“Trump está hundiendo al partido”. Así de elocuente se expresa una fuente consultada por la CNN este lunes. Y lo cierto es que el pánico está creciendo entre las filas republicanas, sobre todo entre esos congresistas, senadores y gobernadores que tienen miedo a perder sus cargos institucionales, es decir, sus puestos de trabajo, sus nóminas, su poder y su lugar privilegiado en el establishment político y económico de EEUU.

Los republicanos temen que el presidente de EEUU, que se encuentra de gira por todo el país con actos diarios para la campaña de las elecciones del 3 de noviembre, les arrastre a una debacle electoral que les haga perder la Cámara de Representantes y el Senado. No en vano, el índice de aprobación de Trump ha alcanzado su mínimo, con un 30% de los estadounidenses a favor y un 68% en contra, lo que supone un descenso de 4 puntos porcentuales respecto a julio, según una encuesta reciente del Pew Research Center. Es decir, el 68% censura lo que está haciendo, una desaprobación que el propio presidente contribuye a alimentar con sus actos de campaña.

Desde la guerra de Irán hasta la represión migratoria, pasando por el encarecimiento del coste de la vida y un acuerdo con Vladímir Putin para intentar rebajar el precio del diésel a la desesperada mientras alimenta la guerra en Ucrania. Pero no solo: ese acuerdo tumba las sanciones a Rusia firmadas por Trump el pasado 18 de septiembre, además de que devuelve a Putin su condición de interlocutor internacional, tras haber sido sancionado por Occidente, y lo convierte en un aliado que sale al rescate de un presidente de EEUU asfixiado por las consecuencias de sus propias decisiones en materia arancelaria y de política exterior.

En todo caso, según los expertos, el acuerdo equivale a la demanda de diésel de EEUU durante día y medio, por lo que no se prevé que tenga un gran impacto en el precio al consumidor.

Este domingo, senadores de los dos partidos, como Susan Collins (republicana por Maine), Jeanne Shaheen (demócrata por Nuevo Hampshire), Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut), Lisa Murkowski (republicana por Alaska), Ron Wyden (demócrata por Oregón), Thom Tillis (republicano por Carolina del Norte) y John Curtis (republicano por Utah), emitieron una declaración conjunta para condenar las importaciones de gasóleo ruso a EEUU pactadas entre Trump y Putin.

“El Congreso prohibió explícitamente las importaciones de energía rusa en 2022 para evitar que los dólares estadounidenses financiaran la brutal guerra de Putin contra Ucrania”, afirma la declaración: “El Congreso fue claro: Estados Unidos no debe importar petróleo de Rusia hasta que esta ponga fin a su agresión contra Ucrania y cese las amenazas contra nuestros aliados de la OTAN. La decisión del presidente Trump de permitir las importaciones de gasóleo ruso a EEUU contraviene directamente dicha ley. Además, la Administración no ha consultado al Congreso ni ha presentado ninguna explicación que justifique su decisión, tal y como exige la ley. Estados Unidos no debe proporcionar a Putin un salvavidas financiero mientras Rusia siga matando a civiles ucranianos. La Administración debe dar marcha atrás de inmediato”.

Renegando de Trump

A poco más de tres semanas de las elecciones de mitad de legislatura, algunos republicanos que se presentan a las elecciones marcan distancias con Trump en sus debates electorales. Un ejemplo son los debates al Senado en Maine, entre la senadora Susan Collins y el aspirante demócrata Troy Jackson, informa ABC News. En los dos debates celebrados, Collins habló de su registro de votos en contra de Trump y de cómo se ha enfrentado a su partido para colaborar con la oposición: “He votado a favor del presidente Biden el 91% de las veces. Y, solo este año, solo en esta legislatura, he votado en contra del presidente Trump 137 veces”.

Collins también ha criticado la guerra en Irán, afirmando que “no está bien planteada” y que ha provocado circunstancias adversas en lo que respecta al precio del petróleo a nivel mundial. Collins, además, ha criticado los aranceles impuestos por Trump a Canadá, un país cuya economía está estrechamente vinculada a la de Maine.

En Michigan, en el debate para las elecciones a gobernador del martes pasado, el candidato republicano, John James, pidió que la guerra en Irán terminara rápidamente: “Debería haber terminado ayer”.

En el debate para las elecciones a gobernador de Georgia, por otro lado, el candidato republicano, Rick Jackson, que en su momento basó su campaña en ser “el gobernador favorito de Trump”, ahora está cambiando de discurso. Cuando su oponente demócrata, Keisha Lance Bottoms, intentó vincular a Jackson con el presidente, este, en cambio, se alineó con el popular gobernador saliente, el republicano Brian Kemp, que lleva dos mandatos en el cargo.

“Dejadme que os diga algo. No le debo nada a nadie. Nadie me ha dicho nunca lo que tengo que hacer. Mi prioridad número uno son los georgianos. Sois vosotros. Y me enfrentaré a cualquiera, tal y como ha hecho Brian Kemp. Él colabora con ambos partidos, con ambos presidentes, y se mantiene firme cuando no está de acuerdo”, afirmó Jackson durante el debate del martes, en el que no mencionó nunca al presidente por su nombre.

Represión migratoria

Muchos republicanos también son críticos con la represión migratoria. Recientemente, la congresista republicana por Florida María Elvira Salazar difundía un vídeo en el que impugnaba las políticas de la Casa Blanca. Y no es la única. “Cuando empiezas a deportar a personas que llevan aquí 15 o 20 años sin incidentes, eso es una zona gris en la que, en mi opinión, hay mucha división de opiniones”, afirmó el senador John Cornyn (republicano por Texas). “Siempre he pensado que esta idea de las deportaciones masivas transmitía un mensaje equivocado”.

Una encuesta de Fox realizada entre el 11 y el 14 de septiembre a 1.211 votantes registrados revela que el 53% consideraba que la aplicación de las leyes de inmigración por parte de la Administración Trump había ido demasiado lejos. De los que afirmaron que las deportaciones habían ido demasiado lejos, el 45% señaló que el Gobierno estaba haciendo un uso excesivo de la fuerza, mientras que el 49% afirmó que se estaba actuando contra las personas equivocadas.

El senador Mike Rounds (republicano por Dakota del Sur), que se presenta a la reelección este año, afirmó que la mayoría de los estadounidenses quiere que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se centre en los migrantes que hayan cometido delitos distintos del de cruzar ilegalmente la frontera: “La mayoría de los estadounidenses afirman que somos una nación de leyes, pero con tanta gente aquí de forma ilegal como la que tenemos, asegurémonos bien de que nos centremos en detener a aquellas personas que han infringido nuestras leyes en aspectos distintos al simple hecho de estar aquí ilegalmente”.

Rounds aconsejó a la Administración Trump que fuera más indulgente con los inmigrantes que “están aquí y cuentan con una resolución judicial que [establece] que pueden permanecer en el país”.

El senador Thom Tillis (republicano por Carolina del Norte) afirmó que está de acuerdo con sus colegas republicanos del Senado en que las deportaciones masivas de Trump han ido demasiado lejos: “Prefiero que 100 personas en situación irregular queden en libertad antes que detener a una persona inocente. Aparte de ser una tontería desde el punto de vista político, en mi opinión es inmoral. Hemos ocultado por completo el enorme éxito que supone la seguridad de la frontera, al extralimitarnos y actuar de forma demasiado agresiva”.

Washington DC siempre ha sido la capital internacional de los grupos de presión. El lugar donde se apilan de manera compulsiva. La Puerta del Sol de los privilegiados que buscan mantener sus status quo. O, en su defecto, alcanzar beneficios directos de forma fulgurante y subrepticia. De hecho, los lobbies tienen calle propia en DC, K Street, la arteria urbana en la que se congregan para ejercer su influencia en el establishment americano. Pero no es el único distrito de acceso al lado Oeste de la Casa Blanca, donde se supone que se cuecen a fuego más o menos lento los designios de industrias o movimientos sociales y políticos como el Make America Great Again (MAGA).

Donald Trump ha desplazado, en su segundo mandato, parte de sus plácets de ingreso hacia Mar-a-Lago, su residencia familiar en, una maniobra con la que el dirigente republicano pretende seguir labrándose una imagen alejada —de eso alardea— del viejo orden institucional estadounidense.

Sin embargo, y pese al empeño trumpista por desviar su atención del círculo de Washington, los lobbies americanos, posiblemente los más activos y pudientes del planeta por su capacidad de interceder en la gestación de normas o la puesta en liza de iniciativas oficiales y de trasladar sus intereses más allá de las fronteras de EEUU, viven una etapa de esplendor. A rebufo de la agenda ultraconservadora MAGA.

La reciente reunión con los primeros espadas de las Big Oils sobre el veto exportador al diésel y la exigencia a Europa para que libere sus reservas de gas y gasóleo, esenciales para que opere el mix energético en una etapa de escaso almacenamiento en el Viejo Continente, con un invierno en ciernes y una escalada de precios energéticos surgida de la guerra de Irán instigada por el propio Trump, es un botón de muestra de la efervescencia que han tomado sus incursiones en el núcleo duro del inquilino de la Casa Blanca. Pero no ha sido la única señal de que algo se cuece en la sala de máquinas del ejecutivo americano a menos de un mes de las midterms.

También las Big tech se han aproximado al Despacho Oval. En esta ocasión, a cenar, con luz y taquígrafos. Para reclamar al presidente de la IA y los cripto-activos autorregulación en tiempos convulsos que les conceda inmunidad ante la hostil y archi-normativa Europa, que pretende, a los ojos de los jerarcas de Silicon Valley, alejarles del negocio tecnológico del viejo continente. O de las perversas y vetustas instituciones multilaterales, que instaurar supervisión a los avances de la IA.

En la lista de ilustres comensales, destacaron Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google), Greg Brockman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic), Jensen Huang (Nvidia), Alex Karp (Palantir), Jeff Bezos (Amazon) y Elon Musk (X, Tesla, SpaceX).

Ambos cónclaves ocurrieron en apenas 48 horas. Casi sin solución de continuidad. No en balde, la cita con las urnas de noviembre, en la que el Grand Old Party (GOP) de Trump no disfruta del beneplácito de los sondeos y varios de sus gobernadores y legisladores en ambas cámaras temen perder sus cargos, es ya inminente. Y los estrategas del partido admiten que el encarecimiento de los carburantes mengua la capacidad adquisitiva de los hogares y que la persistente inflación relega o condiciona las decisiones de consumo en las familias. 

Si, además, estallara la burbuja bursátil de los valores tecnológicos y sus billonarias inversiones acordadas por sus big tech, el panorama para el inversor minorista en Wall Street sería aún más oscuro y dañaría los intereses de un GOP absorto en la ideología MAGA. 

La vieja economía fósil ataca de nuevo...

La liturgia de estos dos lobbies duró apenas unos días, pero bastó para mostrar cómo funcionan los mercaderes de los grupos de presión en el templo americano. El de la vieja economía fósil se activó a finales de septiembre, con el diésel por encima de 6,50 dólares el galón y con Trump mostrando su intención de prohibir su exportación para frenar el precio doméstico y contener la creciente ira de agricultores, transportistas e industriales.

Los ejecutivos de las supermajors acudieron a velar por sus negocios internacionales. Le dijeron a Chris Wright, el zar de la Energía de Trump, que la idea de su jefe era descabellada porque toda intervención en los flujos energéticos globales traería más inflación a EEUU. Lo hicieron en boca de Darren Woods, CEO de ExxonMobil. Del encuentro salió la petición a Europa de que liberara sus stocks de gas y diésel, que finalmente aceptó en el G-7 a instancias de Francia. Pese a los reproches de analistas que ven en la medida más presión sobre las cuentas europeas al tener que prorrogar subsidios a la energía en una época de retorno a la austeridad y con primas de riesgo al acecho por exceso de endeudamiento. Irónica y especialmente contra el bono francés.

Pero “los lobistas son la mejor fuente de información que el dinero puede comprar”, como decía el difunto senador John McCain, adalid republicano, nada connivente con Trump. En Político ya describían los primeros movimientos del lobby fósil a comienzos de septiembre en un elocuente reportaje titulado All Hand On Deck: las manos sobre la mesa. Después de que el presidente acusara a ExxonMobil y Chevron de ganar demasiado dinero y ordenara investigar abusos de precios.

El nerviosismo del sector tenía una nítida base monetaria. Las exportaciones estadounidenses de crudo habían aumentado cerca de un 30% interanual, hasta unos 3,5 millones de barriles por día y las de productos refinados, incluido el diésel, en un 20%, por encima de 8 millones diarios.

El American Petroleum Institute —el lobby por antonomasia de la Big Oil— y las firmas dueñas de las refinerías insistieron en que cerrar esta válvula reduciría producción, alteraría el equilibrio entre combustibles y acabaría encareciendo los precios domésticos. La Casa Blanca sostuvo que no preparaba restricciones, pero la campaña preventiva ilustra hasta qué punto la industria trata de influir antes de que una opción política llegue siquiera a formalizarse.

La presión empresarial coincidió con el sentimiento republicano. Su senador Chuck Grassley y otros representantes de estados agrícolas reclamaron medidas para frenar el precio del diésel. Con advertencias de que el partido podía pagar la crisis en las urnas. La exigencia a los aliados europeos de hacer uso de sus reservas era el punto de encuentro entre dos grupos de interés próximos al GOP. Agricultores, industriales y familias que demandan carburantes a costes bajos y petroleras y plantas de refino dispuestas a no dejar de recibir su cuota exterior del negocio.

Por mucho que los expertos se afanen en situar el foco en la realidad. Como Bill Farren-Price, de Oxford Institute for Energy Studies, quien alerta de que generar un shock energético mediante una guerra en Oriente Próximo perjudica al consumidor estadounidense, a la economía mundial y al crecimiento de largo plazo de los propios mercados de petróleo y gas.

Pero la Big Oil dispone de una maquinaria permanente para hacerse escuchar. El gasto declarado en lobby de su industria alcanzó los 32 millones de dólares entre julio y septiembre pasados con American Petroleum Institute, Koch Industries, ExxonMobil y Chevron como protagonistas.

... y cede sus bártulos de influencia a la IA

La segunda señal de alarma de que los lobbies han estado en plena efervescencia este verano y lo estarán este otoño procede de la IA y su “moralmente vinculante” autorregulación que exige el tecno-feudalismo de Silicon Valley, según afirma Trump. Frente a la barbarie del normativismo público. Este pacto apela a controles internos, auditorías externas y vigilancia desde los propios consejos de administración. Sin sanciones ni mecanismos de cumplimiento por exigencia legal. La fórmula –aducen defensores y detractores– permite a la Casa Blanca decir que responde así a la creciente preocupación social por los riesgos de la IA sin imponer a Silicon Valley un marco federal que frene su voracidad innovadora.

Tras esta entente cordiale se ha desplegado toda una maquinaria de influencia. El lobby de la IA, el nuevo K Street tecnológico, ha desembolsado 112 millones de dólares a sus firmas de presión en el primer semestre de 2026; más de la mitad —unos 60 millones— en los meses estivales, su récord trimestral, según datos de Bloomberg Government que cita a Meta Microsoft, Anthropic y Nvidia como sus principales clientes. 

De momento, busca virar el rumbo del relato regulatorio desde un supuesto intervencionismo estatal —cuánto pueden los poderes públicos vigilar a las tecnológicas y a su IA— hasta situarlo en un punto de gravedad nunca visto: quién debe escribir las reglas y verificar su cumplimiento. Tom Wheeler, del Center for Technology Innovation de Brookings y antiguo presidente de la Federal Communications Commission (FCC), el regulador del mercado de las telecomunicaciones americano, avisa de que el pacto permite a las compañías diseñar sus propios controles, elegir a sus evaluadores y decidir si sus procedimientos resultan efectivos sin obligación de entregar resultados a una autoridad pública ni de imposición externa a cualquier medida correctoras.

Es decir, que las compañías se convierten simultáneamente en legislador, inspector y árbitro. En un momento en el que el propio Congreso americano empieza a explorar vías distintas, con una serie de iniciativas bipartidistas para establecer responsabilidades civiles y penales por posibles daños provocados por la IA.

Marcus Bokkerink, expresidente de la británica Competition and Markets Authority, va incluso más allá al alertar de que “no corresponde a las empresas que fabrican productos designar a sus propios evaluadores” y, en una clara alusión a las bigtechs americanas, critica que “unos pocos gigantes no deben diseñar reglas de juego que podrían terminar consolidando sus posiciones de dominio y dificultando la entrada de nuevos competidores más pequeños”.

