Tras las críticas de Izquierda Unida-Podemos y el sindicato CCOO, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha exigido también la retirada de la “inadmisible” campaña publicitaria de CEOE Cantabria, en Santander: “Criminaliza directamente a los trabajadores” al vincular bajas médicas con absentismo laboral.

Casares ha criticado duramente que la patronal regional “ataque” los derechos laborales de los trabajadores cántabros a través de marquesinas de autobuses y vallas publicitarias, afirmando que “es impropio de una sociedad democrática y especialmente de la representación de la patronal de las empresas de esta tierra que se trate de criminalizar a los trabajadores y a las trabajadoras de Cantabria por sus derechos laborales”.

“Cuando los trabajadores son criminalizados por parte de los empresarios, tiene que haber una respuesta contundente de la sociedad democrática frente a esos empresarios que no entienden que estamos en democracia, que el tiempo de la explotación laboral ha terminado”, ha dicho Casares a CEOE, a quien ha pedido que “rectifique y deje de una vez por todas de criminalizar a los trabajadores”.

El también secretario general del PSOE de Cantabria ha anunciado que investigará si esta campaña está siendo financiada con dinero público, tras constatar que este año el Gobierno de Cantabria añadió una nueva partida a los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma, a través del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 60.000 euros a la CEOE para hacer campañas sobre la incapacidad temporal.

“Espero que este dinero no se esté destinado a esta campaña” y “que tampoco sean subvenciones cruzadas que acaben en una campaña institucional atacando a los trabajadores de esta tierra”, ha manifestado, al tiempo que ha exigido al Gobierno que “pida explicaciones rápidamente a la CEOE”.

Además, Casares ha enmarcado esta campaña dentro de lo que ha denominado una “estrategia orquestada en todos los ámbitos de poder de la derecha política, mediática y empresarial para criminalizar a los más débiles, los trabajadores”, vinculándola con las declaraciones del presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, quien calificó las bajas de trabajadores como un “cáncer” la semana pasada, sin que haya habido rectificación pública posterior.

El delegado ha subrayado que las bajas médicas responden a problemas estructurales como “jornadas de trabajo interminables”, problemas de salud mental, sobrecarga laboral y las “largas listas de espera” en servicios como el Servicio Cántabro de Salud, y ha concluido reiterando la “petición de retirada inmediata” de la campaña de la patronal cántabra.

Prosigue el polémico debate sobre el absentismo laboral que se abrió con motivo de las declaraciones de Ángel Nicolás, presidente de la patronal castellanomanchega (CECAM) llamando “memos” a los jóvenes pedían la baja médica por salud mental y por las que luego pidió disculpas.

Ahora, Manuel Madruga, el secretario general de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO), integrada en la CEOE de la comunidad autónoma, se ha referido también a esta cuestión, con algún matiz. Básicamente, insiste en denunciar “fraude” en las bajas laborales, pero añade: “No culpamos a los médicos”.

Concretamente, argumenta que por cada euro destinado a una “baja indebida”, es un euro que “dejamos de destinar a la sanidad, a la educación, a las pensiones, a la dependencia, a servicios sociales o, por ejemplo, a trabajo”.

Según dice, los datos “están ahí”. “Los procesos de incapacidad temporal nos costaron a todos los españoles 34.000 millones de euros en el año 2025”, añade, afirmando además que “lo que nadie quiere saber” es que ese coste se ha disparado desde el año 2015 al año 2026 en un 240%, o que las bajas crecen a un ritmo del 133%.

Tenemos un grave problema y tenemos que analizarlo, controlarlo y de alguna manera investigarlo

También apunta que la OCDE ha avisado a España de los “altos índices” que tiene de incapacidad temporal, representando 4,7% de sus trabajadores, mientras que la media europea es del 2,5%.

“¿Significan estos datos que FEDETO está queriendo trasladar a la sociedad que todos los procesos de incapacidad temporal son fraudulentos? No, no significa eso, ni siquiera que mayoritariamente sean fraudulentos. Lo que significa es que tenemos un grave problema, lo que significa es que ese grave problema tenemos que analizarlo, controlarlo y de alguna manera investigarlo”, subraya.

Manuel Madruga considera “otro dato palmario” que el 25% de las personas que se encuentran en situación de IT concentran el 55% de todos los procesos de incapacidad temporal.

Es en este punto cuando dice no cuestionar “para nada en absoluto” a los médicos. “Sabemos los medios que tienen, las consultas masificadas que tienen y las listas de espera que tienen. Y de estos se valen quienes quieren cometer el fraude”.

Dolencias que “no se pueden medir de una manera objetiva”

A ello añade que hay “determinadas dolencias de carácter físico, por ejemplo el dolor, o determinadas situaciones emocionales” que “no se pueden medir de una manera objetiva y que dependen mucho de lo que sea lo que el propio paciente está trasladando al médico”.

Dicho esto, critica que traten de “desacreditar” a la patronal o de “cancelarnos mediáticamente” como consecuencia de que “hayamos tenido mejor acierto en Toledo, en Barcelona o en Canarias a la hora de referirnos al absentismo laboral”.

“Nuestros datos son datos objetivos, sabemos que son datos que molestan, pero también sabemos que son datos que cada vez están siendo más avalados por organismos nacionales, como el Banco de España o la AIREF, o internacionales como la propia OCDE”.

Afirma que incluso los sindicatos reconocen en los acuerdos nacionales para la negociación colectiva que hay “un problema con el absentismo laboral” que ahora “se niegan a reconocer, diciendo que lo que tratamos es de recortar derechos”. Y concluye afirmando: “Para FEDETO, combatir el fraude no es recortar derechos, es todo lo contrario, es proteger a aquellas personas que sí necesitan coger una baja”.

Llevamos un tiempo en el que muchos no reconocemos la realidad que describe la patronal, esa en la que las personas trabajadoras faltan mucho a su puesto sin ningún tipo de justificación y van al médico para que les dé la baja por cualquier nimiedad. Todo lo contrario, miramos a nuestro alrededor y vemos a gente que –ya sea por responsabilidad, por compañerismo y, en muchas otras ocasiones, por miedo a perder sus trabajos- se levantan muy temprano para acudir a su empresa con un Nolotil en el cuerpo. Sinceramente, no sé en qué entornos se mueven los dirigentes patronales para estar rodeados de tantos ‘memos’ y personas fraudulentas.

El último que se ha sumado a esta corriente de mentiras y bulos ha sido el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y lo ha hecho con unos argumentos falsos y malintencionados. Me cuesta creer que el líder del principal partido de la oposición crea que alguien en España pueda obtener una baja sin justificar. No es cierto tampoco –tal y como afirmó- que el 40% de las bajas en nuestro país sean fraude de ley ni que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.

Lo único cierto que escucho por la parte empresarial es que en España están aumentando las bajas laborales, un problema que debemos atajar con seriedad y analizándolo en profundidad. Y eso pasa por llamar a las cosas por su nombre y por no mezclar absentismo con bajas y permisos laborales. Si no tenemos claros esos conceptos, difícilmente podremos sentarnos a negociar.

Pido un ejercicio de responsabilidad. Estamos hablando de la salud de las personas. Debemos dejar a un lado las explicaciones y planteamientos superfluos para, de la mano del diálogo social y de una verdadera voluntad por solucionar las cosas, poner encima de la mesa las causas del incremento de las bajas. Tengo la sensación de que a algunos no les interesa llegar a la raíz, ya que allí, además de las demoras y el colapso del sistema sanitario público y del envejecimiento de la población trabajadora, también van a encontrar la precariedad laboral que hay en las empresas, las cargas inasumibles que tienen muchas plantillas, los riesgos psicosociales, la falta de desconexión digital… temas todos ellos que tienen mucho que ver con las condiciones laborales. Pero ya que estamos, hablemos también del ‘absentismo salarial’, esto es, de las horas extraordinarias sin cobrar que hacen muchos trabajadores y trabajadoras, así como de las enfermedades profesionales y cánceres laborales que no son reconocidos como tal.

A base de manipular datos y presentar la realidad a su antojo, la patronal viene ofreciendo un discurso que, con premeditación y alevosía, busca abonar el terreno y preparar las conciencias para, en un futuro no muy lejano, plantear recortes.

En los últimos años, los derechos y condiciones de las personas trabajadoras han mejorado como hacía mucho que no ocurría. La reforma laboral, la subida del SMI, los permisos por cuidados, la revalorización de las pensiones, los incrementos salariales en convenios gracias a la firma del quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)… Pero no nos engañemos, en algunos aspectos el mundo no ha cambiado tanto. Aquellos que acumulan el capital quieren seguir amasando dinero y no van a facilitar que haya un verdadero reparto de la riqueza.

Termino haciendo un llamamiento a la clase trabajadora. No permitamos que haya un retroceso en los derechos; no caigamos en la trampa que nos está tendiendo la patronal ni en sus argumentos que tratan de criminalizar a las personas trabajadoras por el hecho de caer enfermos. No perdamos la identidad de clase. Creo que en el futuro la vamos a necesitar. Nos jugamos mucho.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que es “necesario” acabar con el problema de las bajas laborales cada vez más duraderas, después de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tachara de “cáncer” este asunto y apostase por recortar sueldo “y prestaciones” a los trabajadores ausentes por enfermedad.

El líder de la patronal ha asegurado que “la gran mayoría de las bajas son las viernes y los lunes”, aunque ha advertido de que “no hay que mezclar esas bajas con los jóvenes”, informa Europa Press. Eso sí lo hizo el líder de la patronal castellanomanchega, que tuvo que pedir disculpas tras llamar “memos” a los jóvenes que pedían bajas por salud mental.

