El presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, ha subrayado que el talento se ha convertido “en uno de los principales factores de competitividad” y ve “una pena” que “casi todo” del que se forma en la comunidad autónoma “acabe fuera”, lo que supone “un lastre” para las empresas de la región.

Conde ha afirmado que Cantabria tiene “problemas” para atraer y retener talento y considera que, ante ello, hay que poner “condicionantes” y activar “determinadas palancas”. “Yo creo que estamos en ello”, ha dicho Conde, que ha reconocido que resolver esta cuestión “va a llevar mucho tiempo”.

Así lo ha indicado en el marco de la celebración del Plenario 2026 de CEOE-CEPYME Cantabria, que este viernes ha reunido en el Centro Botín a expertos, directivos y responsables de Recursos Humanos para analizar la cuestión del talento y la gestión del capital humano, uno de los retos de las empresas para competir “en mercados cambiantes”.

Conde ha insistido en que en Cantabria “no podemos permitirnos el lujo” de que el talento se escape“ y, sobre las razones de esa 'fuga', ha indicado que la capacidad que tiene la región a nivel empresarial ”es inferior a la que tienen otras comunidades“, como puede ser Madrid.

Además, ha señalado que los jóvenes “buscan una proyección que, por la razón que sea, ahora mismo no les hace atractivo quedarse en Cantabria”. “Los profesionales valoran cada vez más aspectos como el desarrollo profesional, la conciliación, el bienestar laboral, la inclusión o la diversidad, ha apostillado.

Conde ha subrayado que “las empresas que consigan atraer, desarrollar y fidelizar a los mejores profesionales serán las que tengan mayor capacidad para innovar, crecer y adaptarse a los cambios del mercado”. Además, ha advertido que es “un gran error” dejar que estos jóvenes se marchen y más con el “problema” demográfico que hay que en Cantabria, donde “se va a jubilar bastante talento y va a llegar al mercado muy poco”.

En este contexto, el presidente de la patronal ha abogado por intentar que el talento que existe en empresas de la región “que tienden a desaparecer” no se marche fuera y sea aprovechado “por las que realmente están creciendo” y tienen capacidad para ello. “Lo que no podemos es coartar el crecimiento de esas empresas que pueden competir”, ha dicho.

Antes del inicio de la jornada, Conde ha sido preguntado por la cadena de Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) en empresas en la región, como Nestlé, Solvay o Teknia. En ese sentido, el presidente de la patronal cántabra ha indicado que “las empresas tienen que adaptarse a los nuevos mercados y a las nuevas tendencias” y “si ven que tienen departamentos que tarde o temprano van a desaparecer, lo que tienen que hacer es adaptar su personal, sus medios, su empresa a los nuevos mercados. Y dentro de esa situación, cada empresa tiene las herramientas que tiene”, ha sentenciado.

El presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde, ha alertado de que el proyecto Altamira, para habilitar el centro de datos más grande del norte de España, ubicado entre Piélagos y Villaescusa, “está en juego”, así como también la inversión privada de 3.600 millones de euros que conlleva, las más elevada en la historia de la región, por la “falta de energía” necesaria para su ejecución, ha cuestionado.

En la asamblea anual de la confederación de los empresarios cántabros, Conde ha advertido de que se trata de “un riesgo que no podemos permitirnos, y menos por decisiones políticas”, ha avisado Conde durante su intervención, en la que se han abordado diferentes retos, entre ellos la energía y la competitividad industrial, pero también la simplicación administrativa, el absentismo laboral o la fiscalidad.

En el ámbito de la energía y la competitividad industrial, analizado tanto en clave regional como nacional, el jefe de la patronal se ha referido especialmente al proyecto Altamira, que estima la generación de más de 1.500 empleos indirectos en la fase de construcción y de 1.450 en la etapa operativa, según las previsiones empresariales.

Teniendo en cuenta el impacto económico y sobre el empleo, CEOE Cantabria se ha erigido también como “portavoz” de la demanda energética, ya realizada por el Gobierno regional, y urge así al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Democrático (MITECO) la inclusión “prioritaria” de la comunidad autónoma en la ampliación de la red de transporte energético en el horizonte 2030.

“No se trata solo de alimentar este proyecto tecnológico, es toda una apuesta por la cohesión territorial, la soberanía digital de España y un desarrollo sostenible alineado con el futuro”, ha defendido Conde.

No es la primera vez que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, denuncia la falta de diálogo social. Esta vez ha ido más lejos. A cuenta de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha afirmado: “Ya no hay proyectos de ley, ya no hay reales decretos ley y ahora son reales órdenes, es decir, ordenanzas como en la época de Franco”. No es una metáfora menor. Tampoco es casual. Quienes recuerdan que en su primera etapa al frente de la CEOE el PP le criticó en más de una ocasión su disposición al diálogo con el Gobierno, observan hoy, con cierta perplejidad, cómo ese mismo dirigente ha ido alineando su discurso con la estrategia de confrontación total que el partido de Feijóo ha hecho suya. El “a Sánchez ni agua” tiene, al parecer, muchos vasos comunicantes.

Garamendi reprocha al Ejecutivo de Pedro Sánchez, y en particular a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que legisle sin pasar por la mesa del diálogo social. Reclama negociación, acuerdo y respeto a la autonomía colectiva. Invoca incluso el papel constitucional de los agentes sociales. Es una posición razonable. Deja de serlo cuando ese principio solo aparece cuando no gobierna la derecha.

Porque de eso va, en realidad, la concertación social en España. No de su existencia, que nadie discute, sino de su uso. Cuando hablamos de concertación social no hablamos de un mecanismo consultivo, como ocurre en buena parte de Europa. Hablamos de otra cosa: de la capacidad de que Gobierno, sindicatos y patronal negocien acuerdos con efectos reales sobre el mercado de trabajo, la protección social o la negociación colectiva. Esa es su singularidad y su valor.

La concertación española tiene una historia valiosa. Cumplió una función estabilizadora en momentos decisivos y ayudó a ordenar conflictos en etapas complejas. Pero esa historia convive con una contradicción persistente que rara vez se reconoce: sus principios son intermitentes.

El patrón es conocido. Cuando gobierna la derecha, los sindicatos exigen, con razón, que cualquier reforma que afecte al mercado de trabajo o a la protección social pase por la mesa de negociación. La patronal recuerda entonces que el Gobierno tiene legitimidad democrática para aplicar su programa y que la concertación no puede convertirse en un derecho de veto.

Cuando gobierna la izquierda, el guion se invierte. La patronal descubre las virtudes del diálogo social y exige el acuerdo previo. Los sindicatos apelan a la legitimidad del programa de gobierno y rechazan que la patronal pueda ejercer un derecho de veto. No cambian los principios. Cambia cuándo conviene invocarlos.

Las declaraciones de Garamendi encajan exactamente en ese patrón. Lo llamativo no es que defienda el diálogo social; eso, en abstracto, es impecable, sino que lo haga como si fuera un principio constante y no una posición variable. Porque si hay algo que desmiente esa coherencia es la propia historia reciente.

En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó por decreto una de las reformas laborales más profundas y perniciosas de nuestra democracia. No fue un ajuste menor. Alteró de forma sustancial la negociación colectiva, la vigencia de los convenios y el equilibrio entre empresa y representación sindical. Intervino, en suma, directamente en aquello que hoy se presenta como intocable: el espacio propio de la negociación colectiva.

Y hay un detalle aún más revelador. Aquella reforma no solo se aprobó sin acuerdo: también modificó el contenido de un acuerdo confederal firmado apenas unas semanas antes por los propios agentes sociales, CEOE incluida. El Gobierno no solo legisló sin negociación; alteró lo que la concertación acababa de producir. ¿Dónde estaba entonces la defensa del diálogo social? ¿Dónde la denuncia de autoritarismo? La respuesta fue sencilla: estaba en el programa de gobierno del Partido Popular. Y con eso pareció bastar. Sin una sola apelación a la autonomía colectiva.

