendían por qué se esmeraba en sacar un título cuando lo que priorizaban era la búsqueda de trabajo, a cualquier precio. “Tenía en mente trabajar, pero no tenía esa oportunidad”, comenta, sobre todo después de que le rechazaran su solicitud de asilo. De repente, se vio sin ningún lugar al que acudir. Un primo que aún está en Camerún ya le advirtió de las inclemencias a las que se enfrentaría: “Me dijo que me esperaba de todo, que sufriría, pero no tenía que tener miedo”.

Entre la calle y las casas de acogida

Lo primero era aprender el idioma, casi tan bien como el inglés que maneja o su francés materno. “Noté que, si me quería quedar en España, ese sería el punto más importante y comencé a estudiarlo en Ceuta e, incluso en la calle, seguía aprendiendo por YouTube”, recuerda. Cerrada la puerta de la protección internacional, no pudo continuar en el centro asistencial de CEAR Sevilla. En total, pasó ocho meses a la intemperie, mientras salía y entraba de casas de acogida, como en el centro Miguel de Mañara, el Nuevo Hogar Betania, el piso de acogida de Accem o la empresa SAMU Social, en donde se encuentra actualmente. Sin cejar en su empeño, logró sacar el título de manipulador de alimentos y el carné de carretillero, pero para mejorar sus posibilidades se debía matricular en la ESO y logró entrar en el Centro de Educación Permanente (Ceper) Polígono Norte.

Como taxista, podría haber continuado en Duala, su ciudad de origen, pero la tensión sociopolítica de la nación le obligó a migrar. Tampoco vio como una posibilidad viajar a los estados africanos colindantes, “en Nigeria no hay seguridad y en los países árabes mi piel negra se ve como si fuese blanca”. Así, al lograr cruzar el estrecho de Gibraltar, nunca pensó en que aprobar la educación secundaria facilitara el siguiente paso: acceder al ciclo de formación profesional dual que lo ha especializado en aires acondicionados e instalaciones frigoríficas. Pese al entusiasmo que lo llevaba a escalar cada vez más alto, una vez más el sistema le ponía trabas en el ascenso.

El curso le permitió realizar prácticas empresariales, por lo que pudo acceder a un precontrato laboral con el que solicitó el permiso de residencia y trabajo. Un trámite que concede el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un plazo máximo de tres meses, pero en esta ocasión tardó cinco meses . “Hay gente que espera seis, siete meses, y yo y mi jefe estábamos desesperados de esperar... Seguro que por eso ahora me han dicho que tengo que esperar”, declara. A causa de este lío burocrático, deberá retrasar todos los trámites de arraigo hasta enero del año que viene, “el empresario no se va a quedar sin cubrir el puesto”, dice, resignado.

Colectivos vulnerables

“Lo que le pediría a la administración es que facilitaran la documentación que pedimos y que cumplan los plazos, o que no nos pidan documentos que saben que no vamos a conseguir, como el contrato mismo de trabajo”, asevera ante los compañeros que escuchan la charla. También, critica la excesiva burocracia que exigen a la parte contratante, temiendo que se arrepientan en el último momento de haberse decidido a emplearlo. Una afirmación con la que concuerda Rafael Díaz, representante de Elige la Vida.

Se sienta frente al joven de 26 años, a quien ha acompañado a lo largo de estos tres últimos años desde que llegara a España, y toma su ejemplo como una incongruencia más del sistema de atención social que impera: “Someten a las personas vulnerables a un periplo horroroso”. No solo se trata de Angelo, sino de colectivos desprotegidos, por ejemplo, se refiere a las esperas interminables para quienes solicitan el Ingreso Mínimo Vital, a las subvenciones destinadas a las personas en situación de sin techo o a los propios migrantes que llaman a su puerta en busca de un apoyo cuando se les niega una respuesta desde la esfera institucional.

La entidad de la que forma parte Rafael nació en el barrio de Triana a finales del siglo pasado como una forma de auxiliar a quienes sufrían los efectos devastadores de la drogodependencia. El espíritu se conserva a través de distintas áreas con acciones directas en el barrio. No quieren crecer más, porque los 80 socios que hay en la actualidad creen en la labor comunitaria, en los gestos cercanos y centrados en cada calle que rodea a la sede de la asociación. A su alrededor, vienen y van las personas que acogen, saludan, se ponen al día en este día de diciembre, y, atendiendo a Angelo, admite que la relación ha profundizado de tal forma que ya es alguien más de la familia.