Un bumerán de presiones

Pero el petróleo y la IA no son los únicos focos de influencia latente en EEUU. OpenLobby, una plataforma de datos que rastrea el menudeo de los lobbies, cifra en 2.740 millones de dólares en facturas declaradas por estas prácticas con más de 12.600 lobistas activos entre enero y junio. Camino de otro récord anual como en 2025. Desde movimientos para influir en la confección de los presupuestos a otros dirigidos a dibujar el futuro mapa impositivo, la porción privada de la Sanidad y un amplio abanico de sectores. Todos, con mayor o menores arsenales monetarios.

Farmacéuticas, firmas manufactureras y de comercio, de las industrias militar, financiera o de la distribución, alimentación, agrícolas, automovilísticas, transporte, telecos, inmobiliarias o entes profesionales compiten por un más rápido acceso a una Casa Blanca capaz de alterar aranceles, contratos públicos, leyes o decisiones ejecutivas. En busca de metas y desafíos concretos.

En esta arquitectura, K Street continúa ejerciendo su poder. Hace uso del viejo modus operandi de influir desde despachos jurídicos, asociaciones empresariales, comités del Congreso, agencias o funcionarios y reguladores. Ballard Partners, firma fundada por Brian Ballard, histórico aliado de Trump, ha declarado más de 30 millones de dólares de ingresos por lobby federal en cada uno de los dos primeros trimestres de 2026, líder del sector. Mientras firmas de colaboradores del universo trumpista captan cada vez más porciones del pastel. A cambio de conocimiento en Public Affairs. Aunque, sobre todo, por usar sus tentáculos con el círculo íntimo del presidente.

En este contexto, Mar-a-Lago añade una dimensión distinta. La residencia de Trump en Florida funciona simultáneamente como espacio privado, negocio y escenario político. Organizaciones dedicadas a visar conflictos de interés han documentado decenas de actos de grupos políticos y empresariales en ella. “Cuando la diplomacia se vincula a la marca personal del presidente como si perteneciera a una administración concreta, EEUU acaba erosionando su credibilidad” alerta Stephen Wertheim, de Carnegie Endowment, sobre las procesiones a Mar-a-Lago antes de alejar cualquier vínculo con Camp David, residencia federal y sede de acuerdos diplomáticos de alto nivel durante más de medio siglo, al que quieren equiparar los acólitos de la versión Trump 2.0.

Queda un mes y medio para las elecciones legislativas de mitad de mandato. La Reserva Federal acaba de subir los tipos de interés porque la inflación está descontrolada a consecuencia de la guerra de Donald Trump en Irán. Los precios de la gasolina y el diésel siguen desbocados, lo que afecta al bolsillo de todos los votantes del 3 de noviembre, por mucho que a los tecnoligarcas que cenaron el jueves en la Casa Blanca con Xi Jinping les esté yendo muy bien en la Bolsa.

Queda un mes y medio para las elecciones, y el presidente de EEUU se dio un baño de trumpismo hace unos días en la convención republicana de Dallas, donde hubo dos mensajes fuerza: Trump ha salvado al país de la “invasión migrante” y Trump salvará el país de la “invasión comunista”.

Y dos semanas después de alentar el miedo al diferente y a la supuesta amenaza comunista, el presidente de EEUU ha dedicado tres días al principal líder comunista del planeta Tierra, Xi Jinping, ante quien desplegó una alfombra roja y recibió con todos los honores en la Casa Blanca este jueves y viernes.

Hasta tal punto han mostrado sus buenas relaciones, que Trump ha afirmado que volverá a China en noviembre, y que se volverá a encontrar con Xi en diciembre, en el G20 de Florida. Otra cosa son las consecuencias concretas de la visita de Xi a EEUU, que, según denuncian los demócratas, han sido muy magras.

Pero Trump no tiene complejos, piensa que nada de lo que hace le resta: ni la contradicción entre su retórica anticomunista y llenar la Casa Blanca de banderas rojas chinas, ni el contrasentido de querer presentar al Partido Republicano como el partido de la clase trabajadora, y aparecer siempre rodeado de tecnoligarcas multimillonarios; o la paradoja de decir que defiende la limpieza electoral y codearse con líderes ultras —como el argentino Javier Milei y el israelí Benjamín Netanyahu— y aplicar todo tipo de injerencias en las elecciones en Latinoamérica: Lula y los demócratas están denunciando cómo está interfiriendo en las elecciones presidenciales brasileñas.

A Trump le queda mes y medio para unas elecciones que pueden arrebatarle el control del Senado o la Cámara de Representantes; o quizá ambos. Y eso sería un gran revés para quien está empeñado en aprobar la Save America Act, una nueva ley electoral que, según los demócratas, restringirá el derecho al voto de millones de personas. ¿Por qué? Porque exige prueba de ciudadanía para registrarse y de identidad para votar.

Y Trump, en efecto, no tiene complejos, y a seis semanas de las elecciones, ha decidido que era buena idea amenazar en Naciones Unidas con aniquilar Irán, un país de 90 millones de habitantes, y prohibir a CNN, MS NOW y Politico la entrada en la Casa Blanca la víspera de la llegada de Xi Jinping a Washington DC. Al tiempo que emite en las cadenas de televisión anuncios trumpistas con retórica macartista de la Guerra Fría pagados con dinero público en plena precampaña de las elecciones legislativas.

En este contexto, Trump ha recibido este viernes una buena noticia del Tribunal Supremo, que ha levantado cautelarmente las restricciones a una controvertida base de datos federal de votantes y podrá ser usada en las elecciones de noviembre.

Este fallo supone una victoria, temporal, para Trump en su campaña contra el voto de los no ciudadanos. En efecto, la decisión del Supremo permite a los estados utilizar un programa de Seguridad Nacional para verificar la elegibilidad de los votantes.

El programa ha sido objeto de escrutinio por el uso de datos personales confidenciales y su tendencia a marcar erróneamente a algunos votantes como no ciudadanos. El uso del programa, llamado SAVE, por parte de los estados, es voluntario, por lo que limita el impacto del fallo en las elecciones de noviembre.

Pero no todo han sido buenas noticias este viernes para Trump por parte del Supremo, porque ha rechazado el intento de utilizar un nuevo mapa de distritos electorales de Misuri para el Congreso, favorable a los republicanos.

Trump está acelerando en su espiral autoritaria, redoblando la apuesta por el trumpismo antes de las elecciones legislativas. Incluso en un contexto de mínimos de popularidad. En efecto, el índice de aprobación de Trump ha caído al 32%, el nivel más bajo de su carrera política, según una encuesta reciente de Reuters/Ipsos.

Y, mientras tanto, los podcasters conservadores parecen estar perdiendo interés en Trump. De acuerdo con un análisis del Wall Street Journal de 70.000 horas de podcasts para comprender los temas que abordan los comentaristas conservadores, algunos de los cuales contribuyeron a la victoria de Donald Trump en 2024, y qué temas han quedado fuera de la conversación. El análisis refleja el ambiente político en sectores clave antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Para ello, el WSJ usó una herramienta de IA propia desarrollada para monitorizar las tendencias en redes sociales antes de las elecciones de mitad de mandato. Además de los podcasts, el diario recopiló más de 10 millones de publicaciones de TikTok e Instagram de diversos creadores. Tras cruzar esos datos con miles de horas de noticias televisivas y artículos del propio Journal para comprender los temas políticos que circulan en los medios de comunicación, la investigación encontró que los comentaristas de MAGA están ignorando a Trump. En efecto, las menciones del nombre de Trump por hora en los podcasts conservadores han caído casi un 70% con respecto a sus máximos durante la campaña de las elecciones de 2024.

Donald Trump disponía de un poder muy amplio en su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Las elecciones de noviembre le habían dado una victoria sobre Kamala Harris, además del control del Congreso —Cámara de Representantes y Senado—. A todo ello se unía su capacidad para configurar una mayoría en el Tribunal Supremo de seis jueces conservadores frente a tres progresistas.

Trump lo tenía todo: el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero sus formas de gobernar en este año y medio largo, basadas en la humillación de propios y extraños, de aliados y rivales, le han ido haciendo perder apoyo hasta entre los suyos, cada vez más reticentes a seguirle en su huida ultra hacia adelante.

Así, el presidente de EEUU ha visto esta semana cómo el Tribunal Supremo le da un bofetón en una de sus obsesiones: interferir en las elecciones legislativas de noviembre, donde hay encuestas que llegan a dar a los demócratas una ventaja de hasta nueve puntos. Trump quiere restringir el voto por correo, a sabiendas de que los demócratas lo usan más que los republicanos, y el Supremo le ha dicho que no: sus planes no pueden aplicarse para las elecciones de noviembre y el tribunal ya entrará más tarde en el fondo del asunto, si bien los tribunales inferiores han ido fallando contra la Casa Blanca.

La respuesta de Trump fue furibunda y elocuente: “Estas no son las personas a las que entrevisté para servir en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos; son apenas una sombra de lo que fueron originalmente”. Es decir, Trump se siente traicionado por un tribunal que él mismo configuró para estar a su servicio y que, en este caso, le ha dado donde más le duele. Entre otras cosas, porque Trump, desde su derrota ante Joe Biden en 2020, vincula, sin pruebas, el voto por correo con fraude electoral.

“La incapacidad y la falta de voluntad del Tribunal para hacer lo correcto por nuestro país quedarán registradas de forma muy negativa en los anales de la historia. Este Tribunal Supremo se deja intimidar y manipular por la izquierda radical para tomar decisiones que han hecho retroceder a Estados Unidos al menos cien años. Es un Tribunal que le está costando a Estados Unidos billones de dólares con fallos pésimos y sorprendentes, de tal magnitud que a nuestro país le resultará difícil recuperarse o sanar. Será recordado como un Tribunal que emitió algunas de las decisiones más destructivas, hirientes y perjudiciales en la historia de nuestro país. No me resulta fácil escribir esta crítica al Tribunal Supremo de Estados Unidos —es probable que me pase una factura muy alta en los años venideros—, pero considero que es mi obligación y mi deber, como presidente, hacerlo por la América que amamos”.

Y no es la primera vez que el presidente de EEUU sufre un duro revés del Supremo por parte de los jueces que él mismo nombró: ocurrió también con el uso de poderes de emergencia para aplicar aranceles unilaterales y con su intento de restringir la ciudadanía por nacimiento.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump no ha hecho más que intentar ampliar los poderes presidenciales, pasando por encima del Legislativo y de la Constitución, y el Supremo, que es de mayoría conservadora, le ha parado los pies en temas clave, si bien le ha dejado hacer en otros, como los despidos de responsables de agencias federales, por ejemplo.

Esta semana, además, Trump ha recibido el revés de la Reserva Federal, que ha aumentado los tipos de interés, por primera vez desde 2023, en un cuarto de punto. Trump eligió a Kevin Warsh y esperaba que bajara los tipos, frente al anterior, Jerome Powell, a quien Trump insultaba habitualmente por no bajar los tipos de interés y que incluso sufrió una investigación judicial federal por ser un rival político de la Casa Blanca. La subida fue aprobada por unanimidad y situó el tipo oficial en una horquilla del 3,75%-4%.

Según Trump, en su reacción a la decisión de la Fed, los tipos deberían estar “en el 1%”, y resulta que están en la horquilla del 3,75%-4%, como respuesta a una inflación persistente, que se encuentra en el 3,4%, por encima del objetivo del 2% de la Fed.

“¡BAJAD LOS TIPOS DE INTERÉS Y HACEDLO RÁPIDO!”, escribió Trump en un post en Truth Social, como si la Reserva Federal estuviera a su servicio.

“Confío en Kevin”, dijo Trump posteriormente ante los periodistas, “pero él se enfrenta a una junta directiva muy difícil; que fue nombrada por muchas otras personas. Y los tipos de interés son demasiado altos; no son adecuados. Hablé con Kevin y le dije que tanto daba si votaba a favor de la junta, porque al final no iba a importar. La junta es muy hostil, muy política; están actuando mal. Son un grupo de políticos, o personas puestas ahí por políticos. Y es una lástima, porque el tipo de interés es excesivo”.

Este análisis fue replicado por el senador republicano Thom Tillis: “¿Cómo va a ser una decisión política si fue tomada por unanimidad?” La subida, efectivamente, fue aprobada por unanimidad por el Comité Federal de Mercado Abierto.

El propio Legislativo también le está dando dolores de cabeza a Trump, que no le sigue en otra de sus iniciativas más polémicas, la Save America Act, una ley para restringir el voto al aumentar los requisitos para registrarse, difíciles de cumplir en EEUU, como una prueba de ciudadanía estadounidense, por ejemplo.

El presidente de EEUU no logra el apoyo de suficientes senadores republicanos, que ahora son mayoritarios en la Cámara Alta. De la misma manera, tampoco logra apoyos suficientes para frenar resoluciones contra su guerra en Irán, por ejemplo, de las que se han aprobado ya tres en la Cámara de Representantes, la última esta misma semana.

No se trata solo de instituciones independientes como el Supremo o la Fed, sino de fracturas dentro del propio Partido Republicano, que no entienden que una guerra en Irán que está provocando que el diésel está en EEUU a más de seis dólares el galón —3,8 litros— sea compatible con el America First o con ir en una buena disposición a unas elecciones que están a la vuelta de la esquina.

Así, la congresista republicana María Elvira Salazar, de Florida, ha publicado este jueves un vídeo en el que critica directamente la represión migratoria de la Administración Trump; en lo que supone una señal de alerta sobre la erosión del apoyo a los republicanos entre los votantes hispanos.

“Señor presidente, algunas de sus medidas de control migratorio han ido demasiado lejos”, dice Salazar a la cámara: “Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten hoy traicionados”.

Salazar, que cumple su tercer mandato, fue reelegida con una ventaja de 20 puntos porcentuales en 2024 y forma parte de la cúpula republicana de la Cámara de Representantes.

Trump no para de encadenar reveses por parte de sus aliados y de las instituciones que ha modelado a su antojo: inició al segundo mandato con una mayoría conservadora en el Supremo y control republicano del Congreso, que ha reforzado con un presidente de la Fed elegido por él mismo. Y esas mismas instituciones, controladas por los suyos, están poniendo límites a su agenda ultra.

Denota desesperación. El presidente de EEUU prometió esta semana en la convención republicana a 50 días de las elecciones legislativas que daría un cheque de 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si su partido salía victorioso el 3 de noviembre.

¿Hasta qué punto siente que puede perder las elecciones como para querer comprar el voto con 5.000 dólares? ¿Por qué un presidente que presume constantemente de estar viviendo una edad dorada necesita prometer 5.000 dólares a cada adulto? Si la economía es tan extraordinaria, ¿por qué hace falta un incentivo electoral de semejante magnitud?

La guerra en Irán tiene ya el galón de diésel por encima de los seis dólares en EEUU, y la popularidad del presidente de EEUU está en mínimos históricos. Pero él cree que la solución pasa por prometer 5.000 dólares por cabeza, si bien nunca más se supo de promesas similares hechas recientemente sobre los dividendos del DOGE o los aranceles. También piensa que la solución a las consecuencias del trumpismo pasa por más trumpismo.

“Por favor, levanten la mano derecha”, dijo el jueves por la noche: “Prometo lealtad al mejor presidente de la historia de Estados Unidos, que nos quiere tanto que apenas puede respirar, que saldré con mi familia, con mis amigos, no me importa si estoy registrado o no, y voy a intentar hacer trampa a lo bestia, tal como hacen ellos... Prometo que voy a reunir a mis amigos y a mi familia, y vamos a votar el 3 de noviembre, y que Dios nos asista. ¿Sabéis qué pasa si no votáis? Iréis al infierno, y no quiero que eso os pase. Así que, por favor, id a votar, porque juntos derrotaremos a los comunistas, a estos lunáticos de la izquierda radical, aplastaremos a los extremistas, fanáticos, lunáticos y criminales que quieren destruir nuestro país”.

En ese juramento, Trump juguetea con la idea de hacer trampas, del mismo modo que se reivindica como el mejor presidente de la historia, algo que muchos de los ponentes en esas 48 horas de aquelarre trumpista se preocuparon por decir.

