La huelga general convocada en todo el país por la crisis de la vivienda sigue generando suspicacias y el rechazo por parte de las asociaciones empresariales. Si hace unas semanas eran los empresarios de Guadalajara quienes consideraban “inadmisible” que las empresas sufrieran el coste de este paro, ahora ha sido el presidente de la patronal regional, Ángel Nicolás, quien ha calificado la huelga del 11 de noviembre como “política” y ha asegurado que el trabajador no sabe “por qué se tiene que movilizar”, hablando de una convocatoria que causa “sonrojo y carcajada”.

Nicolás, que en los últimos años se ha acostumbrado a protagonizar titulares por sus polémicas declaraciones -uno de los ejemplos más recientes fue cuando llamó “memos” a los jóvenes que piden bajas laborales por problemas de salud mental-, ha insistido en una reciente rueda de prensa que el paro general promovido por el Sindicato de Inquilinas y apoyado por sindicatos como CCOO y UGT, y asociaciones como Amnistía Internacional, es una “huelga política contra la oposición”.

El problema no es subir los salarios, y culpa a Sánchez

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) también ha tenido palabras sobre el caso que inició toda la movilización social en España por la vivienda: el desahucio de Maricarmen. Es la “primera vez que en el Boletín Oficial del Estado se publica un decreto se dirige a una persona. Eso es un auténtico disparate”.

Los sindicatos también han sido señalados por Nicolás. Les acusa de estar “ocho años en sus casas” y critica que ahora “salgan a decir que la culpa es del empresario”, un argumento que rechaza. Niega que la culpa la tengan los empresarios porque no suben los salarios y por ello es que “la gente no puede comprar viviendas”.

“El problema no es que no hayan perdido poder adquisitivo --los trabajadores--, porque los convenios se han ido renovando y se han ido firmando”. Según su punto de vista, el problema no está en que los salarios sean bajos o no, sino en que el Gobierno tiene un “excesivo afán recaudatorio” y hace pagar a los trabajadores un “40 por ciento en impuestos y cotizaciones”, a quien ha tildado de ser “el verdadero causante del problema”.

Respecto a lo que espera de la huelga, lo desconoce, porque “los propios trabajadores no están entendiendo muy bien por qué se tienen que movilizar” y los convocantes se pueden encontrar “colgando de la brocha”.

“Cuando llegue el día de la huelga ya veremos si la huelga está secundada por un 80% de los trabajadores o por un 10% porque los trabajadores no entienden por qué se les llama”, ha afirmado.

CCOO: “Hay argumentos laborales de sobra”

Estas declaraciones de Nicolás han sido respondidas por el secretario regional de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, que ha defendido este martes que la huelga general del próximo 11 de noviembre es “absolutamente legal” y tiene “argumentos laborales de sobra”, al tiempo que ha insistido en que la vivienda, los salarios y el encarecimiento de los precios son motivos suficientes para convocar una movilización de estas características.

Ortega ha explicado que, a diferencia de anteriores huelgas generales, convocadas para rechazar recortes de derechos, esta tiene un carácter “ofensivo” ante el deterioro de las condiciones de vida.

“La vivienda no se puede separar del trabajo”, ha defendido, recordando que el acceso a un hogar está directamente relacionado con los salarios, la temporalidad y la precariedad laboral.

Por ello, ha pedido a la patronal que “no tengan ninguna duda” de que existen motivos laborales suficientes para secundar una movilización que considera uno de los ejercicios democráticos más importantes para los trabajadores.

Ortega también ha respondido a Nicolás después de que este rechazara que se responsabilice sistemáticamente a los empresarios de los accidentes laborales.

El dirigente sindical ha recordado que la legislación atribuye a las empresas la responsabilidad en materia preventiva, aunque corresponde a los tribunales determinar las posibles culpabilidades.

“Lo que no puede ser tan barato como es en Castilla-La Mancha es incumplir la ley de manera reiterada, poniendo en peligro la vida de las personas trabajadoras”, ha denunciado.

Ortega ha insistido en que “los muertos siempre están del mismo lado” y que siempre les “toca ser a las personas trabajadoras”.

La huelga general por la crisis de la vivienda tendrá, que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre, está promovido por el Sindicato de Inquilinas y en Castilla-La Mancha ha sido apoyado por la Plataforma por el Derecho a la Vivienda regional, que ha llamado a todas las organizaciones, colectivos y personas de la región a sumarse a la huelga y a las movilizaciones que se convoquen en Castilla-La Mancha en torno a esta jornada.

Detrás de la plataforma están 14 organizaciones provinciales o autonómicas de la región. Muchas de ellas están relacionadas directamente con la vivienda (el Sindicato de Inquilinos de Guadalajara, la Unión Popular de Inquilinos de Toledo, la Asamblea de Vivienda Talavera o las plataformas de Afectados por la Hipoteca de Tomelloso y de Toledo), pero también por ONG como Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, Proyecto Kieu o Colectivo Sin Fronteras de Albacete; entidades feministas como la Plataforma 8M Toledo o Feministas de Pueblo CLM; así como otros colectivos u organismos como CCOO Castilla-La Mancha, la Asociación Socioeducativa e Intercultural ASIEM , la Red de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS-CLM) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo.

Siniestralidad laboral: “Nos va la vida en ello”

CCOO también se ha pronunciado este martes en Ciudad Real el secretario general estatal de CCOO del Hábitat , Daniel Barragán, quien también ha defendido que existen motivos suficientes para convocar la huelga general ante los bajos salarios, la precariedad y la elevada siniestralidad en sectores como la construcción y la ayuda a domicilio.

Unas declaraciones que cobran importancia después de un lunes negro en el que dos trabajadores han fallecido en sus puestos de trabajo en sendos accidentes laborales.

“Nos sobran los motivos, nos va la vida en ello”, ha advertido Barragán, quien ha reclamado un pacto de Estado contra la siniestralidad laboral y la aplicación de coeficientes reductores que permitan adelantar la jubilación en las profesiones más peligrosas.

Antonio Garamendi, presidente de la gran patronal española, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha confirmado este lunes que impugnará la huelga general por la vivienda del próximo 11 de noviembre por considerar que tiene carácter “electoral”. Garamendi ha añadido que se ha revestido de reivindicaciones laborales para intentar darle una cobertura legal que no tiene, según el dirigente empresarial.

“Tenemos unas próximas elecciones generales, pero sin embargo, por primera vez en la historia de España, tenemos una huelga electoral. No, perdón, creo que es general. Yo no sé si es general o no, pero electoral, seguro”, ha señalado el líder empresarial durante la clausura de los XXV Premios ATA 2026, como recoge la agencia Europa Press.

Justo este lunes, los sindicatos mayoritarios y varios minoritarios se han unido para presentar el registro formal de la huelga general del 11N ante el Ministerio de Trabajo, de la mano del Sindicato de Inquilinas, que ha impulsado esta movilización laboral y social histórica contra la crisis de la vivienda. “Esta es una huelga de la gente, de las calles”, ha celebrado Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

Antonio Garamendi ha censurado que este “no es el camino” y ha quitado responsabilidad a empresarios y autónomos de los problemas que atraviesa actualmente el país, como la vivienda o la escalada de precios. “¿Es que las empresas y los autónomos tienen la culpa de que no haya viviendas en España? Tenemos el problema de inflación: ¿Somos los empresarios los responsables de esto?”, ha preguntado.

Por ello, el representante de los empresarios ha confirmado que la organización impugnará la huelga general, ya que cree que se “ha trufado de temas laborales para intentar que sea legal”. “Nosotros consideramos que no lo es”, ha recalcado Garamendi, quien ha pedido que se garantice el derecho a trabajar y que “no se incendien las calles” ese día.

Garamendi también ha cargado de nuevo contra el anuncio del Gobierno de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 y ha acusado al Ministerio de Trabajo de invadir competencias de las organizaciones empresariales con cambios en el Consejo Económico y Social (CES), destaca la agencia EFE.

“Me preocupa España”

“Me preocupa mi país. Me preocupa España. ¿Y por qué me preocupa? Pues me preocupa porque creo que estamos o parece que vamos hacia una deriva que no es la nuestra”, ha lamentado el presidente de la CEOE en la clausura del evento, recoge Europa Press.

Garamendi ha abogado por encontrar espacios de escucha, con ganas de aportar y con ganas de hacer crecer a las empresas, el empleo, la riqueza y, en definitiva, al país.

“Vamos a estar con esa España democrática, nosotros nos sentimos muy hijos de la democracia y no nietos de la guerra. Y nosotros vamos a seguir trabajando por esa España de la transición, por esa España constitucional que es la que nos ha traído los mejores años”, ha afirmado.

Por último, Garamendi ha trasladado su solidaridad a Ceuta porque, según ha lamentado, “no ha visto en Madrid todavía una bandera” de la ciudad autónoma. “Veo banderas de todos los colores, de Ceuta ninguna”, ha criticado.

El estallido social que vive España desde hace tres semanas por el acceso a la vivienda ha desembocado, entre otras cosas, en una convocatoria de huelga general el próximo 11 de noviembre. Una huelga reclamada por el Sindicato de Inquilinas, y por la multitud de personas que estos días ha llenado calles y plazas. 

Con Laura Olías, periodista especialista en información laboral de elDiario.es, analizamos cómo las movilizaciones más jóvenes y transversales apuestan por recuperar este método de presión sindical clásico que parecía haber caído en desgracia y el significado hoy de una huelga como esta. Con Ana Requena Aguilar, redactora jefa de Género de elDiario.es, recordamos la huelga general de cuidados, o huelga feminista, celebrada en 2018. 

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“¡A la huelga general!”. Era el grito de muchas de las concentraciones por el derecho a la vivienda de los últimos días en España, una petición expresa del Sindicato de Inquilinas y que finalmente ha encontrado el respaldo de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, además de CGT, de ELA en Euskadi y la CIG en Galicia. La patronal ha puesto en duda la legalidad del paro, por una supuesta desvinculación con los intereses profesionales de los trabajadores y una “motivación política”, algo que, sin embargo, choca con múltiples precedentes de huelgas “mixtas” en las que hay reivindicaciones políticas y también laborales, y que han logrado el respaldo de la justicia.

De momento, sin convocatoria formal del paro por parte de CCOO y UGT, ni día asignado todavía para la movilización, la información disponible es el anuncio de la huelga general de las dos centrales sindicales mayoritarias. En él, los sindicatos comunican un paro de 24 horas en todo el país “para reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda digna”, incorporando así “el conflicto de rentas en el marco de las grandes movilizaciones por la vivienda”.

Fuentes de CCOO y UGT destacan que los sindicatos llevan “mucho tiempo” incorporando la problemática de la vivienda a sus reivindicaciones y protestas laborales, así como a sus propuestas de políticas, tanto al Gobierno, como a los empresarios, a través del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que está aún pendiente.

Antonio Garamendi, reelegido líder de la patronal CEOE hace unos días, ha insistido este martes en que el paro general por la vivienda tiene un “claro componente político y electoral”, especialmente por el contexto electoral recién abierto, por lo que ha dudado de su legalidad. Las organizaciones CEOE y Cepyme han advertido de que analizarán la convocatoria cuando sea formal, reservándose la posibilidad de impugnarla en los tribunales, algo que también ha sostenido la patronal Conpymes.

Las huelgas pueden ser políticas, si tienen vinculación laboral

Fuentes de los empresarios se centran en la crítica a la motivación “política” porque la Ley de Huelga de 1977, previa a la Constitución, prohíbe las huelgas puramente políticas. La ley considera que una huelga es ilegal “cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados”, recoge su artículo 11.

Así, fuentes de CEOE insisten en que el paro general nace de una “motivación claramente política”, para “defender unas políticas públicas” de las administraciones, en las que “las empresas no pueden hacer nada”. Por ello, ponen en duda la legitimidad de la huelga, así como su encaje jurídico, subrayan. El contexto electoral consideran que es clave para concluir que existe “una motivación política”. “Tenían ocho años para haber convocado esta huelga, pero lo hacen ahora”, dicen en la organización empresarial.

Sin embargo, las interpretaciones de los magistrados —hasta el Tribunal Constitucional— amparan paros y huelgas con motivos políticos, pero que también estén relacionadas con los intereses de los trabajadores, lo que se suele denominar huelgas “mixtas”. Incluso con vinculaciones más indirectas con los trabajadores que el actual caso de la vivienda.

“Es una huelga perfectamente legal”, valora Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, que cita “los niveles y políticas salariales” o el poder adquisitivo de los trabajadores como dos posibles justificaciones sencillas que vinculan las reivindicaciones del acceso a la vivienda con “los intereses de los trabajadores”.

La Carta Magna, recuerda, “reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses” en su artículo 28.2. En opinión de Urías, dado “que existe esa vinculación laboral”, bajo su criterio “es imposible que prohíban la huelga”, añade.