Este año terminará en breve y, con esperanza, el joven camerunés espera la resolución de la petición de arraigo. Con ello, logrará encontrar un trabajo al finalizar el segundo curso de la formación profesional y, por fin, tener los recursos suficientes para acceder a una vivienda en Sevilla, la siguiente meta, donde espera, pronto, acoger a su familia.

Para entender el germen de los ataques racistas ocurridos en julio en Torre Pacheco, había que dirigir la mirada a las redes sociales. La “cacería” estuvo marcada por una oleada de bulos y mensajes coordinados que llegaron a quintuplicar el volumen habitual de contenido racista en redes sociales. Los hechos evidenciaron la importancia de la monitorización del discurso xenófobo en redes sociales, una tarea realizada por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) a través de un sistema que utiliza la inteligencia artificial para identificar y notificar a las plataformas los mensajes con este tipo de contenido.

El director del OBERAXE, Tomás Fernández Villazala, recibe a elDiario.es tres meses después de su nombramiento, en un momento clave para la lucha contra el discurso del odio. El responsable del organismo, dependiente del Ministerio de Migraciones, pasó antes por la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDODE) del Ministerio del Interior, donde participó en su puesta en marcha en 2017. Actualmente desempeñaba funciones de dirección técnica, coordinación interinstitucional y supervisión de actividades formativas, preventivas y de respuesta frente a los delitos de odio, además de liderar proyectos de sensibilización, planes de acción y relaciones con entidades como la Federación Española de Municipios y Provincias y la Unión Europea.

Uno de sus retos pasará por afianzar el nuevo Sistema FARO (Filtrado y Análisis de Odio en las Redes Sociales), una herramienta impulsada por Migraciones para la detección y análisis del discurso de odio racista y xenófobo en redes sociales. Su funcionamiento se basa en una metodología que combina tecnología avanzada basada en inteligencia artificial y supervisión experta de los datos. El último boletín trimestral notificó a plataformas como TikTok, X, Instagram o YouTube, 330.000 contenidos vinculados con el discurso de odio. De ellos, fueron retirados el 45%, según los datos del Ministerio.

A través del OBERAXE, la capacidad de detección de los mensaje de odio ha aumentado mucho en el último año a través de la herramienta FARO. ¿Es un algoritmo muy complejo, pero cómo funciona el procedimiento general?

Viene de distintos proyectos europeos que ya lideraba Oberaxe, en los que tiene un papel importante la inteligencia artificial. Lo primero era diseñar esos algoritmos para detectar determinados mensajes. Posteriormente, más allá de mejorar esos algoritmos, se trabajó con la inteligencia generativa a través de distintas universidades, como la Universidad de Jaén, para crear también una contranarrativa. Es decir, se buscaba que el propio algoritmo no solo detectara, sino que cuando lo hiciese, contestara a ese usuario con una contranarrativa. 

Pero los algoritmos eran muy manuales todavía y había que estar muy encima, pero en 2025 ha habido un cambio con la herramienta Faro, que son algoritmos mucho más potentes, que han sido entrenados en el ámbito del fútbol, en La Liga. Esto nos permitió pasar de 3.000 mensajes detectados en 2024 a los más de 700.000 que ya se han registrado este año. Todos estos mensajes no tienen que ser ni mucho menos delitos de discurso de odio, sino la mayoría de los mensajes pueden ir en contra de la normativa de las plataformas, por lo que se puede solicitar su retirada y permite analizar la situación de la realidad social. 

El sistema es muy vivo. Tienes que ir alimentando el algoritmo con las distintas palabras o incluso símbolos utilizados para mover este tipo de mensajes. Una vez que los propios algoritmos van identificando determinados mensajes, no quiere decir que todos también puedan ser de discurso de odio. Hay personas detrás que van filtrándolos y, una vez que se consideran como tal, se incluyen en una herramienta ya existente, llamada “Alert odio”, que se utiliza como base de datos para poder trasladarlo directamente a las plataformas. 

¿Cómo se trasladan a las plataformas? 

