La Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) ha celebrado este miércoles su 49ª Asamblea General, que ha estado marcada por la aprobación de “unos presupuestos para afrontar los riesgos actuales” generados por el conflicto iraní y la crítica del presidente de la organización, Artemio Pérez, a las medidas del Gobierno para paliar la misma, a las que ha tildado de ser “insuficientes”.

Pérez ha explicado durante su discurso de clausura, en la misma sede de FEDA, la inestabilidad del mercado tras la ofensiva comenzada por Estados Unidos contra Teherán y que se alarga “con otro alto el fuego pero sin negociación”, con un estrecho de Ormuz bloqueado y con la parálisis de parte del abastecimiento gasístico y petrolífero del mundo, “lo que repercute en el precio del transporte, la construcción y por tanto, en la inflación global”.

Artemio Pérez dice que las ayudas deben superar a las de la COVID

El presidente de FEDA ha señalado otros desafíos devenidos de la misma situación como el encarecimiento de los seguros marítimos y el aumento de costes de los suministros. Esto, ha advertido, causa “un encarecimiento energético, eleva los costes de producción y se traduce en menor competitividad y crecimiento económico”, generando “una crisis económica, quizás, la mayor de la Historia reciente”.

Ante ello ha pedido “prepararse y ser cautos” y ha asegurado que “las políticas públicas son claves para solucionar la crisis con incentivos para la inversión. Algo que Europa no ha hecho aún.”

Pérez ha extendido su crítica a las últimas medidas del Gobierno para enfrentarse al impacto económico de la guerra, anunciadas el viernes pasado tras el Consejo de Ministros Extraordinario, asegurando que la iniciativa “nace muerta” al no abordar con suficiente financiación la construcción de vivienda o el impulso a las empresas.

“Las ayudas deberían de superar las otorgadas ante la pandemia del COVID”, ha concretado el presidente de FEDA, quien también ha considerado que los decretos “no solucionan el problema habitacional”. “Se otorgan 7.000 millones de euros para construir vivienda de protección oficial para los próximos cinco años. Deberían de ser 7.000 millones por año”, ha valorado desde su experiencia, recordando que este tipo de financiación fue mayor en los tiempos previos a la crisis de 2008.

El empresario ha pedido facilitar los trámites burocráticos para la construcción, dar ayudas de 50.000 euros para jóvenes y familias desfavorecidas a fondo perdido de cara a adquirir vivienda y poner el coste del suelo gratuito. También ha solicitado no condicionar las medidas a poblaciones pequeñas, aseverando que “es el ciudadano el que manda dónde quiere vivir”. Por último, ha pedido aprobar estas medidas en una ley pactada con la oposición para garantizar su durabilidad.

Pese a todo, Pérez ha estimado que España seguirá creciendo al doble que la media europea de cara a 2027, gracias a sectores como el turismo. El líder de la patronal también ha dado el visto bueno al último proceso de regularización de extranjeros, asegurando que “queremos que los migrantes trabajen, coticen, mantengan las pensiones y salgan de la economía sumergida”.

Como conclusión, Pérez ha destacado la colaboración entre el sector privado y el público, asegurando que “un país prospera cuando tiene el emprendimiento como política de Estado”.

“Unidad empresarial” frente a la crisis provocada por “terceros países”

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, ha aprovechado la ocasión para destacar “el trabajo de las 3.000 personas repartidas en asociaciones empresariales que dedican su tiempo y esfuerzo a defenderlas”, constituyendo tanto las grandes compañías como las pymes parte del “equilibrio social” de la región.

El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz, ha compartido parte del análisis del presidente de FEDA al afirmar “que estos últimos años han sido duros” y a los que ahora se suma una nueva crisis provocada “por terceros países con sus choques de civilizaciones”. Ante ello, el delegado ha puesto “la unidad empresarial” como un ejemplo para hacer frente a los problemas “y salir antes de ellos”, así como a los acuerdos regionales entre actores sociales, el sector empresarial y las instituciones, citando como ejemplo el plan estratégico de crecimiento económico de autónomos para 2026-2030, que ha descrito como “una iniciativa compartida” o la financiación de 221 millones de euros de la Junta a más de 250 proyectos de FEDA.

De su lado, Manuel Serrano ha felicitado al presidente, Artemio Pérez, “porque Feda se acerca al número redondo de 50, una efeméride que se cumple el año que viene y que celebraremos como merece. Ya el pasado año otorgamos a Feda la Medalla de Oro de la Ciudad, como un justo reconocimiento a su trayectoria y a sus aciertos”.

El alcalde ha recordado que “10.000 empresas y autónomos de más de 70 asociaciones sectoriales son los números irrebatibles de la representatividad de Feda, que es Marca Albacete y es la mejor patronal del país. Todo el empresariado de la ciudad y la provincia tiene aquí su representación en todos los sectores: desde el comercio, tan nuestro, a la construcción, los transportes, la industria o la agricultura. Y esa representatividad la convierte en interlocutor válido e imprescindible con las administraciones. En el Ayuntamiento consideramos a Feda un socio leal y un compañero de viaje en la apasionante tarea de construir una ciudad mejor, más próspera y con más posibilidades para todos”.

Serrano ha asegurado que “hay quien sólo sabe demonizar a los empresarios y culparles de todos los males. Desde luego no es el caso de este Ayuntamiento”.

La patronal catalana Foment del Treball adelantará al 18 de mayo sus elecciones a la presidencia, inicialmente previstas para el 18 de julio, y Josep Sánchez Llibre se presentará a la reelección.

El empresario, vicepresidente de Conservas Dani y presidente de la patronal desde noviembre de 2018 y también es vicepresidente de la CEOE, ha anunciado este lunes en una rueda de prensa que la junta directiva de la patronal ha tomado la decisión de avanzar dos meses los comicios.

“Hay muchas cosas por hacer que todavía no hemos culminado”, ha afirmado Sánchez Llibre, que ha subrayado que entre los ejes de su programa se incluirá el impulso de la competitividad de las empresas catalanas y la reducción del absentismo laboral.

También ha subrayado el objetivo de rebajar la presión fiscal a empresas y familias, a partir de la eliminación del impuesto de patrimonio, la reducción de la bonificación del impuesto de sucesiones y la deflactación del IRPF para las familias.

De hecho, durante su intervención el presidente de Foment ha reiterado que Cataluña vive un “infierno fiscal”.

Presentación de candidaturas

El próximo 8 de mayo será el último día de presentación de candidaturas y avales, una fecha en la que Sánchez Llibre tiene previsto detallar “con más precisión” los puntos de su programa electoral.

En el caso de que no se presente ninguna candidatura más antes del 15 de mayo, la mesa electoral validará la reelección de Sánchez Llibre, una aceptación que después deberá ser consensuada en el marco de la junta directiva, ha detallado el presidente de la patronal.

Sánchez Llibre ha explicado que los votos de las federaciones sectoriales y territoriales que forman parte de Foment “priman mucho más” que los de las empresas socias independientes, que son unas 500 de las más de 260.000 firmas integradas dentro del conjunto de federaciones.

En 2024, una reforma aprobada por la Asamblea General de Foment eliminó la barrera que obligaba al presidente de la patronal a presentarse a un máximo de dos mandatos.

Este hecho ha permitido que Sánchez Llibre tenga la posibilidad de acceder a una tercera reelección, con la que alcanzaría doce años de presidencia si es elegido el próximo 18 de mayo.

Los empresarios de Castilla y León representados en la CEOE han apelado este lunes, un día después de las elecciones autonómicas, a la “responsabilidad y diálogo” de las fuerzas políticas para formar un gobierno estable que afronte cuanto antes los retos económicos y demográficos.

CEOE Castilla y León, a través de un comunicado, ha recordado la necesidad de una “seguridad institucional” que permita “avanzar en crecimiento económico, inversión y creación de empleo en la Comunidad”.

Los empresarios han expresado su voluntad de seguir colaborando con las instituciones y agentes sociales dentro del Consejo de Diálogo Social con el fin de seguir sumando acuerdos “que impulsen la actividad económica, la inversión y el empleo”, han insistido.

Por último, la organización ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas representadas en las Cortes autonómicas para que prioricen “el interés general de Castilla y León” y trabajen “desde el consenso y la estabilidad institucional” que considera imprescindibles “para generar confianza, atraer inversiones y afrontar con éxito los retos económicos y demográficos de los próximos años.

La organización empresarial CEOE Castilla y León ha mostrado su “profunda preocupación” por una posible interrupción o límite a las relaciones con Estados Unidos, un “mercado estratégico” para numerosos sectores productivos de la Comunidad como la agroalimentación, la industria y los bienes de equipo.

A través de un comunicado remitido este miércoles, la patronal ha señalado que Estados Unidos “es un país amigo y socio fundamental para España” y ha mostrado su deseo que las relaciones entre ambos no se vean afectadas, después que el presidente norteamericano Donald Trump planteara “cortar el comercio con España” por la postura del Gobierno sobre el ataque a Irán.

CEOE CyL ha subrayado que en este momento de incertidumbre resulta “más necesario que nunca” reforzar la coordinación con la UE para adoptar decisiones que puedan afectar al comercio internacional.

“Esperamos que el Gobierno de España sea capaz de reconducir esta situación a través del diálogo y la cooperación institucional, preservando así la estabilidad de las relaciones económicas y comerciales con un ”socio clave como Estados Unidos“, apunta el texto.