Porque la convención republicana para poner en marcha a la militancia fue, sobre todo, una fiesta mesiánica para el presidente de EEUU, que llama al estrecho de Ormuz “estrecho de Trump” y a la paga de 5.000 dólares, “dividendos Trump”.

Con Trump, todo pasa por Trump, hasta el punto de decir: “El día de las elecciones, el 3 de noviembre, tenéis que hacerme un favor. Tenéis que salir a votar e imaginar que yo estoy en la papeleta. Porque, en cierto modo, sí estoy en la papeleta. Porque si ellos llegan al poder, nos quitarán todo lo que hemos conseguido, y no podemos permitir que eso suceda”.

Es decir, Trump está planteando las elecciones legislativas como un plebiscito sobre su presidencia, y sabe que es arriesgado, pero no puede evitarlo, y por eso promete 5.000 dólares mientras sigue estrangulado el comercio mundial de la energía por su guerra unilateral e ilegal en Irán y mientras se prolonga la crisis de asequibilidad que vive el país, con la inflación en el 3,4% y en vísperas de una posible subida de los tipos de interés en la reunión de la Fed el próximo 16 de septiembre, cuando Trump lleva meses exigiendo bajadas, y el barril de petróleo ha vuelto a superar los 100 dólares.

Y la guerra de Irán, que iba a durar cuatro semanas y ha superado los seis meses, la incertidumbre económica y el enriquecimiento personal están poniendo a prueba la estrategia de Trump —su patrimonio ha crecido 2.000 millones en la Casa Blanca—. Así, solo un tercio de los adultos estadounidenses aprueba su gestión de la presidencia, según una encuesta realizada en julio por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Esta cifra supone un ligero descenso respecto al 37% registrado en junio y se sitúa muy por debajo del 42% que aprobaba su tarea cuando asumió el cargo.

Una encuesta de la Universidad Quinnipiac publicada el jueves reveló que el 46% de los votantes registrados consideraba que el Partido Demócrata estaba más en sintonía con las preocupaciones de la mayoría de los estadounidenses, frente al 35% que opinaba lo mismo sobre el Partido Republicano.

A pesar de esos números, Trump promete más Trump, y se ha comprometido a hacer campaña en las próximas semanas a favor de los republicanos en contiendas reñidas. Pero la admiración por Trump puede ser una ventaja en unas primarias republicanas, donde los partidarios del presidente ejercerán una influencia considerable, pero podría ser contraproducente de cara a las elecciones legislativas, sobre todo si la popularidad de Trump no repunta.

Mapas electorales a medida

Mientras tanto, un tribunal de apelaciones ratificó este jueves el bloqueo al decreto del presidente de EEUU que limitaba el voto por correo. El tribunal de tres jueces, nombrados por el presidente Joe Biden, coincidió con los demandantes en que el presidente carece de autoridad para regular la política electoral de los estados.

La decisión se produce mientras el Supremo ya está analizando el mismo caso, el cual forma parte de una intensa actividad jurídica en un momento en que los estados empiezan a enviar papeletas por correo para las elecciones de mitad de mandato. Por otra parte, en una demanda distinta presentada en Washington DC, los demócratas y grupos de defensa de los derechos civiles también intentan frenar el decreto presidencial.

En paralelo, el Supremo rechazó el mismo jueves un nuevo mapa electoral de Misuri defendido por Trump y los suyos, que esperaban que el nuevo diseño les ayudara a ganar un escaño adicional en unas elecciones cruciales del 3 de noviembre.

Cheque problemático

No es la primera vez que Trump promete cheques esta legislatura. El presidente de EEUU había prometido anteriormente utilizar los ahorros del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y los ingresos de los aranceles a las importaciones extranjeras para distribuir pagos de 2.000 dólares o más, pero nada de eso llegó a materializarse.

Su última idea surge en un momento en que la economía estadounidense se enfrenta a una inflación persistente y al aumento de los tipos de interés, dos factores que han perjudicado políticamente a los republicanos tras haberles ayudado previamente a recuperar el poder frente a los demócratas.

Trump afirmó que los pagos serían posibles gracias a la fortaleza de la economía; sin embargo, la confianza del consumidor es baja debido al aumento de los precios de la gasolina —provocado por la guerra con Irán— y a que los salarios tienen dificultades para seguir el ritmo de la inflación.

En una entrevista con CBS, Trump declaró que no cree que el Congreso deba aprobar los pagos que planea, aunque no especificó cómo podría gastar más de un billón de dólares sin la intervención del legislativo. “Bueno, creemos que no”, dijo Trump respecto a la aprobación del Congreso. “Creo que lo haría si fuera necesario. Pero creemos que no”.

Es decir, Trump promete el dinero condicionado precisamente a que su partido controle el Congreso, pero al mismo tiempo sostiene que no necesitaría al Congreso para aprobarlo, en un nuevo desafío al legislativo y en un nuevo órdago sobre los poderes presidenciales y los límites institucionales.

Más tarde, al ser cuestionado por un periodista en el aeropuerto antes de partir de Dallas, Trump negó que los 5.000 dólares tuvieran como fin movilizar el voto, a pesar de haber dicho inicialmente que el dinero se distribuiría “si los republicanos ganan”. En su lugar, describió los pagos como una “recompensa” para los ciudadanos que soportaron la presidencia de Joe Biden.

La propuesta del presidente, presentada durante su discurso de casi dos horas el miércoles por la noche en Dallas, supondría un coste superior a los 1,3 billones de dólares si el Congreso autorizara pagos de 5.000 dólares a los 270 millones de adultos del país.

El Tesoro ya registra un déficit anual cercano a los 1,8 billones de dólares, y la deuda nacional total supera los 40 billones este año. Según datos del Departamento del Tesoro, los gastos por intereses para el año fiscal 2026 ascenderán a unos 1,27 billones de dólares, una cifra similar al coste proyectado de la propuesta de Trump.

Trump ha situado las elecciones legislativas como un plebiscito sobre sí mismo y pide a los votantes que imaginen que su nombre está en la papeleta. Y, a cambio de ese voto, ofrece un cheque de 5.000 dólares si gana su partido.

Todo gira en torno a Trump, hasta convertir las elecciones y el Partido Republicano en una extensión de sí mismo, incluidas sus guerras y la incertidumbre económica. Y, llegado este punto, su única respuesta es más Trump.

Incluso si para ganar las elecciones tiene que ponerle precio al voto.

Con 220 votos a favor y 192 en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una resolución que condena el socialismo “en todas sus formas” como una ideología que amenaza los valores estadounidenses y señala explícitamente a los Socialistas Democráticos de América (DSA), la formación a la que pertenecen el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

La resolución, que ha salido adelante gracias a que ocho legisladores demócratas se han sumado a la iniciativa del Partido Republicano de Donald Trump, presenta la victoria de Mamdani en las pasadas elecciones de Nueva York y el avance de los candidatos del DSA en el reciente ciclo de primarias del Partido Demócrata como un motivo de alarma. Asimismo, vincula el lema del grupo, “Democracia para todos”, con un supuesto llamamiento para que “los no ciudadanos y criminales encarcelados voten en las elecciones”. Un argumento que va en la línea de las teorías conspirativas que desde hace meses difunde Donald Trump de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre.

La condena se produce a dos meses de las elecciones legislativas, en las que numerosos candidatos vinculados al DSA y al ala más izquierdista del Partido Demócrata tienen opciones de conseguir un escaño en el Congreso. Hasta ahora, siete diputados demócratas que se presentaban a la reelección este año han perdido en las primarias del partido ante nuevos candidatos progresistas. Es el caso de Colorado, Nueva York o Michigan.

Más allá de reflejar el nerviosismo dentro de las filas republicanas ante la irrupción de un movimiento que puede disputarle la narrativa al trumpismo, la votación del martes también refleja la guerra intestina que se está librando en el seno de la formación demócrata. Candidatos como Abdul El-Sayed (Michigan) o Melat Kiros (Colorado) han logrado sus victorias gracias al creciente sentimiento contra el aparato del partido que existe entre las bases. Muchos votantes han encontrado una nueva plataforma a través de la cual canalizar su malestar después de contemplar impotentes cómo las élites demócratas eran incapaces de articular una propuesta convincente después de la derrota electoral de 2024.

Además de los ocho representantes demócratas que han prestado su voto a los republicanos, lo más controvertido ha sido el papel crucial que han jugado dos demócratas moderados —Jared Golden (Maine) y Marie Gluesenkamp Pérez (Washington)— para que la votación pudiese llevarse a cabo. Sin el apoyo de Golden y Gluesenkamp Pérez, la resolución ni siquiera habría empezado su tramitación legislativa.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ya ha condenado la decisión de ambos diputados. “La decisión de dos de nuestros colegas de sorprender a todo el Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes y unirse a la mayoría republicana para aprobar una norma de procedimiento que estaba a punto de fracasar representa una grave violación de la confianza. Es una acción que exige una respuesta seria y hemos solicitado al Comité de Normas del Caucus que la aborde a la mayor brevedad”, ha declarado Jeffries en un comunicado conjunto con la jefa de disciplina de la minoría de la Cámara, Katherine Clark, y el presidente del Caucus Demócrata, Pete Aguilar.

Sin embargo, el malestar en el seno demócrata no está provocado por la demonización de una parte de su partido. La razón por la que el líder de la minoría —vinculado también a la vieja guardia de la formación— se ha pronunciado tan contundentemente contra la resolución aprobada este martes es porque también incluye una disposición que pide aprobar la ley electoral de Trump, conocida como Save Act.

“Somos capitalistas. Creemos en el sistema capitalista, en sus normas y leyes”, declaró Aguilar por si quedaba alguna duda. Y añadía: “Pero lo que los republicanos pretenden hacer es simplemente añadir otro argumento para hablar de la Ley Save”.

El proyecto de ley lleva meses atascado en el Senado y plantea cambios profundos en la manera en que se ejerce el voto. Entre otras medidas, obligaría a los votantes a acreditar la ciudadanía y eliminaría los registros vinculados exclusivamente al voto por correo. Ahora que los legisladores han vuelto al Capitolio después del receso de verano, el mandatario está haciendo todo lo posible para que se logre aprobar la norma antes del 3 de noviembre.

En EEUU, donde no existe un documento de identidad estándar, las modificaciones que comportaría la Save Act pueden limitar el derecho al voto a numerosos grupos. El Brennan Center for Justice ya ha advertido de que millones de mujeres casadas podrían ser de las grandes damnificadas, ya que su nombre y apellido actuales no coincidirían con el que tenían cuando nacieron —las mujeres acostumbran a tomar el apellido de su marido cuando se casan—.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha levantado este lunes el bloqueo judicial impuesto a un decreto del presidente Donald Trump para restringir el voto por correo. En una decisión respaldada por la mayoría conservadora, el alto tribunal ha emitido una orden de emergencia que, por el momento, permite al magnate seguir con su plan. A dos meses de las elecciones de medio mandato, esta decisión suma incertidumbre al horizonte electoral, ya que todavía queda por ver la respuesta de los tribunales inferiores.

Los magistrados han dictaminado que Trump puede implementar la orden ejecutiva firmada el pasado mes de marzo, la cual instruye al Servicio Postal estadounidense a colaborar en el proceso para decidir qué votantes deben recibir los papeles para votar por correo. Según ese mismo decreto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —el mismo del cual depende ICE— creará listas de ciudadanos que, a discreción del gobierno, podrían utilizarse para monitorear los patrones electorales y para detectar supuesto fraude electoral. Concretamente, personas que no tengan la ciudadanía e intenten votar el próximo 3 de noviembre.

Con la popularidad por los suelos y la guerra de Irán encallada, Trump ha vuelto a reavivar las teorías de fraude electoral. El pasado mes de julio, el mandatario se dirigió a la nación con un mensaje que minaba aún más la confianza en el sistema electoral. El republicano afirmaba que había detectado “vulnerabilidades” que debía corregir, y volvía a insistir en la mentira de que le robaron las elecciones de 2020, donde perdió contra el demócrata Joe Biden. En esta ocasión fue un paso más allá y aseguró que China interfirió para asegurar su derrota en esos comicios.

En 2020 el voto por correo fue decisivo en la victoria de Biden, y desde entonces Trump no ha parado de cargar contra esta modalidad de voto, que mayoritariamente es usada por los demócratas. El magnate también ha estado alimentando la desconfianza en el sistema asegurando que las personas sin papeles van a votar, e insinúa que lo hacen en favor de los demócratas.

La decisión permite a la administración seguir adelante con su plan de limitar el voto por correo, incluso mientras un tribunal inferior continúa evaluando la legalidad de la orden ejecutiva de Trump. Aun así, no está claro si las normas de la Casa Blanca estarán vigentes para la jornada electoral, la cual está en juego el control de ambas cámaras del Congreso y todo apunta en favor de los demócratas.

El mismo tribunal inferior que había emitido este bloqueo que ahora ha sido levantado por el Supremo, también había publicado otra orden que complica aún más el escenario electoral. Esta segunda decisión impide al Servicio Postal aplicar determinadas partes de dicha orden ejecutiva, caso que, probablemente, llegue pronto a la mesa de los magistrados.

En el voto particular de la sentencia del Supremo, respaldado por las tres magistradas progresistas, la jueza Ketanji Brown Jackson advirtió que la decisión “inyecta caos e incertidumbre innecesariamente en las próximas elecciones de medio mandato”.

La restricción del voto por correo forma parte de una amplia maniobra con la cual Trump intenta diezmar la representación de aquellos ciudadanos que en las midterms (elecciones de medio mandato) puedan votar a favor de los demócratas: ya ha ganado prácticamente la batalla del rediseño de los mapas electorales, logrando que sea legal partir los principales distritos de votantes afroamericanos en el sur. De este modo, la fuerza de voto de este grupo queda diluida entre los otros distritos de mayoría blanca.

A pesar de que en 2024 el voto de los hombres negros fue clave para el retorno del republicano a la Casa Blanca, en los últimos años la tendencia entre la comunidad afroamericana ha sido votar demócrata.

Otra de las medidas que Trump está liderando para interferir en el sistema electoral es la norma Save Act, la cual lleva meses atascada en el Senado. El proyecto de ley plantea cambios profundos en la manera en que votan los ciudadanos. Entre otras medidas, obligaría a los votantes a acreditar la ciudadanía y eliminaría los registros de voto vinculados exclusivamente al voto por correo.

Una serie de modificaciones que, en un país sin un documento de identidad generalizado, amenazan con dejar sin acceso al voto a determinados grupos de población. El Brennan Center for Justice ya ha advertido que millones de mujeres casadas podrían ser unas de las grandes damnificadas, ya que sus nombres y apellidos actuales ya no coincidirían con el que tenían cuando nacieron. En EEUU las mujeres acostumbran a perder su apellido de solteras y pasan a adquirir el de su marido; de ahí el problema.

La victoria de Abdul El-Sayed en las primarias demócratas de Michigan, un Estado que oscila entre el apoyo a demócratas y republicanos, no solo demostró que un programa de izquierdas podría funcionar a nivel estatal. También hizo algo menos remota la posibilidad de que un defensor de la sanidad pública pueda abrirse paso hasta el Senado desde un estado clave. Aunque la posibilidad siga siendo mínima, ha bastado para que una de las principales plataformas moderadas del Partido Demócrata, que recibe dinero de las grandes aseguradoras médicas y farmacéuticas, entre en acción.

La victoria del progresista, de 41 años, fue el detonante para que la plataforma Third Way anunciara que planea destinar 15 millones de dólares en los próximos dos años para combatir el ala izquierdista del partido. El grupo está vinculado al ala demócrata más moderada y su presidente, Jonathan Cowan, explicó a The New York Times que se están “preparando para la guerra” contra candidatos marcadamente progresistas, entre ellos los que aboguen por la sanidad pública, como El-Sayed.

Third Way no acostumbra a revelar públicamente sus fuentes de financiación, pero sí que deja algunos indicios de quiénes son sus mecenas empresariales. Uno de los donantes que recientemente ha salido a la luz es Better Solutions for Healthcare (BSFH), un importante grupo de presión en el sector de los seguros de la salud.