La mayoría se envían a través de lo que se denomina “alertador fiable”, de tal forma que el mecanismo de las plataformas es mucho más rápido. Pero muchas veces interesa también seguir mandándolo de forma anónima, porque nos interesa que también cualquier persona pueda un mensaje a X o a Facebook para que retiren algo y es importante que las plataformas hagan el mismo caso o similar que cualquiera de los “alertadores fiables”. Porque lo que pretendemos es que el discurso de odio no sea solo una cosa de las instituciones, porque es de toda la sociedad. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena y, si vemos algo que pueda ser considerado discurso del odio, solicitar su retirada. 

De los contenidos notificados por el OBERAXE en el último trimestre, las plataformas han retirado el 45%. En el anterior, cuando se produjeron los hechos de Torre Pacheco, se eliminaron solo un 35%. ¿Por qué se retira menos de la mitad de los contenidos identificados? ¿De qué depende?

Por un lado depende de cuestiones internas de las propias plataformas. Si consideran que verdaderamente el contenido notificado está en contra de sus normas o no lo está. Pero el mayor reto es conseguir que sean retirados cuanto antes al menos los contenidos en los que las características del discurso del odio están muy claras y, sobre todo, si se producen dentro de un contexto de incremento de tensión en un lugar determinado, como lo sucedido en Torre Pacheco o Jumilla.

Como recoge Código Europeo contra la Incitación Ilegal al Odio en Línea +, deberían ser retirados en menos de 24 horas, pero por ahora hacerlo en 24 horas es un reto mientras no tengamos una estructura de aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés, la normativa comunitaria que regular los servicios digitales, incluidos la gestión de determinados contenidos por parte de las plataformas digitales, y que España debe aplicar). En ese momento, cuando se construya esa estructura, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (organismo al que el Gobierno ha dado la potestad de sancionar) tendrá la capacidad de sancionar a las plataformas, será de obligado cumplimiento.

De momento, podemos seguir con la voluntariedad, con el código de conducta que han firmado todas estas plataformas, e intentar que las plataformas lo retiren lo antes posible. Sobre todo cuando hablamos de mensajes que pueden ser el germen de algo mucho mayor. 

¿Encuentran reticencias por parte de las plataformas? ¿Qué les expresan en las reuniones trimestrales que el Ministerio realiza con sus representantes?

Nuestro contacto es con los responsables institucionales y quieren ayudar o aportar dentro de la normativa de cada una de las plataformas. También con la vista puesta a cuando ya puedan aplicarse las sanciones económicas, por lo que les interesa ir acercándose lo máximo posible para evitar esas posibles multas que podrán suceder más adelante. 

¿Por qué no se ha activado ya el mecanismo de sanción de la CNMC? (La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia Europeo por ello)

Ya tendría que ir empezando. Estará antes de junio del año que viene. Hace falta que la CNMC cree esa estructura para aplicar la normativa. La CNMC va a ser el organismo que tiene que regular los “alertadores fiables”, lo que ya recoge el código de conducta que seguimos aplicando. Tendría que ir empezando, es una de las cuestiones que se está pidiendo desde distintos lugares, organismos, incluso desde la propia Fiscalía de Sala. Pero ahí juegan otras cuestiones desde el punto de vista técnico y ojalá las tengamos cuanto antes, para poder pasar de la voluntariedad a la exigencia. 

¿Qué plataformas responden más y cuáles menos? ¿Impacta de algún modo la llegada de Donald Trump al poder de EEUU?

TikTok es de las que más, por ejemplo. Y, de las que menos, X, debido a que en la normativa de EEUU, que es donde están basados, prima más la libertad de expresión sobre otros derechos. Hay un choque de trenes entre dos derechos fundamentales: uno es la libertad de expresión y otro es la dignidad humana. La cuestión es ver cuál prima en cada caso, porque la libertad de expresión no es un derecho absoluto. En España y en Europa se valora mucho más el impacto en la dignidad, se tiene en cuenta ese choque de trenes, en Estados Unidos tienen siempre por encima la libertad de expresión. Y eso se nota en el nivel de respuesta de plataformas como X. Esto es así desde antes de la llegada de Trump al poder, pero últimamente hacen valer más en la normativa esa prevalencia de la libertad de expresión. 