Garamendi, que ha participado en la presentación de un estudio de la patronal catalana Foment del Treball, ha cifrado en 33.000 millones de euros el coste anual de las bajas laborales y ha asegurado que los empresarios lo que quieren es solucionar este problema.

Por ello, el presidente de CEOE ha planteado que es necesario trabajar en un acuerdo y ha criticado que en estos últimos años “no se ha hecho nada” y que el “Estado tiene que tomar medidas”.

Más allá ha ido el presidente de los empresarios madrileños, Miguel Garrido, que ha celebrado que haya “políticos responsables que propongan soluciones”.

“El absentismo es un problema grave que que perjudica a empresas, a la seguridad social y a los compañeros de trabajo. Se ha multiplicado injustificadamente en los últimos años. Nos alegra que haya políticos responsables que propongan soluciones. El Gobierno no hace nada”, ha dicho en un mensaje en la red social X el líder de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha exigido este lunes al Gobierno que apruebe unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, que llevan prorrogados tres años. Lo ha hecho durante la Asamblea General de la patronal de pequeñas y medianas empresas Cepyme, mientas el Ejecutivo da luz verde al techo de gasto para las próximas cuentas públicas: 226.032 millones de euros, la cifra más alta de la historia.

“No tiene mucho sentido que la primera empresa española, que es el Estado, no tenga presupuestos desde hace tres años”, ha afirmado Garamendi ante los representantes de las organizaciones empresariales de pequeñas y medianas empresas. “En cualquier empresa, grande, mediana o pequeña, un directivo no aguantaría ni un asalto sin presentar los presupuestos”, ha añadido el empresario vasco.

En un contexto marcado por el debate sobre el techo de gasto y con las elecciones de la patronal en el horizonte, el próximo 1 de octubre, el dirigente empresarial ha advertido de que la economía necesita “confianza” y ha cuestionado que el país funcione con unas cuentas prorrogadas desde hace tres años. “Sin confianza es muy difícil que un empresario o una empresaria tire para adelante”, ha resumido.

Del “diálogo social” al “monólogo social”

Garamendi también ha cargado contra la relación del Gobierno con los agentes sociales, una de las principales reivindicaciones de la patronal durante los últimos meses. “Llevamos una temporada en la que ese diálogo social cada día lo vemos más lejano. Muchas veces lo defino como un monólogo social”, ha afirmado.

El dirigente empresarial ha denunciado que el Ministerio de Trabajo ha modificado la reforma laboral “61 veces” desde que se firmó el acuerdo, y ha criticado el paso de las leyes debatidas en el Parlamento a los decretos-ley y, después, a los reglamentos (que no pasan por el Congreso), como muestra de una “hiperregulación” creciente.

El presidente de CEOE ha reclamado reducir la presión fiscal sobre las empresas. Citando al Instituto de Estudios Económicos (IEE), ha situado esa presión en el 34% y ha denunciado que la economía sumergida alcanza el 24% en España, frente al 14-15% de la media europea.

A su vez, ha vuelto a defender que se eluda a las empresas del pago de las bajas entre el cuarto y el decimoquinto día, para que lo asuma la Seguridad Social, ante el aumento de las incapacidades de trabajadores por enfermedad. Garamendi ha destacado el mayor aumento de las bajas entre los menores de 35 años, con mayor concentración los viernes y los lunes.

Cepyme denuncia que las pymes no son escuchadas

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, había abierto previamente la Asamblea General de la patronal con un discurso centrado en las dificultades que afrontan las pequeñas empresas y en la pérdida de peso de las pymes dentro del diálogo social. “El diálogo solo funciona cuando existe una voluntad real de escuchar, negociar y construir consensos”, ha sostenido.

De Miguel ha defendido que la obligación de la organización “no es agradar, sino representar con honestidad a las pequeñas y medianas empresas españolas”, y ha denunciado que muchas decisiones públicas se adoptan sin tener en cuenta la realidad de estos negocios. Cepyme anunció hace unos días su apoyo a Antonio Garamendi en las elecciones para liderar la CEOE

La dirigente empresarial reclamó menos burocracia, mayor seguridad jurídica y una regulación adaptada al tamaño de las empresas mediante la aplicación del principio europeo Think Small First, que plantea diseñar las normas pensando primero en las pequeñas empresas.

Salario mínimo, costes laborales y relevo generacional

La presidenta de Cepyme ha vuelto a cuestionar las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). Ha explicado que su coste para la empresa asciende a “1.900 euros al mes”, sumando las cotizaciones y los impuestos, de los que el trabajador recibe unos 1.200 euros.

De Miguel ha criticado el incremento de los costes laborales en los últimos años, con especial impacto en las microempresas. La empresaria vallisoletana ha alertado de la desaparición de pequeñas sociedades, con unas “25.000 microempresas” de menos de tres trabajadores que han cerrado desde antes de la pandemia.

A esto se suma el reto del relevo generacional: la mitad de las pymes españolas están dirigidas por personas mayores de 50 años, y una de cada cinco por empresarios de más de 60. Persisten, además, dificultades para cubrir vacantes y encontrar trabajadores cualificados, ha afirmado la empresaria.

Proyección europea e internacional

Cepyme ha reforzado este año su presencia institucional fuera de España. Ángela de Miguel ha sido elegida vicepresidenta de SME United, organización que representa a 26 millones de pequeñas y medianas empresas europeas.

La organización se ha reunido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha intervenido en dos ocasiones ante la Organización Internacional del Trabajo en defensa del diálogo social tripartito.

De Miguel ha destacado también un encuentro con el papa León XIV sobre la importancia del diálogo social. A lo largo del año, según ha explicado, Cepyme ha visitado 55 organizaciones territoriales y mantenido reuniones con más de 40 organizaciones sectoriales.

Entre las prioridades planteadas por Cepyme figuran: el impulso de la formación profesional dual, la digitalización de las pequeñas empresas y una respuesta al absentismo laboral, cuyo coste la organización sitúa en 33.000 millones de euros, con una tasa que dobla la media europea.

La gran patronal española, CEOE, ha decidido este miércoles que celebrará el próximo 1 de octubre las elecciones a la presidencia de la organización empresarial. De momento, solo hay una candidatura, la del actual presidente Antonio Garamendi, que pretende alcanzar un tercer mandato y que ha denunciado una “campaña sucia” en su contra en las últimas semanas.

“El Comité Ejecutivo de CEOE reunido este miércoles ha acordado la celebración de la Asamblea General Electoral el próximo 1 de octubre, momento en el que la Confederación elegirá a su presidente y equipo directivo para los próximos cuatro años”, ha anunciado la organización empresarial.

La semana pasada, el presidente decidió acelerar, por sorpresa, el proceso para fijar los nuevos comicios, cuando convocó a los órganos directivos de la patronal a una reunión este miércoles con el objetivo de decidir la fecha en la que poner las urnas. En principio, la reunión estaba prevista para el próximo 15 de julio.

El anuncio de Garamendi sorprendió en varios sectores de la patronal, que daban por hecho que los comicios se celebrarían en noviembre. La versión oficial esgrimida por el jefe de los empresarios es que en noviembre se celebrará una importante Cumbre Iberoamericana con una relevante agenda empresarial, cita a la que quieren llegar con la incógnita sobre la presidencia despejada.

Sin embargo, el adelanto de la maquinaria electoral llegó solo días después de que resucitaran unas antiguas denuncias contra la cúpula de la CEOE, del empresario José Manuel de Riva, que ya habían sido publicadas en el contexto de la pugna de las elecciones de Cepyme de 2025, pero que ahora han resurgido tras ser reconocido como “informante protegido” por la AIPI (Autoridad Independiente de Protección del Denunciante).

Esta entidad, presidida por el catedrático Manuel Villoria, investiga el caso y lo más probable en estos casos es que se cite a las personas señaladas por el denunciante para dar su versión, señalan fuentes de la AIPI a elDiario.es. En este caso, De Riva ha señalado al propio Antonio Garamendi, entre otros miembros de la patronal de su entorno.

¿Solo una candidatura o nueva guerra en la patronal?

La semana pasada, Antonio Garamendi confirmó también un secreto a voces: que se presentará a las elecciones de CEOE, para intentar alcanzar un tercer mandato. En una intervención en los cursos de verano de la UIMP, el empresario vasco dijo contar con “el apoyo expreso de las organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener”.

Entre ellas, de la patronal vasca (Confebask), que emitió un comunicado de apoyo solo unas horas después, y de Foment, con un “apoyo sin fisuras” a Garamendi, según fuentes de la patronal catalana. También de la Asociación Española de la Banca (AEB), cuya presidenta, Alejandra Kindelán, pertenece a la directiva de la CEOE y avaló a Garamendi durante el curso de verano de la APIE. “Si él (Garamendi) quiere contar conmigo en el futuro, estaré encantada de seguir ahí”, aseguró. 

Otras patronales, como ATA, Cepyme, la patronal madrileña CEIM y la valenciana CEV indicaron a elDiario.es que se pronunciarán al respecto cuando aborden el tema de las elecciones dentro de sus organizaciones.

Una de las dudas es si la de Garamendi será la única candidatura o si tendrá alguna lista competidora. Esta tendría “hasta 40 días” antes de las elecciones para poder presentarse. Fuentes empresariales apuntan a este medio que, al contrario de lo que sucedió en otros momentos del pasado, ahora el empresario vasco llega a los comicios con menos patronales críticas.

Foment, con Josep Sánchez Llibre en el pasado enfrentado a Garamendi, ahora se sitúa de su lado, y Gerardo Cuerva, anterior líder de la patronal Cepyme, ya está fuera de la organización, tras perder –por la mínima– en los comicios de 2025 frente a Ángela de Miguel, la apuesta del empresario vasco.

