El 27 de agosto de 2013, una niña alta y alegre de nueve años, pelo largo y bien peinado, se subió a un autobús nocturno en Barcelona. Nada Itrab era una niña inteligente y observadora, que en el colegio solía ser la primera de la clase. Llevaba un cuaderno para anotar las cosas que descubriría en el viaje, y una cámara digital que le habían regalado. Un modelo barato, de color lila, que a ella le parecía un tesoro. No estaba acostumbrada a los lujos.

En ocho horas, Nada estaría en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, desde donde se subiría por primera vez a un avión con destino a Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más grande de Bolivia. El viaje era una aventura para ella, como algo sacado de los libros de cuentos que leía en la biblioteca de La Florida, su barrio en L'Hospitalet de Llobregat. Hija de inmigrantes marroquíes sin papeles de residencia, Nada vivía desde los cuatro años en esta ciudad al sur de Barcelona.

Con Nada solo viajaba otra persona: Grover Morales, un vecino con un aire como de santón. En el barrio donde él y la familia de Nada vivían, Morales se esforzaba por saludar a todo el mundo, independientemente de su raza o su religión. Le gustaba leer libros religiosos. La Biblia, sí, pero también la Torá y el Corán. Con una edad en torno a los 35 años y ciudadano de Bolivia, Morales preparaba comida para la familia de Nada, a la que le había instalado una bañera con sus propias manos. 

Morales había dicho que se trataba de un viaje familiar y también de negocios: en su país recogería unas joyas para venderlas. Llevaría a Nada como premio a sus excelentes resultados escolares y en una semana estarían de vuelta. Los padres de Nada firmaron un documento notarial autorizándola para viajar con él.

Nada estaba emocionada. Cuando unas semanas después regresara para el nuevo año escolar, no tendría que volver a fingir que su familia había pasado el verano en la playa y no malviviendo en casa con sus escasos recursos. Tendría una historia de verdad que contar. Pero también estaba nerviosa porque sabía cosas de Morales que los demás no sabían. 

En el cibercafé donde Nada y su familia accedían a Internet, había encontrado un vídeo en el que se veía a Morales entrando en trance en su lugar de culto. El pelo azotándole la cara mientras se excitaba hasta alcanzar un frenesí extático. Eso le daba miedo. A sus nueve años, tampoco entendía las cosas extrañas e inquietantes que de vez en cuando hacía Morales cuando sus padres los dejaban solos. ¿Por qué terminaba algunos juegos violentos tumbándose, completamente vestido, sobre ella? Pero sus padres habían dado el visto bueno al viaje. Seguramente no pasaría nada malo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad en el aeropuerto de Barajas capturan el momento en que Nada y Morales, vestido con una camisa blanca, hacen cola para subir al avión. La imagen de esta niña brillante esperando en el aeropuerto con su vestido de lunares es conmovedora. Lo mejor que se puede decir de lo que sucedió después es que sobrevivió. Solo eso es un triunfo. Un tributo a Nada y a las pocas personas que acudieron en su ayuda.

Nada tiene ahora 21 años y es una aplicada y esmerada estudiante de Derecho en la Universidad de Barcelona. Al crecer, se dio cuenta de que muy pocas personas se interesaban por lo que le había sucedido tras subir a ese avión. Solo en los últimos años ha comenzado a descubrir todos los detalles de una experiencia terrible de siete meses que se esforzó mucho por olvidar, un proceso de redescubrimiento que ha decidido llevar a cabo en público. En cierto modo, las horas que en estos últimos meses hemos pasado conversando también forman parte de su recuperación y reflejan la ambición de Nada de enfrentarse al estigma y luchar contra el tráfico mundial de niños. “No quiero ser solo la chica que fue secuestrada”, me dijo.

Mirando fijamente a la cámara, el pelo revuelto por el viaje, Nada esbozó una sonrisa cansada en el mostrador de inmigración del aeropuerto de Santa Cruz. En el autobús del aeropuerto a la ciudad, se quedó mirando por la ventana. Había niños de su edad vendiendo mercancías en la carretera y Santa Cruz parecía más sucio, destartalado y ruidoso que el barrio de L’Hospitalet, sinónimo de pobreza, delincuencia, drogas y desesperación, donde Nada y sus padres vivían.

Esperando un segundo autobús que los llevara de Santa Cruz a Cochabamba, la ciudad natal de Morales, discutieron sobre su pasaporte. Morales lo había guardado y ahora decía que se había perdido, echándole la culpa a ella. Tendrían que quedarse más tiempo hasta que él le consiguiera uno nuevo, le dijo. Fue entonces cuando Nada se dio cuenta de que la habían engañado. Lloró desconsolada llamando a su madre y golpeando la ventana del autobús.

El cuchitril de Cochabamba

Morales había afirmado ser rico, pero la casa de su madre en las afueras de Cochabamba era un cuchitril. Hablaban quechua, una lengua indígena que Nada no entendía. Morales y Nada se mudaron a Cochabamba, a un destartalado edificio de ladrillo y dos plantas que pertenecía a su hermano Fidel, en un camino de tierra. En la planta baja vivía una mujer llamada Cristina, que había alquilado la vivienda para ella y sus dos hijas.

En dos ocasiones Morales llamó brevemente a los padres de Nada. En una de las conversaciones, Nada pudo decirle a su madre, que escuchaba presa del pánico, que había perdido su pasaporte. En la otra, les hizo una petición urgente: ¿podría decirle a su profesora que tenía varicela? De esa manera, la escuela no le daría de baja.

Una noche soñó que Morales estaba encima de ella. Cuando despertó, encontró las manos de él sobre sus muslos. Gritó y corrió hacia la ventana, con la esperanza de que alguien escuchara sus gritos de auxilio. Aunque era alta para su edad, más o menos de la misma estatura que Morales, él era más fuerte y la pudo arrastrar hacia atrás. “La peor noche de mi vida”, dijo. En las semanas siguientes, Nada saltaba a la comba con las hijas de Cristina de día, y les pedía prestada su Barbie. Por la noche, seguían los abusos.

Morales nunca la perdía de vista ni se alejaba de Nada. Así fue como ella escuchó, una o dos semanas después, que un policía boliviano llamaba por teléfono a Morales para exigirle que se entregara a las autoridades y la devolviera a ella. Nada no lo sabía, pero sus padres habían denunciado su desaparición desencadenando una persecución policial en dos continentes. Aquella llamada empeoró su vida. Morales sacó la tarjeta SIM del teléfono y rompió el aparato. Incluso una niña de nueve años podía comprender qué estaba pasando. Morales era un fugitivo de la justicia y Nada era su prisionera.

A la mañana siguiente, Morales ordenó a Nada que cogiera algunas de sus cosas y, poco después, subió con ella a un autobús de larga distancia. Se comportaba como si fueran Bonnie y Clyde, dos fugitivos que disfrutaban huyendo juntos. También le dijo que a partir de ahora se llamaría Evelyn y se haría pasar por su sobrina. La obligó a cubrirse la cabeza con un pañuelo y a llevar vestidos largos.

Nada me cuenta estas historias como si las viera desde la distancia, como una espectadora desconcertada. “Uso la parte lógica de mi mente para reprimir el lado emocional”, dijo. “Puedo contar todo esto con tanta frialdad porque no lo siento”. Durante nuestras conversaciones, su tono solo cambió una vez, cuando describió cómo se había dado cuenta de repente, el día en que Morales le cambió de nombre, de que no tenía ningún poder, de que ya no era ella misma. Derramó algunas lágrimas. Pero rápidamente se recompuso y se disculpó.

Tras más de seis horas de carretera hacia el noreste, el autobús dejó a Nada y Morales cerca de un pueblo llamado Entre Ríos. Desde allí, hicieron autostop hasta un asentamiento rural conocido como Villa Unión. Morales utilizó su habilidad para ganarse la confianza de los desconocidos entablando conversación con ellos. En dos días, convenció a un granjero, Santos Rodríguez, para que los contratara y se mudaron a su casa, con su esposa y sus dos hijas.

A la mañana siguiente, le dieron un machete a Nada. En vez de en su colegio en L'Hospitalet, estaba trabajando de sol a sol, limpiando campos, desbrozando cultivos de piña, y talando el bosque que invadía la tierra. Lavaba la ropa en un arroyo. Cuando Morales pensaba que no trabajaba lo suficiente, la golpeaba con un cinturón.

Morales le dijo a Nada que estaban ganando dinero para pagar el pasaporte. Ella siempre se había aplicado en los estudios y ahora hacía lo mismo con el trabajo en el campo. “Pensaba que era mi única salida”, me dijo. Aprendió a pescar en el arroyo, a hacer fuego frotando palos, y a lidiar con las serpientes. Si eran pequeñas, había que pisarles la cabeza, agarrarles la cola y lanzarlas lejos. Si eran grandes, llamaba a Morales o a los otros trabajadores de la finca, que las cortaban con machetes. Además de la fuerza y de la experiencia, los hombres tenían una ventaja adicional: botas. A Nada, Morales solo le había comprado unas sandalias de goma.

Los sábados, Morales la llevaba a un lugar de culto que pertenecía a una polémica religión mesiánica andina llamada Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (Aeminpu). Fundada por un antiguo zapatero peruano, esta creencia radicalmente conservadora toma prestado de varias religiones, tiene una fijación con los Diez Mandamientos, y ve señales del apocalipsis por todos lados.

Un sábado, Morales se arregló con cuidado. Nada recuerda haber visto una ceremonia en la que Morales estaba de pie en el escenario mientras un hombre con una túnica blanca quemaba incienso. Se recitaban palabras en quechua y los hombres lo abrazaban. Morales parecía feliz. Nada le preguntó qué había pasado. “Ahora eres mi esposa”, le dijo.

Se volvió mezquino, celoso y más violento. Por la noche, la violaba. Una tarde, mientras ella se lavaba en el río, le puso la cabeza bajo el agua y la mantuvo allí. Lo repitió tres veces. Otro día, ella se atrevió a cuestionar su fe en Dios y él, enfurecido, le golpeó en el pie derecho con el machete, abriéndole un agujero hasta la planta. Le echaron gasolina sobre la herida. Todavía tiene la cicatriz.

Por las tardes, Morales la obligaba a repetir en voz alta los Diez Mandamientos. Por las mañanas, tenía que contarle sus sueños, para que él los interpretase. En su tiempo libre, Nada dibujaba pájaros, plantas y flores en su cuaderno. Los etiquetaba en tres idiomas: español, catalán e inglés. Era como un trabajo escolar, y eso la hacía sentir mejor. Se aferraba a su optimismo. Todo esto terminaría algún día y ella podría volver a su familia y a su colegio.

A finales de diciembre de 2013, después de cuatro meses de calvario, Nada y Morales regresaron a Cochabamba a la casa de Fidel. Mientras Nada escuchaba a los vecinos celebrar borrachos el Año Nuevo y los calendarios pasaban a 2014, el teniente de la Guardia Civil José Miguel Hidalgo esperaba ansioso un permiso para volar de España a Bolivia. A sus 45 años, Hidalgo era el detective jefe de la brigada de homicidios, extorsiones y secuestros de la Unidad Central Operativa (UCO), con sede en Madrid.

El caso de Nada llegó al escritorio de Hidalgo después de que sus padres acudieran a los Mossos d’Esquadra en la madrugada del 5 de septiembre, intentando explicar entre lágrimas lo sucedido. Como era una investigación internacional, se tenía que hacer en colaboración con una fuerza policial nacional como la Guardia Civil. Las fuerzas del orden catalanas localizaron a Fidel, hermano de Morales y propietario de la casa en Cochabamba, que ahora también vivía en la zona de Barcelona. Se ordenaron escuchas en los teléfonos de los padres de Nada y en los de su hermano.

Los padres de Nada dijeron que habían confiado en Morales. Creían que él quería adornarla con joyas para introducirlas de contrabando en España, pero parecían confundidos. Incluso hoy, Nada no está segura de si Morales los engañó, o si ellos la vendieron efectivamente. 

Tal vez las dos cosas sean posibles. Eran inmigrantes sin papeles que vivían en los márgenes de la sociedad española. Su madre limpiaba casas. Su padre bebía, se enfurecía y maltrataba a su esposa. Tenía trabajos ocasionales que le pagaban en efectivo. Ocupaban ilegalmente un piso embargado, sin agua corriente, y enganchados a la red para la electricidad. El agua la recogían de un grifo público en el cementerio al otro lado de la calle. Nada solía ir hasta allí con su madre empujando un carrito de la compra para llenar botellas de plástico.

“Fue como en las películas”

A medida que investigaba el caso, Hidalgo se preocupaba cada vez más por Nada. Descubrió que Morales había huido a España en 2005 con documentos falsos para evitar un juicio en Bolivia por la violación a dos hermanastras, de 11 y 14 años. Para empeorar las cosas, Hidalgo y un colega tuvieron que esperar cuatro meses al permiso para viajar, debido a la lentitud de la burocracia y a las tensas relaciones entre el gobierno de derecha de Mariano Rajoy y el gobierno de izquierda de Evo Morales.

El 28 de enero, Hidalgo y un colega finalmente llegaron a Bolivia. Dos días después, la policía allanó la casa de Fidel en Cochabamba. Los recibió Cristina, la vecina, quien les dijo que Morales y Nada se habían ido un día antes. “Fue como en las películas”, me dijo Hidalgo durante un encuentro reciente en la sede madrileña de la Guardia Civil. “Te acercas tanto y, de repente, desaparecen”.