 ¿Y cuáles son los discursos que encuentran que más les preocupa? ¿Esos que consideran que puede ser un germen?

Los que más nos preocupan son aquellos que están dentro de un contexto determinado, como ocurrió en Torre Pacheco, y empiezan a viralizarse muy rápido. Distintos artículos científicos han demostrado que ese discurso del odio es la antesala del delito de odio físico. En esos casos, ya no solo suelen ser mensajes con humillaciones, que también está mal, sino también con palabras violentas, con el objetivo de ir buscando agresiones físicas. Si ese tipo de discurso se da en un contexto determinado -después de una noticia o una situación específica en un lugar determinado- se viralizan más y puede movilizar a mucha gente porque en segundos puede llegar a millones de personas.

¿Podría poner algún ejemplo de esos contextos?

En Francia, hace un par de años, en París se empezó a viralizar un bulo sobre que una comunidad de etnia gitana estaba robando, atracando y violando niños. El bulo movió tal volumen de personas para hacer todo tipo de agresiones hacia esa comunidad, ubicada en el norte de la ciudad. Menos mal que se pudo actuar rápido para evitar esa otra parte.

En Torre Pacheco lo vimos. Y ahí se ve claramente cómo las herramientas de monitoreo nos pueden ayudar para tomar determinadas decisiones, incluso puede ayudar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para prevenir o mandar más personal.

Si se produjo ese registro del pico en el discurso de odio, ¿por qué se llegaron a producir los ataques racistas? ¿Se actuó para prevenirlo? ¿Qué se pudo hacer y no se llegó a hacer para evitarlo?

Ocurrió, pero pudo ocurrir algo peor y, gracias a que se avisó en ese momento (del incremento de mensajes vinculados con el discurso de odio en distintas redes sociales), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se movilizaron muy rápido dentro de las posibilidades que pueden tener. Incluso las organizaciones que estaban en Torre Pacheco estaban muy agradecidas por esa movilización policial, porque pudo haber sido mucho peor de lo que verdaderamente pasó.

¿Y si se hubiesen retirado antes los mensajes de odio previos a la convocatoria para ir a Torre Pacheco de “cacería” racista?

No siempre es fácil porque estamos hablando de 24 horas. Muchas veces la movilización es cuestión de dos horas y, cuando se notifica a las plataformas, ya no hay tanto margen. Quizá no evitas un primer golpe, pero puedes evitar un altercado mucho mayor.

Ha dicho que muchos de los mensajes de los que alertan desde el OBERAXE no suponen delitos de odio. 

No. La mayoría no lo son.

¿Pero por qué es importante controlarlo igualmente?

Primero porque nos muestra la propia tensión social que puede existir en un determinado lugar cuando se difunden muchos contenidos que generan una humillación y, aunque no sea delito, pueden retirarse porque van en contra de las propias normativas de las plataformas por determinados términos que utilizan. Es tan sencillo como evitar que esos mensajes se conviertan en el germen de algo mucho mayor, sobre todo cuando se observa un contexto de otros mensajes en distintas redes sociales. 

Estamos hablando del ámbito online, pero qué hay determinados políticos que lanzan mensajes, por ejemplo, en el Parlamento o en los medios de comunicación, que pueden acercarse al discurso de odio. 

En el ámbito político es distinto. Hay varias sentencias del Tribunal Supremo que han concluido que determinados mensajes de algún político en concreto no es delito porque está amparado por la inviolabilidad del ejercicio de sus funciones. Sí es verdad que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Agencia para los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) dicen que todas aquellas personas que tengan determinadas responsabilidades públicas deben intentar controlar los mensajes que realizan. 

Uno de los problemas a la hora de atajar los delitos de odio es la infradenuncia. Y, más allá de la infradenuncia en general, mucha gente migrante y racializada expresa también temor por el trato de la policía y, en el caso de quien no tiene residencia regular, por el miedo a que le abran un expediente de expulsión, como ha ocurrido en varios casos hechos públicos. 