No obstante, hasta hace poco, el empresario granadino era uno de los nombres que más sonaba para disputar el liderazgo a Antonio Garamendi, y según su entorno sigue con un pie en Madrid, como presidente de CIDE (Asociación de pequeñas distribuidoras-productoras de energía eléctrica).

Los últimos movimientos de José Manuel de Riva, acudiendo a la AIPI antes de las elecciones, han aumentado los rumores de quienes ven posible una nueva pugna en la patronal, que trate de desbancar de su puesto al empresario vasco.

Vuelven a agitarse las aguas en la patronal española. A unos meses de que se celebren las elecciones a la presidencia de CEOE, que Antonio Garamendi aspira a volver a ganar y en las que no suenan de momento candidaturas alternativas, esta semana CEOE ha acelerado por sorpresa el calendario electoral solo unos días después de que resurgieran varias denuncias de un empresario contra miembros de la cúpula de la gran patronal. El denunciante ha logrado la condición de “informante protegido”, adelantó El Confidencial, por lo que lo más probable es que Garamendi y otros cargos sean citados por la AIPI, que investiga el caso.

Las acusaciones no son nuevas, parten de un empresario segoviano y antiguo vicepresidente de la patronal de las pymes, José Manuel de Riva Zorrilla, que ya las denunció públicamente y en los órganos internos de CEOE y Cepyme –que no en los tribunales– en el contexto de guerra abierta en las elecciones en Cepyme celebradas el año pasado.

Antonio Garamendi promovió una candidatura alternativa al entonces líder de las pymes, Gerardo Cuerva, del que se había distanciado y que estaba erigiéndose como una figura crítica y más ultra frente al empresario vasco. De Riva era uno de los apoyos de Cuerva en la batalla electoral, que ganó finalmente por la mínima la candidata de CEOE, la vallisoletana Ángela de Miguel.

Antes de los comicios, se publicaron varias informaciones tachadas de “guerra sucia” por parte de CEOE sobre presuntas irregularidades que señalaban a varios miembros del entorno de Garamendi. Por ejemplo, contra Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA, por “conflictos de intereses” y “facturar a nombre de su mujer” debido a contratos de ATA a una consultoría propiedad de la esposa de Amor.

También contra Ángela de Miguel, por supuesto “trato de favor” de su despacho de abogados a través de la Fundación pública de mediación laboral de Castilla y León (SERLA), entre otros. Las denuncias presentadas por José Manuel De Riva en las Comisiones de Régimen interno de las dos patronales fueron archivadas y hasta aquí parecía que habían llegado sus acusaciones. Hasta este lunes.

El “informante protegido” y sus consecuencias

El Confidencial publicó a comienzos de semana que José Manuel de Riva ha recibido el amparo de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), organismo público de protección de denunciantes de corrupción o irregularidades presidido por el catedrático Manuel Villoria, por un escrito presentado contra Antonio Garamendi y otros miembros de la cúpula de CEOE sobre las irregularidades denunciadas en el desarrollo de las elecciones de Cepyme.

Según este medio, la documentación, entregada en septiembre del año pasado, apunta a hechos que pueden referirse a eventuales delitos de corrupción en los negocios, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, de apropiación indebida y de administración desleal. Pero sin que haya, a día de hoy, ninguna denuncia presentada contra el presidente de la CEOE en ningún tribunal.

La AIPI certificó la condición de informante protegido a José Manuel De Riva, al entender que cumplía los requisitos para ello, aunque precisa que ese certificado “no prejuzga la veracidad de los hechos comunicados ni el resultado de las investigaciones futuras”, recoge El Confidencial.

Independientemente de si alguna de estas denuncias se considera finalmente veraz, el movimiento de De Riva va a suponer probablemente que Antonio Garamendi y otros miembros señalados de la patronal sean citados por la AIPI.

En los procedimientos de investigación del canal externo se cita a la parte denunciada para conocer su versión de los hechos, “salvo que excepcionalmente, bastara con la información por escrito”, responden fuentes de la AIPI a elDiario.es. En general, esta audiencia suele ser “una entrevista”, que puede realizarse de manera presencial y también online, indican en el organismo público.

“Durante la instrucción se da noticia de la comunicación con sucinta relación de hechos al investigado. Esta información puede efectuarse en el trámite de audiencia si se considera que su aportación con anterioridad pudiera facilitar la ocultación, destrucción o alteración de las pruebas”, explican desde el organismo público.

Por el momento, ni en CEOE, ni en Cepyme ni en ATA han recibido ninguna comunicación de la AIPI sobre ningún procedimiento abierto que les afecte, sostienen en estas organizaciones.

Adelanto electoral, de momento sin competencia a Garamendi

Solo unos días después de conocerse este procedimiento de la AIPI, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, dio por sorpresa el pistoletazo de salida al proceso electoral, con la convocatoria, el próximo miércoles, de los órganos directivos de la patronal que tendrán que fijar la fecha de los comicios. Hasta hace unos días, noviembre era el mes que se barruntaba en el mundo empresarial para esta cita con las urnas, pero ahora se prevé que sea antes.

Garamendi tildó de “campaña sucia” la remergencia de las denuncias de De Riva y se limitó a explicar que, dado que a principios de noviembre se celebrará la Cumbre Iberoamericana, quería llegar con el proceso interno ya zanjado. “No tiene ningún sentido que estemos en un espacio electoral cuando vienen miles de empresarios”, subrayó durante su intervención en el curso de verano que organizan la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

Y fue en esta cita donde confirmó el secreto a voces: aspirará a un tercer mandato. “He consultado con gente y sí, me voy a presentar a las elecciones de CEOE porque la gente me ha planteado que es el momento de seguir”, anunció. El empresario vasco dijo contar con “el apoyo expreso de las organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener”.

Entre ellas, de la patronal vasca (Confebask), que emitió un comunicado de apoyo solo unas horas después, y de Foment, con un “apoyo sin fisuras” a Garamendi, según fuentes de la patronal catalana. También de la Asociación Española de la Banca (AEB), cuya presidenta, Alejandra Kindelán, pertenece a la directiva de la CEOE y avaló a Garamendi durante el curso de verano de la APIE. “Si él (Garamendi) quiere contar conmigo en el futuro, estaré encantada de seguir ahí”, aseguró. 

En ATA, Cepyme, la patronal madrileña CEIM y la valenciana CEV indican que se pronunciarán al respecto cuando aborden el tema de las elecciones dentro de sus organizaciones.

Fuentes empresariales sostienen que no hay en estos momentos una oposición suficiente como para presentar una candidatura alternativa que dispute el liderazgo a Garamendi. El expresidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, que en el pasado dio a entender que podría dar el salto para diputar el liderazgo de CEOE, “de momento” no ha tomado ninguna decisión sobre si reabrir la batalla que dio hace un año, indican desde su entorno. Si bien el empresario granadino sigue con un pie en Madrid, como presidente de CIDE (Asociación de pequeñas distribuidoras-productoras de energía eléctrica).

Muchos han mirado a Gerardo Cuerva en este nuevo capítulo de las denuncias de su anterior vicepresidente. Sin embargo, fuentes empresariales consideran que José Manuel de Riva habría actuado por su cuenta y desvinculan su movimiento a una posible candidatura alternativa de Cuerva a los comicios de la CEOE.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reclamado a las patronales que, si quieren negociar medidas para abordar el fenómeno de unas bajas laborales por enfermedad cada vez más largas y costosas, primero tendrán que abandonar el discurso de los “trabajadores de cristal” y del abuso de las incapacidades temporales.

“Si se quiere plantear la idea de que hay un abuso sistemático de las bajas porque los trabajadores son de cristal, con las bajas psicosociales, y que los médicos dan bajas al tuntún, nosotros no vamos a dar la partida”, ha dicho el líder sindical durante su intervención en el Seminario de verano organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.

Si bien Sordo ha reconocido que el presidente de la gran patronal, Antonio Garamendi, no abunda en esta idea, “otros representantes patronales sí”. El secretario general de CCOO se refería a las desafortunadas declaraciones del presidente de CEOE en Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, que llamó “memos” a los jóvenes que solicitaban una baja por salud mental durante una jornada sobre “absentismo” –como denominan los empresarios este fenómeno– organizada por CEOE. Posteriormente se disculpó.

El líder sindical ha reconocido que este asunto es de gran complejidad y que, por ello, ya en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva firmado en 2017 plantearon, junto a UGT y las patronales, la puesta en marcha de un Observatorio que evaluara el “problema” de la eclosión de las bajas laborales por enfermedad. Para Sordo, este asunto tiene más que ver con una infrafinanciación de servicios públicos como la atención primaria, lo que dilata el adecuado diagnóstico de los procesos de incapacidad; además del progresivo envejecimiento de la mano de obra en el país, que hace más propensos a los trabajadores a tener que solicitar una baja por enfermedad.

Sordo ha criticado que la respuesta de la patronal para tratar de resolver este asunto sea “apretar las tuercas” a los trabajadores con la eliminación de los complementos por incapacidad temporal incluidos en los convenios colectivos, por los que las empresas complementan hasta el 100% la paga de sus empleados de baja, que corre a cuenta de la Seguridad Social.

Un factor que sería contraprudecente, a ojos del sindicalista, en tanto que gran parte de los permisos psicosociales –donde se incluyen las bajas por salud mental– por contingencias comunes “tienen una relación con el trabajo o con la relación del trabajo con el tiempo de vida de la gente”, bien sea por situaciones de estrés o ante dificultades de conciliación con el cuidado de hijos o personas mayores.