Vínculos con cargos republicanos

En su última declaración de impuestos, a la que accedió el medio especializado Sludge, figura que el grupo BSFH realizó su primera donación de 50.000 dólares a Third Way en 2024, siendo esta la única transacción que se ha hecho pública de ese año. El grupo fue fundado por el estratega republicano Alexander Schriver, quien en 2023 se incorporó como vicepresidente sénior de asuntos públicos al gigante del lobby PhRMA, que fue cofundador, a su vez, de una campaña del sector para frenar la propuesta del “Medicare para todos”, similar a una sanidad universal gratuita. Así consta en los registros fiscales obtenidos por Sludge. Actualmente, dirige BSHF Connie Partoyan, exasesora republicana.

Pero hay más donantes vinculados a los grupos de presión del sector de la salud: la aseguradora CVS Health y la farmacéutica Johnson & Johnson han mantenido un flujo constante de donaciones. En 2024, CVS Health donó 50.000 dólares a Third Way, la misma cifra que había abonado en 2023; y en 2025 Johnson & Johnson donó 25.000 dólares.

Third Way se presenta a sí misma como una plataforma para asegurar que el Partido Demócrata se mantiene en el centro político, pero la hemeroteca señala sus conexiones con personalidades republicanas. En 2024, el grupo lideró una coalición para cambiar cómo Medicare paga por ciertos servicios ambulatorios de los hospitales, la cual contó con el apoyo de BSFH y Americans for Prosperity. Esta segunda organización conservadora está asociada con el conglomerado privado de los hermanos Koch, principal sostén del Tea Party en sus inicios.

BSFH no solo financia Third Way, también tiene fuertes vínculos con la política republicana. Entre 2020 y 2024 pagó casi 4,3 millones de dólares a Targeted Victory, una firma —como BSFH, dirigida por Connie Partoyan— entre cuyos clientes figura el Comité Nacional Republicano (RNC) e incluso el vehículo de campaña de Donald Trump en 2016.

La vieja disputa sobre cómo construir mayorías

Más allá de querer frenar el ascenso de candidatos que puedan abrir camino para implantar la sanidad pública en EEUU, Third Way es el heredero del Democratic Leadership Council (DLC), que se creó en plena guerra civil demócrata tras la derrota de Walter Mondale ante Ronald Reagan en 1984. El DLC tenía como objetivo enfrentarse explícitamente al sector más a la izquierda del partido, que bregaba en ese momento para abrirse paso.

El bloque progresista lo encarnaba entonces la Coalición Arcoíris de Jesse Jackson, que básicamente buscaba crear una gran mayoría reuniendo a distintos grupos sociales y señalando sus intereses comunes frente a las grandes empresas, la desigualdad económica y las políticas conservadoras de la época. Una estrategia que ahora mismo resulta muy familiar, ya que es la misma que están aplicando los socialistas democráticos del DSA y otros candidatos progresistas, como El-Sayed o Angie Nixon.

En este caso, la promesa de “sacar el dinero de los políticos” para crear una sanidad pública es el gran altavoz con el que se quiere llegar tanto a votantes progresistas como moderados. El establishment político es presentado como un obstáculo común para resolver las necesidades básicas que comparten grupos sociales muy distintos.

Esa lógica también se encuentra tras la gira contra los tecnooligarcas que el senador de Vermont, Bernie Sanders, y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez lideraron después de la derrota electoral de Kamala Harris en 2024. En 2011 el DLC se disolvió, pero Third Way, fundada en 2005, tomó ese relevo y se enfrentó a Sanders en 2016 para que no llegara a la candidatura presidencial. En su lugar lo hizo Hillary Clinton, exsecretaria de Estado que representaba a la élite política ante unos votantes que buscaban un cambio y acabaron apostando por un outsider como Donald Trump. Años antes de llegar a la Casa Blanca, Bill Clinton presidió el DLC.

El avance en las primarias da a la izquierda ánimos y argumentos para pelear por construir una candidatura que pueda encaramarse a una candidatura presidencial, sea como presidente o vicepresidente. Desde que El-Sayed logró desbancar a la preferida por la jerarquía del partido, Haley Stevens, no para de sonar el nombre de Alexandria Ocasio-Cortez como posible candidata. Esta posibilidad era impensable hace un año. Que el DSA dejara de ser un grupo marginal, también. Pero al sector moderado de los demócratas no le hace falta más para volver a las escaramuzas intestinas de los años 80.

La tremenda capacidad que han desarrollado los senadores del partido Republicano para tragar sapos (de un tamaño que ya se aproxima al de las ovejas churras) por miedo a llevarle la contraria al señor de la oscuridad de Mordor-A-Lago quedó reflejada de nuevo el sábado de la semana pasada cuando, a escondidas, con nocturnidad y alevosía, votaron a favor de confirmar a Todd Blanche, el infame abogado personal de Donald Trump, como fiscal general.

La votación se produjo pasados 17 minutos de las 4 de la madrugada, mientras todo el país roncaba a compás y, para cuando los estadounidenses saltaron de la cama (temprano, prontito, como las gallinas, porque en Estados Unidos la gente cree a ciencia cierta que a quien no madruga no le ayuda aquí ni Dios), sus señorías habían partido ya de vacaciones.

Cinco semanitas, cinco, de veraneo con paga incluida (algo inédito para la mayoría de los estadounidenses) en las que van a poner tierra de por medio a sus votaciones y, luego ya, para cuando les toque volver al cole, otro tema habrá ocupado la atención mediática. Pero la confirmación de Blanche como fiscal general de Estados Unidos resulta demasiado grave para acatarla sin indignación.

Blanche viene a sustituir el hueco provocado por la caída en desgracia de su predecesora en el cargo, Pamela Jo Bondi, nombrada por Trump fiscal general en febrero de 2025 como premio por haber ejercido con éxito la defensa durante su primer impeachment (proceso de destitución del presidente en las cortes) pero despedida fulminantemente en abril del 26.

A juzgar por cómo se desarrollaron los acontecimientos con Pam Bondi al frente del Ministerio de Justicia (en Estados Unidos la cartera de justicia y la fiscalía general recaen en la misma persona), Trump debió de formularle a su ministra dos peticiones muy concretas. Una: encontrar cualquier excusa legal para perseguir a quienes le habían obligado a ocupar delante de un juez el banquillo de los acusados. Dos: ocultar al Capitolio cualquier documento que pudieran vincularle con Jeffrey Epstein o con su trama de tráfico sexual de menores. Bondi intentó cumplir el primero de los encargos inculpando a Letitia James (la fiscal general de Nueva York que investigó y llevó a juicio civil a Trump por fraude) y a James Comey (exdirector del FBI que lideró las investigaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y denunció públicamente la falta de ética del presidente), pero ninguno de los procesos prosperó por falta de pruebas sólidas o de sustento jurídico de los cargos presentados. Trump no se sintió demasiado feliz por ello, calificó la desestimación de las pruebas como un simple “tecnicismo legal” y presionó a Bondi en las redes para que fuese más agresiva pusiera toda la carne en el asador de una apelación que probase de forma contundente que Laetitia James y James Comey seguían siendo “culpables”: “No podemos retrasarlo más, está matando nuestra reputación. ¡¡¡SE DEBE HACER JUSTICIA AHORA!!!”.

Sin embargo, y a pesar del rapapolvo, el verdadero problema para la fiscal general empezó a surgir cuando dio síntomas de flaquear en el segundo encargo. En marzo de este año, después de que Bondi se limitara a entregar al Congreso y Senado documentos desclasificados de la trama Epstein en los que se habían tachado los nombres de múltiples sospechosos al tiempo que se dejaban expuestas las identidades de algunas de las víctimas, la casa de representantes emitió una orden de comparecencia que obligaba a Bondi a dar cuentas al congreso, bajo juramento, sobre la presunta ocultación de información en los papeles de Epstein.

La presión llegaba desde tres altos cargos de su partido, el Republicano: la diputada de Georgia Marjorie Taylor Green, el diputado de Kentucky Thomas Massie y el senador de Misuri Eric Smith. Los tres eligieron ponerse del lado de las víctimas y exigieron a la fiscal general que cumpliese la promesa electoral hecha por Donald Trump de desclalificar todos y cada uno de los documentos de la trama. Prometer hasta meter puesto que, en abril, para evitar a toda costa que el testimonio de Bondi se produjese, Trump la destituyó de forma tajante. En redes le agradeció los servicios prestados, en la vida real la arrojó al mismo contenedor de usar y tirar al que previamente había botado a otros leales destronados como el vicepresidente Mike Pence, la embajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley o la Barbie policía Kristi Noem.

Caída la fiscal, ding dong the witch is dead, el munchkin llamado a sustituirla fue su segundo de a bordo, Todd Blanche, que había ascendido hasta el número dos del ministerio de Justicia en reconocimiento a su trabajo como abogado personal del ciudadano Trump. Fue Todd quien llevó a cabo la defensa de Donald en el juicio por 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio. El objetivo era que Stormy no revelase a los medios la relación extramatrimonial que el candidato a presidente en 2016 había mantenido con ella mientras su tercera esposa, Melania, le aguardaba en casa con el bebé Baron en sus brazos. Blanche era también el hombre que Bondi había insinuado en el senado que estaba detrás de las tachaduras del informe Epstein. Lo cierto es que, cuando menos, sobre Blanche se cernían serias sospechas de haberse encargado de comprar el silencio de Ghislaine Maxwell, compañera sentimental de Jeffrey Epstein. Condenada a 20 años de prisión por reclutar a chicas menores de edad con la intención de prostituirlas con personajes ricos y famosos, la Maxwell había solicitado un indulto presidencial. Trump envió a Blanche, en julio de 2025, a entrevistarse con ella.

Ghislaine estaba entonces detenida en la prisión federal de Tallahassee, Florida. La sacaron de la cárcel, la condujeron a los juzgados y, tras una conversación a puerta cerrada, el fiscal general adjunto ofreció a la prensa la transcripción de algunos fragmentos de la conversación, grabada por él mismo, en los que Maxwell exculpaba a Trump de cualquier delito relacionado con la trama. A cambio, Ghislaine, a quien Trump dijo que le deseaba “lo mejor”, fue trasladada a un centro de mínima seguridad en Byran, Texas, donde le conceden tiempo libre para ir al gimnasio y puede elegir menú a la carta cada día.

Con aquella maniobra, Todd Blanche probó mantener una lealtad al presidente que superaba límites “nunca vistos con anterioridad” y se convirtió en el consigliere personal de Donald Trump. Aun así, arrojada Bondi al cubo de los desperdicios, Trump le hizo pasar a su abogado una nueva prueba de fuego antes de proponer su candidatura a regir la fiscalía general del estado: que le consiguiese inmunidad fiscal permanente. Dicho y hecho: en calidad de ministro de Justicia interino, en mayo de 2026 Blanche se sacó de la manga un decreto que prohibía de forma permanente al ministerio de Hacienda (IRS) inspeccionar o auditar cualquier declaración de la renta de Donald J. Trump o de los miembros de su familia.

Además, haciendo gala de un fervoroso deseo de mostrar su lealtad sin condiciones, Blanche se atrevió a ir mucho más lejos. El mismo día anunció que, como paquete regalo del decreto de inmunidad fiscal, se ordenaba la creación de un fondo de dinero público por valor de 1.776 millones (nótese la connotación patriotera de la cifra que coincide con el año en que las 13 colonias declararon su independencia) para compensar a los aliados de Trump que hubiesen resultado perjudicados durante el gobierno de Biden (incluidos, por supuesto, los golpistas que asaltaron con violencia el Congreso en enero de 2021 previamente indultados por Trump).

Pasada la prueba del algodón, en junio Trump movió ficha y propuso a su alfil como candidato a fiscal general. Correspondía al senado confirmar aquella nominación. Otro sapo a tragar por los senadores Republicanos, sabedores de que las credenciales de Blanche no resultan medidas fáciles de justificar ante unos electores que, en menos de noventa días, tienen que decidir si les “votan” o les “botan” en las elecciones de medio mandato. Por tanto, no fue de extrañar que enseguida surgieran algunas voces de alarma dentro del partido. Las primeras fueron las de las senadoras Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska quienes, una vez más, mostraron que las mujeres con cargos públicos son las que se enfrentan a Donald Trump con más agallas. Luego las secundaron dos caballeros: un senador de Texas, John Corny, y uno de Carolina del Norte, Thom Tillis. Ambos expresaron su negativa a aceptar como fiscal a un tipo dispuesto a dotarle de inmunidad fiscal al presidente y de crear un fondo con dinero público para pagar a golpistas. Pero, ay, amigo, en cuanto Blanche se avino por escrito (ya veremos lo que dura la tinta en el papel) a renunciar a la creación del fondo, los senadores se olvidaron de Epstein y de la inmunidad fiscal y prometieron votar a su favor. A Todd le salían los números para ser elegido: yahoo! (que viene a sustituir en inglés al ¡yupi! español de toda la vida) Pero hete aquí que alzó la voz el senador Bill Cassidy, interpretando el papel de llanero solitario de Luisiana. “Quietos, paraos”, vino a decir el Republicano, pregonando a los cuatro vientos que la inmunidad fiscal para los Trump resultaba “totalmente” indefendible. Sin el apoyo de Cassidy, Blanche se quedaba a un voto de proclamarse vencedor. El viernes 7 de agosto, día anunciado para la votación, muchos nos fuimos a la cama con cierto alivio.

Pero ocurrió un milagro y, en la madrugada del sábado 8, mientras dormíamos, Cassidy cambió de opinión. Se debió de prender una zarza o alguien le puso un llama-cuelga al móvil, pero el caso es que cambió del “Nay” al “Yea” basándose en este sorprendente razonamiento: ratificado como fiscal general, Blanche gozaría de mayor independencia en sus decisiones que si permanecía de aspirante al cargo pendiente de agradar a la Casa Blanca. Chúpate esa. Aparte de los 47 votos negativos de la bancada Demócrata, al final en las filas Republicanas solo aguantaron firmes Susan Collins y Lisa Murkowski; así que, a las 04:17 de la mañana del 8 de agosto, tras conseguir 50 votos favorables en el senado, Todd Wallace Blanche se convirtió en el nuevo fiscal general de Estados Unidos y la oficina encargada de defender el estado de derecho pasaba a convertirse en el bufete privado del abogado de Donald Trump.

A partir de ahora, como en el chiste en que un grupo le cantaba “Feliz en tu día” a una anciana moribunda y, llegado el verso final (“y que cumplas muchos más”), se veían obligados a mirar al suelo y a cambiar la letra por un “lala, lala, lalalá”, los 50 senadores que han hecho posible el ascenso de Blanche a la cúspide de la justicia estadounidense, cada vez que escuchen al final de su himno nacional la frase que se refiere a Estados Unidos como la “casa de los valientes” (home of the brave) van a tener que apretar mucho los labios y mirar con disimulo hacia el techo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de este mes y será asesora externa del presidente Donald Trump, según anunció el mandatario este miércoles.

“Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca, y una de mis colaboradoras de mayor confianza, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de mes para poder dedicar más tiempo a sus hermosos hijos pequeños y a su familia”, escribió en su red Truth Social.

Trump, quien aseguró que comprendía la decisión, adelantó que Leavitt pasará a ser una de sus principales asesoras externas “y una voz influyente dentro del Partido Republicano”.

Pocos minutos después del mensaje del presidente, que no escatimó elogios a Leavitt (“ha sido una de las mejores secretarias de prensa de la Casa Blanca en la historia del cargo”), fue la propia secretaria quien escribió un largo texto en su cuenta en la red social X.

“Ejercer como secretaria de prensa de la Casa Blanca durante el último año y medio ha sido el honor y la aventura de mi vida. Estoy profundamente agradecida al presidente Trump por brindarme tantas oportunidades extraordinarias”, escribió.

Leavitt aseguró que Trump le había pedido que continúe “como asesora principal desde fuera, y siempre seguiré defendiendo abiertamente el movimiento MAGA y al Partido Republicano”.

La secretaria de prensa más joven de la historia de Estados Unidos apuntó a su reciente maternidad como la causa del abandono de este cargo que se caracteriza por una gran complejidad y exposición mediática.

“Desde que regresé a la Casa Blanca tras el nacimiento de mi hija, he sentido en mi corazón que no puedo ser la mejor madre que mis dos hijos pequeños merecen”, declaró.

Leavitt afirmó en su mensaje que desde la sala de prensa de la Casa Blanca había contado “con gran orgullo los numerosos logros históricos de esta Administración”.

Ahora se abre la incógnita de quién la sustituirá para ser la intermediaria con la prensa de la labor de la Administración Trump, en un momento especialmente complicado por los malos datos de popularidad en las encuestas del presidente, por la cercanía de las elecciones de medio mandato que se celebran en noviembre y por la guerra en Irán.

