El Parlamento Europeo ha aprobado el acuerdo alcanzado con los Veintisiete para reforzar el sector vitivinícola de la Unión Europea con nuevas medidas de apoyo financiero, mayor flexibilidad ante crisis de mercado y cambios en las normas de comercialización que permitirán, entre otras novedades, etiquetar como “sin alcohol 0,0%” los vinos con menos del 0,05% de graduación.

La propuesta salía adelante auyer martes por amplia mayoría, 625 votos a favor, 15 en contra y 11 abstenciones, tras el pacto provisional sellado el 4 de diciembre del año pasado que, según la Eurocámara, pretende responder a los desafíos que atraviesa el sector y facilitar la apertura de nuevas oportunidades comerciales.

Las nuevas disposiciones, que deberán ser aprobadas formalmente por el Consejo antes de su entrada en vigor, precisan que los productos con una graduación inferior al 0,05% podrán identificarse como “sin alcohol 0,0%”, mientras que aquellos con más de un 0,5%, pero al menos un 30% menos de contenido alcohólico que el estándar de su categoría deberán comercializarse como “reducido en alcohol”.

Además, el texto introduce mayor flexibilidad financiera para que los productores ajusten la oferta a la evolución del mercado y puedan reaccionar ante crisis provocadas por fenómenos meteorológicos adversos, desastres naturales o brotes de enfermedades vegetales, ampliando el uso de fondos europeos para medidas de gestión del potencial productivo.

En concreto, se permitirá destinar estos recursos al arranque permanente de viñedo, a la destilación de crisis y a la cosecha en verde, y se fija en el 25% el límite máximo de financiación nacional que cada Estado miembro podrá dedicar a estas actuaciones sobre el total de fondos disponibles.

Promoción y exportación

La reforma refuerza asimismo el apoyo al enoturismo como vía de diversificación económica en zonas rurales y mejora las condiciones para la promoción de los vinos europeos en terceros países, de manera que las actividades de información y promoción, como campañas publicitarias, participación en ferias o estudios de mercado, podrán recibir hasta un 60% de financiación comunitaria.

Un porcentaje que, según señala la Eurocámara, podrá incrementarse con aportaciones nacionales de hasta el 30% en el caso de pequeñas y medianas empresas y del 20% para las de mayor tamaño, y las ayudas podrán concederse durante un periodo inicial de tres años prorrogable en dos ocasiones hasta alcanzar un máximo de nueve.

Con este conjunto de medidas, la normativa busca adaptar el marco regulador a la evolución del consumo y a las nuevas demandas del mercado, en un contexto marcado por la caída de la demanda en algunos Estados miembro y el impacto creciente del cambio climático en la producción.

La eurodiputada 'popular' Esther Herranz García, principal responsable del informe, ha defendido que el acuerdo constituye “una respuesta eficaz a la crisis del sector”, subrayando que dota a los viticultores de herramientas para la promoción, la gestión del potencial productivo y la adaptación a las nuevas demandas del mercado, además de introducir mejoras sobre la propuesta inicial.

Entre los cambios introducidos, ha destacado la financiación con fondos europeos del arranque permanente de viñedo y la cobertura total de intervenciones colectivas frente a enfermedades contagiosas, así como la revisión periódica del sistema de autorizaciones de plantación y la ampliación de las campañas de promoción hasta un máximo de nueve años.

La Guardia Civil de Ciudad Real ha inmovilizado en un comercio mayorista de la provincia una partida de 5.496 envases de refresco preparados para ser distribuidos, por incumplir la normativa general en materia de etiquetado de productos alimenticios.

Con motivo de los diferentes operativos encaminados al control fiscal y aduanero en la provincia de Ciudad Real, efectivos de la Guardia Civil del Destacamento de Fiscal y de Fronteras realizaron varias inspecciones administrativas en comercios mayoristas de la provincia, dedicados a la distribución de bebidas, descubriendo en uno de ellos que se estaban comercializando refrescos de una conocida marca internacional, sin estar etiquetados en la lengua oficial, contraviniendo lo estipulado en la Norma General sobre etiquetado y la defensa de los consumidores.

Tras realizar un recuento, fueron inmovilizados 5490 envases de refrescos que provenían de Alemania que han quedado depositadas en las instalaciones del distribuidor a disposición de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Ciudad Real. En principio los refrescos inmovilizados no comportan riesgo o efectos nocivos para la salud, pero dicha medida se tomó por precaución ya que un etiquetaje claro y correcto ofrece las garantías necesarias a los consumidores.

Además, se ha comprobado que la introducción de estos refrescos lleva aparejados unos costes de distribución inferiores a los precios de compraventa a través de distribuidores oficiales del producto intervenido, por lo que se podría también incurrir en alguna otra infracción de carácter tributaria, por posible introducción paralela de productos.

Los agentes han conseguido localizar a una de las empresas que introduce y distribuye estas bebidas a empresas distribuidoras de la provincia, aunque continúan con la investación al objeto de poder localizar a otras de estas empresas introductoras.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado “esencial” el hecho de “proteger y defender etiquetados sencillos para el vino, lo más comprensibles posibles y, desde luego, a salvo de las amenazas que muchas veces se plantea desde el terreno de la salud”, ya que “en realidad es parte sustancial de la dieta mediterránea”, considerada como “una de las más importantes del mundo”.

Así lo ha puesto de relieve el jefe del Ejecutivo autonómico en la ciudad italiana de Venecia, donde ha tomado parte en la reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones, en el punto del orden del día dedicado al vino, una cumbre en la que ha estado acompañado por el vicepresidente Segundo de la Junta, José Manuel Caballero; el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; y la directora general de Asuntos Europeos, Nazaret Rodrigo.

El presidente ha defendido los intereses del sector vitivinícola por estar “en la raíz de Europa, cultural y socialmente hablando” y del que dependen en la Comunidad Autónoma miles de familias, “muchas de ellas agrupadas en cooperativas, que es un modelo extraordinario y que defendemos”.

En su intervención en este foro europeo formado por los responsables políticos de todas las regiones del continente, Emiliano García-Page ha resaltado la importancia del sector vitivinícola, no solo para la Comunidad Autónoma, responsable del “9 por ciento de la producción mundial de vino”, sino también para España y Europa. “Tenemos el viñedo más importante” del continente, ha proseguido, “con más de 450.000 hectáreas, de las cuales 60.000” se corresponden con “la mayor superficie de viñedo ecológico”, ha precisado.

Por todo ello, Emiliano García-Page ha concluido que sería “un problema muy serio no cuidar y no promocionar” dicha actividad, de la misma manera que ha considerado “indispensable la defensa del viñedo tradicional” del que depende “en buena medida, la supervivencia de muchas poblaciones” del territorio regional, nacional y europeo, por su importancia en el “asentamiento y distribución poblacional”, ha informado la Junta en nota de prensa.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el real decreto por el que se modifica la norma de calidad relativa a la miel, estableciendo la obligación de indicar en el campo visual principal de la etiqueta el porcentaje que representa cada uno de los países de origen de la miel, en el caso de las mezclas.

En concreto, esta modificación, que entrará en vigor el 14 de junio de 2026, se ha llevado a cabo con el objeto de incorporar a la legislación nacional las modificaciones introducidas en la directiva de la Unión Europea, relativas a la miel, a los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana y las confituras, jaleas y 'marmalades' de frutas, así como a la crema de castañas edulcorada, destinadas a la alimentación humana, impulsadas durante la Presidencia española del Consejo en el segundo semestre de 2023 y culminadas en 2024.

Con la incorporación de esta modificación a la legislación nacional, se pretende proteger y aumentar la competitividad de las mieles de origen español y reforzar el mercado nacional, al dotarlo de mayor transparencia e información, y posicionar los productos frente a las mieles importadas.

Con este cambio se elimina la variedad miel filtrada y se establece que, aquella a la que se le haya retirado una parte importante del polen, será considerada miel para uso industrial, y no podrá comercializarse directamente al consumidor final, ya que el polen es un componente clave de la miel y proporciona un vínculo con su origen botánico.

Además, deberá mencionarse en la etiqueta el país de origen en que la miel haya sido recolectada, mientras que si la miel procede de más de un país, deberán mencionarse en la etiqueta los países de origen en que la miel haya sido recolectada, en el campo visual principal, en orden decreciente de proporción en el peso, junto con el porcentaje que representa cada uno de los países de origen.

Mientras que en el caso de los envases que contengan menos de 30 gramos netos de miel, los nombres de los países de origen podrán sustituirse por un código compuesto por dos letras, de conformidad con la última versión de los códigos de dos letras de la norma internacional ISO 3166-1 (alfa-2) en vigor.

Según recoge la norma, los productos comercializados o etiquetados antes del 14 de junio de 2026 de conformidad con la redacción anterior de esta norma podrán seguir comercializándose hasta que se agoten las existencias, siempre antes de transcurrir 18 meses desde esa fecha.

El Parlamento Europeo afrontará este martes un debate para que los productos que llevan miel en su elaboración o composición incluyan en su etiquetado tanto la cantidad de miel como de qué país procedes esta miel, una petición largamente demandada por el sector productor castellanomanchego.

El pleno examinará una propuesta sobre el etiquetado de varios productos agroalimentarios, entre ellos la miel, que busca ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas y elegir opciones saludables.