“Es una casuística súper amplia que estamos dispuestos a ver, pero siempre que se aquilate bien qué es lo que está pasando”, ha dicho el líder de CCOO, que ha advertido que no permitirán pérdidas de derechos o “lecturas simplistas” de lo que está pasando.

“La banca no puede seguir prescindiendo de plantillas”

Preguntado sobre los procesos de prejubilaciones y salidas voluntarias que se están produciendo en el sector financiero, Sordo ha vinculado esta pérdida de mano de obra con una mayor presión sobre la plantilla que se queda. Trabajadores que son llevados al límite y que acaban necesitando de estos permisos por salud mental.

“El sistema financiero no puede seguir prescindiendo de plantillas”, ha insistido, señalando que eso aboca a grandes sectores de la sociedad y del territorio a la exclusión. Y trabajadores que “han mutado en una especie de comerciales permanentes”, con objetivos cada vez más difíciles de cumplir.

El líder sindical ha participado en el tradicional curso de verano de la APIE, que este año versa sobre la energía, la Inteligencia Artificial y la situación del mercado de la vivienda. Para hablar de estos asuntos ha tirado de una metáfora: la película El bueno, el feo y el malo.

En la parte positiva, la transición ecológica y la electrificación del productivo, ha dicho Sordo, podrían acercar a España a la ansiada meta del pleno empleo y coloca al país ante una “oportunidad histórica” de competir por los bajos precios de la energía, en lugar de por los bajos salarios. Dar marcha atrás a estas políticas verdes por parte de quienes abanderan el “negacionismo climático” sería “la decisión estratégica más estúpida y errónea” de la historia del país, ha señalado.

El 'feo' sería la IA, “el gran elemento de riesgo” de las sociedades y que, ha reconocido, va a reconfigurar por completo las estructuras productivas del país, con la destrucción de miles de puestos de trabajo y la creación de otros nichos. En este sentido, Sordo ha advertido sobre el empleo de algoritmos a la hora de organizar el trabajo, con fórmulas desconocidas nutridas con todo tipo de datos que tomarán decisiones “aparentemente neutras” que “pueden poner en cuestion todo el marco de derechos laborales que hemos conocido con unos sesgos absolutamente inasumibles”.

El 'malo' sería la situación del mercado de la vivienda, para lo que ha reclamado una intervención completa, desde topar precios del alquiler en determinados espacios a incentivar la oferta de vivienda no especulativa, de tal manera que se construya más, pero esto no infle los precios.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha anunciado que aspirará a un tercer mandato al frente de la gran patronal, confirmando un secreto a voces, y ha dicho tener el “apoyo expreso” de organizaciones y empresas suficientes.

“He consultado con gente y sí, me voy a presentar a las elecciones de CEOE porque la gente me ha planteado que es el momento de seguir”, ha dicho el empresario vasco desde Santander, donde participa en el curso de verano que organiza la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El líder patronal promovió una reforma de los estatutos de CEOE en julio de 2023 para eliminar el tope de dos mandatos en la presidencia de la organización, dando vía libre a presentarse a liderar a los empresarios españoles por tercera vez consecutiva, hasta 2030. Un extremo que no había confirmado hasta este miércoles.

Garamendi ha asegurado que cuenta con “el apoyo expreso de las organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener”.

El empresario vasco sorprendió ayer a varios sectores de la patronal al convocar, para el próximo miércoles, al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva de la CEOE para dar el primer paso y fijar la fecha de los comicios en el seno de la organización, que estaban previstos para noviembre.

Sin embargo, Garamendi ha detallado que el movimiento busca dar el mes de julio para trabajar en las candidaturas, la suya propia o cualquier alternativa que se presente, y que la Cumbre Iberoamericana de principios de noviembre, que contará con una intensa agenda empresarial, no se vea afectada por el proceso electoral.

“Se abre un espacio donde, el que quiera se puede presentar y que pueda plantear un proyecto el que quiera”, ha detallado.

Una “campaña sucia” tras las elecciones de Cepyme

El anuncio llega después de que El Confidencial publicara que un antiguo vicepresidente de la patronal de las pymes, José Manuel de la Riva Zorrilla, ha recibido el amparo de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) por un escrito presentado contra Garamendi sobre el desarrollo de las elecciones de Cepyme. Según este medio, la documentación, entregada en septiembre del año pasado, apunta a hechos que pueden referirse a eventuales delitos de corrupción en los negocios, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, de apropiación indebida y de administración desleal. Eso sí: a día de hoy no hay ninguna denuncia presentada contra el presidente de la CEOE en ningún tribunal.

Preguntado por estas informaciones, Garamendi ha hablado de “campañas sucias que no van a ningún lado” y se ha referido a De la Riva como “el señor que denuncia, no denuncia o desdenuncia”.

El presidente de la patronal ha reclamado la limpieza del proceso y de los plazos, a diferencia de lo que sucedió hace un año en las elecciones de Cepyme, la 'hermana pequeña' de la CEOE. Hace un año, Garamendi avaló a una candidata alternativa, la empresaria vallisoletana Ángela de Miguel, que se hizo con el liderazgo de la organización de las pymes frente a su entonces presidente, Gerardo Cuerva.

Sin mencionarlo, el nombre de Cuerva –De la Riva era uno de sus vicepresidentes– ha estado presente. “Pido que si alguien cree que tiene un proyecto mejor, que plantee un proyecto en serio, pero no un proyecto donde se intente ensuciar a sus compañeros con temas que no van a ningún sitio. Y no doy más valor del que tiene”, ha dicho. Y, sin entrar en posibles candidaturas alternativas, ha evitado reabrir las heridas de una guerra patronal que, a todas luces, se cerró en falso. “De lo que pasara hace un año y medio, me olvido. Ángela de Miguel es la presidenta de Cepyme, lo está haciendo magníficamente bien y no voy a entrar en esos espacios”, ha insistido.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dado, por sorpresa y antes de lo previsto, el primer paso para celebrar las elecciones al liderazgo de la gran patronal, unos comicios que estaban previstos para otoño y que podrían tener lugar a la vuelta del verano. El empresario vasco ha convocado el próximo miércoles 1 de julio al Comité Ejecutivo, que es el organismo competente para fijar la fecha definitiva de las elecciones.

“Hay prevista una cumbre en noviembre y, teniendo en cuenta que los estatutos establecen un plazo mínimo de tres meses, no queríamos que los tiempos se solaparan con ese evento”, detallan fuentes de la CEOE consultadas por elDiario.es, que confirman la reunión de la dirección de la patronal la próxima semana.

En este sentido, las fuentes patronales apuntan que era “importante intentar que la convocatoria quedara cerrada durante el mes de julio, de manera que las organizaciones dispusieran de margen suficiente para realizar toda la tramitación y los procedimientos necesarios antes de agosto”.

La cita, adelantada por El Correo, podría tener lugar antes del tope legal de cuatro años para su celebración, el 23 de noviembre de 2022.

Garamendi podría aspirar a un tercer mandato

Garamendi promovió una reforma de los estatutos de CEOE en julio de 2023 para eliminar el tope de dos mandatos en la presidencia de la patronal, dando vía libre a presentarse a liderar a los empresarios españoles por tercera vez consecutiva, hasta 2030. Aunque el empresario vasco no ha confirmado aún sus pretensiones de presentarse, en el mundo patronal se da por hecho que concurrirá.

Las dudas están en si será un candidato único y por aclamación, o tendrá que fajarse contra otra lista, despertando los ecos de la dura guerra patronal del año pasado en Cepyme, la 'hermana pequeña' de la CEOE. En estos comicios la empresaria Ángela de Miguel, avalada por Garamendi, se impuso al entonces presidente, Gerardo Cuerva, que se había distanciado del vasco tras defender una línea más dura contra el Gobierno.

El anuncio llega después de que El Confidencial publicara que un antiguo vicepresidente de la patronal de las pymes, José Manuel de la Riva Zorrilla, ha recibido el amparo de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) por un escrito presentado contra Garamendi sobre el desarrollo de las elecciones de Cepyme. Según este medio, la documentación, entregada en septiembre del año pasado, apunta a hechos que pueden referirse a eventuales delitos de corrupción en los negocios, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, de apropiación indebida y de administración desleal. Eso sí: a día de hoy no hay ninguna denuncia presentada contra el presidente de la CEOE en ningún tribunal.

El presidente de la CEOE lleva tiempo endureciendo su discurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, tras un primer mandato salpicado de crisis, como la de la pandemia, en el que se cerraron numerosos acuerdos de diálogo social con los sindicatos y el Ejecutivo. Fruto de ese acercamiento se aprobaron la reforma laboral o la primera pata de la reforma de las pensiones, así como el primero de los aumentos del salario mínimo interprofesional (SMI) con Yolanda Díaz al frente del Ministerio (en 2020, de 900 a 950 euros).

Durante la Asamblea General de la CEOE que tuvo lugar la semana pasada, Garamendi dio un paso más y criticó el “brutal ataque” que se hace a los jueces desde el Ejecutivo, a su juicio, y mostró su apoyo a la judicatura, así como “a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

La Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, CEOE Tenerife, ha considerado este martes que Canarias mantiene una evolución económica positiva, aunque advierte de que necesita acometer reformas estructurales para consolidar su competitividad y transformar el crecimiento actual en un modelo “más sólido, productivo y resiliente”.

Así se recoge en el informe Indicadores Macroeconómicos de Canarias, correspondiente a junio de 2026, presentado por la organización empresarial.

Según el estudio, el producto interior bruto (PIB) de Canarias creció un 3% en términos reales durante el primer trimestre de 2026, mientras que el empleo aumentó un 3,6% y el número de desempleados descendió un 14,8%, hasta situar la tasa de paro en el 11,4%.