Más allá de que el paro ya está bautizado como “la huelga general por la vivienda”, Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona, precisa que “lo importante no son los titulares, sino el escrito que se presente para justificar los objetivos de la huelga”. Así, el jurista coincide en que los sindicatos pueden vincular el paro con motivaciones laborales, como los salarios. “En términos jurídicos tendrá que estar bien redactado y tendría cobertura jurídica”, valora.

Ana Belén Muñoz, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid, añade además que “el derecho de huelga es un derecho fundamental”, por lo que “no debería estar sujeto a interpretaciones restrictivas”, siempre que cumpla “algunos requisitos formales (preaviso, mediación previa, entre otros) y también materiales, que vaya dirigido a tutelar un interés profesional y no sea abusiva”.

Los precedentes de huelgas “mixtas”

Uno de los ejemplos más paradigmáticos de “huelga mixta” es el paro del 8 de noviembre de 2017 convocado por sindicatos minoritarios a favor de la independencia de Catalunya. Denunciada como ilegal por la patronal catalana, Foment, fue respaldada por los tribunales, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya como el Supremo.

El catedrático Eduardo Rojo explica que es una muestra clara del respaldo de los tribunales, incluido el Constitucional, a “la huelga profesional-política”, que tiene componentes de ambos y que analiza en su blog. Así, aunque la huelga del procès fuera acompañada de un planteamiento claramente de ámbito político, los sindicatos también lo vincularon con los intereses de los trabajadores y la parte empresarial no pudo probar “el carácter ajeno al ámbito de laboral” ante la justicia.

Estas huelgas mixtas encuentran precedentes muy anteriores, indica Rojo, como el respaldo a “la huelga general del 14 de diciembre de 1988” contra el gobierno de Felipe González y sus reformas, en las que se avala el paro contra la regulación de un gobierno en materias relevantes para los trabajadores.

Luego, hay toda una serie de ejemplos de huelgas mixtas convocadas y celebradas con normalidad, no impugnadas en los tribunales por los empresarios. Por ejemplo, las huelgas feministas del 8M o los paros generales en solidaridad con Palestina ante el genocidio de Israel. En 2023, el sindicato de Vox convocó una huelga general contra la amnistía de políticos catalanes, y con apenas presencia a nivel estatal.

“El Tribunal Constitucional ha aclarado que la huelga es un instrumento de presión que puede utilizarse para 'la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socioeconómicos'”, subraya también la profesora Muñoz, citando la famosa sentencia 11/1981. “Y, en consecuencia, ha declarado la legalidad de las huelgas dirigidas a protestar contra la política social llevada a cabo por el Gobierno (STC 36/1993), reformas del mercado de trabajo, del sistema de protección social o del modelo de asistencia sanitaria”, añade.

“Son lícitas, por tanto, las huelgas político-laborales cuya finalidad es presionar sobre los poderes públicos con fines sociales o profesionales”, sostiene la jurista.

Ana Belén Muñoz destaca además que “el origen de las preocupaciones sobre las condiciones de la vivienda obrera se encuentra unida a la cuestión social”. Así, la problemática de “la insuficiencia de las viviendas y el riesgo de hacinamiento de las familias obreras con peligro para la salubridad” han sido reivindicaciones históricas laborales, recuerda. En el contexto actual, en el que la vivienda es origen de muchos problemas económicos e incluso de la pobreza de muchos hogares, Muñoz recuerda que la vivienda ha vuelto a estar más presente en las reivindicaciones laborales, por ejemplo en las propuestas de complementos y de subidas salariales en los acuerdos de negociación colectiva.

Después de varios días de protestas en las ciudades de toda España, con miles de ciudadanos y ciudadanas pidiendo una huelga general por la crisis de la vivienda que está sufriendo el país, los principales sindicatos han comenzado a trabajar para oficializar dicha convocatoria.

Ha sido este lunes cuando CCOO y UGT acordaron llamar a los trabajadores a un paro general de 24 horas este otoño para reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda digna.

Las organizaciones han dado así el paso que adelantaban el pasado viernes, cuando, tras el rechazo del Congreso de los Diputados a los reales decretos-leyes de vivienda, anunciaron que reunirían a los órganos de dirección para decidir cómo incorporar el mundo del trabajo a la movilización, en unidad de acción sindical y en confluencia con los movimientos sociales, vecinales y de inquilinas e inquilinos.

No obstante, la decisión aún no es definitiva y tendrá que ser ratificada por sus máximos órganos de dirección. Aunque esta huelga todavía no sea oficial, su anuncio ya ha producido diversas reacciones gubernamentales y de agentes sociales en Castilla-La Mancha.

Desde UGT Castilla-La Mancha, ha sido su secretaria general, Lola Alcónez, quien ha justificado esta jornada de paros para interpelar a las administraciones y a la patronal para que, “de una vez por todas”, “los salarios garanticen el acceso a un bien básico como es la vivienda”.

La responsable sindical ha planteado que la protesta también busca desbloquear los convenios colectivos y poner encima de la mesa “la necesidad” de renovar el VI Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Alcónez ha recordado que los motivos de esta huelga que tendrá lugar este otoño son reivindicaciones “que vienen de largo y que llevan tiempo paradas”. Muchas de ellas vienen recogidas en las demandas de UGT para ese VI AENC, entre otras, un incremento salarial de entre el 4 y el 7%, cláusulas de revisión salarial o cláusulas para facilitar el acceso a la vivienda, según ha planteado.

También ha subrayado la Propuesta Sindical Unitaria en la que UGT y CCOO reclaman una respuesta al problema de vivienda que tiene la ciudadanía, que pasa por el cumplimiento efectivo de la Ley de Vivienda; regular las viviendas de uso turístico; limitar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas, y crear un parque público de vivienda.

“Hacemos un llamamiento a las personas trabajadoras para que se unan y se sumen a esta huelga en la que reclamaremos que los salarios permitan vivir dignamente a todos y todas y poder pagar una vivienda”, ha concluido Alcónez.

Gobierno: “Con la ultraderecha pueden peligrar derechos sociales”

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que respeta la convocatoria de la huelga general, al tiempo que ha dicho que entiende aquellas movilizaciones que protejan el sentir social desde el movimiento sindical.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha afirmado que “el derecho a la huelga general es inherente a la actividad sindical y, por tanto, lo respeto profundamente”, añadiendo que, ante la convocatoria “precipitada” de elecciones, entiende las movilizaciones “por un tema tan esencial y tan preocupante para la gente”.

Ha dejado claro que “siempre” ha sido respetuosa con los movimientos sindicales y con las decisiones de la patronal, “y lo voy a seguir siendo en mis competencias en la Consejería de Economía, que tiene en su seno el diálogo social”.

“Por tanto, respeto y entendimiento a aquellas personas que ven que, ante un posible gobierno muy dirigido hacia la ultraderecha, puedan peligrar algunos de sus derechos sociales más básicos, como es el tema de la vivienda”, ha concluido.

Empresarios: “Las reivindicaciones no son laborales”

Menos satisfecha con la posibilidad de huelga se ha mostrado las patronales de empresarios, CEOE y CEPYME, que en un comunicado conjunto al que se ha sumado su delegación en Guadalajara ha asegurado que el paro se convoca por motivos que están “al margen” de la gestión de las empresas y “no son” de naturaleza laboral.

“Supone una medida de prensión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda. Son estas cuestiones cuya responsabilidad y competencia son de la Administración y que, por tanto, quedan al margen de la gestión de las empresas”, aseguran las patronales.

Así, CEOE y CEPYME encuentran “inadmisible” que se traslade “a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una ”medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión“.

La Confederación Provincial de Empresarios de Guadalajara (CEOE-Cepyme) ha inaugurado este lunes sus nuevas instalaciones y su centro de formación y negocios en la avenida de Aguas Vivas, un espacio que nace con la vocación de convertirse en punto de encuentro para las empresas, generar oportunidades y establecer nuevas alianzas.

El acto ha contado con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha descubierto la placa conmemorativa de la inauguración, además de representantes de las distintas administraciones y del tejido empresarial.

La presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara, María Soledad García, ha destacado que estas nuevas oficinas y el centro de formación y negocios pretenden ser “un punto de encuentro” para generar oportunidades y establecer nuevas alianzas, y ha defendido que cuando las empresas ponen en común conocimiento, experiencia y recursos “todos avanzamos”. También ha reivindicado el diálogo social y ha reclamado alejarse de “ruidos”, “polarización” y “mensajes populistas”.

Por su parte, García-Page ha señalado que ha cambiado “mucho” el tejido económico y empresarial de Guadalajara y se ha referido a Guadalajara como “una de las provincias más potentes que hay ahora en España, que aparece con bombilla encendida en los mapas de Europa”, a la par que ha puesto en valor una economía en la que se ha especializado una parte importante de la industria, pero que, al mismo tiempo, permanece abierta a nuevas oportunidades y actividades.

García-Page ha valorado en este contexto la contribución de CEOE-Cepyme Guadalajara al desarrollo empresarial de la provincia, así como su apuesta por la formación y por ofrecer servicios al tejido productivo. Una labor que la organización empresarial refuerza ahora con su nueva sede central y Centro de Formación y Negocios, concebidos como un nuevo espacio al servicio de empresas, personas emprendedoras y profesionales de la provincia, ha subrayado.

El presidente regional ha calificado de “magníficas” las nuevas instalaciones y ha señalado que el centro de formación se plantea como “una entidad prestadora de servicios”. En su intervención, ha puesto también el foco en la Formación Profesional y ha afirmado que está “muy contento” de cómo funciona en la actualidad, destacando el alto porcentaje de la enseñanza dual en este campo.

García-Page ha defendido asimismo el entendimiento entre empresarios, Gobierno y sindicatos y ha señalado que es “absolutamente normal” que se produzca, porque, según ha afirmado, “el oficio de gobernar o lo es para todos o no lo es”.

Durante el acto, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha destacado que las nuevas instalaciones permitirán prestar “un mejor servicio” a los empresarios de la provincia y ha reclamado la participación de CEOE en dos asuntos que considera determinantes para Guadalajara: la incorporación de la provincia al mapa de ayudas de la UE junto a Cuenca, Teruel y Soria y la defensa del agua del Tajo y del Sorbe.

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha señalado que desde la llegada del actual Gobierno regional se han acompañado más de 277 millones de euros a través de incentivos regionales y ha apuntado que cerca de 10.000 personas se han formado en la provincia mediante programas de Formación Profesional.

También han intervenido el presidente de la Diputación, José Luis Vega, quien ha destacado la importancia del diálogo y ha agradecido el trabajo de los pequeños empresarios, al tiempo que ha reiterado el apoyo de la institución provincial mediante convocatorias y ayudas.

Las patronales CEOE Tenerife y Confederación Canaria de Empresarios y los sindicatos UGT y CCOO han propuesto este viernes prestaciones económicas autonómicas por hijo a cargo, en función de la renta, dentro de un acuerdo para afrontar los retos demográficos de Canarias.

La propuesta forma parte de un acuerdo bipartito sobre demografía, formación y Tribunal Laboral de Canarias, suscrito por la patronal y los sindicatos y que ha sido elevado al Gobierno autonómico para su incorporación y desarrollo en los VIII Acuerdos de Concertación Social.

El acuerdo bipartito ha sido suscrito por los presidentes de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, y de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega; el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, y la secretaria general de CCOO Canarias, Vanesa Frahija Betancor.

Tras la firma, el acuerdo ha sido entregado a la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, a la viceconsejera de Empleo, Isabel León, al director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez Albertus, y a la directora del Servicio Canario de Empleo, María Teresa Ortega.

Los empresarios y los sindicatos plantean en este acuerdo complementar las ayudas estatales por hijo a cargo y establecer incentivos fiscales vinculados al nacimiento, la adopción y los gastos de crianza, con atención a las familias vulnerables.

También reclaman universalizar la red de centros infantiles sostenidos con fondos públicos de cero a tres años, con plazas suficientes en todas las islas y municipios, y promover horarios laborales compatibles con la vida familiar.

Para las empresas y los autónomos proponen ayudas que cubran el 100% de determinados costes de Seguridad Social durante los permisos por nacimiento y otras situaciones de cuidado o, alternativamente, los de los contratos de sustitución.

El acuerdo incluye un plan especial de empleo para las islas no capitalinas y los municipios con pérdida demográfica, con incentivos a la contratación, apoyo al emprendimiento y programas de relevo generacional.

También plantean bonificaciones fiscales vinculadas a la residencia habitual y la actividad económica local en municipios que pierden población, programas de retorno del talento joven emigrado y medidas para facilitar la financiación de la primera vivienda.