Según publica el Parlamento Europeo, dado que los consumidores muestran particular interés por el origen geográfico de algunos productos, los eurodiputados quieren que el país de origen de la miel y las frutas utilizadas para la fabricación de zumos y mermeladas aparezca en su etiqueta delantera. Si provienen de más de un país, deben aparecer en orden descendente en función de su peso en el total.

En el caso de la miel, la propuesta pretende “atajar el fraude de la miel, incluido el uso de jarabes de azúcar que son muy difíciles de detectar”, para ello los eurodiputados proponen un sistema de trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro para rastrear el origen de la miel. Los apicultores de la UE con menos de 150 colmenas estarían exentos de aplicarlo.

El presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, Ángel Marco, considera “bastante interesante” la propuesta ya que “así el consumidor podrá elegir con más conocimiento”.

“Va a ser mejor también para el sector apícola”, ha señalado este apicultor, convencido de que aunque esta decisión tal vez no salve el mercado de la miel, que en este momento está bastante complicado, pero es “otra forma de que el consumidor sepa lo que compra, y eso es lo más importante”.

Para Marco, esta decisión supone “un adelanto” más para llegar a saber lo que quiere todo el mundo, que no es otra cosa que saber lo que se compra.

Una larga batalla

El sector apícola lleva peleando desde el 2015 para que el envasado de la miel lleve incluido su etiquetado, y si bien hace dos años se realizó una reforma en la que ya se contempla que en dicho envasado figuren los países de donde procede el producto por orden descendente, el sector exigía que viniera también el porcentaje de cada país, algo que por lo que sabe no se incluye todavía, aunque sí que venga dicho porcentaje en otros productos.

También ha reconocido que desde que España tiene la presidencia de la Unión Europea se está “peleando y presionando” también para que productos como la miel cuenten con un etiquetado correcto, una pelea que data de hace tiempo y que debe continuar para que se contemple también la inclusión de los porcentajes, algo que por el momento no se va a poner.

En todo caso, Marco ve con satisfacción que poco a poco a nivel europeo se estén dando pasos en este línea, algo que no solo pasa en España sino en otros países, donde los consumidores también se están dando cuenta y están exigiendo saber lo que compra.

“Cada vez tiene más valor para el consumidor conocer la trazabilidad del producto que compra y el consumidor va a poder elegir”, ha señalado.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reivindicado este viernes la unión del sector vitivinícola para que se consiga una “voz común” sobre el vino en Europa.

“Hay que fortalecer las plataformas que nos den unidad y voz en las instituciones europeas”, ha argumentado García-Page, que es también presidente de la Asamblea de la Regiones Vitivinícolas de Europa (AREV) y que ha participado este viernes en Toulouse (Francia) en la jornada de apertura de los actos de conmemoración del Día Europeo del Vino. Un evento al que ha acudido junto al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez y a la directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco.

Según ha informado la Junta, el presidente ha considerado que los dos principales retos a los que se enfrenta el sector son, por una parte, la tensión permanente entre la legislación sanitaria, la agraria y el consumo. “Es bastante incomprensible que todavía hoy tengamos que estar a la defensiva en torno al etiquetado del vino, cuando los esfuerzos por la mejora de la calidad son extraordinarios”, ha señalado.

El segundo de los retos es para Emiliano García-Page la regulación que se está llevando a cabo en la Unión Europea sobre los fitosanitarios, un debate que se debe llevar “con consenso, diálogo y sentido común porque nos jugamos el valor patrimonial, natural y ecológico de la viña”.

“Mi tierra es la cuna de don Quijote, que es el libro más leído tras la Biblia y en él se menciona hasta en 43 ocasiones al vino y en la Biblia, muchas más”, ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, al tiempo que ha reconocido que “el vino es el alimento, el producto que más enraíza la cultura de un pueblo”.

La sostenibilidad como obligación

En este sentido, se ha mostrado convencido de que Europa debería tener presente que la sostenibilidad no es una opción, es una obligación, y que ésta debe ir de la mano de la sostenibilidad ambiental, económica y cultural.

García-Page ha aprovechado para alzar su voz en contra de los populismos que rebaten estas cuestiones y ha insistido en la necesidad de ir caminando juntos en Europa y “dar ejemplo en el planeta haciendo los esfuerzos que no se hacen en otros lugares”.

El jefe del Ejecutivo regional ha invitado a ser sensible, pero sin “ingenuidad”. Así, ha considerado que todo el mundo se ve perjudicado con el cambio climático, si bien también ha señalado que “deberíamos plantearnos que la mejor manera de contraatacar un fenómeno es averiguar quién se beneficia del mismo”.

El también presidente de la AREV, que ha reivindicado la viña como un auténtico patrimonio natural del ecosistema, pues “sin ella mi tierra sería un desierto”, ha garantizado que desde la Asamblea de las Regiones Vitivinícolas de Europa también se va a proteger el viñedo en pendiente, ya que se trata de una demanda muy reiterada.

Por último, ha tenido palabras de reconocimiento para la ciudad de Toulouse, Capital Europea del Vino en 2023, por la organización de estas jornadas.

-----------------

Queremos seguir haciendo periodismo independiente

Necesitamos tu apoyo para seguir elaborando contenidos de calidad y practicando periodismo a pesar de todo.

Puedes darte de alta como socio o socia. Si ya lo eres, entra en tu panel personal y puedes destinar una cuota específica a tu edición más cercana, la que te acerca a Castilla–La Mancha. Tenemos un vídeo en nuestro canal de Youtube que explica cómo hacerlo.

Hazte socio, hazte socia y colabora con tu edición local.

Llamamos gluten al conjunto de proteínas que están presentes en las harinas de los cereales de secano, tales como el trigo, pero también la cebada y el centeno, así como sus variados híbridos: espelta, escanda, kamut, triticale y farro.

Pero el gluten es conocido por las intolerancias que provoca, que es su grado más alto se denominan celiaquía —se cree que esta es de carácter genético—. La celiaquía es una enfermedad realmente poco diagnosticada y conocida: algunos cálculos aseguran que solo el 50% de las personas afectadas están diagnosticadas y que muchas de ellas terminan por autodiagnosticarse e imponerse una dieta sin gluten, que acaba por mejorar su salud y hacer desaparecer los síntomas de malestar. El problema es que los síntomas son muy variados y poco estudiados y pueden ir desde malestares intestinales, con diarreas o vómitos, hasta el desarrollo de enfermedades autoinmunes según las alteraciones que pueda sufrir la flora intestinal.

Incluso se estudia la celiaquía en relación a la neurología —se de nomina neurogluten— que, de darse, puede llegar a derivar en depresiones crónicas o en enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer, así como el autismo. El origen estaría en diversos compuestos neurotóxicos que se encuentran en las gliadinas, una de las dos fracciones proteicas del gluten. La otra son las gluteinas. No obstante, por el momento, los estudios no han terminado de confirmar estos vínculos y, por tanto, el alcance de la repercusión de la celiaquía sobre nuestra salud psicológica y mental sigue siendo un misterio.

Pero no solamente cabe contar con los celíacos como las únicas personas afectadas por el gluten, también deben tenerse en cuenta los distintos grados de sensibilidad al gluten que sufren muchas otras y que les provoca desde hinchazón de estómago hasta cansancio o desarreglos intestinales, aunque no tan graves. Por lo tanto, para muchas personas con distintos grados de sensibilidad y afectación por la presencia de gluten en alimentos es importante estar informados sobre aquellos que lo contienen y los que no.

A este respecto, hay una norma que debe cumplirse estrictamente. Pero más allá de la misma, también hay etiquetados que aprovechan la mala fama de esta fracción proteica de las harinas para mejorar su imagen de un modo innecesario y contrario a la legislación. Todos estos etiquetados, así como una cierta moda contraria al gluten y que predica que prescindir de él es un acto de depuración del cuerpo y del alma, han generado una gran confusión entre la población en general, dando lugar a creencias como la de que los huevos, la leche, los quesos, los yogures y otros alimentos frescos tienen gluten.

Lo cierto es que, en general, la mayoría de las personas que consumimos harinas o derivados de las harinas podemos vivir perfectamente sin las proteínas que nos aporta el gluten, ya que no completan todos los aminoácidos esenciales y, por lo tanto, las consideramos proteínas de baja calidad. Se pueden sustituir perfectamente con derivados lácteos, carnes o combinaciones de arroz con legumbres, por ejemplo.

Pero si no sufrimos ningún tipo de intolerancia ni somos personas celíacas, no tiene sentido ir a buscar alimentos que no tengan gluten meramente por el hecho de que sea una moda o creamos que esto va a causarnos algún tipo de beneficio. Debemos ser conscientes de que pagaremos un plus por estas etiquetas, ya que muchos de estos productos tienen procesados extra precisamente para eliminar el gluten porque están pensados para personas que sí son sensibles a él o son celíacas.

Alimentos con gluten: primarios y procesados

Como hemos comentado al principio, el gluten es un elemento proteico que solo se encuentra de forma natural en el trigo, el centeno y la cebada, así como los híbridos de trigo que dan lugar a harinas refinadas. A este respecto, la avena no tiene gluten, aunque puede contaminarse si es recogida junto con otros cereales que sí lo tienen, como el trigo, la cebada o el centeno.