Asimismo, la afiliación a la Seguridad Social mantiene una evolución positiva y la inversión extranjera acumula un incremento superior al 137%, datos que, según la patronal, reflejan la capacidad de la economía canaria para generar actividad y empleo pese al contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y la desaceleración de algunos mercados europeos.

Debilidades sistémicas

No obstante, CEOE Tenerife advierte de que persisten importantes debilidades estructurales que limitan la competitividad del archipiélago.

Entre ellas destaca el acceso a la vivienda, cuyo precio medio aumentó un 11,6% en tasa interanual, mientras la oferta continúa siendo insuficiente para atender la demanda, según los empresarios. Sin embargo, hay que señalar que en Canarias hay más de 200.000 viviendas vacías y que, según datos recientes del Ministerio de Vivienda, en el archipiélago hay más de 30.000 viviendas nuevas sin vender, lo que apunta a que el problema es de acceso a la vivienda, no de oferta disponible.

La organización considera que esta situación supone un problema social y comienza a dificultar la atracción y retención de talento.

El informe también señala que la productividad continúa por debajo de los niveles necesarios para sostener un crecimiento económico más sólido y apunta a la necesidad de reforzar la competitividad empresarial mediante la innovación y la modernización.

En el ámbito exterior, la patronal muestra su preocupación por la caída acumulada de más del 23% de las exportaciones y por una tasa de cobertura que apenas alcanza el 20%, lo que, a su juicio, evidencia la elevada dependencia de bienes importados y la necesidad de fortalecer la capacidad exportadora de las empresas canarias.

Respecto al turismo, el informe indica que el gasto de los visitantes sigue aumentando, aunque se aprecia una ligera disminución tanto en la llegada de turistas nacionales y extranjeros como en la estancia media, por lo que considera necesario seguir apostando por la calidad de los servicios y la diversificación de la oferta.

Construir más

Ante este escenario, CEOE Tenerife propone agilizar los procedimientos urbanísticos y administrativos para incrementar la oferta de vivienda, reducir las cargas burocráticas, impulsar la digitalización y la innovación empresarial, reforzar la internacionalización de las empresas, aumentar la inversión en formación y favorecer el desarrollo de sectores como la economía azul, las energías renovables, la industria tecnológica, la economía digital, el audiovisual y el aeroespacial.

El presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, ha afirmado en la nota que los datos confirman que Canarias mantiene “una economía dinámica y con capacidad de crecimiento”, pero considera imprescindible abordar reformas estructurales que permitan aumentar la productividad, facilitar la inversión, incrementar la oferta de vivienda y mejorar la competitividad exterior.

Según Alfonso, “las empresas están haciendo su parte” y ahora corresponde a las administraciones acelerar las decisiones necesarias para que Canarias aproveche plenamente sus oportunidades de desarrollo.

En la nota remitida desde CEOE no hay ni una palabra sobre la mejora de las condiciones laborales en un escenario de bonanza como el actual mientras las Islas siguen teniendo los segundos sueldos más bajos del país y el coste laboral más bajo.

“Son unos memos. Cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema”. El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) se refería así a los jóvenes que se acogen a una baja laboral por razones de salud mental.

Participaba en Madrid en una mesa de debate sobre el absentismo laboral y lo hacía no solo como presidente de la patronal castellanomanchega, sino por su vinculación al sector de las mutuas. Es director gerente de Solimat, que presidió entre 2003 y 2016. Durante ese periodo, en 2011, también estuvo al frente de Corporación Mutua.

“Ahora tenemos una baja, no porque la empresa les haya maltratado, no. Tenemos una baja porque les ha dejado la novia”, incidía durante su intervención.

Ángel Nicolás pidió disculpas un día después por sus comentarios. Le llovieron las críticas, incluidas las del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, quien puso tierra de por medio: “Yo nunca diría eso”.

Su discurso no es nuevo. Hace ahora poco más de un año se descolgó asegurando que “de cada 100 trabajadores malitos, 20 no lo están”.

Habló abiertamente de “fraude” e incluso dijo que “el coste de la incapacidad temporal por contingencia común es algo que hay que mirar. Muchas de estas bajas son de muy difícil calificación porque se deben a salud mental y a partir de ahí te puedes encontrar la típica persona que efectivamente está afectada y la que ha encontrado un buen refugio para estar en su casa cobrando”.

Tampoco es la primera vez que el presidente de los empresarios castellanomanchegos deja sonadas declaraciones relacionadas con la economía o con la política. Sin ir más lejos el pasado mes de mayo ironizaba en una rueda de prensa, asegurando que los empresarios de Castilla-La Mancha tienen que plantearse reclamar la independencia para que la región tenga “más fondos que ingresar”. Hablaba de los presupuestos catalanes en un argumento que hiló al criticar la gestión del proyecto del futuro AVE Madrid-Extremadura, a su paso por Toledo.

En 2029 cumplirá 20 años al frente de CEOE Castilla-La Mancha

Nicolás lleva desde 2009 al frente de la delegación de CEOE en esta comunidad autónoma. El relevo al frente de la patronal castellanomanchega se lo dio Jesús Bárcenas.

Desde entonces y hasta que concluya el vigente mandato, en 2029, habrá cumplido 20 años en un puesto que ha compaginado con otros muchos. Fue presidente de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO) entre 2000 y 2022, y estuvo al frente de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha y de la Asociación Provincial de Construcción y Afines en Toledo. Actualmente también forma parte del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Su faceta empresarial es quizá menos conocida y se mantiene en un segundo plano, con perfil bajo. Heredó la tradición familiar vinculada al sector de la construcción, la obra pública y la promoción inmobiliaria. Unos negocios que quedaron muy tocados en 2008, con el estallido de la burbuja inmobiliaria. En 2022, su nombre aparecía en la novena lista de morosos elaborada por la Agencia Tributaria, con una deuda de más de dos millones de euros.

Se ha mostrado muy crítico con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o con reducir la jornada laboral en un país donde, remarca, los trabajadores y trabajadoras no alcanzan las cotas de productividad europeas.

Durante la huelga general de marzo de 2012 instó a las empresas de Castilla-La Mancha a no cerrar y a avisar a la policía ante cualquier “situación de peligro” o piquete. Años después, en una entrevista , dijo que “los salarios son bajos, nadie lo discute, pero no se puede pagar más”.

Por esas y otras razones son conocidos sus ‘tira y afloja’ con los sindicatos CCOO y UGT. Fue sonado su ataque al líder nacional de CCOO Unai Sordo a quien acusó de “enturbiar las relaciones laborales” en la región y de “mentir” sobre el estado de la negociación colectiva en Castilla-La Mancha. Sin embargo, siempre ha presumido de la “paz social” como elemento diferenciador en la comunidad autónoma.

Sintonía con Cospedal, tolerancia al “moderado” Page y declarado ‘antisanchista’

Ángel Nicolás es de los que ha sabido nadar y guardar la ropa en distintas situaciones económicas y con gobiernos de diferente signo.

El inicio de su mandato al frente de CECAM coincidió con el Gobierno de José María Barreda en la Presidencia de Castilla-La Mancha, durante menos de dos años. Cuando el PSOE perdió el Gobierno regional en 2011, Nicolás criticó lo abultado de la deuda que los socialistas habían dejado tras de sí.

Llegó la etapa de Dolores de Cospedal con el --hasta la fecha-- único gobierno del PP en la comunidad autónoma. “Nos tenemos que aprovechar”, dijo el presidente de los empresarios, de quien entonces era secretaria general del partido que lideraba Mariano Rajoy.

“Por cada insulto en la calle que recibas, recibirás el aplauso de mil empresarios de la región”, comentó en un acto compartido con Cospedal allá por 2012. Expresaba así su apoyo al plan de reestructuración del sector público del PP y también sintonía con la presidenta, en un momento de convulsión socioeconómica en la comunidad.

Se mostró incluso partidario de los criticados recortes en lo público. “Es necesario redefinir las prioridades de gasto adecuándolas a sus ingresos para que la administración no absorba el crédito que debe fluir desde las entidades financieras hacia el tejido productivo de la región”, dijo en aquel momento. Seis años después, reconocía que los recortes también habían llegado hasta el sector empresarial.

Todavía hoy mantiene su idea sobre la necesidad de adelgazar el ámbito público. “Por primera vez en España hay más empleados públicos que autónomos”, dijo el verano pasado.

Con Emiliano García-Page y el PSOE al frente de la Junta de Castilla-La Mancha los pactos institucionales han sido habituales y los choques, pocos y tibios. Ángel Nicolás presume de consenso con el “PSOE moderado”, según sus propias palabras, de Page.

En cambio, su ‘antisanchismo’ es público y notorio. Siempre ha mantenido una postura de confrontación abierta y muy crítica hacia la figura y las políticas de Pedro Sánchez. Mientras que en el ámbito autonómico ha buscado el pacto con el socialista Emiliano García-Page, a nivel nacional no ha dejado de descalificar la gestión del presidente del Gobierno.

A Pedro Sánchez le ha ‘castigado’ en numerosas ocasiones en sus declaraciones, desde que llegase a la Presidencia del Gobierno de España. En 2018 le acusó de “ordeñar siempre a la misma vaca”, refiriéndose al tejido empresarial e incluso de carecer de un plan económico real.

Confrontó con la idea de los ‘viernes sociales’ en los que el Consejo de Ministros aprobaba normas con marcado carácter social y ni siquiera los (buenos) resultados económicos en el país han rebajado su tono crítico.

