El problema es sencillo de formular y enormemente complejo de resolver: cientos de abogados y abogadas y procuradores extremeños han pasado toda su vida laboral cotizando en mutualidades privadas que funcionaban como alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Ahora, con la jubilación cada vez más cerca, necesitan saber cuántos de esos años —y cuántas de esas aportaciones— podrán transformarse en una pensión pública. La respuesta depende de un reglamento que todavía no existe y que debe fijar cómo se hará la conversión. El reloj corre en los despachos de Cáceres, Badajoz, Mérida o Plasencia y toda la región, donde la incertidumbre se ha convertido en cálculo y preocupación.

La Ley 2/2026, en vigor desde el 1 de agosto, abrió por primera vez una vía para trasladar al sistema público los derechos económicos acumulados en las mutualidades. Pero dejó sin definir el elemento clave: el reglamento que debe explicar cómo se hará la conversión. El Gobierno tiene de plazo hasta el 29 de octubre para aprobarlo. Solo entonces comenzará a existir una respuesta concreta para cada profesional.

Un problema que viene de lejos

Durante décadas, abogados y procuradores pudieron utilizar sus mutualidades como alternativa al RETA. El sistema evolucionó: la Mutualidad de la Abogacía pasó de la capitalización colectiva a la individual en 2005; en el caso de los procuradores, las organizaciones sitúan ese cambio en 2012. La diferencia es esencial: en la capitalización colectiva las aportaciones se integraban en un fondo común; en la individual, cada mutualista acumulaba derechos vinculados a sus propias aportaciones. Esa transición dejó a muchos profesionales con carreras insuficientemente protegidas respecto a lo que habrían obtenido en el sistema público. La Ley 2/2026 ha reconocido esa desigualdad y crea un mecanismo extraordinario para corregirla.

¿Cuántas personas afectadas hay en Extremadura?

No existe una cifra única. UPTA Extremadura calcula 2.109 profesionales afectados y sitúa algunas prestaciones en 300–500 euros mensuales tras largas carreras de aportación. Las organizaciones de mutualistas manejan cifras mayores: el Movimiento #J2 habló en 2025 de 4.000–4.500 profesionales y de pensiones de 300–400 euros. Las cifras parten de universos distintos, pero coinciden en el diagnóstico: en Extremadura el problema ha adquirido una dimensión pública. En diciembre, abogados y procuradores se concentraron en Mérida para exigir una pasarela que reconociera sus años de aportaciones y evitara pérdidas sustanciales en la conversión. Otras cuatro veces se han manifestado en Madrid y una en Cáceres. La próxima cita de nuevo en la capital el 17 de este mes. Entre quienes han participado en estas movilizaciones están M.A., abogada, y C.S., procuradora, ambas con más de 65 años y aún sin posibilidad de jubilarse: la primera percibiría 430 euros y la segunda 380, cifras que ilustran el alcance del conflicto.

La fórmula que puede cambiarlo todo

El reglamento deberá fijar un coeficiente dentro de la horquilla prevista por la ley: entre 0,67 y 0,87. Ese número determinará cuántos meses de cotización al RETA resultan de los derechos acumulados en la mutualidad. Las organizaciones de mutualistas reclaman el 0,67, el extremo más favorable. Pero la ley no lo establece como definitivo: la cifra deberá concretarse en el reglamento. “Por eso, conocer el saldo acumulado no basta. Lo decisivo será saber qué periodo de cotización reconocerá finalmente la Seguridad Social”, explica a elDiario.es, una de las portavoces, Mamen Lucas.

Los mayores de 52 años y las reglas específicas

La norma introduce una disposición particular para quienes tengan 52 años o más a 31 de diciembre de 2026: cada mes completo de alta en la mutualidad podrá computarse como un mes completo en el RETA solo a efectos del porcentaje aplicable a la base reguladora. No significa que toda la carrera mutualista se transforme automáticamente en cotización pública plena. También existen reglas específicas para quienes iniciaron su actividad antes del 10 de noviembre de 1995, lo que añade más complejidad a un mapa ya diverso: carreras enteras en la mutualidad, trayectorias mixtas, aportaciones complementarias… La pasarela no tendrá el mismo efecto para caja persona.

Una decisión voluntaria, pero irreversible

La ley establece que la transferencia será voluntaria. Pero una vez realizada, el encuadramiento en el RETA será obligatorio e irreversible. Por eso las organizaciones reclaman simulaciones individualizadas y vinculantes antes de que cada profesional decida. La lógica es evidente: si no hay vuelta atrás, nadie debería elegir sin conocer exactamente qué derechos transfiere y qué cotización obtiene.

La puerta cerrada para las y los jubilados

La ley excluye de la pasarela a quienes ya sean pensionistas, salvo en el caso de viudedad. Es uno de los puntos más criticados. En Extremadura, donde las plataformas han denunciado pensiones de apenas unos cientos de euros, la exclusión resulta especialmente sensible. La norma sí obliga a las mutualidades que continúen funcionando a elevar sus prestaciones mínimas y actualizar las rentas, pero no incorpora automáticamente a las personas jubiladas actuales al sistema público.

Quienes permanezcan en el sistema mutualista verán cambios: las cuotas mínimas deberán alcanzar el 86% de la referencia del RETA en 2026, el 93% en 2027 y el 100% en 2028. Además, las entidades deberán someterse a nuevas obligaciones de transparencia y supervisión por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Del conflicto al documento común

Tras meses de movilizaciones, septiembre dejó una imagen distinta: el 22 de septiembre, el Consejo General de la Abogacía Española y representantes de asociaciones de mutualistas trasladaron a la ministra Elma Sáiz un documento de 12 puntos con cuestiones compartidas para el desarrollo del reglamento: simulaciones previas, tratamiento de aportaciones complementarias, complementos a mínimos, jurisdicción competente… No significa que el Gobierno haya aceptado todas las reivindicaciones, pero sí que existe un marco común para negociar.

Extremadura mira al BOE

En los despachos extremeños, la espera se ha convertido en cálculo: cuánto se ha aportado, qué parte puede transferirse, qué periodo se reconocerá, qué base servirá para la futura pensión y cómo encaja todo ello con los años ya cotizados en la Seguridad Social. La respuesta llegará —si llega— con el reglamento. El 29 de octubre es la fecha que concentra ahora todas las miradas. Después comenzará el año de plazo para solicitar la transferencia. Entonces el conflicto dejará de ser legislativo y se convertirá en una sucesión de decisiones individuales: para algunos profesionales, la pasarela permitirá integrar en el sistema público una parte de su carrera; para otros, las condiciones concretas determinarán si el traslado compensa. La ley ha fijado el puente. Ahora falta saber cómo estará construido. Y en Extremadura, miles de profesionales esperan conocer cuánto pesa cada año de aquella vida laboral que construyeron al otro lado del sistema público.

El Gobierno ultima los detalles de un Real Decreto-Ley que pretende llevar este martes al Consejo de Ministros con el objetivo de acelerar la tramitación de solicitudes, denegaciones y devoluciones de migrantes en la ciudad de Ceuta. El borrador de la norma, adelantado por El País y al que ha accedido elDiario.es, plantea la aprobación de una suerte de suspensión temporal de garantías básicas del derecho al asilo, que se salta algunos de los límites legales establecidos por el ya duro Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Varias fuentes jurídicas expertas en derecho de asilo alertan de que el decreto, tal y como está redactado el borrador inicial, vulnera el “principio de no devolución”, clave en el derecho internacional, y pone en riesgo el derecho a la tutela jurídica efectiva, amparado en la Constitución Española.

El texto plantea un marco de tramitación acelerada que afecta con carácter retroactivo a las peticiones de protección internacional presentadas desde el 30 de julio y que se encuentren pendientes de resolución. El texto que ultima el Ejecutivo diseña un circuito de tramitación exprés ideado para acelerar al máximo la resolución de expedientes y agilizar las expulsiones desde Ceuta. El Gobierno, consciente de que uno de los principales escollos para acelerar los retornos es el cuello de botella que pueden crear las peticiones de asilo, está intentando reducir a golpe de decreto garantías del derecho al asilo, que no solo estaban incluidas en la legislación española, sino que están contempladas en los reglamentos ligados al Pacto Europeo de Asilo y los convenios internacionales firmados por España.

En el terreno administrativo, la norma elimina intermediarios al capacitar directamente a la Dirección General de Protección Internacional para resolver peticiones sin pasar por el filtro de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que incluye también la presencia de Acnur en el proceso. Al mismo tiempo, impone la inadmisión de entrada para quienes pidan asilo siete días después de haber recibido una orden de devolución y permite archivar solicitudes por “desistimiento implícito” —sin dar opción a subsanar— si el migrante abandona el centro de acogida o no responde a un trámite en un plazo de entre 5 y 10 días.

El texto impacta en las garantías procesales del solicitante. El decreto contempla que, cuando una persona resida en un centro de acogida masificado o no acredite una dirección concreta, la resolución no se le notificará en mano ni por correo, sino a través de un anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A esto se suma un tijeretazo drástico a los plazos para acudir a los tribunales: el margen para interponer un recurso contencioso-administrativo frente a una denegación en frontera se reduce a tan solo cinco días naturales.

El borrador restringe al mínimo el derecho de los migrantes a permanecer en territorio español mientras se resuelve su solicitud de asilo, lo que permitiría su devolución aunque aún no exista una respuesta definitiva a su petición. Según el texto, los solicitantes pueden perder “su derecho de permanencia, independientemente de su nacionalidad” de manera automática quienes consideren que suponen “un peligro para el orden público o la seguridad nacional”. La clave es el amplio margen que deja la norma para poder considerar que un migrante en Ceuta supone un peligro para el orden público: “Se entenderá que se da esta circunstancia en caso de las personas que se hayan comportado de manera violenta o amenazante en el centro o dispositivo de acogida; o que, fuera de los mismos, promuevan o participen en altercados, tumultos, o actos que supongan cualquier actividad sancionable administrativa o penalmente por poder afectar al orden público o seguridad ciudadana”.

En este sentido, el texto veta expresamente la aplicación de un principio hasta ahora incuestionable en el derecho internacional: el principio de no devolución, por el cual ninguna persona puede ser retornada a un país donde su integridad física, su vida o dignidad corra peligro, así como aquellos Estados donde no se garantice que el solicitante no acabe expulsado al lugar de donde huye.

Así, el proyecto establece que “el principio de no devolución no podrá ser invocado en caso de excepción o pérdida del derecho por peligro para el orden público o la seguridad nacional, o cuando la persona cuente con una sentencia desfavorable firme sobre la resolución de su solicitud o solicitudes anteriores o cuando, habiendo tenido la oportunidad de recurrir las resoluciones anteriores, no lo hubiera hecho”. Eso sí, para retirar el derecho de permanencia por riesgo al orden público o la seguridad requerirá un acto previo de privación acordado explícitamente por la persona titular del Ministerio del Interior.

El texto contradice así los límites establecidos en el Reglamento europeo que regula los procedimientos de asilo. Si bien el marco comunitario permite restringir o hacer excepciones al derecho de permanencia durante el procedimiento o los recursos en casos de seguridad u orden público, sí exige de manera explícita que cualquier medida se aplique “sin perjuicio del principio de no devolución”. La norma comunitaria prohíbe expresamente que la denegación de permanencia conduzca a una expulsión automática hacia un país donde la vida de la persona corra peligro o pueda sufrir tratos degradantes o tortura.

Interior no ha respondido a las preguntas de elDiario.es porque se trata de un texto que aún no es definitivo. Entretanto, desde Acnur España, un organismo que asesora a las autoridades en temas de asilo y refugio, remarcan que han conocido la preparación del decreto “a través de los medios de comunicación”. “Por el momento, no hemos recibido información oficial ni hemos sido consultados sobre su contenido, por lo que sería prematuro pronunciarnos sobre medidas concretas, que a priori, podrían ser preocupantes”, señalan fuentes de la agencia especializada.

Así, estas mismas fuentes hacen hincapié en que “agilizar los procedimientos y preservar las garantías no son objetivos incompatibles”. “Deben garantizarse en todo momento principios esenciales como el de no devolución y el acceso a un recurso efectivo, asegurando que las necesidades de protección se evalúen adecuadamente antes de proceder a un retorno ya sea directo o indirecto”, señalan. “Dicho esto, los retos de la gestión migratoria –incluida la actual crisis en Ceuta– no deberían traducirse en una reducción de las garantías del procedimiento de protección internacional”, agregan las fuentes de la agencia de la ONU en España, que muestran su disposición a las autoridades “para contribuir a medidas que permitan reforzar la eficacia del sistema preservando plenamente estas garantías”.

Según cuatro fuentes jurídicas especializadas en asilo y refugio, la propuesta del Ejecutivo, además de apurar los márgenes de restricción previstos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), entra en colisión con el reglamento sobre procedimientos de asilo, sobrepasando las propias directrices fijadas por Bruselas y contraviniendo salvaguardas de derechos humanos fundamentales.

La prohibición de la no devolución

Añadir excepciones al principio de no devolución choca con el marco legal europeo, según las fuentes jurídicas consultadas. “El principio de no devolución siempre se puede invocar. Es un principio de derecho internacional que está en vigor independientemente de la normativa concreta y que se proclama para cualquier persona que vaya a sufrir tratos degradantes o cuya vida esté en peligro. En las excepciones que pone el PEMA, cuando a una persona se le deniega por seguridad y orden público, siempre se conserva el principio de no devolución”, apunta Elena Muñoz, la responsable jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (una de las ONG que forma parte del sistema de acogida del Gobierno).

Diego Boza, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz y especialista en inmigración, considera que el texto no tiene encaje legal: “La propuesta me parece ilegal por resultar contraria a los Reglamentos europeos y las leyes nacionales”, sostiene el experto. “En cuanto a los Reglamentos europeos, la referencia a la no invocación del principio de non-refoulement resulta contraria al Reglamento 2024/1348, pero también a toda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, añade.

“La no invocabilidad del principio de no devolución es la disposición más grave y no tiene encaje posible”, coincide Patricia Fernández Vicens, abogada experta en migraciones que ha estado detrás de denuncias como la que frenó la expulsión de menores desde Ceuta en 2021, un caso por la que acabaron condenadas por prevaricación la entonces delegada del Gobierno en la ciudad y la exvicepresidenta de Ceuta. “El artículo 10.4.c), el artículo 56 y el artículo 68.3 arrancan con 'sin perjuicio del principio de no devolución'; el artículo 68.7 exige que el tribunal pueda autorizar la permanencia cuando se invoque. Es una norma de ius congens. Quebranta directamente el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 33 de la Convencion de Ginebra”.

