No hubo fisura por la que pudiera colarse una flecha de la acusación, aunque no era momento de lanzar una sola. Los acusados en el juicio de Kitchen desfilaron por la primera sesión como una legión romana, dejando que sus rencillas descansaran en la silla que quedaba habilitada como distancia entre cada uno de ellos. Abogados con clientes irreconciliables, caso de los letrados de Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz, llegaron a repartirse los argumentos para pedir al tribunal que se anule el juicio. Tiempo habrá para que la inocencia de unos dependa de la culpabilidad de otros y la formación se descomponga.

“¿Qué hace una operación parapolicial como tú ante un tribunal como este?”, vinieron a exponer los abogados de los acusados para defender que la operación Kitchen debería haber sido investigada en un juzgado ordinario. A la cabeza, Jesús Mandri, letrado del exministro del Interior. Fue el primero en preguntarse cómo puede estar juzgando el tribunal del caso Villarejo un operativo que nada tiene que ver con los encargos que la élite del país hacía al policía a cambio de dinero y que protagonizan cada una del resto de piezas de la macrocausa. 

Aquí, de haber, siguió el letrado, hay una operación desde el Ministerio del Interior para robar información comprometedora para el PP que guardaría la familia de Bárcenas. En esa operación habría participado Villarejo. Pero por una vez, el comisario habría sido únicamente otro actor más del operativo. 

Mandri continuó que si lo único que une la Kitchen con otras piezas como la King, la Carol, la Pit o la Land es el propio comisario Villarejo. Y eso justificaría la competencia de la Audiencia Nacional siempre, según establece la Ley, que los delitos a investigar en Kitchen fueran competencia de la Audiencia Nacional, algo que a juicio de este y el resto de los abogados de la defensa no ocurre. 

Ni en el encubrimiento –para provocar que la investigación judicial de la caja B avanzara–, ni la malversación de fondos –por los pagos de fondos reservados al chófer de los Bárcenas–, ni la revelación de secretos –por la documentación robada al hijo y la mujer del extesorero–, ni el cohecho —por el dinero que recibió Villarejo– son algo de lo que se deba encargar, sin más, la Audiencia Nacional, argumentó el abogado sobre los delitos de los que acusa la Fiscalía. 

Según esta tesis, la operación Kitchen debería haber sido investigada en un juzgado ordinario de Plaza de Castilla y no en el especializado de la Audiencia Nacional. “¿Si se hubiera encontrado droga en el domicilio del señor Villarejo se habría investigado en la misma causa?”, dijo el abogado de Fernández Díaz. “Bien traído”, le aplaudiría poco después el de Francisco Martínez.

Esa sintonía entre letrados distó de la relación entre dos acusados que evitaron mirarse a la cara durante toda la mañana. Ya lo hicieron durante el careo que organizó el juez García Castellón en 2020, cuyas imágenes desveló elDiario.es la pasada semana. “Me has llamado idiota integral, me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta, me has llamado miserable…”, le soltó el exministro a su antiguo número dos. 

Fernández Díaz se sienta en el banquillo porque Martínez acudió a un notario con unos mensajes que delataban que el ministro sabía de la operación Kitchen, incluso antes que él. Al borde de la imputación tras ser señalado por uno de los comisarios, y harto de que su antiguo jefe diera entrevistas diciendo que no sabía nada de ningún operativo, Martínez se buscó un escudo protector. 

El resto de abogados de la defensa fue adhiriéndose a este motivo de nulidad del juicio y el resto de los presentados por los abogados de Fernández Díaz y Martínez. Hay dos comisarios que se profesan un odio todavía mayor que los dos anteriores. Son Villarejo y Marcelino Martín-Blas, ex jefe de Asuntos Internos. Sus abogados también coincidieron en los primeros compases de esta estrategia de defensa. 

Este martes será el turno para que la Fiscalía y el resto de las acusaciones rebatan jurídicamente los argumentos de la defensa pidiendo la nulidad. Y con el resto de trámites de cuestiones previas y petición de prueba se ira completando la vista hasta el jueves. La semana que viene comenzará con el responsable policial de la investigación de Kitchen, el investigador jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga.

Será la primera prueba para el plan de cordialidad y unidad de acción de los acusados. Fue el campeón mundial del peso pesado Mike Tyson quien popularizó en los noventa la siguiente frase: “Todo el mundo tiene un plan. Hasta que le dan un puñetazo en la boca”.

Nota de la sesión: Eugenio Pino, artífice de la brigada política, fue el mandamás de la Policía durante los cuatro años de guerra sucia sin muertos y se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel en Kitchen. Este lunes llegó a la Audiencia Nacional y al alcanzar el control de seguridad, un policía nacional le pidió, como a todos, el DNI. Pino “tiró de placa”. De placa de jubilado, concretamente. La única que puede usar desde 2016. El policía le insistió por el DNI. Y Pino le espetó que si no sabía quién era. “Sí, usted fue DAO. ¿Me deja el DNI, por favor?”.

El principal investigador policial del caso Villarejo ha declarado este martes en la Audiencia Nacional que el comisario se refería a Javier López Madrid como “cliente” en documentos incautados al policía durante su detención en noviembre de 2017. El inspector jefe de Asuntos Internos ha establecido algunas coincidencias con otros proyectos efectuados por Villarejo a clientes privados mientras era funcionario público y también diferencias, como el hecho de que no se haya encontrado reflejo de pagos de López Madrid o sus empresas a la agencia de detectives de Villarejo.

El inspector jefe Gonzalo Fraga ha declarado durante la segunda sesión del juicio a López Madrid, Villarejo y un socio de este, Rafael Redondo, que responden del delito de cohecho por la contratación del comisario por parte del empresario en el conflicto personal que mantenía con la doctora Elisa Pinto. La acusación popular solicita seis años para el empresario y el policía jubilado y cuatro para Redondo.

Fraga comparecía a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que no presenta acusación porque considera que no hay prueba del encargo. El fiscal, Jorge Andújar, ha preguntado al inspector jefe de Asuntos Internos si el supuesto encargo a Villarejo por parte de López Madrid respondía al “patrón común” de otros trabajos que realizó ilegalmente el comisario. El policía ha respondido que había “elementos, documentos” que coinciden, pero que faltan otros como los de presupuestos o acerca de los medios empleados para satisfacer el encargo que no han sido localizados por la Policía. Tampoco el “informe tipo” que elaboraba Villarejo al principio de su trabajo.

Sin embargo, ha admitido Fraga, se han encontrado “bastantes anotaciones” en relación con los hechos que se juzgan. Entre ellas ha destacado una anotación del 4 de septiembre de 2013, al día siguiente de que conste la primera reunión entre López Madrid y Villarejo, en el que este último escribe “10 a cuenta”. “Es la anotación más significativa”, ha declarado el inspector jefe a preguntas del fiscal Andújar.

A preguntas de la abogada de Pinto, que ejerce la acusación popular, el policía ha respondido afirmativamente a la pregunta de si Villarejo utilizaba la letra “K” para referirse en sus documentos a los clientes, lo que ocurre también con López Madrid. No se encontró el documento habitual de presupuesto donde se reflejaba esa cantidad “a cuenta”.

Juicio por la contratación

El juicio en la Audiencia Nacional no entrará al fondo del asunto, que radica en las acciones de acoso y la agresión con un objeto punzante en el costado que sufrió en 2014 la doctora Pinto presuntamente a manos del comisario Villarejo, en presencia de uno de sus hijos, entonces de diez años. Esos hechos se juzgarán el próximo febrero en un Juzgado de lo Penal de Madrid y es allí donde policía y empresario se enfrentan a las penas más altas, 13 años de cárcel.

La pieza 24 del caso Villarejo se ciñe a la contratación del comisario por parte de López Madrid, cuando Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. En esa época, bajo el Gobierno del Partido Popular, Villarejo compaginaba los encargos a la brigada política contra la oposición con otros particulares de los que obtenía importantes beneficios, según acredita la investigación. Uno de esos encargos habría sido el de López Madrid, motivo por el cual la doctora Pinto acusa al empresario de cohecho activo –sobornar a un funcionario público– y al policía de cohecho pasivo –recibir dinero–. 

La Audiencia Nacional tiene en su poder desde octubre de 2023 un informe de la la Policía que incluye las grabaciones de tres conversaciones del comisario Villarejo con María Dolores de Cospedal en las que queda de manifiesto la implicación de la secretaria general del PP en las maniobras para sabotear la investigación judicial de la caja B del partido. Ni el anterior juez de la macrocausa contra Villarejo, Manuel García Castellón, ni el actual, Antonio Piña, adoptaron ninguna diligencia a partir del citado oficio policial, cuyo conocimiento ha sido hurtado estos dos años a las partes personadas en la pieza separada Kitchen.

Se trata del Oficio UAI (Unidad de Asuntos Internos) 3334/23 de 27 de octubre de 2023. En su página seis, el inspector jefe al frente de la investigación informa al juzgado de los audios que acompañan a su escrito. “La publicación consta de 18 carpetas, y en ella se incluyen todos los archivos de audio anteriormente subidos a la plataforma WeTransfer, otros que a continuación se enumeran, de los que se adjunta como Anexo 01 los denominados MDCospedal, para su adecuada valoración sobre su posible vinculación con los hechos objeto de investigación (pieza 7) por parte de su autoridad”. Esa valoración que solicita el policía nunca se hizo. 

El número 7 se identifica con la pieza separada del caso Villarejo conocida como Kitchen. En ella se investiga el sabotaje policial de la investigación judicial de la caja B del PP con cargo a los fondos reservados, unas maniobras acontecidas durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. La pieza será juzgada la próxima primavera. En el banquillo se sentarán un grupo de mandos policiales junto al secretario de Estado de Seguridad de la época, Francisco Martínez, y el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Para los dos políticos, la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de prisión. 

Quien estuvo brevemente imputada y escapó de la investigación y el banquillo fue María Dolores de Cospedal. En contra del criterio de los fiscales Anticorrupción, el juez García Castellón archivó la querella contra ella en julio de 2021. Aquella decisión también supuso frenar en seco los indicios que apuntaban a Mariano Rajoy, que nunca llegó a estar investigado. Al año siguiente, cuando El País reveló nuevos audios que incriminaban a la ex secretaria general del PP, el juez se negó a reabrir el caso contra ella porque esas grabaciones publicadas no formaban parte de la causa. Ahora se conoce que la Policía incorporó los audios con posterioridad al procedimiento y entonces el juez García Castellón tampoco los investigó. 

Uno de esos audios fue publicado por El País. En la grabación, la número dos del PP habla con el comisario el 13 de enero de 2013: “La libretita sería mejor poderlo parar”. Cospedal se refiere a los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, la prueba manuscrita de que el PP manejó una caja B durante al menos veinte años nutrida con dinero negro de los empresarios, tal y como han acreditado ya varias sentencias judiciales, y que todavía no había salido a la luz.

Tras más de dos años en un cajón, el pasado 13 de noviembre, por fin las partes tuvieron acceso al oficio de Asuntos Internos. Los abogados fueron obligados a leerlo en el propio Juzgado y no se le dio traslado del mismo, pese a no estar secretas las actuaciones. Una vez pudo consultar el informe, la representación del PSOE, que actúa como acusación popular, solicitó la declaración del inspector jefe que firma el oficio.