Es cierto que hay una preocupación sobre los migrantes por esa razón, pero de acuerdo a las distintas encuestas que se han ido realizando en la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Ministerio de Interior la infradenuncia se produce en todos los colectivos. En general, solo denuncian una de cada diez personas. Es decir, no solo se produce en España, ni solo en el ámbito de los migrantes en esa situación, sino en toda la Unión Europea. Por lo que el problema se da en todos los colectivos, por eso hay que trabajar mucho en el ámbito de la confianza en las fuerzas de seguridad.

¿Pero considera un problema el hecho de que haya personas en situación irregular que tras sufrir un delito de odio puedan acabar con un expediente de expulsión al acudir a denunciarlo?

Organizaciones nos hacen llegar casos en los que ha ocurrido y llevan pidiendo un tiempo que se haga alguna reforma legislativa, como sucede con violencia de género. 

Dice que hay que trabajar la confianza en las fuerzas de seguridad por parte de la sociedad, especialmente de los colectivos vulnerables y más discriminados. ¿Cómo?

En mi cargo anterior en el Ministerio del Interior propusimos tres planes de acción. Hay que trabajar mucho con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con la sociedad. Un ejemplo es un proyecto en el que, en tres provincias distintas, trabajaba la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local con las asociaciones de esa localidad. Entonces trabajaron durante un año y esa relación ha influido mucho para que fuera aumentando esa confiabilidad e incluso las denuncias. También es muy importante trabajar en el trato a la víctima.

El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales que en 2026 las cuotas de los autónomos se sitúen entre 200 euros y 605 euros mensuales en función de las distintas categorías de ingresos. La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, planteó estas cuantías el lunes después de verse obligada a rectificar su planteamiento inicial –que proponía cuotas de entre los 217 y 796 euros al mes– al recibir un aluvión de críticas tanto de los colectivos profesionales de los autónomos, los principales sindicatos y partidos de izquierda y derecha. El Ejecutivo, no obstante, se basó para su cálculo inicial en el desarrollo del sistema que se estableció en 2022 a través de un real decreto que fue ampliamente avalado por el Congreso de los Diputados con 260 síes, algunos de ellos de partidos como el PP, que ahora se han lanzado a criticar con dureza la actualización de las cuotas por parte de la Seguridad Social.

Ese texto salió de un acuerdo alcanzado bajo el mandato de José Luis Escrivá para que los autónomos cotizaran por fin por sus ganancias, con un periodo de transición de diez años, hasta 2032. Además del voto a favor del PSOE, ese documento recibió el apoyo tanto de Unidas Podemos –algunos de cuyos miembros son ahora de Sumar– como de PP, PNV, y otras fuerzas nacionalistas. Solo se opusieron Vox, Ciudadanos, UPN y Foro. Y EH Bildu así como ERC se abstuvieron. En el debate que se produjo entonces en el Congreso, los grupos que respaldaron la convalidación del real decreto destacaron que el texto había sido consensuado con los agentes sociales y compartieron el objetivo de la norma impulsada entonces por José Luis Escrivá, entonces ministro de la Seguridad Social y ahora gobernador del Banco de España: intentar acercar las cotizaciones a los ingresos reales de los autónomos y equipararlas a las del resto de los trabajadores.

Muchos de los grupos aprovecharon su intervención en el Pleno para advertir, sin embargo, de que el decreto sí establecía un sistema de cálculo, pero únicamente concretaba las tablas de ingresos y cotizaciones para tres años, es decir, hasta finales de 2025. Vaticinaban así el debate que se está produciendo en los últimos días cuando el Gobierno ha tratado de especificar las formas de cálculo y las cuotas para los próximos años. El propio texto de 2022 señalaba que “antes del 1 de enero de 2026, el Gobierno (...) determinará el calendario de aplicación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, el cual contemplará el despliegue de la escala de tramos de ingresos y bases de cotización a lo largo del siguiente período, con un máximo de seis años”.

El mismo PP que ahora habla de “sablazo fiscal” por el incremento de las cuotas o que acusa al Gobierno de querer utilizar a los autónomos “para pagar chistorras” o “prostitutas” respaldaba hace tres años sin ambages el acuerdo en el que se basa ahora el Ejecutivo y que estableció por ley que “las bases medias de cotización del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos experimentarán un crecimiento al menos similar al de las medias del Régimen General” de forma anual.