Recorte del recurso

Los expertos alertan de riesgo de incurrir en una vulneración de la tutela jurídica efectiva, amparada en la Constitución española y en la legislación internacional. “El recorte del plazo del recurso contencioso-administrativo no encuentra cobertura en la norma europea”, indica Boza. “Al reducir los plazos del recurso a cinco días naturales, la persona no se va a enterar y se le van a pasar los plazos”, coinciden desde la organización especializada en asilo. “En cinco días, con un sábado y un domingo de por medio, es imposible que el abogado pueda ver el caso, redactar el recurso y pedir medidas cautelares. La tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental, se ve bastante afectada”, continúa.

“El recurso en el plazo de cinco días es un absoluto invento. El plazo para ese tipo de decisiones es del artículo 46.1 de la LJCA: dos meses. El PEMA dispone plazo más reducidos para otras cosas, pero no para eso”, señala Fernández Vicens.

En la práctica, este acortamiento de plazos dificulta de forma extrema la interposición de recursos con plenas garantías. El plazo legal estándar en el sistema español es de diez días o un mes según la vía. Al reducir el margen a cinco días naturales —con fines de semana de por medio—, el solicitante dispone de un lapso mínimo para localizar asistencia jurídica, solicitar turno de oficio, estudiar el expediente y articular la demanda ante los tribunales.

A este obstáculo se suma la generalización de las notificaciones a través del Boletín Oficial del Estado (BOE). Según el artículo 6 del borrador, si el solicitante indica direcciones en zonas geográficas o en centros de acogida sobreocupados, la notificación se realizará de forma exclusiva por anuncio en el BOE, asumiéndose legalmente como efectuada a la primera publicación.

“La notificación por BOE es solo un último recurso, cuando la persona está ilocalizable”, explica Muñoz, de CEAR. “Si esas personas están en un dispositivo de acogida público, están localizables, por lo que no te puedes acoger al BOE. Esa notificación no es válida si no se ha intentado la notificación personal dos veces, mañana y tarde. Notifican por el BOE para que no te enteres”. Ante este patrón de indefensión, Boza sostiene que “el ministro Marlaska con esta propuesta pretende ir más allá, saltándose el ordenamiento jurídico y los procedimientos existentes”.

La normativa comunitaria para crisis

Desde las organizaciones sociales recuerdan que la propia legislación comunitaria ofrece alternativas que no pasan por el recorte de derechos: “No se entiende por qué hacen esto cuando tienen un instrumento como el Reglamento de Crisis que habla de que, cuando hay una situación de gran llegada o tensión en la capacidad de acogida o gestión, se puede pedir ayuda a la Comisión Europea para que te flexibilicen los plazos por los cauces previstos”.

En la misma línea, Boza cuestiona que el Gobierno no aplique los cauces legales habilitados en la normativa comunitaria para crisis migratorias, ya de por sí duros y cuestionados por organizaciones de derechos humanos. “Para situaciones de este tipo el Pacto habilitó el Reglamento de Crisis, pero España no lo ha querido activar. Ese Reglamento de Crisis establece el máximo de recorte de derechos que la UE contempla y el Ministerio del Interior con esta propuesta pretende ir más allá de lo legalmente permitido”, remata.

“El reglamento (UE) 2024/1348 no admite regímenes procedimentales territoriales distintos dentro de un Estado; el único cauce para apartarse de sus reglas ante una llegada masiva es el reglamento 2024/1359 (crisis y fuerza mayor), que exige solicitud del Estado, propuesta de la Comisión y decisión de ejecución del Consejo, y tasa las excepciones (registro hasta cuatro semanas, fronterizo ampliado, etc.)”, recalca también Fernández Vicens.

Entre el mosaico de mantas y siluetas que cada noche cubrían las aceras de las proximidades del embolsamiento de Loma Colmenar (Ceuta), las primeras cabezas se destapaban en busca de respuestas. El rugido de una larga hilera de furgones policiales empezó a despertar a los migrantes que desde hace semanas dormían a la intemperie junto a unuo de los campamentos levantados por el Gobierno en la ciudad autónoma. Un joven avisaba a su amigo tumbado de su derecha que, a su vez, despertaba al compañero de detrás. En efecto dominó, las caras de desconcierto se multiplicaban: “¿Esto es por nosotros?”, preguntaba un joven marroquí mientras doblaba una manta a toda prisa. “¿Nos llevan a un centro o a Maruecos?”.

Así arrancó la primera de una serie de reubicaciones -después de las primeras realizadas desde la playa del Trampolín hace semanas- con las que el Gobierno central, 45 después de la crisis migratoria, pretende alojar a otra parte de personas migrantes que aún malviven en las calles de Ceuta que aún mantiene la crisis humanitaria e incrementa la sensación de inseguridad entre la población local. El operativo de este domingo logró trasladar al campamento de la barriada de Rosales a 839 personas que pernoctaban en el barrio de Loma Colmenar. La presencia de cientos de personas en sus calles -llegaron a ser más mil en otros momentos- tensionó la convivencia en la zona y despertó las protestas vecinales.

No tardó en llegar la respuesta a las preguntas de los migrantes recién despertados. Abdellah, un trabajador de la ONG Cepaim, se acercó a distintos grupos de migrantes para explicar la razón de la presencia de media docena de furgones policiales a su alrededor: empezaba su reubicación a uno de los nuevos campamentos de estatales levantados por el Gobierno en Ceuta para acoger e identificar a los miles de migrantes que aún malviven en las calles de la ciudad 44 días después de la entrada masiva. El objetivo final es el retorno de todas las personas cuya petición de asilo -en caso de solicitarlo- sea denegada, según ha asegurado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Con la mirada somnolienta y aún sin entender nada, Reda siguió a la masa de personas que corrían para colocarse entre los primeros que esperaban indicaciones policiales. Acumulaba tres semanas de frías noches en Loma Colmenar y no quería dejar escapar la posibilidad de dormir en un lugar seguro. Tanto corrió que olvidó una mochila negra con las pocas pertenencias que aún conserva, mientras la sombra de la desconfianza aún le inquietaba: “¿Seguro que no nos van a llevar a Marruecos? Tengo mucho miedo. No puedo volver”.

Escucharon unas palabras que ya entienden: “Vamos, vamos”. Temían las otras, las que más odian (“fuera, fuera”), pero esas no llegaron esta vez. Los agentes concentraron a más de 800 personas en la carretera y, tras ocupar todo el ancho de esta, ordenaron el inico de su marcha. El operativo consistía caminar desde el punto donde se encontraban hasta alrededor de algo más de un kilómetro, entre cuestas y algunas callejuelas estrechas de la barriada próxima a su destino: Rosales, en concreto el barrio de La Reina, donde les esperaban una decena de carpas repletas de literas con capacidad para 864 personas.

La imagen del trayecto, a pie, con cientos de personas migrantes concentradas muy cerca unas de otras, dando pasos bajo las órdenes de agentes policiales (que en ocasiones utilizaron de manera puntual sus defensas), proyectaba cierta imagen de deshumanización. Pero caminar era, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, la opción más segura y factible. Por un lado, cuentan, la concentración de un número de autobuses suficientes para trasladar a más de 800 personas podría retrasar la operación y arriesgar su seguridad. Por otro, ir a pie a primera hora de la mañana generaba cierta sensación de control en un contexto de pánico surgido entre los migrantes ante cualquier posibilidad de retorno forzado a Marruecos. “Si les llevamos en autobuses podían creer que van a la frontera y aumentar el nerviosismo. Así, andando, sabían que podían salir del grupo si no se fiaban”, explican fuentes ministeriales.

El grupo comenzó a andar bajo las directrices policiales en torno a las 7:30 de la mañana y llegó a su destino unos 40 minutos después. Sin apenas incidentes, los jóvenes ubicados en primera línea del grupo recibieron repetidos golpes por parte de la Policía Nacional cuando se acercaban demasiado al perímetro establecido por los uniformados. Uno de los chavales miraba a su alrededor con desesperación y pedía a sus compañeros de detrás que no empujasen. Él, agarrado al resto de compañeros de la primera fila, trataba de mantener el equilibrio y el lugar indicado, pero la enorme cantidad de personas acumuladas a sus espaldas se lo impedían. Y él recibía el castigo.

Pese a estos momentos y la desesperación de los jóvenes más golpeados, los agentes desplegados controlaron el trayecto en todo momento y no realizaron un uso de la fuerza desproporcionado. La priemra parte del operativo de reubicación sin incidencias a su llegada al campamento temporal, acondicionado con 864 plazas. Vislumbrar las carpas blancas tranquilizó a los cientos de migrantes que llegaban, algunos cansados y estresados, al lugar donde por fin podrán descansar sin el riesgo a ser golpeados o expulsados sin un procedimiento previo. Muchos de ellos, descalzos y con los pies doloridos, se sentaron a la espera de nuevas indicaciones, como han denunciado adultos y menores retornados en testimonios recogidos por elDiario.es.

El operativo aún no había finalizado: la Policía sentó en el suelo a la gran masa de personas en grupos más reducidos, de unos diez migrantes cada uno, y poco a poco permitía su acceso al centro. Tras la verja estaba el personal de CEPAIM, ONG encargada de la gestión del centro estatal responsabilidad de Inclusión. Tras el cacheo de cada uno de ellos, el personal de seguridad tiraba la mayor parte de las pertenencias de los migrantes, como la ropa, el agua, las mantas o la comida. “Por fin salimos de la calle”, decía un joven mientras estaba a punto de entrar al campamento. Otro reconocía estar muy cansado tras un mes y medio malviviendo en la calle. “Espero que ahora sea mejor”, añadía. Mientras, se escuchaban repetidos aplausos desde el interior de las carpas.

Próximos pasos

Ahora, los migrantes concentrados en otros de los grandes asentamientos informales (como el campo de refugiados improvisado de la playa del Trampolín, las chabolas de las naves del Tarajal) aguardan despertar pronto con un dispotivo similar. También esperan con impaciencia una plaza de acogida los jóvenes marroquíes desperdigados por las calles de barriadas de la periferia, como la de El Príncipe, Rosales o Jadú. Según el ministro Ángel Víctor Torres, con funciones de mando único, el objetivo es completar los demás traslados en “los próximos días”. De momento, el otro gran espacio estatal donde le Ejecutivo planea recibir y filiar a los migrantes que permanecen en la calle es el campamento ubicado en el puerto de Ceuta, cuya instalación ha generado protestas vecinales. Después de no haber recibido la luz verde del Gobierno local de Juán Vivas, el Ministerio de Transportes tomó el control del puerto y ordenó la instalación de dos campos, con una capacidad de unas 1.700 plazas.

Este sábado, varios obreros trabajaban contracorriente en la instalación del suelo de una de ellas, pero aún quedaba levantar dos carpas más en el espacio más grande del terreno destinado en el puerto para recibir a los migrantes. “Quedan dos carpas más”, dijeron los empleados a elDiario.es. Se espera que, en cuanto finiquiten su construcción, el Ministerio de Inclusión prepare un dispositivo similar para desalojar algunos de los grandes asentamientos de migrantes que permanecen en Ceuta un mes y medio después de la llegada de más de 70.000 migrantes a la ciudad.

Mientras se aceleran los traslados de adultos migrantes a los centros estatales, los centenares de menores solos que continúan en situación de calle siguen sin reibir un lugar seguro donde ser acogidos. Pese a que la normativa obliga a la Ciudad de Ceuta a asegurar la protección de cualquier niño sin la compañía de un adulto, la presencia de niños en los asentamientos informales es constante. Mohamed se enteró de la apertura de un nuevo centro estatal en Rosales y corrió a tratar de pedir su entrada, pero ya estaba lleno. Además, se trataba de un centro exclusivo para adultos. “¿Solo pueden entrar los mayores?”, preguntaba el chaval. Pero, ¿qué pasa con los menores?“. Nadie a su alrededor supo contestar.

Castilla-La Mancha ha registrado este mes de julio un total de 832.598 personas afiliadas a la Seguridad Social, 5.686 más que el mes anterior, con un aumento del 0,69%, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, se registra un incremento de 20.962 afiliados, un 2,58% más.

En el Régimen General, se registraron 680.689, de los cuales 35.264 pertenecen al Sector Agrario y 10.248 al Sector del Hogar. Por su parte, los autónomos alcanzaron la cifra de 151.909.

La provincia de Ciudad Real, lidera el incremento mensual, con 2.246 afiliados más (1,21%), hasta los 187.539, seguida de Toledo, que tras ganar 2.033 (0,72%), llega a las 283.441 personas afiliadas.

Le sigue Cuenca, que ha sumado 779 (0,9%) y alcanza los 87.609, y Albacete, que con un aumento de 706 (0,43%), llega a tener 163.344 cotizantes.

Por el contrario, la provincia de Guadalajara termina el mes con 110.665, tras registrar en el mes de junio 78 (-0,07%%) personas afiliadas menos.

Se rompe la barrera de los 22,5 millones de ocupados en el país

A nivel nacional, la Seguridad Social rompió en julio la barrera de los 22,5 millones de ocupados tras ganar una media de 41.727 ocupados respecto al mes anterior (+0,19).

Este incremento sitúa el número de afiliados medios en 22.508.065 cotizantes. Según el Ministerio, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 22,5 millones entre el 8 y el 30 de julio (excepto el día 10).

En el último año, de julio de 2025 a julio de 2026, la Seguridad Social ha ganado 642.562 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,9%, el tiempo de creación de empleo más alto desde abril de 2023.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes registró una subida mensual de 79.567 afiliados (+0,36%), acumulando 66 meses consecutivos de crecimiento, lo que supone un nuevo máximo de 22.288.120 cotizantes.

“El mercado laboral crece a un ritmo excepcional en lo que llevamos de 2026”, ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien destaca que este crecimiento se puede observar en términos interanuales pero también en los primeros siete meses del año, cuando se han contabilizado 663.652 afiliados a la Seguridad Social más“.

Las actividades sanitarias y servicios sociales, el mayor repunte

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 40.016 afiliados medios en julio (+0,21%), hasta los 18,96 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) perdió 103 afiliados, lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.472.357 tras alcanzar un máximo de 3.472.460 el mes anterior. En comparación con julio de 2025, hay 57.984 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,7%).

Dentro del Régimen General, las actividades sanitarias y servicios sociales protagonizaron el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 57.446 nuevos ocupados (+2,84%), seguido del comercio, con 50.100 nuevos cotizantes (+1,95%), y de la hostelería, que sumó 23.999 afiliados medios (+1,4%).