En materia sociosanitaria, sindicatos y empresarios piden aumentar las plazas residenciales, reducir las listas de espera y los tiempos de tramitación y afrontar el déficit de profesionales mediante formación y acreditación de competencias.

Otro de los puntos del acuerdo reclama la financiación íntegra y estable del Gobierno para el Tribunal Laboral de Canarias, que funciona con “precariedad institucional” por la insuficiencia de personal y recursos.

Las organizaciones patronales y sindicales se comprometen a actualizar el acuerdo interprofesional que regula la solución extrajudicial de conflictos y plantean reforzar la conciliación, la mediación y el arbitraje.

En formación, proponen extender la enseñanza dual universitaria, crear un registro de empresas que acojan alumnado y garantizar la continuidad de los servicios de acreditación profesional.

La CEOE de Tenerife sigue enfrascada en su lucha contra lo que llama “absentismo laboral”, ese que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) denomina como causa injustificada para no ir al trabajo. El discurso se ha endurecido en los últimos años atacando las “bajas fraudulentas”. La patronal tinerfeña creó un buzón anónimo que fue denunciado por el Ministerio de Trabajo ante la Agencia de Protección de Datos. Ahora, asegura que tiene un listado de los centros de salud “con más propensión” a “dar” bajas laborales. El revuelo ha sido inmediato y los primeros en reaccionar han sido los propios médicos, que están en el centro de las sospechas. El Consejo Canario de Colegios de Médicos reclama respeto a su independencia profesional y que las diferencias estadísticas entre centros no se conviertan en sospechas generalizadas sobre la profesión. 

Los profesionales de la medicina recuerdan que “una baja laboral es consecuencia de una valoración médica individualizada sobre el estado de salud de una persona y su capacidad para desempeñar su trabajo habitual” y que “es un acto médico reglado en el que los profesionales actúan conforme a criterios clínicos, científicos, éticos y legales”. 

En este sentido, el médico y presidente de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria (SOCAMFYC), Gustavo Moreno, señala que “poner el foco en el profesional es una manera demasiado simplista de abordar el problema”. Subraya que “emitir una incapacidad transitoria, una incapacidad laboral, es un acto médico” y que “valoras la situación del paciente, la situación física y mental, y en función del tipo de trabajo que realiza y de las condiciones que tiene y de cómo se encuentra, decides si realmente está capacitado para ir al trabajo o no. Se emite porque la situación clínica del paciente es tan seria que es incapaz de realizar sus tareas laborales habituales o que corre riesgo su salud o la de otras para hacer una tarea laboral habitual”. Y pone el ejemplo de la COVID-19 cuando se corría el riesgo de contagio de otros compañeros y compañeras de trabajo. 

Moreno reprocha que se utilice el lenguaje de “coger una baja”, “dar una baja”, “pedir una baja”... como si te dieran “un kilo de tomates”, cuando la realidad es bien distinta. “La baja laboral es una herramienta terapéutica”, resume. Y su objetivo es proteger al trabajador o trabajadora y también el ambiente laboral. 

CCOO insiste en que el dato real de absentismo laboral en Canarias (personas que no acuden a su puesto de trabajo sin causa justificada) es ínfimo y que en cambio muchas otras acuden enfermas, la patronal no paga las horas extra y la comunidad sigue a la cabeza de los salarios más bajos. Sin embargo, la CEOE sigue con esta campaña en todo el territorio nacional, pero muy explícita en Canarias. Por ello, el sindicato está siendo muy beligerante combatiendo los datos. 

UGT, por su parte, también insiste en que “es un disparate lo que está haciendo la patronal, dando un paso más allá en el señalamiento a los médicos. Si analizas los datos de forma fría, puedes determinar que unos centros de salud son más propensos a dar bajas o no, o se registran más bajas en una zona geográfica de la isla o del archipiélago, pero son datos fríos. Hay que ver el contexto”, destaca Héctor Fajardo. En este sentido, apunta que el “único patrimonio que tienen los trabajadores es precisamente el derecho a la salud, a la salud pública. Por lo tanto, que se esté señalando a los facultativos para que se sientan más coaccionados para no dar esas bajas, que lo que buscan es coaccionar a los facultativos y coaccionar también a los trabajadores para que vayan a trabajar enfermos”. 

Cómo influye el estrés y las condiciones laborales

El presidente de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria (SOCAMFYC) también incide en que cuando se habla de disparidad de cifras entre centros de salud hay que tener en cuenta múltiples factores: edad, población, contexto socioeconómico… Apunta ejemplos como si el centro de salud está ubicado en una zona donde la mayoría de pacientes se dedican a la restauración, al turismo, son camareras de piso… “vas a tener, por tanto, una mayor prevalencia y un mayor índice de dolores y de patologías relacionadas con problemas lumbares, hombro doloso, codo de tenista… y un mayor número de incapacidades en este sentido que en otra zona donde la población no se dedique a ello”. 

Moreno incide en que el centro de salud se puede apreciar que a las personas les influyen muchos aspectos como sus condiciones laborales, el hecho de tener que coger varias guaguas para llegar a su trabajo o de cuidar a personas dependientes en sus casas mientras siguen trabajando. “Y esas personas, la mayor parte de las veces no llegan a consulta diciéndote que tienen una depresión o que tienen ansiedad. Al contrario, la mayor parte de las veces son personas que tiran para adelante con su vida, que tiran para adelante con lo que haga falta, pero que al final terminan padeciendo problemas”, asegura el facultativo, que agrega que muchos de estos dolores son osteomusculares, dolores de espalda, dolores de cuello, problemas musculares, problemas de artrosis, de columna… 

A su juicio, hay que atender también a las condiciones laborales. “¿Cuántas horas está trabajando? A lo mejor su contrato es de seis o de ocho y está trabajando doce. Esto pasa. Y sabemos que pasa en la restauración y en el turismo y en múltiples empresas”. “Yo no digo que no haya que analizar el tema de las bajas laborales. Creo que como cualquier otro tema, como cuando tuvimos la epidemia de COVID, había que analizarlo. O si mañana hay un repunte de gripe, también. Pero decir que esto tiene que ver solo y exclusivamente porque unos centros dan más bajas que otros, es una manera demasiado simplista”. 

“Si tú obligas a un trabajador a ir a trabajar enfermo, o sin capacidad para ejercer sus funciones, lo que estás haciendo es tirar piedras para tu propio tejado, provocando que esas bajas se cronifiquen, se prolonguen en el tiempo, que se reduzca aún más la productividad, tan preocupados que están con esa productividad… Entonces nosotros lo que vamos a pedir a los empresarios es que reduzcan esa tensión, al mismo tiempo que analicen bien los propios datos que tienen que ver con ellos, que tienen que ver por ejemplo con el gran número de horas extras que ni se abonan, ni se compensan a los trabajadores”, añade Héctor Fajardo (UGT). 

¿Qué tienen que decir las mutuas?

Insiste en que hay que analizarlo con rigor, que hace falta más formación a los propios profesionales en materia de Incapacidad Temporal y que hay que actualizarse, pero agrega que las mutuas también deben entrar en este debate, puesto que también deben hacer una labor de apoyo. Incide en la necesidad de un abordaje “integral e incluso multiprofesional. Es decir, aquí a lo mejor la mutua tiene algo que aportar porque me puede hablar del tipo de trabajo, de las horas que está trabajando el paciente, interesarse un poco más de qué condiciones hay para que eso pueda estar o no relacionado con la patología que tiene ahora y tener mayor comunicación en el ambiente laboral”. 

Porque con el debate de la patronal los profesionales creen que se han difuminado las enfermedades profesionales. 

De hecho, el lumbago es la incapacidad temporal más frecuente en Canarias y la causa es fundamentalmente “el estrés, la ansiedad, las posturas inadecuadas, los movimientos repetitivos o la sobrecarga de esfuerzo”. Así se desprende del estudio Incidencia de la enfermedad común y del accidente no laboral, y costes económicos generados por la incapacidad temporal. Canarias (2018-2021) publicado el pasado año y en el que se recuerda que “el grupo ocupacional de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores es el más afectado”.

Enfermedades profesionales no reconocidas

Juan Navarro, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO en Canarias reprocha este “discurso frívolo” de atacar a los médicos y médicas diciendo “que dan las bajas” y a los trabajadores y trabajadoras “que cogen las bajas” por ello rechaza que se ponga el foco en los médicos y en trabajadores supuestamente absentistas. Insiste en que el debate es mucho más amplio y que “podríamos hablar de que ha aumentado la población trabajadora, habría que hablar de las condiciones laborales, de si realmente está financiado el sistema público de salud en profesionales, en la gestión que se hace de los recursos…” 

“A la CEOE yo no la he escuchado hablar, por ejemplo, de la infradeclaración de enfermedades profesionales, y especialmente, por ejemplo, lo que tiene que ver con las patologías oncológicas, que son los datos más bajos desde cualquier país de nuestro entorno, parece que la gente no se enferma de cáncer en el trabajo, cuando es una de las mayores causas de cáncer”, afirma el representante de CCOO. ¿Por qué no se hacen campañas intensivas?, se pregunta. 

En este sentido, añade que tampoco escucha a la CEOE hablar de lo que tiene que ver con que las empresas “no cumplen con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Las personas trabajadoras enferman porque no se dan las condiciones saludables en las empresas”, afirma.

Héctor Fajardo agrega en este sentido que “hay muchas enfermedades profesionales que no las reconocen las mutuas como enfermedades profesionales, que las empresas no las reconocen como enfermedades profesionales. Ahí entra también el tema de la salud mental, que los empresarios se han negado sistemáticamente a profundizar sobre ella, procesos de ansiedad, de estrés, que tienen que ver con el entorno laboral, no olvidemos que pasamos gran parte de nuestra vida en el entorno laboral, en los centros de trabajo, y lo que ocurre en esos centros de trabajo, en ambientes que a veces se pueden calificar como tóxicos, repercute negativamente en la situación de salud mental de los trabajadores”. 

Fajardo añade que la patronal ha entrado en una escalada “demencial”. “Nosotros pedimos tanto al Gobierno canario como a las patronales que reduzcan ese discurso en contra de los trabajadores que se ponen enfermos, que reduzcan un poco la tensión que se está sometiendo a los facultativos, porque esto va a incidir negativamente en la economía de las islas”. 

“Ha entrado en una escalada de criminalización de los trabajadores y de los médicos que está alcanzando unas cuotas que a nosotros nos parecen disparatadas, que no responden a la realidad, que no responden a lo que de verdad está ocurriendo con los trabajadores en Canarias. También nosotros queremos que se mejoren las condiciones laborales de los médicos para poder tener más margen, más tiempo para atender a cada paciente en el área de primaria. Y todo eso redundará en una mejora de esas cifras de incapacidades temporales”, añade UGT. 

Qué dice el Gobierno de Canarias sobre la campaña de la CEOE

Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, dirigida por Esther Monzón, han señalado a este periódico que el Servicio Canario de Salud participó el lunes de la semana pasada en una reunión, convocada por la consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, a propuesta del propio SCS, en la que además del Gobierno estuvieron representadas la patronal, los sindicatos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social con el objetivo de crear un grupo de trabajo dentro de la mesa de absentismo, para analizar la situación de la Incapacidad Temporal y trabajar para una gestión óptima de la misma en Canarias y buscar soluciones entre todas las partes. El SCS “se mostró dispuesto a analizar la situación conjuntamente y buscar soluciones que ayuden a resolver el tema”.

“Se trata de un problema complejo del que el SCS ha mostrado su voluntad de abordar y buscar soluciones conjuntamente con independencia de todas las medidas preventivas que deben ser implementadas por las empresas, en función de las recomendaciones y actuaciones de los servicios de prevención de riesgos laborales”, apuntan. Y valoran la creación de un grupo de trabajo con todos los actores implicados porque “es un problema complejo que depende de muchos factores socioeconómicos y empresariales, además de los de salud de los trabajadores, que en cualquier caso son primordiales”.

Sobre las declaraciones de la CEOE sobre los médicos, SCS asegura que “mantiene una confianza plena en los médicos que atienden a los pacientes independientemente de que tengan que conceder o no una incapacidad temporal, siendo consciente de que es el criterio científico y la valoración clínica lo que impera en todos los casos”. 

Desde la Consejería de Empleo y Turismo, dirigida por Jéssica de León, han afirmado que trasladan su “respeto” al trabajo que desarrolla el personal sanitario. “Desde el Gobierno de Canarias seguimos trabajando para que, entre todas las partes, Gobierno, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, podamos alcanzar acuerdos que permitan abordar y atajar esta problemática”, concluyen.