Ernesto Ercoreca Regil (Bilbao, 1866-1957) fue un destacado político republicano y el último alcalde de Bilbao elegido por votación popular antes de la dictadura franquista, en la II República. Su figura encarnó el ascenso de las clases medias y trabajadoras bilbaínas a las instituciones, defendiendo a lo largo de su vida un ideario firmemente democrático y laico. Ercoreca, quien provenía de los sectores populares del Casco Viejo de Bilbao, estuvo estrechamente vinculado a la influyente Sociedad El Sitio, núcleo del pensamiento liberal de la villa. Hace unos días, en el aniversario de la conquista de Bilbao, fue homenajeado: “Tras 40 años de dictadura, llegaron otros 40 de olvido”.

Inició su andadura institucional en el Ayuntamiento de Bilbao a principios del siglo XX, siendo elegido en las elecciones municipales del 12 de noviembre de 1911 concejal por la minoría republicana y comenzando así una dilatada trayectoria de servicio público en la que se familiarizó en profundidad con los problemas de gestión ordinaria de la ciudad. Sin embargo, el momento cumbre de su carrera no llegó hasta la proclamación de la Segunda República. En las elecciones del 12 de abril de 1931, el Bloque Antimonárquico (compuesto por republicanos, socialistas y el nacionalismo de izquierda de ANV) obtuvo un triunfo histórico e incontestable en la ciudad. Gracias a su experiencia previa, Ercoreca fue elegido por los nuevos ediles electos para asumir la presidencia de la corporación como Alcalde de Bilbao, cargo que asumió el 14 de abril de 1931.

Durante este primer mandato (1931-1934), su corporación tuvo que hacer frente a los retos de una gran ciudad moderna en expansión, la cual acababa de incorporar los antiguos municipios de Deusto, Begoña y parte de Erandio. Durante esos años destacó por proyectos como la construcción y mejora de centros escolares, políticas sociales de vivienda y la búsqueda de soluciones a los problemas presupuestarios y de salubridad de la villa. También se alineó con los sectores que buscaban eliminar impuestos indirectos sobre los bienes de consumo para aliviar a las clases trabajadoras. Sin embargo, su mandato se vio bruscamente interrumpido el 8 de septiembre de 1934, cuando fue depuesto de la alcaldía por una orden gubernativa en el convulso contexto político de aquel año.

A pesar de aquello, tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones generales de 1936, Ernesto Ercoreca fue formalmente repuesto en su cargo de alcalde el 23 de febrero de ese año, bajo el clamor popular de que se “había reconquistado la República perdida”. Aunque pocos meses después de su regreso al Consistorio, estalló el golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936. Con la entrada de las tropas franquistas en Bilbao en junio de 1937, Ercoreca se vio obligado a partir al exilio en Francia. Tras la caída de Bilbao, fue sucedido por José María de Areilza, iniciándose la etapa de alcaldes designados por el franquismo.

“El Gobierno vasco abandonó Bilbao en dirección a Trucíos el día 16, mientras que el alcalde republicano de Bilbao, Ernesto Ercoreca, lo hizo el día 17 en dirección a Santanter. El 18 de junio el General Ulibarri retiró los restos de sus tropas de la ciudad; la última de estas unidades salió de la ciudad en la madrugada del 19 de junio, de forma que a primera hora de la mañana la Villa se encontraba desierta. La misma madrugada del 18 al 19 de junio de 1937, los puentes de Bilbao fueron destruidos por la 1ª División Vasca, cuyo comandante era el francés Joseph Putz, miembro de las Brigadas Internacionales llegado desde su país para luchar a favor de II República. Acababa así la experiencia republicana en Bilbao”, recuerdan desde el Colectivo Republicano de Euskal Herria, que como cada año, han homenajeado a Ernesto Ercoreca en la plaza que lleva su nombre en Bilbao, frente al Ayuntamiento.

Durante su exilio en Francia y en el marco de la colaboración de las potencias del Eje, Ercoreca fue localizado y detenido por la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi. Los agentes alemanes lo entregaron a las autoridades españolas en la frontera, siendo confinado en la cárcel de Irún y posteriormente trasladado a Valladolid. Allí fue sometido a un Consejo de Justicia y condenado a 12 años de reclusión. No pudo regresar a su Bilbao natal hasta 1944. “El 8 de febrero de 1944 abandonó Valladolid de regreso a Bilbao, ciudad que no abandonó hasta el día de su muerte el 22 de diciembre de 1957”, recuerda su bisnieto, Mikel Baroja en su trabajo 'Contribución a la biografía de Ernesto Ercoreca: Recordando al abuelo Ercoreca'.

“A partir del día 19 de junio de 1937 Bilbao fue sometida a 40 años de dictadura y posteriormente a otros 40 años de olvido”, lamentan desde el Colectivo Republicano. “Con ello, queremos recordar la República, un régimen corto pero que supuso importante cambio de rumbo democrático en España y en favor de los menos privilegiados”, han sentenciado, en un homenaje que ha contado con concejales del Ayuntamiento de Bilbao de Elkarrekin Podemos, PSE-EE, PP y EH Bildu, pero, al igual que en homenajes de años anteriores, con la ausencia del PNV.

Ayer por la mañana, sentada en una cafetería del costero pueblo de Del Mar, California, escuché una conversación entre tres señores mayores adinerados. Los hombres, a la sazón oriundos de la localidad donde el valor medio de una vivienda se acerca a los cuatro millones de dólares, discurrieron sobre la venta del Jaguar (coche, no animal) de uno de ellos, la posible operación de cataratas de otro y, por último, las primarias a gobernador de California que tuvieron lugar el martes, 2 de junio. 

Del coloquio pude vislumbrar su apatía y hasta desgana por participar en el día grande de la democracia, con esa desidia evidente en quienes saben que los ceros de su cuenta bancaria les protegen de cualquier resultado. Pero lo que más me sorprendió fue su antipatía a uno de su propia clase, el multimillonario Tom Steyer, que ha batido récords gastándose más de 200 millones de dólares para derrotar al político de partido e hijo de inmigrantes Xavier Becerra. 

Aquella escena me dejó una intuición incómoda: tal vez la política no se decide sólo por lo que uno necesita, sino también por lo que uno cree ser.

A la hora de entrega de este artículo, la elección en California aún no se ha decidido. El republicano Steve Hilton tiene el 27,8% de los votos según AP, Becerra el 25,4% y Steyer el 19,6%, aunque los porcentajes pueden cambiar significativamente con solo el 58% escrutado. 

Mientras escuchaba a aquellos hombres hablar de coches de lujo, operaciones privadas y elecciones con la misma distancia con la que se comenta el tiempo, pensé que la política rara vez se decide sólo por necesidad

La estrategia de Steyer, similar a la de Trump pero desde la izquierda progresista, consiste en financiar su campaña con su propio dinero para presentarse como autónomo frente a los intereses privados. Su programa promete algunas de las obsesiones materiales de la clase media californiana: sanidad más pública, vivienda más barata, mejores escuelas y una factura eléctrica menos abusiva.

Sin embargo, a los millonarios de la cafetería la campaña de Steyer no les impresiona. “Es increíble que se gaste tanto de su propio dinero en anuncios, estoy harto de los anuncios políticos”, dice uno. 

Por su parte, Hilton, antiguo presentador de Fox News, recibió el apoyo del presidente Trump. En palabras del propio Trump, Hilton sería una continuación de su trabajo en la Casa Blanca, pero en California: la política del agravio, la promesa de mano dura y la conversión de cada conflicto social en una guerra de identidades.

Mientras escuchaba a aquellos hombres hablar de coches de lujo, operaciones privadas y elecciones con la misma distancia con la que se comenta el tiempo, pensé que la política rara vez se decide sólo por necesidad. Quienes más protegidos están pueden permitirse la indiferencia. Pero quienes menos protegidos están no siempre votan por aquello que materialmente les conviene. A veces votan para ordenar el mundo: para decir quiénes son, de qué lado creen estar, a quién temen, a quién culpan y a quién están dispuestos a perdonar.

La pregunta incómoda no es sólo por qué la izquierda no convence, sino por qué la derecha conserva la confianza incluso cuando gobierna mal aquello de lo que muchos de sus votantes dependen

Quizá por eso me cuesta tanto dejar de pensar en Andalucía.

Han pasado ya dos semanas desde que se anunció el resultado de las elecciones andaluzas, favorable a la derecha y a la ultraderecha, y una parte de mí sigue recelosa. Quizá se niega a aceptar que, pese a las listas de espera de la sanidad, los cribados del cáncer de mama y las investigaciones por fraude en contratos, el electorado no sólo no haya castigado al Partido Popular en el Gobierno, sino que lo haya mantenido como primera fuerza y lo haya empujado a depender de Vox.

Podemos analizar desde aquí el fracaso de la izquierda andaluza por arriba y por abajo. Pero en estas líneas propongo mirar hacia otro lugar: hacia los votantes andaluces de derechas y los mecanismos emocionales, culturales y materiales que los han llevado a repetir papeleta.

La pregunta incómoda no es sólo por qué la izquierda no convence, sino por qué la derecha conserva la confianza incluso cuando gobierna mal aquello de lo que muchos de sus votantes dependen. La respuesta, sospecho, está menos en el bolsillo que en la identidad: en la capacidad de convertir el voto en una forma de pertenencia antes que en una evaluación de resultados.

Donald Trump ha querido demostrar su músculo en el Partido Republicano desbancando de sus escaños a senadores como John Cornyn  (Texas) o el congresista Thomas Massie (Kentucky). En total, hay hasta nueve senadores que concluirán su mandato en noviembre y, a diferencia de otros momentos en los que un cargo que está de salida no se caracteriza por dar problemas al liderazgo de su partido, la forma que en la que Trump ha empujado a muchos de ellos fuera de la institución, como el senador Tom Thillis (Carolina del Norte), que decidió no presentarse a las primarias ante las maniobras de Trump para presentar un contendiente más afín después de que Thillis se negara a apoyar la megaley fiscal del presidente de EEUU.

Aquel momento fue el primero de gran ruptura en las filas republicanas, que sudaron para aprobar la ley en el Capitolio: el recorte de ingresos por la vía del tijeretazo de impuestos a los más ricos, unido al gasto disparado en defensa y represión migratoria, hizo que varios representantes republicanos se negaran a apoyarlo, en particular los más neoliberales y anarcocapitalistas, como Massie, uno de los más odiados por Trump.

Y ahora, cuando apenas quedan unos meses para noviembre, estos cargos institucionales que están de salida y han sido acosados por la Casa Blanca se sienten liberados de toda disciplina partidista, en un país en el que esa disciplina es muy relativa.

Así, todos ellos conforman lo que se conoce como el caucus YOLO, es decir, la bancada de quienes “solo viven una vez” y no tienen problemas en votar con los demócratas o de negarse a apoyar iniciativas del Gobierno.

Y un ejemplo de lo segundo es cómo Thillis consiguió que la Administración Trump archivara la investigación contra el expresidente de la Reserva Federal, como paso previo para que el senador por Carolina del Norte se aviniera a apoyar el nombramiento del candidato de Trump, Kevin Warsh.

Por el camino, eso sí, los republicanos menos rehenes de Trump han impedido colar en la ley especial para la financiación del ICE una partida de mil millones de dólares para la supuesta seguridad del nuevo salón de gala que está construyendo Trump en el Ala Este de la Casa Blanca. O el revuelo que se ha montado por el fondo de 1.800 millones de dólares para compensar a supuestas víctimas de la persecución de Joe Biden, que pueden acabar en los bolsillos de los asaltantes al Capitolio, del pasado 6 de enero de 2021.

Además de Corny, el caucus YOLO cuenta en la Cámara Alta con el senador Bill Cassidy (Luisiana), quien perdió las primarias porque Trump apoyó a un oponente. También está Tillis y el senador Mitch McConnell (Kentucky), que se retira, y a las senadoras Susan Collins (republicana por Maine) y Lisa Murkowski (republicana por Alaska), quienes se han enfrentado a Trump en repetidas ocasiones y parecen inmunes a sus críticas.

Y todo esto en un contexto en que los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47 en el Senado, y seis republicanos son suficientes para torpedear cualquier proyecto de ley o nombramiento.

Por ejemplo, el voto para dar vía libre a la resolución sobre poderes de guerra en Irán salió en el Senado por 50 a 47 después de que Cassidy votara con los demócratas tras perder sus primarias ante el candidato de Trump. Los republicanos habían logrado reunir los votos necesarios para rechazar todas esas propuestas. Hasta el momento en el que Cassidy cambió de bando para aportar un voto crucial que permitiera sacar adelante la propuesta.

La votación puso de manifiesto el creciente malestar entre los republicanos ante una guerra que se encuentra en un frágil alto el fuego y que ha provocado un aumento de los precios de la gasolina en EEUU.

Los senadores republicanos Rand Paul (Kentucky), Collins y Murkowski habían votado anteriormente a favor de resoluciones similares sobre poderes de guerra y volvieron a hacerlo el pasado 21 de mayo. En esta ocasión, Cassidy votó a favor por primera vez.

Javier Cavanilles (València, 1969) es periodista y lleva más de dos décadas investigando teorías de la conspiración, sobre todo las que emanan de los Estados Unidos de América. Ha investigado y desmontado decenas de bulos, todavía vivos, sobre el asesinato de JFK y ha sido uno de los cronistas españoles que primero alertó y mejor interpretó el fenómeno QAnon. Estas teorías, que siempre funcionaron bajo el radar de los medios de comunicación y fueron alimento de minorías minoritarias, marcan ahora la línea de la administración de Donald Trump. Con su último libro El golpe. El fin de la democracia en EEUU (Akal, 2026), Cavanilles profundiza en el plan de estas élites y augura un futuro poco halagüeño a la democracia estadounidense.

Has escrito El golpe. El fin de la democracia en EEUU y plantea algo muy contundente: que en las elecciones de medio mandato en noviembre puede producirse el fin de la democracia en Estados Unidos. ¿Por qué?

Porque la democracia estadounidense ya viene deteriorándose desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos comprado durante décadas la idea de que Estados Unidos era el gran faro democrático mundial, pero eso es bastante discutible. Es un país con muchas libertades, sí, pero también con enormes limitaciones políticas reales. Hay algo que ya debería hacernos pensar: no existe ninguna democracia consolidada en el mundo que durante más de 140 años haya estado gobernada prácticamente solo por dos partidos. Eso no es normal. Es una anomalía del sistema. Un sistema muy antiguo que beneficia a un statu quo muy concreto. Al final, como decía Gore Vidal, Estados Unidos es “un país de partido único con dos alas”: una más progresista y otra más conservadora, sobre todo en cuestiones sociales, porque económicamente las diferencias entre demócratas y republicanos tampoco son tan grandes.

En el libro sitúa el origen de este deterioro en los años de Ronald Reagan. ¿Por qué ahí?

Porque Reagan cambia la trayectoria progresista que había tenido Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Pero hay que entender algo: Reagan no es Trump. Reagan era un político de enorme categoría, con muchas sombras y muchas luces, pero un dirigente serio. Trump es otra cosa. Reagan consolida un giro ideológico y económico muy fuerte, pero lo hace además con legitimidad política porque arrasa electoralmente y aún hoy sigue siendo uno de los presidentes mejor valorados de la historia del país. El problema es que desde entonces se consolida una dinámica que acaba desembocando en algo mucho más radical.

Habla de Trump casi como un instrumento más que como el cerebro del plan.

Exacto. Trump no es tanto el arquitecto como el instrumento. El libro defiende que hay unas élites políticas, económicas, jurídicas y religiosas que ven en Trump una herramienta útil para llevar a cabo un proyecto de transformación profunda del sistema. Ahí entra el famoso Project 2025, que no es una teoría conspirativa ni una invención mía: está escrito y publicado. Lo que plantea es una reconstrucción completa de la administración estadounidense para convertirla en algo mucho más controlado ideológicamente. La idea es eliminar buena parte de los contrapesos internos del Estado, sustituir funcionarios independientes por cargos absolutamente fieles al movimiento MAGA y garantizar que no vuelva a existir ese “Estado profundo” que frenó algunas de las decisiones más extremas de Trump durante su primer mandato.

¿El llamado “deep state” existe?