En Cochabamba, Nada había visto a Morales comprar más herramientas agrícolas y se dio cuenta de que estaban a punto de mudarse de nuevo. A ella le compró una guitarra y un libro de música para que aprendiera canciones religiosas de Aeminpu. Ella le tenía miedo a Morales, así que se puso a estudiar con diligencia. En una semana, ya sabía rasguear y cantar, pero Nada odiaba esa guitarra. Cuando se marcharon, en la mañana del 29 de enero de 2014, él la obligó a que llevara la guitarra. Las cosas más valiosas, como unos pendientes que le había regalado su madre, quedaron atrás.

Mientras Hidalgo se dirigía a la casa de Fidel en Cochabamba, Morales y Nada comenzaban un viaje hacia lo profundo de la selva tropical en autobús, taxi y a pie. En el interior del bosque, los árboles eran tan altos y densos que estaba oscuro hasta de día. Había serpientes, monos, hormigas gigantes y jaguares al acecho. Les llevó casi una hora vadear un río con el agua a la altura del pecho. Hasta que por fin encontraron a un hombre alto vestido de negro y con botas. Nada notó que Morales se mostraba deferente con él y la trataba bien en su presencia.

El hombre los llevó a su destino final, un pueblo dedicado al cultivo de coca en lo alto del verde y escarpado Parque Nacional Carrasco. Nada se sorprendió al encontrarse en lo que consideraba una prisión deslumbrantemente hermosa, con la tierra elevándose hacia los Andes y las nubes aferrándose al espeso bosque. Casas de madera salpicadas por un prado verde al que atravesaba un arroyo cristalino. Caballos pastando y árboles cargados de fruta. De no ser por los hombres armados y las verdes plantas de coca que se extendían en hileras largas y ordenadas, el pueblo también parecía lejano en el tiempo. “Como algo del siglo XII”, dijo Nada.

Nada se puso a trabajar a tiempo completo en las plantaciones, recogiendo hojas de coca a cambio de un jornal diario. A ella le tocaba recibir el sueldo de manos de los agricultores para los que trabajaban. En secreto guardaba pequeñas sumas con la idea de comprarse un billete de regreso a casa. Aunque de vez en cuando se veían aviones y helicópteros sobrevolando el lugar, por lo general eran para transportar la cocaína. La policía tenía miedo de ir a esa zona y rara vez lo hacía. No había escapatoria.

El 13 de febrero de 2014, Hidalgo y su colega regresaron a España frustrados. Por solo 24 horas habían perdido a Nada y ahora volvía a estar desaparecida. “La triste realidad es que ya llevaba seis meses en manos de un maltratador”, recordó el agente. En las semanas siguientes sus colegas bolivianos siguieron algunas pistas que no llevaron a buen fin. En el barrio de La Florida, mientras tanto, pocas personas estaban al tanto de su secuestro. La historia no había salido en los medios.

Tres semanas más tarde, el 2 de marzo, Morales llamó por teléfono a Cristina. La policía había pinchado el teléfono y pudo escuchar. La mayor parte de la conversación era en quechua. Hasta que de repente se escuchó a una niña que hablaba en español. Era Nada, preguntándole a Cristina por el maíz que había plantado en su jardín. Pareció molesta cuando Cristina le dijo que ya se lo habían comido.

Al menos, la llamada sirvió para demostrar que Nada seguía viva. Gracias al teléfono de Cristina supieron que Morales había usado un teléfono público alimentado por energía solar desde lo más profundo de la región de Yungas de Totora, con la carretera más cercana a 18 horas de caminata. El 4 de marzo salió hacia allí una división de policía boliviana. Se habían preparado para acampar de noche y cruzar tres grandes ríos, pero el puente de madera sobre el último de ellos había sido arrastrado por la corriente. A la mañana siguiente regresaron con dificultad a su destacamento. Ese día Nada cumplió los 10 años.

El 7 de marzo Hidalgo regresó a Cochabamba. Sus colegas bolivianos le explicaron que la única forma de llegar hasta Nada era en helicóptero y que los narcos locales disparaban contra cualquier aeronave que sobrevolara sus campos. Tendrían que llegar a un acuerdo. En un restaurante de Cochabamba, Hidalgo se sentó a almorzar con Ángel León, un líder local con ascendencia sobre los cultivadores de coca (algunos de ellos la cultivan legalmente, aunque haya otros que la producen para el tráfico de cocaína). “Se lo tomó como una cuestión de honor”, dijo Hidalgo, que también compró 500 kilos de azúcar a los campesinos como parte del trato. León accedió: daría a sus hombres la orden de capturar a Morales y resguardar a Nada. La policía podría entonces llegar en helicóptero, subirlos a bordo y marcharse inmediatamente.

Esa noche, Nada y Morales estaban en su cabaña cuando oyeron a unos hombres vadeando el río. Con aspecto amenazador, un grupo de agricultores armados con rifles apareció en la penumbra de su puerta. Aterrorizada, Nada se escondió en un rincón. Morales parecía aún más asustado que ella.

Los hombres ataron las manos de Morales, lo encerraron en una caja de madera, y le dijeron a Nada que fuera con ellos. Ella cogió su cámara, su cuaderno y su dinero. Acunando su arma mientras la vigilaba, un agricultor la llevó a su cabaña con su familia. Nada seguía aterrorizada.

A la mañana siguiente, una unidad del ejército boliviano proporcionó dos helicópteros para que Hidalgo y una patrulla policial boliviana rescatara a Nada. Despegaron a las 11 de la mañana, volando por encima del espeso bosque. Veinticinco minutos más tarde, Hidalgo divisó un claro con casas. Un policía boliviano señaló a una niña de pie en el campo con un pañuelo azul brillante en la cabeza. Para que la operación funcionara, Hidalgo sabía que tenían que ser rápidos. “Entrar y salir, sin apagar los motores”, le habían dicho los pilotos de la base aérea de Chimore.

En tierra, Nada no entendía lo que estaba pasando. El pueblo estaba en estado de tensión, los hombres en las puertas de sus cabañas. El ruido del primer helicóptero se hizo cada vez más fuerte, hasta que aterrizó en el campo y una policía con uniforme azul corrió hacia ella. “¿Eres Nada?”. Habían pasado meses desde la última vez que la llamaron así. Apenas tuvo tiempo de responder cuando otro helicóptero aterrizó. De allí saltó un hombre alto que le hizo la misma pregunta. Era Hidalgo.

Hidalgo se dio cuenta de que la voz de Nada tenía un marcado acento boliviano y que su piel estaba llena de picaduras de mosquitos. Ella empezó a llorar. Unos minutos más tarde despegaron. Nada miraba hacia abajo, hipnotizada por la exuberante selva tropical vista desde arriba.

Los siguientes diez días en Cochabamba, a donde la trasladaron en avión, fueron un torbellino: le dieron ropa nueva y una cama dentro de un hogar infantil estatal; la llevaron de visita a lugares de interés; le hicieron revisiones médicas; y fue entrevistada por la policía y los fiscales.

En el hogar compartía dormitorio con un grupo de chicas adolescentes que todos los días le cepillaban y peinaban su largo cabello oscuro. No se hizo ningún intento por ponerla en contacto con sus padres, investigados por la fiscalía por supuestamente poner en peligro la vida de su hija a cambio de una parte de las joyas de Morales.

Tras consultar a su esposa, Hidalgo le compró una colorida mochila Monster High. Ella estaba encantada. Le impresionó la resistencia y la inteligencia de la niña. Una de sus principales preocupaciones era si tendría que repetir el curso. “Era muy inteligente, despierta y captaba las cosas muy rápido”, me dijo. También le traducía palabras básicas en quechua. Para ella, Hidalgo parecía el tipo de padre que solo había visto en las películas: protector y cariñoso. Durante el vuelo de regreso a España, Hidalgo se dio cuenta de que ella se había guardado en el bolsillo el panecillo que él no se había comido. Seguía en modo supervivencia.

El 17 de marzo de 2014, siete meses después de abandonar España, Nada Itrab, de 10 años, bajó de un avión en el aeropuerto de Barcelona arrastrando su mochila nueva y agarrada de la mano de Hidalgo. Durante unos breves minutos, le permitieron ver a sus padres, pero no a solas. “Nunca había visto llorar a mi padre”, me contó. Luego se los llevaron. Nada estaba ahora bajo la tutela de la Generalitat, que había decidido separarla de sus padres. Ni volvería a casa ni vería a sus amigos del colegio, porque la iban a internar en instituciones lejos de L'Hospitalet. Su calvario estaba lejos de terminar.

Se publicaron reportajes sobre su regreso en la tele y los periódicos, donde se habían enterado de la existencia de Nada tras su rescate en la selva. La policía dio una rueda de prensa dando pocos detalles sobre lo sucedido, solo para decir que la niña se encontraba bien. En octubre hubo otra noticia, por los 17 años de prisión con los que condenaron a Morales por tráfico de menores y abuso sexual. Y dos años más tarde hubo otra, por los dos años de prisión (suspendidos) contra sus padres por “abandonar” a su hija. Pero eso fue todo. La historia parecía haber terminado. 

¿Qué le habría pasado a Nada?

A finales de 2022, la veterana periodista catalana Neus Sala hizo una de sus habituales visitas a la sede de la Guardia Civil en Madrid. Allí habló con Hidalgo, al que conocía desde hacía más de treinta años. Hidalgo es ahora comandante de la Guardia Civil y ayuda a dirigir a los 700 agentes de la UCO desde una amplia oficina en Madrid (cuando lo visité el año pasado, había una foto de Nada en la estantería). Tras estar al frente en varios de los casos más famosos de asesinatos y secuestros, Hidalgo recordó en aquella conversación con Sala el rescate de Nada. Uno de los momentos más destacados de su carrera, dijo. ¿Qué le habría pasado a Nada, que ahora tendría 18 años? Sala estaba decidida a averiguarlo.

Fue fácil de encontrar. Los portales web de noticias locales habían informado de que una chica con el nombre de Nada Itrab había ganado recientemente un premio de 500 euros al mejor ensayo de último curso de secundaria en L'Hospitalet. Curiosamente, no se decía que era la misma chica secuestrada una década antes. Nada, que ahora estudiaba empresariales en una universidad local, también se anunciaba en Internet como profesora para clases particulares. Sala le escribió diciéndole que conocía bien a Hidalgo y que los dos querían saber cómo estaba. ¿Podrían verse? La reacción instintiva de Nada fue decir “no”. No quería remover su pasado, y menos aún con una periodista. Lo de Bolivia era un secreto lejano y vergonzoso, algo que había borrado deliberadamente de su memoria. Pero la mención de Hidalgo le intrigó. Pasó un mes antes de que aceptara reunirse.

Por casualidad, Sala también había crecido en L'Hospitalet. De hecho, después descubrieron que las dos habían vivido de niñas en el mismo bloque de apartamentos, frente a la estación de metro Can Vidalet. Quedaron en verse en esa misma estación el mediodía del 27 de noviembre de 2022. 

Sala esperaba bajo el sol invernal con Pistón, su pequeño perro negro. Cuando llegó Nada, Sala se quedó impresionada con su elegancia digna y tranquila: llevaba un abrigo azul, estaba impecablemente maquillada y tenía su espesa melena negra trenzada en una coleta que le llegaba por debajo de la cintura. En realidad, Nada estaba muy nerviosa ante la idea de revivir un trauma profundamente enterrado. Pero eran sentimientos que había aprendido a ocultar.

Nada le contó la historia de su vida desde su regreso a España y Sala la escuchó horrorizada. Hasta que cumplió 14 años, las autoridades catalanas la tuvieron internada en dos hogares infantiles a las afueras de Barcelona (en los primeros tiempos, Hidalgo la iba a ver de vez en cuando). Luego la devolvieron con sus padres a la casa ocupada, pese a haber sido hallados culpables por lo de Bolivia. Cuatro años después, Nada seguía viviendo con ellos.

Regresar a La Florida fue una experiencia horrible. Aunque estaba desesperada por alejarse de las monjas que dirigían el último hogar infantil, vivía atemorizada por el temperamento de su padre. Para evitar coincidir con él se acostaba temprano y sin comer, con un cuchillo escondido debajo de la almohada. En el instituto local Rubió i Ors, los profesores la veían al límite, con problemas en casa y tratando de sacar las mejores notas. Sufría graves ataques de ansiedad.

El hambre, la escasez, los abusos, el caos doméstico y la ansiedad la sumieron en una profunda depresión. A los 15 años se escapó de casa durante una semana, durmiendo en azoteas y escaleras de bloques de pisos. A los 16, pensó en suicidarse y estuvo aproximadamente una hora paseándose por la pequeña sala de estar con un cuchillo en la mano. En su mente, imaginó una pequeña luz que le permitió soltar el cuchillo. “Representaba la esperanza para el futuro”, dijo.

Una vez más, su salvación fue el colegio. Alba Solsona, la profesora de geografía e historia que supervisó su ensayo premiado sobre Palestina (un tema que les apasionaba a ambas), me dijo que Nada siempre había destacado por su curiosidad, competitividad y motivación. Era más seria que otros adolescentes y, empeñada como estaba en sacar buenas notas, le costaba hacer amigos. A los profesores les dijeron que procedía de un entorno extremadamente vulnerable, sin más detalles. En casa, leía constantemente. En clase, argumentaba con solidez. “Como profesora, te obligaba a dar lo mejor de ti misma”, dijo Solsona. 