La declaración del policía se produjo finalmente el pasado 25 de noviembre. Durante la misma, el inspector jefe Gonzalo Fraga explicó cómo Asuntos Internos incorporó a su informe los tres archivos “por si pudieran tener relación y para que los valorara una autoridad judicial y fiscal”. “Esos archivos de audio se escucharon por mi equipo y se incorporaron en el anexo íntegramente. No me consta que exista una transcripción de los mismos en el procedimiento”, declaró el mando policial. 

El juez actual al policía: “¡La pieza está cerrada!”

El inspector jefe relató que eran tres audios de Cospedal con Villarejo, uno de una hora de duración y fechado en 2017, y dos del año 2013. Contó que la responsable política y el policía hablan de varios temas y entre ellos de algunos que se podían “referir a los hechos” de la pieza 7 o caso Kitchen. Antes de que pudiera extenderse más, el actual titular del Juzgado de Instrucción número 6, Antonio Piña, le interrumpió bruscamente. “¡No, no la pieza número 7 está valorada, enviada y cerrada!”, exclamó el juez, según un escrito que ha presentado la representación del PSOE. 

Los socialistas acaban de solicitar formalmente que Cospedal, López del Hierro y el Partido Popular, como persona jurídica, sean imputados en el caso Kitchen. “Se ignoró y se ignora deliberadamente y sin motivación alguna todas las pruebas de cargo que la Policía situó encima de la mesa de sus señorías y de la Fiscalía Anticorrupción relativas a la participación de la señora Cospedal en esta trama delictiva. No es una teoría conspirativa, tampoco una opinión, es desgraciadamente un hecho”, reza el escrito del PSOE.

En septiembre de 2022, al mismo tiempo que rechazaba reabrir la investigación contra Cospedal, García Castellón ordenó la apertura de una pieza nueva del caso Villarejo, la número 34, donde irían a parar el cúmulo de grabaciones publicadas por medios de comunicación, un canal de Telegram del ultra Alvise Pérez y las aportadas al propio juzgado por el empresario Javier Pérez Dolset, todas ellas realizadas por el comisario y cuyo contenido no ha sido nunca investigado. 

La única intención del juez era comprobar si todos esos audios figuraban entre el material intervenido a Villarejo –del que solo se ha desencriptado aproximadamente el 50%– o si se trataba de grabaciones que no estaban en la causa, según explicaba el propio García Castellón en su auto. 

La maniobra de García Castellón

Pero de la pieza número 34 nunca más se volvió a saber. Ninguna de las partes personadas en la causa han tenido acceso a esas grabaciones. Ahora, el escrito del PSOE plantea que la número 34 “no fue una pieza procesal sino una caja fuerte donde depositar aquello que no debía ver la luz”. Los socialistas hablan en su escrito de “una artimaña procesal para evitar la reapertura de la pieza separada 7 Kitchen o la apertura de una nueva para investigar estos hechos con claras apariencias de relevancia penal”.

El 18 de abril de 2024, García Castellón levantó el secreto sobre la pieza 34, pero el Oficio UAI 3334/23, donde los policías adjuntan los tres audios sobre Cospedal, “se excluyó del índice de la causa” y no se subió a la plataforma digital a la que acceden las partes personadas, según denuncia el PSOE. Solo una diligencia solicitada por los socialistas para prorrogar la investigación y que no prescribiera permitió aflorar el oficio policial el pasado mes de noviembre. 

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón a García Castellón en su negativa a reabrir el caso Kitchen pero dejó una puerta abierta a las revelaciones que pudieran surgir en el marco de la pieza 34. Sin embargo, los audios quedaron aparcados sin que llegara a ser valorado su contenido. “Estas expectativas de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, compartidas por las acusaciones, se han visto defraudadas por la inacción y ocultación realizadas tanto por el Juzgado de Instrucción como por la propia Fiscalía Anticorrupción”, dice el PSOE en su escrito. 

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se había negado a que sus subordinados recurrieran la negativa de García Castellón a reabrir el caso, pero la Sala de lo penal se tuvo que pronunciar por la petición de la acusación popular. El actual juez del caso, Antonio Piña, fue advertido de la “inacción y ocultación” en ocho escritos presentados por la acusación que ejerce el PSOE. “No hizo nada, salvo manifestar reiteradamente en la declaración prestada [por el policía de Asuntos Internos] que la pieza separada 7 estaba cerrada, pero sin valorar los posibles hechos nuevos que parecía desconocer”, añaden los socialistas. 

Tres conversaciones entre Cospedal y Villarejo

20 de enero de 2013. El contexto más amplio de esta conversación hay que buscarlo años atrás, en julio de 2009, fecha a la que se remonta la primera reunión entre el mando policial en activo y la número dos del PP. Villarejo acude a Génova para encontrarse con Cospedal y su entonces marido, Ignacio López del Hierro. Ambos le encargan “trabajos puntuales” y le prometen una remuneración. En ese momento no saben que los problemas que les han surgido por el caso Gürtel y la “imputación provisional” de Luis Bárcenas terminarían estallando con el encarcelamiento del tesorero del partido. 

El Mundo publica el 18 de enero de 2013 que “Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP”. Circula el rumor que la caja B del partido está recogida en “una libretita”. Dos días después, en la primera grabación que la Audiencia Nacional no ha investigado, la número dos del PP llama desde un teléfono fijo al policía, que está destinado en la Dirección Operativa de la Policía, y le dice que quiere esas anotaciones y que hay que “pararlas”. No lo consiguió. Unos días después, el 31 de enero, El País publica los papeles de Bárcenas y estalla el escándalo de corrupción más grave en la historia del PP.  

26 de abril de 2013. De nuevo, Cospedal evita los móviles. No es casual. Ella misma explica a Villarejo que no ha realizado la llamada antes porque “no tenía un fijo a mano”. Durante la conversación explica que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le ha entregado a ella antes que al juez del caso de la caja B un informe de la UDEF. “Me llama ayer por a noche diciéndome que voy a tener un día hasta que lo vea el juez”, afirma Cospedal al policía.

El comisario da cuenta a Cospedal de sus movimientos para abortar los avances del caso de la caja B. El presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, no puede estar entre los salpicados por el escándalo. Villarejo asegura haber estado con el inspector jefe al cargo de las investigaciones, Manuel Morocho, y con el jefe de este, el comisario José Luis Olivera, procesado en Kitchen y autor del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. “Estuve tomando una copa y luego se quedó José Luis comiéndole el tarro porque en el informe iba el nombre del presidente… No sé si sabes”, dice Villarejo. A lo que Cospedal responde que lo desconocía. 

Efectivamente, tres días después Morocho entrega el informe 39199/13. Solo aparece Rajoy de pasada: “Mariano Rajoy 2º trimestre” y “Trajs. Mariano”. Los apuntes de Bárcenas sobre el presidente no se desarrollan en el atestado policial. Morocho ha denunciado públicamente las presiones que sufrió durante su investigación de los casos Gürtel y PP. Lo ha hecho en sede judicial y en el Congreso de los Diputados. “Buscaban doblegarnos”, dijo en la Audiencia Nacional. 

12 de septiembre de 2017. Cuatro años después de los encargos para destruir el caso de la caja B, Villarejo sigue teniendo relación con Cospedal y el marido de ésta. El contexto ahora es el desafío independentista en Cataluña, pero Villarejo también está preocupado por su situación. Ya ha saltado su implicación en varios casos. El marido de Cospedal, para quien el PSOE vuelve a pedir la imputación, lo recoge y lo lleva hasta Cospedal, que ahora además de número dos del partido también es ministra de Defensa. “Yo hablo con quien tenga que hablar”, le dice Cospedal a Villarejo para su tranquilidad. 

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha realizado una defensa expresa de la actuación de Asuntos Internos de la Ertzaintza en la investigación del operativo del partido de Champions League en Anoeta entre la Real Sociedad y el PSG francés en el que una mujer, Amaya Zabarte, denunció haber recibido el impacto de un proyectil de 'foam' en la cabeza. Ante las críticas de la comisión de control y transparencia de la Policía, formuladas en su memoria bienal de 2023 y 2024 adelantada por este periódico, y en respuesta a una batería de preguntas parlamentarias de EH Bildu, Zupiria señala que Asuntos Internos, “tanto en ésta como en otras investigaciones, ha mostrado una voluntad de colaboración proactiva” y asegura que no puede hablarse de “obstáculo” a su decisión de no enviar sin autorización judicial toda la documentación del caso a este organismo externo, cuyo presidente es el magistrado Juan Luis Ibarra.

La comisión de control, un órgano relativamente nuevo e inexistente en otros cuerpos de España, emitió hace unas semanas se segunda memoria, correspondiente a los casos tratados en 2023 y 2024. Ibarra, además, compareció en el Parlamento y denunció igualmente falta de medios para realizar con diligencias las funciones que la ley encarga a este foro. Uno de los casos que tiene sobre la mesa es la carga de Anoeta, de principios de 2024. Es el expediente 3/24. En éste y en otros casos, la comisión afeó a la Ertzaintza falta de colaboración en las peticiones realizadas, lo que generó retrasos, y discrepa con la tesis de que haya que requerir a la autoridad judicial un mandamiento expreso para que Asuntos Internos entregue sus actuaciones.

Zupiria, en su respuesta al parlamentario Gorka Ortiz de Guinea, insiste en que “a quien corresponde determinar, de manera explícita verbal o escrita”, si se tiene que realizar la entrega de datos es al juez de cada caso. “Un planteamiento de diferente tenor, además de discutible jurídicamente, acarrearía una inseguridad jurídica a los actores policiales implicados”, sostiene la Policía sobre el criterio de un organismo cuyo máximo responsable fue durante dos mandatos presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Insiste Zupiria en que la comisión tiene la “obligación” de dirigirse al juzgado y “en buena lógica tiene que existir un pronunciamiento judicial que de manera individualizada pondere los hechos”. En este caso concreto, la magistrada instructora accedió a facilitar la documentación pero “estableció ciertos límites”. Si no se hubiese pasado ese filtro, la comisión habría “laminado” determinados derechos. El consejero insiste en que “comparte el criterio técnico” de Asuntos Internos para estos casos. E insiste en que la Ertzaintza es “proactiva” para colaborar con estos expedientes.

Es ya público que cuatro de los seis integrantes de la comisión de control serán relevados en breve, ya que agotan su mandato quinquenal. El presidente Ibarra, en cambio, continuará. En paralelo, en relación al caso de Zabarte, esta semana están previstas nuevas declaraciones en la investigación judicial, incluidos cinco ertzainas imputados. Inicialmente, la causa fue cerrada sin responsabilidades y se ordenó la reapertura tras un recurso de la familia de la víctima. La Ertzaintza siempre ha negado el uso de proyectiles de 'foam', a pesar de que Zabarte acabó en la UCI esa noche. Hay otras dos denuncias de lesiones de ese mismo día.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha enviado al Parlamento Vasco, en respuesta a iniciativas de EH Bildu y de Sumar, contestación a decenas de preguntas sobre la visita de Falange Española y de las JONS, el que fuera partido único de la dictadura, el pasado 12 de octubre a Vitoria, coincidiendo con la fiesta nacional de España. Las contramanifestaciones se saldaron con graves disturbios y hubo 19 imputados por desórdenes públicos, ninguno de ellos falangista. Un joven local denunció haber sufrido lesiones graves por la intervención policial. Un mes después, Zupiria reconoce que la Ertzaintza nunca llegó a cachear a los dos centenares de visitantes de la formación parafascista, a pesar de que se enfrentaron con palos y otros objetos contundentes cuerpo a cuerpo con los grupos antifascistas y a pesar de que había sospechas previas de que incluso portaran “armas”.