Respecto a los cereales que no sean de secano, como el maíz o el arroz, debe aclararse que no tienen gluten, y a no ser que sufran algún tipo de contaminación cruzada en la cadena de procesado, no debe indicarse tal existencia. Tampoco tienen gluten los huevos ni la leche y, por tanto, tampoco sus derivados, como los quesos o los yogures. Y tampoco encontraremos gluten en las zanahorias, las cebollas, la remolacha, la escarola, la lechuga, ni ninguna otra hortaliza ni alimento vegetal que no sea alguno de los citados cereales de secano.

Entonces, ¿por qué esta preocupación creciente por identificar en las etiquetas la posible presencia de gluten? La respuesta debe encontrarse en primer lugar en las harinas, de modo que podemos decir que un pan de harinas de trigo, centeno o cebada va a presentar gluten. Y lo mismo puede pensarse de otros productos que se basan en harinas, como son los rebozados, las pizzas y todo tipo de productos de pastelería y bollería. También en la pasta italiana debe tenerse en cuenta la altamente probable presencia de gluten.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el gluten en sí mismo suele emplearse como un aditivo alimentario. El motivo son sus propiedades de elasticidad y capacidad de espesar mezclas líquidas. Precisamente esta elasticidad es la que confiere al pan su aspecto esponjoso y, de hecho, los panes realizados sin gluten suelen ser duros y planos, con muy poca miga.

Existe un proceso de lavado de las harinas con agua hasta quedarse con una masa con aspecto de chicle que es el gluten. Este puede emplearse tanto en salsas como en helados, en quesos del tipo fundido y en otros productos ultraprocesados, por lo que es importante que las personas intolerantes y celíacas puedan identificar claramente que el bollo o el helado que están apunto de comerse podría perjudicarles.

En los etiquetados de los alimentos ultraprocesados pueden aparecer los siguientes aditivos, denominados almidones modificados:

Todos ellos son susceptibles de contener gluten a no ser que se indique específicamente lo contrario.

Cómo determinar en el etiquetado que un producto contiene o no contiene gluten

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y nutrición (AESAN) es muy clara sobre cómo la ley determina el etiquetado de los productos que pueden estar afectados por la presencia de gluten. Para ello ello se basa en el Reglamento Nº 41/2009 de la Comisión Europea de 20 de enero de 2009. Este especifica lo siguiente en el caso de alimentos envasados:

Respecto a los alimentos no envasados, la ley también obliga a comunicar en caso de una posible o segura presencia de gluten en su composición, ya sea oralmente al consumidor final, en las especificaciones en la venta a distancia por internet o bien mediante un etiquetado prefijado en los casos de venta a granel o venta por minorista sin presencia del vendedor. En este último caso “el tamaño de letra de las etiquetas deberá ser, al menos, 1,2 mm con carácter general y 0,9 mm cuando la superficie mayor del envase sea inferior a 80 cm2”.

Sin gluten y muy bajo en gluten

No todos los alimentos, como ya se ha dicho, pueden llevar en su etiquetado la especificación “sin gluten”, o bien “bajo en gluten”. Esta se limita a unos productos concretos. En el primer caso, el reglamento indica que solo podrán llevar la etiqueta “sin gluten” aquellos productos que tengan análogos en el mercado en los cuales normalmente se detecte e indique la presencia de gluten.

Un ejemplo sería una pizza que se ha realizado específicamente para eliminar el gluten de sus harinas o para la que se han utilizado harinas que no contienen gluten. En tal caso es totalmente lícito indicarlo, ya que con ello se hace un servicio a las personas alérgicas e intolerantes. La legislación permite añadir esta etiqueta en productos que contengan menos de 20 mg de gluten por kilo de producto, siempre y cuando sean productos que cumplan con los requisitos para poder incluirla.

Respecto a la etiqueta “bajo el gluten”, esta solo se podrá utilizar en el caso de que el alimento haya sufrido un proceso para rebajar su cantidad normal de gluten, a fin de hacerlo más tolerable a personas sensibles, así como para prevenir a las celíacas. En estos casos, la legislación fija la cantidad máxima de gluten presente en 100 mg de gluten por kilo de producto.

Respecto a la avena, que, como ya hemos comentado, se contamina muy fácilmente por el contacto con otras harinas y granos de cereal, si desea contar con las menciones “sin gluten” o “muy bajo en gluten” deberá haber sido específicamente elaborada y preparada para evitar la contaminación por trigo, centeno, cebada o sus variedades híbridas, y su contenido de gluten no podrá sobrepasar los 20 mg/kg de gluten por kilo de producto.

Hacer la compra puede ser como una batalla. Las regulaciones sobre los productos de consumo, que son especialmente estrictas en la Unión Europea, nos garantizan que los productos del supermercado no van a provocarnos daños graves, al menos dentro de un consumo moderado. Sin embargo, a veces es difícil saber si un producto de alimentación o cosmética contiene ingredientes que, aunque sean legales, puedan causarnos problemas a largo plazo. 

Los consumidores nos enfrentamos a largas listas de ingredientes con nombres ininteligibles y no sabemos si son inofensivos. Esto llevó en 2017 a un grupo de emprendedores franceses, Benoit Martin, su hermano François y su amiga Julie Chapon, a crear Yuka, una aplicación móvil que escanea los códigos de barras de los alimentos y los cosméticos para dar una rápida puntuación codificada por colores sobre 100. Sólo hay que abrir la aplicación, escanear el código de barras del champú o el paquete de galletas y listo.

Un rápido vistazo muestra si un producto es potencialmente malo (verde es bueno, rojo es malo), aunque la aplicación también presenta un desglose que explica la puntuación, qué ingredientes encuentra cuestionables y ofrece sugerencias de alternativas. Yuka ha conseguido más de 30 millones de descargas, cuenta con seis millones de usuarios activos y se utiliza para escanear 2,2 millones de productos cada día.

Cómo funciona Yuka

Yuka es una app diseñada para la rapidez y la eficiencia. Al activarla, podemos escanear productos y obtener la información sin necesidad de pulsar ningún botón. La escala va desde el verde oscuro (75 a 100, la valoración más positiva) y el verde claro (50 a 75) hasta el naranja (25 a 50) y el rojo (0 a 25, la valoración más negativa). Al pulsar sobre la valoración, la app explica por qué el producto ha obtenido esa puntuación, junto con enlaces a investigaciones científicas que lo apoyan.

Las calificaciones de Yuka para los alimentos provienen de tres escalas ponderadas: un 60% de Nutri-Score, la escala propuesta por la OMS para los alimentos, que los clasifica de la A (mejor) a la E (peor), pero además factoriza un 30% de la puntuación basándose en qué aditivos contiene y el 10% se lo concede a los productos ecológicos frente a los que no lo son. 

Nutri-Score se utiliza en muchos países europeos, incluida Francia, y se basa en el sistema de perfiles nutricionales desarrollado por la Agencia Británica de Normas Alimentarias. Curiosamente el Reino Unido utiliza un sistema de etiquetado diferente, con un semáforo, mientras que en EEUU solo se usa la etiqueta con sus valores nutricionales regulada por la agencia FDA. 

Yuka proporciona algunas puntuaciones que pueden discrepar con este sistemas de medición. Por ejemplo, la Coca-Cola light es un 41/100 debido a sus aditivos, entre ellos el E950 acesulfamo de potasio, que en la actualidad está siendo revaluado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) por sus posibles efectos en la microbiota intestinal y el metabolismo. 

Yuka se enorgullece de ser totalmente independiente y objetiva en sus valoraciones, análisis y recomendaciones de productos. Sin publicidad dentro de la aplicación, la empresa genera sus ingresos a partir de una versión premium disponible para los consumidores que deseen funciones adicionales, así como de un programa de nutrición que se vende en su sitio web.

Los productos alternativos, que se recomiendan si un alimento se considera poco saludable, se seleccionan mediante un algoritmo que incorpora tres factores:

Las dudas sobre las recomendaciones de Yuka

Distintos analistas han mostrado su reticencia a aceptar ciegamente las recomendaciones de Yuka y otras aplicaciones similares. Por ejemplo, al utilizar la valoración de Nutri-Score solo de forma parcial, puede ocurrir que productos que contienen una gran cantidad de azúcar, como cereales de desayuno, aparezcan con una alta puntuación. Por otro lado, si en el alimento no aparecen las proporciones de fibra alimentaria desglosadas del total de hidratos de carbono también puede llevar a una valoración errónea.

La pérdida de puntos por el uso de aditivos también es objeto de controversia. Todos los aditivos aprobados por la Unión Europea para su uso en alimentación y cosmética han pasado estrictos controles y se encuentran en un constante proceso de revisión, como en el caso del acesulfamo de potasio. Sin embargo, como confirma la propia empresa, Yuka utiliza el principio de precaución, marcando como peligrosos aditivos en los que hay algún indicio de riesgo, sin necesidad de que se compruebe finalmente si el riesgo es real. Esto puede llevar a que un alimento se clasifique como malo porque contiene el edulcorante aspartamo, que según la OMS, la EFSA y la FDA es seguro en las cantidades usadas en alimentación, pero otro que contenga una gran cantidad de azúcar tenga una mayor puntuación.

Lo mismo ocurre con los colorantes alimentarios, especialmente el color rojo y el amarillo (los más usados), en combinación con el benzoato de sodio, un conservante, que en los primeros años 2000 tuvieron cierta notoriedad por estudios de población que los vincularon al aumento de los casos de hiperactividad en niños; una asociación que fue ampliamente desmentida en 2008, aunque Yuka no lo recoge.