A primera hora de este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho una declaración institucional en la que ha recuperado el lema del 'No a la guerra' (popularizado con la invasión de Irak de 2003), ha defendido el respeto al derecho internacional y ha reivindicado los valores fundacionales de la UE y de la Carta de las Naciones Unidas.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha ironizado este jueves con que “el 88%” de las más de mil propuestas recogidas por el PP en su programa “se han redactado con ChatGPT”. “Antes copiaban del Rincón del Vago y ahora se adaptan a ChatGPT”, ha apuntado.

El también secretario general del PSOE de Castilla y León ha señalado que Mañueco “apenas pudo enumerar tres” de las más de mil medidas anunciadas. A su juicio, el problema no es tanto el contenido, llegando a reconocer que algunas iniciativas son “positivas” y otras ya “repetidas”, el problema es la “falta de credibilidad” de un partido que lleva “cuatro décadas” al frente de la Junta y “siete años” con el mismo presidente.

Martínez ha apuntado que durante la presentación del programa del PP se presentó el “dúo dinámico” formado por Mañueco y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. “Si el señor Quiñones es el cerebro que idea y planifica el futuro de los próximos cuatro años en esta Comunidad, pues es lo que hay”, ha criticado, para añadir que el PP “parece que cambia, pero nunca cambia”.

El dirigente socialista acusó ha acusado a los populares de centrar la campaña en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el ministro de Transportes, Óscar Puente, en lugar de debatir sobre los problemas propios de Castilla y León. “Dicen que van a hablar de la Comunidad y no hablan; repiten mantras y buscan responsables fuera”, ha reprochado.

Frente a ese modelo, Martínez ha reivindicado el del PSOE como “serio y con soluciones”, centrado en afrontar la despoblación y la pérdida de autónomos, y en ofrecer respuestas “en la raíz de los problemas, no grandes frases que no se desarrollan”. Tras reunirse con representantes empresariales, ha indicado en que la Comunidad se juega “más que comer” en estas elecciones y que el 15 de marzo solo hay dos opciones: “siete más cuatro” años del PP o un “proyecto sólido y creíble” de cambio.

Llamada a la participación

En clave de participación, el candidato socialista ha defendido la necesidad de una “altísima movilización” en las urnas. A su juicio, la experiencia demuestra que cuando baja la participación “gobierna la derecha”. En esa línea, Martínez ha compartido el análisis de Pedro Sánchez sobre el impacto de la abstención en anteriores citas electorales y ha apelado a evitar el “cainismo”en la izquierda, que penaliza más a su espacio político que a la derecha cuando concurre dividida.

Preguntado por debates internos en el PSOE sobre el calendario electoral nacional, Martínez ha respondido que está “a lo suyo”: hablar de Castilla y León y convencer a los ciudadanos de que “se atrevan al cambio” tras casi 40 años de gobiernos del PP. Para Martínez, el 15M no va de inteligencia artificial ni de argumentarios reciclados, sino de credibilidad y de quién ofrece una salida real al declive demográfico y económico de la Comunidad.

El PSOE se abre a negociar junto al Diálogo Social el absentismo laboral

En la misma comparecencia, tras su reunión con representantes de la CEOE, el candidato socialista también se ha comprometido a “reforzar, impulsar y ampliar” el Diálogo Social en la Comunidad y a abrir una mesa específica para abordar el absentismo laboral, una cuestión que la patronal, tal y como ha asegurado el presidente autonómico de la CEOE, Santiago Aparicio, ha calificado “una lacra muy importante” para la competitividad y las aspiraciones de crecimiento.

Martínez ha indicado que el absentismo supone “un lastre” para las empresas y también para las propias administraciones, pero ha defendido analizarlo “con muchos matices y líneas de estudio”, sin buscar culpables. Entre los factores a tener en cuenta, ha indicado el “colapso” de la Atención Primaria, la inspección sanitaria o el funcionamiento de las mutuas.

El líder socialista ha señalado que si un trabajador con gripe que no logra cita con su médico de cabecera hasta pasados varios días favorece el absentismo, cuando la baja la “tendría que dar el primer día”. “Cuando hay un problema encima de la mesa, el PSOE lo afronta y no lo esconde”, ha afirmado, apostando por mejorar la normativa desde el consenso entre Junta, sindicatos y empresarios.

Sobre la reunión, el dirigente socialista ha reconocido que no habrá acuerdo en todos los ámbitos, como por ejemplo con el SMI o la supresión del Impuesto de Patrimonio, pero sí ha visto margen para pactos en materias como la retención y atracción de talento, la planificación energética o la conexión entre formación y empresa. En este punto, ha defendido reformar el Servicio Público de Empleo para que actúe como puente real entre quienes buscan trabajo y quienes necesitan contratar.

Además, ha planteado una fiscalidad diferenciada en una futura ley contra la despoblación, con deducciones de entre el 10% y el 25% según el territorio, y ha insistido en su propuesta de ‘tarifa cero’ para autónomos durante dos años, que sería de tres en municipios de menos de 5.000 habitantes, como herramienta para frenar la “sangría” demográfica y empresarial en el medio rural.

La CEOE cifra en 33.000 millones el coste del absentismo laboral

Por su parte, el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha señalado el gran coste del absentismo laboral y ha criticado que no se puede normalizar que cada día falten al trabajo en España 1,7 millones de personas, con un coste estimado de 33.000 millones de euros que asumen a partes iguales el Estado y las empresas. A su juicio, se trata de una “lacra” que está “haciendo mucho daño” a la competitividad y que exige una mesa de trabajo específica en el marco del Diálogo Social para “poner todas las cartas boca arriba” junto a los sindicatos y las administraciones.

Aparicio ha trasladado a los socialistas de Castilla y León un documento con 175 medidas centradas en tres prioridades: retención y atracción de talento, planificación energética y lucha contra el absentismo. Asimismo, ha reclamado reforzar la FP Dual, estrechar la colaboración con las universidades en formación, investigación e innovación, y garantizar infraestructuras energéticas que permitan que la potencia generada en una comunidad “líder en renovables” se quede en el territorio y facilite la implantación de proyectos industriales. “Si no hay talento, no hay futuro”, ha resumido el dirigente patronal.

El presidente de la gran patronal (CEOE), Antonio Garamendi, ha respondido a las críticas lanzadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no apoyar la subida del salario mínimo. “El gran drama es que no se pueden subir los salarios porque el Gobierno se está poniendo morado, y lo digo así de claro, a subir impuestos desde el punto de vista de lo que son los seguros sociales”, ha sostenido el empresario vasco, en referencia al dinero que utiliza el Estado para pagar las pensiones.

Sánchez señaló que “dónde está la patronal” cuando el IBEX 35 alcanza máximos históricos y cuando ocurre lo mismo con la escalada de los beneficios de las empresas. “Ahí sí está”, ha señalado Sánchez a CEOE y a Cepyme, pero no en el aumento del salario mínimo legal, algo que ha considerado que “no es admisible” en el actual contexto económico.

“No es admisible que, en un contexto de bonanza económica, se mire con lupa el salario de quien cobra el mínimo, mientras se mira hacia otro lado cuando se registran beneficios multimillonarios”, remató.

No es un impuesto, son cuotas para pagar pensiones

El dirigente empresarial ha señalado que, para el presidente del Gobierno, “parece que sólo hay 35 empresas en España”, las del Ibex, cuando hay más de dos millones de pequeños empresarios, y ha denunciado que el mensaje de Sánchez vaya “justamente contra la gente que crea riqueza”, ha sostenido en una entrevista en la Cadena COPE, recogida por la agencia Europa Press.

“El gran drama es que no se pueden subir los salarios porque el Gobierno se está poniendo morado, y lo digo así de claro, a subir impuestos desde el punto de vista de lo que son los seguros sociales (...) Todo al final se lo come el Gobierno, porque si no, estarían en los bolsillos de los trabajadores”, ha apuntado Garamendi en un discurso que mezcla lo que son los impuestos, las cotizaciones sociales y quién se queda este dinero de las arcas públicas.

El dinero que recauda la Seguridad Social en cotizaciones sociales no son un impuesto, sino una aportación de los trabajadores que genera derechos a futuro (cuanto más cotizan, mayores prestaciones reciben de maternidad, enfermedad o pensiones), y que además se utiliza en el presente para pagar prestaciones tan importantes como las pensiones públicas y las bajas por incapacidad temporal.

“Dan permisos por ahí”

El líder de la CEOE ha señalado que otro “gran drama” que al Gobierno “parece que le importa muy poco” es que todos los días faltan a trabajar 1.700.000 personas en España, en referencia al aumento de las bajas médicas de los trabajadores. “Todos los días (...) Y, en cambio, la ministra dando permisos por ahí, y el otro no sé qué”, ha afirmado Garamendi, que ha señalado que está “más que hiperenfadado” por esta situación.

Tras ampliar los permisos por cuidados familiares y aprobar los nuevos permisos climáticos, de hasta cuatro días para situaciones de alertas meteorológicas por las que no se pueda acudir al trabajo (como en la Dana de Valencia), la ministra de Trabajo ha puesto sobre la mesa ampliar el permiso de fallecimiento hasta los 10 días y crear un nuevo permiso de 15 días por cuidados paliativos.

“Desde luego el Gobierno no está a la altura de las cosas que tendría que estar, que es ver entre todos, ver cómo esas pequeñitas empresas, esos autónomos pueden subsistir, que no me cuenten batallas de lo bien que va todo como un cohete”, ha subrayado el líder de la gran patronal.