A día de hoy puede parecer casi imposible, pero hace unos años Antonio Garamendi encabezaba su perfil de Twitter con una foto sonriente junto a Pedro Sánchez. Corría 2018, cuando el empresario vasco fue elegido por primera vez presidente de la gran patronal española CEOE. Con fama de “amable” y “dialogante” así como de “conservador”, un carácter que se ha confirmado en sus años al frente de los empresarios españoles. En unos días, iniciará su tercer mandato al frente de CEOE envuelto en un contexto político mucho más hostil en España y el mundo, que se ha dejado notar también en su gestión. Frente a una larga lista de pactos en un inicio, ahora está sumido en la sequía de acuerdos con el Gobierno y los sindicatos.

Garamendi (Getxo, 1958) es licenciado en Derecho, proviene de una familia de empresarios y tiene más un perfil de directivo. Ha formado parte de la dirección o de los consejos de administración de varias empresas, como REE (Red Eléctrica de España), Bankoa (entidad ahora integrada en Abanca), Albura, Tubos Reunidos y Grupo de Negocios de Ediciones y Publicaciones (La Gaceta de los Negocios, Radio Intereconomía y Revista Dinero), entre otras.

“Hay que concienciar a la sociedad de que haya más vocaciones empresariales”, defiende Garamendi en el perfil de su cuenta en X, ahora con una foto de apertura con el rey Felipe VI en un acto institucional.

Larga carrera como dirigente empresarial

Esa defensa de la figura del empresario –ante los ataques “injustos” y “populistas” que suele denunciar– le ha llevado a impulsar junto a la exministra de Trabajo Fátima Báñez (en la Fundación CEOE) un cómic para niños de Primaria de un duende llamado Olegario, así como a involucrarse en distintas organizaciones empresariales desde que era joven y hasta la actualidad.

Fue uno de los fundadores y el primer presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios del País Vasco (Ajebask), en 1996, y ha ocupado la presidencia de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje), y de la Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (Cije).

También fue presidente de la Comisión de Energía de CEOE y de la organización empresarial del Metal (Confemetal), así como líder de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), hasta que logró –al segundo intento– alcanzar la presidencia de la gran patronal, tras el catalán Juan Rosell.

Rosell le disputó el puesto la primera vez, pero no la siguiente, ya que había aprobado una limitación de dos mandatos en los Estatutos de CEOE, que apoyó Garamendi. Después, el vasco eliminó este límite cuando llegó a liderar la organización y ahora se presenta a su tercera elección como presidente de CEOE.

Esta labor de representación ha considerado que tenía que ser remunerada. Como presidente de Cepyme, se puso un sueldo –de 120.000 euros anuales, según publicó El Confidencial– que enfadó a varios empresarios, como Joaquim Gay de Montellà, hasta ese noviembre responsable de la patronal catalana Foment del Treball. Después, volvió a levantar ampollas con su salario al frente de CEOE, muy superior, de casi 400.000 euros anuales en 2023.

Garamendi defendió su sueldo como una decisión “privada” y “en libertad” y tildó las críticas de “campaña de descrédito” a los empresarios. “Es como cuando en una violación dicen que la chica iba en minifalda”, se quejó.

Un directivo “afable” y “moderado” que ha endurecido el tono

Al líder empresarial le suelen definir, tanto las personas próximas como quienes que difieren con él, como alguien de “trato fácil”, “afable” y “simpático”. También como una persona “conservadora” en lo ideológico y económico, pero “moderada” dentro de la patronal frente a otros perfiles mucho más situados en la derecha o ultraderecha. El vasco es poco amigo de “los extremos”, dicen desde su entorno y ha afirmado él en varias ocasiones.

“Frente al ruido y la polarización, conviene recordar una idea sencilla: alzad la mirada”, destacó el empresario vasco de la visita del Papa León XIV a España, en el que realizó un acto con los líderes sindicales y patronales en Madrid.

Esa afabilidad de Garamendi se mantuvo en un inicio con la ministra de Trabajo y el Gobierno progresista, aun con diferencias y choques frecuentes, pero se fue diluyendo ante las críticas externas –con una dirección del PP de Pablo Casado abiertamente hostil varias ocasiones– y también internas en las patronales, que alimentaban perfiles más duros, como el granadino Gerardo Cuerva, expresidente de Cepyme y que quería disputar el puesto a Garamendi al frente de CEOE.

El año pasado, el vasco planteó un liderazgo alternativo a Cuerva en Cepyme, lo que abrió una guerra directa y pública –poco frecuente en la patronal– en la que finalmente salió vencedora la candidata de Garamendi, Ángela de Miguel. Y Cuerva no se presentó finalmente a la carrera electoral de CEOE. Así, el próximo 1 de octubre, Antonio Garamendi será revalidado como presidente por tercera vez por aclamación, sin ningún rival.

Lo hará un Garamendi que ha endurecido claramente el tono respecto al Gobierno y a Yolanda Díaz, a la que acusa de haber “dinamitado” el diálogo social por firmar varios acuerdos solo con los sindicatos –como las subidas del salario mínimo– ante las negativas de la patronal y haber legislado en solitario varias medidas laborales.

En medidas del Ejecutivo que su dirección comparte, pero que generan controversia o rechazo en la derecha, como la regularización extraordinaria de migrantes, Garamendi ha optado por mantener un perfil bajo, sin grandes respaldos al Gobierno.

Por el contrario, los gestos y alabanzas se repiten con varios cargos del PP de Alberto Núñez Feijóo, con el que se superó la crisis de la época de Casado, así como respecto a Isabel Díaz Ayuso, de la que suele celebrar “los impuestos a la madrileña”.

Sequía de acuerdos en contexto electoral

Esta deriva no va solo del tono, sino de hechos. Hay un “no a todo”, resumía un dirigente sindical a este medio hace un año. Una situación que perdura en la actualidad y que ya deja cada vez más en el pasado las fotos de pactos tripartitos en materias tan complejas como la reforma laboral –que muchas voces consideraban “impensable” con un gobierno progresista y, más aún, una ministra de Trabajo comunista, como es el caso de Yolanda Díaz– o la primera de pensiones, la Ley Rider y la de teletrabajo, entre muchas otras que situaron a España como referencia mundial de diálogo social.

El bloqueo patronal –incluso para sentarse a negociar con los sindicatos mayoritarios el nuevo gran pacto de negociación colectiva (AENC)– se explica por varios motivos. Entre los que los sindicatos y en el Ministerio de Trabajo destacan los procesos electorales. Primero, el interno en la CEOE que Garamendi está a punto de superar y, en 2027, los comicios políticos en el conjunto del país, en los que la patronal no quiere dar victoria alguna al Ejecutivo progresista.

Desde la CEOE, y el propio Garamendi, defienden con frecuencia su derecho a diferir y rechazar propuestas que no comparten. Ahora, el vasco –que se caracteriza por su pragmatismo– tiene menos alicientes para negociar, ya que, al contrario que al inicio de su mandato, el Gobierno es mucho más débil y apenas puede sacar adelante leyes en el Parlamento.

Una vez se proclame de nuevo presidente, el tiempo dirá cómo es el tercer mandato de Garamendi, marcado también por una fuerte inestabilidad internacional y el reto económico de los precios de la energía al alza. Fuentes sindicales consideran que el bloqueo perdurará hasta que se aclare qué gobierno sale de las urnas en las próximas elecciones generales. “Hasta entonces, no van a dar ni agua”, resume.

Miguel Ángel Rivero ha sido reelegido por unanimidad presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) Castilla-La Mancha para los próximos cinco años durante la Asamblea Electoral que la organización ha celebrado este viernes en el Museo del Quijote de Ciudad Real.

Rivero era el único candidato presentado para continuar al frente de la organización regional, después de un primer mandato de cinco años que ha definido como “muy ilusionante” y en el que, según ha explicado, ha ido conociendo “día a día” las necesidades, problemas y dificultades a las que se enfrentan los trabajadores por cuenta propia.

Tras su reelección, ha asegurado que afronta esta nueva etapa con “ilusiones nuevas y renovadas” y con varios retos sobre la mesa, especialmente la “reducción de la burocracia”, la mejora de la protección social de los autónomos y la adaptación a las nuevas obligaciones fiscales y de facturación.

Entre ellos ha mencionado la necesidad de que VeriFactu y la facturación electrónica avancen de manera coordinada, así como la reivindicación de que los autónomos mayores de 52 años puedan acceder al subsidio correspondiente en determinadas circunstancias.

Rivero ha incidido especialmente en el peso administrativo que soporta el colectivo.

“El autónomo no puede estar con su camión, no puede estar con su brocha pintando una casa y tener que entender de asesoría fiscal, contable y laboral”, ha señalado antes de reclamar que esta carga “hay que reducirla”.

El aumento de costes, uno de los retos

El reelegido presidente regional de ATA también ha situado entre sus principales preocupaciones el “incremento de los costes” que soportan los negocios y, especialmente, la situación de los autónomos que tienen trabajadores contratados.

Rivero ha señalado que uno de los colectivos donde se está produciendo una mayor pérdida de autónomos es precisamente el de quienes tienen empleados a su cargo y ha vinculado esta evolución al fuerte incremento de los costes laborales durante los últimos años.

En este sentido, ha recordado que el Salario Mínimo Interprofesional ha aumentado alrededor de un 60% en los últimos años mientras que muchos negocios “no han podido trasladar en la misma proporción ese incremento a sus ventas o precios”.

Rivero ha reivindicado además el peso económico del colectivo, al que ha definido como “la mayor empresa de España”.

Por ello, ha reclamado que las administraciones presten especial atención a sus reivindicaciones. “Si los autónomos caemos, cae la provincia, cae la región y cae la nación”, ha advertido.

En la Asamblea General de ATA Castilla-La Mancha han estado presentes, entre otros, el presidente nacional de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde.

El presidente nacional de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha alertado durante el acto de lo que considera la difícil situación económica que atraviesa buena parte de los trabajadores por cuenta propia en España. Ha dicho que el 68% de los autónomos cobra menos del Salario Mínimo Interprofesional en un contexto marcado por la inflación y el incremento de costes.

También ha advertido de que la mayoría de los autónomos se encuentra en una situación “muy compleja”, al tener que afrontar “más burocracia, más trabas administrativas y mayores costes” para mantener sus negocios, una realidad que, según ha señalado, también reflejan los datos económicos.

La Federación de Salud de Intersindical Canaria (IC) ha rechazado este lunes lo que considera como “una infame ofensiva” de la patronal respecto a las bajas médicas y ha instado al Servicio Canario de la Salud a decir qué información comparte con los empresarios sobre incapacidades laborales.

En estos términos se ha expresado en un comunicado la organización sindical, que ha instado a las que sustentan (CCOO y UGT), junto a mutuas, empresarios y Gobierno regional, la, a su juicio, “inútil” Mesa por el Absentismo, a abandonarla, al estimar que “su presencia resulta incompatible con su teórica portavocía de los trabajadores”.

IC entiende que en este mesa no se han abordado las carencias de las relaciones laborales que afectan a los trabajadores canarios: los peores sueldos del Estado, los datos más elevados de siniestralidad laboral, sobrecarga laboral física y psíquica que merma su salud, ausencia de la intervención de la actividad inspectora y empresas que, mayormente, carecen de planes de Prevención de Riesgos Laborales.

El pronunciamiento de este sindicato se produce días después de que el presidente de la patronal tinerfeña (CEOE), Pedro Alfonso, asegurara que tenía detectados aquellos centros de salud “con cierta propensión” a dar bajas médicas en mayor cantidad o las altas más tarde que otros y a trabajadores que las solicitan “por diferentes enfermedades de manera casi consecutiva”, por lo que pidió más control “para ver si es motivo de un mal uso de las bajas o no”.

Para IC, estas “temerarias declaraciones” no se pueden pasar por alto porque incurren en un “discurso falso” sobre el absentismo laboral y una “campaña ofensiva” que “los representantes de la patronal, junto con el actual gobierno de derechas [Gobierno de Canarias, de CC y el PP] y el silencio cómplice de algunas organizaciones sindicales, llevan mucho tiempo normalizando”.

Con él, este sindicato considera que se “pretende demonizar a los profesionales sanitarios que diagnostican la enfermedad laboral y a los trabajadores que la sufren. Todo ello, dentro de una sucia campaña que tiene como fin, también, presionar a los trabajadores para que mantengan la actividad laboral y la productividad, aunque no se encuentren en estado de salud para ello”.

IC entiende que, con este “señuelo”, la patronal pretende “distraer la atención de los efectos de su conducta troglodita en las relaciones laborales que impone a los trabajadores canarios” y acusa a sus “voceros” de haber “cruzado la línea roja” al “especular sobre el número de bajas en las distintas áreas asistenciales y, al parecer, recabar datos acerca de en qué centros de salud, y por ende, qué facultativos emiten más bajas y de mayor duración”.

Por ello, IC exige también “un pronunciamiento público del Servicio Canario de Salud en el que informe de su grado de colaboración en el acceso de los empresarios a datos sensibles relacionados con la incapacidad laboral de los trabajadores”.