A medida que se iban conociendo mejor, trabajando en el proyecto de investigación, Solsona le sugería de vez en cuando que en la vida había cosas más importantes que sacar buenas notas. Pero Nada tenía claro que esa era su vía de escape de La Florida.

Tras la estación de metro de Can Vidalet, Nada y Sala continuaron la conversación bajo el sol invernal frente a un plato de patatas con alioli en la terraza de Juanito’s, un bar de la zona. Para Nada, aquel encuentro fue revelador. Desde su regreso apenas había hablado de Bolivia. Una experiencia que había llegado a ver más como unas vacaciones que salieron mal que como un secuestro por parte de un pedófilo abusador. La verdad comenzó a tomar forma mientras hablaba con Sala. “Cuéntame mi historia”, le suplicó a Sala.

Sala temía provocar otro trauma. “No soy psicóloga”, me dijo. Pero le relató a Nada un esbozo de lo que había sido su secuestro, esclavización y rescate posterior. Sala, que había dedicado su carrera a informar sobre historias desgarradoras de todo el mundo, quedó impresionada por la compostura y resistencia de la mujer frente a ella. “Una superviviente”, me dijo Sala, indignada al saber que el gobierno catalán nunca había formalizado la residencia de Nada. Como inmigrante marroquí sin papeles, no tenía permiso de trabajo y tampoco podía solicitar becas para estudiar. Pero Nada llevaba en España desde los cuatro años y, como víctima de trata, reunía automáticamente los requisitos para obtener la residencia permanente.

Explicar toda la historia

Nada no supo bien cómo responder cuando Sala se ofreció a ayudarla, empezando por asegurarse de que le concedían el permiso de residencia. Un mes después de su primer encuentro, a finales de diciembre de 2022, acudió a la casa de la periodista en Barcelona con una petición sorprendente. Nada le habló a Sala de heroínas cuyas vidas había estudiado y cuyos libros había leído. Jóvenes como Malala Yousafzai, la paquistaní a la que en 2012 un islamista radical disparó en la cabeza por su activismo en defensa de la educación femenina. O la yazidí Nadia Murad, esclavizada en Irak por el ISIS a sus 21 años. Eran mujeres que habían utilizado su sufrimiento para hacer activismo y Nada quería hacer lo mismo. “Quiero que mi historia dé visibilidad a los niños maltratados y esclavizados”, le dijo.

Durante los meses siguientes, tramaron juntas un plan. Nada aprendería a contar su historia en público y las dos trabajarían en un libro y en un documental. Con ayuda de Sala, a Nada le concedieron el permiso de residencia. También cambió de carrera universitaria para estudiar Derecho y Relaciones Internacionales, una formación necesaria para dedicar su vida a la defensa de los derechos humanos. 

Pero incluso mientras seguía avanzando, unas pesadillas terribles la atormentaban: hombres violentos que la perseguían por bosques o paisajes urbanos amenazantes. Sala le buscó un psicólogo y la llevó a un centro de terapia con animales dirigido por un amigo, donde Nada pasaba tiempo con caballos. Un día, el propietario del centro le pidió a Nada que hablara con un grupo de ejecutivos que habían llegado para un curso. Por primera vez, contó su historia a unos desconocidos. Se quedó perpleja al verlos llorar.

Sala dejó de pensar en Nada como la protagonista de una historia que cubriría como periodista. Como me dijo, había empezado a pensar en ella como en “una segunda hija”. La relación también satisfacía una necesidad emocional de Sala, que ahora tiene 56 años y lleva tres décadas informando sobre víctimas de catástrofes y delitos. Un proyecto que lo consume todo, emocionalmente agotador y, hasta ahora, económicamente difícil. “He contado muchas historias de dificultades y he visto morir a chicas jóvenes”, me dijo Sala. “Si puedo ayudar a salir adelante a una sola de ellas, el esfuerzo habrá valido la pena”.

A pesar de todo, Nada seguía viviendo con su familia en La Florida. Continuaban los aterradores ataques de ira de su padre y los desalojos de los apartamentos que ocupaban ilegalmente, pero Nada quería apoyar a su madre y estar presente para sus dos hermanos menores. Sala estaba convencida de que su familia era, de hecho, el mayor peligro para el futuro de Nada.

Había otro motivo para no abandonar el hogar. Nada había descubierto la religión en el colegio. A los 16 años, había visto vídeos en TikTok de personas recitando el Corán, y eso había calmado sus miedos. Aunque sus padres no eran religiosos, ella comenzó a leer el Corán y los dichos y hechos de Mahoma. Encontró lecciones sobre el perdón, la paz, y el amor. El truco, dijo, era “responder al mal con bondad”. En su mente, eso significaba perdonar a sus padres e incluso a Morales. Curiosamente, su encuentro con él no la había alejado de la religión. “Mi primer contacto con Dios fue cuando le pregunté cómo alguien como él podía afirmar que creía en Dios, y ese fue el día en que me apuñaló en el pie”, dijo.

A principios de 2024 supo de una organización refugio para mujeres que ofrecía un pequeño estudio en una ciudad de las afueras de Barcelona. Pero a Nada le preocupaba que eso fuera en contra de sus deberes islámicos con su familia. Un día de ese verano, después de visitar un museo de arte contemporáneo en Barcelona, entró a la basílica de Santa María del Mar. Cerca del altar del imponente edificio gótico del siglo XIV, había un sacerdote católico de pie invitando a la gente a confesarse. Nada decidió pedirle ayuda. ¿Tal vez él podría aconsejarla?

En el confesionario, una vez más, descubrió el poder de su historia. Mientras hablaba, el sacerdote lloraba con grandes sollozos. “Nunca había visto a nadie llorar así”, dijo ella. “Estaba sufriendo de verdad”. Cuando el sacerdote se recuperó, aconsejó a Nada que se marchara. “Tienes que escapar y empezar una vida nueva”. En noviembre de 2024, cuando la policía se presentó en la casa ocupada donde vivía con su familia para desalojarlos, Nada aceptó por fin la oferta del estudio. Al mudarse se sintió libre y feliz. Por primera vez experimentaba la paz doméstica, y solo ella tenía la llave.

No todo avanzaba igual de bien. El plan urdido con Sala parecía estar estancándose. Nadie quería su documental, o al menos no con la seriedad de enfoque que ellas querían darle. Las editoriales se encogían de hombros ante su propuesta de libro. “Si hubiera sido blanca y no marroquí, las cosas habrían sido diferentes”, dijo Sala. Para ese momento, Nada ya había invertido mucho en el proyecto. Con el apoyo de Sala, se había pasado a Derecho y Relaciones Internacionales, una carrera que encajaba con sus nuevos objetivos y era más satisfactoria, pero también más arriesgada en términos de empleo. ¿Y si el plan no funcionaba? Sin una red de seguridad familiar, un fracaso podía significar terminar en una casa ocupada en La Florida.

Como los antiguos contactos de Sala en los medios no parecían interesados, Nada acudió directamente a Uri Sabat, uno de los youtubers más populares de España. Sala se enfadó mucho cuando se enteró: Nada había estropeado la posibilidad de ofrecer su historia personal en exclusiva, y eso podía perjudicar el plan de un documental, o de un contrato editorial, que le permitiera terminar sus estudios y ser independiente. No se hablaron durante un mes.

Una vez que limaron sus diferencias, Sala llevó a Nada a programas matutinos de mucha audiencia en la televisión. A principios de septiembre de 2025, en su primera aparición, Nada contó su historia en Antena 3. Explicó que había perdonado a Morales (que para entonces ya había fallecido en prisión). “Cuando perdonas, no lo haces porque la otra persona lo merezca”, explicó. “Lo hago porque mi corazón merece vivir libre de rencor”. El público del estudio aplaudió con entusiasmo.

Un caso “especial”

Como estaban en Madrid, Sala llevó a Nada a ver a Hidalgo en la UCO. Todos en la oficina parecían encantados con su visita. Nada descubrió que su caso era legendario. En una vitrina había expuestos varios de los objetos que se habían recuperado con ella, como un Corán de bolsillo y un cuaderno que llevaba Morales. “Desde el principio fue un caso especial”, me dijo Hidalgo. “Cualquier otra niña habría muerto, pero ella es un camaleón, capaz de adaptarse a cualquier cosa”. Volver a verla fue muy emocionante para Hidalgo. “Era la misma Nada, tan rápida y brillante”, dijo. Con un nudo en la garganta, Nada se aguantaba el llanto. “Pude ver lo mucho que mi vida había significado para ellos”, dijo. Hidalgo la invitó a regresar y le pidió ayuda para formar a los agentes que se ocupan de víctimas de trata.

El 14 de septiembre de 2025, el periódico La Vanguardia publicó una noticia sobre su reencuentro y contó la doble tragedia de Nada. Primero el secuestro; luego, el abandono de las autoridades catalanas. Aquel artículo reavivó el proyecto. De repente, los editores y los productores de televisión querían hablar con ellas.

Unos días más tarde comenzaron mis viajes frecuentes a Barcelona, desde mi casa en Madrid, para reunirme con Nada. Sentía curiosidad por conocer su historia, sus ambiciones y su relación con Sala. Hablábamos durante horas, sentados frente a la pequeña mesa del comedor de la casa de Sala, una vivienda de dos plantas en un callejón privado cerca de los extravagantes diseños de Gaudí en el Parque Güell. Las conversaciones solían ser a tres bandas, con Sala presente. Nada se sentía allí como en casa, metiéndose por su cuenta en la cocina para prepararse un chocolate caliente. 

El vínculo entre las dos se había fortalecido con los altibajos del proyecto, también con los desacuerdos. Sala era franca y cariñosa, se preocupaba por la alimentación de Nada o la reprendía por vestirse demasiado elegante para sus apariciones en televisión. “¡No puedes aparecer con ese aspecto de Angelina Jolie!”. Nada se encogía de hombros. Siempre llegaba con una ropa y maquillaje impecables. Su tranquila y sincera elocuencia ocultaba una energía inquieta. Para empezar, jugaba con cualquier cosa que hubiera sobre la mesa, incluida mi grabadora.

Nuestras conversaciones se convirtieron en algo parecido a una caja que se va abriendo lentamente. Nada estaba excavando en su propio pasado, leyendo documentos policiales y judiciales que le dieran más detalles sobre lo que le había ocurrido, preparándose para demandar por negligencia al gobierno catalán por 300.000 euros (desde su trabajo como becaria en un bufete de Barcelona), y ayudándose de psicólogos para desenterrar sus recuerdos. Nada estaba llenando vacíos enormes de su vida a la vez que trataba de comprenderlos. Le costaba especialmente comprender a sus padres, de quienes no quería hablar.

En cierto modo, las cosas iban demasiado rápido. Durante ese tiempo, el canal estadounidense en español Univision emitió un reportaje sobre ella y Nada volvió a aparecer en otros programas de televisión, donde su presencia refinada y su tono moderado contrastaban con el horror de su historia. 

Para entonces, recibía unos tres correos electrónicos a la semana de niñas y mujeres jóvenes de todo el mundo que habían sido maltratadas, algunas por la secta Aeminpu. Nada les respondía, o mantenía videoconferencias con ellas, aunque poco más podía hacer que escucharlas y expresar su simpatía. También estudiaba para obtener su título de Derecho, escribía su libro con Sala, hacía prácticas en el bufete de abogados y preparaba su demanda contra el gobierno catalán. Hasta que en diciembre, agotada, empezó a perder mechones de pelo. Aunque ella había decidido aguantar, su cuerpo la estaba traicionando.

En una soleada mañana de invierno, Nada, Sala, el perro Pistón y yo nos subimos a la furgoneta gris Toyota Proace de Sala para ir a La Florida y pasear por el cementerio donde Nada llenaba las botellas de agua. Era la primera vez que Nada venía con Sala, cuyo padre está enterrado allí. Cuando se encontraban las dos, Nada siempre pedía mantenerse alejadas del barrio de sus padres. Estaban enfadados con ella por sus apariciones en televisión y a Nada le preocupaba encontrarse con su padre. La actitud se suavizó después de enero, cuando utilizó el anticipo del libro para comprarle muebles a la familia. “Ahora se dan cuenta de que inevitablemente contaré mi historia y han cambiado”, dijo.

Visitamos la manzana deteriorada donde Morales había sido su vecino y pasamos por delante del apartamento con ventanas rotas en el que vive su familia ahora. Mientras caminábamos, Nada declaró que La Florida también sería una de sus causas. “Estoy orgullosa de este lugar”, dijo. Recordaba la delincuencia, las drogas y las peleas. Recordaba el año en que unos jóvenes incendiaron el árbol de Navidad de la plaza principal. Pero también recordaba que era un lugar de vecinos, lleno de vida.

Mientras nos alejábamos de La Florida, Nada me dijo que su sueño era hablar ante la ONU sobre la necesidad de luchar contra el tráfico de niños. Esta determinación tiene un coste. La última vez que nos vimos, a finales de enero, estaba pasando por una terapia agotadora y muy intensa para superar su disociación con lo sucedido. Parte del dolor que llevaba más de una década reprimiendo estaba empezando a aflorar. Era como quitarse una máscara, dijo, y daba mucho miedo. “Me considero fuerte”, me dijo. “Así que, si yo estoy sufriendo, imagínate cómo debe ser para alguien que no tiene las cosas que yo tengo ahora”.