“Se buscan enemigos, se buscan estereotipos, cuando esto no tiene nada que ver. Aquí hay que hablar de la productividad, hay que hablar de la competitividad de las empresas, hay que hablar de cómo las empresas tienen que crecer, pero sin embargo parece que no quieren que crezcan porque te asfixian a impuestos. Estamos en récord de recaudación y ahí siguen y no se quiere hablar de lo que realmente hay que hablar”, ha reprochado Garamendi.

“Yo creo que todo el mundo tiene muy claro qué está pasando. Es decir, parece que aquí hay que seguir buscando enemigos, pues para tapar, no sé, alguna miseria”, ha deslizado también el líder empresarial.

El dirigente de CEOE ha vuelto a denunciar que el Gobierno utilice a la patronal y a los empresarios como “el muñeco de goma o de trapo” al que dar “golpes”, cuando ha sostenido que siempre han sido “la solución”. “Y seguiremos siendo la solución, porque somos las empresas las que realmente creamos esa riqueza”, ha declarado Garamendi.

La ayuda fiscal ofrecida por el Gobierno a los empresarios de cara a la subida del salario mínimo de 2026, para tratar de alcanzar un acuerdo con la patronal, parece que cae en saco roto. CEOE y Cepyme han emitido un duro comunicado en el que tachan de “fórmula trilera” la medida, que consideran que tiene “condiciones inalcanzables”. Esta tarde, Trabajo citó a los sindicatos y patronales mayoritarios para tratar de cerrar el aumento del SMI a 1.221 euros brutos al mes.

En primer lugar, los empresarios critican que la ayuda fiscal fuera filtrada a los medios de comunicación antes de ser enviada a los agentes sociales, lo que denuncian como “una falta de respeto” por el diálogo social.

En cuanto al contenido de la propuesta, las organizaciones empresariales denuncian que la ayuda fiscal ofrecida “supone la sustitución de la esperada indexación de los contratos públicos” –que reclaman tanto las patronales como los sindicatos– “por unas fórmulas trileras”, que sostienen que “no compensan los costes asociados a la actualización del SMI planteada”.

Dicen que las condiciones son “inalcanzables”

En un primer análisis, CEOE y Cepyme critican que la ayuda fiscal para mejorar los salarios por encima del SMI “deja fuera a todos los autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores”.

“De hecho, la medida excluye también, de manera insólita, a las empresas en pérdidas, que son las que más lo necesitan, a las cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro”, recoge el comunicado conjunto.

Las organizaciones patronales consideran que la deducción fiscal que permitiría ahorrarse parte del desembolso de las empresas en el Impuesto de Sociedades “establece condiciones inalcanzables para la mayoría de las empresas” y, además, dicen que “supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y la libertad de empresa”. “Es puro intervencionismo”, dicen sobre la ayuda fiscal.

Pese a todas estas críticas, los empresarios no dan el portazo definitivo a la medida. “El Comité Ejecutivo de CEOE emitirá una valoración una vez el Gobierno nos haga entrega de la documentación necesaria para poder hacerlo”, zanja el comunicado.

Este final deja en duda qué pasará en la reunión del diálogo social que el Ministerio de Trabajo ha convocado este jueves por la tarde, con la intención de cerrar ya la negociación y la subida del SMI. Es decir, si los empresarios se desmarcarán ya esta tarde de la negociación o si, por el contrario, habrá que esperar a la decisión de su Comité Ejecutivo para concluir el diálogo social.

Antes de ser enviada por el Gobierno, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, se habían mostrado cautos y recelosos de la medida. Este jueves, Unai Sordo, secretario general de CCOO, se ha reafirmado en que no les “suena bien” la ayuda fiscal, que ha caliicado de “francamente compleja”. Además, ha sostenido que el alza del SMI del 3,1% “es una subida perfectamente razonable y que pueden asumir las empresas sin minorar los ingresos en el Impuesto de Sociedades”.

El Gobierno ha trasladado definitivamente a patronal y sindicatos la propuesta de deducción fiscal en el Impuesto de Sociedades con el que tratar de compensar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 y acercar a los empresarios a un acuerdo que lo eleve un 3,1%, hasta los 1.221 euros al mes.

El Ministerio de Hacienda ha diseñado una reducción creciente que se aplicaría solo en el ejercicio fiscal que comience en 2026 y vinculada a que las empresas aumenten el porcentaje de la plantilla que cobra por encima de la cuantía del SMI y a que la mantengan durante los dos años siguientes, bajo la amenaza de que tengan que devolver la ayuda con intereses en las próximas declaraciones tributarias.

La propuesta, adelantada por El País y a la que ha accedido este periódico, establece que solo podrán beneficiarse de la ayuda aquellas empresas en las que la plantilla media que cobra por encima del SMI aumente al final del ejercicio fiscal, con un aumento mínimo de una persona trabajadora en el caso de las compañías de menos de 100 empleados; que será de un 1% de la plantilla, con un mínimo de dos trabajadores, para aquellas de mayor tamaño.

Del 25% al 100% de la subida del SMI

A partir de ahí, la cuantía de la reducción en la base imponible del impuesto será creciente en función de si ese porcentaje es mayor. Así, si la plantilla que cobra por encima de los 1.221 euros al mes crece menos del 5%, se aplicará un recorte del 25% del aumento bruto del SMI este año. Es decir, unos 130 euros de ayuda por trabajador que cobre el SMI. Este beneficio será creciente y en cuatro tramos, hasta alcanzar el 100% de la subida bruta del SMI (518 euros anuales) para aquellas compañías que tegan un 15% más de empleados por encima de la menor retribución posible.

A mayores, y además de los requisitos de subida salarial y mantenimiento del empleo, Hacienda establece que solo podrán beneficiarse de esta deducción las compañías cuyos gastos de personal estén por encima del 70% de los gastos de su resultado de cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

La Mesa de Diálogo Social para la subida del SMI se reunirá de nuevo en la tarde de este jueves y, según avanzó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, será la última sobre esta retribución mínima para 2026. Formalmente, el Ministerio de Trabajo solo ha de consultar con los agentes sociales el alza, ya que la competencia es del Ejecutivo y lo hace mediante un reglamento que no tiene que pasar por el Congreso.

La patronal estableció como condición para avenirse a un acuerdo que el Gobierno ejecutara un cambio en la Ley de Desindexación de Contratos Públicos, una norma heredada del Ejecutivo de Mariano Rajoy que impide a las empresas que contratan con la Administración repercutir al Estado las subidas del SMI.

En los pasillos de Hacienda rechazaron esta propuesta porque tensionaría aún más las cuentas públicas, pero abrieron una negociación con el Ministerio de Trabajo para encontrar una solución quirúrgica con la que tratar de atraer a la CEOE.

“Nos interesa que remonten el salario mínimo, que tengan un estímulo que pueda compensar la subida de SMI de este año, pero que estimule a avanzar en esa escala salarial”, justificó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, después de la cita de este lunes en la que trasladó verbalmente la oferta a los agentes sociales.

La solución resulta bastante similar a la que encontraron Hacienda y Trabajo para resolver la tributación del SMI, a través de una deducción en el IRPF para sus perceptores y no mediante una elevación del mínimo exento, que se traslada a toda la pirámide salarial y termina siendo regresiva.

La patronal se comprometió a estudiar la propuesta en sus órganos internos, pero la oferta no ha cautivado a los sindicatos. “Genial que se incorpore la CEOE al acuerdo, pero, ojo, porque es mala pedagogía decir que el SMI se sube si lo pagan todos los españoles”, ha dicho el secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante una rueda de prensa en la mañana de este miércoles, antes de conocer la letra pequeña.

Fuentes de la CEOE consultadas por este periódico dicen no haber recibido aún la oferta. De no adherirse la patronal al acuerdo para subir el SMI, todo parece indicar que la ayuda no saldrá adelante.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Castilla y León ha recibido el medio millón de euros de la Junta de Castilla y León que le correspondía tras pedir la ejecución de las sentencias que ganaron UGT y CCOO ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León después de los recortes “ilegales” de Vox. CEOE no judicializó la retirada de la subvención, pero ahora sí ha pedido la extensión de los efectos de las sentencias del TSJ y ha reclamado su parte correspondiente a la participación institucional de 2023.

La Consejería de Industria, que durante unos años dirigió Mariano Veganzones, acabó aprobando parte de la subvención anual que recibían los integrantes del Diálogo Social, aunque no lo promocionó tanto como cuando anunció el fin “ilegal” de estas subvenciones. Faltaba, por lo tanto, entregar a la CEOE la cuantía restante correspondiente al periodo 2022-2023: ha recibido 494.491 euros. CEOE se ha negado a hacer declaraciones al respecto y consideran que se trata de “un procedimiento administrativo que se ha tramitado por los cauces institucionales habituales”.

Esta entrega se aprobó en el Consejo de Gobierno del 30 de diciembre de 2025, aunque no se incluyó en el dosier de prensa que la Junta suele entregar a los medios de comunicación. El Ejecutivo no ha querido aclarar el porqué de esta opacidad, y solo se ha podido conocer esta entrega a través del portal de Transparencia. El del 30 de diciembre es uno de los últimos consejos de gobierno antes de que Fernández Mañueco disuelva las Cortes de Castilla y León y convoque elecciones autonómicas para el 15 de marzo.