“Ante la posibilidad de que las personas asistentes portaran armas u objetos potencialmente peligrosos, se había previsto realizar un registro de sus pertenencias, [pero] no se pudo llevar a cabo a consecuencia de los actos violentos protagonizados por los asistentes a las concentraciones no comunicadas, que requirieron la participación de la totalidad de los efectivos policiales desplegados”, expone el responsable de Seguridad. Se refiere a contramanifestantes, a los que encuadra en grupos “alegales” y describe como personas “vestidos de colores oscuros, encapuchados y con sus rostros parcialmente ocultos”.

Los falangistas, unos 200, llegaron “en vehículos particulares” al centro de Vitoria sobre las 11.50 horas. Habían comunicado que se movilizarían a mediodía en la Plaza de la Provincia, junto a la Diputación. En su parte trasera hay un monumento en memoria de las víctimas del franquismo. El propio edificio fue sede del primer Ministerio de Justicia de la dictadura, desde donde se sentaron las bases del nuevo régimen represivo en ámbitos como el carcelario o los derechos civiles.

El Gobierno vasco estaba sobre aviso desde septiembre e insiste en que existe un derecho a realizar este tipo de actos sin necesidad de autorización alguna. Un mando de la Policía vasca conversó con un dirigente falangista 48 horas antes para conocer detalles de la concentración y “se acordó retomar la comunicación si surgía alguna cuestión relevante”. EH Bildu ha querido saber si se les recordaron los límites contra la exaltación de la dictadura de la normativa autonómica pero Zupiria se limita a apuntar que “se les plantearon las obligaciones generales” para toda entidad que quiera ejercer el derecho de reunión y manifestación.

La Ertzaintza “no realizó ningún tipo de acompañamiento previo” a la llegada de los falangistas al centro de Vitoria. En el exterior del aparcamiento de Juan de Ayala, donde estacionaron sus coches, había presencia policial “al objeto de proceder al registro y ocupación de posibles armas u objetos peligrosos”. Pero, como comenzaron los incidentes, la “totalidad” de los ertzainas tanto de la comisaría de Vitoria como de la Brigada Móvil y de la unidad de Vigilancia y Rescate fueron desplazados a otros puntos. “Los recursos del dispositivo de la Ertzaintza encargados de esa tarea fueron requeridos para hacer frente a los disturbios ocasionados por manifestantes de grupos alegales que habían convocado movilizaciones que no habían sido debidamente comunicadas. El inicio de los desórdenes públicos obligó al personal del dispositivo a mitigarlos y a evitar agresiones entre los colectivos enfrentados”, agrega el consejero.

Las imágenes de la jornada mostraron cómo, en todo caso, la línea policial de contención fue sobrepasada y que llegó a producirse un cuerpo a cuerpo entre personas de ambos bandos. El partido falangista se ha jactado en sus redes sociales en las últimas semanas de que fueron capaces de responder con contundencia. Los detenidos y posteriormente imputados fueron 19, todos ellos contramanifestantes. En esa lista está también la persona que ha denunciado que la Ertzaintza le causó lesiones aparentemente con un proyectil de 'foam', el material antidisturbios que se emplea en la actualidad.

Ahora mismo hay una investigación abierta de esta actuación, tanto de Asuntos Internos como de la comisión de control externa, pero, con anterioridad, la Ertzaintza contactó varias veces con esta persona -incluso yendo a su domicilio- para informarle de los cargos que pesaban contra él “por la presunta autoría de diferentes delitos” durante los altercados. Los heridos fueron dos entre los falangistas, el denunciante, un fotógrafo que acabó hospitalizado y veinte agentes, según los datos oficiales.

Zupiria expone que “varios” de los ertzainas intervinientes llevaban cámaras subjetivas en sus uniformes. Por lo tanto, “realizaron grabaciones” durante esa jornada y “están siendo objeto de análisis y estudio”. Asuntos Internos, por otro lado, investiga el origen de una noticia publicada en 'El Correo' sobre la presunta financiación de la contramanifestación, no así el propio despliegue, muy criticado incluso por los sindicatos policiales. El consejero sostiene que “la actuación de los ertzainak fue correcta dadas las circunstancias a las que tuvieron que hacer frente”, por lo que no caben mayores indagaciones.

Lo que sí recopila la Ertzaintza son datos sobre las “banderas, expresiones, cánticos y gestos” de Falange Española y de las JONS para que el Instituto de la Memoria (Gogora) pueda analizar si se contravino la normativa autonómica de memoria histórica. No obstante, se indica que tampoco en el momento se recogió ningún dato sobre los falangistas, más allá de denunciar al comunicante -en su momento se dijo que era el propio “jefe nacional” del partido, Norberto Pico- por vulneración de la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley mordaza'. Las actuaciones, eso sí, se iniciaron “con posterioridad” porque, durante la manifestación, donde se cantó el 'Cara al sol', por ejemplo, la Policía vasca estaba “inmersa” en otras labores, “en particular las agresiones que estaban sufriendo” los uniformados de manos de los contramanifestantes.

“Todo Ceuta sabe lo que pasa en el puerto”. La frase de uno de los detenidos en el contexto de la Operación Hades señala directamente a la connivencia de agentes de la Guardia Civil con las tramas de narcotráfico radicadas en la ciudad autónoma. Una decena de agentes aparecen como sospechosos a lo largo del extenso sumario de la causa, la mayoría con el teléfono pinchado. Cuatro de ellos han sido detenidos por recibir presuntamente pagos de entre 70.000 y 120.000 euros a cambio de hacer la vista gorda con los semirremolques cargados de droga que pasaban el control de la estación marítima de la localidad sin ser revisados.

Dos organizaciones criminales compartían según las investigaciones del Servicio de Asuntos Internos (SAI) una red de seguridad en el puerto ceutí, integrada por efectivos de la Compañía Fiscal y de Fronteras y de Aduanas que aseguraban el paso de grandes cantidades de la sustancia estupefaciente. Esta había sido traída previamente de Marruecos a través de la frontera del Tarajal y de un narcotúnel encontrado en febrero de este año —cuando ya se habían producido los arrestos— en una nave ubicada a pocos metros de la valla que separa España de su país vecino.

De las vigilancias realizadas por los investigadores se desprende que la droga permanecía pocas horas en la citada área industrial y pasaba después a otra nave situada en el puerto. Según los atestados, todo con la colaboración de empresas de transporte, congelados y hasta una conocida cadena de supermercados. El día señalado por los agentes corruptos, cuando a estos les tocaba trabajar juntos, las organizaciones cargaban la sustancia estupefaciente en semirremolques y cruzaban el puerto sin ser apenas revisados. Los vehículos, que según la investigación fueron vistos anteriormente en un hangar de Mairena del Alcor (Sevilla), contaban con dobles fondos para ocultar la mercancía ilícita.

Gracias a las pesquisas pudieron realizarse tres incautaciones. Las dos primeras, en junio y diciembre de 2023, superaron las cinco toneladas. Y la última, este enero, de 1.337 kilogramos. Sin embargo, la confesión de uno de los cabecillas confirmó que hasta la primera aprehensión, una de las tramas realizaba un pase exitoso al mes. Tónica que había logrado mantener durante un extenso periodo de tiempo.

El primer entramado

Este investigado, que se dedicaba a la exportación de tabaco de cachimba, por lo que viajaba frecuentemente a Marruecos, se sitúa a la cabeza del grupo criminal que aparece antes cronológicamente en las investigaciones. Según sus propias palabras, compartía las decisiones con el dueño de una agencia de viajes —al que se le encontró una pistola sin licencia en su domicilio— y con un tercero ahora fugado de la justicia, que sería el enlace con el propietario de la mercancía, un célebre narco marroquí que aparece frecuentemente en operaciones similares en Ceuta.

También con capacidad de decisión dentro de la organización, un primer camionero que era el encargado de pagar a los guardias civiles del puerto, en concreto a R.G.V (alias ‘Calambre), mecánico de la Compañía Fiscal y de Fronteras. Este repartía luego el dinero con sus compañeros A.A.A., R.A.C.P. (alias ‘Fanta’) y R.A.P., también detenidos, a los que cohesionaba para facilitar la acción de los narcos.

Como enlaces entre los presuntos líderes aparece un dúo constantemente retratado en las escuchas realizadas por la Guardia Civil, que había colocado un micrófono en el vehículo de uno de ellos. Dos varones con antecedentes por delitos varios —incluyendo contra la salud pública, conspiración para homicidio o tenencia ilícita de armas— que se dedicaban a labores de vigilancia y coordinación.

Los semirremolques los preparaba un mecánico sevillano en una nave de Mairena del Alcor, con la ayuda directa en este caso de al menos otras dos personas, una detenida y otra en busca y captura. Por último, un conocido transportista local era el encargado de llevar el camión ‘preñado’ —término coloquial que utilizaban para la introducción de hachís en su interior—hacia la provincia de Málaga, donde se produjo la primera incautación, el día 27 de junio de 2023.

Para esa operación, la Guardia Civil desplegó un control de carretera ficticio, para evitar que los supuestos implicados sospecharan de la investigación a la que estaban siendo sometidos. Esta maniobra permitió además comprobar la connivencia de varios agentes que estaban de servicio en el Puerto de Ceuta en la jornada de autos.

Tras aquel golpe, la organización cambió de método y en diciembre trató de pasar tres toneladas de hachís ocultas en el camión que traslada los animales muertos de Ceuta a la Península. Un método que creían infalible. “Nunca lo revisan”, decían los implicados, sabedores de que la localidad norteafricana carece de medios para abrir con seguridad un vehículo que por su contenido supone un importante riesgo biológico y que también carece de escáner. Además, este sistema permitía que no fuera necesario pagar a los guardias del puerto.

Lo que no esperaban es que uno de los agentes bajo sospecha a lo largo del sumario recibiría un chivatazo y lo comunicaría a sus superiores. Al camión ya lo estaban esperando en el momento del embarque y aunque no pudo ser abierto en Ceuta, solo permitieron que pasara hacia Algeciras para ser escaneado allí, donde encontraron el alijo.

Los agentes, nexo de unión entre tramas

Esta organización no volvería a operar, a pesar de intentar organizar un nuevo pase sin éxito, y la actividad quedó en manos de un segundo entramado, que tenía como nexo común con el anterior el uso del narcotúnel —descubierto después de las detenciones— y la connivencia de muchos de los mismos agentes que empleaba la primera agrupación criminal.

Especialmente señalado a lo largo del sumario, el ‘Calambre’ trataba con ambas tramas, reuniéndose con sus miembros según evidencian las vigilancias realizadas por Asuntos Internos. También sería el encargado de recibir el dinero y repartirlo con los otros compañeros compinchados.

Otro de los detenidos, A.A.A., agente destinado en la Aduana portuaria, fue también identificado en numerosos encuentros con otros investigados y señalado en conversaciones telefónicas. A estos hay que sumar hasta otros ocho agentes, seis de ellos nunca detenidos, pero sí ampliamente mencionados a lo largo del sumario por sus presuntas relaciones con las organizaciones.

El cártel de la familia de un diputado y funcionario de prisiones

Tanto ‘Calambre’ como A.A.A. cooperaban supuestamente con esta segunda agrupación criminal cuya actividad llegó a conocimiento de Asuntos Internos en mayo de 2024 gracias a una conversación escuchada en un pub de la provincia de Cádiz. En ella, el supuesto cabecilla del entramado presumía de estar en capacidad de introducir hachís desde Marruecos a Ceuta y después de poder pasarlo a Algeciras a través del puerto gracias a una serie de agentes sobornados. Solo le faltaba disponer de camión y conductor para ejecutar la operativa.