¿Cambia Yuka la forma de comprar?

La facilidad de uso de la app, que se ha convertido en un fenómeno de masas en Francia, con 500.000 usuarios al día, hace pensar si está cambiando la forma de comprar de los consumidores, y si esto a su vez influirá en la conducta de los productores y distribuidores. 

En un esfuerzo por comprender mejor las repercusiones sociales y de comportamiento del aparente éxito de Yuka, una consultora de innovación con sede en París, Unknowns, realizó un estudio independiente. Participaron en el estudio seis hombres y doce mujeres de edades comprendidas entre los 26 y los 65 años. Los participantes procedían de distintos sectores profesionales: obreros, estudiantes, directivos y jubilados.

Se acompañó a cada participante a una tienda de comestibles de su elección, se les pidió que utilizaran la aplicación Yuka y que comentaran su elección de productos durante la compra. En la práctica, la consultora observó que Yuka simplificaba la experiencia de compra de los participantes y les ayudaba a justificar sus elecciones. Los productos más escaneados eran nuevos, ultraprocesados o habían sido asociados a un escándalo sanitario.

El estudio reveló que Yuka era especialmente eficaz cuando desaconsejaba determinados productos por la presencia de aditivos potencialmente nocivos. Sin embargo, cuando Yuka desaconsejaba un producto por sus altos niveles de grasa, sal o azúcar, la aplicación no parecía influir tanto. En este caso, algunos consumidores decidieron comprar el producto como “capricho”.

Los resultados también revelaron que, en algunos casos, los compradores decidieron no utilizar la aplicación. Los motivos de estas decisiones variaron: algunos dijeron que la aplicación les hacía sentir que se estaban privando de sus alimentos favoritos y que, si seguían las recomendaciones de Yuka, sentirían que habían perdido su autonomía. Otros dijeron que no querían que se les avisara cuando sabían que estaban tomando una mala decisión.

Otro estudio de la Universidad de Gante, en Bélgica, corrobora algunos de estos resultados y encontró, además, que los consumidores belgas eran aún más reacios a hacer caso a la app que los franceses. Los consumidores parecen elegir deliberadamente una alternativa menos sana por motivos que están relacionados con la tradición cultural, los hábitos familiares, las marcas conocidas o la negativa a alterar las rutinas alimentarias de sus familias.

En definitiva, por las características de la aplicación y la psicología de los consumidores, es más probable que Yuka provoque un temor infundado hacia los aditivos, mientras que se consideren menos importantes los riesgos asociados al consumo excesivo de azúcar.

Las cooperativas vitivinícolas de Castilla-La Mancha han mostrado su preocupación por la aprobación de la nueva ley de etiquetado de Irlanda, que entrará en vigor en 2026, y que deberá advertir de los efectos que el alcohol y, en este caso el vino, causa en la salud de las personas.

Desde Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha, el portavoz sectorial vitivinícola de la organización, Juan Fuente, ha lamentado que Irlanda “haya legislado por su cuenta sin tener en consideración la opinión del resto de países de la Unión Europea”, por lo que ha mostrado su desacuerdo con esta medida.

“Desde el sector estamos muy preocupados por esta medida. No tanto por lo que significa el mercado irlandés, que también, sino por el precedente que puede crear a medio-largo plazo en otros países de nuestro entorno”, ha criticado Fuente, quien ha asegurado que “será una catástrofe para el sector” si el resto de países de la Unión Europea comienza a aplicar medidas de este tipo.

El portavoz vitivinícola de Cooperativas ha recordado que el Comité Europeo de Empresas del Vino (CEEV) presentó ante la Comisión Europea una denuncia formal para que abra un procedimiento de infracción a Irlanda por el etiquetado del vino y se evite poner en marcha esta propuesta.

“Las condiciones de comercialización de nuestros vinos tienen que ser similares en todos los países miembros UE. Si hay que tomar una decisión, debe ser comunitaria, no nacional” ha manifestado Fuente.

Al hilo de la cuestión, Fuente ha comentado que el vino “es un alimento que forma parte de la pirámide de la dieta mediterránea, siempre que sea consumido con moderación” y que, además, “se trata de un producto no solo importante en lo económico, sino también en lo cultural y social”.

Nueva norma de etiquetado vino

Por otro lado, Fuente sí se ha mostrado favorable a la nueva norma de etiquetado de vino de la Unión Europea, que entrará en vigor en diciembre de 2023, y por la que se deberá mostrar en la etiqueta la lista de ingredientes y la valoración nutricional de los vinos.

“Nos va a llevar cierto trabajo adaptarnos a esta nueva norma, pero consideramos que toda información que se dé al consumidor es buena”, ha concluido.

Si echamos un vistazo a las estanterías de los pasillos de cualquier supermercado, en concreto en la sección de bebidas y zumos de frutas, nos daremos cuenta de la gran variedad y oferta de productos que tenemos a nuestra disposición. Zumos exprimidos, néctares o zumos concentrados son las variedades que podemos encontrar en España. 

Según los datos del estudio ANIBES de la Fundación Española de Nutrición (FEN), un 31,2% de los consumidores españoles ingiere algún tipo de zumo, sobre todo niños y adolescentes, que muestran mayor preferencia por las mezclas de zumo y leche, zumos envasados y néctares.

Aunque estos productos puedan parecernos más o menos iguales, si hacemos una lectura más detallada y minuciosa de la etiqueta podremos llegar a las verdaderas diferencias entre estos productos.

En qué se diferencian los zumos, los zumos concentrados y los néctares

Recurrir a la normativa puede ayudarnos un poco más a conocer las principales particularidades de estos productos, que vienen dadas sobre todo por el proceso de elaboración, pero también por el tipo de ingredientes autorizados así como el contenido de frutas y agua que contienen.

La ley clasifica estos productos en tres categorías comerciales:

1. Zumo de frutas: es el producto susceptible de fermentación, pero no fermentado, que se obtiene de las partes comestibles de frutas sanas y maduras, frescas o conservadas por refrigeración o congelación, de una o varias especies mezcladas, con el color, el aroma y el sabor característicos del zumo de la fruta de la que procede.

El azúcar que contiene es el que se encuentra de forma natural en la fruta (supone un 10% del total, y el 90% restante es agua o minerales que se extraen de la fruta entera exprimida).

A este producto se le puede reincorporar el aroma y la pulpa de la misma especie de fruta. Pero no está permitido incluir ni las semillas ni la piel de las frutas exprimidas, así como tampoco azúcares o edulcorantes. En el caso de los cítricos, el zumo de frutas procede del endocarpio, es decir, lo que conocemos como gajos, que son los que contienen la pulpa con el zumo y fibra comestibles.

2. Zumo a partir de concentrado: este producto se obtiene después de reconstituir con agua el zumo de frutas previamente concentrado (la eliminación de agua previa es de un 85%).

Este proceso suele realizarse bajo condiciones de presión y temperaturas que no dañe al zumo y mantenga las mismas características físicas, químicas, organolépticas y nutricionales del zumo de la fruta de la que procede. También puede reincorporarse el aroma, la pulpa y las células que procedan de la misma especie de la fruta. 

Es un producto que recibe un mayor tratamiento que el zumo de frutas. Al eliminar el agua presente en el jugo, el concentrado se puede conservar durante más tiempo. Al igual que el caso del zumo, por ley está terminantemente prohibido añadir azúcares.

3. Néctar de frutas: es el producto susceptible de fermentación, pero no fermentado, que se obtiene tras añadir agua, con o sin azúcares o miel añadidos, a los zumos o purés, concentrados o no.

La cantidad de contenido de azúcares o miel se autoriza si esta no supera el 20% del peso total del producto acabado. Los azúcares también pueden sustituirse, total o parcialmente, por edulcorantes. 

Según la normativa, solo puede declararse que no se han añadido azúcares a un néctar si no ha agregado ningún monosacárido, ni disacárido, ni ningún alimento usado por sus propiedades edulcorantes.

Debe tenerse en cuenta que solo la mitad de los néctares es zumo, el resto es agua y azúcar (o edulcorante), lo que nos alerta de que su consumo debe ser esporádico.

Para distinguir estos productos, la denominación legal que debe aparecer en el etiquetado es zumo de fruta o néctar. La principal diferencia entre las tres clasificaciones se basan sobre todo en que el zumo es 100% fruta; el néctar, además de fruta, lleva también una parte de agua (el mínimo de fruta que tienen que llevar es de un 50% y el resto es agua y azúcar añadido); el concentrado no podría calificarse ni zumo ni néctar porque llevan un porcentaje de fruta inferior al 50%. 

¿Pueden formar parte habitual de nuestra dieta?

Si bien la Federación Española de Nutrición reconoce que el zumo de fruta, no el néctar, puede suponer “una alternativa para complementar el consumo de frutas y verduras” y alcanzar la ingesta diaria recomendada (cinco raciones, es decir, 400 gramos por día y persona), no se debe abusar de su consumo.

La Asociación 5 al día limita su consumo en un vaso de zumo (unos 150-220 ml) al día, de manera que de las cinco raciones, solo una se ingiera en forma de zumo. En un documento de consenso, los expertos advierten que deben evitarse “declaraciones que hagan pensar al consumidor que la ingesta de más de una ración de zumo supone sumar otra ración de fruta”. 