Los médicos piden “respeto a su independencia profesional”

La semana pasada, tras conocerse las palabras de Alfonso, el Consejo Canario de Colegios de Médicos manifestó también su “preocupación” por dichas declaraciones.

El Consejo consideró necesario diferenciar con claridad el absentismo laboral de la incapacidad temporal por motivos de salud. El órganonexplicó que una baja laboral es consecuencia de una valoración médica individualizada sobre el estado de salud de una persona y su capacidad para desempeñar su trabajo habitual.

Como recordó recientemente el Consejo General de Colegios de Médicos de España, la incapacidad temporal es un acto médico reglado en el que los profesionales actúan conforme a criterios clínicos, científicos, éticos y legales. Las diferencias que puedan existir en los indicadores de incapacidad temporal entre distintos centros de salud no permiten, por sí solas, concluir que exista una práctica clínica inadecuada ni poner bajo sospecha el criterio de los médicos que trabajan en ellos.

El Consejo trasladó también su respaldo a los médicos de Atención Primaria y reclamó “respeto a su independencia profesional”.

Hay una manera seria de abordar un problema y hay una manera rentable de explotarlo. La patronal española ha elegido la segunda. Desde hace meses, la CEOE repite que el absentismo laboral es un agujero de 33.000 millones de euros, y Alberto Núñez Feijóo ha rematado la faena calificándolo de “cáncer que no podemos pagar” y proponiendo, sin más diagnóstico, recortar la prestación de quienes están de baja. Alarma, brocha gorda y tijera. Lo que merecería un bisturí se despacha con una motosierra.

Empecemos por la brocha gorda. Ese 7,6% de “tasa de absentismo” no mide gente que falta sin justificar: un 6,5% son bajas médicas certificadas por facultativos del sistema público y el resto son permisos reconocidos por ley, como el nacimiento de un hijo o la hospitalización de un familiar. Lo advirtió en julio el Consejo General de Graduados Sociales: bajo la palabra “absentismo” se agrupan realidades distintas, y llamar absentismo a todo por igual pone en peligro derechos laborales. Una baja no es una decisión del trabajador; es una prescripción médica. Quien la rebautiza como fraude no describe un problema: fabrica un culpable.

La cifra estrella merece el mismo escrutinio. Los famosos 33.000 millones no salen de ninguna estadística oficial, sino de estimaciones de AMAT —la asociación de las propias mutuas patronales— y de consultoras con interés comercial en el asunto. Según la fuente, el “coste” baila entre 30.000 y 59.000 millones: no es un dato, es un eslogan. Y su grueso son prestaciones de la Seguridad Social, salario diferido que los trabajadores ya han pagado con sus cotizaciones.

Que las bajas hayan crecido es cierto: según la Encuesta de Población Activa que elabora Eurostat, entre 2018 y 2024 el porcentaje de ocupados ausentes por incapacidad temporal subió un 73% en España, frente al 16% de la UE-27 —un dato de la oficina estadística europea, no de una consultora con intereses en el asunto. Pero antes de gritar “fraude” conviene mirar dónde se concentra ese aumento: solo el 16,6% de los trabajadores acumuló más de una baja en 2023, y ese grupo concentró el 64,5% de las jornadas perdidas. No es un país fingiendo dolores de espalda; es una minoría con procesos crónicos quien carga con la mayor parte, y tiene nombre clínico: dolores de espalda, cuello y articulaciones (32,6%) y salud mental (18,4%), ya primera causa de baja no traumática, mientras cuatro de cada diez empresas ni siquiera evalúan riesgos psicosociales.

El bisturí revela un problema real, que no se llama pereza. Hay más bajas porque las plantillas han envejecido de golpe —los afiliados de 50 a 64 años crecieron un 36,3% entre 2019 y 2025— y un país que celebra trabajar hasta más tarde no puede escandalizarse de que esos cuerpos enfermen más. Y hay bajas más largas porque la sanidad pública acumula 853.509 pacientes en lista de espera quirúrgica, con 121 días de demora media: quien aguarda cinco meses un quirófano no ha elegido su incapacidad; se la han impuesto los recortes sanitarios.

La comparación europea, que la patronal evita, termina de desmontar la premisa. En Alemania, Austria, Bélgica o Noruega, un trabajador enfermo cobra el 100% del salario desde el primer día por mandato legal. En España, el marco legal mínimo hace que pierda tres días completos de sueldo y cobre solo el 60% del cuarto al vigésimo. Feijóo no propone recortar un sistema generoso: propone empobrecer uno de los regímenes menos protectores de Europa occidental. Y el experimento ya se hizo: Alemania recortó esa prestación por ley en 1996, del 100% al 80%. La investigación académica documentó que, aunque redujo las bajas por dolencias no contagiosas, disparó el presentismo entre quienes tenían enfermedades infecciosas, anulando el ahorro en ese terreno. La reforma se revirtió en 1999 y nadie ha vuelto a tocarla.

¿Por qué, entonces, la CEOE elige el alarmismo en lugar del rigor? Porque prefiere controlar antes que prevenir. Es más barato fiscalizar la baja que invertir en que no llegue a producirse, y más barato esperar un recorte legislativo que sentarse a negociar lo que la patronal prefiere no contabilizar: los dos millones y medio de horas extraordinarias semanales que no se pagan, o los casi veinte millones de días perdidos por accidentes de trabajo. La propia posición empresarial delata la impostura: la CEOE no pide menos absentismo, pide dejar de pagar los días 4 a 15 de la baja y trasladar la factura a la Seguridad Social.

El camino serio existe, pero lleva dos años sin recorrerse. La mesa de diálogo social sobre incapacidad temporal se abrió en diciembre de 2024 y sigue sin acuerdo. El Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal, anunciado en febrero para analizar causas en lugar de intercambiar consignas, no ha dado ningún paso más desde entonces. Y del acuerdo de 2023 para que las mutuas aliviaran las listas de espera, solo cinco comunidades autónomas han firmado el convenio. Activar de verdad esas herramientas, reforzar la sanidad pública —porque cada día menos de espera es un día menos de baja— y asumir lo que ya han dictado los tribunales, con el Supremo anulando en 2025 y 2026 las cláusulas que penalizan al trabajador por enfermar, es el camino. Las organizaciones que invierten en la salud de sus plantillas reducen las bajas prolongadas y ganan en productividad: el bienestar no es un gasto, es una inversión.

Un problema con tantas caras exige la paciencia del cirujano, no la euforia del leñador. Exige diálogo social con datos auditables y propuestas que curen. Pero la CEOE no puede disimular que prefiere la comodidad de la motosierra que le ha prometido Feijóo. Con esta actitud, el diálogo social en esta materia se hace imposible.

Los sindicatos UGT y CCOO han dado un golpe encima de la mesa y han emitido un comunicado conjunto en el que piden que el Gobierno retire el Real Decreto-Ley que aprobó el registro de 'lobbies' o que los grupos parlamentarios lo tumben en la votación prevista para la semana que viene. Para ambas centrales, la inclusión de las organizaciones sindicales en estos listados de grupos de interés supone “vulnerar el papel constitucional de las organizaciones sindicales”.

Los sindicatos se han unido este viernes al enfado ya expresado por la CEOE, que ya avanzó esta semana que congelaba sus relaciones con el Gobierno por haber incluido a la patronal dentro de las obligadas a registrarse en ese ese listado público que crea la norma. Para las centrales es “un despropósito, tanto por el contenido como por el procedimiento seguido por el Gobierno para la regulación de los grupos de interés” e ignora su reconocimiento constitucional como agentes sociales.

“Si se pretende poner en valor el diálogo y la concertación social, no se pueden considerar como grupos de interés a las organizaciones sindicales, ignorando su naturaleza de sujeto constitucional con unas obligaciones de representación y participación en el diálogo y la concertación social y en la estructura institucional del país”, indican desde los sindicatos en el comunicado difundido.

La normativa aprobada a finales de agosto obliga a sindicatos y patronales a registrarse en como 'lobbies' siempre que realicen actividades destinadas a influir en la elaboración de políticas públicas o proyectos normativos. Y tanto empresarios como representantes de los trabajadores consideran que esto choca directamente con su papel como agentes sociales.

A los sindicatos tampoco les gusta que se haya referencie el modelo europeo del registro de grupos de interés, en tanto que en ese ámbito los sindicatos cuentan con un tratamiento específico y diferenciado que, dicen, el Real Decreto-Ley no reconoce, ya que no se incluye específicamente a las organizaciones sindicales dentro de los sujetos excluidos de ser considerados 'lobby'.

En el comunicado, los sindicatos apelan a que o bien el Gobierno retire el texto del orden del día de la semana que viene o que los grupos parlamentarios lo tumben. El Ejecutivo aprobó el registro de lobbies de manera exprés por decreto, a pesar de que ya hay un proyecto de ley que lleva más de un año esperando en el Congreso su tramitación. La razón: este listado era uno de los objetivos a cumplir dentro del Plan de Recuperación, que tenía un plazo de cumplimentación de sus hitos del 31 de agosto.

“No es de recibo que un año después de iniciarse la fase de elaboración del informe por la Comisión de Hacienda y Función Pública, el proceso legislativo no se haya culminado con su votación en el Pleno de la Cámara”, lamentan los sindicatos, que critican la sustitución “de manera unilateral” por la vía del decreto-ley. Emplear este vehículo exige que haya razones de extraordinaria y urgente necesidad y UGT y CCOO creen que no existen. Tampoco puede regular la libertad sindical, y creen que este texto afecta a ese derecho fundamental.

Consenso con la CEOE

El comunicado conjunto de los sindicatos llega después de varios días en los que sus líderes han criticado la norma. Este jueves el secretario general de CCOO, Unai Sordo, la calificó de “despropósito”. El miércoles, Pepe Álvarez, de UGT, la consideró “inaceptable”.

Unas críticas a las que se ha unido el presidente de la patronal, Antonio Garamendi: “Hoy he transmitido a nuestras organizaciones, casi 4.500 organizaciones en la CEOE, que no vamos a hablar con el Gobierno porque acaban de sacar la ley de 'lobbies' y nos han incluido en la ley”, dijo el jefe de la CEOE en declaraciones a los medios de comunicación desde Ceuta.

El presidente de la Confederación Española de Asociaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha cargado este miércoles contra el Real Decreto-ley del registro público de lobbies, que obliga a la patronal a inscribirse, y ha anunciado que no mantendrá contactos con el Gobierno hasta el 16 de septiembre, cuando la norma se someterá a votación en el Congreso, como ha adelantado ABC.

“Hoy he transmitido a nuestras organizaciones, casi 4.500 organizaciones en la CEOE, que no vamos a hablar con el Gobierno porque acaban de sacar la ley de lobbies y nos han incluido en la ley”, ha explicado el presidente de la patronal en declaraciones a los medios de comunicación desde Ceuta.

El Real Decreto-ley que regula los lobbies en España, aprobado recientemente por el Gobierno, obliga a las organizaciones empresariales y sindicales a inscribirse en el llamado 'Registro de Grupos de Interés' siempre que realicen actividades destinadas a influir en la elaboración de políticas públicas o proyectos normativos.

Un agente social según la Constitución

Pero Garamendi ha recordado que la CEOE se incluye en la Constitución Española como agente social. “Nosotros defendemos a las empresas con sentido de Estado”, ha remarcado.

Por ello, y dado que el día 16 de septiembre la norma se somete a convalidación en el Congreso de los Diputados, el líder de los empresarios ha decidido congelar los contactos con el Ejecutivo, esperando que sea rechazada. “Ni nos pondremos al teléfono”, ha advertido el empresario vasco.

Molestia también en los sindicatos

Preguntado por este registro como lobby, el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que “no conoce a ningún país del mundo que sitúe a las organizaciones sindicales como lobbies. Porque los intereses generales no son un lobby, y la Constirución nos faculta a las organizaciones sindicales para que seamos defensores del interés general. Los lobbies son defensores de intereses particulares”.

“Vamos a valorarlo, ahora no tengo cerrada una valoración, la estamos trabajando jurídicamente”, ha afirmado el secretario general de UGT, que ha sostenido que el sindicato puede “aceptar” esta consideración y registrarse en este nuevo listado o no hacerlo. “Lo mismo nos declaramos en rebeldía”, ha sostenido.

Partidas en blanco por un “error masivo”, salvedades del auditor por cuestiones como un préstamo “vencido” a una patronal integrada en CEOE; cuentas que ahora va a tener que corregir y que en algunos casos se han enviado con años de retraso al Registro Mercantil...

Es el retrato de varias empresas de César Blanco, exdirigente del PP de Ourense con el polémico José Luis Baltar, líder patronal y empresario que, según el Ministerio de Hacienda, se ha adjudicado 127 millones en subvenciones en los últimos años, la mayoría para cursos de formación, en los que está especializado.