El PP dijo que era su exigencia y Unidas Podemos lo definió como “un gran paso”

“El Partido Popular vota sí porque fue una exigencia nuestra en la negociación del Pacto de Toledo, vota sí porque lo ha acordado el diálogo social, vota sí porque hemos conseguido que se tramite como proyecto de ley para seguir mejorando este proyecto y vota sí porque hemos conseguido una vez más que el Gobierno rectifique”, aseguró durante aquel Pleno del 25 de agosto de 2022 el diputado del PP Tomás Cabezón, que además de defender el real decreto que tres años después trata de desarrollar el actual Ejecutivo se atribuía el haber conseguido que el Gobierno de entonces hubiera rebajado las cotizaciones planteadas inicialmente.

El texto también fue asumido por la izquierda. “Me alegra enormemente esta modificación del régimen especial de autónomos. Creo que es un gran paso el que da este Gobierno al modificarlo, al hacer un régimen más justo y con más garantías y hay que seguir avanzando, porque hoy hemos demostrado que este Gobierno cree en los autónomos, se lo toma en serio y ha venido a garantizar sus derechos”, aseguró, por su parte, la diputada de Unidas Podemos Isabel Franco. “Constatamos y aplaudimos que hay un cambio de cotizaciones. Veremos si ocurre en el sistema”, añadió, además, con matices, el diputado de ERC Joan Capdevila, cuyo partido facilitó la convalidación del decreto también con su abstención.

Los intervinientes, no obstante, ya advirtieron de que ahora, a finales de 2025, podía producirse una nueva discusión entre administraciones y organizaciones profesionales y sindicatos al tener que establecer las nuevas cuotas y tramos una vez pasados los tres años que quedaron específicamente regulados en el decreto. “Su reforma es a largo plazo, pero no recoge más que las medidas de la primera fase”, advertía el diputado del PP. “¿Qué tiene pensado para la segunda fase, señor ministro?”, le preguntaba Cabezón directamente al entonces ministro Escrivá. “¿Qué va a pasar si a partir de 2026 no hay acuerdo? Esto es algo de lo que tendremos que hablar”, reconocía.

Oskar Matute, de EH Bildu, formación que se abstuvo, también reprochó al Gobierno que en el decreto de 2022 quedaban “elementos postergados para el futuro” y mencionaba, en concreto, 2025, la fecha en la que deben decidirse las nuevas cuotas. Desde el PNV, Iñigo Barandiaran, que anunció el apoyo de su grupo a la convalidación del decreto, aseguró que la que se estaba debatiendo era “una buena ley” entre otras razones “porque es producto del acuerdo social y del acuerdo con autónomos”. “Pero ojo con su desarrollo futuro, que debe ser equitativo. Recuerde [le dijo al ministro] que el futuro del sistema reside en sus ingresos, pero también es la garantía de los principios de solidaridadd y contributividad y, por lo tanto, en el nexo que ello debe tener con su tratamiento fiscal”, añadió.

Consenso y diálogo social

En su intervención, Escrivá defendió la reforma, pero no se refirió a lo que podría ocurrir en 2025, cuando el Gobierno debía aprobar las nuevas cotizaciones como lleva proponiendo en los últimos días. “Se trata de una reforma estructural que hace más justo, flexible y equitativo el sistema de cotización de los trabajadores por cuenta propia y que moderniza y mejora la acción protectora de la Seguridad Social hacia este colectivo”, apuntó, para apostillar: “El cambio de este modelo hace que las prestaciones se alineen con el esfuerzo contributivo y hace más equiparable el modelo de protección de los trabajadores por cuenta ajena a los del régimen general”.

Sin mencionar el desarrollo futuro, el ministro consideró que la reforma implicaba “mejoras visibles e inmediatas a los trabajadores autónomos, pero sobre todo supondrá un antes y un después en su relación con la Seguridad Social. Es un punto de inflexión que permitirá no solo mejorar la acción protectora sobre este colectivo de trabajadores, sino que también lo hará porque aumentará la equidad del sistema, su flexibilidad y su sostenibilidad. Y sobre todo es una reforma que da estabilidad, que está asentada en el consenso y en el diálogo, (...) y en el acuerdo con los interlocutores sociales y los representantes de los trabajadores autónomos”. Tres años después el Gobierno trata de recuperar ese consenso tras el primer golpe que supuso esta semana que Seguridad Social tuviera que rectificar su primera propuesta.