La forma en que Nada afronta la situación es volcándose aún más en la lucha. En un mensaje reciente de WhatsApp, me dijo que había preparado una carta para la conocida abogada por los derechos humanos Amal Clooney, que ha representado a la Nobel de la Paz Nadia Murad (Malala Yousafzai, otra heroína de Nada, también es Nobel de la Paz). “Quiero pedirle consejo”, me dijo Nada. Iba a enviarla una vez que se publicara este artículo. Conociéndola, estoy seguro de que un día después ya estaría en camino.

Traducido por Francisco de Zárate.

La crisis de la vivienda ha causado una sangría en los barrios más pobres de las grandes ciudades. Miles de personas pagan alquileres por encima de sus posibilidades, viven bajo amenaza de desahucio, comparten habitaciones o incluso ocupan pisos vacíos por falta de ingresos. Morad, residente junto a su pareja en La Florida, el distrito más humilde de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), era hasta hace un año uno de ellos. 

“Hace seis meses que me cambió todo”, reconoce Morad mientras apura un zumo de naranja antes de ir a trabajar en un almacén. El piso en el que vive con su pareja, y en el que espera ver crecer a su hijo recién nacido, era hasta hace poco del fondo buitre Divarian, que estuvo a punto de desalojarles. Ahora es propiedad de una cooperativa del barrio, de la que él mismo es socio. Se llama Les Juntes y acaba de ser premiada por la organización internacional World Habitat como ejemplo de lucha por el derecho a la vivienda a través de la acción comunitaria.

Las cooperativas de vivienda han proliferado en los últimos años en España, sobre todo en Catalunya, y permiten a sus socios construir o rehabilitar edificios para residir en ellos fuera del mercado libre. Pero Les Juntes es algo diferente. En el corazón de la Florida, con elevados índices de pobreza e inmigración, las posibilidades económicas de sus vecinos son otras. “Decidimos rescatar pisos que ya están construidos y habitados, en distintos inmuebles, y que son de fondos buitre o bancos, que hay muchos”, señala Francisco Rubio, uno de sus socios e impulsores.

Desde su fundación en 2023, Les Juntes ha adquirido ya ocho viviendas en los bloques de la Florida. Todas ellas de grandes propietarios: el más repetido es Divarian, la filial inmobiliaria del fondo de inversión Cerberus, pero también están Solvia, Idea VIP… En la mayoría de casos, la compra sirve para proteger a quien reside en la vivienda, familias en situación de vulnerabilidad que son socias de la cooperativa. “Muchos tenían amenaza de desahucio”, explica Júlia Porta, otra de las socias de la entidad. 

Francisco y Júlia, que es a su vez la joven presidenta de la Asociación de Vecinos de La Florida, relatan los inicios de Les Juntes durante una entrevista en el local de Pomezia, espacio comunitario y sede oficial de la cooperativa. Nació de los distintos proyectos sociales y comunitarios que existen en el barrio, como La Florida s’Aveïna o las cooperativas Keras Buti (de consumo de proximidad) o La Fundició.

“Este trabajo de apoyo mutuo entre vecinas nos llevó a constatar que el principal problema de la mayoría era tener unas condiciones dignas de vivienda, y que eso había que conseguirlo con la movilización, pero también con la construcción de alternativas”, señala Rubio. 

Invitaron a cooperativas de vivienda para copiar su ejemplo, pero no encajaban en La Florida. “Requieren una inversión inicial que la mayoría de vecinos no puede asumir”, constatan. Pero después de años de parar desahucios a las puertas de los pisos, dieron con la idea para su proyecto, que ahora describen como “cooperativa de vivienda dispersa”.

La primera compra que consiguieron fue de una vivienda habitada por Hanane, una mujer marroquí que vino sola a España con su hijo autista. “Creo que antes vivió cinco intentos de desahucio”, explica Porta. “En su caso recuerdo que llegamos a un acuerdo con la propiedad, que era también Divarian, pero ejecutaron igualmente el desahucio y vino la comitiva judicial. Lo paramos y poco después hicimos la compra del piso”, recuerda. 

El precio medio al que han comprado es de entre 50.000 y 60.000 euros. “Es inferior al precio de mercado, pero porque hay personas viviendo dentro, lo que los fondos llaman tener bicho, que pasan a ser socias”, explican los promotores. A ello hay que añadir una reforma mínima para dignificar los pisos, debido a la degradación que padecen. El importe de esas obras suele ser de media de 7.500 euros. Cabe recordar que los 800 pisos de los Bloques la Florida son de unos 40 m2 y 2,2m de altura, en su mayoría sin aislamiento y con instalaciones eléctricas precarias. 

Actualmente, en las ocho viviendas que ya son propiedad de la cooperativa habitan unas 30 personas, de las que diez son menores de edad. Todas las unidades familiares deben ser socias de Les Juntes y, de hecho, según relatan, la mayoría participaban ya en los espacios comunitarios del barrio. Tienen derecho de uso de la vivienda durante un período de 50 años, con una cuota de 450 euros al mes. Esta y otras particularidades las pueden decidir los cooperativistas en asamblea. 

“La idea es conseguir que las familias en situación vulnerable tengan una solución habitacional estable, que es lo que pide todo el mundo y lo que te permite construir un proyecto de vida”, señala Rubio. Además de los que ya tienen piso, cuentan con unos 50 socios que han aportado el capital inicial de 300 euros a la espera de poder acceder también a una vivienda en La Florida mediante este modelo. 

Levantada entre vecinos y activistas del barrio, Les Juntes también ha tenido que asociarse con entidades que conocen este mundo, especialmente la parte económica. De ahí que entre sus impulsores esté también La Dinamo (fundación que promueve la vivienda cooperativa) y LaCol (una conocida cooperativa de arquitectos de Barcelona). 

Con todo, según sus cuentas de 2024, el 47% de sus ingresos fueron préstamos de Coop57. El 34% procedió de subvenciones. El 8%, de las aportaciones de los socios, y el resto de donaciones privadas. 

De cara al futuro, aspiran a contar con la participación de las administraciones públicas, que puedan entrar en la estructura de la cooperativa como en las Community Land Trust británicas. “Se podría escalar mucho el número de viviendas cooperativizadas con la participación del Ayuntamiento”, señalan. Y no solo eso, también conseguir viviendas más espaciosas y dignas para que residan en ellas las familias socias. 

Otro reto es esquivar lo que llaman el “asistencialismo”. Es decir, no ser vistos en el barrio como la bolsa de vivienda de emergencia a la que simplemente apuntarse para solucionar problemas particulares. “Es esa lógica de que yo voy a la oficina a que me arreglen un problema. No, aquí debemos pensar entre todas qué estrategias podemos usar para afrontar los problemas conjuntos”, añaden.

Sea como sea, estos días toca celebrar el premio World Habitat. De 400 proyectos de todo el mundo, les seleccionaron junto con unos 25 y les han otorgado el galardón de bronce. El CEO de la organización internacional, David Ireland, los describió así: “Son un ejemplo de cómo la vivienda cooperativa puede desempeñar un papel clave en las políticas de vivienda asequible, especialmente para las personas excluidas de los sistemas convencionales. Ofrece un modelo que las autoridades locales de toda Europa podrían adaptar para abordar la inseguridad habitacional”.

Los Bomberos han desalojado a unas 500 personas en L'Hospitalet después de que esta mañana se produjera una explosión en un bar debido a una fuga de gas. Si bien la deflagración ha sido “de poca magnitud”, los bomberos avisan de que la situación es “muy peligrosa” porque el escape se ha mantenido activo durante más de seis horas.

No ha sido hasta pocos minutos antes de las 18h que los Bomberos han sido capaces de identificar el punto de origen de la fuga y pararla. Hasta ese momento, se han dado grandes acumulaciones de gas en la zona subterránea afectada. Por eso, aunque ya no haya escape, los agentes han mantenido la excepcionalidad y siguen alertando del riesgo latente.

El jefe de guardia del cuerpo, Enric Pous, ha asegurado que se trata de un escenario extraordinario “porque hay mucho gas acumulado en la zona de las alcantarillas y sótanos”.

Pous ha matizado que en casos de escapes de gas, se suele optar por el confinamiento, pero en esta ocasión se ha preferido desalojar para evitar víctimas en caso de que se produzca una segunda explosión, que podría ser mucho mayor que la primera. Igualmente, también se ha cortado el suministro de luz para reducir el riesgo de deflagraciones. Con todo, son 11 edificios los que han sido desalojados, además de una escuela.

Según Pons, esto es importante para “tener controlado el riesgo de ignición”. A estas alturas y después de las medidas tomadas, desde los Bomberos quieren tranquilizar a los vecinos y aseguran de que es “poco probable” que haya una explosión.

Los agentes todavía están investigando cómo llegó el gas al interior del bar, pero lo que tienen claro por el momento es que la fuga se ha originado a raíz de unas obras en la calle Natzaret y proviene de una tubería situada a dos metros bajo tierra.

Después de horas investigando el área, se ha podido detectar que el escape se ha dado en un punto de confluencia de tres tuberías: de alta, media y baja presión. En un inicio se pensaba que el conducto afectado era de baja presión, pero ha resultado ser de alta. La confusión se ha dado porque la ha perforado una máquina y la broca seguía tapando parcialmente la salida.

A pesar de que ya no hay escape de gas, ahora se abre un proceso que Pons ha definido como “largo”. Eso es así porque el siguiente paso es ir “vivienda por vivienda, sótano por sótano” a verificar que no quede rastro de gas. Con todo, Pous ha avanzado que habrá gente que deberá dormir fuera de sus casas la noche del miércoles.

Por su parte, el alcalde del municipio, David Quirós, ha evitado anticipar qué recursos ofrecerá a esos vecinos, pero sí ha asegurado que se activarán “los servicios necesarios”. Por el momento, sólo se ha habilitado un espacio con comida y bebida en el local de la Asociación de Vecinos Sant Ildefons - Gran Via Sud.

Un grupo de jóvenes de L’Hospitalet de Llobregat persiguió y atacó al ‘youtuber’ xenófobo conocido como JanSinMiedo mientras protagonizaba uno de sus vídeos en directo, según ha adelantado el diario El Caso. Los Mossos d’Esquadra, que se encontraron al streamer en la calle con una herida en la cabeza, han detenido este lunes a tres personas por la agresión, uno de ellos menor de edad.

JanSinMiedo, que suele aparecer en entrevistas con la cara tapada por un pasamontañas, se dedica principalmente a publicar vídeos en los que pasea por barrios de Barcelona y su área metropolitana con población migrante –sobre todo de religión musulmana–, los graba sin permiso y se burla de los transeúntes. Recientemente incluso ganó notoriedad porque en algunos de ellos se dedicaba a rociar con gas pimienta a quienes le respondían.

El joven xenófobo tiene miles de seguidores en sus redes sociales. Solo en su canal de Youtube acumula más de 100.000, además de cosechar miles de visualizaciones en TikTok.

El ‘youtuber’ realizaba uno de estos vídeos en directo este domingo por la tarde cuando fue identificado por un grupo de jóvenes en el barrio de Collblanc de l’Hospitalet de Llobregat. En el mismo directo se observa como JanSinMiedo huye corriendo durante algunos minutos mientras le persiguen, le amenazan y le lanzan objetos.

Los Mossos d’Esquadra recibieron un aviso sobre las 19.00 horas cerca del Parque de la Marquesa, y al cabo de poco localizaron al youtuber con una herida en la cabeza. El joven fue asistido en ese momento por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM), según informa la agencia ACN.

Un grupo de profesores de Secundaria del instituto de uno de los barrios más castigados socialmente de Catalunya ha dicho basta contra la inestabilidad histórica que padecen los educadores e integradores sociales. Desde el corazón de los bloques de La Florida, en L’Hospitalet de Llobregat, la plantilla del centro Eduard Fontserè ha ido este martes a la huelga para exigir que estos profesionales –dos, en su caso– ocupen plazas fijas en el sistema educativo.

La educadora Tània Moriana y la integradora Elena Aracil son las dos técnicas del equipo social cuyo futuro pende de un hilo. Explican que durante tres años se han podido ganar la confianza de los adolescentes, que mayoritariamente pertenecen a familias vulnerables, y han contribuido a reducir lacras como el absentismo escolar o la conflictividad casi caso por caso, alumno por alumno. Pero el año que viene se ven fuera del Fontserè.

Su contratación forma parte del Plan de Mejora para las Oportunidades Educativas (POEM) impulsado por la Generalitat tras el covid y que finaliza este verano. El Departament de Educación asegura que está diseñando un nuevo programa, de nuevo temporal y ahora para dos cursos, para mantener estos apoyos educativos. Pero no será con los mismos profesionales, ya que las plazas no son estructurales. Y esto es lo que ha rebelado a la plantilla del instituto Eduard Fontserè.

“Conseguir que los chavales o sus familias se abran y confíen en ti requiere tiempo, un trabajo de lluvia fina cada día, y para conseguirlo los profesionales tenemos que consolidarnos en los centros”, denunciaban Moriana y Aracil este martes desde la Plaza de los Bloques del barrio, conocida en los últimos tiempos por ser escenario de los vídeos del rapero Morad. Allí han trasladado los docentes y el personal de administración del centro la protesta, en la que han participado también sindicatos, partidos y la asociación de vecinos.