En ese punto, los investigadores decidieron infiltrar a dos efectivos. El agente encubierto ‘Noray’, que sería encargado de ofrecer a la trama los servicios de ‘Génova’, el segundo infiltrado, quien dispondría de un semirremolque de una empresa ya conocida por la organización para realizar el pase. Luego se incorporaría un tercero, ‘Mástil’, para conducir el camión cargado de droga.

Durante seis meses, ambos encubiertos participaron en las reuniones del cártel y descubrieron que estaba integrado por el diputado en la Asamblea de Ceuta y funcionario de prisiones, Mohamed Mohamed Ali Duas, del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), una formación localista que le ha suspendido de militancia, aunque él no ha entregado aún su acta. También por su hermano, transportista y teórico líder del grupo, que compartía atribuciones con un corredor de seguros muy amigo del agente A.A.A.

También colaboraban en la organización el sobrino del representante político y otras tres personas que fueron vistas en la carga y descarga del camión aprehendido el 30 de enero con 1.337 kilos de hachís en una nave de Villanueva del Trabuco. El semirremolque había llegado a las instalaciones la noche previa conducido por uno de los infiltrados. Hasta seis agentes encubiertos y presuntos narcos durmieron juntos en el mismo polígono industrial a la espera de vender la mercancía a un cliente francés el día de los arrestos.

Los miembros de este cártel fueron los primeros en caer como parte de la Operación Hades, que tuvo semanas después una segunda ronda de detenciones, elevando la cuenta de arrestados por encima de la docena. También aparecería en el mes de febrero, en concreto el día 19, un narcotúnel ubicado en el polígono de Alborán de Ceuta, cuya existencia fue revelada a la Guardia Civil por uno de los investigados, el exportador de tabaco. Actualmente, el hombre al que se achaca su construcción y uso se encuentra en busca y captura.

Un billete de 20 dírhams para señalar a los corruptos

La preparación del último traslado de droga, el que el 30 de enero acabó por explotar la operación, contó en su transcurso con un suceso singular. El agente encubierto ‘Noray’ exigió a la organización —que no solo le pidió el camión, sino que ejecutara los dobles fondos en su interior— que se practicara una prueba de seguridad para garantizar la fidelidad de los guardias civiles del puerto. Una maniobra que sirvió en realidad para poder identificarlos.

Manifestó el infiltrado esta exigencia a la trama en una reunión en un restaurante de Cádiz, cortando entonces un billete a la mitad y entregándoselo al corredor de seguros, quien debería dárselo a sus contactos policiales en la estación marítima. La idea era que el mismo ‘Noray’ o ‘Mástil’, el encubierto encargado de conducir el camión con la droga, pasaran días antes por el control de seguridad del puerto. En ese momento, los guardias corruptos entregarían de vuelta la mitad del billete, que debía coincidir con la otra en posesión del grupo criminal, para confirmar así su visto bueno a las condiciones planteadas. Por la prueba de seguridad el diputado Ali Duas, encargado siempre de los pagos a la Guardia Civil, abonó 10.000 euros. Por dejar pasar la carga, 120.000.

Así lo hicieron y fue ‘Mástil’ quien tras llegar a Ceuta con el semirremolque que luego se usaría en el pase, atravesó de vuelta el puerto con un coche sin la ITV en regla, deteniéndole ‘Calambre’. Este hizo como que revisaba el vehículo, dejando en el interior la mitad de un billete de dirhams —moneda de Marruecos—, un movimiento que confirmó así la existencia de connivencia policial con los narcos en el embarcadero ceutí.

Los agentes de la unidad de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra que investigaron la fuga de Carles Puigdemont el pasado mes de agosto han explicado a la jueza que centraron sus pesquisas tan solo en otros tres uniformados, sin incluir a ningún cargo político de Junts.

Así lo han señalado cinco agentes a la magistrada que investiga a los tres mossos por presuntamente colaborar en la huida de Puigdemont, según han indicado fuentes jurídicas. Antes de empezar las comparecencias, la jueza Maria Antònia Coscollola ha advertido a las partes de que relevar datos de unas pesquisas reservadas está castigado con multas de hasta 10.000 euros.

La fugaz aparición y fuga de Puigdemont en Barcelona del pasado 8 de agosto desembocó en un enfado del Tribunal Supremo y querellas varias de Alvise Pérez, Vox o Hazte Oír. La Justicia ha descartado por ahora imputar al antiguo conseller de ERC Joan Ignasi Elena y a su cúpula policial, como reclamaba la extrema derecha, y se centra tan solo en tres agentes.

Los mossos de Asuntos Internos (la unidad policial destinada a investigar a otros policías) han explicado a la jueza que, el mismo día 8 de agosto, recibieron el encargo de sus superiores de investigar a los tres mossos imputados, que ese día estaban de baja o de vacaciones.

En su declaración, los agentes han ratificado los informes que implican a los mossos imputados por ayudar a Puigdemont a evitar ser detenido tras su intervención, facilitándole el turismo con el que abandonó la zona del Arc de Triomf de Barcelona y llevando a cabo otras gestiones que permitieron que burlara a la policía.

Las pesquisas, por indicación de sus superiores, se limitaron a analizar varios vídeos de las cámaras de seguridad del centro de Barcelona en los que se veía a los agentes acompañar a Puigdemont.

Sin embargo, desde el momento inicial, la investigación no incluyó a ningún cargo político de Junts, han indicado los agentes. Temporalmente, además, las pesquisas se limitaron al día anterior a la aparición pública de Puigdemont y no se investigó si el expresident pudo llegar antes.

En el marco de la investigación desplegada por Asuntos Internos, no se tomó declaración a los agentes de paisano que estaban desplegados cerca del escenario del Arc de Triomf en el que Puigdemont se dirigió a sus fieles, uno de los cuales trató de perseguir al expresidente catalán en su huida, aunque sin éxito.

La falta de concreción de las pesquisas ha llevado a la entidad ultracatólica Hazte Oír, que ejerce la acusación popular del caso, a pedir una nueva batería de pruebas a la magistrada.

La asociación ha reclamado que comparezcan como testigos el president en funciones de la Generalitat el pasado mes de agosto, Pere Aragonès; el presidente del Parlament, Josep Rull; el exconseller de Interior Joan Ignasi Elena; el exdirector general de los Mossos Pere Ferrer y el exjefe del cuerpo Eduard Sallent (cuya testifical ya fue acordada por la jueza para el próximo 30 de junio).

En su informe del caso, Sallent admitió que los Mossos pensaron que Puigdemont intentaría entrar en el Parlament para asistir al pleno, como había anunciado, y no previeron la “maniobra de distracción” del expresident.

Pese a la falta de detalles, por ahora solo ha prosperado esta investigación que la propia policía catalana tras el fracaso de su operativo para detener a Puigdemont el día del debate de investidura de Salvador Illa. El expresident, que había prometido acudir al debate de investidura, se limitó a dar un breve discurso bajo el Arco del Triunfo para a renglón seguido subirse a un coche y huir de nuevo a Bélgica.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge atribuye ya la condición de investigado a Alejandro Salgado, alias 'El Tigre', al que la Policía considera el mayor narcotraficante español del momento. El magistrado cita Salgado a declarar en el marco de la causa judicial en la que está igualmente investigado Óscar Sánchez Gil, quien fuera jefe de la UDEF de Madrid y al que Asuntos Internos encontró 20 millones de euros escondidos en las paredes de su domicilio.

Salgado se refugiaba en Qatar de otra reclamación judicial en un juzgado de Algeciras. Llegó a ser detenido en 2022 pero las autoridades del país no autorizaron su entrega a España. Después de producirse la operación en la que fue detenido el inspector jefe de la UDEF y el supuesto máximo responsable de la organización en España, Ignacio T., Salgado podría haber salido de Dubái con dirección a Rusia.

Ha sido el abogado de Salgado quien solicitó personarse en la causa al conocer que en el sumario se incluían varios indicios contra él por liderar desde el extranjero la organización a la que se incautaron 13 toneladas de cocaína en el Puerto de Algeciras en noviembre pasado, a lo que siguió la detención del mando policial. La citación del Tigre es para el próximo 13 de mayo a las 13:00 horas, según consta en la providencia dictada ayer martes, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Alejandro Salgado aparece en comunicaciones aportadas a la causa y que fueron realizadas a través del sistema de telefonía encriptada Sky ECC. En una de ellas se puede apreciar cómo organiza presuntamente una introducción de cocaína en el puerto de Algeciras desde su refugio a miles de kilómetros. En Dubái, Salgado habría entrado en contacto con la élite de los narcotraficantes mundiales que huyen de la justicia de sus países en los Emiratos Árabes.

Precisamente su salida de Dubái se habría producido por desavenencias con el poderoso clan de los Balcanes, que le reprocharía la incautación del cargamento de droga en Algeciras y lo relacionaría con un soplo a la Policía. La UDYCO española recibió la información de la llegada de la droga de sus colegas colombianos y a través de una fuente original en Ecuador.

La organización desarticulada en esa operación contaba con la colaboración clave del inspector jefe de la UDEF, que introducía en las bases de datos policiales datos de los contenedores que contenían la cocaína para saber si eran investigados por sus compañeros o por otros cuerpos policiales.

Como en otras muchas investigaciones por narcotráfico ha sido clave la aportación de información procedente de los servidores encriptados, en este caso de Sky ECC. En la misma providencia por la que el juez cita al Tigre, Francisco de Jorge ordena a la UDYCO averiguar quién está tras la idetnidad de otros tres usuarios en clave de números y letras y un cuarto que se hace llamar 'Chinchón'.

La Fiscalía ha pedido seis años y medio de cárcel para el que fuera jefe de Antidroga para el Estrecho de Gibraltar David Oliva, teniente coronel de la Guardia Civil. por presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho. En concreto, por tratar supuestamente de obtener información sobre una investigación de Asuntos Internos en su contra por estar favoreciendo el narcotráfico a cambio de dinero.

En su escrito de conclusiones provisionales, recogido por Europa Press, la Fiscalía Antidroga pide que también se sienten en el banquillo de los acusados un subordinado y un teniente del Instituto Armado. Para el teniente solicita cinco años de cárcel por cohecho y revelación de secretos, mientras que para el subordinado pide tres años y seis meses de prisión únicamente por revelación de secretos.

El Ministerio Público sostiene que Oliva y el teniente trabajaron entre 2018 y 2022 en el Órgano de Coordinación contra el narcotráfico (OCON Sur), la unidad especial de la Guardia Civil creada en el año 2018 con la finalidad de luchar contra el especial incremento de la actividad de narcotráfico que en los últimos años se había detectado en la región del Campo de Gibraltar, en Cádiz.

“A partir del año 2011, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil empezó a recibir diversas informaciones que ponían de manifiesto que los acusados pudieran estar favoreciendo el narcotráfico a cambio de dinero”, apunta la Fiscalía.

“Con la finalidad de comprobar las informaciones referidas”, continúa el escrito, “el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil inició el 15 de noviembre de 2019 una investigación al respecto bajo el nombre 'Operación Varea'”.

“Buscaba su impunidad”

La Fiscalía sostiene que “con el fin de conocer el contenido de la investigación y articular su defensa para lograr la impunidad”, Oliva contactó con el teniente, que “prestaba sus servicios en la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil y estaba buscando la forma de obtener un destino profesional en la provincia de Cádiz por motivos familiares”.