Por contra, el fin del curso escolar llevó a la educación a perder 124.506 afiliados respecto al mes anterior (-9,45%).

Por su parte, el Sistema Especial Agrario perdió 40.605 cotizantes respecto al mes anterior (-6,09%) y el del Hogar sumó 5.156 ocupados (+1,4%).

Baja la afiliación de mujeres

La afiliación media creció un 0,71% en julio para los hombres, que sumaron 84.163 afiliados en el mes, situándose el total de hombres ocupados en 11.930.025, nuevo máximo histórico.

Por contra, la afiliación media entre las mujeres bajó un 0,4%, perdiendo 42.437 ocupadas, por lo que el total de afiliadas fue de 10.578.040, el más bajo desde el pasado mes de abril, tras dos meses de máximos históricos.

La afiliación masculina se ha incrementado en 335.751 cotizantes en el último año y en 1,62 millones desde 2018, mientras que la femenina ha crecido 306.811 ocupadas desde julio de 2025 y en 1,84 millones desde 2018.

Las mujeres suponen actualmente el 47% del total de afiliados, más de un punto por encima del dato de 2018. Su presencia en el mercado laboral crece a un ritmo del 2,99% con respecto a julio de 2025, según el Departamento que dirige Elma Saiz.

Al analizar la evolución del empleo en los últimos ocho años, se observa un mayor crecimiento del grupo de mayor edad, en el tramo de 55 años y más, así como en el de los más jóvenes. La ocupación de los mayores ha crecido un 51,7%, hasta un total de casi 5 millones; y la de los trabajadores de menos de 30 años, un 33,6% desde 2018 (hay 3,9 millones), lo que son 33,5 puntos porcentuales y 15,4 puntos porcentuales, respectivamente, por encima del conjunto, que se sitúa en el 18,2%.

Máximo histórico de extranjeros

Por su parte, el número de cotizantes extranjeros creció en 66.046 con respecto al mes de junio, un 1,91% más, hasta alcanzar un máximo histórico de 3,51 millones. Son 420.875 cotizantes más que hace un año y representan el 15,6% del total de cotizantes.

Saiz ha destacado que los afiliados extranjeros “continúan desempeñando un papel esencial en el dinamismo del mercado laboral y en el sostenimiento del sistema de Seguridad Social”.

Analizando el mercado laboral a 30 de julio, el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario ascendía a 262.475. Ese mismo día, la cifra total de afiliados era de 22.502.259.

De estos 262.475 afiliados, el 81,5% (213.883) estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 12.675 (un 4,8%) eran trabajadores autónomos. Además, por sexo: el 60,3% eran hombres (158.171) y el 39,7%, mujeres (104.304).

La temporalidad se sitúa en el 13,4%

En cuanto a la calidad del empleo, desde julio de 2021 hay 4,8 millones más con contrato indefinido y 2,03 millones de afiliados menos con contrato temporal.

“Cada vez hay más empleos estables, con más derechos y mejores salarios”, ha señalado el Ministerio, que destaca que el mayor incremento se ha producido entre los ocupados con contratos indefinidos con jornada a tiempo completo, con 327.471 más que hace un año; mientras que los afiliados con contratos a tiempo parcial aumentan en 70.087.

El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 13,4%, frente al 29,4% que suponía en julio de 2021. “Esta mejoría es aún más destacable entre los trabajadores de menos de 30 años, que tienen una tasa de temporalidad del 23,7%, cuando hace un lustro tenían una tasa del 54,8%”, destaca Seguridad Social.

Los trabajadores de 30 años y menos han aumentado un 34,6% desde julio de 2021. Son 999.923 más y alcanzan un total de 3.893.353; lo que supera el ritmo de crecimiento medio, del 14,9%.

Por último, la relación entre cotizante y pensionista se sitúa en el 2,5, que es el nivel máximo desde 2011.

El Consejo de Ministros ha ampliado este martes el acceso a la jubilación anticipada por razón de discapacidad a once nuevas enfermedades, entre ellas la espina bífida y la enfermedad de Parkinson.

Según ha explicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado, el real decreto permitirá a unas 50.000 personas con una discapacidad igual o superior al 45 % anticipar su edad de jubilación a los 56 años sin ver reducida la cuantía de la pensión debido a su enfermedad.

Las nuevas patologías que permiten adelantar la jubilación son espina bífida, amiloidosis por transtiretina variante, enfermedad de Parkinson, distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), enfermedad de Huntington, esclerosis sistémica, lesión medular, degeneración corticobasal, atrofia multisistémica y parálisis supranuclear progresiva y enfermedad renal crónica estadio G5.

Para acceder a la jubilación anticipada, los trabajadores tendrán que estar en situación de alta o asimilada al alta, acreditar 15 años de cotización y que al menos durante 5 años se hayan visto afectados por alguna de las patologías recogidas en el anexo con una discapacidad igual o superior al 45 %.

En estos casos, el periodo en que resulte reducida la edad de jubilación computará como cotizado para realizar el cálculo del importe de la pensión.

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha destacado en el comunicado que miles de personas con enfermedades graves contarán “con una especial protección que haga justicia y equipare sus posibilidades con las del resto de la población trabajadora”

La regularización extraordinaria se ha adentrado en una nueva fase esta semana. De los casi 1,2 millones de peticiones, la Administración ha admitido más de 609.000 y ha respondido de manera favorable a cerca de 11.000. A medida que el Ejecutivo acelere el envío de resoluciones, como se ha comprometido, y cada vez más personas reciban el sí definitivo, todas ellas tendrán que acudir a una ventanilla que es clave para finiquitar su regularización: las comisarías de extranjería, con el objetivo de obtener su tarjeta física identificativa (TIE). Un paso que, de no cambiar el actual funcionamiento del sistema, no será fácil.

El trámite de la toma de huellas en comisaría, imprescindible para que la Policía Nacional emita el documento de identidad de los extranjeros regularizados, ya está empezando a dar problemas y corre el riesgo de convertirse en el próximo cuello de botella del proceso, según han denunciado ONG y sindicatos a elDiario.es. La causa no es nueva, el problema lleva años diagnosticado y sus efectos angustian a cientos de miles de ciudadanos en cada gestión mucho antes de la regularización extraordinaria: la falta de citas para los trámites de extranjería. Desde hace más de una década, pero especialmente tras la pandemia, conseguir una cita en comisaría para realizar gestiones específicas de la población inmigrante se ha convertido en un proceso exasperante, marcado por horas de intentos fallidos para lograr un turno. Una situación de la que se aprovechan grupos organizados que tratan de hacer negocio del fallo del sistema, a través de la venta de citas, lo que a su vez agrava aún más el problema.

“El Gobierno anunció que iban a tardar 15 días en responder sobre la admisión a trámite de las solicitudes y no ha sido así. Tenemos muchos expedientes que llevan esperando respuesta desde el inicio del plazo. Cuando contesten todo ese stock, no va a haber citas suficientes en extranjería para la toma de huellas. Si nunca las hay, si ahora mismo no hay para los trámites habituales, qué pasará cuando cientos de miles de personas lo necesiten casi de golpe”, dice con preocupación Victoria Columba, una de las portavoces del movimiento Regularización YA. El Gobierno defiende que trabajan de manera coordinada para solucionar los previsibles atascos.

Maira acaba de recibir las resoluciones favorables del proceso sus dos hijas, de 7 y 14 años. Las niñas son parte de las cerca de 11.000 personas a las que el Gobierno ha dado la luz verde definitiva para la regularización, lo que se traduce en la concesión de un permiso de residencia de cinco años, más largo que el permiso otorgado a los adultos. Pero su proceso no acaba aquí. Para consolidar ese derecho, la colombiana debe acompañar a sus niñas a comisaría con el objetivo de registrar sus huellas y solicitar sus tarjetas identificativas. Y para eso necesita una cita.

“Tengo alivio porque sé que mis hijas ya están. Tienen una residencia, están completamente regulares... Pero ahora tengo otro dolor de cabeza: pensar en sacar la cita”, explica la mujer, que llegó a Madrid con su familia en febrero de 2023. “Recibí la resolución y de una vez empecé a mirar si podía sacar citas. Y no. Es que no hay citas por ningún lado”, lamenta la colombiana.

La arbitrariedad del sistema para acceder a una cita de manera electrónica, la falta de recursos suficientes en las comisarías y la venta ilegal de turnos obliga a miles de inmigrantes a pasar días delante del ordenador en su intento de encontrar un hueco disponible. Muchos dedican horas durante la madrugada, porque el boca a boca dice que es uno de los momentos donde la Policía vuelca nuevos turnos en la plataforma. Se trata de un problema que, pese a las constantes denuncias y la publicación de numerosas informaciones al respecto, ni el Ministerio del Interior y ni las Delegaciones del Gobierno han atendido lo suficiente.

A su vez, la situación ha generado un nicho de mercado entre particulares, locutorios, abogados y gestorías que ofrecen citas a través de plataformas como Wallapop, Mil Anuncios o Facebook. Los precios oscilan entre los 30 y los 200 euros, dependiendo del servicio y del tipo de anunciante. Los grupos organizados suelen utilizar bots para comprar los turnos de manera masiva, que luego venden de manera ilegal por Internet, lo que obstaculiza aún más el acceso a una cita sin pagar a cambio.

Y este es el panorama que se encontrarán, de no tomar medidas suficientes, los cientos de miles de personas que se prevé que recibirán una resolución favorable de la regularización en los próximos meses o incluso semanas, en función del ritmo de respuesta, que el Gobierno defiende que se incrementará tras el cierre del plazo. El movimiento impulsor del proceso, Regularización YA, advierte de que el avance del proceso aumentará la demanda de estos “servicios” irregulares de venta de citas.

La maratón de pedir una cita

La inquietud de Maira viene de su propia experiencia: ella ya atravesó la carrera de obstáculos necesaria hasta plasmar sus huellas en comisaría. La colombiana obtuvo un permiso por arraigo por la vía habitual el pasado mes de marzo y, después de sentarse frente al ordenador cada día durante distintas horas para tratar de encontrar un hueco disponible en toda la Comunidad de Madrid, logró un turno disponible. Describe con detalle el momento en que lo logró: era un lunes a las siete de la mañana. Hizo la gestión casi automática, como cada día, pero esa vez aparecía un hueco disponible. “Ingresé y había una cita para el 14 de julio, meses después. Me tocó lejísimos, en Coslada, pero hay que agarrar lo que sea. Normalmente, solo tenemos 5 o 7 minutos para rellenar todos los datos que pide y tomar la cita porque, si no, se la asignan a otro”, detalla la colombiana para describir el complejo proceso. “Y todo esto fue entrando a todas horas, todos los días. Revisar y encontrar siempre el mismo mensaje de 'No hay citas disponibles'.

A diez días para finiquitar su propio proceso, Maira arranca una nueva maratón para conseguir culminar el de sus hijas. “Tenemos miedo de que ahora nos pase lo mismo. Deseamos que las resoluciones que lleguen de ahora en adelante, ojalá lo puedan aprobar, lleguen de una vez, directamente con una cita para huellas, porque es muy complicado”, añade.

Ante la previsible escasez de citas y las trabas denunciadas por las ONG, la secretaria de Estado Migraciones, Pilar Cancela, ha defendido que el Ministerio de Inclusión —responsable del procedimiento de regularización— está trabajando en coordinación con el de Interior —competente en la emisión de las tarjetas identificativas— para “garantizar que las personas accedan a la siguiente fase del procedimiento”. Desde los equipos de la cartera dirigida por Elma Saiz reconocen el problema histórico en relación con las citas de extranjería y confían en que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska tome las medidas necesarias para acelerar la emisión de documentos que exige el pico de demanda ligado a la regularización.

Primeras medidas de Interior

El día posterior al cierre del plazo para acogerse a la regularización, Interior dio un primer paso para flexibilizar los requisitos exigidos para la obtención de la tarjeta identificativa del extranjero en el caso de los beneficiarios de la regularización. Además de la falta de citas, otro de los asuntos que inquietaban a los solicitantes y las ONG que les acompañan era la obligación de presentar el certificado de empadronamiento y un pasaporte en vigor. Estas condiciones de la Policía Nacional chocaban con uno de los aspectos que caracterizaron al procedimiento extraordinario: la relajación de los trámites que normalmente se piden en estos procesos y que suelen ser un obstáculo para muchas personas migrantes irregulares. Algunas de estas era, precisamente, el empadronamiento, debido a las trabas con las que se chocan para registrarse en el padrón; o la exigencia de presentar un documento en vigor, ante la dificultad para renovar sus pasaportes para los nacionales de determinados países.

Tras meses de peticiones por parte del Movimiento Regularización Ya y otras organizaciones, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó este miércoles una instrucción que fija los criterios necesarios para la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) a los beneficiarios de la regularización. En teoría, la orden interna flexibiliza los requisitos más problemáticos.

Según fuentes de Interior, las personas acogidas a la regularización “deberán acreditar su identidad mediante la presentación del pasaporte en vigor”, pero en caso de carecer de él “también se podrá aportar un pasaporte caducado, siempre que se acompañe de documentación acreditativa de la solicitud de renovación, como justificantes de cita consular, correos del consulado o resguardos de solicitud”. Este medio ha pedido al Ministerio el texto literal de la instrucción, para confirmar el margen de interpretación de la directriz -pues es habitual que cada comisaría de extranjería funcione de forma distinta en función de la provincia o en función de cada agente de turno-, pero la respuesta ha sido negativa al tratarse de un documento interno.

Para quienes obtengan la respuesta favorable en el procedimiento extraordinario, la Policía Nacional tampoco exigirá el empadronamiento en todos los casos, aunque sí en algunos. “El domicilio que figurará en la TIE será el aportado por la persona extranjera en el momento de la solicitud de regularización, el mismo que consta en la autorización de residencia”, explican las mismas fuentes. “Solo en el caso de que en el impreso de solicitud de la TIE se consigne un domicilio diferente, este será recabado electrónicamente por la Administración o se corroborará mediante la aportación del certificado o volante de empadronamiento del ayuntamiento, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la tramitación de la TIE”, añaden desde Interior sobre el contenido de la instrucción interna.

El “plan de choque” de Policía Nacional

La Dirección General de la Policía Nacional activó lo que describen como un “plan de choque” para responder al incremento a la demanda de trámites ligados a la regularización. Sin embargo, ese incremento de la necesidad de citas de extranjería en los próximos meses se produce en un momento en que los problemas para conseguir un turno ya son habituales y exasperan a los inmigrantes que gestionan sus papeles por la vía ordinaria.