Con unas 30 nacionalidades distintas entre su alumnado, en el barrio más densamente poblado de Europa (30.000 habitantes en 0,4 km2), el Eduard Fontserè es un instituto de “máxima complejidad” que no es ajeno a la emergencia social de su entorno. Algunos de sus profesores participan además en una plataforma antidesahucios como las de otras ciudades catalanas. “Esta semana hay tres o cuatro; ayer ejecutaron uno, y en todos había menores”, señala Gerard de Josep, profesor del centro.

De Josep defiende que educadores e integradores sociales puedan trabajar a largo plazo en institutos como el suyo, no solo para conocer a alumnos y familias, sino también los recursos del barrio. “Hay procesos de urgencia que no se pueden abordar con eficacia si no conoces los recursos, que es lo que te permite tirar de un hilo u otro para atender las problemáticas que aparecen”, señala este docente.

Para el claustro, el equipo social –que forman Aracil, Moriana y una tercera integradora que sí es fija– es fundamental para descargarles de todas aquellas atenciones que no son académicas y que se comerían gran parte de su día a día. “Si atiendes solo a lo urgente, a la vida material y emocional de tus alumnos, la tarea docente acaba siendo asistencial y se perpetúan las desigualdades”, señala De Josep.

En negociaciones para mantener el programa

El Eduard Fontserè ha sido el único por ahora que ha levantado la voz, pero hay más centros de Primaria y Secundaria en su misma situación. Como mínimo unos ochenta, al rededor de toda Catalunya, en los que se crearon las 85 plazas de educadores sociales que ahora hay que renovar. Todos ellos colegios de máxima complejidad.

El caso se remonta al curso 2020-2021, el primero tras el confinamiento por el covid. El Departament de Educación –entonces en manos de ERC– puso en marcha el Plan de Mejora de Oportunidades Educativas (POEM) con el que lanzó varias medidas de refuerzo para alumnos de entornos desfavorecidos, desde formación a familias a programas de acogida para recién llegados. También la contratación de educadores e integradores.

Con financiación de los Fondos Next Generation, la incorporación de estos profesionales se hizo para tres años. Y hay que renovar el programa antes de septiembre. Educación, ahora en manos del PSC, celebrará una reunión el próximo 1 de julio con el Colegio de Educadores Sociales de Catalunya para abordarlo. “Se están haciendo los trámites para que pueda aprobarse con acuerdo de Govern la puesta en marcha de un nuevo programa, ya que el anterior no se podía prorrogar”, apuntan fuentes de Educación.

De cara a ese encuentro, y en la línea de lo que piden los profesores de l’Hospitalet, el Colegio de Educadores exigirá que las plazas no sean solo de dos años más, sino permanentes. “La estabilidad mejora el servicio y la atención educativa”, proclama Olga Giner, de la junta de la entidad. “No tiene sentido que los profesionales se tengan que marchar justo cuando han creado el vínculo con alumnado, claustro, familias y entidades”, argumenta.

Además, recuerda que la Generalitat ya ha contratado a educadores sociales con plaza fija recientemente. Se trata de las 52 dotaciones anunciadas por el Govern el pasado mes de enero para combatir el abandono escolar prematuro con alumnos de 4º de la ESO.

Más convivencia y menos absentismo

El día a día de Moriana y Aracil es difícil de describir hasta para ellas mismas, reconocen. Cada jornada puede ser distinta, igual que son diversos los problemas que pueden atenazar a los alumnos. Pero hay dos ejes en los que están especialmente orgullosas de haber intervenido: la reducción del absentismo escolar y la mejora de la convivencia.

El equipo social forma parte de la comisión de convivencia, que es la que se encarga de prevenir y mediar en conflictos. “Muchas veces detectamos mucho malestar emocional, ya sea en alumnos recién llegados, que cargan una mochila importante y no saben gestionarlo, o sencillamente porque la adolescencia es un momento vital de mucha efervescencia”, apuntan.

En este sentido, los adolescentes agradecen tener figuras y espacios que consideran “seguros”, en los que poder hablar de sus miedos. Pero de nuevo hace falta tiempo para construirlo. “Esto no consiste en apretar un botón y hala, a hablar de lo que te pasa. Esto lo tienes que crear poco a poco”, advierten.

En cuanto al absentismo, también han conseguido reconectar con el centro a alumnos que se habían desvinculado. “Eran jóvenes que no venían, en familias en las que no daban valor a la educación, y hemos trabajado conjuntamente con ellas para que vean que es importante que vengan al centro y echen raíces”, concluyen.

La joven española Fátima Ofkir, en prisión desde 2018 acusada de pertenencia a una banda criminal y crímenes de narcotráfico por Omán en un juicio plagado de irregularidades, ha sido liberada este sábado por el país árabe, según ha confirmado elDiario.es de fuentes de Exteriores.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español han confirmado también a este periódico que Fátima Ofkir llegará a España en las próximas horas y han celebrado esta decisión tras “intensas gestiones diplomáticas”. Desde Exteriores agradecen también al Sultán de Omán por este “gesto de amistad y de humanidad” hacia España.

Esta tarde el bufete que la representa, Vosseler Abogados, había adelantado su liberación a través de una publicación en Instagram, en la que agradecía a todos los que han colaborado para ello, especialmente al empresario barcelonés Antonio Sagnier y al ex juez Baltasar Garzón.

Posteriormente, los representantes legales de la joven de L'Hospitalet, que aterrizará a primera hora de la mañana del domingo en territorio español, señalaban en un comunicado que Fátima “ha sido incluida en la lista de beneficiados por la tradicional amnistía que el sultán de Omán concede tras el mes del Ramadán”.

Medios omaníes informaban desde primeras horas del habitual perdón del Sultán Haitham bin Tarik, Supremo Comandante del país, a un total de 577 presos, entre los que se incluyen tanto nacionales de Omán como extranjeros.

Fátima Ofkir ha estado casi siete años en la prisión de mujeres de Moscate, en Omán. Allí, según informó ABC en 2023, se convirtió al islam y desde hace años se ha intentado su traslado a España sin éxito. El país árabe había llegado a pedir su ejecución pública.

Con 18 años, la joven catalana se dejó seducir por un falso amigo que le prometió dinero fácil. Su labor consistía en entregar un paquete al sultanato de Omán. Al llegar al destino y abrir la mochila confundió la droga con explosivos. “Se asustó y llemó angustiada a un contacto para decirle que abandonaba, pero la Policía le seguía la pista y la detuvieron con la mochila en la habitación”, señala el comunicado difundido por sus abogados.

El bufete Vosseler, que se encargaba de su defensa desde 2020, denuncia que el juicio a la joven estuvo “lleno de irregularidades”. Su abogado defensor no estaba colegiado y “cometió gravísimos errores” en el procedimiento.

La semana negra para la movilidad en Catalunya ha culminado este viernes con una nueva jornada de caos. La falta de corriente en la catenaría de la R2 Sud en el tramo entre El Prat y L'Hospitalet ha paralizado varios trenes hacía las 8.40 horas y ha afectado tanto las líneas R2 y r2 Nord, además de los trenes regionales del sur (R14, R15, R16 y R17).

Los Mossos d'Esquadra y bomberos han procedido al desalojo de los afectados tras casi una hora dentro de los vagones aunque, para entonces, algunos viajeros ya habían decidido bajar de los trenes y dar la vuelta a pie por encima las vías. Esta circunstancia ha obligado a interrumpir definitivamente la circulación en la zona. Hacia las 10.30 horas han vuelto a retomarse los servicios ferroviarios, aunque por vía única, por lo que se registran retrasos de más de media hora.

La de este viernes se suma al rosario de incidencias que ha vivido Rodalies desde el fin de semana pasado, cuando en plena jornada de carnaval Renfe suprimió 106 trenes y dejó sin refuerzos ferroviarios una de las zonas más concurridas en estas fechas.

La compañía reconoció el pasado sábado que las línies R2 Sud y R4 estaban sufriendo “retrasos generalizados y frecuencias de paso alteradas” a causa de una situación de “conflictividad laboral” con el sindicato de maquinistas. Fuentes de los trabajadores culparon a la empresa, pues aseguraron que no se les habían comunicado las horas de refuerzo con suficiente antelación.

El lunes volvieron a registrarse problemas que obligaron a interrumpir la circulación entre Sant Vicenç y Cunit por falta de tensión en la catenaria. También en Tarragona, que celebraba la reapertura del servicio que une esta ciudad con Barcelona, los retrasos se acumularon desde el lunes, con la anécdota de que incluso el tren en el que viajaba la consellera Sílvia Paneque llegó 50 minutos tarde al acto de reapertura.

Este servicio siguió acumulando incidencias duante tres días, lo que obligó al Govern a intervenir, forzando a Renfe y Adif a reuniones diarias e incluso enviando a su propio personal. El jueves, cuando las cosas parecían más calmadas, un nuevo imprevisto dejó a toda la red de Rodalies con las pantallas apagadas y sin megafonía, lo que supuso que los pasajeros se quedasen sin información sobre los trenes, por qué vías se aproximaban y sus frecuencias.

Illa se disculpa, Junts le pide comparecer

“Quiero pedir disculpas a las ciudadanas y ciudadanos afectados por las averías en Rodalies”, ha asegurado Salvador Illa en una comparecencia pronunciada desde Perpinyà, donde estaba desplazado. El presdident se ha mostrado “comprometido” con el buen funcionamiento del servicio y ha asegurado que pondrá “todos los esfuerzos y recursos del Govern para revertir y resolver esta situación”.

La semana negra en el transporte público catalán ha hecho también reaccionar al líder de la oposición, Carles Puigdemont, que ha exigido una comparecencia del president Salvador Illa en el Parlament. “El president Illa no se podrá esconder más tiempo detrás de la estrategia de la anestesia, y por eso tendrá que comparecer de forma extraordinaria y dar la cara para defender a los catalanes, no a sus compañeros de partido en Madrid”, ha asegurado el líder de Junts en un vídeo.

Por su parte, la consellera de Territorio, Silvia Paneque, ha asegurado que trabajan con “urgencia y celeridad” para normalizar el servicio de trenes “lo antes posible”.Según ha explicado Paneque, la red sufre “un problema de desactualización de las infraestructuras”, que en su opinión ya se ha arregado a nivel economíco aunque los efectos de las nuevas inversiones no se notarán hasta dentro de unos años. “Nos hemos encontrado la casa con muchas deficiencias y debemos hacer muchas reformas”, ha indicado en una entrevista en los micrófonos Catalunya Ràdio.

El Consell Esportiu de L'Hospitalet echó a la trabajadora M. como “represalia” a su denuncia de irregularidades en la gestión de la entidad. Así lo ha sentenciado un juez de lo social de Barcelona, que ha declarado improcedente el despido y ha obligado a la entidad a indemnizar con 60.000 euros a la mujer por daños morales. La sentencia es recurrible.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado Xavier González de Rivera da la razón a la empleada, representada por el letrado Enrique Leiva, y constata una “clara relación temporal” entre el paso de le empleada por el juzgado para testificar en la causa que investiga irregularidades en el Consell y su despido.

El Consell despidió a la trabajadora después de que testificara contra los cargos socialistas locales imputados en la causa abierta por irregularidades en la entidad. “Es una certeza qye va más allá de un simple indicio y que se podría contrarrestar por el Consell con una prueba que justificara su conducta, pero hay una falta absoluta de prueba”, resuelve el magistrado.

La sentencia desbarata la tesis del Consell, que alegó que el despido de M. nada tenía que ver con su testimonio en la causa penal y lo vinculó a razones organizativas “que no se han acreditado”, constata el magistrado.

“No hay duda”, ahonda el juez de lo Social, de que el Consell echó a la empleada de forma “reactiva” a su testimonio en la causa penal que afecta a varios cargos socialistas, tal y como ha constatado la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), que mantiene protegida a la empleada como alertadora de corrupción.

En suma, el despido supone para el juez una vulneración de la la indemnidad de la empleada, esto es, su derecho a no sufrir represalias por parte del empresario a la hora de ejercer sus derechos fundamentales.

El caso Consell Esportiu arrancó en la primavera de 2020 con la denuncia de un concejal socialista que luego se pasó a ERC. M. fue citada a declarar primero ante la Policía Nacional y luego ante la jueza, donde ratificó su revelaciones que comprometieron a varios dirigentes del PSC de L’Hospitalet.

Tres años después, la pieza principal del caso sigue parada a la espera de un informe de la Intervención General del Estado sobre la licitud de las subvenciones que recibía el Consell. La jueza ha descartado la participación en la trama de la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, si bien dos de sus antiguos subordinados en el consistorio y exdirigentes locales del PSC han admitido que simularon el despido del Consell de uno de ellos.

Según expuso M. en su demanda contra su despido, en noviembre de 2020 la entonces presidenta del Consell, María Teresa Revilla –también miembro del PSC–, la citó en su despacho y le instó a demostrar que ella no había denunciado el caso sino tan solo respondido a una citación para que uno de los cargos imputados no le reclamara “daños y perjuicios”.

En marzo de 2023 se le terminó la baja, y el Consell la envió de vacaciones remuneradas. Durante todo este tiempo, M. ha sufrido de estrés y ansiedad, tal y como consta en un informe de riesgos psicosociales que ha podido consultar esta redacción.

