Una casa para Úrsula: ocupar ante la falta de respuestas de la administración

En el barrio del Gornal, en L'Hospitalet de Llobregat, se acumulan los pisos de protección oficial. Joaquín Cabello, presidente de la asociación de vecinos El Gornal Siglo XXI, explica que en el barrio hay muchas familias en situación de vulnerabilidad y que se ven forzadas a buscarse la vida. La asociación reparte comida a algunas familias y también apoya a otras que han decidido ocupar pisos vacíos porque no pueden hacer frente a un alquiler. Es el caso de Úrsula Moreno, que hace tres años que ocupa un piso de protección oficial que estaba vacío en la puerta al lado del de Cabello con su pareja y sus dos hijos. También hace casi tres años que sufre con el riesgo de quedarse en la calle.

Los pisos donde viven Moreno y Cabello se encuentran en uno de los tres bloques idénticos conocidos como Gornal 96. La imagen de las viviendas contrasta con la del edificios de diseño del distrito económico de L'Hospitalet, que esta semana acoge el Mobile World Congress a pocos metros de distancia.

“Yo cobraba 200 euros y mi compañera 700, y el alquiler costaba 700 y teníamos que pagar 50 más de comunidad”, explica Moreno. “Era pagar el alquiler o comer”, explica Eva, su pareja. Así, optaron por entrar en un piso de protección que sabían que estaba vacío. Cuando entraron, el anterior inquilino se había llevado toda la cocina y todo el lavabo a excepción de la taza del inodoro. “No tenía casa pero no me quería quedar, pensaba que aquí no podrían vivir mis hijos”, recuerda Moreno.

Se encargaron de rehabilitar el piso gracias a la ayuda de amigos que les daban material de obras y se tuvieron que endeudar para comprar electrodomésticos. También consiguieron dar de alta los suministros, y ahora tienen una vida en condiciones. Con el miedo del desahucio, eso sí. “Desde que nos llegó la primera orden de desahucio tenemos las cosas en cajas por si tenemos que marchar, y me pregunto qué debo hacer con la cocina, que es toda nuestra”, dice Eva.

Hace dos semanas la familia consiguió un aplazamiento de la segunda fecha de desahucio y ahora buscan una solución con el consistorio. Desde el Ayuntamiento de L'Hospitalet aseguran que hasta que no le ofrezcan una alternativa no debe sufrir porque no la echarán de casa. Moreno ya ha solicitado un piso de protección y se le ha reconocido este derecho. Desde L'Hospitalet explican que esperan que haya viviendas vacías para convocar la mesa de adjudicación en la que se le podría asignar un nuevo piso.

La paradoja es que donde vive ya es un piso de protección oficial teóricamente vacío. “Si cumplen los requisitos para estar en esta vivienda, que no les busquen otro lugar si no lo han hecho hasta ahora”, dice indignado Joaquín Cabello. El piso es de la Agencia Catalana de la Vivienda, que explica que tiene un acuerdo con el consistorio para que gestione sus pisos, pero el Ayuntamiento apunta que éste no se encuentra entre los que les ha cedido la Generalitat precisamente por encontrarse ocupado. “La Generalitat sólo nos ha cedido los pisos que estaban vacíos”, aseguran fuentes municipales. La PAH, la asociación de vecinos y las afectadas critican la lenta respuesta de las administraciones ante este limbo.

“En una situación de necesidad yo habría hecho lo mismo que ellas, lo que no puede ser es que haya demanda y pisos que no están habitados y eso no se resuelva rápido, no es normal que haya pisos de protección tapiados”, critica Cabello, que con sus vecinas repasa los pisos tapiados y vacíos que conocen en el barrio. “Ellas todavía tienen un trabajo para poder pagar un alquiler social, pero hay quien vive del PIRMI y no se lo puede permitir”, apunta el líder vecinal, que explica que él, en el piso de al lado, paga alrededor de 350 euros de alquiler.

Ante esta situación, la ocupación es la salida que encuentran las familias. “Sólo en esta zona del barrio somos al menos 20 familias ocupando”, asegura Moreno, que lamenta que otras personas tengan miedo a hacer presión de forma conjunta. “Este problema lo han tenido aquí toda la vida, hay un bloque aquí al lado que estaba vacío y hace 30 años entraron 40 familias y no se detuvieron hasta que regularizar su situación”, explica.