El principal problema está, sobre todo, en que en el caso de los zumos y los concentrados, aunque no se añaden azúcares en su elaboración, sí encontramos los azúcares libres, es decir, los azúcares que están presentes de forma natural en frutas y hortalizas frescas y, por tanto, también en el zumo y que se caracterizan sobre todo por hacer subir el ácido glucémico en la sangre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja limitar el consumo de estos azúcares, en concreto a una cantidad menor del 10% de la energía total diaria, si bien la última evaluación que ha hecho la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre el tema advierte que “el consumo de azúcares añadidos y azúcares libres debe ser lo más bajo posible como parte de una dieta adecuada desde el punto de vista nutricional” ya que los datos los vinculan con varias enfermedades metabólicas crónicas, como la obesidad o la diabetes tipo 2.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines

“Decepcionante”, así califica el sector apícola español la propuesta de modificación de la Directiva de la Miel que ha hecho pública la Comisión Europea, y que llega tras años de demandas por parte de numerosas organizaciones agrarias y apícolas para que el consumidor tenga claro de dónde procede la miel que consume.

“Postureo legislativo” es otro de los adjetivos que le ha dedicado COAG mientras que Cooperativas Agroalimentarias de España ha manifestado “su profunda decepción y malestar ante la propuesta”.

Según COAG, tras meses de espera, la Comisión ha presentado un texto “absolutamente decepcionante” en el que no se contempla nada más allá de la obligación de mencionar en las etiquetas el país o los países de origen en los que la miel ha sido recolectada, “algo que ya es obligatorio en España desde 2020 y que no ha solucionado ni los problemas de importaciones masivas de siropes y sucedáneos de miel a nuestro mercado ni la existencia de mezclas sin orígenes comprobables en los lineales de las grandes superficies”, según Pedro Loscertales, responsable de sector apícola de la organización.

“Si bien el grave problema que existe en el mercado europeo de miel resulta de la confluencia de la aplicación de varias normativas comunitarias, lo cierto es que la modificación de esta Directiva suponía una buena oportunidad para la Comisión de demostrar un mínimo compromiso con el sector apícola, cosa que, desde nuestro punto de vista, no ha hecho”, ha declarado Loscertales. “Las empresas importadoras, envasadoras y comercializadoras de miel a gran escala estarán frotándose las manos con esta propuesta”, ha remarcado, a lo que ha añadido; “Parlamento Europeo y Consejo deberán demostrar en el trámite legislativo si están del lado de los consumidores y el sector apícola europeo o sirven a los intereses del lobby de la industria envasadora”.

Para la organización, si la propuesta de la Comisión no es enmendada por el Parlamento Europeo y/o el Consejo, no supondría prácticamente ningún cambio para el sector productor respecto a la situación actual, ya que no se plantea ningún cambio adicional a la exigencia de mención en las etiquetas del país o los países de origen en los que la miel ha sido recolectada. Nada sobre señalar en las etiquetas los porcentajes de los países de origen de las mieles en casos de mezcla o la aplicación de tratamientos térmicos indeseables. Tampoco sobre redefinir la “miel filtrada” para evitar que sucedáneos de miel (como las mieles ultrafiltradas) puedan seguir identificándose como verdadera miel en los lineales de las grandes superficies.

Para Loscertales, la propuesta “no aporta más que un titular en prensa que no conlleva cambios reales que protejan a las personas consumidoras y productoras de miel”, ha concluido el responsable de COAG.

Cooperativas Agroalimentarias

En el mismo sentido, Cooperativas Agroalimentarias, ha señalado que la Comisión Europea con esta modificación “no defiende la apicultura y a las apicultoras y apicultores ante las prácticas desleales, abusivas y poco transparentes de los importadores, los envasadores y la gran distribución, que utilizan la normativa de comercialización de miel para enmascarar su verdadero origen y confundir al consumidor”.

“Con esta proposición, la Comisión ignora los resultados del estudio de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Centro de Investigación Conjunta de la UE publicado hace unas semanas, que destaca que el 46% de la miel importada a la Unión Europea no es miel auténtica, ya que no cumple la normativa comunitaria, que la cifra se eleva al 74% en el caso de las importaciones desde China y al 93% desde Turquía. España importó en 2022 más de 37,5 millones de kilos de ”miel“ y la Unión Europea 342,3 millones de kilos, a precios muy por debajo de los costes de producción europeos”, ha recordado.

Ambas entidades confían en que la Presidencia Española de la UE en el segundo semestre del año cambie esta situación. “Esperamos que el Ministro Planas cumpla con lo expresado en pasadas semanas y lidere, durante la presidencia española de la Unión Europea, un cambio drástico de la propuesta en diálogo con el sector: así no nos sirve”, ha señalado Loscertales.

Cooperativas Agroalimentarias también ha confiado en el apoyo incondicional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al sector apícola, y en que reclame que el cambio de la Directiva de la miel recoja realmente las necesidades de la apicultura y la ciudadanía europea, tal y como ha manifestado y defendido durante los últimos años. “Para ello, es absolutamente necesario e irrenunciable que se incluya en el etiquetado de origen el listado de países con su porcentaje, se asegure que el origen indique, en todos los casos, el país de cosecha, la prohibición de la filtración para la eliminación del polen y de la deshidratación forzada de la miel para sustituir su maduración natural, así como la obligación de identificar las mieles sometidas a tratamientos térmicos elevados”, ha concluido.

Inspectores de Consumo de la Delegación de Desarrollo Sostenible y miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil han llevado a cabo en la provincia de Cuenca una campaña cuyo objetivo es luchar contra la falsificación, adulteración, venta, etiquetado, comercio o distribución ilegal de productos alimenticios y el fraude económico que de ello se deriva. Se han llevado a cabo más de 30 actuaciones, donde se han detectado once incidencias.

Las inspecciones llevadas a cabo en las últimas semanas y su objetivo principal han sido los productos de calidad diferenciada como son la Denominación de Origen Protegida (DOP), la Indicación Geográfica Protegida (IGP) o la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), así como bebidas alcohólicas y/o vinos, ha informado en nota de prensa la Guardia Civil.

No sólo se controlan productos con etiquetado de calidad diferenciada, sino también productos que sin acreditar dicho sello hiciesen referencia o utilizasen nombres similares.

Durante el operativo se han realizado más de treinta actuaciones inspectoras, donde se han detectado un total de once incidencias, aunque ninguna de ellas de especial relevancia.

Los incumplimientos revelados están en su mayoría relacionados con el formato del sello de calidad diferenciada de la Unión Europea utilizado para informar al consumidor del régimen de calidad del producto.

Según este comunicado, los datos obtenidos son valorados de forma positiva y se encuadran en la defensa de las figuras de calidad diferenciada como un elemento que favorece la diferenciación de la producción agroalimentaria contribuyendo a la valorización de estos productos por parte del consumidor, siendo, al mismo tiempo, un instrumento vertebrador en el desarrollo y sostenibilidad de los tejidos rurales, básico en una región como Castilla-La Mancha donde el peso de la producción agroalimentaria de calidad es cada vez más importante.

Saber de dónde viene la miel que compramos o si esa miel es pura de abeja sin haberse sometido a procesos de calentamiento es una verdadera prueba de salto de obstáculos.

Hasta cinco países, España, Portugal, Ucrania, Uruguay y Argentina, aparecen en algunas etiquetas como origen de la miel que se compra en un tarro de 500 gramos. Además, al no tener obligatoriedad de indicar porcentajes puede que tan sólo una parte ínfima de la miel sea española.

Las etiquetas tampoco están obligadas a especificar si la miel ha sido sometida a procesos térmicos, de calentamiento o filtrado, por lo cual el consumidor no tiene constancia de que esa miel llegue a él tal y como sale de la colmena.

Pedro Loscertales, responsable apícola de COAG a nivel estatal, lo tiene claro. Si el consumidor quiere tener la certeza de que la miel que consume es española y pura tiene que buscar en la etiqueta “miel origen España o irse al apicultor, porque hay muchísimos apicultores que venden en venta directa, en pequeño comercio, en gran comercio y, por lo tanto, hoy por hoy no es difícil encontrar miel directa del apicultor”.

Cambiar la legislación europea y española en materia de etiquetado es una de las principales reivindicaciones que tiene el sector apícola en estos momentos y ese empeño los ha llevado a protagonizar protestas por todo el territorio nacional.

Piden un cambio en la normativa aprobada el 2020 que, aunque mejora algo la anterior, no es suficiente. “En el año 2020, se definió que en las etiquetas se tenía que reflejar los países de procedencia de la mezcla que se incluía en la miel. Antes, lo que obligaba la legislación era sólo indicar mezclas de mieles de fuera y dentro de la Unión Europea”, señala Loscertales.

La reivindicación actual es que se indique el porcentaje de miel de cada uno de los países que se refiere en la etiqueta, porque puede tener tan sólo 1% de miel española y el resto de otros países, pero España puede figurar en primer lugar y eso puede confundir al consumidor.

“Pedimos también un cambio en el código aduanero de la Unión Europea (UE), en el código que permite prácticas como la que presentamos el informe en 2021, en el cual se veía que es posible que un país como China, introduzca miel en Portugal y el origen China desaparece, de ahí que estemos viendo que en estos momentos siete millones de kilos del año 2022 y cuatro millones de kilos del año 2021, que han entrado en España, no sepamos dónde están”.