Los médicos recomendaron que M. realizara teletrabajo “el mayor tiempo posible mientras persistiera la situación clínica y laboral”. Pero lo que se encontró M. fue una denegación del teletrabajo primero y una carta de despido, que ahora ha sido declarado improcedente.

El exteniente de alcalde socialista de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Cristian Alcázar y el exconcejal en el municipio Cristóbal Plaza han admitido que simularon el despido de éste último en el Consell Esportiu de la ciudad. Ambos acusados han devuelto los 47.000 euros cobrados de forma indebida como indemnización.

Ante la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado este martes una vista de conformidad para cerrar el primer juicio del caso Consell Esportiu de L’Hospitalet. La Fiscalía y los Comuns, acusación popular de la mano del abogado Enrique Leiva, han llegado a un acuerdo con las defensas, ejercidas por los letrados Cristóbal Martell y Débora Quintero.

A cambio de rebajar las altas penas que pedían las acusaciones (cuatro años y medio Anticorrupción; hasta seis los Comuns), los acusados han admitido los hechos y han aceptado una condena de nueve meses por los delitos de apropiación indebida y contra la Seguridad Social.

El tribunal ha acordado suspender las condenas impuestas a los exconcejales por un período de dos años, por lo que no deberán entrar en prisión.

Para alcanzar la conformidad ante el tribunal, la Fiscalía y los Comuns han aplicado a los dos acusados la atenuante de reparación del daño, una vez han abonado los 47.147 euros de indemnización que les reclamaban por simular el despido irregular y otros 6.486,96 euros por las cantidades indebidamente percibidas por Plaza en concepto de prestación por desempleo.

En su escrito de acusación provisional que ahora se convertirá en sentencia de conformidad, el fiscal anticorrupción Luís García Cantón mantuvo que Alcázar y Plaza “concertaron sus voluntades” con el objetivo de que el segundo “obtuviera un indebido beneficio económico” con la excusa de poner fin a la relación laboral que le unía con el Consell, donde era director técnico administrativo.

Según detalla el fiscal, Alcázar comunicó a finales de 2016 el despido a Plaza basándose en un descenso de los ingresos del Consell que en realidad no se produjo, ya que aquel año la entidad obtuvo un cierre positivo de 598 euros y además no tenía ánimo de lucro.

El despido tuvo lugar el 31 de diciembre de 2016, cuando Alcázar era teniente de alcalde, concejal de Deportes y presidente del Consell Esportiu de L'Hospitalet y Plaza dirigía esta entidad, la mitad de cuyos miembros directivos es designada por el ayuntamiento.

Fuentes de la defensa han explicado que los acusados han aceptado la rebaja de condena, conscientes de que la documentación formal que dio cobertura al despido de Plaza no era la correcta y que no se sometió a la aprobación de la comisión directiva del Consell, como era preceptivo, si bien esta falta de “decoro formal” no se debió a una voluntad de esconder el despido.

Es más, insisten en que el despido fue regular y que se enmarcaba en una “amortización triangular” del puesto de Plaza: no se contrató a nadie en su lugar y la persona que en 2017 fue fichada como director del Consell desempeñaba funciones propias de otro cargo.

Por su lado, los Comuns de L'Hospitalet, en un comunicado, han celebrado el “esclarecimiento de los hechos” y han reiterado su voluntad de seguir ejerciendo la acusación popular en la causa. El juicio es la única pieza separada del caso Consell Esportiu, cuya investigación principal sobre la gestión económica de cargos del PSC, permanece en fase de instrucción. A la espera del informe pericial definitivo de la intervención general del Estado, el caso se ha desinflado respecto a lo que apuntaban los primeros informes policiales.

Morad ya puede volver a su barrio. El juzgado de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que impuso al rapero la inusual orden de alejamiento del barrio de La Florida ha dejado sin efecto la medida cautelar al archivar el caso en el que el artista permanecía investigado por desórdenes públicos y atentado a los agentes de la autoridad.

Tal y como ha adelantado El Periódico, el juez, con el visto bueno de la Fiscalía, ha archivado el caso abierto hace dos años por unos altercados en el barrio de La Florida. Morad fue detenido por, presuntamente, haber pagado a un grupo de jóvenes para que quemaran contenedores, después de una discusión con agentes de la Guardia Urbana de L'Hospitalet. El juez ha concluido que no hay suficientes indicios para sostener la denuncia policial.

El barrio de La Florida es donde creció el rapero y es el escenario de la mayoría de sus videoclips, como el que estaba grabando cuando ocurrieron los hechos por los que ha acabó arrestado. El cantante, el artista de España que más escuchas acumula en Spotify, ha celebrado el archivo del caso con una canción, ‘No me duele’, publicada esta medianoche. Su videoclip, que en 12 horas ya acumula 140.000 visualizaciones en Youtube, está grabado en los bloques de La Florida donde se crio y a los que ahora la Justicia le ha permitido volver.

“No tengo que insistir en noticias de gente que solamente van a querer hacerme daño”, explicó el rapero en una publicación en 2022 tras la orden cautelar que ha quedado sin efecto. “Daño personalmente no me hace, pero me duele que intentéis hacer creer a los niños cosas que no son buenas porque solo les hacéis pensar que vuestro odio es verdadero”, agregó. “Pronto se dejará claro todo esto porque callar no sirve con gente con maldad”, concluyó.

Morad acumula varias causas judiciales. Fue absuelto en marzo de 2022 tras ser acusado de un intento de robo con fuerza en un domicilio de Barcelona el febrero del 2018. En varias ocasiones ha sido detenido por no responder a citaciones judiciales por delitos contra la seguridad del tráfico y otras veces por conducir sin carnet. 

En febrero de este año, el artista aceptó una pena de dos años de cárcel por otra causa. Morad admitió que instó a una multitud a lanzar piedras contra los policías que, ante las quejas de los vecinos, acudieron en 2021 al barrio de la Florida de L'Hospitalet de Llobregat mientras grababa, sin permiso, un vídeo musical con un dron. Dos meses después tuvo que ingresar unas semanas en prisión tras otra condena de seis meses por un delito de tráfico.

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, la socialista Núria Marín, dejará el cargo tras 16 años al frente del consistorio el próximo 15 de junio y será sucedida por el actual concejal David Quirós.

Según ha avanzado 'El Periódico' y ha podido confirmar la Agència Catalana de Notícies de fuentes cercanas a la alcaldesa, Marín cederá el mando municipal a Quirós un mes después de las elecciones al Parlament de Catalunya que dieron la victoria al primer secretario del PSC, Salvador Illa.

Marín es uno de los principales referentes del PSC a nivel municipal. Además de dirigir la segunda ciudad de Catalunya durante más de tres lustros, también ha ocupado la presidencia de la Diputación de Catalunya y varios cargos orgánicos en el partido.

Nacida y actual vecina del barrio hospitalense de la Torrassa, accedió al cargo en 2008 después de que otro histórico del PSC, Celestino Corbacho, fuera nombrado ministro del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero. Su dominio fue incontestable y encadenó mayoría tras mayoría.

La alcaldesa perdió la mayoría absoluta hace un año en las últimas municipales, si bien no tuvo problemas para revalidar la alcaldía y conseguir una amplia victoria: obtuvo 13 concejales y el segundo partido fue ERC con 4 ediles. Logro aprobó los Presupuestos con la abstención de los comuns. 

Marín ha sido una de las firmes impulsoras de la ampliación de la Fira en L'Hospitalet y es una de las grandes defensoras del Mobile World Congress. Su último mandato estuvo marcado por el caso del Consell Esportiu, del que salió exculpada. En el actual mandato deja sobre la mesa varios proyectos, como la cobertura de la Gran Vía o las vías del tren.

Hasta ahora el único anuncio sobre miembros del eventual Govern de Illa ha sido el de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, que ocuparía la conselleria de Interior, mientras que el major Josep Lluís Trapero sería director general de los Mossos.

El estudio de grabación que la cantante Rosalía planea abrir en L' Hospitalet de Llobregat (Barcelona) está cada vez más cerca de ser una realidad. Según ha avanzado La Vanguardia, la artista ya ha iniciado los trámites para comenzar las obras con el objetivo de reformar un edificio de oficinas en la calle Can Pi, próxima a la Fira Gran Vía.

Más allá de producir su música y la de otros artistas, Rosalía prevé instalar en el edificio la sede de su empresa familiar, Motomami S.L., que incluye una filial que se dedicará al negocio inmobiliario. Fuentes del Ayuntamiento de l'Hospitalet citadas por la agencia ACN se han mostrado “muy contentos y satisfechos” por la iniciativa de la artista catalana. “Es muy importante lo que puede llegar a representar para dinamizar la economía de la ciudad y para impulsar el Distrito Cultural”, ha afirmado el Gobierno municipal.

El futuro estudio de Rosalía estará a pocos metros de la antigua fábrica Godó i Trias, donde el Consistorio de l'Hospitalet proyecta un centro de artes visuales y en un barrio en el que la Fundació la Caixa anunció que instalaría también un nuevo equipamiento cultural, el ArtStudio CaixaForum, que reunirá las 1.069 obras de su colección de arte contemporáneo y será también un espacio de investigación para profesionales del arte, la cultura y el pensamiento.

Todas estas iniciativas convergen en una misma zona industrial de L' Hospitalet, a tocar de Barcelona, que durante los últimos años ha atraído a galerías y centenares de artistas de todo tipo, que han instalado sus estudios en antiguas fábricas y oficinas del área. Algunos medios lo han llegado a calificar como “el nuevo Brooklyn”.

Si bien los trabajos no han empezado todavía, la artista ya ha solicitado la licencia de obras, que se está tramitando, para tirar adelante la reforma proyectada, que incluirá tanto oficinas como el mencionado estudio de grabación. La reforma correrá a cargo del reconocido estudio Arquitectura G, galardonado durante el último lustro con diversos premios.

El rapero Morad ha aceptado una pena de dos años de cárcel, que no implica su ingreso en prisión, tras admitir que instó a una multitud a lanzar piedras contra los policías que, ante las quejas de los vecinos, acudieron en 2021 al barrio de la Florida de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) mientras grababa, sin permiso, un vídeo musical con un dron.

El artista, que se enfrentaba a una pena de siete años de cárcel, ha llegado finalmente a un pacto con la Fiscalía y ha aceptado una condena de seis meses de cárcel por desórdenes públicos y un año y medio de presión por atentado a los agentes de autoridad con uso de instrumento peligroso. La sentencia ya es firme y, al no superar ninguno de los delitos los dos años de cárcel, no implica su ingreso en prisión.

El tribunal le ha reconocido una atenuante de reparación del daño, puesto que ya había consignado los 2.041 euros que la Fiscalía le pedía como indemnización. La defensa del acusado ha pedido la suspensión de la pena, que la Fiscalía ha aceptado condicionada a no delinquir durante dos años y al pago de una multa, informa EFE.

Catalunya sigue inmersa en una sequía sin precedentes recientes y en el debate político sobre las restricciones de agua, propias de una emergencia desde el pasado 1 de febrero, aparece de forma recurrente el sector turístico. La Generalitat no ha aplicado medidas de ahorro específicas a los negocios vacacionales y lo ha dejado en manos de los ayuntamientos, lo que ha provocado las críticas de algunas entidades sociales y grupos parlamentarios. 

El principal argumento de la Generalitat es que, a diferencia de sectores como el agrícola o el industrial, no existen datos reales y actualizados del gasto de agua del turismo. Esto se debe a que hoteles, cámpings y apartamentos suelen estar conectados a la red de abastecimiento doméstica, lo que hace que sus consumos se diluyan entre el de los hogares. Pero aun así, la Agencia Catalana del Agua (ACA) sí cuenta con estimaciones de cuántos recursos hídricos se lleva el sector del ocio y del turismo: son 22 hectómetros cúbicos al año. Es el equivalente al agua que consumen L’Hospitalet de Llobregat y Badalona juntas. O cerca de un 25% de la que bebe Barcelona. 

Las estimaciones, que son “preliminares”, se incluyen dentro del Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya 2022-2027, y distinguen entre dos tipos de actividades. Por un lado, está la industria del ocio recreativo vinculado al turismo, que abarca desde campos de golf a balnearios o parques acuáticos. Esta parte usaba en 2018, según los últimos datos disponibles, unos 13 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, casi el doble de los 7 que necesitaba en 2007. Del otro lado, está el consumo de los alojamientos, como hoteles y cámpings, que ascendería a entre 8,5 y 8,7 hectómetros cúbicos en función del método de cálculo. 

El propio informe, sin embargo, admite que el gasto indirecto asociado al turismo sería mayor, puesto que no se tienen en cuenta los incrementos de consumo de los demás sectores debido al “gran peso” del turismo. Es decir, no incluye el agua de restaurantes y bares, como tampoco el consumo agrícola y ganadero que iría a satisfacer la demanda turística. 

La misma agua que toda la ganadería

Esos 22 hm3 anuales suponen un gasto mayor al de grandes ciudades que superan los 200.000 habitantes, como L’Hospitalet de Llobregat (10 hm3) o Badalona (12 hm3). Sin embargo, en porcentaje del total de agua que se distribuye en Catalunya –al margen de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)– se situaría cerca del 2%, muy lejos del 40% de la agricultura y del 12% de la industria. Y al mismo nivel que la ganadería, que consume 21 hm3 anuales y está sujeto en emergencia a un polémico recorte del 50% del agua.