Si se aspira a que la concertación social sea algo más que eso, no puede tratarse unas veces como un derecho de veto y otras como un mero instrumento de legitimación. No puede exigirse cuando frena y relativizarse cuando incomoda. Y no puede aplicarse de forma distinta según el color del Gobierno, sin erosionar con ello su valor y su credibilidad.

Si patronal y sindicatos quisieran tomarse en serio aquello que invocan, hay un debate pendiente: definir qué materias consideran propias de la capacidad de autorregulación de los agentes sociales y que por tanto deberían quedar a salvo de cambios unilaterales, sea cual sea la mayoría parlamentaria o el gobierno y cuáles reconocen como legítimas de la iniciativa política.

Ese acuerdo previo, difícil sin duda pero necesario, daría coherencia y consistencia a la concertación social, ese instrumento que nos hemos dado en España y que no necesita más hipérboles como las del presidente de la CEOE. Necesita reglas de juego estables. Para dejar de ser una coartada y convertirse, de una vez, en una herramienta y un principio compartido.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado este martes de “sorprendente” que España esté gastando “mucho más que nunca” en prestaciones por desempleo habiendo más puestos de trabajo en España.

“¿Cómo es que tenemos más empleo y en paro gastamos más? Nos deberíamos de plantear muy bien todos estos temas”, ha dicho el dirigente empresarial durante la inauguración del VII Foro Emprendedores y Autónomos 2026 organizado por ATA en la sede de la CEOE.

En su intervención, Garamendi ha felicitado a los autónomos por los datos de paro y afiliación del mes de abril, pues el tirón del empleo ha venido de la mano de la hostelería y el turismo.

El dirigente de la CEOE ha resaltado que, en su gran mayoría, la creación de empleo viene a través de los autónomos y ha instado a “cuidar y mimar” especialmente a este colectivo, que ya alcanza los 3,5 millones de personas en España.

El líder de la CEOE ha subrayado que, en la problemática actual, los autónomos que “aguantan” son aquellos que tienen empleados, que tienen ya pequeñas empresas, y ha insistido en que hay que cuidarlos para que sigan con su actividad.

“Los trabajadores pueden estar protegidos de una manera u otra, pero el trabajo autónomo, los autónomos, el día que les falla esa buena idea que tenían, el día que las cosas no van tan bien, pues muchas veces pierden su casa, se van al paro y no tienen esos apoyos, esas cosas que pueden tener otros trabajadores que pueden estar en el propio Régimen General”, ha añadido.

Para los autónomos “que han caído”, Garamendi ha defendido una segunda oportunidad, al igual que ha emplazado a abordar otros problemas que sufre el colectivo, como los traspasos de negocios donde los titulares se jubilan ó de cómo gestionar esa misma situación en la España vaciada, en los pueblos.

“Eso significa trabajar en la formación, eso significa no ahogar más lo que ya se está ahogando”, ha señalado Garamendi, que también ha denunciado la difícil gestión a la que se enfrentan los autónomos con la “maraña permanente” de normas que están sobre la mesa.

“A ver quién puede gestionar algo con tantas normas, papeles, cuando tiene un pequeño negocio. ¿Cómo va a crecer ese pequeño autónomo a empresa? ¿Cómo va a poder crecer si al final va a tener que manejarse en esa maraña de normas permanentes que están encima de la mesa?”, ha argumentado.

Garamendi ha agradecido a ATA el trabajo que realiza en defensa “de la clase, de la casta más olvidada de este país”, los autónomos. “Nos guste o no nos guste estamos viendo muchas medidas que van encaminadas en sentido contrario, por las que están sufriendo los pequeños”, ha advertido.

“Vamos a estar con vosotros, que estamos para trabajar, en este caso, por los pequeños, y que, realmente, no os sintáis abandonados, porque la sociedad tiene claro que todo esto funciona, si tiene la capa más amplia, que son los tres millones y medio de autónomos, que son los que generan y dan y los que tiran para adelante”, ha concluido.

La fachada de la sede de la CEOE Castilla y León, en Valladolid, ha aparecido esta mañana vandalizada con pintadas de “asesinos”, “explotadores” y “1M” —en referencia al Primero de Mayo—. La patronal, en un comunicado, ha mostrado su condena y ha apuntado que estas acciones que “recurren a la descalificación y al señalamiento mediante el deterioro del espacio público y privado” no contribuyen “al diálogo ni al entendimiento que una sociedad democrática necesita”.

“La libertad de expresión es un pilar fundamental de nuestro sistema, pero debe ejercerse siempre desde el respeto, la convivencia y dentro de los cauces legales”, ha señalado la patronal en el escrito.

Asimismo, en referencia al contenido y supuesta motivación de las pintadas, la CEOE ha indicado que el 1 de mayo es una fecha de “reconocimiento al valor del trabajo y al conjunto de las personas que contribuyen al progreso económico y social, entre ellas trabajadores, autónomos y empresarios”.

Para la patronal, han añadido, “las empresas y quienes las impulsan desempeñan un papel esencial en la generación de empleo, riqueza y oportunidades, siendo actores clave en el desarrollo de nuestra comunidad”.

La CEOE ha afirmado que en una “sociedad plural”, las diferencias de “opinión son legítimas y necesarias”.“ Sin embargo, solo a través del respeto mutuo, el diálogo constructivo y el cumplimiento de las normas democráticas podemos avanzar hacia un modelo de convivencia sólido y justo para todos”.

El comunicado concluye señalando que desde la CEOE rechazan “cualquier forma de violencia o intimidación”, y han hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva para “preservar los valores democráticos, la tolerancia y el respeto institucional”. “Reiteramos nuestro compromiso con el diálogo, la legalidad y la defensa de una sociedad abierta, libre y respetuosa”, han apostillado.

CCOO condena las pintadas

Desde CCOO, su secretaria general, Ana Fernández, ha condenado las pintadas en la sede. Para la líder sindical, hay que defender “el respeto, la convivencia y el diálogo como base de una sociedad democrática”.

“No aceptamos el odio ni la descalificación como forma de expresión. El 1 de Mayo es un día para reivindicar derechos, siempre desde el respeto”, ha publicado en la red social X.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado este lunes contra los acuerdos “a la contra” de PP y Vox en algunas autonomías. “No termino de entender que empresarios y sindicatos no levantéis la voz más claramente”, ha enfatizado.

“Uno estaba acostumbrado a que pudiera ser populista alguien que tiene el 10% del voto, o a ejercer un poco de populismo todo tipo de organizaciones sociales. Pero es que hoy el populismo se ha institucionalizado”, ha lamentado García-Page durante la Jornada 'Castilla-La Mancha, Tierra de Oportunidades. Modelos de negocio para el siglo XXI', que organiza el periódico digital ENCLM organizada en la sede de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto).

Y el populismo, ha subrayado, trae como consecuencia muchas cosas, pero sobre todo “rompe” la dinámica de gobernar para todos, de gobiernos en positivo. Ha sido en este punto donde el presidente socialista ha hecho alusión a los acuerdos que se están firmado en algunas autonomías entre PP y Vox. “¿No tienen la sensación de que los acuerdos que se están planteando constituyen gobiernos a la contra?”, se ha preguntado.

“El objetivo fundamental del que se constituye gobierno en algunos sitios en España es para hacerle la puñeta al menos a la otra mitad. Se están constituyendo gobiernos a la contra”, ha incidido García-Page, quien cree que “sin duda ninguna el culpable definitivo es Vox”.

Dicho esto, ha advertido de que en dichos pactos autonómicos PP-Vox se está incorporando “ir a recortar por completo a los sindicatos y a los empresarios en sus prestaciones de servicios y en su funcionamiento”.