Una de las escasas cuestiones que no ha puesto en solfa es el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, aunque eso sí reclamando “orden” y un “itinerario formativo” para que “no estén en el país sin nada que hacer”. En su opinión, sectores como el suyo, la construcción, o el transporte necesitan trabajadores.

Tras su reelección para un quinto mandato al frente de la CECAM en mayo de 2025 --por aclamación porque fue el único candidato- Ángel Nicolás mantiene el foco de sus reproches en el Gobierno de España, en cuestiones como el absentismo laboral. El mismo que le ha puesto esta semana en el ojo del huracán por sus desafortunadas declaraciones.

Hola

¿Cómo llevas el calor? 

La economía también está que arde. Apenas unos días después de que el Banco Central Europeo (BCE) decidiera elevar los tipos de interés hasta el 2,25%, el principal argumento que justificaba su endurecimiento monetario empieza a desinflarse. La escalada del precio de la energía –especialmente del petróleo— y que amenazó con reavivar una nueva ola inflacionista, se ha moderado tras el acuerdo provisional alcanzado entre los gobiernos de EEUU e Irán. El barril de Brent ha vuelto a caer por debajo de los 80 dólares y se aleja de los temidos 110 dólares que llegaron a contemplarse en los momentos de máxima tensión. ¿Ha reaccionado el BCE con más reflejos que análisis?

La cuestión no es negar el repunte de los precios. La inflación existe. En Europa subió en mayo hasta el 3,2%, la tasa más alta desde septiembre de 2023. El objetivo de la institución que preside la francesa Christine Lagarde la ubica en el 2%. Pero también importa su origen, como ya contamos en este mismo espacio cuando estalló la guerra, y los efectos sobre la débil economía de la eurozona, que este año se espera que crezca un raquítico 0,8%: más dificultades para las familias y las empresas a la hora de pagar sus deudas, ya que las hipotecas y los créditos van a ser más caros.

La Reserva Federal (Fed) ha jugado con ventaja. El recién nombrado presidente, Kevin Warsh, se acaba de estrenar en el cargo manteniendo los tipos en el rango actual de entre el 3,5 y el 3,75%, pese a que los precios escalaron en mayo un 4,2%, el mayor nivel en tres años. Warsh, que es el candidato de Trump, sostiene que hay que fijarse en la inflación subyacente (la que excluye del cálculo los elementos más volátiles como la energía y los alimentos), esta subió dos décimas en mayo, hasta el 2,9%, por encima del mandato de la Fed, también del 2%.

¿Alguna vez te has preguntado de dónde sale el objetivo de inflación del 2%? Te cuento: no nació de una fórmula matemática compleja, sino de un comentario improvisado en televisión en Nueva Zelanda en 1988. A fines de la década de 1980, Nueva Zelanda sufría una inflación muy alta (en torno al 15%). Durante una entrevista televisiva, el entonces ministro de Finanzas, Roger Douglas, fue presionado sobre si el gobierno estaba conforme con la bajada de la inflación al 10%. Respondió de manera informal que su objetivo ideal sería una tasa de entre el 0% y el 1%. Un poco así, a boleo. Para respaldar la declaración pública de su ministro, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda tuvo que idear un objetivo formal. Calcularon que la medición estadística del coste de vida solía tener un sesgo al alza de aproximadamente un punto debido a las mejoras de calidad en los productos. Redondearon la cifra y establecieron un rango formal de 0% a 2% en 1989.

Debido al éxito que tuvo Nueva Zelanda para estabilizar su economía, el número se convirtió rápidamente en un dogma financiero global. El Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra y el BCE lo adoptaron. Finalmente, la Fed lo oficializó en enero de 2012 bajo el mandato de Ben Bernanke. Este es el consenso institucional, el que considera que el 2% es el lubricante perfecto para la economía.

Pero a raíz de las recientes crisis globales (como la pandemia, las tensiones geopolíticas y los shocks energéticos), economistas de enorme prestigio mundial como Olivier Blanchard (execonomista jefe del FMI) o Laurence Ball han defendido elevar el objetivo óptimo a un rango de entre el 3% y el 4%. Su argumento es que, en un mundo propenso a sufrir crisis de suministro, un objetivo del 2% obliga a los bancos centrales a subir los tipos de interés de forma agresiva, ahogando el crecimiento económico. Un nivel óptimo del 3% daría más flexibilidad a la economía, permitiría mantener tipos de interés reales más estables y evitaría recesiones y pérdidas de empleo a cambio de tolerar una subida de precios ligeramente.

Y también representaría un poco de desahogo para los que tiran de hipoteca para tener techo bajo el que vivir. Lo de la vivienda es un drama, como te venimos contando en este periódico. Por eso este viernes estrenamos un nuevo boletín semanal dedicado íntegramente a la crisis habitacional. Se llama Una casa para vivir y lo va a escribir el compañero de la sección de Economía Germán Aranda. Puedes suscribirte pinchando en este enlace.

Tipos (y tipas) de interés

Baja Ángel Nicolás, presidente de CECAM. El líder de la patronal castellanomanchega ha llamado “memos” a los jóvenes que solicitan una baja médica por salud mental porque “les ha dejado la novia” y no “porque exista un maltrato o un acoso laboral de la empresa” en la que trabajen. Lo manifestó este martes durante su intervención en unas jornadas sobre absentismo organizadas por CEOE-Cepyme en Madrid. Al día siguiente no le quedó otra que pedir disculpas, a través de un comunicado.

Nicolás es, además, director gerente de la mutua Solimat. Ha añadido que en España “se va al médico a por la baja” y los médicos de Atención Primaria están dando bajas por salud mental a pacientes “cuando ni siquiera les ve un especialista, un psicólogo, o un psiquiatra”, mientras “desde las mutuas estamos pagando esa contingencia común”, ha argumentado. “Nosotros nos inflamos”, decía en alusión de las mutuas, a proponer altas médicas.

El propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha distanciado de las palabras del dirigente empresarial castellanomanchego. Ha subrayado la existencia real de un problema de salud mental entre los jóvenes, que se materializa en los casos más dramáticos con intentos de suicidios.

El gráfico

La semana en que Suiza ha rechazado en referéndum limitar la inmigración y el asilo para frenar el crecimiento de su población, me ha llamado la atención este gráfico de The Economist que habla de otra emigración: la de los ricos para buscar el mejor acomodo para sus fortunas por la vía del ahorro de impuestos. Un sector de asesores en pleno auge les está facilitando el proceso. Fuga de capitales, se titula.

La inestabilidad geopolítica ha disparado la migración de grandes patrimonios a hasta un récord histórico, estimando que 165.000 millonarios cambien de residencia este año en un mercado de asesoría que ya mueve 40.000 millones de dólares, según la revista británica. Aunque destinos tradicionales como Dubai pierden fuerza por los conflictos regionales, el interés por emigrar ha crecido con fuerza entre los ricos occidentales; los británicos y europeos huyen de la presión fiscal, convirtiendo a Francia, Alemania y España –por primera vez-- en emisores netos de ricos por primera vez, mientras que los estadounidenses buscan alternativas en Europa ante la deriva política de su país.

Esta huida masiva de patrimonios coincide con un cambio de ciclo político que está cerrando la alfombra roja al dinero fácil: varios países están endureciendo las condiciones de sus programas de inversión o cancelándolos directamente, como hizo España con su Golden Visa o Portugal al duplicar el tiempo de espera para el pasaporte, debido a la presión de la Unión Europea y a la exigencia de un mayor control sobre el origen y los antecedentes de las fortunas entrantes.

El dato

159.785

Es el número de vacantes de empleo en España durante el primer trimestre de este año, la mayor cifra desde que comenzó la serie del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2013. Son 6.900 más que en el mismo periodo del año anterior. Según los datos publicados este martes en la encuesta trimestral de coste laboral (ETCL), el 86,6 % de estas vacantes, 138.379, se encontraba en el sector servicios, como suele ser habitual, ya que aglutina el mayor porcentaje de empleo. Es sorprendente cuando tenemos algo menos de 2,4 millones de parados, según los datos de afiliación de la Seguridad Social. ¿Es un problema de salarios? ¿De formación? ¿Falla la intermediación?

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes: 

Eso es todo por esta semana. Ponte a la sombra y en remojo y nos vemos el jueves que viene.

¡Un abrazo!

El líder de la gran patronal, Antonio Garamendi, ha elevado el tono contra el Gobierno en la Asamblea General de la CEOE, celebrada este miércoles en Madrid, por las causas judiciales que rodean al Ejecutivo. En concreto, el empresario vasco ha sostenido que “es brutal el ataque se está haciendo a los jueces”, a los que ha mostrado todo su apoyo, así como “a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Garamendi ha insistido en que es “lamentable” el contexto actual, que ha afirmado que deja “perplejo” a cualquier ciudadano.

“Levantemos las alfombras, porque los casos de corrupción son increíbles”, ha afirmado el dirigente empresarial, que ha subrayado que “fuera” están mirando a España. “Esto no nos viene nada bien”, ha dicho respecto a las empresas.

Critica la “inestabilidad institucional”

En su discurso al auditorio de la Asamblea General de CEOE, Antonio Garmendi ya había destacado que “la inestabilidad institucional a la que asistimos es el peor contexto posible para una buena marcha de la economía y el empleo”.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno apenas pueda aprobar leyes en el Parlamento y que el país lleva tres años sin Presupuestos Generales del Estado.

Preguntado por los medios de comunicación sobre si con estos mensajes está emplazando a un adelanto electoral, Antonio Garamendi ha evitado llamar a unas elecciones. Ha afirmado que hay varías “fórmulas” que tiene disponibles tanto el Parlamento y el Gobierno. “Ahí están, tómenlas”, ha afirmado.