Oliva, según el relato del fiscal, le ofreció “conseguirle un destino profesional en el OCON SUR, con sede en Castellar de la Frontera (Cádiz), a cambio de que” éste “le proporcionara toda la información que, sobre él, pudiera existir en las investigaciones que venía desarrollando el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil en el que estaba destinado”.

Antidroga asegura que ambos acusados eran “plenamente conscientes de la ilegalidad del ofrecimiento y de la contraprestación”. “La posibilidad de conseguir el traslado al OCON SUR, radicado en la provincia de Cádiz, estaba dentro de las facultades profesionales de Oliva quien, como comandante al mando del OCON SUR, podía proponer el destino en comisión de servicios de cualquier miembro de la Guardia Civil que reuniera las condiciones para el puesto”, añade.

Para cumplir su parte del acuerdo, relata la Fiscalía, el teniente del Instituto Armado “se descargó de los ordenadores centrales y bases de datos del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil toda la información que pudo encontrar sobre los otros dos acusados, a pesar de ser en todo momento consciente de la ilegalidad de su actuación, por tratarse de información reservada y secreta”.

Un puesto a cambio de información

“Una vez sustraída la información sensible y reservada, el teniente, ya en las primeras semanas del año 2022, hizo entrega de la misma, en un soporte digital, a Oliva y este, en cumplimiento del compromiso asumido”, propuso a su subordinado “para la comisión de servicios que habría de desarrollar en el OCON SUR, en Castellar de la Frontera (Cádiz), comisión de servicios que finalmente se aprobó y fue efectiva a partir del día 27 de enero de 2022 y que suponía una mejora en sus condiciones económicas”.

Oliva, según Antidroga, “hizo entrega de una copia de la información reservada y secreta recibida” a su subordinado, “a quien también afectaba la 'Operación Varea', siendo ambos acusados plenamente conscientes del carácter secreto y reservado de esa información y de la ilegalidad de su obtención y difusión”.

“Como consecuencia de la filtración y transmisión de la información reservada y secreta existente en las bases de datos sobre las posibles actividades delictivas desarrolladas en el ejercicio de sus funciones” por Oliva y su subordinado, “quedó frustrada toda investigación sobre los mismos”.

Eso, concluye el Ministerio Público, provocó el cierre de la 'Operación Varea' en enero de 2022, lo que supuso un grave perjuicio para el adecuado funcionamiento de la Guardia Civil.

La Ley establece que los delitos de cohecho en funcionarios públicos deben pasar por un tribunal del jurado. Los guardias civiles han planteado multitud de recursos pero la jueza de Parla que les investiga los ha rechazado. Falta que la Audiencia Provincial haga lo propio con el último para despejar la vía a la celebración de la vista oral.

Los agentes del instituto armado denunciaron un montaje de la Policía Nacional para vincularles con el denominado 'clan de los Ariza' que operaba en la Playa de Bolonia, en Cádiz. La Audiencia Nacional rechazó investigar esos supuestos indicios y los guardias civiles presentaron una querella contra el policía al frente de la investigación en un juzgado de Madrid. El magistrado la archivó pero con posterioridad, la Audiencia Provincial le obligó a reabrirla. Por el momento, esa causa sigue su curso.

La primera vez que se detuvo el perro fue junto a la cama del dormitorio. Uno de los policías levantó el canapé y el animal marcó una funda de rifle y unos edredones. Eran poco más de las 5.30 horas de la mañana del pasado 6 de noviembre y ninguno de los 13 agentes que participaban en el registro imaginaba que aquellos billetes eran una porción insignificante de los 20 millones de euros que iban a encontrar durante las 16 horas que duraría el registro en el domicilio del inspector jefe Óscar Sánchez Gil. 

La cifra de dinero incautado y el destino del policía, jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid, provocaron un escándalo dos días después, cuando trascendió el hallazgo. La escena de los agentes derribando paredes que escupían billetes pertenece a una trama donde ningún fotograma desmerece: muy lejos del chalé del policía en Villalbilla (al noreste de Madrid) el hilo de la misma organización conduce a un mar de plásticos verdes que envolvían 13 toneladas de cocaína incautadas en el Puerto de Algeciras, el mayor alijo de la historia de España. Y mucho más lejos, lleva hasta un español al que apodan ‘El Tigre’ y que se sienta a la mesa de los grandes capos internacionales de la droga que se refugian en Dubai. 

La versión oficial de la investigación dice que todo empezó con la información recibida acerca de un policía de nombre Óscar que colaboraba con una organización de narcotraficantes. La siguiente pista estaba en las propias bases de datos de la Policía. El fichero GATI está destinado a evitar duplicidades. Si una unidad abre unas pesquisas debe introducir ahí las matrículas de los coches de los sospechosos, un número de teléfono o el nombre de una empresa. También las matrículas de los contenedores que llegan a puerto. Si hay otra unidad que ha volcado el dato antes salta una coincidencia. 

Óscar Sánchez Gil utilizaba un par de investigaciones abiertas en su unidad como justificante para volcar ahí todos los datos de su organización: luz verde para el alijo si no había duplicidades y alerta roja para sus compinches si aparecía que les estaban ya investigando. Asuntos Internos comprobó que la UDEF de Madrid había introducido matrículas de 551 contenedores desde que Óscar Sánchez llegó a la unidad como jefe, en julio de 2020. Los contenedores son el medio por el que las bandas introducen la droga a través de los puertos. Antes de eso, la unidad dedicada al blanqueo y la corrupción en el ámbito de la Comunidad de Madrid no había introducido un solo dato acerca de un contenedor.

Vuelta al 6 de noviembre. Al chalet de Villabilla. Los agentes llegan a la buhardilla. En la parte alta de los trasteros hay 14 paquetes. En cada paquete hay diez bloques de billetes. De 500, de 200, de 100… Hace tiempo que ya se ha incorporado a la búsqueda un segundo perro de Guías Caninos. A las 13:42 se persona un policía con una máquina de contar billetes. Los perros andan desbocados.

Se suman al registro los policías del Grupo Operativo de Investigaciones Técnicas (GOIT). Si hay escondites ocultos cuentan con tecnología para descubrirlos. Pican las paredes de la buhardilla y allí, en una columna, aparecen nueve paquetes más. Tras el armario del hall de entrada, Óscar Sánchez y su mujer –policía nacional destinada en el grupo de familia y menores de Alcalá– han construido otro escondite. Más billetes. También hay en el cobertizo del jardín. Y en un macetero. En el techo del garaje, tras el plafón, aparecen nuevos fajos envasados al vacío.

A través del inspector jefe, la Unidad de Asuntos Internos y la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) habían llegado a Ignacio T., con antecedentes por narcotráfico. Se trata del número uno de la organización, al menos en España, según cree la Policía. En los informes aparece fotografiado en el aeropuerto de Barajas. Ha ido a recoger a José Ángel C., que viene de Dubái. Ambos se van a comer y son fotografiados por la Policía. José Ángel es un treintañero acusado de ser el cerebro de la compleja trama de blanqueo de dinero a través de sociedades, que también utilizaba el inspector jefe. 

La Fiscalía habla de “un campo de minas”

Óscar Sánchez había establecido alrededor de sus colaboradores lo que la Fiscalía Antidroga llama en su querella “un campo de minas”. Si alguien se acercaba estallarían. A Ignacio, a José Ángel y a José Luis L. R, el inspector jefe los había incluido en el fichero como “confidentes”. En 2021, un contenedor con 1.605 kilos de cocaína llegó al Puerto de Algeciras en dirección a una empresa de importación de plátanos en Campello, Alicante. El encargado de recoger la mercancía debía ser Jose Luis R. Nunca apareció por allí. Estuvo un año huido hasta que se entregó en un juzgado de Algeciras. 

Otro de los nombres que había incluido en el fichero el inspector Sánchez Gil era el de la empresa importadora Abadix Fruits. El matrimonio al frente se entregó esta semana por ser la receptora de las 13 toneladas incautadas en octubre pasado. Estaban hartos de huir y de que Miguel, de 58 años, tuviera que buscar en cada nuevo destino un lugar donde recibir su sesión diaria de diálisis. 

Aquel envío de 2021 que nadie pasó a recoger tenía detrás a un español que había pasado bajo el radar de las Fuerzas de Seguridad hasta entonces. El 10 de mayo de ese año, la Policía colombiana trasladó un cable a sus colegas españoles con la información que “una fuente humana” les había dado del cargamento de 1.605 kilos que nadie fue a recoger. “Detrás del contenedor está una organización criminal liderada por un ciudadano español de nombre Alejandro, conocido con el alias de Tigre, quien dirige las operaciones criminales desde Dubai”, decía la comunicación. 

Efectivamente, en los archivos policiales constaba un madrileño con antecedentes que ya ha cumplido 46 años. También le llamaban 'Don Máquina'. La Policía le situaba en varias operaciones antidroga, pero desconocía el ascenso en la empresa criminal que había experimentado Alejandro Salgado, un madrileño en la cuarentena y de buena familia, que cosecha una ristra de antecedentes y del que todavía queda por reconstruir su discreto camino a la cima del narcotráfico.

En la investigación a la trama del Tigre, Ignacio T. y el inspector jefe Sánchez ha jugado un relevante papel Sky ECC, el sistema de telefonía encriptado, que como ocurriera primero con Encrochat, fue intervenido por la policía francesa, originando la mayor crisis de la historia en el narcotráfico internacional. Un informe policial de los mensajes intervenidos a la organización muestra a Salgado dirigiendo en directo una operación de descarga de droga en el puerto de Algeciras desde Dubai, a 8.000 kilómetros de donde se estaba produciendo. “Coronado, Tigre”, le anuncia su interlocutor en el terreno cuando terminan.

La última vez que consta un viaje a España de Alejandro Salgado desde Dubai es 2019. En 2022 fue detenido en Emiratos Árabes en una lujosa casa donde se celebraba una fiesta. Las autoridades del país islámico son muy severas con el consumo y Salgado fue uno de los arrestados. La Guardia Civil lo publicitó como un éxito de la cooperación entre ambos países, pero a día de hoy no hay esperanza de que sea extraditado. Emiratos Árabes llena de trabas burocráticas cualquier entrega.

Salgado llevaba una vida de lujo, pero discreta en la capital del estado árabe, donde sigue tejiendo alianzas con otros líderes de organizaciones internacionales, según fuentes policiales. El juez Francisco de Jorge, que instruye la causa contra el grupo español, investiga su maquinaria para lavar “miles de millones de euros” de los beneficios del narcotráfico, tanto propios como de esas otras organizaciones con sus jefes escondidos en Emiratos Árabes.

Cuenta atrás para el mayor de los alijos

Uno de esos clanes, conocido como de los Balcanes, habría pedido explicaciones al Tigre por la pérdida de las 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, según publicó el medio especializado narcodiario.com. Lo que sigue es la cuenta atrás de la incautación de la droga y la caída del inspector jefe Óscar Sánchez Gil.

Diez días antes. Es 4 de octubre y el inspector jefe hace una foto con su teléfono oficial a lo que aparece en la pantalla de otro móvil. Se trata de un cuadro con códigos que identifican 16 contenedores, su “mercancía” –banana y piña– y las sociedades que las exportan. Entre esos 16 contenedores está el que tiene por matrícula TCLU1210545.