Una decisión que solo recurrieron los sindicatos

Precisamente fue en marzo del año pasado cuando el TSJ autonómico condenó al Ejecutivo de Fernández Mañueco después de que permitiera que Vox, estando en el gobierno, retirara la subvención que establecía la Ley de Diálogo Social a los sindicatos y la patronal. Esta subvención directa está vinculada a su representatividad sindical y empresarial y no puede depender de la aprobación de esta partida en los Presupuestos. El TSJ reconoció “el derecho del sindicato a la subvención nominativa prevista en el artículo 16 de la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la participación institucional”.

Vox suprimió esta cantidad (normalmente no supera los 4 millones de euros entre las tres organizaciones) en los Presupuestos y, aunque luego sí hizo una aportación parcial, el TSJ le obligó a entregar la que faltaba. Eso sí, la Justicia resolvió en 2025, un año después de que Vox se marchara de los gobiernos de coalición que mantenía con el PP. El gobierno de Fernández Mañueco anunció entonces que no iba a recurrir las sentencias y que pagaría las cuantías fijadas por la Justicia.

La Justicia fue muy contraria a determinadas políticas iniciadas por Vox durante su mandato en Industria y Empleo, como el calendario laboral de 2023, que la Justicia declaró nula porque Veganzones se saltó el procedimiento y la Justicia consideró “ofensivas e innecesarias” las acusaciones formuladas por Veganzones contra los sindicatos, aunque en esta ocasión el TSJ no vio infracción penal. También en 2023, el Consejo Económico y Social de Castilla y León tuvo que desmentir al Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes, que acusó a patronal y sindicatos de cobrar “126.000 euros en gastos de telefonía, luz, gas y comunidad de propietarios” a través de la entidad.

Benito Tesier ha asumido este lunes la presidencia de la Confederación Aragonesa de Organizaciones Empresariales --CEOE Aragón-- reivindicando la figura del empresario, “a veces y en los últimos tiempos, demonizada injustamente”, y comprometiéndose a ser junto a su comité ejecutivo “la voz y el altavoz de nuestras empresas”.

“Sin empresas no hay riqueza, no hay bienestar social, ni impuestos, no hay oportunidades para nuestros jóvenes y, por lo tanto, el deber y la obligación de todos los que conformamos la sociedad es ayudar e impulsar a estas empresas para ayudar e impulsar el futuro de nuestra tierra”, ha asegurado.

El director general de Brembo Iberia y presidente de la Federación de Empresarios Metalúrgicos de Zaragoza y del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR), entre otros cargos, ha confesado recibir esta nueva responsabilidad con “muchísima ilusión, un gran sentido de la responsabilidad y el orgullo de ser hijo de empresario”.

En su discurso, Tesier ha resaltado que Aragón y el mundo viven un momento “decisivo, inmersos en un cambio acelerado: transformación tecnológica y energética, exigencias de sostenibilidad, tensiones geopolíticas y reinvención de las cadenas de suministro y de valor, en el que Aragón se está posicionando con fuerza para convertir los retos en oportunidades reales”.

Ha hecho hincapié, además, en la importancia del diálogo social como “espacio para construir soluciones útiles” y de la unidad de acción empresarial en la que “CEOE Aragón debe ser una a común”.

Como ejes para su presidencia, Tesier también se ha marcado como objetivos “la competitividad y la inversión, para lo que necesitamos menos burocracia, plazos razonables y estabilidad normativa”, entre otras cosas, que Aragón siga siendo tierra industrial e impulse la innovación“; lograr una formación útil, práctica y adaptada a la realidad; avanzar en reputación y orgullo de pertenencia de los empresarios y las organizaciones empresariales.

Además, se ha referido a aspectos territoriales concretos como maximizar las ayudas al funcionamiento en Teruel o continuar reivindicando infraestructuras como la Travesía Central por el Pirineo y el Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Garamendi: “Si a Aragón le va bien, a España le va mejor”

Tesier releva al frente de CEOE Aragón a Miguel Marzo, al frente de la patronal empresarial desde febrero de 2022 y a quien le ha agradecido la labor desarrollada en ese periodo.

Se convierte así en el noveno presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón desde su fundación en 1982, tras Javier Ferrer Dufol (1982-1991), Javier Aísa (1991-1994), Miguel Ángel Hidalgo (1994-2001), Julián López Babier (2001-2005), Jesús Morte (2005-2013), Fernando Callizo (2013-2019), Ricardo Mur (2019-2022) y Miguel Marzo (2022-2026).

A su figura se ha referido el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que ha destacado “su amplia experiencia, solvencia acreditada y que esté dispuesto a trabajar por los demás representando a los empresarios de Aragón y quitándole una parte importante también del tiempo que dedique a su propia empresa”.

Recibe Tesier, según ha valorado, “un legado de más de 40 años” con el que trabajará “de forma unida” con las organizaciones, los sectores y los territorios.

Para esa labor ha mostrado todo su apoyo el presidente de CEOE, Antonio Garamendi quien, tras agradecer a Marzo el “haber dirigido la nave de los empresarios en momentos también complicados, ha destacado la importancia que tiene Aragón en España:

“La empresa de Aragón, su economía, está demostrando los retos que está ganando y los que tiene por delante. Es un hecho las inversiones que se están produciendo y que no solo para esta tierra, sino para España también es un orgullo, porque si a Aragón le va bien, a España le va mejor”.

A ese panorama de inversiones anunciadas en la Comunidad se ha referido también el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ha resaltado el proyecto de AWS para construir u nuevo centro de datos en La Puebla de Híjar, “la inversión más importante en la historia de la provincia de Teruel”, que eleva la cifra global de inversiones a 75.000 millones de euros, “una cifra inigualable, no solamente en España, sino en todo el sur de Europa”, ha destacado.

Azcón ha subrayado el “momento económico excepcional” que vive la Comunidad a tenor de los datos del paro, de la afiliación a la Seguridad Social, el crecimiento y la atracción de población.

Homenaje a Miguel Marzo

Por su parte, Miguel Marzo ha recalcado el “gran honor” que para él ha supuesto presidir los últimos cuatro años CEOE Aragón, “que queda en buenas manos” con el “talento y energía” de Benito Tesier.

El presidente saliente ha aludido al valor del diálogo social, la estabilidad institucional y el apoyo a las empresas desde los “dos gobiernos autonómicos de distinto signo político” con los que ha coincidido su mandato, frente al “entorno hostil” para el tejido empresarial en las políticas nacionales.

Ha puesto, además, el foco en “la empresa como principal palanca de creación de riqueza” y en el “gran momento empresarial e inversor que está viviendo Aragón” y en la competitividad como “una política social en sí misma, la mejor que como empresarios podemos aportar a nuestra sociedad”.

A la figura de Marzo se ha referido especialmente el presidente Azcón, que le ha trasladado un “agradecimiento en mayúsculas” por su “magnífica labor” al frente de la CEOE:

“Miguel Marzo, significa trabajo, defensa de Aragón y, sobre todo, diálogo social”. Una felicitación que ha hecho extensible a todos los agentes sociales, “que permiten que Aragón sea una tierra que se caracterice por la paz social”.

La Asociación Provincial de Centros Privados de Educación Infantil de Guadalajara, integrada en CEOE-CEPYME Guadalajara, ha denunciado que el Ayuntamiento de Guadalajara no ha convocado las habituales ayudas municipales destinadas a los centros privados de educación infantil de la capital, “a pesar de tratarse de una subvención comprometida previamente por el concejal de Infancia en una reunión mantenida en el mes de febrero del presente año”, critican en alusión al edil del PP, Roberto Narro.

Estas ayudas, dotadas con una cuantía de 50.000 euros, estaban presupuestadas y venían concediéndose de manera continuada en ejercicios anteriores, explica la asociación empresarial.

Sin embargo, detallan, “el consistorio ha alegado motivos legales para no proceder a su convocatoria, sin que se haya planteado ninguna alternativa que permitiera dar salida a dichos fondos, como sí se ha hecho en otros sectores municipales”, según lamentan. Esta circunstancia, inciden en un comunicado, “evidencia una clara falta de voluntad política para mantener unas ayudas fundamentales para el sector”.

Esta asociación empresarial recuerda que “históricamente, estas subvenciones han supuesto un apoyo esencial para los centros privados de educación infantil” o que han contribuido “de manera directa a la calidad educativa, a la estabilidad de los proyectos pedagógicos y al mantenimiento del empleo, mayoritariamente femenino, en un sector clave para la conciliación familiar y laboral en la ciudad”.

También argumentan que estas ayudas “repercuten positivamente en las familias, facilitando el acceso a plazas de educación infantil” o que a pesar de que las familias han recibido ayudas directas, “estas no han cubierto la totalidad de las solicitudes, dejando a numerosas familias sin posibilidad de acceder a los servicios que prestan estos centros”.

Desde la asociación se lamenta “profundamente” esta decisión porque, sostiene, “genera una situación de incertidumbre e inseguridad entre los centros afectados, especialmente tras el compromiso adquirido por el Ayuntamiento”.

“Esta situación compromete la viabilidad económica de muchas escuelas infantiles, en un contexto ya marcado por el incremento de los costes de funcionamiento y la necesidad de seguir ofreciendo un servicio educativo de calidad”. Además, pone de manifiesto el desinterés del consistorio hacia un sector esencial que, año tras año, ve cómo se reduce el número de centros y de plazas disponibles para las familias de Guadalajara.