Culpa a Yolanda Díaz de impedir un acuerdo de salaros

En la línea habitual de duros ataques al Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, Antonio Garamendi ha cargado contra la “asfixia normativa” de su departamento, el “continuo abuso” de la vía reglamentaria y la “desnaturalización” del diálogo social, que ha calificado de “irreal” e “interesado”.

Antonio Garamendi ha señalado específicamente a Trabajo y la “inseguridad” jurídica –“que no va a parar”– para sostener que así es “muy difícil” poder negociar un acuerdo con los sindicatos de negociación colectiva, el gran acuerdo de salarios y otras materias clave de los convenios colectivos que debería revalidarse este año.

Los sindicatos CCOO y UGT llevan meses emplazando a la patronal a sentarse a iniciar esta negociación, sin éxito. Garamendi ha rechazado que se les acuse de “bloqueo” y ha insistido en criticar la “intromisión” del Ministerio en cuestiones como las reglas de compensación y absorción de los complementos salariales, entre otras.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cargado este miércoles contra la CEOE por sus recientes críticas a las bajas laborales, que ve como un “ataque” la independencia del personal médico y ha pedido a la patronal que deje de “banalizar” con este asunto. También ha rechazado de plano las declaraciones del presidente de la patronal castellanomanchega (CECAM), Ángel Nicolás, llamando “memos” a los jóvenes que piden bajas laborales por salud mental.

Ha recordado que las bajas son un “acto médico” en el que un profesional sanitario te diagnostica que no puedes ir a trabajar, por lo que ha pedido a la CEOE no “banalizar” con el asunto y “deslizar” que las bajas se cogen sin causa“.

Así, la ministra ha considerado que las críticas empresariales constituyen “un ataque a la independencia y la autonomía que tienen los médicos para dictar y firmar las bajas de los profesionales y de los trabajadores”.

En lo que respecta a las declaraciones del presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, García las ha censurado, más si cabe en un momento de auge de los problemas de salud mental de los jóvenes, en buena medida provocados por la crisis de vivienda.

La ministra ha concluido alegando que parte de los problemas de salud mental provienen de “las propias empresas”. “Dejemos de banalizar los problemas tanto de salud como de salud mental de los profesionales y dejemos trabajar a los profesionales y a los sanitarios como deben”, ha zanjado.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha desmarcado de las palabras del presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla La-Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, que calificó de “memos” a los jóvenes que se dan de baja por problemas de salud mental derivados de “que les ha dejado la novia” o porque su jefe les pide que trabajen. Garamendi ya se desvinculó también ayer de estas palabras.

“Yo nunca diría eso”, ha afirmado hoy, al tiempo que ha precisado que se trata de una expresión de una persona “dentro de la múltiple gente” que hay en la patronal estatal. “CEOE, en este caso, no va en esa línea”, ha agregado el presidente de la patronal en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

En cualquier caso, Garamendi ha insistido en que la realidad es que cada día faltan a trabajar 1,4 millones de personas por incapacidad temporal (IT) no derivada de un accidente laboral, un problema que cuesta unos 33.000 millones de euros anuales, de los que las empresas asumen 17.000 millones y el Estado, el resto.

“Nosotros pagamos la baja del día cuarto al 14 y a partir del año también”, ha expuesto Garamendi, que ha propuesto que la Seguridad Social asuma también el pago de las bajas a partir del cuarto día.

Hay que retribuir mejor a los médicos. Estoy de acuerdo con los médicos que están en la calle

“Faltan médicos. Hay que retribuir mejor a los médicos. Soy el presidente de la patronal, pero estoy de acuerdo con los médicos que están en la calle. Necesitamos que la gente tenga la capacidad sanitaria para que se cuide. Lo que hace falta es que haya un sistema robusto, sanitario, para que esto funcione”, ha subrayado el dirigente empresarial.

En este sentido, ha afirmado que la CEOE está planteando muchas medidas, entre ellas que las mutuas puedan ayudar. Garamendi ha subrayado que, desde la pandemia de Covid, se han disparado las bajas de salud mental, pero no sólo en España, también en otros países, por lo que instado a reforzar la sanidad en este ámbito.

“Nos gastamos las empresas 17.000 millones. Lo que decimos es que mientras que esto no se arregle, no me hagan pagar a mí la broma”, ha indicado Garamendi.

El gran aumento de bajas médicas de trabajadores en España es una de las mayores preocupaciones de los empresarios a día de hoy, como ha reflejado la jornada sobre “absentismo” organizada este martes en Madrid por la gran patronal, CEOE, con una gran cantidad de organizaciones sectoriales y regionales. Su líder, Antonio Garamendi, ha lanzado “una llamada de atención” ante un “problema de país”, para el que en la jornada se han expuesto varias propuestas. Desde que las mutuas puedan dar el alta por enfermedad común, una de las más repetidas, a que se recupere el despido por absentismo, que derogó el Gobierno en 2020.

La convocatoria ha reunido la voz de muchas patronales. Desde la Confebask de Euskadi, liderada por su presidenta Tamara Yagüe, que ha situado el gran aumento de bajas desde una perspectiva más social, que especialmente desde la pandemia ha disparado las ausencias por enfermedad de los trabajadores y que requiere un enfoque multifactorial para ser abordado. Hasta la visión del responsable de la CEOE en Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, también director gerente de una mutua, que ha llamado “memos” a los jóvenes por las bajas de salud mental. Antonio Garamendi se ha distanciado de sus palabras al ser preguntado por la prensa.

Las distintas organizaciones empresariales han situado el aumento de las bajas médicas como un gran “problema de país”, tanto a nivel social y sanitario como económico, por el coste para las empresas y para la Seguridad Social, así como el lastre que supone para la competitividad de las compañías y la economía española.

Los responsables patronales han advertido de las grandes dificultades para sustituir a las plantillas de baja por enfermedad, en algunos sectores de manera agravada por la falta de profesionales disponibles, lo que han señalado que “pone en riesgo” incluso algunos servicios públicos, como la dependencia, ayuda a domicilio y seguridad.

La hoja de ruta de los empresarios

Los empresarios han señalado los problemas que enfrentan por el aumento de bajas médicas, pero también qué medidas reclaman para reducir estas ausencias. “La respuesta no puede limitarse al diagnóstico”, ha dirigido Antonio Garamendi al Gobierno y, en concreto, al Ministerio de la Seguridad Social, que tiene una mesa de diálogo social abierta en esta materia.

La medida más repetida por los responsables empresariales, expresada de manera más o menos clara, ha sido que las mutuas puedan dar el alta médica en casos de enfermedad común. Algo que está reservado a los médicos del sistema público, y para lo que han reclamado un cambio normativo.

Garamendi ha pedido en general el refuerzo de la sanidad, que se contraten “más médicos” y que aumenten también los controles sobre los trabajadores de baja.

El presidente de CEOE ha recuperado una de las reclamaciones ya tradicional de las empresas: que la Seguridad Social pague toda la prestación por incapacidad, desde los 15 primeros días. En la actualidad, las empresas abonan la prestación del día 4 al 15, y los tres primeros no hay prestación por incapacidad temporal, pero la gran mayoría de convenios colectivos recogen la cobertura de esos días a cargo de la empresa.

A esta, los empresarios han sumado la reclamación de que la Seguridad Social les ahorre la totalidad de la cotización de los trabajadores que contratan para sustituir al personal de baja médica.

Además, varios responsables empresariales han pedido recuperar el “despido por absentismo”, como expresamente han hecho la madrileña CEIM y la patronal de limpieza ASPEL, que han reclamado que se recupere este despido procedente debido a las bajas médicas. Su derogación fue una de las primeras medidas del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, después de que este fuera avalado por el Tribunal Constitucional.

El responsable de la patronal canaria, aunque sin nombrar este despido, ha afirmado que “la legislación laboral en estos años” está consiguiendo “que no haya ningún riesgo por no ir a trabajar”. “No te va a pasar nada. Hay un incumplimiento de la buena fe contractual. Una parte se aprovecha claramente de la otra. Hay un reto de cara al próximo gobierno, para conseguir revertir este tipo de situaciones”, ha afirmado.

Por último, otra de las prioridades de las patronales es reducir los complementos salariales por enfermedad que se han pactado en los últimos años en los convenios colectivos. Algunos de ellos cubren al 100% del salario, complementando la prestación por incapacidad.

La gran mayoría de representantes empresariales han considerado que estos pluses puede generar “incentivos” perversos. “No es lo mismo ir a trabajar que no ir”, ha advertido el líder de la patronal navarra, que ha reclamado a los sindicatos que se abran a negociar este tema, para lo que se ha abierto a abordar por la parte empresarial aumentos salariales y reducciones de jornada.

El presidente de CECAM, la patronal castellanomanchega, ha llamado hoy “memos” a los jóvenes que solicitan una baja médica por salud mental porque “les ha dejado la novia” y no “porque exista un maltrato o un acoso laboral de la empresa” en la que trabajen. Así lo ha manifestado Ángel Nicolás durante su intervención en el Encuentro 'Todos Contamos. Absentismo x IT: un problema de país', organizado por CEOE-CEPYME en Madrid.

Cuando le ha llegado el turno de palabra, ha comenzado afirmando que Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma “como cualquier otra, igual de buena, igual de mala” en cuanto al tema central de la jornada. Pero a renglón seguido, ha comenzado a arremeter contra la prestación por Incapacidad Temporal (IT o ITT) como un “fraude manifiesto” en el 20% de los casos.