Las salvedades del auditor son habituales en sus empresas. Es el caso de las últimas cuentas presentadas hasta ahora (de 2024) por una de sus sociedades en Canarias, Sofbrain SL. Por un lado, por créditos financieros a corto plazo sin intereses de 3,35 millones concedidos a sociedades del grupo de formación de César Blanco, GDoce, que implican que a cierre de 2024 su patrimonio neto y su resultado estaban “infravalorados”, según su auditor, la firma Auren.

Por otro, por el impacto contable de 537.380,05 euros que, según Auren, tuvo la inspección de Hacienda que Blanco cerró “con acuerdo” en julio de 2015, poco después de desvelarla elDiario.es. Esa inspección indagó en los contratos que CEOE le adjudica en un claro conflicto de interés y se saldó con importantes ajustes en las operaciones que facturan entre sí sus empresas. Además, esa firma domiciliada en Las Palmas admitió que “su sede de dirección efectiva puede no estar localizada en Canarias”.

También han propiciado salvedades los créditos concedidos por Moba Skill Training, una de sus sociedades más subsidiadas (más de 27 millones en ayudas desde 2017, según datos de Hacienda), a la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), integrada en CEOE. Blanco ha prestado a esta entidad al menos 370.715 euros a través de dos de sus empresas de los que no consta que haya recuperado nada.

Parte de ese dinero para CEAJE vino de Moba Skill, una de las empresas más antiguas de César Blanco, que la fundó en 2004 en su localidad natal, Nogueira de Ramuin (Ourense), donde fue concejal del PP de 1999 a 2003, como Monte Blanco Agraria Gallega SL. En 2013 el BNG señaló a esta firma en una “posible trama” de alcaldes del PP de Ourense para adjudicar a dedo la contratación de las brigadas municipales de extinción de incendios a empresas vinculadas al partido.

Las cuentas de Moba Skill de 2024 recogen una salvedad del auditor por créditos de 157.000 euros que concedió en octubre de 2022 a CEAJE para “solventar necesidades de tesorería” de esta patronal, con la que las sociedades de César Blanco “colaboran en proyectos” de formación, como indican sus cuentas.

Los créditos inicialmente vencían en abril de 2023, pero el auditor destacó que a cierre de 2024 el préstamo estaba “vencido” y era “de difícil recuperación al no existir evidencia sobre la capacidad financiera de devolución por parte de la sociedad deudora”, sin que la empresa de Blanco dotase ningún deterioro por ello.

Las cuentas de 2025 que Moba Skill acaba de depositar en el Registro Mercantil aclaran que esos créditos ya se prorrogaron en abril de 2023 (hasta el 31 de diciembre de 2024) y que en noviembre pasado, acordó otra prórroga hasta el próximo 31 de diciembre.

“A fecha de formulación de las presentes cuentas no se han percibido los cobros correspondientes a dichos créditos”, pero “el Administrador no considera que existan dudas sobre la cobrabilidad de los mismos”, dicen las cuentas, en este caso sin salvedades. “Todo transcurre dentro de la absoluta normalidad contractual”, recalcan desde GDoce.

Otro tanto ocurrió con su empresa Blar Formación SL, creada en 2021. Esta firma, que solo en 2025 recibió casi 4 millones en ayudas, según Hacienda, prestó en 2023 a CEAJE otros 213.715 euros mediante sendos créditos a corto plazo con un tipo de interés anual del 3,5%. A cierre de 2025 no había recuperado nada, según sus cuentas.

La patronal de los jóvenes empresarios no aclara si a día de hoy ha devuelto algo: “Los préstamos entre entidades privadas tienen carácter confidencial” y “tienen un calendario de pagos pactado de común acuerdo. Estas devoluciones se encuentran a día de hoy en periodo de pago, cumpliéndose estrictamente con lo establecido entre las partes”. “Se prorrogaron de común acuerdo las fechas límites; no se han vencido”, insiste por correo electrónico.

CEAJE, que está obligada por Ley de Transparencia a publicar sus cuentas, al recibir importantes subvenciones, y cuya última memoria (sin datos económicos) es de 2022, indica que firma estos préstamos “de manera puntual” y que no es “inusual conseguir financiación a través de entidades privadas con las que se colabora en otros ámbitos”.

Blanco fue hasta enero presidente interino de la Confederación Empresarial de Ourense, de la que es vicepresidente, y es miembro del comité ejecutivo de Cepyme y de la directiva de CEOE, entre otras patronales. En 2025 fue uno de los apoyos de Ángela de Miguel en la pugna para presidir Cepyme junto a, entre otros, Antonio Garamendi y el entonces presidente de CEAJE, Fermín Albadalejo. Este último dirige desde este año CEOE Campus, la escuela de formación de la gran patronal española.

Otra empresa canaria de Blanco y sus hijos con salvedades en sus cuentas, en este caso por créditos intragrupo sin intereses de 3,6 millones, es Indiplu Europa SL. Esos préstamos implicaban que a cierre de 2024 (último ejercicio disponible) su pasivo estaba “infravalorado” y su patrimonio neto y su resultado, “sobrevalorados en 78.654,85 euros y 102.773,69 euros, respectivamente”, según Auren.

Dedicada a campañas online, en 2024 Indiplu facturó 6,67 millones, de los que 2,4 millones procedieron de empresas de su dueño por “publicidad y Marketing Digital”. Entre sus clientes ajenos a GDoce hay organizaciones empresariales como la Asociación Comarcal de Empresarios de la Zona Norte de Madrid (Acenoma), que en 2025 anunció un convenio con Indiplu para “la difusión de proyectos formativos de alto impacto, como el programa Generación Digital PYMES, financiado por los fondos europeos Next Generation EU”. El grupo no aclara cuántos acuerdos de este tipo tiene.

Ni Indiplu ni Sofbrain aparecen entre las empresas GDoce publicita en su web. Tampoco Clictic SL, contratista habitual de la Administración que desarrolla contenidos digitales y en su web se define como “empresa internacional con sede en Panamá, México, España y Portugal”.

En sus últimas cuentas disponibles, de nuevo, de 2024 (presentadas este año y accesibles a través de Insight View), el auditor de Clictic introdujo salvedades por deudas intragrupo que implicaban que “el activo y el pasivo corriente se encuentra infravalorado en 298.899,07 euros”, y tras no poder comprobar “la razonabilidad” de gastos por facturas pendientes de más de 357.000 euros. “Las operaciones realizadas con empresas del grupo representan un 81,73% sobre el importe total de la cifra de negocios”, destacó Auren.

Foto parcial y borrosa

Salvedades aparte, GDoce no consolida su actividad en una cabecera que aglutine sus negocios y la foto que ofrecen las cuentas disponibles en el Registro Mercantil es parcial. Además, está borrosa: a los retrasos en su presentación (alguna ha enviado este año de golpe sus cuentas de 2023, 2024 y 2025) se suman errores generalizados en la información que contienen varias de ellas.

Entre otras, la que, según Blanco, es su principal sociedad, G12 Grupo Empresarial, que se promociona en redes con la apostilla de “cursos gratis” para desempleados y da nombre a un grupo que se define como “uno de los más importantes del sector, con más de 20 centros homologados repartidos por 17 ciudades de toda España” y “una plantilla de más de 600 trabajadores”.

En plataformas como Axesor o Insight View, las últimas cuentas disponibles de G12 son de 2023, aunque el grupo ha aportado un certificado de la registradora de Pontevedra que acredita que presentó las de 2025 el 30 de julio.

A falta de tenerlas disponibles, las de 2023 incluyen numerosas partidas en blanco, empezando por su plantilla. “La tesorería asciende a 0” y “el importe de la cifra de negocios asciende a 0”, indican. Esto ocurre con otras empresas de formación de Blanco que han recibido millones en ayudas, como Formando por el Éxito SL y la citada Blar Formación SL, o esas dos firmas canarias.

GDoce asegura que no conocía esta situación y remite escritos de una firma de asesoría, Arxil Asesores SL, que explica que esas cuentas “se generaron y enviaron por un error informático del aplicativo de gestión/contable de la asesoría a la hora de presentar las cuentas”. Se enviaron al Registro Mercantil “informes erróneos con datos a 0 generados automáticamente”. Y se omitieron “de forma totalmente involuntaria los informes de auditoría”.

En algunos casos los errores alcanzan a los ejercicios 2022 y 2023, en plena explosión de subvenciones para las empresas de Blanco tras la pandemia, los fondos europeos o el auge de las oposiciones. “La información adjuntada en el aplicativo no se corresponde con lo recibido por el Registro Mercantil, algo totalmente anómalo que obliga a presentar subsanación de todas y cada una de las cuentas anuales de dichos ejercicios”, confirma Arxil.

Se trata de “un error masivo que se generó en todos los envíos de las cuentas anuales de todos nuestros clientes y que no se descubrieron hasta ahora” y “se procederá a la mayor brevedad posible a la subsanación de las cuentas de todas estas empresas en dichos ejercicios” para proporcionar la “imagen fiel” que exige la normativa contable.

“Nos hacemos responsables de los perjuicios económicos que pudieran derivarse de esta problemática y nos comprometemos a solventar estas incidencias a la mayor brevedad posible para que la información que aparezca en el Registro Mercantil sea la correcta”, añade Arxil.

GDoce ha facilitado a elDiario.es otras cuentas de 2023 que de momento no están disponibles en el Registro y recogen que ese año tuvo una cifra de negocios de 6,9 millones, el doble que en 2022, y una plantilla media de 148 personas (99 un año antes). La auditoría está limpia. Para las cuentas de 2024 y 2025 habrá que esperar.

César Blanco, exdirigente del PP de Ourense con el polémico José Luis Baltar y en la directiva de varias patronales españolas, entre ellas la CEOE de Antonio Garamendi, vuelve a figurar en el top nacional de subvenciones con sus empresas de formación. En 2025 sumaron otros 25 millones, según los datos que publica el Ministerio de Hacienda. Esta cifra (que él rebaja a 14,6 millones, al haberse repartido esos subsidios a la formación con otras empresas) eleva a más de 127 millones las ayudas concedidas a sus sociedades desde 2017, siempre según la información oficial que publica Hacienda.

En 2025, en pleno boom del negocio de las oposiciones, una de las especialidades de sus empresas, y en mitad de una inspección de Hacienda que avanzó elDiario.es y que ha quedado “regularizada” el pasado ejercicio, según fuentes cercanas al empresario, seis de sus sociedades aparecieron en el listado de grandes perceptores de ayudas publicado recientemente por Hacienda.

Se trata de G12 Grupo Empresarial de Servicios SL (6,15 millones en ayudas concedidas en 2025), Educatic Gap Pue SL (4,95 millones), Moba Skill Training SL (4,3 millones), Formando para el Éxito SL (3,98 millones), Academia Postal 3 Vigo SL (3,37 millones) y Blar Formación SL (2 millones).

Fuentes cercanas a Blanco rebajan a 14,6 millones la cuantía realmente recibida en 2025 para financiar el coste de los cursos de formación que imparten sus empresas. Explican que “la cifra publicada [por Hacienda] no siempre se corresponde con el importe de subvención que realmente percibe o ejecuta cada entidad”, porque “en muchas convocatorias de formación se permite que varias empresas concurran conjuntamente mediante una agrupación, entre otras razones para poder llevar a cabo planes más amplios”.

En estos casos, explican, aparece en el listado solo el nombre de la empresa que encabeza la agrupación como coordinadora, pero el importe adjudicado se reparte luego entre el resto. “Es necesario conocer la dimensión del Grupo GDoce para comprender que se trata de una cifra plenamente coherente y proporcionada con la envergadura de la organización y con su capacidad para desarrollar proyectos formativos de alcance relevante”, añaden.

El grupo, subrayan, es “uno de los más importantes del sector, con más de 20 centros homologados repartidos por 17 ciudades de toda España” y “una plantilla de más de 600 trabajadores”. Esta cifra, no obstante, no cuadra con los números que figuran en las cuentas anuales de sus empresas disponibles en el Registro Mercantil.

Para poner en contexto estas cantidades, esas fuentes indican que la cifra de subvenciones recibida “no llega al 0,1%” del total que recoge ese listado que recopila a más de 15.800 sociedades. Añaden que representa el 3,36% del importe destinado “a empresas vinculadas al ámbito de la formación, dejando fuera asociaciones, fundaciones, entidades públicas y otras organizaciones que también reciben financiación para el desarrollo de este tipo de actuaciones”.