Para pasar de las estimaciones a la monitorización de sus consumos reales, la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha encargado a las operadoras y a los ayuntamientos que recaben a partir de ahora esos datos. Mientras tanto, las únicas medidas de ahorro que se les aplican son las que afectan al resto de la ciudadanía, como la prohibición del riego de jardines y del llenado de piscinas. Solo los establecimientos que quieren, o los que tienen requerimientos de sus ayuntamientos, han optado por recortes adicionales. 

Samuel Reyes, director del ACA, abrió la puerta a ser más quirúrgicos en las restricciones una vez se obtengan datos del consumo turístico. Uno de los inconvenientes del ahorro en este ámbito son las grandes diferencias que existen entre establecimientos, según advierte David Saurí, geógrafo de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) y experto en gestión del agua. Entre los cámpings, que son los que menos agua consumen por persona, hasta los chalets con jardín y piscina, la distancia puede ser “abismal”, advierte. 

Diferencias entre cámpings y los hoteles de lujo

“Los cámpings suelen ser los más ahorradores, porque aunque tengan grandes piscinas, son para mucha gente; luego están los apartamentos turísticos de destinaciones como Benidorm o Lloret, que no dejan de ser pisos con unos consumos quizás un poco superiores al resto de la ciudadanía”, enumera. Luego llega el turno de los hoteles, dice, que gastan más agua a medida que suben de categoría. “Hay un salto importante entre las 4 y las 5 estrellas”, apunta. El factor diferencial, añade, suelen ser los jardines. 

Sobre lo que gasta un turista en un hotel ha habido también cierta disputa. Los únicos datos oficiales que existían hasta la actual sequía eran los de un informe de 2016 de la empresa pública Barcelona Regional, que fijaba el gasto entre 147 litros por habitante y día en un hotel de una estrella y y 545 en uno de cinco. Este último multiplicaría por cinco lo que consume un barcelonés cualquiera. Pero el Gremio de Hoteleros de Barcelona aportó unas estimaciones que lo reducían a entre 110 y 242 litros por habitante y día. Un 40% menos de media. 

“Aunque el sector hotelero no es un gran consumidor de agua, está plenamente concienciado con el consumo responsable y sostenible de agua”, argumentaba el Gremio en una nota de prensa reciente. En ella, se comprometían a “igualar los esfuerzos” de consumo que se pidan al resto de ciudadanos. 

¿Más turismo significa más agua?

Al margen de la actual sequía, algunas entidades, como Aigua és Vida, quieren mantener el debate sobre el uso de agua para consumo turístico incluso cuando Catalunya haya superado la actual emergencia. Uno de los proyectos que tienen en el punto de mira es el complejo de ocio Hard Rock, pendiente de aprobación precisamente a la espera de un estudio sobre su gasto de agua. Su emplazamiento iría en una zona, el Camp de Tarragona, que ya cuenta con grandes consumidores hídricos como Port Aventura y sobre todo la industria petroquímica. 

Desde Aigua és Vida apuntan también a que el propio Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya 2022-2027 prevé distintos escenarios de aumento del consumo de agua para 2027 y hasta 2039, cuando las necesidades podrían ser entre un 4% y un 25% superiores. Sin embargo, el conseller de Acció Climàtica, David Mascort, aseguró sobre estas predicciones que no contemplan los aumentos recientes de la eficiencia en la gestión del agua del sector, con lo que veía irreales las cifras. 

La Fundación 'la Caixa' ha presentado el proyecto de reforma y ampliación de un almacén para convertirlo en la Colección ArtStudio CaixaForum, el centro que reunirá y dinamizará el conjunto de obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación 'la Caixa', constituida por 1.069 obras de 445 artistas.

El edificio tendrá una superficie de 10.000 metros cuadrados, conllevará una inversión de 12 millones de euros y estará situado en el Distrito Cultural de L'Hospitalet de Llobregat.

El ArtStudio CaixaForum, que prevé estar en funcionamiento en 2026, no será un espacio expositivo, sino que está concebido como un centro de investigación y conservación de obras, además de ser un 'think tank' que permitirá el encuentro de profesionales del arte, la cultura y el pensamiento.

Acompañado por la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, el presidente de la Fundación 'la Caixa', Isidre Fainé, ha anunciado un acuerdo para reconvertir un almacén, que está dedicado actualmente a acoger una parte del fondo de obras de arte de la fundación, en el nuevo centro cultural.

El objetivo es que acoja la colección privada de la Fundación, constituida por 1.069 obras de 445 artistas, entre los que destacan Bruce Nauman, Gerhardt Richter, Sigmar Polke, Doris Salcedo, Mona Hatoum, Cristina Iglesias, Tacita Dean, Cindy Sherman , Juan Muñoz, Pierre Huyghe, Antoni Tàpies, Ignasi Aballí o Soledad Sevilla.

La totalidad del depósito de obras de la Colección está repartida entre CaixaForum Barcelona y este almacén, pero después de trabajar con dos sedes durante dos décadas, estos espacios han llegado al límite de capacidad de almacenamiento, explicaron desde la Fundación en un comunicado. De ahí surge la idea de concentrar toda la obra, el taller y laboratorio de conservación, y los equipos de colección, así como incluir los usos comunes de todo el Área de Exposiciones y Colección, lo que permitirá liberar espacios de CaixaForum Barcelona para que en adelante este centro disponga de mayor capacidad y pueda incrementar su actividad.

Está previsto que la rehabilitación de la nave, que tendrá una superficie total de 10.000 metros cuadrados, empiece a mediados de 2024 y que esté en funcionamiento en 2026.

El presidente de la Fundación 'la Caixa', Isidre Fainé, ha subrayado que ArtStudio CaixaForum representa el punto álgido de 40 años de trabajo con nuestra Colección y supondrá un impulso en nuestro compromiso por hacer llegar la cultura a todo el mundo como a motor de transformación social. Con este proyecto, queremos dar aún más valor a este patrimonio único y seguir trabajando en la conexión con la realidad más viva del arte de nuestros días y en la capacidad de crear asociaciones y establecer vínculos entre el arte y el mundo que nos envuelve“.

“Nunca imaginé que esto podía pasar”. Quien habla es M., administrativa del Consell Esportiu de L’Hospitalet hasta hace unas semanas. El Consell ha despedido a la trabajadora después de que testificara contra los cargos socialistas locales imputados en la causa abierta por irregularidades en la entidad.

La empleada ya ha impugnado ante los tribunales su despido, que considera “una represalia” por su testimonio judicial. Por su lado, el Consell niega una motivación política en el cese de M. y sostiene que se debe a “causas organizativas” previstas en el Estatuto de los Trabajadores.

“El despido de la trabajadora nada tiene que ver con su testimonio en el proceso penal”, han añadido desde la dirección del Consell, que ha rehusado contestar a más preguntas sobre los hechos “por respeto a la independencia judicial y al derecho de defensa”.

Aunque M. prefiere mantener el anonimato, en su conversación con elDiario.es admite que en L’Hospitalet ya empieza a ser conocida. “No es una ciudad tan grande”. Su despido del Consell fue el último episodio de lo que M. describe como el “calvario” que le han hecho pasar los dirigentes de la entidad desde que estallara el caso.

“¿Por qué hay que pagar un precio tan alto cuando yo lo único que he hecho ha sido responder a las preguntas que me hicieron la Policía y la jueza?”, se pregunta M., a quien ninguna institución ha amparado pese a la ley que obliga a proteger a los alertadores de casos de presunta corrupción.

“Me siento desprotegida por el Estado”, lamenta la mujer. Los únicos ingresos de M. provenían de su nómina, que ya no recibe desde el pasado 28 de junio, fecha en que fue despedida.

El caso Consell Esportiu arrancó en la primavera de 2020 con la denuncia de un concejal socialista que luego se pasó a ERC. M. fue citada a declarar primero ante la Policía Nacional y luego ante la jueza, donde ratificó su revelaciones que comprometieron a varios dirigentes del PSC de L’Hospitalet.

Tres años después, la pieza principal del caso sigue parada a la espera de un informe de la Intervención General del Estado sobre la licitud de las subvenciones que recibía el Consell. La jueza ha descartado la participación en la trama de la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, si bien ha enviado a juicio a dos de sus antiguos hombres de confianza, acusados de estafar al Consell con un despido simulado.

“La vida imposible”

“Hay momentos en que he llegado a pensar ‘qué he hecho, por qué he hablado’, pero tampoco podía mentir si me llaman como testigo, tenía que contar lo que viví”, expone M. Desde que testificó en el caso, sus jefes, vinculados al PSC de L’Hospitalet, le han hecho “la vida imposible”, asegura.

M. ha pasado de baja la mayor parte de la instrucción del caso debido a un accidente que sufrió en su puesto de trabajo en enero de 2021, cuando al sentarse en su silla se cayó porque varios de sus tornillos estaban aflojados.

Antes de este episodio, M. ya había causado baja por ansiedad y depresión y ya habría recibido las primeras presiones en su puesto de trabajo, en las que sus jefes –e investigados en el caso– le reprochaban “el daño” que, a su juicio, realizaba al Consell por haber testificado en la causa. La entidad también le abonó con retraso varias nóminas.

Según expone M. en su demanda contra su despido, en noviembre de 2020 la entonces presidenta del Consell, María Teresa Revilla –también miembro del PSC–, la citó en su despacho y le instó a demostrar que ella no había denunciado el caso sino tan solo respondido a una citación para que uno de los cargos imputados no le reclamara “daños y perjuicios”.

En marzo de 2023 se le terminó la baja, y el Consell la envió de vacaciones remuneradas. Durante todo este tiempo ha sufrido de estrés y ansiedad, tal y como consta en un informe de riesgos psicosociales que ha podido consultar esta redacción.

Los médicos recomendaron que M. realizara teletrabajo “el mayor tiempo posible mientras persistiera la situación clínica y laboral”. Pero lo que se encontró M. fue una denegación del teletrabajo primero y una carta de despido después.

En su demanda, M. reclama que el despido sea declarado nulo y una indemnización mínima de 50.000 euros por los “daños morales” que le han ocasionado “las amenazas y presiones” a las que le sometió el Consell por no haberse retractado de sus acusaciones en la causa por el desvío de fondos de la entidad. Para la resolución del caso, M. todavía tendrá que esperar: la vista por su despido se ha fijado para dentro de un año.

Las plazas rebosan vida en el barrio de La Florida, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Una mujer, hija de la migración interna de los años sesenta, ha plantado dos mesas en la calle y las ha llenado de comida y refrescos para celebrar su cumpleaños. A pocos metros se organiza otra comida. También de hijas de la migración, pero de la que llegó en los 2000 desde el extranjero.

En un local se juntan mujeres nacidas en L'Hospitalet con otras venidas de Marruecos, Ecuador o Gambia para reproducir recetas de sus tierras de origen. Hoy el ingrediente estrella es la malanga, un vegetal típico de Cuba que ya se ha plantado en el huerto comunitario del barrio. Las comidas abiertas son una de las actividades del proyecto 'La Florida s'Aveïna' (La Florida se Avecina), impulsado por varias entidades y la Asociación de Vecinos para promover la integración y los vínculos entre residentes. Es una de las fórmulas que tiene el barrio para contener la amenaza de la extrema derecha.

El local en el que se han juntado las mujeres para comer se encuentra en el corazón de La Florida, un barrio que cuenta con diversos récords. Es el que tiene la renta más baja de l'Hospitalet. También el barrio con más densidad de población de toda la Unión Europea (30.000 habitantes en 0,38 km2). Y el que tiene más población migrada de todo el Área Metropolitana de Barcelona: el 31,99%.

Este cóctel tiene consecuencias: “Tenemos falta de espacio público, masificación, déficits en el alumbrado... Todo ello agrava las situaciones de precariedad, vulnerabilidad, los índices de pobreza o la marginalidad”, explica Pedro Luna, miembro de la Asociación de Vecinos de La Florida. La situación de este barrio es extrema, pero se repite en otras zonas humildes de la ciudad, cosa que la convierte en “el caldo de cultivo perfecto” para los partidos de extrema derecha.

El tema estrella de la campaña de estas elecciones es la inseguridad, de la que se culpa, primordialmente, a la población migrada, que en la ciudad tiene cara y nombre. “Culpan al Morad”, se lamenta Luna. El rapero de origen marroquí ha tenido diversos encontronazos con la justicia, acusado de atentado contra los agentes de la autoridad, robo y allanamiento. “Dicen que, con sus canciones, anima a todos los chavales del barrio a delinquir”, asegura Norma Véliz, vecina y miembro de la asociación Mujeres Unidas Entre Tierras (MUET).

Antes de ser expulsado de su barrio (La Florida) por orden judicial, Morad residía en 'Los Bloques', unos edificios colmena con 914 viviendas que acogen a 2.300 personas. Esa zona, que se encuentra a escasos metros del local donde las mujeres cocinan la malanga cubana, ha sido el escenario escogido por medios sensacionalistas y paradas de la extrema derecha para “alimentar el discurso racista, xenófobo y aporofóbico en el barrio”, tal como lo resume Véliz.