Existe en un sentido muy distinto al que vende la extrema derecha. Lo que hubo fueron funcionarios, jueces y técnicos de la administración que simplemente intentaron frenar algunas barbaridades porque tenían independencia profesional. Trump aprendió de aquello. La segunda vez llega diciendo: “Ahora no me vuelve a pasar”. Y por eso el Project 2025 plantea directamente rehacer la administración. No es una idea abstracta. Al mismo tiempo que publicaban el plan ya estaban creando bases de datos de personas ideológicamente afines para ocupar cargos. Necesitas alguien para Medio Ambiente que niegue el cambio climático, alguien ultraconservador para Justicia, alguien totalmente alineado con el trumpismo para Defensa… Ya lo estaban preparando.

Afirma que el Partido Republicano ha sido capturado por sectores ultras. ¿Cómo se produce ese cambio?

Porque hay un momento en que el Partido Republicano entiende que, demográficamente, tiene un problema enorme. Hay un documento interno de 2013 donde el propio partido admite que, siendo básicamente un partido de blancos, corre el riesgo de extinguirse. A partir de ahí empiezan a pensar cómo una minoría blanca ultraconservadora puede mantener el poder político. Y eso se trabaja desde muchos frentes: los think tanks, la Heritage Foundation, la Federalist Society, los grandes donantes, los medios conservadores… Y también coincide con un Partido Demócrata que muchas veces aburre hasta a las piedras.

En el libro da mucha importancia al Tribunal Supremo. ¿Por qué es tan central?

Porque es una de las piezas fundamentales del golpe institucional. En Europa pensamos más en leyes aprobadas por parlamentos, pero en Estados Unidos gran parte del poder está en la jurisprudencia. El Tribunal Supremo interpreta la Constitución y esas interpretaciones cambian el país. Ahora mismo el Supremo tiene una visión muy “originalista”, es decir, una lectura casi literal de la Constitución previa incluso a la Guerra Civil. No lo digo yo: lo dicen ellos mismos. Por ejemplo, si empiezas eliminando distritos electorales de mayoría negra o debilitando leyes históricas de derechos civiles, estás tocando pilares fundamentales del sistema democrático estadounidense. Y además han construido una doctrina peligrosísima: que un presidente tiene una inmunidad prácticamente total por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Eso cambia muchísimo las reglas del juego.

Habla abiertamente de un “golpe”. Hay quien pensará que es exagerado.

La palabra es fuerte, sí, pero yo creo que es adecuada. Y además no hablo de tanques en la calle ni de un golpe clásico. Esto sería un golpe institucional, legalista, desde dentro del sistema. Utilizando las leyes, el Supremo, el rediseño de distritos electorales, las limitaciones al voto por correo o las barreras al acceso electoral. La gran batalla es noviembre. Si Trump consolida el control institucional, tiene dos años de margen prácticamente sin coste político, porque además sería un presidente al final de mandato y sin expectativa electoral futura.

Dedica mucho espacio al nacionalismo blanco y al evangelismo ultraconservador. ¿Hasta qué punto son decisivos?

Muchísimo. Hay una parte del movimiento trumpista profundamente teocrática. No estamos hablando simplemente de conservadurismo al estilo europeo. Hay sectores que creen literalmente que Estados Unidos es una nación cristiana elegida por Dios y que las leyes divinas deben estar por encima de las civiles. Eso explica muchas cosas: desde el aborto hasta la educación o los derechos LGTBI. Y además Trump, aunque personalmente no sea precisamente un ejemplo de moral religiosa, funciona como un telepredicador. Tiene una lógica muy parecida: el personaje cae, es humillado, resucita políticamente y vuelve reforzado. Y su electorado lo interpreta casi en términos religiosos.

¿Qué papel juega el dinero en todo esto?

Fundamental. La oligarquía económica ha entendido que Trump, con todas sus excentricidades, puede ser muy útil. Les baja impuestos, reduce regulaciones y protege determinados intereses. Silicon Valley, que antes parecía progresista, también ha cambiado mucho. Al final los multimillonarios financian aquello que protege sus negocios. Y además el sistema electoral estadounidense permite una influencia brutal del dinero privado. Desde la sentencia Citizens United las empresas pueden financiar prácticamente sin límites campañas políticas bajo el argumento de la libertad de expresión.

El libro es pesimista. ¿Queda margen para evitarlo?

Claro que puede no pasar. Yo no digo que esté escrito en piedra. Pero la tendencia mundial no invita al optimismo. Estamos viendo un deterioro democrático en muchos países y Estados Unidos no es inmune. Tampoco creo que vayamos a ver algo parecido a Chile en los setenta o tanques por la calle. Será otra cosa: un sistema donde formalmente siga habiendo elecciones, pero con menos contrapesos, menos pluralismo real y más concentración de poder. La pregunta no es si Estados Unidos dejará de votar. La pregunta es cuánto puede deteriorarse una democracia antes de dejar de ser realmente una democracia.

Las democracias liberales son resistentes y flexibles. Pero pueden romperse. Y cuando eso ocurre cuesta mucho recomponerlas. Como siempre, ahí está el ejemplo de Donald Trump: si las cosas van bien (el condicional es importante), Trump pasará y el fenómeno autoritario perderá pujanza. Quedarán, sin embargo, enormes fracturas. La desconfianza, la inseguridad colectiva, el revanchismo.

Estados Unidos despertará (en el mejor de los casos, insisto) como si hubiera sufrido una guerra civil. Nada volverá a ser lo mismo.

Tendemos a olvidar que entre las condiciones que conforman una democracia liberal (libertad de expresión, independencia judicial, control parlamentario sobre el gobierno, etcétera) hay dos fundamentales: los valores compartidos y el fomento de la cohesión social. En España, desde hace algún tiempo, flaquean ambas. Y las otras tampoco gozan de buena salud.

Poco a poco, ganar las elecciones o conformar una mayoría viable pareció convertirse en el único objetivo del sistema político. Y cuando la mayoría ya no es tan viable, porque resulta imposible aprobar siquiera unos presupuestos, lo que importa es resistir y evitar una mayoría alternativa.

Comprensiblemente, una parte de la sociedad apoya, con entusiasmo o con resignación, la proverbial resistencia de Pedro Sánchez. Comprensiblemente también, otra parte de la sociedad la considera un abuso.

Volvamos a Trump. Nadie, o casi nadie, lo vio venir. Para la inmensa mayoría de los medios de comunicación, era imposible que aquel energúmeno alcanzara la presidencia. Y ganó. E intentó subvertir de forma violenta la derrota que terminó con su primer mandato. Y, pese a todo, cuatro años después volvió al poder.

Parecía imposible. Pero, leyendo la letra pequeña de la información (los comentarios de los lectores a las noticias, la evolución de las audiencias, la aparición de medios fantasiosos y disparatados como Breitbart News, e incluso atendiendo al oleaje distorsionador de las redes sociales), no lo parecía tanto. Era perceptible un creciente rumor de fondo ya desde los años 80, los de Ronald Reagan, el primero que prometió “hacer grande de nuevo” su país.

La llamada “polarización”, buen negocio para los profesionales de la política y para las grandes empresas de comunicación, fue abriendo una brecha en el sistema. El adversario pasó a ser el enemigo. El bulo adquirió legitimidad, porque lo importante eran las emociones, no los elementos racionales de la realidad. La judicatura dejó de ser una garantía y pasó a ser campo de conquista.

Y la clase política se vio superada por sus electores.

El Partido Demócrata, que había relegado su antigua prioridad (el bienestar económico y la promoción de las clases trabajadoras) para adoptar nuevos baremos basados en criterios más complejos e individuales (la raza, la sexualidad y, en general, cualquier cosa encajable en el neoliberalismo), se desconectó de su gente.

El Partido Republicano dejó de lado sus viejos principios (austeridad presupuestaria, reducción al mínimo posible del poder federal) y consideró que, tras la victoria en la guerra fría, lo oportuno era reforzar la proyección imperial de Estados Unidos.

¿El resultado? Al Partido Republicano le surgió un tumor en forma de Tea Party. El Partido Demócrata derivó hacia el más puro “establishment”, mientras su militancia tendía al activismo universitario.

Entonces apareció Donald Trump. Y secuestró un partido, el republicano, que había dejado de creer en sí mismo. Quizá también, diciendo otro tipo de barbaridades, podría haber secuestrado el Partido Demócrata. Quién sabe. Las sociedades descoyuntadas son presa fácil para la demagogia.

Así ocurren las cosas impensables. Un día surge un concepto tan extraño como “la izquierda plurinacional y soberanista”, al otro se normaliza lo de la “prioridad nacional”, y al siguiente, quién sabe.

El costo de vida parecía el principal rompecabezas que los republicanos tenían que resolver antes de que llegaran las elecciones legislativas de otoño. Pero, a diferencia de la intervención militar en Venezuela, la guerra de Irán se está convirtiendo en una hidra de problemas. No solo encarece la gasolina para los estadounidenses y aumenta el cansancio social. Ahora también ha tomado un derrotero inesperado con los memes del presidente Donald Trump sobre Jesús y el choque con el Papa León XIV por el conflicto.

Desde el inicio, la guerra en Irán ya abrió una brecha entre las bases MAGA por contradecir la promesa del “America First”. En un lapso de menos de tres meses, el presidente lideraba su segunda campaña exterior, con el añadido de que Irán no ha sido cuestión de días y ha desestabilizado la economía global. Pero desde el 28 de febrero, Trump no ha hecho más que añadir presión al test de fe que supone el conflicto para sus votantes. La semana pasada provocó el rechazo generalizado con su amenaza de destruir por completo la civilización persa. Esta semana, por si aún quedaba sector sin incomodar, cargaba duramente contra el Papa y compartía imágenes hechas con inteligencia artificial donde aparece como si fuera Jesús.

Brilyn Hollyhand, seguidor de Trump y expresidente del Consejo Asesor Juvenil del Comité Republicano, calificó la foto de “blasfemia flagrante”. “La fe no es un accesorio. No necesitas presentarte como un salvador cuando tu trayectoria debería hablar por sí sola”, decía Hollyand en un vídeo publicado en X. Del mismo modo, John Yep, director ejecutivo de Catholics for Catholics, se mostraba consternado: “Realmente estamos confundidos con el presidente después de que los católicos le dieran un apoyo tan contundente. Está tratando nuestra fe con muy poco respeto en este momento”. 

Trump borró la imagen creada con IA donde aparece curando a un enfermo y vistiendo unos ropajes muy similares a Jesús. Algo excepcional en su política de no retractarse. Pero aun así, al poco compartió una segunda imagen —creada por otro usuario— donde aparecía él abrazado por Jesús. “Puede que a los locos de la izquierda radical no les guste esto, pero a mí me parece muy bonito!!!”, decía el magnate en la misma publicación de Truth Social. Trump quiere hacer pasar las críticas de sus seguidores más religiosos como un ataque por parte de la izquierda. 

La popularidad de Trump no hace más que caer. Actualmente, el agregador de encuestas de The Economist sitúa en solo un 37% el número de estadounidenses que aprueban su gestión. La cifra está cerca de sus momentos más bajos de popularidad durante su primer mandato e incluso ya roza el ratio más bajo que llegó a tener el expresidente Joe Biden. Cuando el demócrata abandonó el cargo, solo un 36% de los ciudadanos aprobaban su gestión, según una encuesta de la CNN.

En todos los partidos, normalmente, la impopularidad del líder se traduce en un daño sistémico para toda la estructura. Pero en el caso del Partido Republicano es aún más profundo. En la convención republicana de 2024 Trump culminó la metamorfosis de la formación en su propio partido. Antes de que terminara el 2025, algunos legisladores que se juegan el escaño este año en el Congreso ya estaban apretando para que el presidente organizara un tour para asegurar su campaña. Ahora mismo, sin embargo, la imagen del presidente augura un efecto totalmente contrario en los candidatos. 

El agregador de encuestas Real Clear Polling también muestra esta dinámica: actualmente, un 54,3% de los estadounidenses tienen una visión desfavorable del Partido Republicano.

El Cook Political Report, otra página especializada en seguir las tendencias electorales, señala tendencias preocupantes para los republicanos. En los estados clave de Georgia y Carolina del Norte, ha cambiado sus calificaciones de las contiendas al Senado de “empate técnico” a una inclinación hacia los demócratas. En el estado conservador de Ohio, una carrera al Senado que antes se consideraba favorable a los republicanos, ha pasado a ser un empate técnico.

Que algunas carreras para el Senado empiecen a dibujarse favorables para los demócratas es una señal de alarma. Hasta ahora los republicanos solo consideraban posible perder la Cámara de los Representantes. El analista político Kyle Kondik expone en la newsletter electoral Sabato’s Crystal Ball que las consecuencias de la guerra y los índices de aprobación de Trump colocan al Partido Republicano en una posición arriesgada. Según Kondik, si los republicanos llegan a perder el Senado, será porque “las bases para eso se están sentando ahora mismo”.

A toda esta tormenta se le suma la cultura de fidelidad ciega a Trump, que siempre suele terminar en un cierre de filas con el presidente. Y el caso del papa León no ha sido una excepción: el vicepresidente JD Vance —católico converso— ya ha dicho que el pontífice debería ir con cuidado cuando habla de teología y el speaker de la Cámara de los Representantes, Mike Johnson, aseguraba que León se había buscado el varapalo. “Un líder religioso puede decir lo que quiera, pero, obviamente, si se mete en aguas políticas, debe esperar alguna respuesta política, y creo que el Papa ha recibido parte de eso”, afirmó. 

Este imperativo de reproducir y comulgar con Trump, cualquiera que sea el mensaje, es lo que está castigando más a los republicanos en la contienda legislativa. El miércoles volvieron a impedir en el Senado una moción para intentar bloquear los poderes de guerra del presidente. Y el jueves ocurría lo mismo en la Cámara de los Representantes. La falta de disposición a actuar como contrapeso del presidente a pesar del elevado coste electoral amenaza con dejarlos por completo a merced del magnate.

¿América First? El lema es una sombra alargada que acompaña a Donald Trump cada vez que dedica tiempo, capital político y dinero, y en este caso hasta vidas humanas, en sus ambiciones imperialistas. De momento, ya hay tres soldados muertos y otros cinco heridos a consecuencia de los ataques a Irán, y sólo han pasado dos días.

Una de las referentes MAGA más islamófobas, Laura Loomer, reaccionaba en X este domingo a la muerte de los tres soldados estadounidenses: “Tres miembros del ejército estadounidense han fallecido en combate como parte de la Operación Furia Épica. Héroes estadounidenses. Que Dios los bendiga a ellos y a sus familias”.

Y Taylor Greene le ha respondido: “Esta zorra está celebrando la muerte de militares estadounidenses y agradeciendo a sus familias por su sacrificio. Loomer perdió dos elecciones al Congreso porque nadie la respetaba ni la valoraba lo suficiente como para elegirla. Pero es a ella a quien Trump atiende en llamadas nocturnas y a quien adula y adora. Loomer odiaba a Charlie Kirk porque él se pronunció en contra de la guerra con Irán, al igual que yo. ¡La guerra con Irán es lo último para EEUU y votamos en contra de ella, al igual que los votantes votaron en contra de Laura Loomer dos veces! Y ahora los estadounidenses vuelven a casa en ataúdes cubiertos con la bandera, tras otra estúpida y absurda guerra en el extranjero para cambiar un régimen en nombre de Israel. Y Laura Loomer lo exigió y lo suplicó. ¡Alístate en el ejército, Laura! ¡Ve al frente, Laura! Quizás entonces te den un arma. No amas lo suficiente a Trump a menos que vayas a luchar contra Irán tú misma”.

En efecto, Loomer ha hablado con Trump en las últimas horas, en plenos bombardeos sobre Irán, según ha informado la propia comentarista ultra: “¡Acabo de hablar con el presidente Trump y le he felicitado por otra misión de combate exitosa que ha acabado con uno de los terroristas islámicos más malvados del mundo! Le he dicho al presidente Trump que ha hecho que Estados Unidos se sienta orgulloso del 47º presidente que ha puesto fin a 47 años de terror iraní y ha liberado al pueblo iraní de 47 años de opresión islámica. También le dije que todos los que aman a Estados Unidos y odian el terrorismo le están animando y celebrando hoy, con la excepción del Woke Reich, Tucker Qatarlson, Thomas Massie, Marjorie Traitor Greene y los demócratas comunistas. ¡Todos deberíamos animar a Estados Unidos y al presidente Trump hoy y todos los días! Es un héroe y hace que nuestro país se sienta orgulloso. ¡El presidente Trump me hace sentir muy orgullosa de ser estadounidense! Estoy muy ORGULLOSA de poder decir que tuve el honor de votar por Donald Trump. Nunca tendremos otro presidente tan increíble e influyente. Así que disfruto cada momento que tenemos a Donald Trump. Ha hecho del mundo un lugar más seguro”.