El plan consiste en pagar más cada hora extra a los agentes que se ofrezcan voluntarios para atender los trámites ligados a la regularización, según un documento de la Policía de la Subdirección General de Logística e Innovación de la Policía Nacional al que ha accedido Europa Press. “El objetivo del plan es dar respuesta al incremento de la demanda asumida en las Unidades de Documentación como consecuencia del proceso extraordinario de regularización”, indica el escrito. En este sentido, los policías obtendrán 25 euros por cada hora extra “que se vean afectadas por la sobrecarga administrativa derivable del proceso en cualquiera de sus puestos de expedición, tanto de Tarjetas de Identidad de Extranjero, como DNI o Pasaporte”.

El sindicato policial CEP ha criticado que no se hayan reforzado las plantillas, que únicamente se haya optado por pagar horas extra. “Empieza la fase que más tiempo va a prolongarse y la que mayor esfuerzo va a exigir a la Policía Nacional”, indica un comunicado.

Maira obtuvo su permiso de residencia por arraigo en marzo de este año, pero aún no ha logrado tener en sus manos la tarjeta identificativa ante el bloqueo de citas en comisarías de extranjería. Aunque su permiso es válido sin este documento, la falta de un documento válido obstaculiza la inclusión de los inmigrantes. Por ejemplo, aunque es posible, algunas empresas rechazan a quienes no cuentan con él. La falta de esta tarjeta complica la apertura de una cuenta bancaria, la petición de becas de estudios o la emisión de certificados oficiales de formaciones profesionales, etc. “No tiene sentido que nos aprueben una residencia y lograr una cita para huellas casi cuando vamos a tener que renovar el permiso”, resume.

En Castilla-La Mancha se han tramitado un total de 52.041 solicitudes de personas migrantes que se han acogido al proceso extraordinario de regularización abierto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los datos se han conocido coincidiendo con el cierre del plazo de presentación de solicitudesque se inició el pasado 16 de abril y concluyó el 30 de junio.

En estos dos meses y medio, las personas que cumplían los requisitos fijados en el Real Decreto han podido presentar sus solicitudes a través de distintas vías y en muchos casos con ayuda de las ONG.

En Castilla-La Mancha el mayor número de solicitudes se ha registrado en la provincia de Toledo con 20.896 expedientes. Una cifra que contrasta con las 9.795 solicitudes presentadas en Ciudad Real, las 9.191 en Albacete, las 6.817 en Guadalajara o las 5.342 presentadas en Cuenca.

Las cifras han superado las previsiones adelantadas por el delegado del Gobierno José Pablo Sabrido con motivo de la apertura del trámite el pasado mes de abril. Entonces se estimaban entre 13.000 y 15.000.

Catalunya es la comunidad autónoma con mayor volumen de solicitudes (257.602), seguida de la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunitat Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557). A continuación, se sitúan Castilla-La Mancha, Euskadi, Región de Murcia, Castilla y León, Galicia y Canarias.

Ya hay cifras de la regularización extraordinaria de migrantes. El plazo del procedimiento ha cerrado con más de 1.174.978 solicitudes presentadas, un alcance que desborda las previsiones iniciales del Gobierno y marca un máximo histórico en comparación con procesos similares impulsados anteriormente en España, según ha confirmado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De las más de un millón de peticiones, el Ejecutivo ha admitido a trámite por ahora 609.737 expedientes, lo que supone que al menos ese número de personas cuenta con un permiso de residencia provisional hasta obtener la resolución definitiva. De ellas, 11.000 ciudadanos han recibido ya una respuesta favorable de manera definitiva.

La cifra total de solicitudes ayuda a dimensionar una realidad invisible y difícil de cuantificar: la de cientos de miles de personas que ya vivían y trabajaban en el país de forma irregular, muchas de ellas incluso sin acceso al padrón. Una población que, ahora, podrá salir de la clandestinidad, acceder a sus derechos y aportar como cualquier ciudadano, tras la puesta en marcha de una medida impulsada durante más de seis años desde la calle, a través del movimiento Regularización Ya, liderado por personas migrantes y racializadas. El balance definitivo de expedientes, que no alcanza los 1,2 millones, no coincide con las cifras publicadas por varios medios en la última semana, que aseguraban que el procedimiento había superado los 1,3 millones de demandas.

La mayoría de las solicitudes, un 67%, corresponde a ciudadanos latinoamericanos, como adelantó elDiario.es hace dos semanas y confirman ahora el balance oficial aportado por el Ministerio tras el cierre de las ventanillas. El dato ratifica que la mayor parte de quienes han solicitado la regularización no han tenido que atravesar una frontera de manera irregular, sino que han entrado en España en avión. La nacionalidad colombiana destaca entre todas las demás, acercándose con un 27% de las peticiones registradas. Lejos en porcentaje, le sigue la marroquí, con un 13,4%; la venezolana, que representa el 11,7% de las solicitudes; y la peruana, con el 8,8%, según los datos oficiales a los que ha accedido elDiario.es. El Ministerio de Inclusión ha programado una convocatoria de prensa esta mañana para detallar el balance oficial del procedimiento.

“La cifra pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, porque va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestros país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza”, ha declarado la ministra Elma Saiz, en un vídeo difundido este jueves. “Estamos ante un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos orgullosos”, ha añadido la titular de Inclusión.

¿Quiénes la han pedido?

La medida ha tenido un peso especial para los niños y adolescentes. Según el balance inicial del Ministerio, las peticiones ligadas a quienes tienen entre 0 y 15 años suponen un 11% del total, lo que puede explicarse con las facilidades que este proceso ha dado específicamente a los menores de edad, a través de la concesión automática en la mismo expediente de sus progenitores.

Sobre el perfil de los solicitantes, los hombres han presentado más solicitudes que las mujeres, aunque en porcentajes próximos. Ellos representan un 57% de las peticiones mientras que ellas, el 43%. Por edad, el 81% de los demandantes tienen menos de 45 años. Y seis de cada diez solicitantes tienen menos de 34 años, unos datos que han sido enfatizados por el Secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Álvarez, para explicar cómo puede impactar la regularización en el mercado laboral y en la aportación de los empleados extranjeros a las arcas públicas.

Algunas cifras empiezan a dar cuenta del previsible efecto positivo de la regularización en las contizaciones a la Seguridad Social. Según los datos oficiales, de las 608.000 personas cuya petición ha sido admitida a trámite, 159.097 ya se encuentran dadas de alta en la Seguridad Social. Ese dato, sin embargo, no significa per sé que esos ciudadnos se han afiliado debido al procedimiento extraordinario, porque entre ellos se encuentran solicitantes de protección internacional que podrían estar ya cotizando con anterioridad. El Ministerio no ha aclarado por el momento el número de nuevas altas que han sido posibles exclusivamente por el procedimiento extraordinario, pues matizan que se trata de un balance preliminar y aún se encuentran cruzando los datos para hacer una fotografía más detallada de su impacto en el mercado laboral.

El secretario de Estado de Seguridad Social ha recalcado 83,4% de las personas regularizadas que están dadas de alta se enmarcan en el Régimen General, en el que el contrato indefinido es la modalidad que predomina entre las afiliaciones de quines han recibido el permiso de residencia provisional por la regularización. Por tipo de actividad, los setores que concentran el mayor número de altas son: Hostelería (38.776), Comercio (20.195), Actividades Administrativas (19.327) y Construcción (18.310).

En el primer semestre de 2026, la afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social se ha convertido en “uno de los principales motores del crecimiento del empleo en España”, recuerdan desde el Ministerio. Según Álvarez, el ritmo de aumento “se ha ido acelerando” desde finales del mes de abril, cuando comenzó el proceso de regularización extraordinaria de migrantes.

Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a migrantes en situación irregular que llevan más de cinco meses de residencia continuada en España, que podían justificar su arraigo a través de vínculos laborales, familiares o a través de la demostración de su situación de vulnerabilidad. Por su parte, el 20,4% restante representa a solicitantes de protección internacional, que se han acogido a la vía creada específicamente para ellos, que permite el paso del régimen de estancia por asilo a la obtención de un permiso temporal de residencia y trabajo en caso de haber llegado antes del 1 de enero de 2026 y carecer de antecedentes penales.

Catalunya y Madrid concentran más solicitudes

En función del lugar donde han sido recibidas, las autonomías que han recogido un mayor número de expedientes son Catalunya, donde se han presentado más de 257.000 peticiones; y la Comunidad de Madrid, con 202.000. También destacan las cifras de los tramites presentados en las ventanillas de la Comunidad Valenciana y Andalucía, lo que encaja con las regiones con más población nacida en el extranjera.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha destacado el papel que ha tenido en todo el proceso todos los actores del proceso. “Las cifras evidencian el esfuerzo histórico realizado por las instituciones y sociedad civil, que han empujado para que nadie se quede fuera de este proceso y conseguir una sociedad de acogida efectiva, con derechos y obligaciones para todos”, ha señalado. Según sus datos, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidos por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería (5,1%) y graduados sociales (3,6%).

Cancela ha hecho hincapie en el peso que han tenido las organizaciones colaboradoras en la preparación de los expedientes, el acompañamiento de muchos demandantes en cada trámite, especialmente en la emisión de los certificados de vulnerabilidad, el informe que generó un cuello de botella durante las primeras semanas de la entrada en vigor de la medida. Un total de 495 entidades del Tercer Sector y organizaciones sindicales colaboran durante todo el proceso en labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación a las personas solicitantes.

El número de solicitudes registradas no suele coincidir con el de las personas que finalmente serán regularizadas. Las proyecciones iniciales del Ejecutivo, ya superadas, estimaban la recepción de 750.000 peticiones, de las que calculaban aceptar unas 500.000, teniendo en cuenta las duplicidades de expedientes que pueden producirse en este tipo de procedimientos, así como el descarte de casos que no cumplen los requisitos. Fuentes gubernamentales han asegurado a elDiario.es que todas las personas que han registrado una solicitud recibirán una respuesta, negativa o positiva, por lo que descartan que el silencio administrativo se interprete como una denegación.

Por ahora, casi el 52% de las solicitudes han sido admitidas a trámite, aunque el Gobierno continúa estudiando los expedientes a un ritmo que todavía no ha cumplido con el plazo de 15 días anunciado. Con la causa abierta por PP y Vox en el Tribunal Supremo, y ante una mínima —aunque poco probable— posibilidad de paralización cautelar del procedimiento, el Ejecutivo ha asegurado que tratará de agilizar la tramitación en los próximos días para aumentar la seguridad jurídica de quienes han solicitado la regularización.

Las principales nacionalidades se ajustan a las recogidas por el Instituto Nacional de Estadística en los últimos años, cuyos estudios incluyen los países de procedencia de los residentes en España a través de los registros del padrón. En 2022, Colombia se convirtió en el principal país de origen de los nuevos inmigrantes, por delante de Marruecos. Las llegadas de ciudadanos colombianos continuaron en aumento en 2023 y 2024, hasta cristalizar en un histórico “sorpasso” migratorio, por el que los residentes en España nacidos en el país latinoamericano superaron a los nacidos en Marruecos.

Entre las más de 608.000 personas cuya solicitud ha sido admitida a trámite está Missael. Tras abandonar Perú, el joven viajó a España con visado de turista, como suele ocurrir con la mayoría de migrantes latinoamericanos asentados en el país. Una vez expirado su permiso, se quedó sin papeles hasta que consiguió solicitar asilo, lo que le permitió contar con una autorización temporal mientras se estudiaba su caso. Hace casi más de medio año, la denegación de su petición de protección internacional le empujó de nuevo a la clandestinidad.

“Después de ocho meses sin papeles, he vuelto a cotizar. Sin papeles todo es más duro. Es como si te quedas en una pausa. Cotizas, vas a un ritmo, te deniegan el asilo y te quedas sin nada. A esperar otra vez un permiso para trabajar. Pero ahora estoy otra vez dado de alta”, explicó a elDiario.es hace un mes.

Desde entonces, trabaja por las noches en una pizzería de Huelva, donde intercala turnos de repartidor y atención al público, mientras continúa con sus estudios de Formación Profesional. Cuatro días después de recibir la autorización provisional ligada a la admisión a trámite, consiguió un empleo en el que cotizar. Durante el tiempo en que no tenía papeles, reconoce, no dejó de trabajar, aunque lo hacía de forma irregular, en empleos más precarios y menos estables. Ahora está dado de alta en la Seguridad Social y ha recuperado sus derechos como ciudadano. Antes no existía; ahora ha salido de la invisibilidad.

Después de dos meses y medio de colas, dudas, trabas burocráticas inesperadas y celebraciones por cada petición registrada, este martes a medianoche finaliza el plazo de presentación de solicitudes de la regularización extraordinaria de migrantes. La primera etapa del procedimiento concluirá con las previsiones iniciales superadas, pues la cifra supera ya el millón de solicitudes presentadas, frente a las 750.000 que el Gobierno calculaba recibir -de las que estimaba aceptar 500.000-, un desfase que se explica con la habitual dificultad de calcular la cantidad de personas que viven en España de manera irregular. 

Las imágenes de grandes filas de personas para realizar los trámites necesarios para pedir la regularización fueron disipándose tras las dos primeras semanas de plazo. Eran muchos los que no querían esperar para ponerse en marcha ante la posibilidad de que cualquier imprevisto pudiese dejarles fuera de un procedimiento que supone el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos. Transcurridos dos meses y medio del inicio del plazo, sin embargo, las peticiones no han dejado de presentarse y algunos de los colectivos que integran el movimiento Regularización YA han montado un dispositivo hasta este martes a las 23:59 horas, conscientes de que aún hay personas que no han podido registrar su petición por diversos obstáculos con los que se han topado por el camino. 

“Vamos a utilizar cada minuto porque dos meses y medio no ha sido suficiente”, dice Victoria Columba, portavoz del Colectivo Regularización YA, presente en Catalunya. “A eso se suma que la exigencia del informe de vulnerabilidad nos ha hecho perder un mes de los dos meses y medio de plazo, porque mucha gente tardó mucho tiempo en cumplir este trámite, y los problemas con la legalización de los antecedentes penales o las directrices confusas por parte de la Administración.. ”, describe. La plataforma registró en el Congreso de los Diputados hace un mes una Proposición No de Ley (PNL) para pedir la ampliación del plazo de registro de peticiones, ante las trabas detectadas hasta entonces. También exigían la paralización de los vuelos de deportación, y la posibilidad de faciliatar la regularización a los extranjeros encerrados en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Sin embargo, sus demandas no fueron atendidas, la maquinaria de retorno nunca se paralizó y el plazo finalizará este martes a medianoche, como estaba previsto.