El primer contingente de trabajadores chinos destinados a levantar la planta de CATL y Stellantis en Figueruelas está cerca de desembarcar en la provincia de Zaragoza. Serán entre 80 y 100 –en este caso, personal cualificado– de los casi 2.000 empleados del país asiático que permenecerán aquí durante la fase de construcción. Así será si logran los permisos necesarios, algo de lo que se están ocupando las administraciones implicadas.

Aunque el secretismo es máximo, la fecha prevista ya está marcada en el calendario: 10 de octubre. Fuentes implicadas en estos trámites aseguran sin embargo que los plazos para que lleguen estas personas ese día van “muy justos”, pero también destacan que si las autoridades chinas aceleran “aún hay tiempo de cumplirlos”.

Stellantis, en 'joint venture' con la empresa china CATL, va a impulsar una la gigafactoría de baterías para los coches eléctricos en el término municipal de Figueruelas, al lado de la planta de vehículos que existe desde hace más de 40 años. Hay que recordar que esta iniciativa ha sido una de las beneficiarias de las ayudas contempladas en el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, con más de 270 millones de euros en total. La inversión total supera los 4.000 millones de euros.

Los promotores prevén crear unos 3.000 puestos de trabajo estables. Sin embargo, la compañía china decidió que fueran empleados de este país los que se encargaran de levantar la planta, lo cual supondrá que en torno a 1.850 trabajadores asiáticos –para hacernos una idea, un 50% más que toda la población de Figueruelas– permanezcan de forma temporal entre 2025 y 2026 en la zona, lo cual supone un reto logístico y habitacional para las administraciones autonómica y locales.

Desde Extranjería (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), el organismo encargado de visar la llegada de los empleados, solo confirman que “se están concediendo algunas autorizaciones”. En esa oficina aseeguran no tener conocimiento sobre las cifras de personal chino que va a venir a España, pero sí confirman que en el caso del personal técnico las autorizaciones se gestionarán a través de la figura novedosa e inédita: la de trabajadores altamente cualificados al amparo de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, aprobada por el Gobierno de Rajoy con el objetivo de recuperar al país de los efectos de la crisis financiera.

Esta regulación introduce supuestos supuestos en los que, por razones de interés económico, se facilita y agiliza la concesión de autorizaciones de residencia, con el objetivo en este caso de atraer inversiones a España. Los visados tendrán una validez de un año. La tramitación de las autorizaciones de residencia se efectuará por la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos, a través de medios telemáticos y su concesión corresponderá a la Dirección General de Migraciones. El plazo máximo de resolución será de veinte días desde la presentación electrónica de la solicitud.

Opciones residenciales

Los municipios en torno a la planta están en la actualidad en conversaciones con el Gobierno de Aragón para que estos primeros trabajadores chinos encuentren alojamiento, para lo que se bajaran distintas opciones en un escenario de oferta residencial muy exigua. La más probable es que se instalen en módulos temporales en suelos que así lo permitan, incluso de uso industrial. “Nos han puesto varias opciones sobre la mesa. Quieren algo temporal, que no sea fijo, porque para ellos es un gasto transitorio, pero deben cumplir con la regulación”, explican de uno de los ayuntamientos afectados.

Por la forma de negociar del país asiático, las conversaciones mantienen un tono próximo a la confidencialidad. Aun así, los alcaldes piden claridad al Ejecutivo. “Claro que estamos dispuestos a participar. Pero cumpliendo la normativa y respetando todas las reservas. Ninguno de los alcaldes nos vamos a negar. No es la primera vez que recibimos un contingente de trabajadores extranjeros, aunque sí con este volumen”, admite un regidor.

Esta semana, las Cortes de Aragón han rechazado una iniciativa de Vox para agilizar los trámites administrativos vinculados con la construcción de viviendas destinadas a trabajadores. La iniciativa proponía buscar “soluciones habitacionales para los trabajadores” en un proyecto como el de Figueruelas. Todos los partidos lo rechazaron. El PP recordó que “las viviendas no se pueden construir dentro de los propios suelos industriales, como indica el texto de impulso”. “La implantación debe hacerse con respeto a la ordenación del territorio de los municipios”, argumentó el PSOE.