Queda una semana. Alguien entra en el fichero GATI e introduce el identificador de los 16 contenedores justificándose en el marco de una operación policial denominada Unagui, abierta en 2020. Aparece como titular de la operación el jefe de un grupo de la UDEF de Madrid, la unidad que dirige Óscar Sánchez Gil. 

Seis días antes. Los agentes de Vigilancia Aduanera en Algeciras habían bautizado una operación sobre unos contenedores con el nombre de ‘Sobotka’, por el protagonista de la segunda temporada de la serie The Wire, ambientada en el puerto de Baltimore. El sistema alerta de que uno de esos contenedores ha sido introducido en la base de datos por la UDEF de Madrid. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado acuerda que ambas investigaciones pueden seguir por separado.

A 72 horas. El 11 de octubre, viernes, los agentes de Vigilancia Aduanera utilizan en secreto un escáner móvil que han bautizado como ‘Medusa’. El artilugio realiza “reconocimientos no intrusivos”, lo que evita que los narcotraficantes conozcan las sospechas sobre un determinado contenedor. Parece que el que lleva la numeración TCLU1210545 no solo contiene piñas. Será necesario abrirlo. 

El día del alijo. Es 14 de octubre. Las piñas viajan en cajas de cartón de 20 kilos. En su interior se descubren 11.525 tabletas recubiertas de plástico verde. Son 13.062 kilos de clorhidrato de cocaína.

Esa misma tarde, el inspector jefe Óscar Sánchez tiene en su poder un vídeo de los funcionarios de Vigilancia Aduanera inspeccionando el cargamento de cocaína. Uno de sus subordinados le llama para informarle. Sánchez quiere saber si el importador es una empresa llamada Abadix Fruitx, radicada en El Campello (Alicante). 

Poco antes de las siete de la tarde, el inspector jefe logra hablar con un responsable de Vigilancia Aduanera en Madrid, que le confirma que Abadix en la destinataria del contenedor con la droga. El policía había dado de alta una investigación con el nombre de la sociedad y nadie le había avisado de que iba a estallar la operación. 

El responsable de Vigilancia Aduanera le explica que su enlace en Colombia ha recibido una información procedente de Ecuador y que han tenido que actuar, que sus compañeros de Algeciras tampoco le habían informado, se disculpa. “Lo que pasa es que yo no sabía ni que estaba propuesto para revisión, ni hostias, ni nada”, se enfada el policía.

Sánchez Gil habla a su vez con Ignacio T., el líder de la organización en España. “¿Qué hacemos?”, le pregunta al policía su interlocutor. “Nada, esperar”, responde él. A las 5:30 de la madrugada del 6 de noviembre sonará el timbre de su casa en Villalbilla. Son sus compañeros de Asuntos Internos y la Udyco. Sánchez Gil no se inmuta. No llama la atención ni siquiera en una situación así. Sus compañeros lo apodaron 'El Anodino'. Entre los 20 millones de euros en billetes apareció uno de 50 que ha resultado ser falso.

El coronel de la Guardia Civil retirado Francisco García Santaella ingresó el pasado 3 de diciembre en el módulo de seguridad de la cárcel de Estremera, en Madrid, para cumplir una condena de siete años y dos meses por tráfico de drogas y cohecho. Fin de trayecto para una causa que arrancó en 2014, cuando un guardia civil de Antidroga, entre horas y horas de pinchazos telefónicos, reparó en la alusión que unos narcotraficantes hacían a un tal “Padre”. En abril de 2015, elDiario.es desveló que un juez de Granada investigaba en secreto al coronel Santaella. Horas después, Santaella era destituido del puesto que ocupaba en la Dirección General de la Guardia Civil.

La suerte del coronel estaba definitivamente echada desde que el pasado septiembre el Tribunal Supremo rechazara el último recurso del coronel contra su condena por la Audiencia de Granada. El ingreso en la cárcel de Santaella es el paradigma de las dificultades para que un uniformado, más aún si detenta alto rango y está condecorado, pague por los delitos cometidos, de sobra acreditados en su caso.

Las sospechas de corrupción se cernían en la propia Guardia Civil sobre Santaella desde los años 90, pero para que su historia haya acabado en prisión se ha dado por el camino una absolución en primera instancia que produjo “cierto sonrojo”, según la calificó el Tribunal Supremo. También un ejemplo de corporativismo y posible encubrimiento de otros mandos y amigos que derivó en un enfrentamiento encarnizado en el seno del instituto armado. Pese a su cese en 2015, Santaella gozó de residencia oficial hasta su procesamiento, dos años después. La publicación de su imputación, cuando aún la causa estaba secreta, abortó su ascenso a general. Tres meses antes de su imputación había vuelto a ser condecorado.

El principio del fin de Santaella comenzó a escribirse el 12 de noviembre de 2014. Ese día, agentes del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Drogas (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil en Granada escuchaban la conversación que mantuvieron por teléfono dos presuntos traficantes a los que investigaban con autorización judicial. Se quejaban de que los “intermediarios” no valoraban el riesgo de la operación de introducción de hachís por la costa que planeaban y de que “los chicos” solo pensaban en “la ganancia”. En un momento dado, comentaron: “El Padre nunca nos ha pedido por adelantado”.

El comentario hizo saltar un resorte en la mente de los investigadores. Tres días después, los dos narcos fueron detenidos y revelaron la verdadera identidad de “Padre”. Se trata del comandante García Santaella, quien fuera jefe de la Policía Judicial e Información en esa Comandancia casi una década antes.

La sentencia del caso estableció que el coronel colaboraba con la introducción de hachís por la costa de Granada y que entre 2005 y 2006 recibió 360.000 euros por ello.

Pese a las abrumadoras pruebas contra García Santaella, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial le absolvió. Los tres jueces de Granada alegaban que el delito había prescrito. Según ellos, no se podía aplicar el tipo “superagravado” que ampliaría el plazo de prescripción a diez años entre la comisión del mismo y la apertura de una investigación judicial. ¿Por qué? La jurisprudencia del Supremo establece en más de 2.000 kilos la cantidad aprehendida para aplicar este tipo, pero el tribunal de Granada consideró que las cuatro toneladas encontradas en una “guardería” –costo 'apaleao', de mala calidad– no se podía contabilizar como tráfico de drogas porque estaban destinadas a su incautación por la Guardia Civil.

La Fiscalía y la acusación popular, que ha ejercido la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), recurrieron y el caso llegó a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La ponencia recayó en Andrés Martínez Arrieta, el juez que sentó en el banquillo hace 40 años a los policías que mataron a Santiago Corella, 'El Nani'. “Causa cierto sonrojo declarar probado que la tercera entrega de la droga, la de los 4.000 kilogramos, era un 'regalo' al Estado, del que nunca podría obtener ningún beneficio, tratándose de una conducta enmarcada en una operación de narcotráfico”, resolvió Martínez Arrieta en el caso del coronel Santaella. Con el fallo del Supremo, los jueces de Granada volvieron a redactar la sentencia y, esta vez sí, condenaron al coronel. Su recurso al Supremo se volvió a encontrar en septiembre pasado con el rechazo del Alto Tribunal.

El objetivo 'Angola' y las resistencias internas

La investigación al coronel Santaella fue obra del EDOA de la Comandania de la Guardia Civil en Granada y del Servicio de Asuntos Internos (SAI) del instituto armado. Pero estos últimos no siempre tuvieron la colaboración de sus jefes. La investigación a Santaella puso de manifiesto el encubrimiento del que se había beneficiado. Un antiguo jefe del SAI, el coronel Francisco Ortiz Clavero, fue llamado a declarar como investigado por no haber elevado dos informes que ya en 2006 y 2008 advertían de los indicios contra Santaella. Ortiz Clavero culpó de que no prosperara una investigación contra Santaella al teniente general Solís, su superior entonces, quien nunca fue imputado.

elDiario.es tuvo acceso a una nota informativa del Servicio de Información de la Guardia Civil con fecha de 20 de diciembre de 1990. Su destino, la Dirección General de la Guardia Civil. Bajo la clasificación de “confidencial” relataba “posibles actividades irregulares de un capitán”. En ese documento se enumeraban las adquisiciones de García Santaella, al que los investigadores se referían con el alias de 'Angola', desde que en septiembre de 1988 fuera destinado a Tráfico en la Comandancia de Málaga: una moto de gran cilindrada, un turismo, otro vehículo de alta gama (un Mercedes que aseguraba había traído de Alemania), un terreno cerca de la carretera con Córdoba, inversión en una empresa de construcciones y una entrega de tres millones de pesetas como anticipo para dos pisos de una cooperativa.

Conclusión de aquella investigación, bautizada como 'Operación Al Capone': “No es descartable que las actividades del referido capitán tengan por finalidad real el servirle de cobertura para el caso de aparecer involucrado en un servicio de drogas, obteniendo mientras un servicio económico”. El informe es la prolongación de una nota del 22 de enero de 1991 en el que se revelan otras sospechas contra Santaella: “Apropiación del dinero recuperado de un atraco y sustracción de dinero utilizando la tarjeta de cajero automático de un detenido”. Han tenido que pasar 35 años desde aquella primera investigación para que el coronel García Santaella haya ingresado en prisión.

La Policía Nacional ha detenido a seis personas presuntamente vinculadas a la operación contra el narcotráfico en la que fue arrestado el exjefe de Delitos Económicos de la Brigada provincial de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid, Óscar S.G, quien supuestamente cobraba un millón de euros por facilitar la entrada de cargamentos de droga en España.

Los arrestos se han producido en la segunda fase de la operación dirigida por la Audiencia Nacional contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales y el cohecho, según ha avanzado ‘ABC’ y han confirmado a EFE fuentes policiales.

De estos seis detenidos tres han pasado a disposición del juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, quien les ha enviado a prisión por un presunto delito de blanqueo, han informado a EFE fuentes jurídicas.

El inspector fue arrestado en noviembre junto a su mujer, también agente de policía, en una primera redada en la que en total fueron detenidas 15 personas.

Previamente había sido detenida su cuñada, que era la titular de las 70 licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) con las que presuntamente el entramado lavaba el dinero procedente del narcotráfico.

En total han sido detenidas 22 personas vinculadas a la supuesta trama de blanqueo de capitales.

En los registros practicados por Asuntos Internos se hallaron 20 millones de euros escondidos en la casa del inspector de Alcalá de Henares (Madrid) y casi otro millón escondido en su despacho de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

El juez decretó prisión provisional para todos ellos en una causa presuntamente relacionada con la intervención en el puerto de Algeciras de trece toneladas de cocaína procedentes de Ecuador, el mayor alijo descubierto hasta la fecha en la historia del narcotráfico en España.

El anterior viceconsejero de Seguridad, Rodrigo Gartzia, firmó el 13 de agosto un expediente sancionador contra un agente de la Ertzaintza que participó de modo activo en una protesta no comunicada de Vox contra la sede del PSE-EE en la Alameda de Rekalde del centro de Bilbao el 12 de noviembre de 2023. El funcionario, fuera de servicio aquel día, profirió insultos contra la fuerza desplegada y llegó a usar irregularmente su placa para alegar que era “compañero” e intentar evitar una sanción. Después, acudió “lloroso” a la comisaría de Deusto para tratar de convencer al jefe de operaciones de que desconocía que era un acto político ilegal.