Nicolás, que también es director gerente de la mutua Solimat, ha añadido que en España “se va al médico a por la baja” y los médicos de Atención Primaria están dando bajas por salud mental a pacientes “cuando ni siquiera les ve un especialista, un psicólogo, o un psiquiatra”, mientras “desde las mutuas estamos pagando esa contingencia común”, ha argumentado. “Nosotros nos inflamos”, decía en alusión de las mutuas, a proponer altas médicas.

Según los datos que ha aportado, Castilla-La Mancha cerró el año 2025 con 279.000 bajas por IT, sobre una población de más de 800.000 cotizantes, algo que “no es razonable”. También ha abundado en que 60.000 trabajadores castellanomanchegos “no acuden cada día a su puesto de trabajo” y que la cobertura de las solicitudes de IT supone un 3,2% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad autónoma, “un auténtico disparate”.

Pide más inspectores médicos para supervisar bajas laborales

Al hilo de ello, se ha referido a una reciente reunión de la patronal castellanomanchega con los consejeros de Sanidad, Hacienda y Economía del Gobierno regional, en la que CECAM pidió más inspectores médicos para supervisar bajas laborales. “¿Por qué no se nos atiende nuestra petición y sí se atiende la de los sindicatos, cuando hay 72 inspectores de trabajo y 11 inspectores médicos? Porque los sindicatos están en contra de las medidas que proponemos”, ha remarcado, sin detallar a qué propuestas se refería.

Ha sido en este punto cuando se ha referido a la salud mental y a los jóvenes. Sin ningún tipo de dato que lo demuestre, Ángel Nicolás ha dicho que hay quien se coge la baja “porque le ha dejado la novia, no porque la empresa lo ha maltratado”.

“Te das cuenta de que tenemos una población joven que no es comparable con otras, son unos memos, cualquier cosa que les suceda en el trabajo ya es un problema, y que tenga que cumplir un horario ya le supone un acoso laboral. ¿Cuántas demandas no tenemos porque el jefe le ha dicho al empleado que trabaje y al día siguiente ya ha cogido la baja?”, ha subrayado.

Durante una segunda intervención, Nicolás ha explicado que CECAM puso en marcha un Observatorio Regional del Absentismo que ya ha realizado una primera encuesta para conocer el impacto en la comunidad autónoma. La encuesta, ha dicho, se circuló entre más de 85.000 empresas de todos los tamaños y confía en tener los primeros resultados antes del mes de agosto. 

De 25.000 empleos, en cuestión de dos semanas, vamos a tener 20.000 bajas. Este es nuestro histórico de los planes de empleo que hacemos

Ha detallado también que cada mes se hace un seguimiento del impacto de las bajas laborales en Castilla-La Mancha, “gracias a los magníficos informes que nos mandan desde AMAT, la Asociación de Mutuas de Trabajo, cosa que agradecemos”.

Las mutuas, ha dicho, están reclamando la posibilidad de realizar “atención integral con capacidad de alta en los procesos traumatológicos”. En el Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha, el proceso medio de ITTC traumatológico está durando 75,74 días. Cuando lo hacen las mujeres ese mismo proceso está durando 40,83 días, detallaba.

Por otra parte, se ha referido a los Planes de Empleo de la comunidad autónoma, que el Gobierno regional pone en marcha en colaboración con ayuntamientos o diputaciones, algo “no muy extendido”, decía, en otros territorios. En este sentido, ha lamentado que los ayuntamientos no hagan “una revisión de salud previa a estos trabajadores”. “Con lo cual, de estos 25.000 empleos, en cuestión de dos semanas, vamos a tener 20.000 bajas. Este es nuestro histórico de los planes de empleo que hacemos”.

“Cuando se hace el reconocimiento médico, todos son válidos para trabajar y en tres semanas los tienes en la mutua para pedir ayuda”, ha concluido, reclamando la colaboración entre las administraciones.

Garamendi rectifica al presidente de CECAM

Preguntado por los comentarios de Ángel Nicolás relativos a las bajas laborales de los jóvenes, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado en la existencia real de un problema de salud mental entre los jóvenes, que se materializa en los casos más dramáticos con intentos de suicidios.

Por ello, ha pedido abordar este “problema de país” y se ha distanciado de las palabras del dirigente empresarial castellano manchego.

El Tribunal Supremo rechaza los recursos de la gran patronal española, CEOE, y su organización de pequeñas y medianas empresas (Cepyme) y respalda la presencia de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) en el Consejo Estatal de la pyme y el Observatorio de la Morosidad. Entre otros argumentos, advierte de que limitar la pluralidad de interlocutores equivale en la práctica a un “monopolio” de la representación empresarial.

En dos sentencias fechadas el 19 y el 28 de mayo a las que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso rechaza los recursos de Cepyme y CEOE, respectivamente, contra el decreto de 2024 que crea y regula el Consejo Estatal de la pequeña y mediana empresa y se regula el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.

Para rechazar la presencia de Conpymes en el Consejo Estatal, la CEOE alegaba que la representación institucional de las organizaciones empresariales en dicho consejo corresponde “exclusivamente” a las organizaciones empresariales de ámbito estatal y a las de ámbito autonómico de carácter intersectorial que alcancen los umbrales mínimos de representatividad que marca el Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, afirmaba que dichos umbrales de representatividad se determinan conforme a criterios objetivos vinculados al número de empresas asociadas y de trabajadores de estas, sin que resulte jurídicamente relevante el tamaño de las empresas. Así, consideraban que en estos órganos se estaba premiando en exceso a organizaciones de pymes y “discriminando” a sus patronales.

“Indebida monopolización” de la representación empresarial

El Supremo, en cambio, cree que de atender a los criterios de CEOE y Cepyme “conduciría, en la práctica, a una indebida monopolización de la representación institucional de las organizaciones empresariales, erigiéndolas en interlocutores exclusivos frente a las administraciones públicas”.

Tanto el Consejo y el Observatorio de la Morosidad son órganos colegiados de carácter no decisorio, y su función es esencialmente consultiva, destaca el Supremo.

Dada su naturaleza y las funciones que tiene atribuidas en materias que inciden directamente en las pequeñas y medianas empresas, “resulta razonable articular una composición que incorpore una pluralidad de interlocutores”.

Entre estos interlocutores cabe incluir “no sólo a las organizaciones empresariales más representativas de ámbito estatal, sin distinción por razón del tamaño de las empresas que integran, sino también a aquellas organizaciones específicamente representativas de las pequeñas y medianas empresas”.

Desde Conpymes valoran que la justicia confirme “de manera definitiva que las pymes tienen derecho a una voz propia e independiente en los órganos públicos de participación”, y rechace la pretensión de CEOE y Cepyme de concentrar en exclusiva dicha representación.

La resolución determina “con claridad que la representación de las pymes no puede quedar absorbida por las grandes estructuras empresariales”, añade Conpymes, que destaca que el Tribunal Supremo avala un modelo donde la pluralidad “es un derecho protegido por reglas concretas que impiden que una misma organización, o sus estructuras vinculadas, acumule puestos en órganos del Estado”.

El presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, ha subrayado que el talento se ha convertido “en uno de los principales factores de competitividad” y ve “una pena” que “casi todo” del que se forma en la comunidad autónoma “acabe fuera”, lo que supone “un lastre” para las empresas de la región.

Conde ha afirmado que Cantabria tiene “problemas” para atraer y retener talento y considera que, ante ello, hay que poner “condicionantes” y activar “determinadas palancas”. “Yo creo que estamos en ello”, ha dicho Conde, que ha reconocido que resolver esta cuestión “va a llevar mucho tiempo”.

Así lo ha indicado en el marco de la celebración del Plenario 2026 de CEOE-CEPYME Cantabria, que este viernes ha reunido en el Centro Botín a expertos, directivos y responsables de Recursos Humanos para analizar la cuestión del talento y la gestión del capital humano, uno de los retos de las empresas para competir “en mercados cambiantes”.

Conde ha insistido en que en Cantabria “no podemos permitirnos el lujo” de que el talento se escape“ y, sobre las razones de esa 'fuga', ha indicado que la capacidad que tiene la región a nivel empresarial ”es inferior a la que tienen otras comunidades“, como puede ser Madrid.

Además, ha señalado que los jóvenes “buscan una proyección que, por la razón que sea, ahora mismo no les hace atractivo quedarse en Cantabria”. “Los profesionales valoran cada vez más aspectos como el desarrollo profesional, la conciliación, el bienestar laboral, la inclusión o la diversidad, ha apostillado.

Conde ha subrayado que “las empresas que consigan atraer, desarrollar y fidelizar a los mejores profesionales serán las que tengan mayor capacidad para innovar, crecer y adaptarse a los cambios del mercado”. Además, ha advertido que es “un gran error” dejar que estos jóvenes se marchen y más con el “problema” demográfico que hay que en Cantabria, donde “se va a jubilar bastante talento y va a llegar al mercado muy poco”.

En este contexto, el presidente de la patronal ha abogado por intentar que el talento que existe en empresas de la región “que tienden a desaparecer” no se marche fuera y sea aprovechado “por las que realmente están creciendo” y tienen capacidad para ello. “Lo que no podemos es coartar el crecimiento de esas empresas que pueden competir”, ha dicho.

Antes del inicio de la jornada, Conde ha sido preguntado por la cadena de Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) en empresas en la región, como Nestlé, Solvay o Teknia. En ese sentido, el presidente de la patronal cántabra ha indicado que “las empresas tienen que adaptarse a los nuevos mercados y a las nuevas tendencias” y “si ven que tienen departamentos que tarde o temprano van a desaparecer, lo que tienen que hacer es adaptar su personal, sus medios, su empresa a los nuevos mercados. Y dentro de esa situación, cada empresa tiene las herramientas que tiene”, ha sentenciado.