La exigencia del informe de vulnerabilidad y la dificultad para conseguirlo en algunas comunidades autónomas, los problemas con la legalización de los antecedentes penales u otros certificados necesarios por la escasez de recursos de algunos consulados españoles, la falta de respuesta de las autoridades de determinados países de origen y los intentos de boicoteo por parte de las administraciones lideradas por el PP y la extrema derecha -con un intento de paralización frustrada en los tribunales- han marcado el procedimiento, pero no han podido con él. “Celebramos que miles de personas que podrían haberse regularizad de otro modo, van a poder hacerlo”, dice ^la portavoz del colectivo. “Pero nos da rabia quien va a quedar excluido”.

El bloqueo de algunos consulados españoles

Muchos de los casos que han acabado presentando su solicitud a última hora (si es que lo logran) reflejan las principales complicaciones del proceso y los grupos de personas más afectadas por ellos. Juanjo Castillo, abogado en Valencia, cuenta que tiene pendiente de subir a la plataforma Mercurio nueve expedientes. “Todos son de argelinos”, comenta el letrado. La explicación esconde una de las trabas: los ciudadanos procedentes de los países que no han firmado el Convenio de la Haya necesitan realizar un trámite extra para que los certificados emitidos por las autoridades de su lugar de origen sean válidos. Dicha gestión depende de los consulados españoles, que no están dando respuestas con la agilidad que exigen los plazos de la regularización extraordinaria. 

En el caso de Argelia, el acuerdo de la apostilla entrará en vigor el 9 de julio. Por eso abogados y ONG han esperado a presentar estos casos hasta el último momento, con la intención de que, una vez que el pacto sea activado, dé tiempo a solicitar otra vez el certificado de antecedentes a las autoridades argelinas sin necesidad de ser apostillado, pues confían que esa estrategia sea más eficaz que aguardar a la respuesta del consulado español o el Ministerio de Exteriores, que aún no han aportado ninguna solución. “Los de los argelinos los he dejado para el último momento. Incluímos una declaración responsable de haber solicitado los antecedentes y la legalización en el consulado. Y esperemos que podamos añadir el trámite posteriormente”, explica el letrado. 

Además de Argelia, Cuba, Sudán, Libia, Haití o China son algunos de los Estados cuyos nacionales están encontrando problemas para lograr la legalización del certificado de penales. La falta de recursos suficientes por parte del Ministerio de Exteriores ha generado un tapón que está afectando especialmente a los ciudadanos argelinos y cubanos, al ser las nacionalidades más numerosas entre las afectadas por esta situación. 

Quienes han podido permitirse el pago de un abogado privado o están siendo acompañadas por una ONG implicada han encontrado algunas estrategias, como la explicada por Castillo, para esquivar este obstáculo. Pero el movimiento de Regularización YA advierte de que “mucha gente” ha podido quedarse en el camino, pues sospechan que algunos han desistido al no lograr cumplir con el trámite y desconocer cómo hacerlo. “Muchas personas de Argelia han intentado de todas las maneras legalizar sus antecedentes y ya lo dan por perdido. Nosotras vamos a presentarlas igual, con una declaración responsable. Pero tememos que las vayan a rechazar”, lamenta Victoria Columba, portavoz del movimiento impulsor de la medida. 

Internas sin permiso para hacer los trámites

Miriam es una de las personas que tampoco pudo presentar su petición hasta este fin de semana. Este viernes acudió a la sede de la organización Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), en Madrid, para conseguir el certificado de vulnerabilidad exigido para las personas sin papeles que no pueden probar una vinculación laboral. Al día siguiente, el sábado, tenía cita en el mismo lugar para subir su expediente. Si apuró el plazo, cuenta, no fue por dejadez ni despiste. Fue por un horario laboral que impide la implicación que exige tantas gestiones burocráticas y la negativa de sus empleadores a concederle un permiso, explica. Miriam, como muchas mujeres migrantes en situación irregular, trabaja como interna cuidando a una pareja de ancianos en una vivienda de Madrid. “Ha coincidido que uno de ellos se puso muy enfermo, y no podía dejarles. No podía ni tomar los descansos que me correspondían en el fin de semana”, explicaba la mujer latinoamericana mientras esperaba a ser atendida. 

Llegó a España hace tres años y no ha podido solicitar una tarjeta de residencia hasta ahora. Para conseguirlo antes de la regularización extraordinaria, necesitaba un precontrato de trabajo que los distintos empleadores para los que ha trabajado irregularmente no le han querido facilitar, asegura. Su petición, de ser aceptada, incluye también a su pequeña. “Menos mal que puedo presentarla aquí en fin de semana. Ojalá pueda encontrar un trabajo con condiciones dignas si consigo los papeles”, dijo la mujer. 

Ahora qué

Pese a las distintas trabas, el colectivo impulsor de la medida celebra los logros conseguidos. “Hemos conseguido un hito histórico en democracia española. Forzamos a hacer una regularización en medio del desequilibrio que tiene para gobernar el PSOE, entre acusaciones, corrupción, falta de presupuesto etc. Muchos colectivos pequeños hemos estado a la altura, emitiendo los certificados de vulenerabilidad que no emitían los servicios sociales, nos hemos personado en contra de la medida cautelar por la que PP y Vox pedían tumbar el procedimiento... Pero no han podido hacerlo y cientos de miles de personas van a regularizarse”, defiende la portavoz de Regularización YA.

Una vez que finalice el plazo de registro de solicitudes, la Administración tiene tres meses desde la admisión a trámite de cada petición para estudiarlas a fondo. Cuando los beneficiarios reciban la respuesta positiva definitiva, estos deberán pedir la Tarjeta de identificación de Extranjero (TIE), un trámite que corre el riesgo de convertirse en un nuevo cuello de botella del procedimiento. La gestión, que depende de la Policía Nacional, requiere de una cita en comisaría para realizar la toma de huellas necesaria para emitir el documento acreditativo. Sin embargo, conseguir una cita de extranjería se convirtió desde hace años en una tarea casi imposible, debido entre otras razones a las redes que se lucran de la venta de citas en el mercado clandestino.

Este lunes, el sindicato Comisiones Obreras ha reclamado al Gobierno que refuerce los recursos de la Policía Nacional para afrontar el siguiente paso del proceso extraordinario de regularización. Según afirmó, este trámite ya está generando “problemas”. Este paso, que depende del Ministerio del Interior, es clave para culminar con el procedimiento cuando el solicitante recibe la resolución favorable definitiva, pero el colapso en la petición de citas ya está empezando a ser un obstáculo. Algunos colectivos del movimiento Regularización YA asumen que va a ser la siguiente batalla: “Después de subir expedientes, vendrá la odisea para conseguir citas de huellas. Se les va a juntar muchísima gente, porque además hay un retraso enorme en las admisiones a trámite de las peticiones”, advierte Columba.

Pero ese será la batalla de mañana. Este martes, el colectivo Regularización YA en Catalunya y otras tantas ONG colaboradoras y abogados de extranjería estarán centrados en subir cada expediente que sea necesario hasta las 23:59 horas. “Nuestro temor es toda la gente que se ha quedado fuera. Por todas las trabas que ha habido, entendemos que todavía queda gente que no ha podido presentar su petición. Mañana estaremos pendientes, intentando hacer todo lo posible, pero sabemos que no será suficiente”, concluye la portavoz del movimiento impulsor.

“Yo quiero un techo para vivir con mis hijos y mi marido con un poco de dignidad”, afirma Amal, que significa esperanza en árabe. Bajo este seudónimo, esta madre siria busca que la administración pública, a la que responsabiliza de su situación en España, les preste atención y les ofrezca una ayuda tanto a ella como a su familia.

La guerra de Siria hizo que esta familia tuviese que abandonar en 2013 Idlib, ciudad actualmente tomada por los rebeldes. Como consecuencia, se marcharon al Líbano, donde el marido, que trabajaba en la obra antes de emigrar, sufrió un ictus que lo dejó discapacitado intelectualmente, lamenta Amal, que no lo deja solo ni un instante al ser una persona dependiente.

Esta situación hizo que el Estado español y ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados), a través del Programa Nacional de Reasentamiento, llevaran a esta familia a Sevilla en 2022 para que, un año más tarde, se les reconociese la condición de refugiados. La responsabilidad de dar un techo a esta familia e integrarla en la sociedad recae en un primer momento sobre el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, que una vez pasados 18 meses desde su llegada, o 24 en casos excepcionales, transfiere sus competencias a las administraciones autonómicas y locales. 

Un punto de inflexión

Durante su estancia en el Centro de Acogida al Refugiado (CAR) de Sevilla se programó una excursión a la playa de Matalascañas (Huelva) en julio de 2023, donde se produjo la muerte de su hijo ahogado. Según Amal, su hijo no recibió ningún tipo de ayuda por parte de los monitores responsables ni de los socorristas, ya que no había ninguno en la zona en la que ocurrió la desgracia. “Fueron las olas las que devolvieron el cuerpo de mi hijo por la noche”, describe Amal visiblemente emocionada. 

Durante el trágico suceso, la madre se encontraba en Sevilla atendiendo a su marido, motivo por el que rechazó ir a la playa. Señala que fue obligada a mandar a sus hijos, anunciando que denunciará al CAR como responsable de la muerte de su hijo.

Este periódico ha contactado con el CAR de Sevilla, dependiente directamente del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, para conocer su versión de los hechos, de este suceso en concreto y de los hechos denunciados por la portavoz de la familia, si bien al cierre de esta información no se ha comunicado nada al respecto.

El varapalo de la muerte del primogénito le ha supuesto grandes problemas psicológicos a Amal que, además, señala que todavía no le han permitido despedirse de su hijo. Como consecuencia, y ante la amenaza de los servicios sociales de quitarle la custodia de sus tres hijos, los tuvo que dejar con un familiar directo que se encontraba en Sevilla.

Un intento de pasar página

Para trata de olvidar la muerte de su hijo, Amal decidió abandonar el CAR de Sevilla ya que todo le recordaba al joven fallecido. En noviembre de 2023, el propio centro les financió el viaje a un centro de acogida de Baviera (Alemania), ciudad donde se encontraban familiares y conocidos. 

Una vez allí pidieron formalmente que se les fuese reconocida la condición de refugiado, pero al tener el estatuto de refugiados en España, les indicaron que debían abandonar el país germano a los seis meses de llegar. No obstante, las autoridades alemanas le aseguraron que habían hablado con los responsables españoles de acogida y que, al aterrizar en Madrid, se harían cargo de su situación. 

Sin embargo, cuando llegaron no encontraron ningún tipo de ayuda y se vieron en la calle durante cinco días. Esto les hizo tomar la decisión de volver a Alemania en autobús con los pocos ahorros que tenían. Pero la historia se volvió a repetir y a los seis meses estaban de vuelta en España, donde volvieron a Sevilla. 

En la capital hispalense, el CAR les denegó el acceso al no encontrarse en el Programa Nacional de Reasentamiento por su marcha a Alemania, haciendo que pasaran dos noches a la intemperie. Sin embargo, se les facilitó un hostal durante 15 días. Una vez pasado este plazo, se volvieron a ver en la calle.

“Discrminación brutal”

Actualmente, son personas anónimas y asociaciones las que pagan un hostal a la familia, que además acuden al banco de alimentos para tener comida. Esta “discriminación brutal” que sufre Amal por parte de los organismos públicos hace que sienta que esta etapa sea “lo peor de mi vida, la humillación que he sufrido aquí no la he sufrido ni en el Líbano, ni en Siria cuando estaba en la guerra”. 

Pese a que el Ayuntamiento activó correctamente una primera respuesta de emergencia, ofreciendo un lugar donde quedarse, la interrumpió cuando la necesidad seguía existiendo. Desde el Ayuntamiento de Sevilla aseguran a elDiario.es Andalucía que se ha atendido a esta familia por encima de sus posibilidades y que, al no pertenecer la familia al Programa Nacional de Reasentamiento, tienen que seguir el mismo procedimiento que el resto de ciudadanos. La Junta de Andalucía, por su parte, es la encargada de la dirección, garantía, coordinación y prestación especializada a los migrantes que vienen a España.  

Según se dice en la carta que han emitido desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) al Defensor del Pueblo Andaluz, en caso de que su marcha a Alemania hubiese supuesto un incumplimiento, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones debería de haber iniciado las gestiones correspondientes para darlos de baja en el sistema y, posteriormente, comunicárselo a la familia. Sin embargo, esto no ha sucedido de forma explícita, denuncia APDHA, ya que solamente han obtenido la negativa verbal del CAR, no tramitándose así a través de la Ley 39/2015. 

Este miércoles, miembros de la la APDHA, que está ayudando a Amal y su familia, acudieron a los Servicios Sociales municipales de Sevilla Este donde le consiguieron una cita de última hora. Aquí, según cuentan fuentes del APDHA a este medio, el Defensor del Pueblo les había indicado que habría una solución al tema del hospedaje pero, tras una larga espera, no pudieron concretar nada al respecto.

“A mí no me importa lo que la gente diga”, dice Cheick cuando se le pregunta por los discursos xenófobos que alienta la ultraderecha, que negocia en estos días con el PP su posible entrada en el gobierno andaluz con la prioridad nacional como telón de fondo. “Yo estoy tranquilo, voy a buscar trabajo y ya”. Esta tarde tendrá una entrevista con una cadena de comida rápida aunque espera encontrar algo como albañil, el oficio en que se ha formado. La oportunidad llegará pronto, cuando el mercado laboral busca mano de obra por doquier, y mientras, en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), el joven de 23 años aprende el idioma, habla con su familia cada tres o cuatro días y se implica cada vez más en la vida del pueblo en el que hace un año se implantó el dispositivo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), donde la convivencia y la unión vecinal ha sido la impronta que ha marcado su devenir.

La ONG recaló primero en Alcalá de Guadaíra en 2024 con un grupo de 85 jóvenes subsaharianos originando una oleada de bulos y desinformación que provocó la oposición de una parte del pueblo. A medida que pasaron los días, se comenzó a normalizar la presencia de los muchachos en el hotel que había sido alquilado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para acogerles. La atmósfera enrarecida por los discursos de odio se fue disipando, pero seguían surgiendo impedimentos a su inclusión, como en su inscripción en el padrón municipal. El incumplimiento de la ley por parte de la administración local comprometía la cobertura sanitaria o educativa de los recién llegados, como se ha denunciado desde distintos colectivos sociales, aún estando bajo el amparo de la organización.