Esta movilización estaba enmarcada en la oleada de convocatorias de la ultraderecha contra el entonces recién renovado Gobierno de Pedro Sánchez y contra la acordada ley de amnistía para los independentistas catalanes condenados por el 'procés' de 2017. El atestado, adelantado por 'Gara' y al que ha tenido acceso este periódico, constata que los manifestantes profirieron gritos contra los agentes desplegados, a los que llamaron “perros” o “hijos de puta”. Lideraba la protesta una persona vestida con camisa de cuadros y de gran estatura. A su lado, una persona más baja fue identificada gritando “con los moros no tenéis cojones” a los uniformados allí desplegados. A los pocos minutos los actuantes supieron que era un agente de la Ertzaintza fuera de servicio.

El detalle de la secuencia de lo ocurrido arrancó a las 13.15 horas. “Se produjeron unas alteraciones del orden público”, según la Policía, y ello obligó a intervenir, tanto con agentes uniformados como con unidades de paisano. Un suboficial avisó a los promotores de que la concentración “no estaba comunicada” y que estaban “obstaculizando el normal tránsito de los viandantes”. Pero, “debido a la persistencia” de los concentrados, “se procedió” a identificar a los cabecillas, así como al arresto de una persona por un “presunto delito de atentado contra los agentes de la autoridad”. Después es cuando los presentes empezaron a insultar a los ertzainas desplegados. “Especialmente activo” fue la persona alta y “junto a él” quien posteriormente resultó ser un agente. Claramente se le vio diciendo la expresión “con los moros no tenéis cojones”.

Cuando la Policía les dio alcance a la altura de un Starbucks, el más bajo “se limitó a identificarse verbalmente como compañero”. El atestado recoge que los agentes le pidieron más aclaraciones, ya que podría haber sido un infiltrado o un funcionario de otro cuerpo. Entonces mostró su placa profesional. Ello no frenó la imposición de una multa en aplicación de la normativa de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza'. El ertzaina, acto seguido, acudió a la base de Deusto y, “lloroso y apesadumbrado”, según el informe oficial, “vino a decirle al jefe de operaciones que no sabía que se trataba de una concentración no comunicada, que no había estado chillando y que no se había identificado como ertzaina” para tratar de evitar la sanción.

Los hechos han recibido la consideración de falta “grave”, aunque la pena ha sido modulada a solamente siete días sin empleo y sueldo y canjeables por siete días de trabajo no remunerado. Eso sí, la resolución recoge la importancia del buen uso de la identificación profesional, que en ningún caso ha de servir para intereses personales fuera de servicio. Se considera acreditado por todos los testigos, que han ido declarando ante Asuntos Internos, que el funcionario se extralimitó claramente. Durante la tramitación del expediente, el afectado llegó a presentar sus alegaciones “extemporáneamente”.

Se da la circunstancia de que hace un año trascendió la apertura por parte de la unidad de Asuntos Internos de otra “investigación interna” por la participación de otro agente de la Ertzaintza de paisano y fuera de servicio en las protestas de la derecha y de la ultraderecha, en este caso en Vitoria. Aparentemente, por los datos faciltados en su momento, ese policía habría recibido dos denuncias en aplicación de la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza'.

Fin a la doble vida del inspector jefe Óscar, detenido junto a su pareja por acumular más de 20 millones de euros procedentes del tráfico de cocaína. La irrupción de sus compañeros en el domicilio que compartía con su pareja, otra policía nacional también detenida, pone fin a su presunta colaboración con una organización de narcotraficantes que se ha prolongado durante años y que los policías de Asuntos Internos y de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) todavía tienen pendiente de reconstruir al completo.

La cantidad obtenida por el inspector jefe supone un récord de corrupción en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nunca un policía había ganado tanto dinero pervirtiendo el uso de su uniforme y su placa. La perplejidad se ha extendido en la Policía Nacional, donde, según a quien se pregunte, se consideraba al inspector jefe Óscar un tanto conflictivo, o simplemente un tipo huraño, reacio a compartir su tiempo libre con sus compañeros.

El detenido era el jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el ámbito de Madrid. La especialidad de la UDEF se hizo famosa, tras su creación al principio del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, por los grandes casos de corrupción que llegaron años después: Malaya, Gürtel... y aquel “¿qué coño es la UDEF?” que pronunció en una entrevista Jordi Pujol. Entre sus agentes abundan los licenciados en Economía. Policías alejados de los seguimientos o el trato con los confidentes que se sumergen durante jornadas enteras en documentos bancarios, títulos de propiedad y cualquier otra pista que ofrezca el dinero para seguir a traficantes o autoridades corruptas.

En este caso, y según creen los investigadores, Óscar había puesto sus conocimientos al servicio de una organización de narcotraficantes, delincuentes que amontonan sus ganancias y que saben que, casi más importante que la introducción de la droga, es poder esconder sus beneficios o derivarlos hacia empresas legales.

Pero no solo se atribuye al inspector jefe la arquitectura del blanqueo de capitales de la banda. Fuentes de la investigación consultadas por elDiario.es aseguran que el mando daba cobertura a los contenedores que utilizaban los narcos para introducir la droga en España.

Precisamente, el Ministerio del Interior informó el miércoles de esta misma semana de la mayor aprehensión de cocaína hasta la fecha: 13 toneladas dispuestas a ser introducidas por el puerto de Algeciras. En plena devastación provocada por la DANA, la incautación de la droga tuvo un eco menor en los medios, pero provocó que se desencadenara la operación contra Óscar y su pareja, a quienes los investigadores también vinculan con la organización desarticulada. Ella estaba destinada en la Unidad de Familia y Atención a Menores (UFAM) de la comisaría de Alcalá de Henares, en Madrid. Se trata de los policías que atienden los casos de violencia machista o contra los niños.

El miércoles, en Algeciras, el subdirector de operaciones de Vigilancia Aduanera, Manuel Montesinos, aseguraba a los medios que la incautación de 13.062 kilos de cocaína no era “fruto de la casualidad”. Junto a la Udyco de la Policía, Vigilancia Aduanera había investigado durante cuatro años a una empresa importadora de plátanos ubicada en la provincia de Alicante. Los plátanos llegaban, pero la empresa no tenía beneficios ni infraestructura.

La Policía y los agentes de Aduanas llegaron a realizar más de 200 inspecciones en secreto a los contenedores de la empresa. Las sospechas entraron en otro nivel cuando la sociedad de Alicante dejó de trabajar con exportadores de plátano de otros países latinoamericanos y se centró en comprar a una empresa de Ecuador a la que las autoridades del país latinoamericano vinculaban con el narcotráfico.

Por fin, a mediados de octubre se detectó el envío y el escáner Medusa de Vigilancia Aduanera certificó que la droga iba dentro. Se trataba de un contenedor en el que viajaban una primera pantalla de cajas de plátanos, que tapaban el resto de la carga, consistente en cajas de igual apariencia y tamaño cargadas con 11.000 pastillas de cocaína, 13 toneladas en total.

Narcos, economistas, policías y fiscalistas

Se trata de dos operaciones distintas que convergen. La aprehensión de la droga es dirigida por un juzgado de Algeciras mientras que las pesquisas que han conducido a la detención del inspector jefe, su pareja y otras 13 personas se siguen en la Audiencia Nacional. Este viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, envió a prisión provisional a los 15 detenidos. Además de los presuntos narcotraficantes, entre los arrestados hay economistas y fiscalistas. La causa se mantiene bajo secreto.

La investigación al inspector jefe Óscar arrancó en enero de este 2024, pero la Udyco y Asuntos Internos no tuvieron listos los indicios hasta junio, mes en el que la Fiscalía Antidroga presentó la querella que judicializó el caso en la Audiencia Nacional. Los policías habían detectado una transferencia bancaria entre una sociedad de los narcos y otra que vincularon con Óscar y su pareja. Detrás había una actividad empresarial aparente, pero algo no cuadraba. El hallazgo de los más de 20 millones de euros en las paredes de la casa de los policías apuntan a varios años de colaboración con los narcos.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acordado en la tarde de jueves, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los cinco policías nacionales detenidos el martes en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra en una operación contra el tráfico de drogas.

Los agentes están siendo investigados en una larga lista de delitos que incluyen la pertenencia a una organización criminal. El atestado de la Unidad de Asuntos Internos que ha examinado el juez describe la operativa completa de la banda que se concretan en los delitos de apropiación indebida, revelación de secretos, coacciones, allanamiento de morada y omisión del deber de perseguir delitos, han informado a elDiario.es fuentes próximas a la investigación.

Los detenidos pertenecen al grupo de Estupefacientes de Alcalá de Guadaíra, con un subinspector al frente, también arrestado. Las pesquisas de Asuntos Internos les identificaron en el marco de un operativo más amplio, dirigido contra una organización de venta de drogas a pequeña escala, pero también a un escalón superior, siempre en el ámbito de la localidad sevillana, de más de 70.000 habitantes.

Además de los cinco policías fueron detenidas 18 personas en una operación que agitó la jornada en Alcalá de Guadaíra. Decenas de agentes, desplegados por la localidad, practicaron un total de 20 registros, a la orden del Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad.

Según ha informado esta tarde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, durante sus respectivas comparecencias judiciales, estos cinco agentes únicamente han respondido a las preguntas planteadas por sus defensas. La causa está declarada secreta. Está previsto que esta misma tarde pasen a disposición judicial otras 18 personas detenidas por estos mismos hechos. Ya el día anterior por la tarde ya pasó a disposición judicial un primer detenido, que quedó en situación de libertad provisional tras prestar declaración, indica el TSJA.

Esta es la segunda operación de características similares que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía desarrolla en el sur de España en los últimos años. En septiembre de 2021, Asuntos Internos desarticuló una organización criminal integrada presuntamente por todos los miembros del Grupo de Estupefacientes de la comisaría de Mérida. Este mismo septiembre, un juez de la capital extremeña ha procesado a seis policías en el marco de aquella investigación, como adelantó elDiario.es. El magistrado propone que sean juzgados por pertenencia a organización criminal, entre otros delitos.

La unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza, que supervisa una plantilla de unos 7.400 efectivos ahora mismo, ha abierto 78 expedientes disciplinarios por faltas “graves” o “muy graves” desde 2022 y hasta el 26 de junio de 2024, según ha informado al Parlamento Vasco el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que precisamente asumió el cargo en esas mismas fechas de principios del verano. EH Bildu, en un contexto en que se han públicos varios casos polémicos que conciernen a agentes de la Policía vasca, había demandado a Seguridad los datos y los expedientes, pero el Gobierno de Imanol Pradales puntualiza que no puede hacer pública esa información y que la oposición podrá consultarla con una visita a dependencias policiales, algo que suele ir revestido de compromisos de confidencialidad.

Sin muchos detalles, Seguridad indica que en 2022 hubo 35 expedientes, que fueron 28 en 2023 y que se quedan en 15 hasta el 26 de junio de 2024, cuando se produjo el relevo en el Ejecutivo y Josu Erkoreka dio paso a un nuevo responsable al frente de esta cartera, el exportavoz y exconsejero de Cultura. No se desglosa cuántos de esos casos fueron “muy graves” y no simplemente “graves”. No es un detalle menor. La ley de Policía en vigor, refundida en 2020 tras las modificaciones ocurridas en la segunda legislatura de Iñigo Urkullu, plantea una suspensión de hasta dos años o incluso la “separación del servicio” en casos “muy graves”, mientras que si no se alcanza esa tipificación el asunto se puede resolver con un cambio de destino o con suspensiones de empleo y sueldo inferiores a un año, incluso de cuatro días.