Esta situación compromete la viabilidad económica de muchas escuelas infantiles, en un contexto ya marcado por el incremento de los costes de funcionamiento y la necesidad de seguir ofreciendo un servicio educativo de calidad

Asociación Provincial de Centros Privados de Educación Infantil en Guadalajara

La Asociación Provincial de Centros Privados de Educación Infantil de Guadalajara ha solicitado al Ayuntamiento que reconsidere esta decisión y restablezca la convocatoria de ayudas, “manteniendo el compromiso que venía demostrando con la educación infantil y con los profesionales que trabajan diariamente en este ámbito”.

50.000 euros presupuestados y no ejecutados

Asimismo, se denuncia la “falta de información” por parte del Ayuntamiento sobre el futuro de estas ayudas de cara a 2026, sin que se haya aclarado si se mantendrán ni si se incorporarán los 50.000 euros presupuestados y no ejecutados en 2025. En paralelo, se considera imprescindible aumentar las ayudas a las familias para dar respuesta a la totalidad de las solicitudes y garantizar el acceso a los servicios de los centros privados de educación infantil.

La asociación ha puesto de manifiesto “el abandono y la falta de respuesta, tanto a nivel político como institucional, del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara hacia el sector de la educación infantil privada y, en consecuencia, hacia las familias usuarias de estos servicios”.

No obstante, el colectivo empresarial reitera su disposición a mantener un “diálogo constructivo” con el Ayuntamiento que “permita buscar soluciones y apoyar de forma efectiva a un sector clave para el desarrollo educativo y social de la ciudad”.

Denunciamos el abandono y la falta de respuesta, tanto a nivel político como institucional, del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara hacia el sector de la educación infantil privada y, en consecuencia, hacia las familias usuarias de estos servicios

Asociación Provincial del Centros de Educación Infantil de Guadalajara

La “oda al autónomo” PP-Vox y la realidad: “Les están asfixiando”

La denuncia ha sido comentada por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Lucía de Luz, durante el Pleno ordinario celebrado hoy. Se debatía una moción del Grupo Municipal PP sobre la situación de los trabajadores autónomos y la portavoz socialista ha puesto como ejemplo la denuncia de las empresas privadas que gestionan centros de educación infantil para criticar la contradicción del Gobierno de Ana Guarinos. “Lo hacen ustedes para disimular y tapar la inacción de PP y vox en el Ayuntamiento de Guadalajara”, frente a realidades como las de este tipo de empresas, en algunos casos autónomos.

“Esta es la primera vez en la historia que las ayudas han tenido un informe de no sostenibilidad”, afeaba la socialista quien cree que el Gobierno de PP y Vox “está asfixiando” a estas empresas. Desde Aike, sin citar este caso, la portavoz Susana Martínez ironizaba. “Esta es la oda al autónomo que levanta la persiana, una frase que repiten ustedes. Es una imagen muy idílica: menos burocracia, más libertad, menos impuestos...”.

El portavoz del equipo de Gobierno Alfonso Esteban ha salido al paso de las críticas cargando contra el Gobierno del PSOE. “Lo que algunos hicieron fue arruinar este ayuntamiento, poniendo en riesgo servicios públicos e inversiones”.

Es sensato que las ayudas sean genéricas, que se puedan acoger a ellas todos los autónomos de Guadalajara y no solo un colectivo. A cambio hemos incrementado las ayudas a las familias

Alfonso Esteban — Segundo teniente de alcalde de Guadalajara

Según su versión, el actual gobierno “ha garantizado la estabilidad económica” y además habrá 200.000 euros en ayudas a empresas a “las que, entre otros, se podrán acoger las empresasque gestionan guarderías privadas”.

Según el concejal del PP las subvenciones a las guardería privadas eran “la única ayuda residual dirigida estrictamente a un colectivo” y en su opinión “es sensato que las ayudas sean genéricas, que se puedan acoger a ellas todos los autónomos de Guadalajara y no solo un colectivo. A cambio hemos incrementado las ayudas a las familias para pagar las guarderías, pasando de de 50.000 a 70.000 euros”. Por otro lado, añadía, “se ha reforzado” la colaboración con la CEOE-CEPYME “para que tenga su reflejo en las empresas”.

La Junta Electoral de CEOE Aragón ha ratificado la candidatura de Benito Tesier, actual vicepresidente de la organización empresarial, como única candidatura presentada para la presidencia. Tras la conclusión del proceso de presentación de candidaturas, la Junta ha validado oficialmente la de Tesier, quien será elegido nuevo presidente en la próxima Asamblea General de CEOE Aragón, prevista para el 12 de enero de 2026. Relevará en el cargo a Miguel Marzo.

Con este paso, se culmina el procedimiento estatutario que marca la renovación de la presidencia de la Confederación, garantizando la continuidad y el compromiso con la defensa de los intereses empresariales de Aragón.

La elección de Benito Tesier supone un respaldo a su trayectoria y experiencia en el ámbito empresarial y asociativo, así como a su implicación en la actividad de CEOE Aragón en los últimos años.

Tesier, está desempeñando actualmente el cargo de director general de Brembo España, filial ibérica del grupo italiano de la cual Benito Tesier es accionista y miembro del consejo de administración, líder mundial en sistemas de freno, donde ha impulsado la modernización y competitividad de la planta aragonesa. Asimismo, ejerce como vicepresidente de CONFEMETAL y vicepresidente de CEPYME Nacional, reforzando su influencia en el ámbito de la representación empresarial a nivel estatal.

Además, está desempeñando un papel clave en el asociacionismo empresarial como presidente del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR), presidente de la Federación de Empresarios Metalúrgicos de Zaragoza (FEMZ) y vicepresidente y presidente de la Comisión de Recambios de SERNAUTO, la asociación nacional de proveedores de automoción.

Su labor ha sido reconocida recientemente con el Premio ADEA al Directivo de Aragón 2025, el Premio de Honor Mobility 2025 otorgado por la Cámara de Comercio Italiana y Mobility City, y la distinción como Antiguo Alumno del Año por ESIC Aragón.

Con esta trayectoria, Tesier afronta la presidencia de CEOE Aragón con el objetivo de reforzar la competitividad empresarial, impulsar la innovación y consolidar el papel de la Confederación como referente en la defensa de los intereses de las empresas aragonesas.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que denunciará el polémico buzón de la patronal CEOE Canarias para señalar a trabajadores de baja supuestamente fraudulentas. La responsable de Trabajo llevará la iniciativa ante la Agencia Española de Protección de Datos. “Es ilegal”, ha reiterado.

Díaz ha criticado la iniciativa de la patronal canaria, que ha vinculado a Antonio Garamendi, el líder estatal de la patronal CEOE. “Ha sacado adelante una oficina con carácter anónimo para que los trabajadores denuncien a trabajadores enfermos. Le pido al señor Garamendi que retire con carácter fulminante esta oficina. Es ilegal”, ha sostenido.

La ministra de Trabajo ha afirmado que va a denunciar este buzón. “También le anticipo que vamos a poner este hecho por supuesto ante todas las autoridades que sea menester, pero ante una en singular: la Agencia Española de Protección de datos”.

Díaz ha afirmado que este buzón anónimo “no está amparado por la legalidad”, que “va contra los derechos humanos” y ha considerado la iniciativa como “gravísima”. “Es inhumano, esto es lo primero, pero segundo es ilegal”, ha rematado.

Quiere cerrar los permisos de duelo el lunes

La ministra de Trabajo ha cargado también contra los empresarios por rechazar la ampliación de los permisos por fallecimiento a diez días y la creación de un nuevo permiso para cuidados paliativos de familiares. “Estamos ante una patronal absolutamente inhumana”, ha sostenido Díaz.

La vicepresidenta ha anunciado que el próximo lunes celebrará la última reunión de diálogo social sobre esta materia, ya solo con los sindicatos, con el objetivo de cerrar un acuerdo y que el Gobierno pueda aprobar la iniciativa.

Al tratarse de una ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores, la norma deberá pasar por el Parlamento y sumar los apoyos necesarios para salir adelante, una situación cada vez más compleja para el Ejecutivo ante la pérdida del respaldo de Junts.

En Trabajo esperan que estos “permisos de duelo” sean respaldados por el Congreso, como lo fue hace unos meses la ampliación del permiso por nacimiento de hijo. Sin embargo, en ese caso la retribución de las semanas de permiso las asume el Estado y en los permisos de duelo los pagarían las empresas, lo que dificulta el apoyo de la medida para ciertas formaciones próximas al empresariado.

“Tendría que ser cero”. Con estas palabras, el líder de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha sostenido que el salario mínimo interprofesional (SMI) no debería subir nada este año, aunque los empresarios han planteado un alza “más que generosa” del 1,5%. ¿Por qué? Porque, según la patronal, este sueldo mínimo ya está “bastante por encima de lo que debería”. En concreto, lo cifran en un 5%, con su propio cálculo de cuál es el salario medio en España. Una estimación que rebate la que realiza anualmente la comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo y que está a punto de presentar su próxima valoración.

