La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a extorsionar a usuarios de páginas de contactos personales, logrando la detención de ocho personas -seis en Albacete, una en Madrid y otra más en la localidad valenciana de Alcira- implicadas en, al menos, cuatro extorsiones.

El punto de partida de esta investigación fue una denuncia de una de las víctimas en Albacete, en la que relató a los agentes que había recibido una serie de llamadas intimidatorias tras solicitar un servicio sexual, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Debido al temor que le generaron las amenazas que había recibido, accedió a realizar pagos por Bizum y transferencias de dinero a cuentas bancarias de los extorsionadores.

Los investigadores lograron reunir más denuncias, formuladas en otras localidades pero con el mismo patrón delictivo, de cuyo análisis lograron extraer el modus operandi de los extorsionadores y sus roles, determinando que formaban un grupo criminal. Las víctimas accedían al chantaje y pagaban lo reclamado por miedo.

Amenazas a la integridad física

Los investigados contrataban líneas telefónicas utilizando datos sustraídos a otras personas, usando estos números de teléfono para contactar con las víctimas, exigirles el pago del dinero y amedrentarles con atacar su integridad física o la de sus familiares si no accedían al pago.

Después, el dinero conseguido por los extorsionadores era ingresado en cuentas bancarias de sus colaboradores o 'mulas', quienes se encargaban de retirar el dinero en efectivo o bien de transferirlo a otras cuentas, controladas por los principales investigados.

La investigación concluyó con la identificación y detención de ocho personas implicadas en la trama, seis de ellas en Albacete, una en Madrid y otra en la localidad valenciana de Alcira. Además, se han incautado cuatro teléfonos móviles, documentación bancaria, recibos de transferencias, varios dispositivos electrónicos vinculados a la actividad ilícita y se ha bloqueado una cuenta bancaria que se utilizaba para recibir el dinero procedente del delito de extorsión.

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Valmojado ha logrado detener a tres varones, integrantes de un grupo criminal que se dedicaba a la concesión de préstamos con intereses excesivamente altos, exigiendo como garantía vehículos de alta gama y sometiendo posteriormente a sus víctimas a amenazas y extorsiones para garantizar el cobro.

La operación de la Guardia Civil de Toledo se ha producido en el marco de la operación 'Camboyano'. A los detenidos se les acusa de delitos de detención ilegal, amenazas con armas de fuego, lesiones, extorsión y apropiación indebida. Los agentes, según informa el instituto armado, han llegado a intervenir efectos por un valor aproximado de 375.000 euros.

La investigación se inició tras denuncia interpuesta por delitos de agresión y amenazas graves en la localidad de Casarrubios del Monte (Toledo), donde varios individuos llegaron incluso a amenazar con un arma de fuego a la víctima.

Ante la gravedad de los hechos, las labores llevadas a cabo por los agentes permitieron identificar a tres individuos pertenecientes a un mismo clan familiar.

Al menos tres víctimas en Toledo y Madrid

Hasta el momento se ha comprobado que el grupo mantenía sometidas al menos a tres víctimas en localidades de Toledo y Madrid.

Tras las gestiones realizadas en varios distritos de la Comunidad de Madrid, los agentes consiguieron localizar los domicilios de los presuntos autores, procediendo a la entrada y registro junto con el apoyo del grupo de Reserva y Seguridad de Valdemoro (GRS-1).

Como resultado de la operación, se ha procedido a la detención de todos los integrantes del grupo criminal siendo un total de tres varones, se han localizado tres armas de fuego simuladas y diferentes armas prohibidas, se han recuperado un total de tres vehículos de alta gama valorados en aproximadamente 250.000 euros, así como joyas y relojes de lujo valorados en unos 100.000 euros, además de cerca de 25.000 euros en efectivo y diversa documentación incriminatoria.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 41 de Madrid ha decretado el ingreso en prisión provisional de dos de los detenidos.

El investigado, identificado por sus iniciales A. G. C., fue detenido a mediados de diciembre en una operación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, con apoyo de agentes de Cáceres.

Según el auto judicial, la magistrada instructora considera que existen indicios de la comisión de varios delitos, entre ellos homicidio en grado de tentativa, amenazas graves, extorsión y pertenencia a grupo criminal organizado, lo que ha motivado su ingreso en prisión sin posibilidad de fianza.

La causa se inició tras la denuncia presentada por la presunta víctima, un conocido empresario sevillano del sector de las atracciones de feria. Familiares del empresario habrían recibido mensajes en los que se alertaba de un posible atentado contra su vida, lo que llevó a activar el dispositivo policial.

Durante la investigación, los agentes lograron interceptar comunicaciones entre el detenido y varias personas que actuarían como intermediarios, algunos de ellos de origen extranjero, en las que se abordaba de forma explícita la posibilidad de ejecutar el asesinato. En esas conversaciones se hacía referencia a la dificultad de llevar a cabo el crimen debido a las precauciones adoptadas por la víctima.

Conflictos empresariales como trasfondo

Las diligencias policiales apuntan a que el presunto encargo del asesinato estaría motivado por conflictos empresariales vinculados a concesiones administrativas y parcelas destinadas a atracciones de feria, en un contexto de fuerte rivalidad dentro del sector.

La jueza ha valorado especialmente el riesgo de fuga, la posible destrucción de pruebas y la reiteración delictiva, así como la gravedad de los hechos investigados, para acordar la prisión provisional del acusado.

Plan frustrado

La actuación policial permitió frustrar el plan antes de que llegara a consumarse, garantizando la integridad física del empresario sevillano y poniendo el caso a disposición judicial con pruebas consideradas relevantes para la instrucción.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias ni la imputación de otras personas relacionadas con la trama.