Este periódico ha solicitado más detalles a Seguridad pero fuentes oficiales recalcan que no pueden ofrecer más datos que los que se contienen en el brevísimo informe enviado a instancia de EH Bildu, de apenas un par de párrafos. Eso sí, Zupiria tiene pendientes de responder en el Parlamento algunas otras preguntas sobre casos específicos, como el de un agente de Irún que se cambió de sexo en el registro para autoidentificarse como mujer y que figura como docente de la organización ultra Desokupa.

La vida interna de la Ertzaintza ha sido puesto bajo la lupa en los últimos meses. En 2023, cuando surgió un gran movimiento “asindical” llamado 'Ertzainas en lucha', seis funcionarios fueron sancionados por saltarse la “neutralidad” a la que les obliga la ley y apoyar las protestas cuando este colectivo se manifestó ante el Parlamento Vasco. Tanto Asuntos Internos como la comisión externa de control y transparencia de la Policía, presidida por el exmagistrado Juan Luis Ibarra, han ido acumulando sobre sus mesas una sucesión de expedientes que han trascendido a la opinión pública, como el del operativo en el último partido de Champions League de fútbol masculino de la Real Sociedad, que se saldó con una mujer herida, un vídeo en Irún en el que se aprecia que se golpea a una persona que ni siquiera estaba detenida o, más recientemente, los casos de un agente que también se cambió de sexo en el registro y que está siendo investigado por agresiones a su pareja -igualmente se está tramitando como violencia de género- o el de otro agente que pasó de haber perseguido a tres ladrones que habían asaltado su vivienda a ser sospechoso de un triple intento de homicidio a esas personas.

El jefe del Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia ha ingresado en prisión provisional junto a otro detenido por la Unidad de Asuntos Internos en el marco de unas diligencias que instruye el juzgado número 7 de la capital murciana y que han sido declaradas secretas. El agente tiene rango de inspector y ha dirigido la citada unidad antidroga en los últimos años. Los otros cuatro detenidos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), han quedado en libertad.

El juzgado de Instrucción número de 7 de Murcia ordenó esta semana varias entradas y registros en los partidos judiciales de Murcia, Molina de Segura y San Javier, en el marco de un procedimiento judicial declarado secreto en el que se investigan actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Según se informó al instructor se practicaron varias detenciones en la Región y en Madrid.

En un breve documento enviado al Parlamento Vasco y recogido antes por 'Gara', el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha informado de la apertura por parte de la unidad de Asuntos Internos de una “investigación interna” por la participación de un agente de la Ertzaintza de paisano y fuera de servicio en las protestas de la derecha y de la ultraderecha contra la nueva investidura de Pedro Sánchez. Aparentemente, por los datos faciltados, ese policía habría recibido dos denuncias en aplicación de la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza'.

En respuesta a una pregunta del parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, Erkoreka indica que Seguridad “tiene constancia” de la “identificación” de un funcionario en esas movilizaciones, pero no precisa ni el lugar ni el día. Por ello, el equipo de Asuntos Internos está analizando los hechos “para dirimir la existencia de conductas que pudieran resultar merecedoras de reproche disciplinario”, además de las multas aparejadas a las denuncias en vía administrativa. Se da la circunstancia de que Seguridad solicitó una ampliación del plazo de respuesta a esta pregunta a pesar de que el informe final no pasa de los dos párrafos.

En su pregunta, Arzuaga detalla que los hechos se produjeron “el 12 de noviembre”, ya que había convocatorias en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa contra el nuevo Gobierno de España. “En la concentración celebrada en Vitoria-Gasteiz, participaron varios ertzainas, supuestamente fuera de servicio, incitando cortes de la vía pública y disturbios, y en actitudes de liderazgo”, explica el portavoz de EH Bildu en la comisión de Seguridad, que tampoco indica muchos más detalles. Erkoreka no ha sido muy extenso en sus respuestas ya que se le pedía también, por ejemplo, información de los “resultados” de las pesquisas.

Ese 12 de noviembre era domingo y las convocatorias principales de la jornada las hizo el PP. En el caso de Vitoria, de la mano del periodista de TVE Miguel Ángel Idígoras, se dio lectura a un manifiesto contra la ley de Aministía y el Gobierno de Sánchez. Una convocatoria posterior ante la sede del PSE-EE alavés, auspiciada por Vox, no tuvo eco alguno. Durante toda aquella mañana, la Brigada Móvil (antidisturbios) se mantuvo desplegada en el centro de la capital.

El jefe operativo de Asuntos Internos de la Ertzaintza, el 'número dos' de la unidad disciplinaria interna de la Policía vasca, ha terminado ya un informe de “conclusiones” sobre la actuación del propio cuerpo en manifestación que supuso la gran puesta de largo del movimiento “asindical” denominado 'Ertzainas en lucha'. En concreto, se ha analizado la respuesta a la protesta frente al Parlamento, en la que no se hizo ademán de cargar a pesar de que se cortaron todas las líneas del tranvía, además de registrarse gestos de apoyo de los uniformados a sus colegas manifestantes. Ahora, se decidirá caso a caso qué se hace con los siete agentes expedientados, cuya identidad o cargo nunca ha trascendido, y el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha acordado también remitir el documento a la Comisión de Control y Transparencia, con capacidad para emitir recomendaciones sobre las actuaciones policiales.

En este sentido, ya el pasado 9 de octubre la Comisión de Control y Transparencia acordó “aceptar el encargo” de Erkoreka para revisar la investigación interna y analizar también la respuesta de la Ertzaintza a la protesta de 'Ertzainas en lucha' en el Parlamento. A este organismo independiente se les han remitido las tomas de declaraciones, la revisión de grabaciones y ahora demanda también un “dossier de prensa con noticias, vídeos y demás información” que también se realizó sobre los hechos, que tuvieron lugar el 1 de junio. Este organismo, a cuyo frente está el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) Juan Luis Ibarra, ya ha revisado en su corta trayectoria otros operativos policiales de la Ertzaintza como la detención con fuerza de una persona en Bilbao que motivó un dictamen con pautas para garantizar de un modo más efectivo los derechos de la ciudadanía y puede intervenir igualmente con cuerpos de Policía de ámbito local.

Ahora tratará de dilucidar si la actuación se ajustó al código deontológico, que está regulado por ley en Euskadi y que se inspira en las recomendaciones para el conjunto de Europa. Fuentes internas explican que los expedientes que ya se han ido conociendo constataban que sí que había habido incumplimientos al aplaudir la manifestación, por ejemplo, aunque recalcan que las medidas disciplinarias que se plantean son de carácter “leve”. Oficialmente, no hay de momento ningún balance general de las actuaciones llevadas a cabo.

¿Qué ocurrió en el Parlamento? Se concentraron entre 700 y 1.400 agentes, una cantidad equivalente al 9%-18% de la plantilla total. No se respetó la autorización gubernamental ya que se superó la linea de seguridad fijada y, como consecuencia de ello, hubo que cortar el transporte público de la capital vasca. Sin embargo, la Ertzaintza en servicio desplegada en la zona no actuó en ningún momento ni reconvino a los organizadores para que retrasaran la línea, como es habitual en otro tipo de movilizaciones. Instantes antes, durante una protesta de trabajadoras de la limpieza de Osakidetza, se desplegó la Brigada Móvil (antidisturbios); pero con 'Ertzainas en lucha' se cambió por una línea de agentes de Seguridad Ciudadana acompañados de un comisario (galones plateados) y de un intendente (el más alto cargo del cuerpo, con galones dorados). Las furgonetas de Brigada Móvil estaban alejadas de la protesta y las unidades de la Policía vasca que se acercaban a ella la alentaban con el claxon o haciendo gestos de victoria. Algunos uniformados desplegados tomaron fotografías de sus compañeros de enfrente. Fuentes policiales sobre el terreno aseguraron entonces que por el volumen de la concentración no era prudente intervenir. Los convocantes, por el contrario, aplaudieron el acompañamiento realizado. Se da la circunstancia de que, en 2018, sí se dio la orden de cargar contra una protesta de los sindicatos y que al menos Erne, el mayoritario, fue multado en aplicación de la conocida como 'ley mordaza'.

Los hechos del Parlamento llegaron en el momento de mayor efervescencia de ese movimiento, que se había dado a conocer unos días atrás en Bilbao con una manifestación pero que se presentó en sociedad con la concentración frente a la Cámara, que celebraba un pleno ordinario, el primero tras las elecciones municipales y forales. Eran también las semanas previas al Tour de Francia y se quiso aprovechar el escaparate de la salida vasca de la carrera, que requirió un gran despliegue de seguridad, para tener un altavoz a las reclamaciones laborales y corporativas de la plantilla, que lleva más de una década sin convenio actualizado.

En la actualidad, al movimiento se le ha unido uno de los cuatro sindicatos del cuerpo, Euspel, mientras que los otros tres, Erne, Esan y Sipe, actúan de modo unitario. La conflictividad no ha desaparecido pero las movilizaciones ya no alcanzan el eco que tuvieron aquellos primeros pasos de una ola entonces desconocida. Precisamente este lunes las centrales Erne, Esan y Euspel han seguido con su ronda de reuniones políticas con un encuentro de mucho calado en Sabin Etxea con Andoni Ortuzar, presidente del PNV.

La unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha abierto una investigación para analizar si fallaron los protocolos de seguridad de una mujer de 20 años con el máximo nivel de protección por violencia de género luego de que ella y su bebé de diez meses salieran este fin de semana de un centro de protección en Gipuzkoa y pasaran a Francia con un varón de 26 años que semanas atrás había agredido a la madre. Según publica 'El Diario Vasco', el recurso de protección en el que estaba acogida la víctima, dependiente de la Diputación, dio aviso a la Policía de una salida y no se activó ningún mecanismo de salvaguarda, extremo que confirman fuentes forales.

Fuentes policiales indican que hay constancia de que montaron en un autobús en Hendaya, ya cruzada la jurisdicción de la Ertzaintza, y que ese autocar les llevó hasta otra ciudad francesa que no se concreta, como tampoco su posible paradero actual. El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha informado en el Parlamento Vasco de la puesta en marcha de la investigación interna y ha dado por hecho que la mujer está “fuera del Estado”. “Se han publicado informaciones que apuntan hacia actuaciones concretas de responsables concretos de la estructura de la Ertzaintza que pueden entrañar responsabilidades y eso no puede pasar desapercibido en el seno de la Ertzaintza. Hay que abrir una investigación. Siempre se hace así”, ha señalado Erkoreka en la Cámara a preguntas de los periodistas.

La asociación Clara Campoamor denunciar que “es habitual” que se produzcan estas disfunciones en Euskadi. “Por desgracia, en muchísimos casos no se toman las medidas”, señala José Miguel Fernández, abogado de la entidad. Recalcan que “en casos extremos” se precisa de vigilancia a las mujeres durante “24 horas al día”. “Todos los días todo el rato. Tiene que haber un acompañamiento continuo. Consideramos que ha habido un fallo y nuestra experiencia es que no hay recursos suficientes para estos casos extremos”, abunda.

Recuerda Fernández otro caso en mayo que resultó en asesinato de una mujer con protección en Vitoria. En aquella ocasión, procedía de la Comunidad Valenciana y la orden de alejamiento no se aplicó en Euskadi porque la propia víctima alegó que su acercamiento con el agresor era consentido. La Policía vasca admitió “errores”. “En mayo, la descoordinación fue brutal y terrible. La respuesta judicial y policial no es adecuada. No lo estamos haciendo bien ni desde los medios policiales ni desde la Justicia. Se deberían revisar absolutamente todos los protocolos”, señala el letrado de Clara Campoamor.