El nuevo planteamiento desplegado por la patronal de un SMI “sobredimensionado”, novedoso frente al de los últimos años, pretende romper con la referencia que ha estado guiando los aumentos del salario mínimo por parte del Gobierno de coalición, y que lo han situado en los 1.184 euros brutos al mes, en 14 pagas, en 2025. Supone un 61% más que en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

El Ejecutivo de coalición ha vinculado el SMI a una meta: que alcance al menos el 60% del salario medio neto del país, siguiendo el criterio del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre la Carta Social Europea. Para ello, el Ministerio de Trabajo formó una comisión de expertos y expertas, que ha ido asesorando al Gobierno sobre cuál es esa referencia del 60% año a año, con alguna excepción.

En la comisión están presentes expertos independientes, así como miembros de varios ministerios económicos (Trabajo, Economía y Hacienda) y de los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), mientras que la patronal CEOE se negó a formar parte del grupo.

Pelea de estadísticas

Los empresarios denuncian ahora que el salario mínimo está “sobredimensionado” porque critican la estadística con la que el comité de expertos ha venido estimando cuál es el salario medio del país, la Encuesta de Estructura Salarial (EES) del INE.

Se trata de una de las diversas fuentes estadísticas oficiales sobre salarios que tiene España, la que se suele considerar como la más completa y que ofrece más nivel de detalle, pero que tiene algunos inconvenientes –como reconocían los propios expertos en su primer análisis–, como que no incluye algunos sectores, caso del primario y el empleo doméstico, y que tiene más retraso en la publicación de resultados.

La patronal defiende que habría que utilizar la información sobre salarios que ofrece otra estadística del INE, la Encuesta de Población Aciva (EPA), que sí incluye estos sectores excluidos en la EES, muy afectados por el salario mínimo, y que tiene resultados más recientes (2024 frente a 2023). De ella, además, resulta un dato de salario medio bastante inferior y, en consecuencia, también un SMI más bajo.

“En cifras, el SMI, tomando los datos EPA como referencia para 2025, sería de 15.760 euros brutos anuales, esto es, 816 euros menos al año. Dicho de otro modo, el SMI sería en estos momentos un 4,9% superior a lo que realmente corresponde”, dicen los empresarios. Con la referencia de la patronal, el SMI sería de 1.126 euros al mes en 14 pagas.

Sin embargo, la estadística de salarios de la EPA que plantean los empresarios también tiene sus inconvenientes, como reflejó la comisión de expertos del Gobierno. De las más destacadas, que tiene una muestra mucho más pequeña que la Encuesta de Estructura Salarial. Esta última ofrece una imagen mucho más amplia de lo que ganan las personas asalariadas. Según los últimos datos disponibles, la muestra de salarios de la EPA alcanza a 27.000 asalariados, frente a los 250.000 de la Encuesta de Estructura Salarial.

El líder de los empresarios ha concluido así este miércoles que “parece ser que se ha elevado el SMI bastante por encima de lo que debería ser” y ha denunciado que “se juega con estadísticas que no son las que habría que trabajar”.

No obstante, Garamendi ha dicho que la patronal ha planteado la “más que generosa” propuesta de incremento del 1,5% del salario mínimo en 2026 para que “por lo menos sea la que se ha planteado con los funcionarios”.

Por su parte, los sindicatos han planteado que el SMI suba un 7,5% y el Gobierno, que no ha adelantado aún su postura a la espera del informe de los expertos, se inclina por una nueva alza relevante, según han expresado varios ministros.

El Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE, reunido este martes, ha acordado plantear una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de hasta el 1,5% para 2026, lo que supone alcanzar los 1.202 euros brutos al mes, en catorce mensualidades, y no exentos de tributación al IRPF.

Según han defendido los empresarios a través de un comunicado, esta subida está en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año y de acuerdo con los objetivos de la Directiva Europea de Salarios Mínimos a la hora de fijar el SMI: fomento de la negociación colectiva, lograr un nivel digno de vida, reducir la pobreza de los ocupados, fomentar la cohesión social y la convergencia social al alza y reducir la brecha salarial de género.

“Para respetar la negociación colectiva, condicionamos esta subida del 1,5% al cumplimiento de las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores”, han señalado desde la patronal.

Frente a esta propuesta de los empresarios, hace unas semanas los sindicatos CCOO y UGT plantearon un incremento de esta renta mínima del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos al mes por catorce pagas, con tributación obligada en el IRPF.

La CEOE de Valladolid, presidida por Carlos Magdaleno, exalcalde de Mayorga (Valladolid) y exdiputado provincial del Partido Popular, han lanzado una campaña informativa con el lema 'Unamos Valla y Dolid' para apostar por el soterramiento del ferrocarril a su paso por la capital, “algo que llevamos diciendo desde 1998”, ha apuntado este martes él mismo, un día después de que Adif y Renfe hayan denunciado el convenio de integración de 2017.

Un día antes de este anuncio, la web ya estaba disponible y ya había empezado a circular a través de redes sociales de la mano de una usuaria. Esa página web. Además, ya se han visto un pequeño 'tren turístico' de 'Valla' y 'Dolid' que simulan la separación entre la ciudad. La web hace un recorrido simplificado del recorrido que ha tenido el debate desde 2002: se refiere a 2005 como un momento en el “la ciudad se ilusiona con el sueño de estar unida”, a 2015 como “Óscar Puente se convierte en alcalde de Valladolid. Los bancos que financiaban la operación se echan para atrás e impiden que el soterramiento sea una realidad” y a 2017 como “El Ministerio de Transporte paraliza el soterramiento. Enterrar la vía y unir a la ciudad es inviable”.

Sin embargo, no hace referencia al escándalo de las comfort letter o a la deuda millonaria que tenía el Ayuntamiento. Cuando llegó a la alcaldía Óscar Puente, advirtió que había una deuda de 404 millones de euros, de los cuales más de cien millones correspondían a intereses impagados por un préstamo y los bancos bloquearon las cuentas de la SVAV.

El exalcalde de Valladolid Javier León de la Riva había firmado tres cartas de conformidad que convertían al Ayuntamiento en avalista de una deuda de 100 millones de la Sociedad Alta Velocidad encargada de tramitar el fallido soterramiento del tren, sin que pasara por el pleno municipal o las comisiones correspondientes. La Justicia absolvió a De la Riva y otros dos concejales porque consideraron que los representantes públicos actuaron con “negligencia grave” porque no comprendían el verdadero alcance de estas comfort letter. La web de 'Valla' y 'Dolid' no tenía hasta ahora una autoría oficial.

El presidente de la CEOE provincial ha considerado que la ciudad tiene “un problema de suma gravedad para ciudadanos y empresarios: una barrera social y física que dificulta la cohesión y afecta a la competitividad de la ciudad”, ha explicado en rueda de prensa recogida por EFE.

Dieciséis túneles “o toperas (para salvar la vía peatones y vehículos) no impiden que exista una barrera que da la espalda a 100.000 ciudadanos”, ha proseguido un día después de que el Ministerio de Transportes haya decidido resolver el convenio para la integración en superficie, firmado, en 2017, y disolver la sociedad (SVAV) creada en 2003 para el soterramiento.

“Queremos que Valladolid sea un centro logístico en el siglo XXI” porque va a ser “un nodo del Corredor Atlántico que traerá más trenes de alta velocidad”, ha afirmado Magdaleno, fundador de Ambuibérica. El exalcalde y exdiputado provincial de Protección Civil y Extinción de Incendios entre 2003 y 2011 ha asegurado que cualquier opinión de CEOE en este asunto se sitúa al margen de la política: “Con los políticos no queremos nada”, ha asegurado.

Informativa y de concienciación

La campaña, informativa pero de también de concienciación, pretende que “se vuelva a hablar del soterramiento, una opción que nunca se debió desechar y lleva dando vueltas desde 2002”, ha agregado.

El presidente de CEOE Valladolid quiere para la ciudad, a través de un soterramiento similar al realizado en otras ciudades de diversas comunidades autónomas, la misma transformación social que en su día experimentaron Valencia con la Ciudad de las Artes y las Ciencias; Bilbao con la intervención urbanística junto a la ría; y Madrid con el soterramiento de la M-30 en varios kilómetros.

“Queremos activar a todo el mundo: asociaciones vecinales, ciudadanos, colegios profesionales, sindicatos... porque no hay otra posibilidad mejor”, ha indicado respecto al soterramiento.

La Asociación Provincial de Empresarios de Siderometalurgia (APES) y la Asociación Provincial de Empresarios de Automoción (APEA), en el segundo día de huelga del sector en Ciudad Real, que agrupa a más de 15.000 trabajadores, ha reiterado su voluntad de diálogo y negociación y su disposición a retomar las conversaciones “en cuanto las condiciones lo permitan”, pero ha querido aclarar cuál es su oferta sobre la mesa para la renovación del convenio colectivo.

En un comunicado, dice querer dar a conocer “la realidad” de su propuesta presentada el pasado viernes, 31 de octubre, a los trabajadores y trabajadoras del sector del metal de la provincia de Ciudad Real, que no fue aceptado y que ha desembocado en una huelga indefinida. Sostienen que “algunas informaciones difundidas por representantes sindicales han generado confusión y desinformación entre los trabajadores”.

Aseguran que lo propuesto a los representantes de los trabajadores es “responsable, equilibrado y realista”, pues busca mantener “la competitividad del sector, proteger el empleo y preservar los derechos de los trabajadores, siempre con una visión de equilibrio y sostenibilidad”.

En concreto citan varias cuestiones a debate sobre la mesa. Sobre el plus de parada, propone mantener el importe de 60 euro brutos por día trabajado, aplicable de lunes a domingo y la redacción vigente en el convenio anterior, salvo la eliminación del incentivo por objetivos de seguridad, por considerarse ya incluido en las obligaciones preventivas de las empresas.