En 2025, el centro se trasladó al municipio sevillano de Sanlúcar la Mayor, donde hay capacidad para 280 personas y, de media, suelen pasar en el centro un año tras adquirir las competencias necesarias para vivir con cierta autonomía, pues se les acompaña y forma en la búsqueda de trabajo y de vivienda. Tras la noticia, Vox azuzó el discurso del odio en la localidad, con mensajes sobre la supuesta “intranquilidad” de la población y bulos sobre los efectos de su llegada. Más de un año después, el pueblo y sus vecinos serán homenajeados por la inclusión de los jóvenes en el día a día del municipio.

En la actualidad, el centro acoge alrededor de unos 120 hombres solicitantes de asilo, procedentes en gran parte de Mali y de otros países subsaharianos. “No hay tantos chavales para la cantidad de empleos que ofrecen, sobre todo oficios, porque la gente busca desesperada a soldadores, electricistas, gruistas, jardineros, gente para el campo... El inconveniente llega cuando tienen que buscar una habitación. Esa es nuestra mayor dificultad: la vivienda, que si ya tenemos un mercado inmobiliario difícil para las personas de aquí, se redobla para los perfiles migrantes, sobre todo por la desconfianza de los propietarios”, sostienen desde CEAR.

Frente al odio, la colaboración vecinal ha florecido para dar respuesta a las necesidades de la asociación. “Ya sea la farmacia, la ferretería, el centro de salud, el Ayuntamiento, los clubes de fútbol, las trabajadoras del supermercado, hasta fueron al encendido navideño de la ciudad... Todo el mundo se ha volcado”, explica. Ese espíritu de acogida explica el homenaje que acaba de recibir el pueblo este pasado miércoles en Sevilla donde CEAR ha otorgado el Premio Solidaridad 2025 a la ciudadanía de Sanlúcar la Mayor.

Cheick lleva un año y tres meses en España después de huir de la guerra en Mali. Tras recalar en Mérida, donde cerró el centro en el que se encontraba, logró el traslado a la provincia sevillana. Escucha a Jay Wheeler en sus cascos rosa y su español es cada vez más fluido. Nunca ha recibido un ataque racista, afirma, y sin darle mayor importancia, enumera las horas de los dos cursos de capacitación profesional que ha aprobado. A su lado, Olivia, la técnica de integración social que trabaja codo con codo con el trabajador social dentro del equipo que se dedica a atenderlo, habla del interés que le despierta la geografía o de la pasión con la que vive el fútbol.

Ese es el tiempo que comparte con sus amigos, consigo mismo, vacío por algunos instantes de las expectativas y los objetivos a cumplir. Esa jiribilla por el balón la siente Bamba, otro joven maliense de 19 años que viene acompañado por la técnica Guadalupe. Junto a ella aprendió a cómo afrontar una entrevista, cuáles son los trucos, para habituarse a los cambios de su nueva realidad. Llevaba cuatro años trabajando como mecánico en su país y se sigue especializando para lograr un puesto en Sevilla. No se plantea ir a otro sitio, “esto es tranquilo”, asiente, y ve que la gente es “más abierta” al compararla con la breve residencia que pasó en Madrid, cuyo centro de acogida también cerró.

“Una vez me dijeron algo”, relata sobre unos chicos que lo abordaron a él y a un amigo mientras paseaban por la capital hispalense. Prefirió alejarse. Levanta las manos y aparta ese fantasma que revolotea brevemente por la habitación, evidenciando el rechazo a cualquier atisbo de conflicto.

Sonríe cuando habla de su posición como delantero en el equipo local de Sanlúcar y del escudo del Betis. “Son los mejores”, dice con timidez. Quien intenta hacer oídos sordos es Ana Mas Vázquez, directora del Centro de Acción Humanitaria de CEAR en el municipio. Arquea una ceja y deja claro su favoritismo por el Sevilla, porque hay amores inexplicables y este es uno de ellos. La responsable saluda a Mohammed, quien pasa por el despacho antes de iniciar su jornada laboral, y cuenta que el único incidente relacionado con la apertura del dispositivo hace un año implicó a una persona que se plantó delante de las puertas del edificio para gritar su rechazo a la presencia de los migrantes. “Antes les daba miedo salir del centro y ahora es todo lo contrario”, adelanta.

El Belén Viviente de Sanlúcar

El año pasado, CEAR se puso en contacto con Hermandad del Santo Entierro de Cristo cuando se acercaba una fecha clave en el pueblo: diciembre, el momento en que se celebra el Belén Viviente de Sanlúcar la Mayor, uno de los mayores atractivos culturales y turísticos del municipio. Alrededor de 400 personas participan cada año en esta recreación de la festividad cristiana en el conjunto histórico de la Iglesia de San Pedro a través de las escenas bíblicas. La organización propuso la participación de los recién llegados.

“Había cierto miedo en ver cómo la gente iba a reaccionar cuando llegaran los chicos a la cofradía, pero aquello cambió rápido. Nos sirvió como herramienta de inclusión para nosotros más que para ellos”, rememora Fidel Mora González, hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro de Cristo, con quien la ONG contactó para iniciar el proyecto que facilitara la inmersión social de los chicos. El experimento comenzó a principios de la primavera pasada con seis chavales, entre los que estaban Alexis, Pedro y Pascal, con quienes todavía mantiene contacto después de que lograran trabajo en los alrededores. “La gran diferencia con nosotros era la edad, que es la de mis hijos”, apunta. “La juventud es una alegría y, aunque siempre hay de todo, nunca percibí ningún recelo. Al revés, todo han sido facilidades... Sanlúcar es una ciudad de acogida”, apostilla.

Metieron de lleno a los chicos en las actividades de la cofradía para que se familiarizaran con los vecinos. Fueron a excursiones, reuniones y comidas, todo antes de la fecha grande. Los días en que todo el pueblo se vuelca vestidos con los ropajes, los recién llegados no parecían recién llegados. “Uno de ellos hizo de romano, otro de pescador y participaron en la corte de los Reyes Magos”, detalla el hermano mayor. Más allá de las creencias religiosas, el pueblo recuerda aquella semana como el culmen de todo un proceso de convivencia que logró labrar un vínculo estrecho.

Se pidió a la cofradía el respecto por las vivencias traumáticas de los solicitantes de asilo participantes. “Tuvimos una reunión en la que hablamos sobre cómo tratar estos temas... Si los chavales quieren hablar, perfecto, pero no es cuestión de preguntar y preguntar, ¿sabes? Tiene que ser voluntario, y llegaron a enseñarnos fotos de sus familias”, explica. Poco a poco, se fueron forjando amistades con los jóvenes del barrio, con quienes se desenvolvían y practicaban el idioma. Mora menciona “una experiencia muy bonita”: “Los llevé a la peña del Betis a ver un derbi, nos sentamos y la reacción fue tan buena, ¡aparte de que ganaron!”.

Escucha las consignas de Vox, que ha metido entre los objetivos de la prioridad nacional los obstáculos a la entrada de migrantes, la invalidez de la regularización extraordinaria, la devolución en caliente de las personas en situación irregular o el completo rechazo al amparo de los menores migrantes no acompañados, y su reflexión es sencilla: “Tal vez haya mejores maneras de hacer las cosas, y desconozco cuál será la forma política de hacerlo, porque unas veces se cuenta de una manera u otra. Pero los chavales no tienen ninguna culpa. Al revés, ya han pasado lo suyo como para venir a recriminarles nada... Si profundizasen en su corazón, rectificarían”.

Los sindicatos CGT y OSTA han denunciado el cierre del centro AH-AIC PARIS de Atención Humanitaria en Zaragoza, comunicado recientemente por la dirección de la Fundación APIP-ACAM, tras la decisión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de eliminar las 195 plazas asignadas a este recurso para el periodo comprendido entre julio de 2026 y junio de 2027.

APIP-ACAM es una entidad colaboradora del Ministerio de Inclusión autorizada para la atención a personas solicitantes de protección internacional. La desaparición del recurso aasistencial en la ciudad de Zaragoza deja sin atención a personas en situación de vulnerabilidad y ha provocado, por el momento, la extinción de casi todos los empleos destinados a este fin, sin descartar nuevas afectaciones laborales.

OSTA ha denunciado la “absoluta premura con la que APIP-ACAM ha procedido a la amortización de puestos de trabajo por 'causas objetivas de naturaleza organizativa y productiva', afectando directamente a 10 trabajadoras que han sido despedidas y solamente ha garantizado la recolocación de 2 personas que forman parte del comité de empresa, así como a la coordinadora del centro, lejos de garantizar el mantenimiento de todo el empleo”.

Desde CGT consideran “inaceptable” que una decisión de esta magnitud se adopte sin una planificación adecuada que garantice tanto la continuidad de la atención a las personas usuarias como la estabilidad laboral de la plantilla. Añaden desde el sindicato que “resulta especialmente preocupante que el comité de empresa tuviera conocimiento de esta situación apenas una hora después del anuncio de los primeros despidos, evidenciando una preocupante falta de información, transparencia y participación de la representación legal de las personas trabajadoras”.

Además, esta situación se produce en un contexto de creciente preocupación por determinadas prácticas organizativas y laborales que han generado malestar entre la plantilla y que han sido objeto de actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo, poniendo de manifiesto la necesidad de reforzar el cumplimiento de la normativa laboral y la protección efectiva de los derechos de las trabajadoras y trabajadores.

CGT exige “la máxima transparencia” por parte de la Fundación APIP-ACAM y de las administraciones implicadas y sostiene que “no podemos permitir que desaparezcan recursos esenciales sin ofrecer alternativas ni que las consecuencias recaigan exclusivamente sobre quienes más necesitan estos servicios y sobre las personas trabajadoras que los hacen posibles cada día”.

Reubicación de los migrantes

El Hotel París llegó a albergar hasta 280 migrantes el pasado año, aunque esa cifra se ha ido reduciendo progresivamente hasta las 195 plazas actuales. El recurso finalizará ahora su actividad tras la decisión del Ministerio de Inclusión de no renovar las plazas, con el argumento de que los usuarios actuales van superando distintas fases del programa de acogida.

Alrededor de una veintena de jóvenes malienses con protección internacional han pasado de la fase de emergencia a la fase 1 del itinerario de acogida y están siendo reubicados en distintas ciudades españolas, entre ellas Huesca, Cáceres, Murcia y Santiago de Compostela.

Otro grupo, integrado por personas que no disponen de protección internacional y se encuentran en proceso de regularización administrativa, será trasladado al centro de Épila.

Por último, aquellas personas que han encontrado empleo y superan unos ingresos mensuales de 600 euros —aunque sea de forma ocasional— deberán abandonar los pisos que ocupan actualmente antes del próximo 30 de junio. Su futuro es incierto y, según diversas fuentes, ya han sido instadas a buscar alojamiento por sus propios medios.

Una entidad cuestionada por usuarios y trabajadores

La fundación APIP-ACAM es una entidad privada dedicada a la atención residencial y de día de colectivos de funcionalidad diversa y a la asistencia, orientación, formación e inclusión sociolaboral de colectivos en situación de riesgo de exclusión. La plantilla está adscrita al sector de la Acción e Intervención Social, y su convenio de aplicación es de ámbito estatal.

No obstante, distintos sindicatos, entre ellos CGT, han trasladado en varias ocasiones denuncias a la Inspección de Trabajo relacionadas con cuestiones laborales, como presuntas irregularidades en materia de nóminas o dificultades para el ejercicio de la actividad sindical. También se han señalado problemas de carácter sociosanitario, como la aparición de una plaga de chinches que se extendió desde uno de los pisos donde estaban acogidos los migrantes y para cuya fumigación utilizaron a sus propios empleados en lugar de una empresa especializada.

Si en los últimos meses algunas personas migrantes protagonizaron protestas por las condiciones de alojamiento, también parte de la plantilla ha expresado críticas hacia la coordinación territorial de Aragón por la gestión del recurso asistencial. Varias trabajadoras han criticado la actuación de la coordinadora de Aragón, Patricia Urzola, por la “falta de transparencia y de respeto a usuarios y trabajadores”. A su juicio, la última decisión de despedir a la mayor parte de la plantilla ha sido “fría y maquiavélica” por no informar con tiempo suficiente a las afectadas. Algunas de ellas recibieron el finiquito antes de comunicarles formalmente el despido.

Los sindicatos UGT, CSIF, CCOO y CIG iniciarán este miércoles, 17 de junio, un calendario de movilizaciones en la Seguridad Social con concentraciones de protesta, que tendrán lugar de 11.00 a 11.30 horas en las sedes de las direcciones provinciales y servicios centrales del organismo público de 15 ciudades, como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ubicado en la calle Calvo Sotelo de la capital cántabra.

Según han precisado los cuatro sindicatos en un comunicado, este calendario de movilizaciones responde al “insistente incumplimiento” de los acuerdos suscritos en 2018 y 2023 para modernizar y mejorar el servicio público de la Seguridad Social, a lo que se une la falta de aplicación efectiva de la nueva regulación de jornada y horarios aprobada para el conjunto de la Administración General del Estado (AGE).

UGT, CSIF, CCOO y CIG han denunciado “la ausencia de avances reales en materias esenciales para garantizar el futuro de la Seguridad Social”, entre las que citan “la reorganización administrativa, la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas y la movilidad del personal”.

Además, los sindicatos han criticado que está pendiente todavía “el desarrollo del trabajo a distancia, la mejora de la formación y medidas relativas a la prevención de riesgos laborales, la promoción profesional y la negociación de las condiciones de trabajo”.

“A ello se suma la reciente falta de aplicación efectiva de la nueva regulación de jornada y horarios aprobada para el conjunto de la Administración General del Estado”, han agregado las organizaciones, que han reprochado a la Administración que “en lugar de aplicar los acuerdos y normas vigentes, está impulsando medidas que generan incertidumbre y ponen en cuestión derechos laborales ya consolidados”.

Los sindicatos de la AGE han indicado en su comunicado que “la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados está provocando un progresivo deterioro de las condiciones laborales y un incremento constante de las cargas de trabajo, en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y la insuficiencia de efectivos”.

“El incumplimiento de estos compromisos no solo afecta a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Seguridad Social, sino también a la calidad del servicio que reciben millones de ciudadanos”, han recalcado UGT, CSIF, CCOO y CIG, que han advertdio que este calendario de movilizaciones continuará “hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adopte las decisiones necesarias para cumplir los acuerdos suscritos y garantizar el futuro de una institución esencial para el Estado del Bienestar”.