En el puesto número 6

Según fuentes del sector, GDoce es la sexta empresa de formación que más subvenciones recibió en 2025. El ranking, según esas fuentes, lo encabezan Aspasia (41,5 millones), Grupo ATU (25,4 millones) y Grupo Colón (20 millones). En el listado figuran nombres como Grupo Método, del gallego Jorge Cuntín, y la malagueña Coremsa, teóricos competidores y socios de Blanco en una pequeña universidad privada cerca de Lisboa (Portugal).

Esas ayudas millonarias no están detalladas en las webs que han puesto en marcha recientemente las empresas de Blanco, que deben darles publicidad para cumplir la Ley de Transparencia. La información disponible es escasa o inexistente. La web más actualizada es la de GDoce. Se ha actualizado este año para aclarar que es un grupo de empresas “dedicadas a la formación”.

Hasta hace unos meses se definía en una rudimentaria web de una forma más difusa. “GDoce es una entidad especializada en la prestación de servicios orientados al desarrollo del capital humano en las organizaciones, tanto para el sector público como privado, ofreciendo soluciones innovadoras y de calidad, y apostando por un uso intensivo de las nuevas tecnologías como eje principal de nuestra política de gestión y prestación de servicio”, decía todavía en abril de este año.

En el apartado de “Transparencia” de la web de GDoce no hay disponibles datos financieros de sus sociedades. Tras preguntar elDiario.es por esta cuestión, en esos portales se indica que estos datos se facilitarán “próximamente”. Sus cuentas en el Registro Mercantil están desactualizadas en muchos casos. “Hacemos todo lo posible por estar al día, las exigencias son muchas y diversas”, justifican desde el grupo, que no consolida su actividad en una cabecera que dé idea de su dimensión real.

Las cuentas presentadas por algunas de sus empresas recogen el resultado de la inspección fiscal avanzada por este medio en 2025, en la que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) pidió a CEOE “explicación detallada y completa” de sus pagos a empresas del gallego, miembro de la directiva de la gran patronal española, mediante cursos de formación que la entidad le adjudica sorteando el evidente conflicto de interés.

Según esas cuentas, la inspección tuvo carácter limitado, “la comprobación de las operaciones realizadas en el ejercicio 2022 con la entidad vinculada Sofbrain”, empresa de Blanco creada en 2020 y domiciliada en Las Palmas de Gran Canaria que es la que más beneficios ha declarado en los últimos años: más de 6,7 millones solo entre 2022 y 2024, último ejercicio disponible.

La inspección fue notificada a la empresa en mayo del año pasado y se cerró en julio de 2025 con “acuerdo”. Se centró en las operaciones vinculadas entre las empresas de Blanco con esa sociedad en Canarias. Al menos cuatro de sus empresas tuvieron que reconocer una serie de “ajustes” para adaptar a la realidad del mercado los servicios que les prestó esa firma en el archipiélago en el ejercicio 2022, “aceptándose que su sede de dirección efectiva puede no estar localizada en Canarias”, dicen las cuentas de Sofbrain.

“Derivado de la inspección”, la empresa ha reconocido un recorte drástico de su cifra de negocios de 2022: de una facturación “declarada” de 2.105.904,37 euros, a solo 286.333,27 euros. El gasto “declarado” en “servicios exteriores” también se ha minorado en 605.995,29 euros. Y una de las salvedades a las cuentas de Sofbrain de su auditor, Auren, en el ejercicio 2024 está relacionada con la negativa de la empresa a dotar ninguna provisión por las actas firmadas, lo que supone que “el patrimonio neto se encuentra sobrevalorado y el pasivo corriente infravalorado por importe de 537.380,05 euros”.

Hacienda determinó que los servicios que Sofbrain prestó a otras sociedades del grupo (Academia Postal 3 Vigo, G12 Grupo Empresarial de Servicios, Educatic Gap Pue y Moba Skill Training) fueran considerados servicios de apoyo informático y administrativo relacionados con cursos de formación online. Pero determinó que debían valorarse a precios de mercado aplicando un margen del 49,32% sobre los costes totales comprobados en Sofbrain.

Además, estableció que los resultados de las licencias cedidas por Sofbrain a terceros debían imputarse a las sociedades del grupo en la misma proporción en que se valoraban los servicios prestados a esas vinculadas. Y los gastos de adquisición de esas licencias debían imputarse siguiendo el mismo criterio.

En total, más de 800.000 euros entre “ajustes” intragrupo, incrementos de cuota, actas, intereses y una sanción a Sofbrain de 4.356 euros por una infracción “grave”, después de aplicar las reducciones por conformidad y pronto pago para esta empresa en Canarias, que además presentó una declaración complementaria de Sociedades para el ejercicio 2023 por importe de 346.214 euros, siguiendo los criterios de la inspección.

El grupo todavía no ha presentado las cuentas de 2024 de la que dice que es su principal empresa, G12, de cuyas relaciones con la CEOE también pidió cuentas la AEAT. Fuentes cercanas a Blanco se limitan a señalar, a preguntas sobre este asunto: “Situación regularizada y requerimiento resuelto”.

Empresario polifacético, con negocios también inmobiliarios, de limpieza, construcción o turismo, Blanco fue miembro de la ejecutiva del PP de Baltar, polémico presidente de la Diputación de Ourense de 2012 a 2023 y todavía senador, al que su partido mantiene en la Cámara Alta tras ser condenado en enero de 2025 por el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora. Baltar heredó el cargo en 2012 de su padre, José Luis Baltar, el autodenominado “cacique bueno”, en una sucesión dinástica inédita en la España democrática. Sobre él siempre planeó la sombra del nepotismo y las redes clientelares.

En septiembre de 2024 elDiario.es reveló que Blanco figuraba en el Top 100 de subvenciones en España y que sus empresas sumaban al menos 10 millones en contratos públicos. Mientras, tenía una sociedad en Panamá que, según explicó luego, abrió para “una universidad que no fuimos capaces de arrancar”. La liquidó semanas después de destaparse su existencia.

Socio de Francisco Nóvoa Rodríguez, fundador de Academia Postal, muy conocida en Galicia como centro de formación de opositores, el empresario tiene una larga trayectoria en distintas patronales. Miembro del comité ejecutivo de Cepyme desde 2014, es vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Ourense, que llegó a presidir de forma interina hasta enero tras fallecer la anterior presidenta, Marisol Nóvoa.

Las empresas de Blanco y dos de sus hijos (algunas relativamente recientes, otras con décadas de existencia) son un fijo en los listados de grandes perceptores de ayudas que publica Hacienda para cumplir la Ley de Transparencia, que fija obligaciones de información a las entidades privadas que perciban durante un año ayudas a partir de 100.000 euros. En la última edición figura (con cifras mucho más discretas) un líder de otra patronal (la de fabricantes de envases de cartón) que se acogió a la amnistía fiscal de 2012 y que asegura que sus impuestos van “a la basura”.

Antonio Garamendi se presentará sin ningún rival a la elección de la presidencia de CEOE. La gran patronal española no ha recibido ninguna candidatura alternativa a la suya para hacerse con el liderazgo de la organización empresarial, que podían presentarse hasta este lunes 24 de agosto. Por ello, no habrá votación y se prevé que Garamendi será elegido por aclamación el próximo 1 de octubre, como recogen los Estatutos de la patronal.

El empresario vasco se encamina así a su tercer mandato al frente de la organización de empresarios españoles después de que CEOE eliminara en 2023 el máximo de dos establecido bajo la presidencia de su predecesor, Juan Rosell, y que entonces Garamendi defendió.

En la presidencia de CEOE desde hace ocho años, a finales de 2018, esta próxima elección colocará a Antonio Garamendi en su puesto —en principio— hasta entrado 2030.

Sin rival frente a las críticas del pasado

Las patronales españolas congregadas en la CEOE apuestan por tanto por el continuismo en su dirección para los próximos cuatro años, al no plantear dirigentes alternativos a Antonio Garamendi, que no siempre ha contado con un aval cerrado a su liderazgo.

En 2018, el empresario se hizo con el liderazgo de la patronal por aclamación, al ser también el único candidato en esos comicios tras la marcha de Rosell (que había cumplido el máximo de dos elecciones).

Su primer mandato estuvo marcado por la formación del primer gobierno de coalición progresista en España desde la II República, así como por la pandemia de COVID. En este marco, su dirección se caracterizó por la firma de varios acuerdos con el Gobierno y los sindicatos, tanto de medidas como los ERTE durante la crisis, pero también de normas de gran calado como la reforma laboral de 2021.

Debido a estos acuerdos, crecieron las críticas de ciertos empresarios y patronales contra Garamendi por “moderado”, mientras que en varias patronales le acusaban también de “autoritario” y excesivamente “personalista”. Estas críticas encontraban ecos en importantes organizaciones, como la madrileña CEIM y la catalana Foment, así como en la patronal de pymes (Cepyme).

Así, en las elecciones de 2022, sonaron varios nombres para dar la pelea a Antonio Garamendi al frente de CEOE, especialmente en estas tres patronales, como el de Gerardo Cuerva, entonces presidente de Cepyme.

Finalmente, los nombres más sonados en los corrillos no dieron el paso adelante y, aun así, desde Foment se impulsó una candidatura alternativa al vasco a través de Virginia Guinda, vicepresidenta de la patronal catalana. Garamendi ganó con el 83% de votos, pero ya tuvo que enfrentarse a las urnas y asumir cierto descontento con su gestión.

De cara a estas elecciones de 2026, todo indicaba que Antonio Garamendi pretendía sumar un tercer mandato y que Gerardo Cuerva, de perfil más conservador y con el que las relaciones se habían deteriorado cada vez más, podría —ahora sí— disputarle el puesto. Pero las elecciones de Cepyme eran previas a las de CEOE y Garamendi impulsó una candidatura alternativa a la de Cuerva, la de Ángela de Miguel, que logró hacerse con la presidencia de la patronal de pymes.

De Miguel ganó, no obstante, por la mínima y tras una campaña muy dura que había sembrado una auténtica división en muchas patronales. Por ello, había dudas sobre si Gerardo Cuerva daría la batalla a Antonio Garamendi en los comicios para dirigir CEOE. Aunque estas fueron alimentadas por las denuncias de un empresario próximo a Cuerva contra la dirección de CEOE este mismo junio, finalmente no ha sido así.

Con varios gestos de Garamendi en los últimos años a las patronales que habían sido más críticas en el pasado, como la madrileña y la catalana, fuentes empresariales indicaban a este medio que las relaciones habían mejorado y mostraban su apoyo al actual presidente de CEOE, que ha endurecido su tono y actitud contra el Gobierno en los últimos años, especialmente contra la vicepresidenta Yolanda Díaz.

A la espera de elecciones en la política

La próxima dirección de la patronal tiene que lidiar con un importante contexto de fondo: las elecciones políticas que se avecinan en España en 2027, con comicios en ayuntamientos, comunidades y el gobierno central.

Así, Antonio Garamendi será el encargado de tratar y negociar con el próximo Ejecutivo que salga de las urnas del país, ya sea continuista del actual progresista o —como desean muchas patronales— que implique un cambio a la derecha.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han sostenido en varias ocasiones que la política está afectando cada vez a las negociaciones con la CEOE, con su veto a cualquier medida que involucre al Gobierno a la espera de la llegada del próximo ejecutivo.

Los representantes de los trabajadores exigen además a la patronal negociar ya un gran pacto de negociación colectiva (el llamado AENC), tras caducar el último en 2025, para marcar una senda de aumentos salariales para los próximos años. Un importante acuerdo bilateral para la marcha económica del país y que, en caso de mantenerse el bloqueo actual, CCOO y UGT ya han advertido de que combatirán con un aumento de la conflictividad en las empresas y sectores que negocien sus convenios colectivos.

CEOE-Cepyme Cantabria ha lanzado una “segunda parte” de su campaña contra el absentismo laboral que, en este caso, tiene como lema 'Cuando faltan recursos, todos esperamos' y “pone el foco” en las consecuencias y daños que tienen las demoras en las pruebas diagnósticas y en valoraciones por incapacidad para trabajadores, empresas y para el sistema en general.

Sin embargo, la patronal ha negado que ello suponga “una rectificación” después de la polémica que suscitó la primera fase de su campaña, que giraba sobre la idea 'Mientras unos no están, otros esperan' y en la que algunos partidos y sindicatos vieron un intento de “criminalizar” a los trabajadores que no pueden acudir a su puesto de trabajo por estar enfermos o que ejercen derechos laborales como el permiso de paternidad o por hospitalización de un familiar.

De hecho, partidos como el PSOE o la coalición electoral IU-Podemos o sindicatos como CCOO y UGT criticaron la campaña y reclamaron a la patronal que la retirara, a lo que ésta se negó y su presidente, Enrique Conde, tildó de “absurdo” la polémica.

En declaraciones a Europa Press con motivo de esta nueva fase de la iniciativa, CEOE ha aclarado que “no es una rectificación” sino “una segunda parte de la campaña”.