Demanda que se ponga freno a esta triangulación, es decir, que la miel cosechada en China e importada por un operador portugués, que se mezcle (y, en su caso, caliente) con miel cosechada en España, puede adquirir el origen España si más del 50% en peso de la mezcla final es miel cosechada en España. “La cuestión de la interpretación de la normativa, por tanto, es compleja y farragosa, pero parece estar influyendo decisivamente en la situación de mercado y etiquetado que llevamos observando meses en el mercado de la miel española. Si una miel cosechada en China e importada por un operador portugués, y posteriormente mezclada con miel cosechada en España, puede adquirir origen España si más del 50% en peso de la mezcla final es española, dicha mezcla podría volver a mezclarse con nuevas partidas de mieles originarias de China confiriendo, de nuevo, el origen España a las subsiguientes mezclas finales”, afirma Pedro Loscertales.

Aprovechar la Presidencia de la UE

El sector apícola quiere aprovechar la próxima Presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de este año para sacar adelante un cambio en el etiquetado y así lo han reivindicado en las protestas de las últimas semanas. “Ya lo hemos reivindicado en las distintas concentraciones que se han realizado y al Ministerio de Agricultura lo hemos visto receptivo, veremos a ver si lo pone en práctica”, asegura Loscertales.

Además, el representante de COAG apunta que este sector va más allá, ya que la labor de la apicultura no es sólo la producción de miel. “Que tengamos en cuenta que se podrá traer miel de China, de terceros países, pero esa miel no poliniza en España, no deja la labor que hace la abeja en la producción de alimentos, aunque da la sensación de que a quién gobierna, todos los partidos incluidos, esto parece ser que no lo tienen en cuenta”, apunta.

Incremento de coste

El sector se enfrenta además a otros problemas que están poniendo en riesgo la supervivencia de muchos apicultores, entre ellos el aumento de los costes de producción y las cosechas más cortas debido a la sequía.

Actualmente, según este experto, al apicultor le cuesta entre 4 euros y 4,5 euros producir un kilo de miel. En los últimos dos años que se ha pasado de un coste medio de alimentación de 4 euros/ colmena en cada campaña a 19 euros/ colmena, así en una explotación media en España, de unas 500 colmenas, el coste total de alimentación de las abejas ha pasado de los 2.000 euros a 9.500 euros, según los datos de 2022.

Y este 2023 no se presenta mejor: “Tal como vemos la campaña del 2023, donde falta agua en la mayor parte del territorio nacional, quitando el norte, vemos que, para la producción de miel de romeros, tomillos, el campo necesita agua y por lo tanto, esos costes se van a mantener en lo que decíamos, entre 4 y 4,50 hacer un kilo de miel. Se ha multiplicado porque entramos en un otoño muy seco, con mucho calor, y hemos estado alimentado las colonias de emergencia porque si no se morían de hambre hasta final del año, esto se va a mantener y veremos si no hay que modificar los cálculos al alza”, asegura.

En producción, la sequía también va a pasar factura al sector. “De momento, la veo en la línea del año pasado, con un 50% de pérdida cosecha si la situación no cambia, esperemos que venga la lluvia y cambie la situación en la mayor parte del territorio”, asegura.

Más de 2.000 apicultores llegados de todas las zonas productores, entre ellas Castilla-La Mancha, han tomado este jueves las calles de Madrid para reclamar medidas de apoyo ante la crisis estructural que atraviesa el sector.

En concreto, el sector se ha movilizado frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la capital española bajo el lema 'En defensa de la miel y la apicultura española' para visibilizar los problemas por los que atraviesa la producción y comercialización de la miel española y pedir la puesta en marcha de un conjunto de medidas ante la grave crisis coyuntural y estructural que atraviesa la apicultura, y que afecta a más de 36.000 familias en España.

Después de movilizarse en las últimas semanas en diferentes ciudades españolas, los apicultores, convocados por las organizaciones Asaja, COAG, UPA y Cooperativas-Agroalimentarias de España, han llegado hoy desde las principales zonas productoras: Extremadura, Comunitat Valenciana, Aragón, Madrid, Castilla y León, Galicia o Castilla-La Mancha para alzar su voz y poner de manifiesto la situación “absolutamente dramática” en la que se encuentran.

Acompañados de sus ahumadores y en un ambiente “combativo y reivindicativo”, según ha informado UPA, los productores de miel han llenado el ambiente con el humo que se utilizan para manejar las colmenas, del ruido de sus tambores, de baños de miel ante el Ministerio de Agricultura y de los gritos de sus demandas, que persiguen cambios en la normativa de etiquetado de la miel para que se reconozca y se proteja el origen español de la miel.

Los apicultores consideran que “todas las Administraciones deben involucrarse en mayor medida en frenar los ataques y reducir las amenazas que atenazan a la apicultura”.

De esta forma, las organizaciones convocantes califican de “absolutamente irresponsable” el comportamiento de los envasadores y la distribución española, que “discriminan la miel española y la sustituyen por mieles importadas a precios muy por debajo de los costes de producción en España”.

Así, en la mayoría de los lineales de la gran distribución se encuentran mayoritariamente mieles mezcladas donde el porcentaje de miel española es absolutamente testimonial, y la miel española tiene escasa o nula presencia. Ante esta situación, “el Ministerio debe actuar y defender a los apicultores”, aseguran.

Cambio en el etiquetado

Los apicultores achacan parte de la responsabilidad de esta situación a la norma de etiquetado, de la cual el sector viene reclamando desde hace años un cambio para que el consumidor conozca con exactitud el origen de la miel.

“La presidencia europea es una oportunidad, que nuestro Ministerio no debe dejar pasar, para promover este cambio”, han apuntado.

Además, este problema de mercado se acompaña de una reducción de aproximadamente el 50% de la cosecha debido a la falta de lluvias y el calor extremo del verano, de la muerte de hasta un tercio de las colmenas en algunas zonas como consecuencia de los problemas sanitarios, especialmente por la Varroa, o de los ataques de depredadores como los abejarucos o las avispas, así como, del fuerte encarecimiento de los costes de producción, por ejemplo, suplementos de alimentación o combustibles para la trashumancia.

Por otro lado, los apicultores lamentan que no han sido beneficiarios de las ayudas extraordinarias habilitadas en el contexto de la invasión de Ucrania, que se han articulado en agricultura y ganadería.

El sector considera una discriminación haber sido excluidos de la devolución de los 20 céntimos de descuento para los combustibles que, sin embargo, sí reciben el resto de los productores.

“Esperamos tener respuesta del Ministerio y la administración regional, porque si no, desde luego, vamos a seguir movilizándonos ante una situación tan grave que puede llevar a que muchas explotaciones desaparezcan”, ha advertido el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) emitió el pasado viernes 3 de marzo una alerta estatal tras tener conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de que se estaba distribuyendo una bebida comercial etiquetada como “de avena” en la que se ha detectado la presencia no declarada de leche.

La AESAN emite, a su vez, la recomendación de no consumir dicha bebida de la marca Alpina en caso de personas con los distintos tipos de alergia a la leche, para evitar los síntomas y malestares derivados de la ingesta.

La alerta procede de la Comunitat Valenciana y hasta la fecha se sabe que la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Madrid y Murcia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

En el producto figura la mención de que puede contener trazas de almendra, leche y soja. Sin embargo, la leche debería aparecer como ingrediente, ya que en la ficha técnica del producto figura la leche entera hasta en un 40% de su composición.

Datos del producto

Tipos de alergia a la leche

Existen dos típos de alergias a la leche: una a las proteínas de la leche y la otra a la lactosa, el azúcar de la leche. La primera ers sobre todo común en la infancia y con el desarrollo suele desaparecer, mientras que la segunda se puede dar a todas las edades.

1. Alergia a la ß-lactoglobulina

La alergia a las proteínas de la leche de vaca se da por la presencia de ß-lactoglobulina, una de las principales proteínas inmunogénicas en la leche de vaca, presente en la albúmina láctea.

A diferencia de la caseína, el otro tipo de proteína de la leche, la albúmina está presente en disolución en el suero y es la que conforma “la nata” cuando hervimos la leche, es decir la tela que queda en la parte superior.

Las proteínas del suero representan el 20% de todas las proteínas de la leche y todas, excepto la ß-lactoglobulina se encuentran también en la leche materna que come el lactante. 

No es extraño entonces que el 2% de la población lactante pueda presentar alergia a proteínas de vaca (APLV) en inicio, pues la leche de vaca será uno de los primeros alimentos que se introducirá en su dieta.

La ß-lactoglobulina, como seroproteína, es termobsensible y la cocción modifica su alergenicidad, lo que explicaría por qué hay una mejor tolerancia a la leche procesada a altas temperaturas.

Respecto a los síntomas, la respuesta inmunológica puede ser de dos tipos:

Las reacciones mas comunes son:

2. Intolerancia a la lactosa

Con la intolerancia a la lactosa ocurre lo contrario, es decir que se da sobre todo en tras la lactancia. La razón es que la lactosa es el azúcar de la leche, también la materna, pero no se presenta era ningún alimento más.

Si seguimos tomando leche el resto de nuestra vida, no tenemos por qué presentar intolerancia a no ser que tengamos algún tipo de mutación genética, que se da con una cierta frecuencia.