Mediación contra los extremismos

L'Hospitalet es territorio históricamente socialista. El PSC ostenta la vara de mando desde la democracia y Núria Marín es su alcaldesa desde 2008. La única competencia que ha tenido el partido fue Ciudadanos, durante un breve periodo en el que ganaron las elecciones autonómicas de 2015 y 2017. Pero en las últimos comicios celebrados, los autonómicos de 2021, el socialismo recuperó territorio y los naranjas fueron relegados al quinto puesto. Vox quedó en tercera posición, con un 9,6% de los votos.

En las últimas elecciones la extrema derecha alzó la cabeza, poniendo en alerta a los vecinos y a las administraciones, que trabajan para evitar que vuelva a entrar al consistorio. La última vez que obtuvo representación fue en 2011, cuando el partido xenófobo Plataforma per Catalunya consiguió el 7,3% de los votos y dos concejales. Todo parece indicar que Vox entrará en el Ayuntamiento de nuevo, un futuro que los vecinos, sobre todo los migrantes, no quieren ni imaginar.

“En el barrio nos quieren divididos. Los autóctonos y los migrantes”, se lamenta Véliz. Pero las entidades del barrio trabajan para romper la división. Por eso, organizan comidas comunitarias, celebran iftar -la ruptura del ayuno durante el ramadán- abierto a todo el barrio, han creado un equipo de fútbol infantil y tienen una escuela de idiomas gratuita. Además, asesoran en materia laboral o acompañan a los vecinos a Servicios Sociales, para atacar las causas de la precariedad que se pueden traducir en ideologías extremistas.

La estrategia, aseguran los vecinos, ha funcionado. “Sólo” han tenido una agresión y no consideran que los insultos o discursos de odio hayan aumentado. Esta percepción es compartida por el servicio de Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de L' Hospitalet, que vela para que no haya conflictos y los extremismos no crezcan. La clave es atender bien a la ciudadanía, según afirma Oscar Negredo, coordinador del servicio.

“La violencia se da cuando vecinos que tienen conflictos se sienten abandonados por la administración. Si no nos ocupamos nosotros, los atenderán partidos y movimientos de extrema derecha, como hemos visto en algún barrio de Barcelona”, apunta Negredo, en referencia a las dos fincas okupadas de la Bonanova, con las que partidos de extrema derecha y la empresa Desokupa han intentado crear un conflicto vecinal.

En caso de que haya molestias por ruidos, desavenencias o encontronazos, el consistorio cuenta con un teléfono de atención, que es respondido por profesionales formados que derivan el caso según la estrategia que consideren más efectiva. Una de las más recurrentes es abrir un proceso de mediación, en que ambas partes dialogan e intentan llegar a un acuerdo.

De no fructificar esta opción, existen otras vías, como la policía de convivencia. Se trata de 11 agentes de paisano que acuden a los hogares de los vecinos involucrados y hacen una “intervención de proximidad, pero sin el estigma que supone que un agente uniformado se te plante en casa”, asegura Manuela Martínez, responsable de la oficina municipal de Gestión de Incidencias.

Ya sea de la mano de agentes o de técnicos expertos en mediación, este servicio del Ayuntamiento se centra en la sensibilización y el desmontaje de rumores para prevenir el auge de los extremismos. Pero no siempre es suficiente. En su trabajo en las calles, los técnicos tienen la capacidad y la oportunidad de poder detectar personas “susceptibles” de ser radicalizadas. En esos casos, se lleva a cabo un acompañamiento individualizado “muy parecido al que hace Servicios Sociales”, dice Martínez.

Se asesora en materia sociolaboral, se hacen mediaciones familiares o seguimientos médicos. Desde este servicio, que se ha formado con diversos cuerpos policiales y universidades como la de El Cano, aseguran que en la trayectoria vital de las personas radicalizadas hay patrones comunes. “Siempre hay factores de vulnerabilidad y, para cortar un proceso de radicalización, hay que atajar aquello que no va bien en la vida de alguien”, asegura Negredo, quien destaca que los extremismos pueden llevar a cometer un delito, pero hasta que eso suceda, la persona es “víctima de la precariedad”.

El miedo a la denuncia

Los vecinos y vecinas, por lo general, están contentos con el servicio del Ayuntamiento, pero a la vez aseguran que no siempre es una buena herramienta. “Los procesos de mediación cansan mucho y hablamos de personas que sólo quieren vivir tranquilas. ¿Por qué, sólo por ser migradas, tenemos que pasar por esto, si nos ganamos la vida igual que lo hicieron los padres de quienes nos atacan?”, se pregunta Norma.

En L'Hospitalet, como en muchas ciudades españolas, en los 2000 la migración cambió: pasó de venir de otras zonas del país a venir de otros continentes. Y, pasados los años, los gallegos, extremeños o andaluces que habían abierto sus tiendas, se fueron jubilando. “No había quien los sustituyera, hasta que llegamos los migrantes a cogerles el relevo y a abrir nuestros negocios”, asegura Norma. Recuerda que son un cuarto de la población de la ciudad y que, sin ellos, el comercio “estaría muerto”. Pero ello no les salva de recibir ataques.

El pasado año muchos se encontraron pintadas que decían “Vete a tu país” en sus persianas. Algunos denuncian otro tipo de discriminaciones. Hay una mujer marroquí que tiene un negocio en unos bajos. Los vecinos no le han dejado hacer una salida de humos mientras que el otro local, regentado por un español, no ha tenido problemas. Las entidades vecinales le recomendaron denunciarlo y acudir al consistorio, pero no quiso.

“Muchas personas tienen miedo de crearse problemas y que se les echen encima. Quieren seguir en el barrio y trabajar tranquilas, sin ser acusadas de chivatas”, explica Fátima Zohra, una activista vecinal. En esos casos, la mediación la hacen las entidades del bario, sin involucrar a la policía o a la administración, pero según Fátima esa no es buena opción. “Hay que denunciar, porque no estamos pidiendo un favor, sólo ejerciendo nuestros derechos”, explica esta mujer, quien asegura no tener miedo del racismo ni de la extrema derecha.

“Sé que no estoy sola”, dice. “Desde que trabajamos juntos y los vecinos nos hemos unido, siento que el barrio es mucho más seguro. Que es más difícil que nos ataquen porque han visto que no somos malos”, expresa Fátima, quien desea con todas sus fuerzas que la extrema derecha no llegue a la ciudad. “Pero si llega, nos encontrarán unidos”.  

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Los ocho bloques se van levantando, como si de un pequeño barrio se tratara, en los terrenos de la antigua fábrica Cosme Toda, en L’Hospitalet de Llobregat. La promoción, de 885 viviendas en total, está tan avanzada que muchos pisos ya están vendidos. Pero un informe pericial cuestiona ahora su legalidad. Los edificios, de hasta 13 plantas, se habrían construido demasiado juntos, incumpliendo así la normativa del Plan General Metropolitano (PGM), que obliga a que tengan un mínimo diario de luz natural.

Esta es la conclusión a la que ha llegado un análisis pericial encargado por el grupo municipal de En Comú, que ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento para que paralice de inmediato las obras. El documento, firmado por el arquitecto Isidre Santacreu, constata cómo las fachadas de varios de los edificios no reciben el mínimo de luz solar que estipula la normativa. Según el artículo 264 de la reglamentación metropolitana, por razones de higiene todas las plantas de los bloques construidos en nuevas urbanizaciones deben contar al menos con una hora de rayos de sol directos entre las 10 y las 14 horas. Pero no en un día cualquiera, sino a fecha 21 de enero. Según el perito, si el plan presentado parecía cumplir con la normativa es porque hizo el cálculo en base a “valores estivales”.

“Lo que hicieron fue falsear los datos para sacarlo adelante”, denuncia Dani R., portavoz de la Plataforma Stop Masificación en L’Hospitalet. Este colectivo se opuso ya desde que comenzaron los trabajos, en 2018, a las nuevas edificaciones, alegando que lo que necesita el municipio, y barrios como el de Sant Josep, son zonas verdes y servicios públicos. Pero no más pisos. “Somos una de las ciudades más densas de Europa, pero en este barrio ni siquiera hay un centro de Atención Primaria y solo dos guarderías. Es una locura”, lamenta este vecino.

El plan se remonta a antes de la crisis inmobiliaria. El proyecto urbanístico se aprobó en 2008 mediante una modificación del Plan General Metropolitano, y ya por aquel entonces la Comisión de Urbanismo de la Generalitat, que debe aprobar estos planes, receló de su viabilidad a nivel de iluminación y de preservación de la intimidad. Pidió al Ayuntamiento una mejor justificación de que se cumplía la norma, y fue entonces cuando se remitió el documento con los cálculos que hoy se ponen en duda. 

Debería reducirse la edificabilidad un 34%

“Se trata de una infracción muy grave”, apunta Anna González, concejala de En Comú. Su grupo lo ha llevado por ahora al consistorio para que revise el planeamiento, pero si no lo paralizan, están dispuestos a trasladarlo a la Justicia. Si se confirman las conclusiones del perito, dice, se habría incurrido en una “nulidad de pleno derecho”. 

Para los comuns, esta obra es de hecho un “pelotazo”, porque gracias a los cálculos equivocados del asoleamiento se ha podido edificar un 34% más de lo que se hubiese permitido. Consultados por este diario, desde el Ayuntamiento, que gobierna el PSC, han declinado hacer valoraciones. “Los técnicos municipales deben estudiar el recurso y verificar si lo que exponen los Comuns es así. En cuanto se haya hecho la revisión, el Gobierno local se pronunciará sobre el caso”, apuntan fuentes consistoriales. 

A pesar de que han sido los comuns los que han encargado este informe pericial, Dani R. cuenta que fue el colectivo vecinal Stop Masificación el que detectó esta irregularidad. Inicialmente, sus manifestaciones y campañas en redes sociales iban destinadas a criticar que se levantase un complejo con capacidad para 3.000 o 4.000 personas en apenas cuatro hectáreas de una antigua fábrica, sin ampliar equipamientos ni transporte público. Y con muy poca zona verde. “Desde la ignorancia técnica, aquello ya nos parecía exagerado”, expone. 

Pero un día les contactó una arquitecta que había estado atenta a sus movilizaciones y les puso en alerta sobre la cuestión de la iluminación. “En 2019, cuando todavía no se había levantado nada, ni había siquiera encofrados, ya fuimos a llamar a la puerta de la Agencia para el Desarrollo Urbanístico a decirles que aquello no se estaba haciendo bien”, relata Dani R., que lamenta que no les hicieron caso. 

Ahora el problema es que varios de los edificios ya están casi acabados. Dos de los tres de 13 plantas están prácticamente finalizados por fuera. Otros dos de ocho pisos, lo mismo. La zona es un enjambre de obreros y técnicos. Y las inmobiliarias hace meses que anuncian los pisos y que han vendido buena parte de ellos. A un precio entre 250.000 y 300.000 euros, la inmobiliaria Qualitat HS ha colocado ya el 86% de sus viviendas, por ejemplo. Otra promotora implicada es Culmia, con precios parecidos y con pisos de unos 100m², piscina comunitaria y garaje. 

En un estadio tan avanzado de edificación, quienes se oponen al proyecto son conscientes de lo complicado que puede ser paralizarlo, modificarlo o suspenderlo. “Piensa que son casi 900 pisos a más de 200.000 euros cada uno. ¿Te imaginas la cantidad de millones que supone eso?”, se pregunta Dani R. Para En Comú, lo primero es presentar el recurso y, a partir de ahí, ya decidirán. Aun así, añaden que se ponen a disposición de los “afectados”. “Es lo más triste de todo. Hay personas que han comprado un piso deficiente a un precio muy elevado”, afirma la edil.

Vecinos exigen más verde; comercios lo celebran 

“¿Te refieres a los pisos esos que no tienen luz, ¿no?”. Muchos de los vecinos que rodean esta gran manzana que es la antigua Cosme Toda conocen perfectamente la controversia que rodea la promoción. “En L’Hospitalet tenemos un problema de masificación, esto es evidente”, expresaba Sara Cabello, mientras paseaba a su perro al lado de las obras. Ella vive en la ciudad desde 2013. Cuando supo de las promociones, estuvo mirando precios para ver si se podía comprar uno. “Pero son demasiado caros. Por 300.000 euros me compro una casa en las afueras”, argumenta.  

Sant Josep es un barrio de tradición obrera, con bloques levantados durante el tardofranquismo y pocas zonas de recreo. De todos modos, Sonia, vecina desde hace 30 años, lo define como un “buen barrio”. “La gente es trabajadora. Se levanta temprano y se va a dormir temprano. Así que es tranquilo”, resume. Para ella, las 900 viviendas son un problema “muy grande”. Además, justo al otro lado de la Avenida Josep Tarradellas, a 50 metros de Cosme Toda, se han proyectado otros 500 pisos nuevos. “No estamos preparados para tanta gente cuando tenemos que desplazarnos hasta el centro para ir al centro de salud”, insiste esta vecina. 

Pero también hay opiniones favorables, sobre todo las de aquellos negocios que verán cómo se multiplican sus potenciales clientes. Frente a las obras, la dueña de un bar explica que incluso antes de que hayan llegado los vecinos les ha “cambiado la vida”. Antes, la calle donde apenas podía colocar una terraza de tres mesas estaba flanqueada por un carril de aparcamiento y el muro de la antigua factoría tapiada. Ahora le han ampliado la acera de tres a seis metros y tendrá unas vistas más agradables.