Tucker Carlson, ex presentador de la CNN que participó en actos con Trump en la campaña de las presidenciales de 2024, también ha protestado vehementemente contra los ataques a Irán.

En una entrevista el sábado por la mañana con el corresponsal jefe de ABC News en Washington, Jon Karl, el ex comentarista de Fox dijo que el ataque contra Irán es “absolutamente repugnante y malvado”. También sugirió que tendrá un efecto significativo en el movimiento político de Trump: “Esto va a barajar las cartas de una manera profunda”.

Carlson fue uno de los principales intervinientes en la Convención Nacional Republicana de 2024 y se ha reunido con Trump en la Casa Blanca en varias ocasiones, según ha informado ABC News.

Pero no son las únicas críticas desde la base trumpista.

El podcaster Tim Pool ha calificado la operación militar como una traición a la plataforma electoral de Trump, mientras que los influencers de MAGA Keith y Kevin Hodge han dicho: “Liberar al pueblo de Irán no es por lo que voté a Trump”.

“El presidente Trump ha MENTIDO completamente a sus votantes, ha traicionado a nuestro país y ha mancillado su legado de forma irreparable, la mayor caída en desgracia que he visto nunca”, escriben los hermanos Hodge.

Algunos congresistas republicanos, entre ellos Thomas Massie, de Kentucky, que lleva meses enfrentado con Trump, al igual que el senador Rand Paul, también de Kentucky, y el congresista Warren Davidson, de Ohio, han mostrado su condena a la operación.

“Esto no es 'América First”, escribió Massie en redes sociales, y añadió que, cuando el Congreso se reúna de nuevo, tiene previsto trabajar con el representante Ro Khanna, demócrata por California, para forzar una votación en el Congreso sobre la guerra con Irán. “La Constitución exige una votación, y su representante debe dejar constancia de su oposición o apoyo a esta guerra”, dijo Massie.

Blake Neff, quien fue productor del comentarista ultra Charlie Kirk, señaló en X que Kirk se había opuesto al cambio de régimen en Irán: “Trump/Vance se presentaron con una plataforma pacifista, y fue muy popular. Ahora mismo, algunos de mis amigos de derechas me están enviando mensajes del tipo: 'Que le den a esto', 'esto es muy deprimente' o 'no volveré a votar nunca más en unas elecciones nacionales”.

Neff ha añadido: “Si esta guerra es una victoria rápida, fácil y decisiva, la mayoría de ellos lo superarán. Pero si la guerra es cualquier otra cosa, habrá mucha ira. Al pueblo estadounidense no se le dio una explicación convincente de por qué era necesario. Pero el éxito puede anular las malas explicaciones. Así que debemos rezar por el éxito”.

Jack Posobiec, otro popular activista ultra, ha dicho: “El año pasado, Charlie Kirk nos dijo a todos que la generación más joven de estadounidenses está mucho más interesada en la política nacional que en los conflictos internacionales, y no podemos olvidarlo en un año de elecciones intermedias”.

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha dirigido por carta y en inglés a la Cámara de Representantes de Idaho, en Estados Unidos, a la luz de los debates sobre una nueva normativa de banderas que han alertado a la comunidad vasca allí presente ante la posibilidad de que pueda hacer que no ondee la ikurriña, como es habitual. Fuentes de la Presidencia vasca sostienen que han recibido el 'feedback' de que la bandera oficial vasca va a ser considerada una “national flag” y que, por lo tanto, quedaría fuera de las restricciones y en disposición de ser izada en espacios públicos y gubernamentales del estado con más ligazón histórica con la emigración vasca y que, de hecho, acoge quinquenalmente el Jaialdi.

La Cámara de Representantes tiene mayoría republicana mientras que el Ayuntamiento de Boise, la ciudad del Jaialdi, tiene alcaldesa demócrata. En medio de discusiones sobre enseñas como la LGTBIQ+, han florecido argumentos que asociaban la roja, blanca y verde con ETA por parte de algunos legisladores estatales. El asunto ha tenido gran eco en medios locales en los últimos días y forzó a que Pradales, por mediación de su equipo de Acción Exterior, haya tomado cartas en el asunto, aunque siempre desde una diplomacia “soft”. La diáspora vasca no es ajena al Partido Republicano, como lo muestra la figura de Pete Cenarrusa, alto cargo en Idaho durante décadas y vascoparlante.

“El Gobierno vasco respeta plenamente el derecho del pueblo de Idaho a decidir sobre los asuntos y la legislación que afectan a su estado, así como los procesos parlamentarios mediante los cuales se tramitan las leyes por parte de los representantes legítimamente elegidos por la ciudadanía. Solicitamos respetuosamente al comité que tenga en consideración este testimonio escrito, así como la petición de excluir la ikurriña de este debate”, explican fuentes del entorno de Pradales, que insisten en que la misiva ha sido muy bien acogida. La carta incluye un recorrido histórico sobre qué es y qué no es la ikurriña, creada en 1894, “65 años antes de que se fundara el grupo al que se hizo referencia” el republicano Ted Hill.

Desde el Gobierno de Pradales indican que vascoamericanos se les han dirigido en los últimos días con preocupación por lo que estaba sucediendo. La sensación que maneja el Ejecutivo es que el asunto ya está encauzado totalmente. En sus redes sociales, y de nuevo usando también el inglés, el lehendakari ha insistido en este asunto, aunque ha alertado de que no se pueden dar por garantizadas las libertades conquistadas.

Boise, la capital del estado estadounidense de Idaho, alberga una comunidad vasca que suma más de 16.000 integrantes. Aunque más de 8.000 kilómetros en línea recta separan esta urbe de Euskadi, allí hay una suerte de 'barrio' vasco, el Basque Block, con frontones, centros culturales, bares con nombre de topónimos en euskera... y muchas ikurriñas, la bandera vasca, la roja, verde y blanca. Ahora, sin embargo, el Partido Republicano, el del presidente Donald Trump, quiere evitar que, al menos en los edificios públicos, se icen y ondeen banderas que no sean las oficiales. Esta legislación afectaría a distintivos internacionales como el del movimiento LGTBIQ+, pero también a la ikurriña. En Boise, con el trasfondo de la nutrida diáspora vasca, la alcaldesa, la demócrata Lauren McLean, ha abierto un frente con los republicanos y, a través de alguna artimaña legal, ha ignorado la nueva norma.

“No es la primera vez que alguien trata de ilegalizar la ikurriña, lamentablemente tampoco será la úlltima”, ha protestado Aitor Esteban, presidente del PNV. “La ikurriña es el símbolo de nuestro Pueblo. De nuestra Nación. Y las vascas y los vascos tenemos el derecho de ondearla a lo largo y ancho de nuestra querida diáspora”, ha añadido en un mensaje difundido a través de las redes sociales. Un poco más adelante, en inglés, ha escrito también que desde Euskadi se siente “orgullo” de oír cómo se habla euskera en calles y escuelas del otro lado del océano Atlántico. Oihane Agirregoitia, eurodiputada del mismo partido, ha elevado el asunto ante el pleno del Parlamento Europeo. “En Idaho les molesta también la ikurriña, la bandera del pueblo vasco, que durante décadas ha ondeado como símbolo de convivencia, de comunidad, de identidad, de amistad, de paz. Ojalá algún día la ikurriña ondee aquí atrás también”, ha dicho en referencia a la Eurocámara.

Idaho está inmerso en un profundo debate en torno a las banderas. La norma, que tiene en el republicano Ted Hill a uno de sus más acérrimos impulsores, es la House Bill 561. ¿Qué dice en su literalidad? Tan solo permitirá izar la bandera de las barras y las estrellas de los Estados Unidos, la oficial del estado y, en centros universitarios, la oficial de la institución en caso de que se haya aprobado. Aunque aún quedan flecos por cerrar, se prevén multas de hasta 2.000 dólares (1.684 euros al cambio actual) por bandera no permitida y día. Hill ha defendido que todas estas banderas tienen su lugar, pero que las astas gubernamentales no son ese lugar. Ha aseverado, además, que las autoridades locales llegan a ser “opresivas” e “imponen” su “agenda”. “El término 'inclusivo' es divertido, porque rara vez se me incluye a mí cuando se usa”, ha dicho.

En el marco de este impulso legislativo, la alcaldesa demócrata de Boise, Lauren McLean, ha encontrado una triquiñuela para mantener la bandera de la comunidad LGTBIQ+. “Decepcionada” con las pretensiones republicanas, ha aceptado izar solamente banderas oficiales, pero le ha conferido a la bandera arcoíris el estatus de oficial, de manera que sigue esquivando la norma. La primera edil ha defendido que esta bandera se ha ondeado “como símbolo de una ciudad que es acogedora y segura para todo el mundo”. Cree, además, que representa los valores de Boise y que es una declaración de intenciones, de que es posible acoger y respetar a todos.

Los debates de los últimos meses en torno a la prohibición de las banderas han tenido momentos acalorados. Se han puesto a la misma altura la bandera de la Alemania nazi y la del colectivo LGTBIQ+. Y, según ha admitido la alcaldesa, se ha discutido mucho sobre la ikurriña. En la Cámara de Representantes de Idaho, Hill, impulsor de la norma, ha hecho una serie de declaraciones infundadas: ha aseverado que la ikurriña “no está reconocida oficialmente”, que es “una bandera revolucionaria”, que, dado que ETA la enarbolaba, es “ilegal ondearla” en España. “Sería cruzar la línea y, entonces, la bandera palestina también tendría que permitirse”, añadió. Mientras, varios ciudadanos esperaban a los políticos a la salida con diversas banderas, ninguna de las cuales podría izarse en los edificios públicos según la norma.

Se da la circunstancia de que hace apenas unos meses, en julio, Boise acogió el Jaialdi, la gran fiesta de la cultura vasca, plagada de actividades folclóricas y que contó con la participación de una nutrida representación institucional de este lado del océano Atlántico, incluido el lehendakari, Imanol Pradales. Se recuperaba la actividad diez años después de la última edición, pues la pandemia de COVID-19 obligó a suspender la prevista para 2020. En su primer Jaialdi, Pradales jugó a pala, bailó y asistió a una exhibición de 'aizkolaris', pero la visita también tuvo contenido político —si bien inferior al de anteriores citas—, con un encuentro, por ejemplo, con Brad Little, Gobernador de Idaho.

“Datos falsos”

“Estuvimos en verano y allí estaba la ikurriña”, ha recordado este miércoles en una entrevista en Euskadi Irratia Ibone Bengoetxea, vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, a raíz de la polémica. “La decisión no es directamente contra la ikuriña, pero un representante la ha puesto encima de la mesa, dando datos falsos”, ha lamentado. El Gobierno de Pradales, según ha dado a conocer la vicelehendakari, ha enviado “información real” tanto a demócratas como a republicanos, para que el debate se dé con cononocimiento de causa. “Nuestra diáspora es muy activa y defiende nuestra identidad y nuestros símbolos”, se ha congratulado Bengoetxea.

En una de sus comparecencias ante la prensa de esta semana, la alcaldesa se ha referido expresamente a la visita del lehendakari del año pasado. Fue, ha dicho, una “excepción” a la norma de usar solo banderas oficiales —la estadounidense, la de Idaho y la LGTBIQ+—: ante la visita de una delegación oficial de otro país, se aprobó una resolución en el Ayuntamiento para conmemorar la cita y ondear la bandera vasca.

Donald Trump no engaña a nadie. De hecho, le votaron 77,3 millones de estadounidenses sabiendo a quién votaban. Y ganó a Kamala Harris en noviembre de 2024 con una agenda ultra que está cumpliendo paso a paso. ¿Y qué guía al presidente de EEUU? “Mi propia moralidad, mi propia mente”, dijo en una reciente entrevista con The New York Times: “Es lo único que puede detenerme”.

Cuando el presidente de EEUU reconoce que lo único que puede detenerle es su “propia moralidad” o su “propia mente”, está dejando claro que todo lo demás, ya sea el derecho internacional, los poderes del Congreso o los contrapesos del Estado de Derecho son meros estorbos.

Y eso es en lo que se ha convertido este primer año de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025: caos global mientras se multiplica la represión interna.

Estados Unidos es un país en el que en enero de 2026 la Administración Trump llama “terrorista” a una mujer haciendo una maniobra en un coche a la que asesina un agente del ICE, mientras que en enero de 2025 se indultaba a 1.600 participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Estados Unidos se ha convertido en un país en el que la Casa Blanca cambia fiscales hasta encontrar a uno –o una– que se pliegue a las exigencias sobre a qué rival político perseguir judicialmente, ya sea un exdirector del FBI, como James Comey, o el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a quien lleva meses presionando para que baje los tipos de interés.

Pero, también, Estados Unidos se ha convertido en el país más disruptivo de la geopolítica mundial, haciendo saltar por los aires la alianza transatlántica reforzada tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, para recuperar ambiciones imperialistas en América Latina propias de la segunda parte del siglo XIX e intervencionistas del XX, al tiempo que exhibe mejor sintonía con Vladímir Putin y Xi Jinping que con cualquier líder europeo, salvo los más ultras, como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; o el presidente polaco, Karol Nawrocki. Un trío que se une al presidente argentino, Javier Milei, y al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para formar el repóker de mejores aliados internacionales de Trump.

En realidad, Trump está muy solo en el mundo. Se evidenció en la última Asamblea General de Naciones Unidas, donde tan solo los más palmeros, Netanyahu y Milei, fueron los principales aliados de un presidente de EEUU que dedicó su discurso a hablar de sí mismo y a abroncar a los europeos.

Trump está solo porque los aliados históricos de EEUU, los países de la Europa occidental, se sienten abandonados ante la invasión rusa de Ucrania y profundamente atacados. Así, en el documento de 33 páginas sobre la estrategia de seguridad nacional, la Administración Trump celebra “con gran optimismo” la “creciente influencia de los partidos patrióticos europeos”. Es decir, el empuje de Giorgia Meloni, Viktor Orbán y los líderes ultras que están logrando buenos resultados en otros países del norte y centro de Europa como Suecia, Finlandia, Países Bajos y Alemania.

Según la Administración Trump, el “declive económico” de Europa “se ve eclipsado por la perspectiva real y más cruda de la desaparición de la civilización. Entre los problemas más graves a los que se enfrenta Europa se encuentran las actividades de la Unión Europea y otros organismos transnacionales que socavan la libertad política y la soberanía, las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos, la censura de la libertad de expresión y la represión de la oposición política, el descenso vertiginoso de la natalidad y la pérdida de la identidad nacional y la confianza en sí misma”.

“Si las tendencias actuales continúan”, afirma Trump, “el continente será irreconocible en 20 años o menos. Por lo tanto, no es nada obvio que algunos países europeos vayan a tener economías y ejércitos lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables. Muchas de estas naciones están redoblando actualmente sus esfuerzos en la senda actual. Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su confianza civilizatoria y que abandone su enfoque fallido de asfixia regulatoria”.

En definitiva, EEUU, con Trump, ha dejado de ser un aliado para convertirse en un rival... o un enemigo.

Y hasta tal punto es así, que la Casa Blanca está amenazando con tomar Groenlandia por la fuerza, un territorio dependiente de Dinamarca, un país miembro de la OTAN. En un año de Trump en la Casa Blanca, Europa está viviendo cómo EEUU ya es un país del que quizá tengan que defenderse militarmente; en un país que tome por la fuerza un territorio de la OTAN.

¿Quién podría imaginarse hace un año que los aliados europeos de la OTAN tendrían que defenderse de las ambiciones imperialistas de Trump? Pues en eso están ahora mismo las capitales europeas.

Este viernes, el presidente de EEUU ha lanzado una nueva amenaza: “Puede que imponga un arancel a los países que no acepten lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional. Así que puede que lo haga”. Y no ha descartado atacar militarmente a un aliado de la OTAN.

Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Noruega, Finlandia, Países Bajos se están movilizando y han enviado o anunciado que enviarán tropas a Groenlandia.