A Marjan Salehi, su marido Ali Faqiri y su hijo Adrian, de 11 meses, les quedan apenas unos días con un techo bajo el que refugiarse. Esta familia afgana, a la que el Gobierno concedió asilo político en febrero de 2025 por huir del régimen talibán, deberá abandonar el próximo miércoles la vivienda en la que reside después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones les comunicara el fin de su programa de acogida.

“No sabemos dónde iremos”, resume Marjan, de 28 años. “Nuestro hijo todavía es un bebé y depende completamente de nosotros”.

La pareja huyó de Afganistán tras el regreso de los talibanes al poder porque tanto el padre como el hermano de Marjan habían colaborado con el Ejército español, un vínculo que acabó siendo determinante para la concesión del asilo.

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente de la Dirección General de Protección Internacional del Ministerio del Interior, resolvió en 2025 un total de 160.951 expedientes de protección internacional. La cifra supone un incremento del 67,2% respecto al año anterior y es la más elevada desde la creación de la oficina, en 1992.

Desde su llegada a España, la familia pasó primero por un centro de acogida gestionado por una ONG y después fue trasladada a Barcelona. Allí viven desde hace meses en un piso compartido del barrio de Sant Andreu, gestionado por la entidad Moviment per la Pau (MPDL), junto a otras ocho personas.

Hace unas semanas, sin embargo, recibieron la notificación definitiva: habían agotado el periodo máximo de estancia previsto en el sistema estatal de acogida y no se contemplaba una prórroga, pese a su situación de vulnerabilidad. 

Ali sufre artrosis y una hernia discal; Marjan apenas ha podido aprender español mientras cuidaba de su hijo. “No tenemos dinero, ni familia, ni ningún sitio al que ir”, lamenta ella.

Desde la entidad que les ha proporcionado alojamiento en virtud de un convenio con el Ministerio, les han comunicado que no pueden prorrogar su estancia y que deben atenderse a lo que les diga la Administración. 

Este periódico contactó el viernes tanto con el Ministerio, que respondió que el proceso que se ha seguido con esta familia es el habitual. “Cuando se les concede el estatus de refugiados y obtienen el permiso de residencia y trabajo, se les informa de que tienen un plazo de seis meses para dejar el centro”, señala una fuente oficial.

“Atendiendo siempre el interés superior del menor, se tendrá en cuenta su situación para pedir la suspensión de su salida del centro hasta que el recurso se resuelva”, prosiguen desde el Ministerio, que también recuerdan que la organización que gestiona su vivienda coordinará los trámites para que la familia sea atendida por los Servicios Sociales de la capital catalana. Este periódico se puso en contacto con la entidad MPDL el viernes pero no obtuvo respuesta.

Un periplo a través de Irán

La vida de Marjan cambió en agosto de 2021, cuando los talibanes recuperaron el control de Afganistán tras la retirada internacional. “El país se convirtió en un lugar inseguro y hostil”, recuerda. “La situación se volvió extremadamente dura”.

Su familia había trabajado estrechamente con las tropas españolas en Herat, ciudad situada en el oeste afgano. Su padre había sido empleado de la armada y su hermano trabajó como traductor. Con el regreso de los talibanes, esos vínculos equivalían a una condena.

“Empezamos a recibir amenazas. Nuestras vidas corrían peligro”, relata.

Parte de su familia logró escapar desde el aeropuerto de Kabul durante los días caóticos de la evacuación internacional. Ellos, sin embargo, no consiguieron salir y terminaron huyendo por tierra hacia Irán.

“Huir no fue una elección; fue la única forma de sobrevivir”, dice Marjan. “Desde entonces solo hemos intentado reconstruir nuestra vida lejos del peligro”.

Fue en Irán donde recibió finalmente la autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores para viajar a España y acceder al sistema de protección internacional. Desde entonces, el Ministerio de Inclusión les ha proporcionado alojamiento temporal hasta que han agotado todos los plazos.

Todos los intentos para ampliar su estancia han fracasado hasta ahora. El abogado que les asiste ha presentado un recurso contra la resolución administrativa que ordena su salida de la vivienda y ha solicitado medidas cautelares para evitar que la familia quede en la calle mientras se resuelve el procedimiento. Por el momento, no ha obtenido respuesta.

La pensión media de jubilación alcanza en mayo en Cantabria los 1.658,67 euros, 86,66 euros más que la media nacional, que se situó en 1.572,01 euros, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, en mayo de 2026, la comunidad sigue como la quinta con una pensión de jubilación más elevada tras País Vasco (1.906,5 euros); Asturias (1.838,44 euros); Madrid (1.794,91 euros), y Navarra (1.754,75 euros).

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en Cantabria en mayo en 1.440,04 euros, un aumento interanual del 4,25%, y 69,33 euros por encima de la media nacional, que es de 1.370,71 euros. Se trata de la sexta pensión media más elevada tras las del País Vasco (1.681,45 euros), Madrid (1.580,98 euros), Asturias (1.578,62 euros), Navarra (1.563,8 euros) y Aragón (1.446,96 euros).

En mayo, el número de pensiones de la Seguridad Social ascendió en Cantabria a 149.908, un 1,3% más que en el mismo mes del año anterior. De ese total, 95.024 eran de jubilación.

Por tipo de pensiones, tras la de jubilación, el mayor importe corresponde a la de incapacidad permanente, con una media de 1.305,72 euros al mes y de las que hay 14.234 beneficiarios en la región. A continuación se sitúa la de viudedad, con una media de 1.027,19 euros y un número de 34.717 perceptores; seguida de la de a favor de familiares, con 903,98 euros y una cifra de 1.393 beneficiarios, y la de orfandad, con 606,53 euros mensuales y que suman 4.540 pensiones.

Del total de estas pensiones de Cantabria, 23.908 beneficiarios perciben un complemento a mínimos, lo que supone un 15,9% del total. El colectivo de las mujeres pensionistas representa un 21,6% de ellas y un 9,9% el de los hombres. Además, hay 22.094 pensionistas de la comunidad autónoma que tienen algún complemento por brecha de género, con un importe medio de 74 euros.

Subida media del 2,7% debido a la revalorización

En el conjunto del país, la Seguridad Social destinó en el presente mes de mayo la cifra récord de 14.365,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,1% más que en igual mes de 2025.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La Seguridad Social ha abonado este mes 10.480.593 pensiones (+1,5%) a 9,47 millones de personas, de las que 6,7 millones son pensiones de jubilación; 2,3 millones son pensiones de viudedad; más de un millón son pensiones de incapacidad permanente; 335.154 son de orfandad y 46.794 en favor de familiares.

Izquierda Unida (IU) celebrará este jueves, a las 18.30 horas, una charla informativa dirigida a la población migrante de Torrelavega con el objetivo de ofrecer orientación, asesoramiento y acompañamiento en los distintos procesos de regularización y trámites de extranjería.

El encuentro tendrá lugar en la sede de Comisiones Obreras en la capital del Besaya (calle Ansar, 5) y se enmarca en la iniciativa puesta en marcha por IU para facilitar información práctica dentro del proceso extraordinario de regularización abierto por el Gobierno de España, ha indicado la formación en nota de prensa.

Según IU, “muchas personas extranjeras se encuentran en situaciones de inseguridad administrativa que derivan en precariedad laboral, problemas de acceso a la vivienda o incluso situaciones de explotación”, por lo que considera “fundamental” acercar información útil y generar espacios de apoyo y acompañamiento colectivo.

El coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, ha explicado que estas charlas buscan también combatir la desinformación y los discursos de odio mediante información rigurosa y cercana, y reforzar el trabajo conjunto con sindicatos y entidades sociales que trabajan habitualmente con población migrante.

Tras la charla que IU ha realizado en Santander el pasado 5 de mayo, en la que participaron personas migrantes y otras pertenecientes a asociaciones en contacto directo con personas extranjeras, IU prevé continuar desarrollando nuevas sesiones informativas en diferentes municipios de Cantabria en las próximas semanas, con el fin de ampliar el acceso a la información y garantizar que los derechos de las personas migrantes puedan ejercerse en igualdad de condiciones.

Izquierda Unida Cantabria comienza este martes una serie de charlas informativas y espacios de acompañamiento dirigidos a los migrantes que afrontan procesos de regularización y trámites de extranjería en Cantabria. La charla tendrá lugar a las 18.30 horas en la sede de la organización, situada en la calle Isaac Peral 1, 1ºB, en Santander.

La iniciativa nace con el objetivo de ofrecer información práctica, orientación y apoyo ante las dificultades administrativas y burocráticas que afectan a muchas personas extranjeras, especialmente en cuestiones relacionadas con permisos de residencia, arraigo, documentación o acceso a derechos básicos, ha informado la formación política.

El coordinador general de IU Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha señalado que “muchas personas migrantes se encuentran atrapadas en situaciones de inseguridad administrativa que terminan traduciéndose en precariedad laboral, dificultades para acceder a vivienda o incluso situaciones de explotación”. Por ello, considera que “las organizaciones políticas y sociales tenemos también la responsabilidad de facilitar herramientas útiles, acompañamiento y espacios de apoyo mutuo”.

IU prevé desarrollar nuevas charlas y acciones informativas en distintos puntos de Cantabria durante las próximas semanas.

Igualmente, desde el colectivo cultural La Libre hacen un llamamiento a todas aquellas personas que necesiten orientación con sus trámites de regularización para que acudan a su local, en la calle Rampa de Sotileza, de Santander, cualquier jueves de 16.00 a 20.00 horas hasta el 25 de junio.

“No somos una gestoría ni una entidad oficial colaboradora de Extranjería: somos un espacio de acompañamiento gratuito para resolver dudas y realizar trámites juntes. Estaremos revisando documentación, ayudando con la reserva de las citas y acompañando en el proceso”, han señalado. Además, el colectivo informa que ha puesto a disposición el número 637 728 455 para atención por WhatsApp y el email: santanderregularizacion@gmail.com, para resolución de dudas.

Las colas se repiten estos días en distintos puntos de la provincia de Almería. Con la necesidad y la ilusión por encontrar un futuro más digno, a las puertas de servicios sociales, oficinas municipales y sedes de entidades sociales, decenas de personas esperan para conseguir uno de los documentos clave del proceso extraordinario de regularización abierto por el Gobierno hasta el próximo 30 de junio: el certificado de vulnerabilidad. Un escollo que está generando un cuello de botella para los migrantes y para quienes trabajan en la administración o las ONGs que están expidiéndolo.

No en vano, según estimaciones del tercer sector, en la provincia viven alrededor de 30.000 personas en situación administrativa irregular. La cifra, la más alta de Andalucía, que explica por sí sola el alcance de un proceso que, en apenas unos días, ha tensionado estructuras ya sobrecargadas desde hace años. Cada migrante ha de obtener el certificado de vulnerabilidad y presentar a su vez otros documentos ante el Ministerio de Inclusión Social, pero el plazo para lograrlo es de apenas 70 días.

De ahí que el proceso esté llevando al límite los recursos disponibles. “Ha habido muchísima afluencia en las oficinas municipales”, reconocen desde el Ayuntamiento de Níjar, uno de los municipios con mayor presencia de población migrante. “Se han visto colas muy largas, pero todo dentro de la normalidad”. En la misma línea, apuntan a que la situación se repite en otros puntos de la provincia como El Ejido, Roquetas de Mar o la capital.

Y es que el certificado de vulnerabilidad no estaba previsto hasta que el Gobierno lo introdujo por petición del Consejo de Estado. Por parte de Regularización Ya!, la plataforma que impulsó el proceso, se trató de evitar que este documento fuese necesario, al entender que si una persona carece de papeles, ya está de facto en situación de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, asumían que la expedición del certificado iba a tensionar los recursos sociales disponibles, como así ha sucedido en tierras almerienses.

Sin ir más lejos y a diferencia de Níjar, el Ayuntamiento de Almería, dice tener una presión mayor que otras localidades de la provincia en sus servicios comunitarios. “Está saturando el ayuntamiento”, explica la alcaldesa, María del Mar Vázquez (PP), que habla de una “masificación de personas en las calles” y de reuniones con la Subdelegación del Gobierno para reorganizar la atención. Por ello, dice, el Consistorio trabaja en habilitar un espacio específico para “ordenar toda esta masificación”.

El cuello de botella del certificado

Y es que el certificado de vulnerabilidad, uno de los requisitos previstos para aquellas personas que no pueden acreditar contrato de trabajo o arraigo familiar, está generando una cascada de problemas. Un documento que, sobre el papel, puede ser emitido por servicios sociales o entidades del tercer sector habilitadas. Pero en la práctica, se ha convertido en el principal obstáculo del proceso. “Es el gran tapón”, explica Juan Miralles, de Almería Acoge, una de las pocas organizaciones que está tramitando estos certificados en la provincia. “No somos capaces de darle la respuesta que deberíamos”.

La entidad reconoce que la avalancha de solicitudes les ha desbordado. “Nos ha superado”, admite Miralles, que vincula la situación a una “mala decisión desde el punto de vista de la normativa”: “Le hemos generado una necesidad a la que no están encontrando respuesta”. El problema, explica, no es solo de volumen, sino también de diseño. Cada solicitud requiere una mínima intervención profesional: entrevista, apertura de expediente y cumplimiento de la normativa de protección de datos. “Tardamos mínimo cinco a diez minutos por cada persona”, señala. “No podemos ponernos en la puerta y firmar papeles. Se trata de atender dignamente”.

Con ese ritmo, asumir un volumen potencial de decenas de miles de personas resulta inviable. “No podemos sacar adelante veinte o treinta mil personas”, lamenta. Además, la capacidad está muy concentrada. “Aquí en Almería básicamente lo estamos haciendo Almería Acoge y Cepaim”, explica Miralles. “Hay entidades que dijeron que sí, pero no lo están haciendo, y otras grandes que no se han sumado”.

La falta de recursos se traduce también en efectos visibles en el entorno. “Hay mucha concentración de personas y eso genera malestar”, reconoce, en referencia a quejas vecinales y tensiones en los barrios donde se ubican estas entidades. “Y luego están los de siempre, que se dedican a esparcir odio con cualquier excusa”.

Dudas y falta de instrucciones

Porque la situación no solo afecta a las entidades que ya están tramitando certificados, sino también a aquellas que aún no han empezado. Como muchos de los migrantes en situación irregular trabajan en el primer sector, COAG Almería es la organización agraria que puede participar en el proceso pero que todavía no ha comenzado a emitir estos informes. “No tenemos muy claro cómo hacer ese informe”, reconoce su secretario provincial, Andrés Góngora. “Nos faltaba saber qué tenemos que poner”.