Pero si pasamos años sin tomar leche, lo normal es que nuestro cuerpo haya de fabricar la enzima “lactasa”, que descompone la lactosa en dos azúcares absorbibles intestinamente como son la glucosa y la galatosa.

En consecuencia, al pasar la lactosa como disacárido (unión de dos moléculas de azúcar) al aparato digestivo, puede provocar distintas perturbaciones. Las provinciales son:

La  EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria) calcula que entre e 3% y el 5% de los europeos sufre este tipo de intolerancia, que de todos modos, en algunos casos puede ser reversible al activarse el cuerpo para volver a fabricar la enzima “lactasa”.

La prueba más común y sencilla para detectar la intolerancia a la lactosa es el test del hidrógeno en el aliento. En el mismo se analiza la cantidad de este gas que exhalamos tras beber una solución de lactosa; si aumenta respecto a nuestro aliento normal, significa que somos intolerantes. 

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines 

Apicultores de toda España, convocados por ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España, se concentrarán en Madrid, frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el próximo 9 de marzo a partir de las 12:00 para visibilizar los problemas por los que atraviesa la producción y comercialización de la miel española y pedir la puesta en marcha de un conjunto de medidas ante la grave crisis coyuntural y estructural que atraviesa la apicultura.

Según han señalado los convocantes, después de movilizarse en las últimas semanas en diversos territorios, todo el sector acudirá a Madrid para alertar sobre la situación “absolutamente dramática” en la que se encuentran. Consideran que “todas las Administraciones deben involucrarse en mayor medida en frenar los ataques y reducir las amenazas que atenazan a la apicultura”.

Las organizaciones convocantes califican de “absolutamente irresponsable” el comportamiento de los envasadores y la distribución española, que “discriminan la miel española y la sustituyen por mieles importadas a precios muy por debajo de los costes de producción en nuestro país”. Así, según señalan, en la mayoría de los lineales de la gran distribución se encuentran mayoritariamente mieles mezcladas donde el porcentaje de miel española es absolutamente testimonial, y la miel española tiene escasa o nula presencia. Ante esta situación, “el Ministerio debe actuar y defender a nuestras apicultoras y apicultores”, aseguran.

Cambio en el etiquetado

Los apicultores achacan parte de la responsabilidad de esta situación a la norma de etiquetado, de la cual los apicultores vienen reclamando desde hace años un cambio para que el consumidor conozca con exactitud el origen de la miel. “La presidencia europea es una oportunidad, que nuestro Ministerio no debe dejar pasar, para promover este cambio”, señalan.

Además, este problema de mercado se acompaña de una reducción de aproximadamente el 50% de la cosecha debido a la falta de lluvias y el calor extremo del verano, de la muerte de hasta un tercio de las colmenas en algunas zonas como consecuencia de los problemas sanitarios, especialmente por la varroa, o de los ataques de depredadores como los abejarucos o las avispas, así como, del fuerte encarecimiento de los costes de producción, por ejemplo, suplementos de alimentación o combustibles para la trashumancia.

Los convocantes recuerdan que los apicultores no han sido beneficiarios de las ayudas extraordinarias habilitadas en el contexto de la invasión de Ucrania, que se han articulado en agricultura y ganadería. El sector considera una discriminación haber sido excluidos de la devolución de los 20 céntimos de descuento para los combustibles que, sin embargo, sí reciben el resto de los productores.

Dicen que lo verde vende. Los productos alimentarios y los cosméticos se han llenado de etiquetas ecológicas y palabras que no significan mucho (cuando uno lee la etiqueta) pero quedan bien, como ingredientes 100% naturales, sostenible o respetuoso con el medio ambiente.

Parece que en unos pocos años no quedará ningún producto que no tenga hojas verdes, flores o soles brillantes en la etiqueta, da igual si es aceite para motor. Pero las apariencias engañan.

Hay estudios recientes que han comprobado que la publicidad que ensalza las virtudes ecológicas de los productos a veces pueden hacer que salga el tiro por la culata y se vendan menos.

Esta es al menos la conclusión a la que han llegado los investigadores de la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. Según su estudio, a pesar de la proliferación de productos ecológicos, los consumidores comprar alternativas convencionales con más frecuencia. 

¿Por qué? Una de las razones es la percepción del rendimiento asociada a los productos ecológicos. Los consumidores perciben los productos “verdes” como menos eficaces.

El detergente ecológico y biodegradable puede ser mejor para el planeta, pero no lava igual de bien que el más contaminante. La crema antiarrugas “100% natural” no puede competir en la mente del consumidor con los liposomas, microesferas y ácidos de las cremas más industriales. El insecticida ecológico de plantas sin disruptores endocrinos nunca parecerá tan efectivo como el DDT.  

Verde implícito o explícito

En la publicidad de los productos, los investigadores del Reino Unido distinguen entre el concepto de “asumido como ecológico” (es decir, la comunicación de señales ecológicas implícitas en el mensaje) en comparación con el “énfasis ecológico” (es decir, la comunicación de señales ecológicas explícitas).

En otras palabras, que el embalaje sea verde o muestre imágenes de prados, hierbas y flores, pero sin mencionar nada relacionado con la ecología, frente a los productos que se venden como “bio”, “natural” o “sostenible” con letras bien grandes.  

Los resultados del estudio demuestran que, si los consumidores están preocupados por el rendimiento del producto (si va a funcionar o no), entonces la comunicación explícita de que el producto es “verde” hace que lo compren menos. Al contrario, la comunicación implícita (sugerida) de las virtudes ecológicas hacen que se perciba como más efectivo.

Estas diferencias cambian según el segmento y el producto. En general, cuando los consumidores tienen la idea de que un producto, por su naturaleza, es incompatible con la sostenibilidad, tienden a rechazar las versiones ecológicas.

En el experimento se usó un detergente para la ropa, algo que no se espera que sea “verde”, pero lo mismo ocurre entre los distintos fabricantes de automóviles. Por ejemplo, Toyota en la publicidad destaca las bajas emisiones y el bajo consumo de combustible del híbrido Prius, afirmando claramente que el producto tiene beneficios medioambientales.

En cambio, Tesla o BMW no mencionan tanto la sostenibilidad como el rendimiento, como la velocidad punta, la aceleración o la autonomía. En la cabeza de la gente, los coches más caros y rápidos aún no son compatibles con la sostenibilidad.

Tampoco ayuda la tan extendida práctica del “greenwashing” por parte de empresas que publicitan sus productos y servicios como sostenibles o ecológicos, (por ejemplo con logotipos de color verde) cuando en realidad no lo son, algo que ha sido denominado acertadamente como “ecopostureo” en español.

Esto causa confusión entre los consumidores, que comienzan a desconfiar de todas las etiquetas ecológicas, y les impide consumir de forma responsable. Los estudios han demostrado que el ecopostureo afecta negativamente a la percepción que tienen los consumidores de una organización, desde la mera reducción de la intención de compra hasta el boicot.

Estas estrategias empresariales pueden llevar a una situación de crisis, en la que se produce un boca a boca negativo. Aún así, los investigadores coinciden en que (sorpresa) es más fácil que los consumidores participen en acciones prosociales (por el bien común) cuando perciben que hay un beneficio propio.

Y aquí la forma en la que se comunica el mensaje es crucial, no solo para las empresas, sino para los gobiernos e instituciones que tienen la responsabilidad de concienciar a la población de los peligros del cambio climático y la urgencia de las medidas.

Por ejemplo, es mucho más efectivo hablar de los beneficios para el consumidor, como el ahorro de dinero (en combustible, en calefacción, en electricidad) el ahorro de tiempo o la comodidad.

También funciona dar distintas opciones: al informar a los consumidores de que hay una opción ecológica, perciben que se les permite que actúen por propia voluntad, y eso fomenta que se adopten.  

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines

La sectorial de Frutos Secos de Cooperativas Agroalimentarias de España ha analizado durante su última reunión la necesidad de establecer de forma obligatoria el origen en el etiquetado de los frutos secos, como ocurre en otras frutas y hortalizas frescas. Incluso, los responsables de la sectorial han incidido que se obligue a que el “origen país” se establezca en los productos transformados como el turrón, polvorones, mazapán o mantecados, que contengan frutos secos como ingrediente principal. 

En la sectorial se analizaron, entre otras cuestiones, las dificultades que está atravesando el sector debido al incremento de las importaciones de almendra procedente de Estados Unidos. Según los representantes de las cooperativas, el aumento de las importaciones supone que las operaciones de comercialización de la producción nacional estén prácticamente paralizadas.

A juicio del presidente del sector, Josep Pere Colat, “un etiquetado obligatorio con el origen permitirá valorizar la almendra y otros frutos de cáscara producidos en España de cara al consumidor y también en los mercados internacionales”. “No se podrá sensibilizar a los consumidores de las bondades de la almendra nacional, sostenible, saludable y parte importante de la Dieta Mediterránea, si no se cuentan con las herramientas necesarias para distinguirla del resto de almendras procedentes de otros países y cultivadas en otras condiciones” destacó.

El cultivo del almendro ocupa una superficie productiva de más de 600.000 hectáreas en España, de las cuales el 82% están cultivadas en secano con rendimientos significativamente menores a los de regadío, lo que dificulta su pervivencia en un contexto de máxima y creciente competitividad que deriva en unos escasos ingresos y baja rentabilidad. El presidente sectorial, Josep Pere Colat, ha insistido en la relevancia de esta actividad agraria, tanto por el impacto medioambiental del cultivo, como por su impacto positivo en el desarrollo rural de las regiones productoras, tanto desde el punto de vista social como económico.