“Aquí podéis estar absolutamente tranquilos, tenéis el compromiso del Gobierno de que no vamos a dejar que se cuele ningún tipo de populismo barato, pero es que no termino de entender que empresarios y sindicatos no levantéis la voz más claramente”.

“No es necesario que se constituyan gobiernos para ir contra gente, o bien contra colectivos empresariales o contra colectivos sociales. Los gobiernos, en definitiva, tendrían que plantearse solucionar problemas”, ha abundado el presidente castellanomanchego.

“Estamos demasiado entretenidos viendo quién entra a la cárcel o quién declara”

Todo esto le lleva a pensar a García-Page que a este país “le vendría muy bien una prolongada etapa de aburrimiento democrático”.

“Estamos demasiado entretenidos todos los días viendo quién entra a la cárcel, quién sale o quién declara”. “Hay una hiperpolitización provocada de arriba hacia abajo que genera un frentismo tremendo, parece que hay que discutir por todo”, ha afeado el presidente, quien ha apuntado que su gobierno prefiere apostar por “la seriedad”.

La Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) ha celebrado este miércoles su 49ª Asamblea General, que ha estado marcada por la aprobación de “unos presupuestos para afrontar los riesgos actuales” generados por el conflicto iraní y la crítica del presidente de la organización, Artemio Pérez, a las medidas del Gobierno para paliar la misma, a las que ha tildado de ser “insuficientes”.

Pérez ha explicado durante su discurso de clausura, en la misma sede de FEDA, la inestabilidad del mercado tras la ofensiva comenzada por Estados Unidos contra Teherán y que se alarga “con otro alto el fuego pero sin negociación”, con un estrecho de Ormuz bloqueado y con la parálisis de parte del abastecimiento gasístico y petrolífero del mundo, “lo que repercute en el precio del transporte, la construcción y por tanto, en la inflación global”.

Artemio Pérez dice que las ayudas deben superar a las de la COVID

El presidente de FEDA ha señalado otros desafíos devenidos de la misma situación como el encarecimiento de los seguros marítimos y el aumento de costes de los suministros. Esto, ha advertido, causa “un encarecimiento energético, eleva los costes de producción y se traduce en menor competitividad y crecimiento económico”, generando “una crisis económica, quizás, la mayor de la Historia reciente”.

Ante ello ha pedido “prepararse y ser cautos” y ha asegurado que “las políticas públicas son claves para solucionar la crisis con incentivos para la inversión. Algo que Europa no ha hecho aún.”

Pérez ha extendido su crítica a las últimas medidas del Gobierno para enfrentarse al impacto económico de la guerra, anunciadas el viernes pasado tras el Consejo de Ministros Extraordinario, asegurando que la iniciativa “nace muerta” al no abordar con suficiente financiación la construcción de vivienda o el impulso a las empresas.

“Las ayudas deberían de superar las otorgadas ante la pandemia del COVID”, ha concretado el presidente de FEDA, quien también ha considerado que los decretos “no solucionan el problema habitacional”. “Se otorgan 7.000 millones de euros para construir vivienda de protección oficial para los próximos cinco años. Deberían de ser 7.000 millones por año”, ha valorado desde su experiencia, recordando que este tipo de financiación fue mayor en los tiempos previos a la crisis de 2008.

El empresario ha pedido facilitar los trámites burocráticos para la construcción, dar ayudas de 50.000 euros para jóvenes y familias desfavorecidas a fondo perdido de cara a adquirir vivienda y poner el coste del suelo gratuito. También ha solicitado no condicionar las medidas a poblaciones pequeñas, aseverando que “es el ciudadano el que manda dónde quiere vivir”. Por último, ha pedido aprobar estas medidas en una ley pactada con la oposición para garantizar su durabilidad.

Pese a todo, Pérez ha estimado que España seguirá creciendo al doble que la media europea de cara a 2027, gracias a sectores como el turismo. El líder de la patronal también ha dado el visto bueno al último proceso de regularización de extranjeros, asegurando que “queremos que los migrantes trabajen, coticen, mantengan las pensiones y salgan de la economía sumergida”.

Como conclusión, Pérez ha destacado la colaboración entre el sector privado y el público, asegurando que “un país prospera cuando tiene el emprendimiento como política de Estado”.

“Unidad empresarial” frente a la crisis provocada por “terceros países”

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, ha aprovechado la ocasión para destacar “el trabajo de las 3.000 personas repartidas en asociaciones empresariales que dedican su tiempo y esfuerzo a defenderlas”, constituyendo tanto las grandes compañías como las pymes parte del “equilibrio social” de la región.

El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz, ha compartido parte del análisis del presidente de FEDA al afirmar “que estos últimos años han sido duros” y a los que ahora se suma una nueva crisis provocada “por terceros países con sus choques de civilizaciones”. Ante ello, el delegado ha puesto “la unidad empresarial” como un ejemplo para hacer frente a los problemas “y salir antes de ellos”, así como a los acuerdos regionales entre actores sociales, el sector empresarial y las instituciones, citando como ejemplo el plan estratégico de crecimiento económico de autónomos para 2026-2030, que ha descrito como “una iniciativa compartida” o la financiación de 221 millones de euros de la Junta a más de 250 proyectos de FEDA.

De su lado, Manuel Serrano ha felicitado al presidente, Artemio Pérez, “porque Feda se acerca al número redondo de 50, una efeméride que se cumple el año que viene y que celebraremos como merece. Ya el pasado año otorgamos a Feda la Medalla de Oro de la Ciudad, como un justo reconocimiento a su trayectoria y a sus aciertos”.

El alcalde ha recordado que “10.000 empresas y autónomos de más de 70 asociaciones sectoriales son los números irrebatibles de la representatividad de Feda, que es Marca Albacete y es la mejor patronal del país. Todo el empresariado de la ciudad y la provincia tiene aquí su representación en todos los sectores: desde el comercio, tan nuestro, a la construcción, los transportes, la industria o la agricultura. Y esa representatividad la convierte en interlocutor válido e imprescindible con las administraciones. En el Ayuntamiento consideramos a Feda un socio leal y un compañero de viaje en la apasionante tarea de construir una ciudad mejor, más próspera y con más posibilidades para todos”.

Serrano ha asegurado que “hay quien sólo sabe demonizar a los empresarios y culparles de todos los males. Desde luego no es el caso de este Ayuntamiento”.

La patronal catalana Foment del Treball adelantará al 18 de mayo sus elecciones a la presidencia, inicialmente previstas para el 18 de julio, y Josep Sánchez Llibre se presentará a la reelección.

El empresario, vicepresidente de Conservas Dani y presidente de la patronal desde noviembre de 2018 y también es vicepresidente de la CEOE, ha anunciado este lunes en una rueda de prensa que la junta directiva de la patronal ha tomado la decisión de avanzar dos meses los comicios.

“Hay muchas cosas por hacer que todavía no hemos culminado”, ha afirmado Sánchez Llibre, que ha subrayado que entre los ejes de su programa se incluirá el impulso de la competitividad de las empresas catalanas y la reducción del absentismo laboral.

También ha subrayado el objetivo de rebajar la presión fiscal a empresas y familias, a partir de la eliminación del impuesto de patrimonio, la reducción de la bonificación del impuesto de sucesiones y la deflactación del IRPF para las familias.

De hecho, durante su intervención el presidente de Foment ha reiterado que Cataluña vive un “infierno fiscal”.

Presentación de candidaturas

El próximo 8 de mayo será el último día de presentación de candidaturas y avales, una fecha en la que Sánchez Llibre tiene previsto detallar “con más precisión” los puntos de su programa electoral.

En el caso de que no se presente ninguna candidatura más antes del 15 de mayo, la mesa electoral validará la reelección de Sánchez Llibre, una aceptación que después deberá ser consensuada en el marco de la junta directiva, ha detallado el presidente de la patronal.

Sánchez Llibre ha explicado que los votos de las federaciones sectoriales y territoriales que forman parte de Foment “priman mucho más” que los de las empresas socias independientes, que son unas 500 de las más de 260.000 firmas integradas dentro del conjunto de federaciones.