Las administraciones empiezan a mirar de frente la cuestión de los pisos ocupados en precario. La Agencia Catalana de la Vivienda reconoce que tiene 236 pisos ocupados. A esta cifra habría que sumar los de los ayuntamientos y, sobre todo, los de entidades bancarias y la Sareb, el banco malo.

En la mesa de trabajo impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona sobre viviendas ocupadas con administración, entidades sociales y entidades financieras, los bancos reconocen que también tienen un problema al respecto. El consistorio tiene 24 viviendas de protección oficial ocupadas, y las entidades financieras hablaban de cifras más elevadas. El Banco Sabadell habló de 94 pisos ocupados en Barcelona y 2.700 en total, aunque el departamento de comunicación de la entidad ha declinado hablar de sus políticas con respecto a las ocupaciones.

Regularizar la situación de familias que ocupan

Jaume Forn, director de la Agencia Catalana de la Vivienda, asegura que las viviendas públicas o gestionadas por la Generalitat se destinan “prioritariamente a atender las situaciones de desahucio”. “Si tenemos ocupación seguimos el protocolo de analizar en qué situación se encuentra aquella familia, y si echamos a los ocupantes les debemos atender también por la vía de la emergencia social”, explica. El responsable del parque de vivienda de la Generalitat considera que a las familias que viven ocupando no se les debería asignar la misma vivienda en la que viven. “En política social no hay nada que se pueda descartar, pero en criterios generales no debería ser así”, asegura.

El Ayuntamiento de Barcelona, en cambio, es el primero en apostar por regularizar la situación de las familias que ocupan pisos públicos por situación de pobreza sobrevenida. Presentará un plan para que las familias que llevan más de dos años ocupando un piso y acrediten una situación de vulnerabilidad puedan regularizar su situación automáticamente. Los que lleven más de un año y demuestren arraigo en su barrio, también. En caso de que lleven menos de un año ocupando podrán optar a quedarse con un informe de servicios sociales.

El consistorio confía en que esta medida pueda extenderse también a los pisos de entidades financieras. Según aseguran asistentes a la mesa sobre ocupación, Banco Sabadell y Caixabank reconocieron que están ofreciendo alquileres sociales a familias que ocupan, aunque los últimos apuntaron que encuentran problemas para conseguir un informe preceptivo de servicios sociales. En respuesta a ello el Ayuntamiento de Barcelona expresó su predisposición a colaborar con las entidades financieras que estén dispuestas a regularizar ocupaciones.

“Yo no soy ninguna mafia”

Lejos de este abordaje, Úrsula Moreno critica el trato recibido en el Ayuntamiento de L'Hospitalet. “El asesor del Ayuntamiento con el que hablé me dijo que lo que tenía que hacer era buscarme un trabajo, cuando yo le expliqué que no podía trabajar”, asegura. Moreno sufre una enfermedad que le dificulta la visión y le impide hacer esfuerzos, y está tramitando la gestión de su discapacidad. Ahora no recibe ninguna ayuda. Cuando ocupó tuvo que empadronarse en casa de sus padres y perdió la ayuda de 200 euros que percibía.

Carlos Macías, portavoz de la PAH, es especialmente crítico con el gobierno de L'Hospitalet. “Nos dijeron que habían parado todos los desahucios en invierno y de familias con menores, pero enseguida les llegó la orden de desahucio”, apunta. “Si al Ayuntamiento le faltan viviendas públicas es porque no las ha hecho, porque siempre ha gobernado el PSC”, critica Macías, que añade que “nunca han querido aplicar la ley catalana del derecho a la vivienda de 2007 para sancionar los pisos vacíos de entidades financieras y ahora tampoco aplican la nueva ley 24/2015”. “A nivel estatal su partido asume la misma lógica que en L'Hospitalet, que no creen que los grandes tenedores de vivienda tengan que asumir responsabilidades”, concluye.

Moreno lamenta que el Ayuntamiento les criminalice. “A los ocupas nos dicen mafias, y yo no soy ninguna mafia, yo he pedido una vivienda antes y después de tener que entrar en este piso y siempre me lo han negado hasta que la última vez me han reconocido que tengo derecho ”, remarca. “Si no tuvieran los pisos vacíos no ocuparíamos, y el Ayuntamiento me ha reconocido que saben que en cuanto me echen entrará alguien a ocupar el piso”, concluye.