La amenaza del presidente de EEUU llegaba 24 horas después de la reunión en la Casa Blanca entre su vicepresidente, JD Vance, y su secretario de Estado, Marco Rubio, con los responsables de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, Lars Loekke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, respectivamente. Tanto Rasmussen como Motzfeldt rechazaron las ambiciones imperialistas de Trump, quien ha dicho que se quedará con Groenlandia “por las buenas o por las malas”.

El primer paso de la vía dura para Trump vuelven a ser los aranceles, esa herramienta negociadora arbitraria cuyo futuro pende del veredicto del Tribunal Supremo. En efecto, los jueces tienen que decidir si el atajo usado por Trump para poner y quitar aranceles según le convenga –los sube a Canadá por un anuncio con la voz en off de Ronald Reagan y para Brasil por el juicio a Bolsonaro; pero los rebaja para China porque cede Tiktok y se abre a volver a comprar soja estadounidense–.

Según Trump, los aranceles son un elemento fundamental para la seguridad nacional, pero está por ver que el Supremo considere legítimo usar una legislación de emergencia nacional para la política comercial estadounidense, que es lo que hizo el presidente de EEUU para aplicar aranceles generalizados a todo el mundo a partir del llamado Día de la Liberación, el 3 de abril de 2025, si bien no se llegaron a aprobar hasta el pasado verano.

El fallo del Supremo se esperaba para antes de fin de año, y la vista apuntaba a que los jueces no terminaban de estar convencidos de los argumentos del presidente, que no deja de presionar permanentemente sobre ello.

Fruto de esos aranceles, los estadounidenses han estado sufriendo una inflación lejos del 2% marcado como objetivo por la Fed –está en el 2,7%– y una debilidad del mercado laboral –4,4% de paro– que no se corresponde con el boom que está viviendo la bolsa estadounidense con las empresas de Inteligencia Artificial y los centros de datos.

Esos factores, la debilidad del mercado laboral y las dificultades para llegar a fin de mes y entrar en el mercado de la vivienda fueron la mecha que ayudó a Trump a llegar a la Casa Blanca, y están siendo la mecha que está animando a los demócratas, hasta el punto de que un socialista haya ganado la alcaldía en Nueva York y en Seattle, y los demócratas hayan ganado a los republicanos en Virginia, Nueva Jersey y Miami durante las últimas convocatorias electorales.

Trump lo sabe, e intenta culpar de la crisis de la affordability –crisis de precios– a los demócratas, pero él lleva un año de la Casa Blanca y ganó con la promesa de hacer grande EEUU y de mejorar la vida de los estadounidenses de a pie, cosa que no está pasando. Y por eso ha prometido que llegará en 2026 lo que anunció que llegaría en 2025.

Y eso está por ver, sobre todo después del cierre de la Administración más largo de la historia –43 días– en el que no tuvo reparos en dejar sin fondos el programa de alimentos SNAP para 42 millones de personas mientras montaba una fiesta de Halloween a lo Gran Gatsby. Del mismo modo que ahora otros 24 millones están sin ayudas para las primas de los seguros médicos por no renovar el Obamacare –Affordable Care Act–.

Venezuela, Israel, Gaza, Irán

Trump pone el secuestro de Nicolás Maduro como ejemplo en las últimas semanas del poderío de EEUU. Del mismo modo que también pone el bombardeo sobre las instalaciones nucleares iraníes. Por el camino, se lleva el escepticismo de sus bases MAGA, que no terminan de ver claro que sea compatible el America First con el cambio del Gobierno en Venezuela, el secuestro de Nicolás Maduro y el asesinato extrajudicial de un centenar de personas en el Caribe y el Pacífico Oriental; los bombardeos en Irán o el plan de Gaza.

Mientras tanto, deja colgada a María Corina Machado para respaldar a Delcy Rodríguez, exnúmero dos de Nicolás Maduro, al tiempo que amaga con atacar de nuevo Irán por la represión de las manifestaciones y anuncia el arranque de la segunda fase de su plan para Gaza cuando Israel sigue matando palestinos todos los días.

Trump presume de haber sellado el fin de ocho guerras, aunque algunas ni lo lleguen a ser –como la de Irán e Israel– y otras no estén cerradas –como el genocidio israelí en Gaza–. Pero para él es suficiente como para creerse merecedor del premio Nobel de la Paz. De ahí que la líder de la oposición venezolana le haya entregado este jueves la medalla del Nobel, si bien el instituto sueco ya ha aclarado que el premio no es transferible.

Represión y ataques a la prensa

Como una insurrección. Así es como quiere abordar el presidente de EEUU las protestas que se están produciendo en Minnesota estos días contra los agentes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), recrudecidas tras el asesinato de Renée Nicole Good, el pasado 7 de enero, después de recibir tres disparos de bala por parte de un agente. La ley contra las insurrecciones le permitiría a Trump desplegar tropas mientras continúan las protestas contra ICE en Minneapolis.

Trump ha hecho esta amenaza después de que un agente federal disparara a un hombre en la pierna en Minneápolis el miércoles tras ser atacado con una pala y el mango de una escoba. El incidente aumentó aún más la sensación de miedo y enfado que se extiende por toda la ciudad una semana después del asesinato de Good.

Trump ha amenazado en repetidas ocasiones con invocar la ley federal, que rara vez se utiliza, para desplegar al ejército estadounidense o federalizar la Guardia Nacional para hacer cumplir la ley nacional, a pesar de las objeciones de los gobernadores estatales, como es el caso de Tim Walz en Minnesota.

Estúpida. Así respondía Donald Trump a una periodista, Nancy Cordes, que cuestionaba al presidente de EEUU acerca de su interpretación del tiroteo de Washington DC, cerca de la Casa Blanca, contra dos soldados de la Guardia Nacional que, de momento, se ha cobrado una muerte.

Trump suele insultar tanto a periodistas hombres como mujeres, o a estrellas de televisión masculinas. Pero el insulto que le lanzó a Catherine Lucey, de Bloomberg, hace unas semanas en el Air Force One fue algo que no ocurriría con un hombre. “Quiet, quiet, piggy [cállate, cerdita]!”, le dijo a Lucey cuando preguntaba en el avión que llevaba a Trump el viernes por la tarde a jugar al golf a Florida.

Acababa de empezar el canutazo en el avión presidencial y Lucey se dispuso a preguntar por las repercusiones de las últimas revelaciones de los correos electrónicos del depredador sexual Jeffrey Epstein que acababan de ser publicados por un comité de la Cámara de Representantes.

Días después, atacó a la corresponsal de la televisión ABC en la Casa Blanca, Mary Bruce, tras una pregunta considerada “vergonzosa” por Trump que tenía que ver con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Y el invitado avergonzado era el príncipe saudí Mohammed bin Salman, sobre quien pesa la acusación internacional de haber estado detrás de la muerte de Khashoggi en el consulado saudí de Estambul en 2018.

“Hablas de alguien que fue muy polémico”, justificó Trump: “A mucha gente no le gustaba ese señor del que hablas; te cayera bien o mal, son cosas que pasan, pero él no sabía nada al respecto. Y podemos dejarlo así. No tienes por qué avergonzar a nuestro invitado con esa pregunta”.

La corresponsal de ABC también preguntó por el papel de Arabia Saudí en los atentados del 11 de septiembre, algo acreditado en las investigaciones, así como por los papeles de Epstein: “No es la pregunta lo que me molesta, sino tu actitud. Creo que eres una pésima periodista. Es la forma en que haces las preguntas. Empiezas con un hombre muy respetado y le haces una pregunta horrible, simplemente terrible. Y podrías haberle hecho la misma pregunta con amabilidad”.

Lo siguiente ha sido ya en forma de amenaza total: “Creo que deberían revocarle la licencia a ABC, porque sus noticias son falsas y erróneas”, ha amenazado el presidente de EEUU.

La amenaza con revocar licencias no es la primera vez que sale de Trump. También lo dijo varias veces en septiembre, después de presionar a la CBS para no renovar a Stephen Colbert y a la ABC con Jimmy Kimmel.

Guerra civil MAGA

Hay una quiebra irresoluble en el mundo MAGA entre islamófobos y antiisraelíes. La entrevista de Tucker Carlson con el supremacista Nick Fuentes desató unas hostilidades que no dejan de crecer y han entrado ya en el terreno de los golpes bajos y los insultos personales.

Ese cisma se presenció también en la primera rueda de prensa sin periodistas, sino con comentaristas ultras, en el Pentágono después de entrar en vigor las normas censoras del Departamento de Guerra, con preguntas sobre cuándo se romperían relaciones con el mundo islámico y con Israel, en función de qué fracción ultra preguntara.

En el bando anti-Israel se encuentran Fuentes, Carlson, Candace Owens y Marjorie Taylor Greene, hasta hace 15 días miembro de la Cámara de Representantes. Y, del lado incondicional de Israel, se encuentra el senador por Texas Ted Cruz y la comentarista ultra Laura Loomer.

Y hace unas semanas, mientras se desarrollaba el Foro de Doha, con gran representación de la Administración Trump –incluido su hijo Donald Júnior–, el expresentador de la Fox Tucker Carlson tuvo una participación en la que alabó el país hasta el punto de afirmar que quería comprarse una casa allí. A raíz de eso, el senador Cruz le dijo: “¿No están prohibidas las felaciones en ese país?”.

Al mismo tiempo, alguien respondía a Cruz si acaso era él quien hacía felaciones a Israel.

Loomer también ha insistido en que el Partido Republicano tiene “un problema con el nazismo”, por personajes antiisraelíes como Carlson o Candace Owens que ven la mano de Israel por todas partes en la Administración Trump, incluso consideran que el depredador sexual Jeffrey Epstein trabajaba para el Mossad.

La sombra de Epstein

Es un fantasma que nunca se aleja. Es como una sombra que persigue a Donald Trump allá donde vaya. No puede huir de ella, por mucho que corra, está pegada a él. Es lo que le ocurre al presidente de EEUU con Jeffrey Epstein, el depredador sexual que se quitó la vida en una celda en agosto de 2019, y con el que intimó el presidente hasta principios de los años 2000, según su versión oficial, cuando lo echó de su vida, teóricamente por una disputa inmobiliaria.

Sin embargo, los mensajes revelados por el Comité de la Cámara de Representantes ponen en cuestión su versión sobre su distanciamiento, pero también sobre el supuesto desconocimiento de las actividades delictivas del depredador sexual.

El Departamento de Justicia no ha cumplido plenamente con el plazo del 19 de diciembre establecido por la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, aunque ese día publicó una serie de documentos. Recientemente, el Departamento de Justicia afirmó que tiene en su poder más de un millón de documentos relacionados con Epstein y que podría tardar “unas semanas más” en procesar esos archivos para su publicación.

Autoritarismo competitivo

Hace unos meses, Steven Levitsky, Lucan Way y Daniel Ziblatt, politólogos que estudian cómo se deterioran las democracias y que hace tiempo acuñaron el concepto "autoritarismo competitivo" para sistemas políticos surgidos tras la Guerra Fría en países del Centro y el Este de Europa, publicaban un artículo en The New York Times en el que reflexionaban sobre hasta qué punto EEUU estaba derivando en un sistema más parecido a un autoritarismo competitivo que a una democracia.

En su texto, explican que “la ofensiva autoritaria del gobierno ha tenido un impacto evidente. Ha transformado el comportamiento de los estadounidenses, obligándolos a pensárselo dos veces antes de participar en lo que debería ser una oposición protegida constitucionalmente. En consecuencia, muchos políticos y organizaciones sociales que deberían supervisar y controlar al ejecutivo se están silenciando o relegando a un segundo plano”.

“Los estadounidenses viven bajo un nuevo régimen”, zanjan, “la pregunta ahora es si permitiremos que se consolide. Hasta el momento, la respuesta de la sociedad estadounidense a esta ofensiva autoritaria ha sido decepcionante, incluso alarmante. Una gran mayoría de políticos, directores ejecutivos, socios de bufetes de abogados, editores de periódicos y rectores universitarios estadounidenses prefieren vivir en una democracia y desean poner fin a este abuso. Sin embargo, como individuos que se enfrentan a amenazas gubernamentales, tienen incentivos para congraciarse con la administración Trump en lugar de oponerse a ella”.

Y concluyen: “La deriva autoritaria de Estados Unidos es reversible. Pero nadie ha derrotado jamás a la autocracia desde la barrera”.

Una de las cosas habituales es la capacidad para insultar de forma tan cotidiana al rival y deshumanizarlo. El mecanismo es semejante al de tener la Guardia Nacional en las calles de las ciudades demócratas: acostumbrar a la ciudadanía a convivir con militares. En este caso, se trata de hacer cotidiano el desprecio por el otro, quebrando todas las reglas de la educación y convivencia. Y cada día decide que sus rivales son “lunáticos”, “locos”, “de bajo cociente intelectual”, “malas personas” que quieren “destruir el país”... Y pide que los detengan y procesen, incluidos los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, cuyo retrato en el muro de la fama de la Casa Blanca ha sido sustituido por el de un boli automático.

Nuevas reglas electorales

Las elecciones legislativas de noviembre son cruciales para la agenda de Trump. Y también para la posibilidad de que los demócratas puedan disponer de elementos para frenarla o derrotarla. Y lo saben tanto demócratas como republicanos, pero los republicanos son los que ahora tienen el Ejecutivo, el Legislativo y el Supremo.

Así, el presidente de EEUU ha dado la orden de redibujar el mapa de las circunscripciones de varios estados con el objetivo de arrebatar escaños de la Cámara de Representantes a los demócratas. Y no les está yendo tan mal: los republicanos han pintado nueve nuevos distritos favorables en Texas, Misuri, Carolina del Norte y Ohio, hasta el momento.

Los demócratas, por su parte, han respondido con cinco distritos favorables más en California la semana pasada, más uno en Utah ganado en los tribunales, lo que deja el pulso hasta el momento en 9-6 a favor del Partido Republicano a 11 meses y medio de las elecciones.

En EEUU, esta práctica se conoce comúnmente como gerrymandering. El término fue acuñado después de una revisión de los límites de los distritos electorales de Massachusetts en 1812, llevada a cabo por el gobernador Elbridge Gerry, tras la cual uno de los distritos tenía forma de salamandra (gerrymandering: Gerry, por el apellido, y mandering, por 'salamander').

A día de hoy se está viendo cómo se retrocede en avances conseguidos y cómo otros están en el alambre de un Tribunal Supremo con supermayoría conservadora. Por ejemplo: la Voting Rights Act –Ley de Derecho al Voto–. Fue una norma que acababa con el autoritarismo político de los estados del sur de EEUU, aprobada hace apenas 60 años, en 1965.

Desde entonces, Estados Unidos no ha cambiado su Constitución, por lo que “el sistema legal que permitió, durante más de ochenta años, un brutal régimen racista y dictatorial en gran parte del país sigue en vigor sin cambios. Las leyes de derechos civiles son eso, leyes, no enmiendas constitucionales. Una mayoría indignada en el Congreso o una sentencia judicial cínica y torticera del Tribunal Supremo pueden desmantelar todas las protecciones contra el autoritarismo aprobadas entonces”, afirma el politólogo residente en Connecticut Roger Senserrich.

Por el camino, Trump quiere imponer más restricciones al voto, como limitar el voto por correo, acabar con la posibilidad del voto anticipado que facilita el sufragio en tanto que las jornadas electorales son en martes, y exigir mayores requisitos para ejercer el voto en la urna.

Desde 2020, Trump y sus aliados han intentado sembrar dudas sobre el voto por correo, a pesar de su popularidad entre los votantes de ambos partidos. En Georgia, Texas, Florida y otros estados republicanos se han aprobado leyes que endurecen los plazos para la recepción de votos por correo, limitan los buzones de entrega e imponen nuevos requisitos de identificación o firma.

Nada más regresar al cargo, Trump firmó una orden ejecutiva que instruía a los estados a rechazar las papeletas enviadas por correo recibidas después del día de las elecciones, incluso si el matasellos era anterior a la fecha límite, bajo amenaza de ver revocada la financiación federal para las elecciones. La orden, cuya mayor parte ha sido bloqueada por los tribunales, también pretendía imponer el requisito de presentar un documento que acreditara la ciudadanía estadounidense para poder registrarse para votar.

¿Cómo acabarán siendo las elecciones de 2026 y 2028 en un país que avanza de forma acelerada hacia el autoritarismo competitivo?