Góngora confirma que están en contacto con la administración para resolver dudas y que previsiblemente se incorporarán al proceso en breve. Pero admite que el principal problema es ese requisito concreto: “Lo demás es un trámite bastante fácil”. También cuestiona el propio concepto de vulnerabilidad en este contexto. “Por el mero hecho de no tener documentación ya es una situación de vulnerabilidad”, apunta.

Desde COAG, además, exploran otras vías dentro del proceso, como la posibilidad de regularización a través de precontratos vinculados a explotaciones agrícolas. “Existe la posibilidad de hacerlo mediante precontrato”, explica, en un territorio donde el sector agrario concentra buena parte de la mano de obra migrante. Mientras tanto, constatan un interés creciente. “Sí hay bastante interés”, señala Góngora. “La persona que no tiene documentación quiere hacerlo ya, quiere ser el primero”.

Confusión y “mercadeo”

Sobre el terreno, la falta de información y la presión por acceder al proceso están generando dinámicas paralelas. Mustapha Ait-Korchi, un migrante que lleva más de 30 años en España, acompaña a otras personas en este proceso y describe un escenario de confusión generalizada. “Hay gente migrante que ni siquiera conoce esas organizaciones”, explica. “Han dejado a la gente perdida”.

En ese contexto, advierte de la aparición de prácticas irregulares en torno a la tramitación. “Se está mercadeando con un certificado que en principio iba a ser gratuito”, señala. “No es traficar directamente, pero es traficar”. Describe un sistema informal de intermediación en el que distintos actores canalizan solicitudes a cambio de dinero o control del expediente. “Imagínate un mercadillo: cada uno está vendiendo su producto”.

Para Mustapha, el problema de fondo es el propio enfoque del requisito. “Pedir ese certificado es lo más estúpido que he escuchado en todos los años que llevo en España”, afirma. “Aquí no hay una situación de vulnerabilidad, hay una situación de explotación. Esa gente está trabajando en la economía sumergida, no viviendo de la caridad”, añade. “Lo que está en situación de vulnerabilidad es la legislación laboral, que se está pisoteando todos los días”. Ante la situación, asegura que recomienda a las personas que no se precipiten. “Les digo que no entren en ese mercadillo”, explica.

Dudas de los trabajadores sociales

A todo lo anterior, hay que sumar las dudas que emergen en los profesionales que se encargan de expedir estos documentos tanto desde el tercer sector como desde la Administración Pública. De hecho, el Consejo General del Trabajo Social (CGTS) ya había advertido del impacto que este proceso podía tener en los servicios sociales, especialmente en territorios con alta concentración de población migrante como Almería. Una opinión que comparte el Colegio que aglutina a estos profesionales en Almería ya que desde los servicios comunitarios reconocen estar al borde del colapso por la avalancha de peticiones. Fuentes del sector alertan también del riesgo de que la intervención profesional quede reducida a la mera emisión de certificados.

Por otro lado, recuerdan que la situación administrativa irregular implica en sí mismo un factor estructural de vulnerabilidad, al limitar el acceso a derechos básicos, y reclama refuerzos de personal y criterios homogéneos para evitar desigualdades territoriales. De esta forma, con miles de personas potencialmente afectadas y un plazo limitado, el proceso de regularización avanza en Almería entre colas, reorganizaciones administrativas y entidades desbordadas.

Mientras las administraciones se mueven entre la normalización y el reconocimiento de la saturación, y el tercer sector asume gran parte de la carga, el certificado de vulnerabilidad se ha convertido como el principal cuello de botella de un procedimiento que pretendía agilizar el acceso a la residencia, en una zona especialmente tensionada como lo es Almería. “Le hemos generado una necesidad a la que no estamos sabiendo dar respuesta”, sentencia Juan Miralles.

El Gobierno ha acusado este martes al Partido Popular de “boicotear” los trámites que necesitan los migrantes para acceder a la regularización extraordinaria impulsada de las Moncloa impidiendo que los ayuntamientos gobernados por el partido de Alberto Núñez Feijóo hagan las gestiones oportunas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de migraciones y portavoz del Ejecutivo ha asegurado que hay “ayuntamientos que siguiendo directrices políticas del PP están boicoteando las esperanzas y los derechos” de los migrantes.

“El PP está solo y desdibujado en su boicot”, ha añadido Saiz, que ha matizado, no obstante, que “el procedimiento está perfectamente regulado”. Como ejemplo ha puesto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, “que ha verbalizado que no va a colaborar con la regularización”. “¡Qué incoherencia!”, ha espetado, haciendo alusión al hecho de que el gobierno municipal madrileño presuma de acoger a miles de personas latinoamericanas. “Por encima de todo están la sociedad civil, la Iglesia católica, las entidades sociales y miles de ciudadanos que tienen ilusión”.

Saiz ha añadido que el de esta semana se están dando “los primeros días de un procedimiento enorme, muy garantista y muy trabajado”. “Quiero compartir mi empatía con las personas que están con un comportamiento ejemplar aguantando las colas”, ha dicho, además de lanzar su “agradecimiento a los funcionarios” y “también a los ayuntamientos que están colaborando, poniendo recursos, con garantía de servicio público”.

Este mismo martes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, había reprochado a las administraciones controladas por el PP, especialmente a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que estén haciendo “lo posible y lo imposible” por “boicotear” el proceso de regularización de migrantes aprobado por el Ejecutivo central. “Hemos escuchado con nitidez que el PP va a poner todas sus energías en boicotear un proceso tan justo, tan importante y tan positivo para la sociedad como es este proceso de regularización. Por lo tanto, lo que están encontrando son herramientas para hacerlo”, ha lamentado Martín en declaraciones a la prensa.

Martín ha explicado que los migrantes que quieran acogerse a la regularización deben demostrar un “proyecto laboral” o utilizar la vía familiar para quienes “tengan una familia o un proyecto familiar que pueda acreditar”. Al margen de estas dos posibilidades, el delegado ha recordado que existe la tercera vía que es la de la vulnerabilidad, para la cual las personas migrantes deben descargarse un modelo en la página web del Ministerio de Inclusión que tanto las entidades sociales como los servicios municipales de los Ayuntamientos pueden sellar.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha apuntado que la regularización extraordinaria de migrantes aprobada este martes en el Consejo de Ministros podría beneficiar a unas 2.000 personas que residen en la comunidad autónoma con anterioridad al 1 de enero de 2026.

Casares ha defendido el proceso de regularización como una “extraordinaria noticia” y ha subrayado que se trata de una cifra estimada, algo en lo que coindicen las entidades sociales: “El número de personas en situación administrativa irregular podría ser mayor, dado que muchas de ellas no figuran en registros oficiales o se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad que dificultan su contabilización”, han señalado desde la Coordinadora Cántabra de ONGD, consultada por elDiario.es.

La construcción y el empleo doméstico -junto a la hostelería, el comercio y el transporte y almacenamiento- son los sectores donde la presencia migrante, tanto en Cantabria como en el conjunto de España, es más notable, según el informe de UGT 'Desmontando prejuicios y estereotipos. Población de nacionalidad extranjera en Cantabria' presentado a finales de 2025.

Marruecos y Colombia son igualmente los países de origen de una gran parte de la población migrante que reside en Cantabria, junto a otras nacionalidades de América Latina como Perú, Venezuela y Bolivia, según confirman desde la Coordinadora cántabra.

Yulieth (33 años, Colombia) llegó hace un año y un mes a España, el mismo periodo que lleva sin ver a sus dos hijos, de 15 y 7 años. Trabaja limpiando casas por las mañanas y por las tardes estudia un grado medio de Estética y Belleza en el IES El Alisal de Santander.

En Cantabria ha contado con el apoyo de familiares que llevan más de dos décadas residiendo en la comunidad y gracias a ello no le ha faltado “techo y comida” en las situaciones más extremas, pero admite que hubo un tiempo en que estuvo “a punto de tirar la toalla”, volver a su país y renunciar a sus aspiraciones de poder ofrecer un mejor futuro a sus hijos. “En Colombia estudié logística portuaria, contabilidad y finanzas. Trabajé siempre en empresas. Me quedé sin trabajo y eso me hizo tomar la decisión de venirme”.

Para Yulieth, la obtención de papeles considera que le abriría muchas puertas: “El poder reencontrarme con mis hijos, lo primero, y también en términos laborales el tener los mismos derechos que otras personas”, asegura. “Yo vivía en Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, Cali. Es una zona muy violenta. Es un sitio muy bonito, pero pesa mucho la violencia y la inseguridad. Eso es una de las cosas que me gustó de Santander, la seguridad”, relata.

Su primer trabajo fue como empleada del hogar interna, “un reemplazo en una casa de Castro Urdiales” donde, según asegura, “se portaron muy bien”. A la pregunta de si se trataba del cuidado y acompañamiento de personas mayores, casos bastante habituales en regiones como Cantabria, con una alta tasa de envejecimiento, Yulieth responde que no. Más bien todo lo contrario, era “una familia con un chico mayor de edad. Yo tenía que hacer la limpieza de la casa, la comida, atender al perrito...”. Tras esa primera experiencia cuenta que estuvo dos meses sin trabajar. “Tocaba puertas pero me decían que necesitaban personas con documentos porque si no podían coger una multa”.

De tanto intentarlo, dice, le salió el trabajo de limpieza actual. “Es un trabajo duro y para uno que no tiene papeles está mal pagado. Estoy en varias casas”, remarca. En definitiva, ante la posibilidad de regularizar su situación piensa en “la tranquilidad que supondría, por fin”. Asegura sentirse “muy contenta”, por ella y por todas aquellas personas que como ella “han venido a trabajar, a cumplir sus metas y anhelos y van a poder tener los mismos derechos de cualquier otro ciudadano”.

El alto coste de las solicitudes   

Wassima (36) y Yassine (43), naturales de Tánger (Marruecos), han encontrado en el centro social Smolny, en el barrio de Entrehuertas de Santander, una red de apoyo vecinal a la que acuden casi a diario con sus tres hijos, de 3, 6 y 10 años. Wassima perfecciona su español y estudia en Las Escuelas Verdes mientras los niños juegan y participan en talleres infantiles junto a otros pequeños del barrio.

Aunque la familia llegó a España el 28 de mayo de 2025, su marido, Yassine, vivió aquí en una etapa precedente, entre 2002 y 2012. Incluso residió por un tiempo en un centro de menores de Parbayón, donde estudió jardinería y carpintería a través de la asociación Amica. Ya siendo mayor de edad tuvo varios empleos en jardinería, ganadería y en una empresa de construcción de Reinosa. Todos con contratos de trabajo, ya que por aquel entonces su situación era regular. De hecho, tiene cotizados cerca de tres años a la Seguridad Social. “No sé si será verdad, pero me han dicho que si me dan los papeles puedo recuperar esos años cotizados”, dice ilusionado.

Motivos personales le llevaron a regresar a Marruecos y estuvo allí 13 años antes de volver a España. En ese periodo conoció a Wassima y formaron una familia. Actualmente viven de sus trabajos temporales, por días sueltos o semanas, en la construcción. “Son cosas muy temporales, trabajo 'en negro', chapuzas, reformas de pisos, poner un suelo... también trabajo con feriantes, montando y desmontando estructuras”, añade. “Solo queremos tener los papeles para poder trabajar legalmente, como todo el mundo, para poder cotizar”, sostiene.

Los trámites para ellos son algo más complicados y costosos debido al idioma. Solo la traducción jurada del árabe al español de parte de los documentos imprescindibles para iniciar la solicitud (certificado de nacimiento de sus hijos y de antecedentes penales), apenas cuatro páginas, tiene un coste de más de 120 euros. A eso hay que añadir la tasa administrativa de 38,28 euros que ha de abonar toda persona que quiera optar a esta regularización extraordinaria.

Yassine coincide con Yulieth en que las expectativas de regularizar su situación. Para él se traduciría en alcanzar “la tranquilidad de tener los mismos derechos que cualquier persona”. Trabajar indocumentado, dice, te expone a “muchos abusos, impagos e inseguridad”. En referencia a declaraciones políticas que dice escuchar con frecuencia últimamente, sostiene: “Claro que hay marroquíes malos, pero decir que todos somos delincuentes es muy injusto”, lamenta.

Cómo iniciar el procedimiento

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España ha lanzado un portal web específico con toda la información necesaria para facilitar la tramitación de la regularización extraordinaria. Este sitio web permite verificar si se cumplen los requisitos legales mediante un simulador y cuenta con vídeos explicativos y guías de preguntas frecuentes.

Los interesados pueden gestionar citas previas gratuitas, obtener modelos de documentos oficiales e iniciar trámites telemáticos de forma segura. Además, el portal proporciona un listado de entidades colaboradoras y colegios profesionales de abogacía que brindan asesoramiento jurídico durante el proceso.

De otro lado, entidades sociales como CEAR han creado infografías explicativas a modo de resumen de todo el proceso administrativo y con el objetivo de facilitar la comprensión a aquellas personas que quieren optar a la regularización.

Asimismo, se puede pedir cita previa para cursar la solicitud de forma presencial en el teléfono 060. La atención es en español, en horario de 09:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas de lunes a viernes.

La tramitación presencial en Cantabria, que estará habilitada solo por las tardes, desde las 16.00 hasta las 19.00 horas, podrá realizarse desde el 20 de abril -siempre con cita previa- tanto en la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (calle Calvo Sotelo), como en las oficinas de Correos de Santander (plaza Alfonso XIII y c/ Vargas) y Torrelavega (c/Julián Ceballos).

El Ayuntamiento de Santander, por su parte, ha tardado menos de 24 horas en difundir su malestar y alertar del “riesgo de colapso” existente tras atender, según aseguran desde el Consistorio, “más de 100 consultas presenciales” sobre el proceso de regularización el jueves 16 de abril. Cabe destacar que en la misma nota de prensa no se ha detallado ninguna otra cifra del volumen habitual de consultas ciudadanas que se atienden a diario en las distintas dependencias municipales y que permita contrastar, de algún modo, esa alarmante saturación descrita.

En la misma línea se ha expresado la presidenta de Cantabria, María José Sáinz de Buruaga, al adelantar que, cuando se dé “la más mínima posibilidad”, el Gobierno cántabro recurrirá la regularización aprobada por el Consejo de Ministros por considerarla “una absoluta temeridad y el mayor coladero de la historia” de España.