Sobre la mejora voluntaria, ofrece 6,18 euros diarios para trabajadores que realicen trabajos dentro del complejo petroquímico de Puertollano, y 3,09 euros diarios para trabajadores que desarrollen tareas en talleres de la comarca para dicho complejo.

Respecto a la incapacidad temporal, mantiene el complemento para todos los trabajadores, con una modificación limitada y lógica: A partir de la tercera baja médica en el mismo año, el complemento dejará de aplicarse solo en casos de enfermedad común, salvo que exista hospitalización o enfermedad crónica justificada.

“En ningún caso se elimina el derecho al complemento de IT, solo se ajusta para evitar el absentismo reiterado injustificado” defienden las asociaciones.

En cuanto a la subida salarial, se garantiza una revisión anual del 3%, con cláusula de revisión vinculada al IPC real, y un tope de ajuste del 1% adicional a aplicar a 1 de enero de 2028, sin efectos retroactivos.

“Esta fórmula asegura el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y la estabilidad económica de las empresas”, apuntan, para añadir que “en todo caso, se garantiza la retroactividad relativa a la subida salarial a fecha 1 de enero de 2025, porque la subida del 3% sería con efectos al 1 de enero de 2025, garantizándose de esta manera los atrasos de los trabajadores y trabajadoras”.

Mañana está prevista una manifestación, a las 11.30 horas, que partirá desde la sede de la Asociación Provincial de Empresarios de Siderometalurgia (APES) -localizada en la calle Pedro Muñoz, s/n- y terminará en la plaza Mayor de Ciudad Real.

“El diálogo social va camino de la UVI”, denunció hace unos días el líder de los empresarios en España, Antonio Garamendi. El presidente de la CEOE lanzaba la crítica contra el Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz, justo en la misma semana en la que las patronales han dado un paso determinante en contra de la negociación tripartita: renegar de la cotización por ingresos reales de los autónomos, una reforma clave pactada hace solo tres años y en pleno despliegue, comprometida además con Bruselas y por cuyo retraso España se arriesga a perder hasta 1.400 millones de euros en fondos europeos. Y no solo eso. La patronal también se ha levantado de la negociación sobre el despido nada más comenzar.

Son los dos últimos ejemplos de un giro en la actitud de los empresarios en contra de casi cualquier medida que plantee el Gobierno de coalición –y sobre todo el Ministerio de Trabajo– que, aunque empezó hace tiempo, se ha ido acrecentando. Se trata de un “no a todo”, indican fuentes sindicales, “que no haya ningún acuerdo en nada” que pueda dar aire al Ejecutivo de coalición progresista.

Una muestra significativa, de hace apenas unos días, fue la reacción de Antonio Garamendi a la voluntad del Gobierno de ampliar el permiso por fallecimiento a los 10 días y crear un nuevo permiso para cuidados paliativos, un tema sensible para mucha población. El dirigente patronal tachó la medida de “ocurrencia” en un discurso que ridiculizó la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz. “Yo pediría un permiso para descansar un ratito de los anuncios del Ministerio de Trabajo”, afirmó. Tras la polémica suscitada por sus palabras, el empresario matizó que su crítica no iba dirigida a la propuesta, sino “a las formas” del ministerio.

Ruptura del acuerdo de autónomos

Más allá del tono y del clima de oposición a las nuevas negociaciones, la sorpresa ha llegado con la postura de ATA –el colectivo de autónomos dentro de la patronal– y de la propia CEOE respecto al acuerdo alcanzado en 2022 para que los trabajadores por cuenta propia coticen por lo que ganan en 2032. Ahora, cuando debe negociarse la senda de aumento de los próximos años hacia esa cotización por ingresos reales, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, afirma que “los autónomos ya cotizamos por ingresos fiscales” y da por “cumplido” el pacto suscrito, pese a la gran brecha de cotización que todavía persiste, sobre todo entre quienes más ganan.

Ni en ATA ni en CEOE aclaran por qué suscribieron entonces una meta en 2032, que en la propia ley aprobada aparece como la fecha a partir de cual los autónomos cotizarán por “la totalidad de los rendimientos netos obtenidos”.

En plena ofensiva de las patronales y varios partidos de derechas contra el aumento de las cuotas en los próximos años, y con críticas también desde la izquierda a su primer planteamiento, el Ministerio de Seguridad Social ha optado por una propuesta de mínimos solo para 2026.

Los colectivos progresistas de autónomos UPTA y UATAE reivindican volver al acuerdo suscrito. “No se puede frivolizar con la protección social ni con las cotizaciones”, sostiene Eduardo Abad (UPTA), que pide “no esconderse” y “dar la batalla” para culminar la reforma consensuada. En el mismo sentido se expresa María José Landaburu (UATAE), algo más pesimista ante el contexto político actual. “La situación es muy muy complicada”, lamenta.

Los líderes de los sindicatos CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han alertado sobre la trascendencia de la ruptura del acuerdo de autónomos por parte de los empresarios. No solo por el hecho de incumplir un pacto ya suscrito en el diálogo social, sino porque pone en riesgo la llegada de millones de euros en fondos europeos a España y el propio sistema de pensiones públicas, ya que la medida estaba incluida en las últimas reformas para reforzar los ingresos de la Seguridad Social.

Los empresarios se han levantado también de la mesa de negociación para reformar el despido, con el objetivo de adaptarlo a la Carta Social Europea, que acaba de abrir el Ministerio de Trabajo. “No nos vamos a sentar en la mesa, porque la premisa es falsa”, ha justificado el líder de CEOE, respaldándose en la sentencia del Tribunal Supremo que avaló el actual sistema de indemnización por despido improcedente frente a las decisiones contra España del Comité Europeo de Derechos Sociales.

Antonio Garamendi ha afirmado también que reformar el despido incumple la reforma laboral pactada en 2021, que excluyó esta materia y se centró en otras cuestiones, como la reducción del empleo temporal y el refuerzo de la parte trabajadora en la negociación colectiva. “Vamos a seguir hablando y dialogando, pero no podemos sentirnos engañados, día sí y día también, saltándose los acuerdos como el caso de la reforma laboral”, ha afirmado el empresario vasco en este caso.

Ofensiva también en los tribunales

Además, se prevé que las patronales recurran ante la justicia el real decreto que prepara el Gobierno para endurecer el registro horario después de que fracasara la ley para reducir la jornada laboral (que también incluía esta medida), que las patronales trabajaron intensamente para boicotear en el Parlamento. La CEOE considera que los cambios en el control horario que pretende incorporar Yolanda Díaz no pueden aprobarse con un reglamento, sin pasar por el Congreso de los Diputados.

También se espera una maniobra similar en los tribunales contra la intención de Trabajo de impedir que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) pueda absorberse a través de pluses, otra regulación que las patronales insisten en que no puede articularse vía real decreto, sino que exige rango de ley.

Respecto al aumento del salario mínimo en sí mismo, casi nadie espera una actitud negociadora de la CEOE para la subida de 2026, ya que es un tema que vienen rechazando los empresarios casi todos los años y que genera mucha contestación en algunas patronales, especialmente en las pequeñas y algunas sectoriales, como las del campo.

Este viraje al “no a todo” de las patronales se explica por un cambio sustancial de contexto respecto a la primera legislatura del Gobierno de coalición progresista, en el que se alcanzaron múltiples acuerdos del diálogo social, incluso en materias muy complejas como la reforma laboral, las de pensiones y la Ley Rider, entre otras. Por un lado, el Ejecutivo ahora tiene muchísimas dificultades para sacar adelante cualquier iniciativa en el Congreso de los Diputados. Por otro lado, debido al contexto interno en la patronal CEOE, que se encamina al fin del segundo mandato de Garamendi, en el pasado cuestionado por sus pactos con el Ejecutivo y con una 'línea dura' a la que conquistar si quiere seguir al frente de los empresarios españoles.

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), centro privado y ultrarreligioso cercano a Vox, está reforzando sus tentáculos en la Comunidad de Madrid de la mano del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. 

La UCAM pertenece a la familia Mendoza, seguidora de los 'Kikos', el ultraconservador movimiento religioso Camino Neocatecumenal, de Kiko Argüello. Acaba de inaugurar la que presentó hace años como la “Universidad del Deporte”, en Torrejón de Ardoz, y participa junto al Gobierno de Ayuso en una entidad sin ánimo de lucro, Fundación Resetea, que busca financiación y ubicaciones para construir en la periferia de la capital, preferentemente en torno a la autopista de circunvalación M-50, un “Campus para la Vida” dedicado a atender a personas con discapacidad.

Según documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, Resetea pidió a principios de 2023 la cesión “gratuita” de un enorme solar en Boadilla del Monte para construir el complejo y cifraba la inversión en 120 millones de euros. El proyecto se ha descartado después de que, según algunas fuentes, técnicos municipales advirtieran del riesgo legal de esa operación. El Ayuntamiento de Boadilla reconoce reuniones y contactos y dice que no llegó a abrir un expediente sobre este asunto.

La UCAM fue, junto a otros grupos de sanidad y educación privada, uno de los grandes clientes de Equipo Económico. El despacho del escándalo de supuesto tráfico de influencias del exministro popular Cristóbal Montoro cobró de la UCAM 395.670 euros hasta 2019, según el sumario del caso. La UCAM ha justificado esos pagos por estar “inmersa desde hace años en un proceso de expansión nacional e internacional y para ello ha contratado servicios de consultoría en diversos ámbitos, que con Equipo Económico fueron de manera previa sobre viabilidad económico-financiera”.

En Madrid, esa expansión está dando frutos, como muestra su recién inaugurado campus especializado en salud, nutrición y deporte en Torrejón (141.047 habitantes), ciudad dormitorio al este de Madrid que el PP gobierna desde 2007. La UCAM llevaba desde 2013 intentando implantarlo en varias ubicaciones (en Madrid, probó en Alcorcón cuando el alcalde era el popular David Pérez), aliada con el Comité Olímpico Español (COE) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) del polémico Ángel María Villar. 

Finalmente, el Gobierno de Ayuso autorizó en julio de 2024 ese centro en Torrejón, en el que la UCAM y el COE están aliados con otro cliente del despacho de Montoro, el grupo de sanidad privada Ribera Salud. Hace unos días la Consejería de Educación madrileña publicó la orden autorizando el inicio de actividades “y la implantación del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos”, especificando que su publicidad “debe recoger la denominación autorizada, esto es «Centro de Educación Superior 'Alma Mater'», no pudiendo utilizar otra denominación para referirse a sí mismo”. Nada de la “Universidad del Deporte” que utilizó la UCAM al presentar el proyecto y que ha promocionado el Ayuntamiento de Torrejón.

A este nuevo campus se une un proyecto filantrópico relacionado con el deporte (actividad en la que la UCAM es puntera hace años) impulsado por Fundación Resetea, en la que son patronos la UCAM, la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Acciona Construcción y la Fundación CEOE. La entidad prevé “la construcción, gestión y operación de un complejo de usos múltiples destinado a personas con discapacidad”, como anunció el Gobierno de Ayuso en octubre de 2022.

Bautizado como “Campus para la Vida”, será un gran centro sociosanitario y educativo abierto a personas con discapacidad y al público en general. Preguntada por su participación en el proyecto y el desembolso millonario que supondría, la UCAM no ha respondido a elDiario.es. Tampoco lo ha hecho la Comunidad de Madrid.

Pese a la presencia del Gobierno de Ayuso en su patronato, el proyecto, “pionero” en España, será “100% privado”, recalca al teléfono la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez. Tras él “no hay beneficios”, subraya la exministra de Trabajo. Todavía no se ha realizado “ningún desembolso” para ponerlo en marcha, según la patronal.

“Si hubiera ánimo de lucro detrás, sería el primero en irme”, explica el presidente y principal impulsor de Resetea, el doctor Tomás Fernández, jefe médico del equipo paralímpico español en las últimas cuatro olimpiadas y conocedor de primera mano de la realidad de las personas discapacitadas. Fernández habla con pasión de su idea: “resetear” la vida de estas personas para abrirles nuevas oportunidades y acompañarles (también a sus familias) en una situación que, subraya, afecta al 10% de la población española y en los países desarrollados muchas veces es sobrevenida, por ejemplo, por accidentes de tráfico o siniestros.

Rodeado de retratos con deportistas paralímpicos en su despacho de la clínica privada CEMTRO, de la que es fundador y director médico, Fernández, secretario de la comisión médica de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), atribuye la presencia de la UCAM en este proyecto a su fuerte vinculación con el mundo del deporte.

En ella han sido alumnos campeones olímpicos como Ruth Beitia (atletismo), Carolina Martín (bádminton) o Saúl Craviotto (piragüismo). Y no llegó a debutar con la Selección absoluta, pero un ex empleado de la UCAM y ex jugador del UCAM Murcia de Baloncesto es José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia, exvicepresidente regional y uno de los rostros más visibles de los vínculos de la formación ultraderechista con este centro educativo. 

El doctor Fernández explica que empezó a concebir su proyecto en torno a 2018. En 2023 planteó implantarse en Boadilla, municipio del que es vecino hace décadas y sede de la fundación. Esa ubicación ha quedado “descartada” y el proyecto se ha redimensionado y es menos ambicioso.

En esa localidad de 65.839 habitantes, una de las más ricas de España y gobernada hace décadas por el PP, Resetea pidió la cesión “gratuita” de una enorme parcela de 193.451 metros cuadrados por “adjudicación directa”. En un escrito que presentó en enero de 2023 planteó esa “concesión demanial” por plazo indeterminado. Tras él las instalaciones se entregarían “gratuitamente” al ayuntamiento, “lo que evidentemente produciría un efecto muy beneficioso para la colectividad”.

Al ser un bien patrimonial del Ayuntamiento, ese suelo está reservado a dotaciones de uso público que levante el Consistorio, o se puede ceder a un tercero. Lo habitual es hacerlo a cambio de un canon anual por un plazo de entre 50 y 75 años. Y siempre tras el correspondiente concurso público, explican fuentes del Ayuntamiento de Boadilla.

Licitación abortada

La parcela que pidió la fundación de la que forman parte la UCAM, la Comunidad de Madrid, Fundación CEOE y Acciona Construcción es la EQ-1, del sector de suelo urbano no consolidado AH-7 “Viñas Viejas”, muy cerca de la M-50. En ese solar, el Ayuntamiento de Boadilla lanzó a finales de 2021 una licitación para construir una pista de atletismo, un campo exterior de tiro con arco, pistas polivalentes, un parque infantil, un camino de jogging y un Espacio Joven. Las obras estaban presupuestadas en 12,16 millones. 

En noviembre de 2023, diez meses después de que Fundación Resetea pidiera esas 19 hectáreas gratis, el consistorio renunció al contrato para los proyectos de parcelación, ejecución, actividad y dirección de obra. Según fuentes del Ayuntamiento, esa pista de atletismo era inviable por el “desnivel” del terreno.

El doctor Fernández explica que, descartado Boadilla, se plantean un complejo mucho más modesto: de una pista de atletismo olímpica para eventos deportivos de envergadura, a una cubierta, más pequeña. De 19 hectáreas, a “entre 4 y 6 hectáreas”. La inversión, dice, está por determinar, y hay que conseguir financiación.

El proyecto de Resetea en Boadilla estimaba en 119.788.950 euros la inversión para construir las edificaciones y urbanizar los terrenos, que “serán financiados en su totalidad con financiación no reintegrable”. Y “para el mantenimiento y explotación de las instalaciones, se prevé la obtención de una serie de ingresos ordinarios” en concepto de “alquiler de espacios tanto deportivos, como administrativos, explotación de restaurantes, ingresos derivados de la oferta asistencial del complejo abierto tanto a pacientes discapacitados residentes, como a usuarios de las instalaciones y público general, etc.”, así como “de las aportaciones derivadas de los programas de Mecenazgo”.

Añadía que la fundación “no sólo cuenta con su patrimonio para afrontar el Proyecto, sino con una previsión de ingresos o rentas a percibir por la explotación del mismo” que “no tienen otro objeto más que el de seguir contribuyendo a los fines fundacionales o, lo que es lo mismo, a fines que redundan en beneficio del interés general”. Los estatutos de Resetea obligan a destinar el 70% de su resultado contable a esos fines.

Fernández explica que han recibido muestras de interés de autoridades de Ucrania o Brasil. Y desvincula a Resetea de la clínica CEMTRO. Su fundador, el octogenario traumatólogo murciano Pedro Guillén (pionero en introducir la técnica de la artroscopia en España), es decano honorario del Grado en Medicina de la UCAM y director de su Cátedra de Traumatología del Deporte. 

CEMTRO tiene varios acuerdos con otra universidad privada ultrarreligiosa, la Francisco de Vitoria, de los Legionarios de Cristo, con sede en Pozuelo, donde está una de sus clínicas. Entre los socios de CEMTRO está la aseguradora Mapfre (24%). En su consejo se sienta Alicia Alcocer Koplowitz, hija de la multimillonaria expresidenta de FCC, Esther Koplowitz, que representa a su patrimonial EAC. También Montserrat Fraile, esposa del conocido periodista deportivo José María García.

“Ciencias del matrimonio”

El escrito de Resetea al Ayuntamiento de Boadilla data del 20 de enero de 2023, dos días después del fallecimiento por cáncer del fundador de la UCAM, el ultraconservador y polémico empresario José Luis Mendoza, uno de los patronos natos de Fundación Resetea. Mendoza se hizo viral en 2020 con sus advertencias sobre un chip [“chís”] para controlar a la población que se iba a implantar con las vacunas del coronavirus, que atribuyó a “fuerzas oscuras del mal”y a una conspiración de Bill Gates y George Soros.

Si el proyecto de Resetea fructifica, la UCAM seguirá extendiendo sus tentáculos en Madrid, tras ese campus en Torrejón y la nueva sección del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, centro de formación para religiosos que inauguró en la capital en octubre de 2019 para “difundir las ciencias del matrimonio y la familia por todo el mundo”.

Con más de 21.000 alumnos matriculados, según su web, la UCAM creció en Murcia al calor de las enormes facilidades de sucesivos gobiernos del PP y en los últimos años ha estrechado lazos con Vox. Su propietaria es una fundación que preside la viuda de Mendoza, Dolores García Mascarell, presidenta de la UCAM, y que tuvo 14 hijos con Mendoza. Uno de sus yernos es el actual portavoz adjunto de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpáñez, que se graduó en Derecho y realizó un máster en la UCAM.