“Nuestra idea es exponer este problema desde los diferentes ángulos que inciden en que el absentismo sea, como ha dicho el presidente de CEOE Cantabria (Enrique Conde) el mayor problema para nuestra competitividad como región. En esta ocasión ponemos el foco en el tiempo, tanto en los diagnósticos como en los tratamientos para la recuperación”, han explicado a esta agencia desde la patronal.

Esta “segunda parte” se desarrolla en redes sociales y en marquesinas de autobuses, con mensajes como 'Esperar no debe formar parte del tratamiento' o 'Esperar una valoración durante dos años no puede formar parte del sistema'.

Con ellos, se quiere incidir en las consecuencias que generar estos retrasos. Según explica en redes sociales la patronal, la demora en las valoraciones de incapacidad “provoca incertidumbre en los trabajadores, repercute en las empresas y daña al conjunto del sistema” y en las pruebas genera “más tiempo sin diagnóstico, sin tratamiento y sin recuperación”, algo que “no afecta únicamente a quien espera” sino que “también repercute en sus compañeros, en las empresas y en el propio sistema púbico de salud”.

“Las bajas laborales son un derecho que debe protegerse; por ello necesitamos un sistema ágil, dotado de recursos y capaz de ofrece respuestas rápidas a quienes realmente lo necesitan”, ha explicado CEOE.

IU-Podemos sí lo ve como una rectificación de la patronal

Sin embargo, y frente a lo que explica la patronal, el candidato a la Presidencia de Cantabria por la coalición IU-Podemos, Israel Ruiz Salmón, ve “una rectificación evidente del enfoque” utilizado por la patronal.

Esta coalición de izquierdas cree que ello no debe recibirse “con celebraciones ni aplausos porque llega después de una campaña que criminalizó injustamente a las personas enfermas y presionó tanto a trabajadores como a profesionales sanitarios”.

IU-Podemos considera que CEOE “ha tardado demasiado en reconocer que el problema son las listas de espera y no las personas trabajadoras”.

“No esperamos que CEOE nos dé la razón, sino que deje de utilizar la enfermedad para enfrentar a trabajadores, usuarios y profesionales. El problema nunca fue que una persona enferma ejerciera su derecho a recuperarse, sino que el sistema sanitario dependiente del Gobierno de Cantabria no disponga de los medios suficientes para diagnosticarla y atenderla dentro de unos plazos razonables”, ha señalado.

Ruiz Salmón ha valorado que la patronal “haya atendido por fin a quienes conocen directamente el funcionamiento del mercado laboral, como los sindicatos y sus representantes en las empresas, en lugar de dejarse arrastrar por las voces más reaccionarias, empeñadas en convertir cada derecho laboral en un privilegio y cada baja médica en una sospecha de fraude”.

IU-Podemos cree que CEOE “ha tardado demasiado en reconocer que el problema son las listas de espera y no las personas trabajadoras” y cree que el “cambio de campaña de la patronal confirma las causas que la coalición y los sindicatos señalaron desde el principio y reclama reforzar la sanidad pública y la prevención laboral”.

El mismo mes en que el Consejo Económico y Social de Castilla y León presentaba, con el respaldo unánime de patronal y sindicatos, un informe que define a la población inmigrante como un “vector demográfico y socioeconómico esencial” para la Comunidad; el PP y Vox cerraban un pacto de gobierno que entrega la competencia de inmigración a la nueva Consejería de Desregulación creada para Vox. Probablemente una de las contradicciones más evidentes que tendrá consecuencias aún por descubrir.

El informe “La Situación de la Población Inmigrante en Castilla y León”, elaborado a iniciativa propia por el Consejo Económico y Social de Castilla y León, y presentado en sociedad el 1 de junio, está amparado por CCOO, UGT y CEOE, que coinciden en el diagnóstico de que sin inmigración Castilla y León se hunde antes.

Los datos que maneja el estudio no dejan margen a la ambigüedad. Tomando como criterio el lugar de nacimiento, se muestra un crecimiento paulatino de la población inmigrante. Si en 2024 había en Castilla y León 256.685 personas de origen extranjero, en 2025 la cifra ascendió a 275.202. Esto representa un 11,6 % de la población total de la Comunidad, lo que demuestra que no existe un “problema de inmigración”, como señalan las derechas, desde sus tesis invasivas o de reemplazo.

Frente al envejecimiento y la despoblación que golpean con dureza al medio rural, el CES no describe la inmigración como un fenómeno que haya que “gestionar” o “contener”, sino como uno de los pocos mecanismos de resiliencia territorial que le quedan a la Comunidad y, por tanto, un fenómeno a acoger. Cuando uno de cada cuatro nacimientos está vinculado a madres de origen extranjero, queda demostrado que la aportación demográfica es un elemento más a tener en cuenta en esta zona de la España vaciada.

Precariedad laboral

El informe del CES también señala la precariedad en la que malvive buena parte de esas 275.000 personas. De quienes trabajan, apenas el 39% tiene un contrato fijo, el 25% cuenta con uno temporal, y un 9,5% son autónomos. Por otra parte, sólo el 23% logra homologar su formación académica, lo que condena a nuestra región a desperdiciar buena parte del talento que viene de fuera y se podría retener.

Por otro lado, el 79,7% de las personas encuestadas para realizar el estudio afirma que quiere quedarse en España, algo que debería obligar a la Junta a plantearse cómo garantizar que así sea en condiciones dignas, en lugar de pretender frenar su llegada o forzar su marcha.

Frente al tópico de la amenaza cultural con el que la extrema derecha enfrenta el debate migratorio cada vez que puede, el informe aporta otro dato incómodo para el relato neofascista, ya que un 27% de las personas migrantes en Castilla y León dice sentirse por igual de aquí y de su país de origen, y un 8% más español que de su país. No existe un choque de identidades, sino un proceso de arraigo en marcha que depende, sobre todo, de que existan condiciones materiales de regularización, empleo y vivienda, para que la integración sea un hecho y las personas migrantes lleven adelante su proyecto de vida aquí.

Todo esto es lo que el CES pide corregir. Reducir las situaciones de irregularidad “desde el mayor consenso posible” y en el marco del Diálogo Social, para combatir la economía sumergida y garantizar derechos laborales y sociales; para actualizar el plan estratégico de inmigración pactado en su día en el Diálogo Social y caducado desde 2022; y para revisar las trabas administrativas que dificultan los empadronamientos o el acceso a recursos públicos.

Renovar la percepción de inmigración

Sin embargo, mientras el Consejo Económico y Social pide renovar la percepción, la perspectiva y la valoración de la inmigración, la Junta de Castilla y León trabaja en la dirección contraria. Recurre ante el Tribunal Supremo el Decreto de Regularización Extraordinaria aprobado por el Gobierno central, y el PP pacta con Vox la “prioridad nacional” creando para la extrema derecha la nueva Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Social para que “gestione” la inmigración.

Para CCOO, UGT y CEOE, parte social y económica del Diálogo Social, no hay desacuerdo sobre lo que necesita la Comunidad en materia de inmigración frente a lo que pretende la Junta de Castilla y León. Queda suficientemente plasmado en el informe del CES: sin inmigración ordenada, integrada y con derechos, Castilla y León envejece más rápido, se despuebla más deprisa y pierde el poco tejido productivo que le queda.

La decisión política, deliberada, de anteponer la rentabilidad electoral a la evidencia de lo que señala el CES y que avalan los sindicatos y la patronal, es responsabilidad de un Partido Popular entregado a la ideología xenófoba de Vox y su rechazo a los inmigrantes. Una estrategia diseñada para impulsar el conflicto entre los penúltimos y los últimos de nuestra sociedad, que redundará en más diferencias sociales y un creciente deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la sociedad en su conjunto.

Derechos de los migrantes

Frente a esto, la izquierda social y política de Castilla y León cuenta con un argumento más sólido de lo habitual, y sería un error no utilizarlo hasta el final. No hace falta apelar sólo a la solidaridad o a los derechos humanos. Lo que analiza y documenta el CES en materia de inmigración es argumento suficiente para exigir a la Junta que retire el recurso contra la regularización, que actualice el plan estratégico de inmigración a través del diálogo social, que facilite la homologación de titulaciones a las personas inmigrantes, y que remueva todos los obstáculos para evitar trabas administrativas que dificultan la normal relación de las personas inmigrantes con la Administración, a la hora de realizar tramitaciones o acceder a servicios públicos.

Cualquier otra posición de los agentes del Diálogo Social que no pase por la exigencia de garantizar derechos y condiciones dignas a las personas que vienen de otros lugares, ante el argumento del gobierno de Mañueco sobre la “prioridad nacional” de que la inmigación es una amenaza para la convivencia de la Comunidad, será un error histórico y la demostración de no estar a la altura de las necesidades actuales en materia de crecimiento económico, reducción de la despoblación, y consolidación de derechos laborales y de ciudadanía en Castilla y León.

La CEOE de Tenerife ha advertido este viernes de que la escasez de vivienda va a ser el problema que estrangule a gran parte de la economía no sólo desde el punto de vista residencial, sino de la inserción laboral, una situación que a su juicio puede prolongarse entre tres y cinco años.

Sobre este asunto han efectuado una llamada de atención tanto el presidente de CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, como el director de Consultoría de Corporación 5, José Miguel González, durante la presentación del Informe de Coyuntura Económica correspondiente al segundo trimestre de 2026.

Al respecto, el presidente de la patronal se ha preguntado cómo pueden acudir a las islas trabajadores de otros lados si no hay vivienda disponible porque, ha añadido, aunque se sufrague con dos rentas tampoco es suficiente.

Además se ha producido un cambio en la demanda, de forma que antes había viviendas disponibles con cuatro o cinco habitaciones, para familias medianamente grandes, y ahora hay una gran número de familias monoparentales que necesitan pisos más pequeños y baratos, pero “tampoco se construyen”, ha indicado Alfonso.

Esta situación ocurre pese a que, según los indicadores del Informe de Coyuntura, la venta de cemento se ha situado en junio de este año en 62.921 toneladas, un dato relacionado con la construcción de infraestructuras.

Pero cuando se acude al número de viviendas terminadas “el dato no es tan halagüeño”, con sólo 182 unidades, ha subrayado José Miguel González, para quien el mercado está “prácticamente paralizado” y queda “mucho camino por recorrer”.

En cuanto a la perspectiva económica general, hay riesgos de que la ralentización que ya se está produciendo se convierta “en algo más grave” a lo largo de 2027, aunque este año se cerrará en positivo, si bien menos que el anterior.

La demanda de energía eléctrica se ha situado en los 716.268 MWH, un indicador de que el consumo es todavía creciente, pero en relación con la tendencia interanual hay “un cierto aplanamiento en la evolución”, ha continuado González.

En cuanto a la matriculación de vehículos, se han contabilizado 8.208 unidades en junio, pero también la variación interanual es negativa con un descenso en un 9%.

El comercio se mantiene estable desde de la época de recuperación tras la pandemia, si bien la creación de empleo en este sector ya no tiene la misma intensidad, ha añadido.

En cuanto al gasto turístico, se ha situado en 6.838 millones de euros, más de un 6% respecto al trimestre anterior y de un 3% en el interanual.

Respecto a la inflación, ha recordado que la variación del IPC interanual refleja un aumento en un 3,4% pero la que es preocupante, ha señalado, es la subyacente al ser de carácter estructural, con un incremento interanual en un 2,5%.

Los depósitos de ahorro ascienden a 50.293 millones de euros, un 7,3% más en la variación interanual, y el mercado del crédito se eleva a 39.711 millones de euros, con un 3,8% más interanual, lo que refleja que hay más renta disponible fruto de la mejora del empleo.

Sin embargo, José Miguel González también ha indicado que pese a que la disminución del empleo es siempre positiva, la otra cara de la moneda es que se ha reducido en 27.000 personas el número de ocupados no por tener trabajo, sino porque han dejado de buscar empleo.

Hay 60.694 empresas inscritas, lo que representa continuidad tras la “explosión” de la recuperación post covid, y la afiliación a la Seguridad Social se sitúa en 964.931 afiliados en junio, esto es, “dando pasos firmes” hacia el millón de inscritos.

Sin embargo, en el ámbito laboral la CEOE ha reiterado su preocupación ante la baja productividad y el absentismo laboral, algo en lo que Canarias se distancia del resto del Estado y que, en cuanto al segundo aspecto, supone un coste de 3.200 millones de euros, según ha indicado Pedro Alfonso.

Al respecto, la CEOE ha instado a la Consejería de Sanidad a estudiar en septiembre propuestas para mejorar las listas de espera y poner en marcha medidas para acotar esta situación, para lo que la patronal ha pedido que no olvide que las mutuas y las clínicas concertadas “ayudan a mejorar estos procedimientos”.