En Castilla-La Mancha el cultivo del almendro ocupa 150.000 hectáreas, ha multiplicado por dos su superficie en cinco años. Sigue también creciendo año tras año el cultivo del pistacho en la región, que es ya la principal productora a nivel nacional, con más de 50.000 hectárea dedicadas a este cultivo.

Enrique García Tenoría, gerente de la Denominación de Origen Montes de Toledo, ha sido elegido vicepresidente de la Sectorial Nacional del Aceite de Oliva con Denominación de Origen que ha celebrado su Asamblea General en la sede del Consejo Oleícola Internacional y durante la que se ha hecho repaso pormenorizado a todas las actividades realizadas durante un intenso 2022 y se han trazado prioridades de actuación futuras.

La Asamblea General ha renovado la Junta Directiva, por cuatro años, que esta integrada por representantes de las distintas denominaciones de origen y que estará presidida por Enric Dalmau i Carré, de DOP Les Garrigues. Además de García Tenorio, Carlos  González de la DOP Aceite del Campo de Montiel también ha entrado como vocal.

Según ha informado la DO Montes de Toledo, la sectorial, que representa a los oleicultores, almazaras y envasadores comercializadores de las denominaciones de origen españolas, se ha marcado como objetivo principal el reconocimiento el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) como activo fundamental de la marca España, no deslocalizable y motor del desarrollo rural de amplias zonas del país. Un producto insustituible de la dieta mediterránea, esencial para una vida saludable y patrimonio inmaterial de la Humanidad que, España como principal productor mundial, debe impulsar y proteger, ha señalado la DO.

La defensa de la calidad y la diferenciación del AOVE como elemento estratégico de competitividad en el mercado es el objetivo principal de las Denominaciones de Origen Oleícolas que, consideran, se muestra indispensable para el sostenimiento de la actividad oleícola en nuestro país y la UE. Estos objetivos entroncan con una acción más visible e influyente en los distintos estamentos europeos, nacionales y regionales. La Sectorial Nacional del AOV va a ejercer su legitimidad como representante del sector oleícola de origen garantizado para poner en marcha políticas de viabilidad relacionadas con el AOV y una normativa que garantice la sostenibilidad de la actividad oleícola orientada al desarrollo de las comarcas productoras y los derechos de los consumidores por lo que, apuntan desde la Sectorial, estaremos vigilantes ante acciones y prácticas contrarias a la calidad.

“Las denominaciones de origen tienen un contacto diario y directo con el sector, a pie de campo, cooperativa, almazara o envasador. Un conocimiento de último tramo que queremos poner a disposición del sector y de los consumidores”, manifiestan.

Propuestas

Para concretar ese propósito corporativo, se seguirá con acciones que permitan incluir la información “saludable de los AOV” en el etiquetado e información comercial que llegue a los consumidores vigilando, de forma intensa y aportando soluciones, al futuro etiquetado frontal obligatorio.

Consideran estratégico que la PAC contemple el innegable aporte de los agricultores de la denominaciones de origen a la seguridad alimentaria y a la mejora de la imagen del AOVE producido en la UE.

La defensa del Panel Test como herramienta de verificación y clasificación de la calidad de los AOV, así como la búsqueda constante de su mejora, junto con la defensa de los nombres protegidos por las DOs oleícolas, serán otros objetivos prioritarios de la Sectorial en el próximo periodo.

La alimentación, además de nutrir, contamina. Y mucho: supone más de la mitad del impacto medioambiental del consumo en España, según el informe presentado por el Ministerio de Consumo en mayo de este año.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) cifra este volumen de gases contaminantes en el 31% de las emisiones de gases de efecto invernadero que tuvieron lugar en 2021, siempre siguiendo el viaje desde la explotación ganadera u hortofrutícola a la mesa. 

Entre los procesos contaminantes no solo hay que incluir los gases emitidos por el ganado o el coste de limpiar sus residuos, así como los pesticidas en los cultivos; también cuenta el transporte a grandes distancias, el procesado y ultraprocesado de los alimentos, el coste de su refrigeración, etc. Todo ello traducido en toneladas de CO2.

Esta situación, lógicamente, preocupa a no pocos consumidores, que desean tener referencias de la sostenibilidad de cada producto a la hora de escogerlo. Así lo refleja al menos el Informe Shopperview realizado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de España (AECOC).

Según el mismo, más del 40% de los consumidores compra productos de proximidad y evita los de larga distancia. Por otro lado, casi un 40% de estos mismos consumidores habrían dejado de consumir ciertos productos por considerarlos poco sostenibles.

Es presumible que estos consumidores, y en general todos, verían con buenos ojos una etiqueta ambiental europea o como mínimo de su país de residencia, que les sirva de guía a la hora de realizar una elección sostenible.

Una marea de 'lavado verde'

Y de hecho, las compañías alimentarias parecen saberlo y aplican profusamente todo tipo de etiquetas “eco”, “bio”, “respetuoso con el medio”, etc., en sus productos, utilizándolas como una herramienta de marketing conocido como greenwashing, sin ningún fundamento técnico ni certificación detrás.

El objetivo en estos casos no es ayudar al consumidor a escoger productos sostenibles sino lavar la imagen de la empresa con una pátina “verde”. Hasta tal punto se ha prodigado esta técnica que la ONU se ha decidido luchar contra ella en bancos y gobiernos locales.

De hecho, la Comisión Europea (CE) informaba de que en 2020 existían en la Unión Europea más de 200 etiquetas medioambientales activas sin fundamento alguno detrás; en todo el mundo  alcanzaban entonces las 450.

Volviendo al plano alimentario, ante esta marea de etiquetas sin fundamento, la Comisión Europea se ha decidido a entrar a regular la presentación de los productos alimentarios con el fin de prohibir cualquier etiquetado que no esté sustentado por una certificación de un tercero independiente o bien por hechos demostrados.

Así se pretende que ocurra en el futuro próximo con la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica las Directivas 2005/29/CE y 2011/83/UE en lo que respecta al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica.

El objetivo es dar al consumidor “una mejor protección contra las prácticas desleales y una mejor información”, con la vista claramente puesta en las prácticas del greenwashing. Así, prohíbe hacer afirmaciones ambientales vagas y genéricas, como “respetuoso con el medio ambiente”, “eco” o “verde” sin sustento probado.

A esta propuesta de directiva se suma el llamado Pacto Verde Europeo, en funcionamiento desde 2019, y que en el apartado de los productos alimentarios señala que las etiquetas de sostenibilidad hechas por empresas deben estar sustentadas con un protocolo estandarizado para evaluar su impacto ambiental.

Huella Ambiental del Producto, la base para una etiqueta europea

La gran pregunta es sí se podrá de acuerdo la Comisión para crear una etiqueta de sostenibilidad ambiental para los productos alimentarios que se vendan en la UE. El primer escollo parece ser determinar cuál es la metodología unitaria que adoptar para definir la sostenibilidad ambiental de un producto, de modo que pueda comprarse con sus homólogos.

La mejor candidata es la llamada Huella Ambiental del Producto (HAP), que estudia el ciclo de producción de un alimento desde el productor primario hasta la mesa, y establece unos valores para cada proceso que sufre.

No tendría la misma HAP una fresa de el entorno de Doñana que otra de una zona donde el agua no sea un bien de alto valor ecológico.

La HAP no solo mide emisiones, sino también el consumo de recursos hídricos en la zona de origen, los componentes ambientalmente polémicos o la necesidad de combustibles fósiles en su creación, etc.

Así, no tendría la misma HAP una fresa del entorno de Doñana que otra de una zona donde el agua no sea un bien de alto valor ecológico. Ni una margarina realizada con aceite de palma no certificado, frente a otra con otras alternativas más sostenibles.

Pero por el momento, y dada la complejidad de la aplicación de unos estándares de certificación para la gran variedad de procesos alimentarios, el proyecto de una etiqueta ambiental europea ni siquiera ha arrancado.

Etiquetas francesas

No obstante, Francia es el país europeo que más ha avanzado en este campo, con dos prototipo de etiquetas en fase de pruebas. Por un lado está Eco-Score y por el otro Planet-Score.

Ambas utilizan un juego estético similar a las etiquetas de eficiencia energética, con letras y colores, y por consenso utilizan la base de datos Agribalyse, para establecer los patrones de contaminación de cada producto.

Dicha base está elaborada por la Agencia de Transición Ecológica del gobierno francés (ADEME) y por el Instituto Nacional de Investigación de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de Francia (INRAE), y cuenta con más de 2.800 alimentos genéricos modelizados.

Los dos métodos de evaluación dan puntos extra si el producto tiene aspectos positivos para el medio más allá de su huella ambiental, y negativos si estos aspectos son especialmente nocivos, más allá de los estándares.

Estos pueden ser los materiales del envase, por ejemplo si se trata de plástico, algo que penaliza aunque el resto del proceso sea muy sostenible. Así, la diferencia entre uno y otro es que Planet-Score tiene en cuenta más elementos extra para mejorar la evaluación de la HAP.

Los dos están ya en fase experimental en algunas cadenas de supermercados, por lo que no sorprendería que Francia tuviera pronto vigente una de estas dos etiquetas.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines