Hacienda abre un roto millonario al líder de los bingos que pilota la hija de una histórica del PP

Grupo Ballesteros, líder del negocio de los bingos en España, ha reconocido ajustes millonarios en sus últimas cuentas tras cerrar “con acuerdo” una batería de inspecciones de Hacienda a varias empresas del holding.

Este roto contable llega tras un varapalo de la Audiencia Nacional a los dueños de esta empresa por fingir su residencia fiscal en Madrid y después del nombramiento, el año pasado, de la hija de una histórica diputada del PP al frente del entramado de sociedades del grupo.

Los ajustes realizados tras las comprobaciones de Hacienda, que suman más de 15,7 millones, están recogidos en las cuentas anuales de 2024 recientemente remitidas al Registro Mercantil por Maxibingo SL, holding del empresario José Ballesteros. El magnate del juego firmó las cuentas el pasado noviembre, tras el nombramiento de Yolanda González, hija de Celinda Sánchez (histórica del PP de Castilla y León) como administradora de 35 sociedades del empresario.

Entre ellas, Maxibingo, que González administra desde enero de 2025. En sus cuentas de 2024, remitidas recientemente al Registro Mercantil y disponibles a través de Insight View, esta holding menciona “el cierre con acuerdo de los expedientes de comprobación tributaria abiertos a seis de las empresas del grupo en relación con los ejercicios 2017/2019”.

Esos procedimientos del Fisco, sobre los que las cuentas no ofrecen detalles, han supuesto una reducción del patrimonio neto consolidado de Maxibingo “por importe de 3.186.975 euros en concepto de ajustes por errores y de 12.543.000 euros en concepto de retribución a fondos propios”. En total, los citados 15,7 millones. El grupo ha declinado hablar con elDiario.es. “No atendemos a los medios”, indicaron desde sus oficinas.

El patrimonio neto consolidado de un grupo empresarial puede definirse como su valor contable real. Se calcula como la suma de sus activos menos sus pasivos totales. Representa los recursos propios de la compañía, incluyendo capital, reservas y resultados acumulados, tras eliminar operaciones internas.

Como reveló este medio en julio, la hija de la exdiputada popular Celinda Sánchez gestiona desde principios de 2025 decenas de sociedades del grupo. Entre ellas Maxibingo, que en 2024 declaró una facturación consolidada de 131,5 millones, de los que el 95% procedió de la actividad del juego privado, “piedra angular de la actividad desarrollada por el Grupo”, y el 5% restante, de la hostelería. Con activos de 82,9 millones (un 11,5% menos que un año antes) y más de 700 empleados, de esta holding cuelgan más de treinta sociedades.

El grupo desarrolla su actividad de forma predominante en Castilla y León, donde es el operador principal. Dueños del Casino Roxy en Valladolid, el Gran Casino de la Mancha en Illescas (Toledo), el Bingo Goya (Zaragoza) o el operador online eBingo, tienen “más de cuatro décadas de experiencia y más de cuarenta salas de juego repartidas entre Castilla y León, Madrid, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha”, dice su web. En ella se definen como “líderes del sector de Bingos en España”.

Los ajustes tras esa inspección por el periodo 2017-2019 cerrada “con acuerdo” han llegado tras confirmar la Audiencia Nacional en mayo de 2025 la residencia “ficticia” en Madrid de Ballesteros y su esposa. En 2013 ambos notificaron a la Agencia Tributaria que se mudaban de Valladolid a la capital. Pero en abril de 2019, Hacienda determinó que era mentira, basándose en un informe de la Policía Municipal de Valladolid de abril de 2018 que indicaba que vivían en la capital pucelana, en un inmueble a nombre de Joballesca SL, otra de las empresas de Ballesteros que administra la hija de esa ex diputada del PP.

Hacienda también se basó en los bajísimos consumos de luz y agua del supuesto domicilio del matrimonio en Madrid, a unos metros del Paseo de la Castellana y la sede del Tribunal Supremo. Allí también declaraban su residencia fiscal dos de sus hijos y otros cuatro miembros de la familia Ballesteros. Todo en una vivienda de 105 metros cuadrados.

“Ello supone que en dicho inmueble tienen declarado su domicilio fiscal seis personas físicas en 2013 y 2014, siete en 2015 y ocho en 2016 y 2017”, razonaron las sentencias que ratificaron las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) confirmando el criterio de la Agencia Tributaria.

Castilla y León, donde el Grupo Ballesteros es hegemónico, tiene una relación singular con el juego. La Junta organiza un Congreso sectorial que en octubre celebró su XVIII edición en Palencia, “el único Congreso de Juego en España organizado por una administración pública”, como destacó la directora de Relaciones Institucionales de la Junta, Ruth Andérez, y que, según fuentes del sector, ha organizado en el pasado M&C Euroservicios, empresa familiar de la actual administradora de Maxibingo que ha recibido relevantes pagos de Administraciones del PP.

A la anterior edición de ese congreso de juego acudió el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, responsable de regular el juego presencial en esa comunidad autónoma. El patriarca del Grupo Ballesteros creó hace años la Fundación Social del Juego Privado, que en 2006 nombró “presidente de honor” al hoy presidente Alfonso Fernández Mañueco, entonces dirigente local y una de las muchas figuras del PP relacionadas con el sector.

A Ballesteros, del que apenas circulan fotos en medios especializados, se le considera clave para lograr la aprobación de la regulación del bingo electrónico en España. Dirige ASECAL (Asociación de Bingos de Castilla y León) hace casi cuatro décadas. Su hijo Gustavo es vicepresidente de Aseju, patronal de bingos de la Comunidad de Madrid, una de las más antiguas del país, creada a los dos años de legalizarse este sector en 1979, cuando se estrenó la película 'Los Bingueros'.

En Madrid Grupo Ballesteros ha tenido choques con la Administración. En 2000, el Gobierno madrileño precintó cautelarmente varias de sus salas en la capital acusadas de contratar a figurantes a los que pagaban sueldos a diario por jugar cartones y entregar luego el dinero a la sala si lograban premios. El caso acabó empantanado en los tribunales.

Con la nieta de Franco

La administradora de Maxibingo, que es también hermana de la exmodelo Nuria González, la viuda del millonario naviero Fernando Fernández Tapias (fallecido en 2023 a los 84 años), estudió Psicología, según diversos perfiles.

Yolanda González es conocida en prensa rosa como acompañante habitual de su famosa hermana. Fue vista en el funeral de Carmen Franco, única hija del dictador, en la Feria de Abril de Sevilla en o la Plaza de Toros de las Ventas. En 2012 Diez Minutos le atribuyó un romance con el locutor Carlos Herrera. En 2016 se fotografió en la fiesta de inauguración de El Gran Casino de la Mancha con su hermana y la nietísima de Francisco Franco, Carmen Martínez-Bordiú. Algún medio la presentó como responsable de Relaciones Públicas del grupo que ahora dirige.

La madre de la administradora de Maxibingo fue diputada y senadora del PP durante 23 años, hasta que en 2015 dejó la política. Celinda Sánchez fue noticia en 2014 por desmarcarse de la disciplina de su partido como única diputada del Congreso, junto al también popular Agustín Conde, que rechazó en una votación reconocer el Estado palestino.

Además de política, Celinda Sánchez fue empresaria. Su familia tenía una discoteca y sala de fiestas muy conocida en Venta de Baños (Palencia), el complejo Sangar. Allí fue alcaldesa hasta 2003. “También fundé la empresa M&C Euroservicios, que hoy en día llevan mis hijos”, explicó en febrero de 2025 a Diario Palentino.

Dedicada a organizar eventos, M&C Euroservicios se creó en 1992. Su administradora única desde hace casi 32 años es Yolanda González, ahora al frente del Grupo Ballesteros. El año pasado su destartalada web (hoy fuera de servicio) invitaba al visitante a seguir sus redes sociales en “tuitter”. “Entre nuestros clientes se encuentran diversos sectores: organismos oficiales, salas de juego, partidos políticos, automóvil, calzado, hoteles, asociaciones, constructoras, revistas, consultorías, abogacías, bodegas…”, decía.

Uno de sus clientes ha sido el propio PP, como acreditó la investigación del escándalo Púnica que estalló en octubre de 2015. M&C Euroservicios figuraba entre las sociedades que facturaron al Partido Popular de Esperanza Aguirre gastos electorales en los comicios autonómicos de 2011, según el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que ordenó procesar en 2022 a Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, por la presunta financiación irregular del partido.

En mayo de 2011, ejercicio en el que logró su récord de ventas, más de 593.000 euros, M&C Euroservicios facturó al PP madrileño 48.380 euros por “artículos publicitarios”, según la factura que presentó el entonces gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez, pendiente de juicio y para el que la Fiscalía pide tres años y medio de cárcel. En 2024, la empresa de la familia González facturó algo más de 98.000 euros.