En 2024, una reforma aprobada por la Asamblea General de Foment eliminó la barrera que obligaba al presidente de la patronal a presentarse a un máximo de dos mandatos.

Este hecho ha permitido que Sánchez Llibre tenga la posibilidad de acceder a una tercera reelección, con la que alcanzaría doce años de presidencia si es elegido el próximo 18 de mayo.

Los empresarios de Castilla y León representados en la CEOE han apelado este lunes, un día después de las elecciones autonómicas, a la “responsabilidad y diálogo” de las fuerzas políticas para formar un gobierno estable que afronte cuanto antes los retos económicos y demográficos.

CEOE Castilla y León, a través de un comunicado, ha recordado la necesidad de una “seguridad institucional” que permita “avanzar en crecimiento económico, inversión y creación de empleo en la Comunidad”.

Los empresarios han expresado su voluntad de seguir colaborando con las instituciones y agentes sociales dentro del Consejo de Diálogo Social con el fin de seguir sumando acuerdos “que impulsen la actividad económica, la inversión y el empleo”, han insistido.

Por último, la organización ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas representadas en las Cortes autonómicas para que prioricen “el interés general de Castilla y León” y trabajen “desde el consenso y la estabilidad institucional” que considera imprescindibles “para generar confianza, atraer inversiones y afrontar con éxito los retos económicos y demográficos de los próximos años.

La organización empresarial CEOE Castilla y León ha mostrado su “profunda preocupación” por una posible interrupción o límite a las relaciones con Estados Unidos, un “mercado estratégico” para numerosos sectores productivos de la Comunidad como la agroalimentación, la industria y los bienes de equipo.

A través de un comunicado remitido este miércoles, la patronal ha señalado que Estados Unidos “es un país amigo y socio fundamental para España” y ha mostrado su deseo que las relaciones entre ambos no se vean afectadas, después que el presidente norteamericano Donald Trump planteara “cortar el comercio con España” por la postura del Gobierno sobre el ataque a Irán.

CEOE CyL ha subrayado que en este momento de incertidumbre resulta “más necesario que nunca” reforzar la coordinación con la UE para adoptar decisiones que puedan afectar al comercio internacional.

“Esperamos que el Gobierno de España sea capaz de reconducir esta situación a través del diálogo y la cooperación institucional, preservando así la estabilidad de las relaciones económicas y comerciales con un ”socio clave como Estados Unidos“, apunta el texto.

A primera hora de este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho una declaración institucional en la que ha recuperado el lema del 'No a la guerra' (popularizado con la invasión de Irak de 2003), ha defendido el respeto al derecho internacional y ha reivindicado los valores fundacionales de la UE y de la Carta de las Naciones Unidas.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha ironizado este jueves con que “el 88%” de las más de mil propuestas recogidas por el PP en su programa “se han redactado con ChatGPT”. “Antes copiaban del Rincón del Vago y ahora se adaptan a ChatGPT”, ha apuntado.

El también secretario general del PSOE de Castilla y León ha señalado que Mañueco “apenas pudo enumerar tres” de las más de mil medidas anunciadas. A su juicio, el problema no es tanto el contenido, llegando a reconocer que algunas iniciativas son “positivas” y otras ya “repetidas”, el problema es la “falta de credibilidad” de un partido que lleva “cuatro décadas” al frente de la Junta y “siete años” con el mismo presidente.

Martínez ha apuntado que durante la presentación del programa del PP se presentó el “dúo dinámico” formado por Mañueco y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. “Si el señor Quiñones es el cerebro que idea y planifica el futuro de los próximos cuatro años en esta Comunidad, pues es lo que hay”, ha criticado, para añadir que el PP “parece que cambia, pero nunca cambia”.

El dirigente socialista acusó ha acusado a los populares de centrar la campaña en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el ministro de Transportes, Óscar Puente, en lugar de debatir sobre los problemas propios de Castilla y León. “Dicen que van a hablar de la Comunidad y no hablan; repiten mantras y buscan responsables fuera”, ha reprochado.

Frente a ese modelo, Martínez ha reivindicado el del PSOE como “serio y con soluciones”, centrado en afrontar la despoblación y la pérdida de autónomos, y en ofrecer respuestas “en la raíz de los problemas, no grandes frases que no se desarrollan”. Tras reunirse con representantes empresariales, ha indicado en que la Comunidad se juega “más que comer” en estas elecciones y que el 15 de marzo solo hay dos opciones: “siete más cuatro” años del PP o un “proyecto sólido y creíble” de cambio.

Llamada a la participación

En clave de participación, el candidato socialista ha defendido la necesidad de una “altísima movilización” en las urnas. A su juicio, la experiencia demuestra que cuando baja la participación “gobierna la derecha”. En esa línea, Martínez ha compartido el análisis de Pedro Sánchez sobre el impacto de la abstención en anteriores citas electorales y ha apelado a evitar el “cainismo”en la izquierda, que penaliza más a su espacio político que a la derecha cuando concurre dividida.

Preguntado por debates internos en el PSOE sobre el calendario electoral nacional, Martínez ha respondido que está “a lo suyo”: hablar de Castilla y León y convencer a los ciudadanos de que “se atrevan al cambio” tras casi 40 años de gobiernos del PP. Para Martínez, el 15M no va de inteligencia artificial ni de argumentarios reciclados, sino de credibilidad y de quién ofrece una salida real al declive demográfico y económico de la Comunidad.

El PSOE se abre a negociar junto al Diálogo Social el absentismo laboral

En la misma comparecencia, tras su reunión con representantes de la CEOE, el candidato socialista también se ha comprometido a “reforzar, impulsar y ampliar” el Diálogo Social en la Comunidad y a abrir una mesa específica para abordar el absentismo laboral, una cuestión que la patronal, tal y como ha asegurado el presidente autonómico de la CEOE, Santiago Aparicio, ha calificado “una lacra muy importante” para la competitividad y las aspiraciones de crecimiento.

Martínez ha indicado que el absentismo supone “un lastre” para las empresas y también para las propias administraciones, pero ha defendido analizarlo “con muchos matices y líneas de estudio”, sin buscar culpables. Entre los factores a tener en cuenta, ha indicado el “colapso” de la Atención Primaria, la inspección sanitaria o el funcionamiento de las mutuas.

El líder socialista ha señalado que si un trabajador con gripe que no logra cita con su médico de cabecera hasta pasados varios días favorece el absentismo, cuando la baja la “tendría que dar el primer día”. “Cuando hay un problema encima de la mesa, el PSOE lo afronta y no lo esconde”, ha afirmado, apostando por mejorar la normativa desde el consenso entre Junta, sindicatos y empresarios.

Sobre la reunión, el dirigente socialista ha reconocido que no habrá acuerdo en todos los ámbitos, como por ejemplo con el SMI o la supresión del Impuesto de Patrimonio, pero sí ha visto margen para pactos en materias como la retención y atracción de talento, la planificación energética o la conexión entre formación y empresa. En este punto, ha defendido reformar el Servicio Público de Empleo para que actúe como puente real entre quienes buscan trabajo y quienes necesitan contratar.

Además, ha planteado una fiscalidad diferenciada en una futura ley contra la despoblación, con deducciones de entre el 10% y el 25% según el territorio, y ha insistido en su propuesta de ‘tarifa cero’ para autónomos durante dos años, que sería de tres en municipios de menos de 5.000 habitantes, como herramienta para frenar la “sangría” demográfica y empresarial en el medio rural.

La CEOE cifra en 33.000 millones el coste del absentismo laboral

Por su parte, el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha señalado el gran coste del absentismo laboral y ha criticado que no se puede normalizar que cada día falten al trabajo en España 1,7 millones de personas, con un coste estimado de 33.000 millones de euros que asumen a partes iguales el Estado y las empresas. A su juicio, se trata de una “lacra” que está “haciendo mucho daño” a la competitividad y que exige una mesa de trabajo específica en el marco del Diálogo Social para “poner todas las cartas boca arriba” junto a los sindicatos y las administraciones.

Aparicio ha trasladado a los socialistas de Castilla y León un documento con 175 medidas centradas en tres prioridades: retención y atracción de talento, planificación energética y lucha contra el absentismo. Asimismo, ha reclamado reforzar la FP Dual, estrechar la colaboración con las universidades en formación, investigación e innovación, y garantizar infraestructuras energéticas que permitan que la potencia generada en una comunidad “líder en renovables” se quede en el territorio y facilite la implantación de proyectos industriales. “Si no hay talento, no hay futuro”, ha resumido el dirigente patronal.

El presidente de la gran patronal (CEOE), Antonio Garamendi, ha respondido a las críticas lanzadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no apoyar la subida del salario mínimo. “El gran drama es que no se pueden subir los salarios porque el Gobierno se está poniendo morado, y lo digo así de claro, a subir impuestos desde el punto de vista de lo que son los seguros sociales”, ha sostenido el empresario vasco, en referencia al dinero que utiliza el Estado para pagar las pensiones.

Sánchez señaló que “dónde está la patronal” cuando el IBEX 35 alcanza máximos históricos y cuando ocurre lo mismo con la escalada de los beneficios de las empresas. “Ahí sí está”, ha señalado Sánchez a CEOE y a Cepyme, pero no en el aumento del salario mínimo legal, algo que ha considerado que “no es admisible” en el actual contexto económico.

“No es admisible que, en un contexto de bonanza económica, se mire con lupa el salario de quien cobra el mínimo, mientras se mira hacia otro lado cuando se registran beneficios multimillonarios”, remató.

No es un impuesto, son cuotas para pagar pensiones

El dirigente empresarial ha señalado que, para el presidente del Gobierno, “parece que sólo hay 35 empresas en España”, las del Ibex, cuando hay más de dos millones de pequeños empresarios, y ha denunciado que el mensaje de Sánchez vaya “justamente contra la gente que crea riqueza”, ha sostenido en una entrevista en la Cadena COPE, recogida por la agencia Europa Press.

“El gran drama es que no se pueden subir los salarios porque el Gobierno se está poniendo morado, y lo digo así de claro, a subir impuestos desde el punto de vista de lo que son los seguros sociales (...) Todo al final se lo come el Gobierno, porque si no, estarían en los bolsillos de los trabajadores”, ha apuntado Garamendi en un discurso que mezcla lo que son los impuestos, las cotizaciones sociales y quién se queda este dinero de las arcas públicas.

El dinero que recauda la Seguridad Social en cotizaciones sociales no son un impuesto, sino una aportación de los trabajadores que genera derechos a futuro (cuanto más cotizan, mayores prestaciones reciben de maternidad, enfermedad o pensiones), y que además se utiliza en el presente para pagar prestaciones tan importantes como las pensiones públicas y las bajas por incapacidad temporal.

“Dan permisos por ahí”

El líder de la CEOE ha señalado que otro “gran drama” que al Gobierno “parece que le importa muy poco” es que todos los días faltan a trabajar 1.700.000 personas en España, en referencia al aumento de las bajas médicas de los trabajadores. “Todos los días (...) Y, en cambio, la ministra dando permisos por ahí, y el otro no sé qué”, ha afirmado Garamendi, que ha señalado que está “más que hiperenfadado” por esta situación.

Tras ampliar los permisos por cuidados familiares y aprobar los nuevos permisos climáticos, de hasta cuatro días para situaciones de alertas meteorológicas por las que no se pueda acudir al trabajo (como en la Dana de Valencia), la ministra de Trabajo ha puesto sobre la mesa ampliar el permiso de fallecimiento hasta los 10 días y crear un nuevo permiso de 15 días por cuidados paliativos.

“Desde luego el Gobierno no está a la altura de las cosas que tendría que estar, que es ver entre todos, ver cómo esas pequeñitas empresas, esos autónomos pueden subsistir, que no me cuenten batallas de lo bien que va todo como un cohete”, ha subrayado el líder de la gran patronal.

“Se buscan enemigos, se buscan estereotipos, cuando esto no tiene nada que ver. Aquí hay que hablar de la productividad, hay que hablar de la competitividad de las empresas, hay que hablar de cómo las empresas tienen que crecer, pero sin embargo parece que no quieren que crezcan porque te asfixian a impuestos. Estamos en récord de recaudación y ahí siguen y no se quiere hablar de lo que realmente hay que hablar”, ha reprochado Garamendi.

“Yo creo que todo el mundo tiene muy claro qué está pasando. Es decir, parece que aquí hay que seguir buscando enemigos, pues para tapar, no sé, alguna miseria”, ha deslizado también el líder empresarial.

El dirigente de CEOE ha vuelto a denunciar que el Gobierno utilice a la patronal y a los empresarios como “el muñeco de goma o de trapo” al que dar “golpes”, cuando ha sostenido que siempre han sido “la solución”. “Y seguiremos siendo la solución, porque somos las empresas las que realmente creamos esa riqueza”, ha declarado Garamendi.

La ayuda fiscal ofrecida por el Gobierno a los empresarios de cara a la subida del salario mínimo de 2026, para tratar de alcanzar un acuerdo con la patronal, parece que cae en saco roto. CEOE y Cepyme han emitido un duro comunicado en el que tachan de “fórmula trilera” la medida, que consideran que tiene “condiciones inalcanzables”. Esta tarde, Trabajo citó a los sindicatos y patronales mayoritarios para tratar de cerrar el aumento del SMI a 1.221 euros brutos al mes.

En primer lugar, los empresarios critican que la ayuda fiscal fuera filtrada a los medios de comunicación antes de ser enviada a los agentes sociales, lo que denuncian como “una falta de respeto” por el diálogo social.

En cuanto al contenido de la propuesta, las organizaciones empresariales denuncian que la ayuda fiscal ofrecida “supone la sustitución de la esperada indexación de los contratos públicos” –que reclaman tanto las patronales como los sindicatos– “por unas fórmulas trileras”, que sostienen que “no compensan los costes asociados a la actualización del SMI planteada”.

Dicen que las condiciones son “inalcanzables”

En un primer análisis, CEOE y Cepyme critican que la ayuda fiscal para mejorar los salarios por encima del SMI “deja fuera a todos los autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores”.

“De hecho, la medida excluye también, de manera insólita, a las empresas en pérdidas, que son las que más lo necesitan, a las cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro”, recoge el comunicado conjunto.

Las organizaciones patronales consideran que la deducción fiscal que permitiría ahorrarse parte del desembolso de las empresas en el Impuesto de Sociedades “establece condiciones inalcanzables para la mayoría de las empresas” y, además, dicen que “supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y la libertad de empresa”. “Es puro intervencionismo”, dicen sobre la ayuda fiscal.

Pese a todas estas críticas, los empresarios no dan el portazo definitivo a la medida. “El Comité Ejecutivo de CEOE emitirá una valoración una vez el Gobierno nos haga entrega de la documentación necesaria para poder hacerlo”, zanja el comunicado.

Este final deja en duda qué pasará en la reunión del diálogo social que el Ministerio de Trabajo ha convocado este jueves por la tarde, con la intención de cerrar ya la negociación y la subida del SMI. Es decir, si los empresarios se desmarcarán ya esta tarde de la negociación o si, por el contrario, habrá que esperar a la decisión de su Comité Ejecutivo para concluir el diálogo social.

Antes de ser enviada por el Gobierno, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, se habían mostrado cautos y recelosos de la medida. Este jueves, Unai Sordo, secretario general de CCOO, se ha reafirmado en que no les “suena bien” la ayuda fiscal, que ha caliicado de “francamente compleja”. Además, ha sostenido que el alza del SMI del 3,1% “es una subida perfectamente razonable y que pueden asumir las empresas sin minorar los ingresos en el Impuesto de Sociedades”.

El Gobierno ha trasladado definitivamente a patronal y sindicatos la propuesta de deducción fiscal en el Impuesto de Sociedades con el que tratar de compensar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 y acercar a los empresarios a un acuerdo que lo eleve un 3,1%, hasta los 1.221 euros al mes.

El Ministerio de Hacienda ha diseñado una reducción creciente que se aplicaría solo en el ejercicio fiscal que comience en 2026 y vinculada a que las empresas aumenten el porcentaje de la plantilla que cobra por encima de la cuantía del SMI y a que la mantengan durante los dos años siguientes, bajo la amenaza de que tengan que devolver la ayuda con intereses en las próximas declaraciones tributarias.

La propuesta, adelantada por El País y a la que ha accedido este periódico, establece que solo podrán beneficiarse de la ayuda aquellas empresas en las que la plantilla media que cobra por encima del SMI aumente al final del ejercicio fiscal, con un aumento mínimo de una persona trabajadora en el caso de las compañías de menos de 100 empleados; que será de un 1% de la plantilla, con un mínimo de dos trabajadores, para aquellas de mayor tamaño.

Del 25% al 100% de la subida del SMI

A partir de ahí, la cuantía de la reducción en la base imponible del impuesto será creciente en función de si ese porcentaje es mayor. Así, si la plantilla que cobra por encima de los 1.221 euros al mes crece menos del 5%, se aplicará un recorte del 25% del aumento bruto del SMI este año. Es decir, unos 130 euros de ayuda por trabajador que cobre el SMI. Este beneficio será creciente y en cuatro tramos, hasta alcanzar el 100% de la subida bruta del SMI (518 euros anuales) para aquellas compañías que tegan un 15% más de empleados por encima de la menor retribución posible.

A mayores, y además de los requisitos de subida salarial y mantenimiento del empleo, Hacienda establece que solo podrán beneficiarse de esta deducción las compañías cuyos gastos de personal estén por encima del 70% de los gastos de su resultado de cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

La Mesa de Diálogo Social para la subida del SMI se reunirá de nuevo en la tarde de este jueves y, según avanzó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, será la última sobre esta retribución mínima para 2026. Formalmente, el Ministerio de Trabajo solo ha de consultar con los agentes sociales el alza, ya que la competencia es del Ejecutivo y lo hace mediante un reglamento que no tiene que pasar por el Congreso.

La patronal estableció como condición para avenirse a un acuerdo que el Gobierno ejecutara un cambio en la Ley de Desindexación de Contratos Públicos, una norma heredada del Ejecutivo de Mariano Rajoy que impide a las empresas que contratan con la Administración repercutir al Estado las subidas del SMI.

En los pasillos de Hacienda rechazaron esta propuesta porque tensionaría aún más las cuentas públicas, pero abrieron una negociación con el Ministerio de Trabajo para encontrar una solución quirúrgica con la que tratar de atraer a la CEOE.

“Nos interesa que remonten el salario mínimo, que tengan un estímulo que pueda compensar la subida de SMI de este año, pero que estimule a avanzar en esa escala salarial”, justificó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, después de la cita de este lunes en la que trasladó verbalmente la oferta a los agentes sociales.

La solución resulta bastante similar a la que encontraron Hacienda y Trabajo para resolver la tributación del SMI, a través de una deducción en el IRPF para sus perceptores y no mediante una elevación del mínimo exento, que se traslada a toda la pirámide salarial y termina siendo regresiva.

La patronal se comprometió a estudiar la propuesta en sus órganos internos, pero la oferta no ha cautivado a los sindicatos. “Genial que se incorpore la CEOE al acuerdo, pero, ojo, porque es mala pedagogía decir que el SMI se sube si lo pagan todos los españoles”, ha dicho el secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante una rueda de prensa en la mañana de este miércoles, antes de conocer la letra pequeña.

Fuentes de la CEOE consultadas por este periódico dicen no haber recibido aún la oferta. De no adherirse la patronal al acuerdo para subir el SMI, todo parece indicar que la ayuda no saldrá adelante.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Castilla y León ha recibido el medio millón de euros de la Junta de Castilla y León que le correspondía tras pedir la ejecución de las sentencias que ganaron UGT y CCOO ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León después de los recortes “ilegales” de Vox. CEOE no judicializó la retirada de la subvención, pero ahora sí ha pedido la extensión de los efectos de las sentencias del TSJ y ha reclamado su parte correspondiente a la participación institucional de 2023.

La Consejería de Industria, que durante unos años dirigió Mariano Veganzones, acabó aprobando parte de la subvención anual que recibían los integrantes del Diálogo Social, aunque no lo promocionó tanto como cuando anunció el fin “ilegal” de estas subvenciones. Faltaba, por lo tanto, entregar a la CEOE la cuantía restante correspondiente al periodo 2022-2023: ha recibido 494.491 euros. CEOE se ha negado a hacer declaraciones al respecto y consideran que se trata de “un procedimiento administrativo que se ha tramitado por los cauces institucionales habituales”.

Esta entrega se aprobó en el Consejo de Gobierno del 30 de diciembre de 2025, aunque no se incluyó en el dosier de prensa que la Junta suele entregar a los medios de comunicación. El Ejecutivo no ha querido aclarar el porqué de esta opacidad, y solo se ha podido conocer esta entrega a través del portal de Transparencia. El del 30 de diciembre es uno de los últimos consejos de gobierno antes de que Fernández Mañueco disuelva las Cortes de Castilla y León y convoque elecciones autonómicas para el 15 de marzo.

Una decisión que solo recurrieron los sindicatos

Precisamente fue en marzo del año pasado cuando el TSJ autonómico condenó al Ejecutivo de Fernández Mañueco después de que permitiera que Vox, estando en el gobierno, retirara la subvención que establecía la Ley de Diálogo Social a los sindicatos y la patronal. Esta subvención directa está vinculada a su representatividad sindical y empresarial y no puede depender de la aprobación de esta partida en los Presupuestos. El TSJ reconoció “el derecho del sindicato a la subvención nominativa prevista en el artículo 16 de la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la participación institucional”.

Vox suprimió esta cantidad (normalmente no supera los 4 millones de euros entre las tres organizaciones) en los Presupuestos y, aunque luego sí hizo una aportación parcial, el TSJ le obligó a entregar la que faltaba. Eso sí, la Justicia resolvió en 2025, un año después de que Vox se marchara de los gobiernos de coalición que mantenía con el PP. El gobierno de Fernández Mañueco anunció entonces que no iba a recurrir las sentencias y que pagaría las cuantías fijadas por la Justicia.

La Justicia fue muy contraria a determinadas políticas iniciadas por Vox durante su mandato en Industria y Empleo, como el calendario laboral de 2023, que la Justicia declaró nula porque Veganzones se saltó el procedimiento y la Justicia consideró “ofensivas e innecesarias” las acusaciones formuladas por Veganzones contra los sindicatos, aunque en esta ocasión el TSJ no vio infracción penal. También en 2023, el Consejo Económico y Social de Castilla y León tuvo que desmentir al Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes, que acusó a patronal y sindicatos de cobrar “126.000 euros en gastos de telefonía, luz, gas y comunidad de propietarios” a través de la entidad.

Benito Tesier ha asumido este lunes la presidencia de la Confederación Aragonesa de Organizaciones Empresariales --CEOE Aragón-- reivindicando la figura del empresario, “a veces y en los últimos tiempos, demonizada injustamente”, y comprometiéndose a ser junto a su comité ejecutivo “la voz y el altavoz de nuestras empresas”.

“Sin empresas no hay riqueza, no hay bienestar social, ni impuestos, no hay oportunidades para nuestros jóvenes y, por lo tanto, el deber y la obligación de todos los que conformamos la sociedad es ayudar e impulsar a estas empresas para ayudar e impulsar el futuro de nuestra tierra”, ha asegurado.

El director general de Brembo Iberia y presidente de la Federación de Empresarios Metalúrgicos de Zaragoza y del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR), entre otros cargos, ha confesado recibir esta nueva responsabilidad con “muchísima ilusión, un gran sentido de la responsabilidad y el orgullo de ser hijo de empresario”.

En su discurso, Tesier ha resaltado que Aragón y el mundo viven un momento “decisivo, inmersos en un cambio acelerado: transformación tecnológica y energética, exigencias de sostenibilidad, tensiones geopolíticas y reinvención de las cadenas de suministro y de valor, en el que Aragón se está posicionando con fuerza para convertir los retos en oportunidades reales”.

Ha hecho hincapié, además, en la importancia del diálogo social como “espacio para construir soluciones útiles” y de la unidad de acción empresarial en la que “CEOE Aragón debe ser una a común”.

Como ejes para su presidencia, Tesier también se ha marcado como objetivos “la competitividad y la inversión, para lo que necesitamos menos burocracia, plazos razonables y estabilidad normativa”, entre otras cosas, que Aragón siga siendo tierra industrial e impulse la innovación“; lograr una formación útil, práctica y adaptada a la realidad; avanzar en reputación y orgullo de pertenencia de los empresarios y las organizaciones empresariales.

Además, se ha referido a aspectos territoriales concretos como maximizar las ayudas al funcionamiento en Teruel o continuar reivindicando infraestructuras como la Travesía Central por el Pirineo y el Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Garamendi: “Si a Aragón le va bien, a España le va mejor”

Tesier releva al frente de CEOE Aragón a Miguel Marzo, al frente de la patronal empresarial desde febrero de 2022 y a quien le ha agradecido la labor desarrollada en ese periodo.

Se convierte así en el noveno presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón desde su fundación en 1982, tras Javier Ferrer Dufol (1982-1991), Javier Aísa (1991-1994), Miguel Ángel Hidalgo (1994-2001), Julián López Babier (2001-2005), Jesús Morte (2005-2013), Fernando Callizo (2013-2019), Ricardo Mur (2019-2022) y Miguel Marzo (2022-2026).

A su figura se ha referido el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que ha destacado “su amplia experiencia, solvencia acreditada y que esté dispuesto a trabajar por los demás representando a los empresarios de Aragón y quitándole una parte importante también del tiempo que dedique a su propia empresa”.

Recibe Tesier, según ha valorado, “un legado de más de 40 años” con el que trabajará “de forma unida” con las organizaciones, los sectores y los territorios.

Para esa labor ha mostrado todo su apoyo el presidente de CEOE, Antonio Garamendi quien, tras agradecer a Marzo el “haber dirigido la nave de los empresarios en momentos también complicados, ha destacado la importancia que tiene Aragón en España:

“La empresa de Aragón, su economía, está demostrando los retos que está ganando y los que tiene por delante. Es un hecho las inversiones que se están produciendo y que no solo para esta tierra, sino para España también es un orgullo, porque si a Aragón le va bien, a España le va mejor”.

A ese panorama de inversiones anunciadas en la Comunidad se ha referido también el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ha resaltado el proyecto de AWS para construir u nuevo centro de datos en La Puebla de Híjar, “la inversión más importante en la historia de la provincia de Teruel”, que eleva la cifra global de inversiones a 75.000 millones de euros, “una cifra inigualable, no solamente en España, sino en todo el sur de Europa”, ha destacado.

Azcón ha subrayado el “momento económico excepcional” que vive la Comunidad a tenor de los datos del paro, de la afiliación a la Seguridad Social, el crecimiento y la atracción de población.

Homenaje a Miguel Marzo

Por su parte, Miguel Marzo ha recalcado el “gran honor” que para él ha supuesto presidir los últimos cuatro años CEOE Aragón, “que queda en buenas manos” con el “talento y energía” de Benito Tesier.

El presidente saliente ha aludido al valor del diálogo social, la estabilidad institucional y el apoyo a las empresas desde los “dos gobiernos autonómicos de distinto signo político” con los que ha coincidido su mandato, frente al “entorno hostil” para el tejido empresarial en las políticas nacionales.

Ha puesto, además, el foco en “la empresa como principal palanca de creación de riqueza” y en el “gran momento empresarial e inversor que está viviendo Aragón” y en la competitividad como “una política social en sí misma, la mejor que como empresarios podemos aportar a nuestra sociedad”.

A la figura de Marzo se ha referido especialmente el presidente Azcón, que le ha trasladado un “agradecimiento en mayúsculas” por su “magnífica labor” al frente de la CEOE:

“Miguel Marzo, significa trabajo, defensa de Aragón y, sobre todo, diálogo social”. Una felicitación que ha hecho extensible a todos los agentes sociales, “que permiten que Aragón sea una tierra que se caracterice por la paz social”.

La Asociación Provincial de Centros Privados de Educación Infantil de Guadalajara, integrada en CEOE-CEPYME Guadalajara, ha denunciado que el Ayuntamiento de Guadalajara no ha convocado las habituales ayudas municipales destinadas a los centros privados de educación infantil de la capital, “a pesar de tratarse de una subvención comprometida previamente por el concejal de Infancia en una reunión mantenida en el mes de febrero del presente año”, critican en alusión al edil del PP, Roberto Narro.

Estas ayudas, dotadas con una cuantía de 50.000 euros, estaban presupuestadas y venían concediéndose de manera continuada en ejercicios anteriores, explica la asociación empresarial.

Sin embargo, detallan, “el consistorio ha alegado motivos legales para no proceder a su convocatoria, sin que se haya planteado ninguna alternativa que permitiera dar salida a dichos fondos, como sí se ha hecho en otros sectores municipales”, según lamentan. Esta circunstancia, inciden en un comunicado, “evidencia una clara falta de voluntad política para mantener unas ayudas fundamentales para el sector”.

Esta asociación empresarial recuerda que “históricamente, estas subvenciones han supuesto un apoyo esencial para los centros privados de educación infantil” o que han contribuido “de manera directa a la calidad educativa, a la estabilidad de los proyectos pedagógicos y al mantenimiento del empleo, mayoritariamente femenino, en un sector clave para la conciliación familiar y laboral en la ciudad”.

También argumentan que estas ayudas “repercuten positivamente en las familias, facilitando el acceso a plazas de educación infantil” o que a pesar de que las familias han recibido ayudas directas, “estas no han cubierto la totalidad de las solicitudes, dejando a numerosas familias sin posibilidad de acceder a los servicios que prestan estos centros”.

Desde la asociación se lamenta “profundamente” esta decisión porque, sostiene, “genera una situación de incertidumbre e inseguridad entre los centros afectados, especialmente tras el compromiso adquirido por el Ayuntamiento”.

“Esta situación compromete la viabilidad económica de muchas escuelas infantiles, en un contexto ya marcado por el incremento de los costes de funcionamiento y la necesidad de seguir ofreciendo un servicio educativo de calidad”. Además, pone de manifiesto el desinterés del consistorio hacia un sector esencial que, año tras año, ve cómo se reduce el número de centros y de plazas disponibles para las familias de Guadalajara.

Esta situación compromete la viabilidad económica de muchas escuelas infantiles, en un contexto ya marcado por el incremento de los costes de funcionamiento y la necesidad de seguir ofreciendo un servicio educativo de calidad

Asociación Provincial de Centros Privados de Educación Infantil en Guadalajara

La Asociación Provincial de Centros Privados de Educación Infantil de Guadalajara ha solicitado al Ayuntamiento que reconsidere esta decisión y restablezca la convocatoria de ayudas, “manteniendo el compromiso que venía demostrando con la educación infantil y con los profesionales que trabajan diariamente en este ámbito”.

50.000 euros presupuestados y no ejecutados

Asimismo, se denuncia la “falta de información” por parte del Ayuntamiento sobre el futuro de estas ayudas de cara a 2026, sin que se haya aclarado si se mantendrán ni si se incorporarán los 50.000 euros presupuestados y no ejecutados en 2025. En paralelo, se considera imprescindible aumentar las ayudas a las familias para dar respuesta a la totalidad de las solicitudes y garantizar el acceso a los servicios de los centros privados de educación infantil.

La asociación ha puesto de manifiesto “el abandono y la falta de respuesta, tanto a nivel político como institucional, del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara hacia el sector de la educación infantil privada y, en consecuencia, hacia las familias usuarias de estos servicios”.

No obstante, el colectivo empresarial reitera su disposición a mantener un “diálogo constructivo” con el Ayuntamiento que “permita buscar soluciones y apoyar de forma efectiva a un sector clave para el desarrollo educativo y social de la ciudad”.

Denunciamos el abandono y la falta de respuesta, tanto a nivel político como institucional, del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara hacia el sector de la educación infantil privada y, en consecuencia, hacia las familias usuarias de estos servicios

Asociación Provincial del Centros de Educación Infantil de Guadalajara

La “oda al autónomo” PP-Vox y la realidad: “Les están asfixiando”

La denuncia ha sido comentada por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Lucía de Luz, durante el Pleno ordinario celebrado hoy. Se debatía una moción del Grupo Municipal PP sobre la situación de los trabajadores autónomos y la portavoz socialista ha puesto como ejemplo la denuncia de las empresas privadas que gestionan centros de educación infantil para criticar la contradicción del Gobierno de Ana Guarinos. “Lo hacen ustedes para disimular y tapar la inacción de PP y vox en el Ayuntamiento de Guadalajara”, frente a realidades como las de este tipo de empresas, en algunos casos autónomos.

“Esta es la primera vez en la historia que las ayudas han tenido un informe de no sostenibilidad”, afeaba la socialista quien cree que el Gobierno de PP y Vox “está asfixiando” a estas empresas. Desde Aike, sin citar este caso, la portavoz Susana Martínez ironizaba. “Esta es la oda al autónomo que levanta la persiana, una frase que repiten ustedes. Es una imagen muy idílica: menos burocracia, más libertad, menos impuestos...”.

El portavoz del equipo de Gobierno Alfonso Esteban ha salido al paso de las críticas cargando contra el Gobierno del PSOE. “Lo que algunos hicieron fue arruinar este ayuntamiento, poniendo en riesgo servicios públicos e inversiones”.

Es sensato que las ayudas sean genéricas, que se puedan acoger a ellas todos los autónomos de Guadalajara y no solo un colectivo. A cambio hemos incrementado las ayudas a las familias

Alfonso Esteban — Segundo teniente de alcalde de Guadalajara

Según su versión, el actual gobierno “ha garantizado la estabilidad económica” y además habrá 200.000 euros en ayudas a empresas a “las que, entre otros, se podrán acoger las empresasque gestionan guarderías privadas”.

Según el concejal del PP las subvenciones a las guardería privadas eran “la única ayuda residual dirigida estrictamente a un colectivo” y en su opinión “es sensato que las ayudas sean genéricas, que se puedan acoger a ellas todos los autónomos de Guadalajara y no solo un colectivo. A cambio hemos incrementado las ayudas a las familias para pagar las guarderías, pasando de de 50.000 a 70.000 euros”. Por otro lado, añadía, “se ha reforzado” la colaboración con la CEOE-CEPYME “para que tenga su reflejo en las empresas”.

La Junta Electoral de CEOE Aragón ha ratificado la candidatura de Benito Tesier, actual vicepresidente de la organización empresarial, como única candidatura presentada para la presidencia. Tras la conclusión del proceso de presentación de candidaturas, la Junta ha validado oficialmente la de Tesier, quien será elegido nuevo presidente en la próxima Asamblea General de CEOE Aragón, prevista para el 12 de enero de 2026. Relevará en el cargo a Miguel Marzo.

Con este paso, se culmina el procedimiento estatutario que marca la renovación de la presidencia de la Confederación, garantizando la continuidad y el compromiso con la defensa de los intereses empresariales de Aragón.

La elección de Benito Tesier supone un respaldo a su trayectoria y experiencia en el ámbito empresarial y asociativo, así como a su implicación en la actividad de CEOE Aragón en los últimos años.

Tesier, está desempeñando actualmente el cargo de director general de Brembo España, filial ibérica del grupo italiano de la cual Benito Tesier es accionista y miembro del consejo de administración, líder mundial en sistemas de freno, donde ha impulsado la modernización y competitividad de la planta aragonesa. Asimismo, ejerce como vicepresidente de CONFEMETAL y vicepresidente de CEPYME Nacional, reforzando su influencia en el ámbito de la representación empresarial a nivel estatal.

Además, está desempeñando un papel clave en el asociacionismo empresarial como presidente del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR), presidente de la Federación de Empresarios Metalúrgicos de Zaragoza (FEMZ) y vicepresidente y presidente de la Comisión de Recambios de SERNAUTO, la asociación nacional de proveedores de automoción.

Su labor ha sido reconocida recientemente con el Premio ADEA al Directivo de Aragón 2025, el Premio de Honor Mobility 2025 otorgado por la Cámara de Comercio Italiana y Mobility City, y la distinción como Antiguo Alumno del Año por ESIC Aragón.

Con esta trayectoria, Tesier afronta la presidencia de CEOE Aragón con el objetivo de reforzar la competitividad empresarial, impulsar la innovación y consolidar el papel de la Confederación como referente en la defensa de los intereses de las empresas aragonesas.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que denunciará el polémico buzón de la patronal CEOE Canarias para señalar a trabajadores de baja supuestamente fraudulentas. La responsable de Trabajo llevará la iniciativa ante la Agencia Española de Protección de Datos. “Es ilegal”, ha reiterado.

Díaz ha criticado la iniciativa de la patronal canaria, que ha vinculado a Antonio Garamendi, el líder estatal de la patronal CEOE. “Ha sacado adelante una oficina con carácter anónimo para que los trabajadores denuncien a trabajadores enfermos. Le pido al señor Garamendi que retire con carácter fulminante esta oficina. Es ilegal”, ha sostenido.

La ministra de Trabajo ha afirmado que va a denunciar este buzón. “También le anticipo que vamos a poner este hecho por supuesto ante todas las autoridades que sea menester, pero ante una en singular: la Agencia Española de Protección de datos”.

Díaz ha afirmado que este buzón anónimo “no está amparado por la legalidad”, que “va contra los derechos humanos” y ha considerado la iniciativa como “gravísima”. “Es inhumano, esto es lo primero, pero segundo es ilegal”, ha rematado.

Quiere cerrar los permisos de duelo el lunes

La ministra de Trabajo ha cargado también contra los empresarios por rechazar la ampliación de los permisos por fallecimiento a diez días y la creación de un nuevo permiso para cuidados paliativos de familiares. “Estamos ante una patronal absolutamente inhumana”, ha sostenido Díaz.

La vicepresidenta ha anunciado que el próximo lunes celebrará la última reunión de diálogo social sobre esta materia, ya solo con los sindicatos, con el objetivo de cerrar un acuerdo y que el Gobierno pueda aprobar la iniciativa.

Al tratarse de una ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores, la norma deberá pasar por el Parlamento y sumar los apoyos necesarios para salir adelante, una situación cada vez más compleja para el Ejecutivo ante la pérdida del respaldo de Junts.

En Trabajo esperan que estos “permisos de duelo” sean respaldados por el Congreso, como lo fue hace unos meses la ampliación del permiso por nacimiento de hijo. Sin embargo, en ese caso la retribución de las semanas de permiso las asume el Estado y en los permisos de duelo los pagarían las empresas, lo que dificulta el apoyo de la medida para ciertas formaciones próximas al empresariado.