La violencia sexual sigue, desgraciadamente, a la orden del día. En España se denuncian 14 violaciones al día, es decir, una cada dos horas, así como 55 agresiones sexuales diarias. Las denuncias han subido exponencialmente desde hace años, también las referidas a matrimonios forzosos, extorsión a través de medios tecnológicos o mutilación genital femenina, porque hay más concienciación y también más recursos.

Pero pese a ello, en muchas ocasiones, la atención integral no es la más utilizada. Las mujeres que sufren violencia sexual deben repetir una y otra vez su testimonio, lo que provoca que sean revictimizadas y que puedan replantearse la denuncia de los hechos. Eso las que denuncian. Porque el silencio y el miedo también siguen imperando, sobre todo en el ámbito rural.

La violencia sexual abarca un amplio abanico de conductas que vulneran la libertad y dignidad sexual de las personas. La Ley de garantía integral de la libertad sexual aprobada en 2022 introdujo cambios en la tipificación, garantizando que toda acción sexual sin consentimiento sea considerada agresión sexual.

Concretamente, esta normativa considera violencias sexuales, además de las agresiones, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual. Y pone el foco en las violencias cometidas en el ámbito digital, como la pornografía no consentida o la extorsión.

En el Gobierno de Castilla-La Mancha arrancó hace un año un servicio gratuito de atención integral a mujeres que sufren todas estas violencias a partir de los 16 años de edad. Pueden ser víctimas de violencia sexual reciente o pasada, y la atención incluye a sus familiares y personas del entorno, con independencia de si han interpuesto denuncia o no, de su nacionalidad y de su situación administrativa.

Estos centros están ubicados en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha, son recursos especializados, disponibles las 24 horas los 365 días del año, para la prevención y la atención integral y multidisciplinar en el marco de las violencias sexuales. Atienden casos a pie de calle, derivados del teléfono de atención a víctimas 900 100 114 o de los Centros de la Mujer.

Su función es acompañar a las víctimas en su proceso de recuperación de la violencia sufrida y de sus diferentes secuelas, proporcionando, a través de profesionales especializadas, una asistencia ininterrumpida, garantizando que las usuarias puedan acceder al servicio en cualquier momento que lo necesiten.

El pasado mes de junio abrió sus puertas en la ciudad de Toledo el centro integral cuyo ámbito de actuación es toda la provincia. En elDiario.es Castilla-La Mancha nos hemos acercado para hablar con sus trabajadoras y conocer de primera mano cómo funciona y si realmente está siendo efectivo. De momento, los datos corroboran que sí es viable: este centro ha gestionado 84 casos de la provincia solo en cuatro meses. Es mucho más de lo previsto, sobre todo teniendo en cuenta que este recurso todavía no lo conoce todo el mundo.

De la asesoría jurídica a la denuncia

Alexandra es la asistente jurídica del centro. Su papel es esencial para la primera toma de contacto. Una vez que una mujer o un familiar se pone en contacto con el centro o es derivado desde algún otro recurso, ella realiza la primera entrevista y el acompañamiento en todo el proceso.

“Hay que asesorarlas sobre sus derechos y sobre todo dejarles muy claro cómo va a ser el procedimiento judicial. Suele ser un muy duro y solemos indicarles todos los detalles para que tengan toda la información”, precisa.

Para ello existe un protocolo establecido, tanto si las mujeres llegan a pie de calle, derivadas de los centros de la mujer o a través de la mencionada línea telefónica. “Los siguientes pasos dependen de si se trata de agresiones en infancia o de si son hechos recientes. En este último caso, lo primero es ir al hospital para activar el Código Violeta, es decir, que se tomen muestras de la agresión, con acompañamiento continuo, y posteriormente para que interponga la denuncia”.

"Siempre hay miedo, hay culpa, hay vergüenza, y nuestra labor es fundamental para ver a la víctima su situación y tratar de neutralizar esas emociones”

Eva — Psicóloga

A nivel jurídico, ese proceso de acompañamiento termina en ese momento, pero en realidad, precisa Alexandra, el asesoramiento continúa en el tiempo, en este caso a nivel psicológico.

Lo constata Eva, una de las psicólogas del centro: “Debemos partir del hecho de que siempre hay miedo, hay culpa, hay vergüenza, y nuestra labor es fundamental para hacer ver a la víctima su situación y tratar de neutralizar esas emociones”. Es lo que estas trabajadoras llaman la “estabilización” de las usuarias.

“Nuestro objetivo es que puedan centrarse en su situación con una terapia continua específica, en cómo afecta una agresión sexual. Desde que la afectada solicita ayuda, tiene a su disposición la asistencia psicológica, sobre todo si es reciente y urgente. Y si viene de un proceso anterior, de una vivencia que está ya tramitándose o de otros recursos, también cuenta con esa terapia”.

Andrea, otra de las psicólogas del centro toledano de atención integral, insiste en la importancia de las labores de acompañamiento, y añade que para ello es fundamental la coordinación con los centros de las otras cuatro provincias castellanomanchegas: puede suceder que haya mujeres que se desplacen de una a otra.

Pero ¿deben las mujeres contar varias veces su testimonio ante este proceso? La abogada lo niega. Explica que la primera entrevista es integral y conjunta “para evitar la revictimización”. En ese objetivo trabaja también Cristina, la trabajadora social de centro. Su papel es esencial teniendo en cuenta que en el 80% de los casos que llegan, la violencia sexual procede del entorno familiar o de allegados. “Ahí es imprescindible apoyar sus necesidades”.

"Es fundamental que la primera entrevista se haga en profundidad"

Cristina — Trabajadora social

Por ejemplo, en el caso de tener hijos, la situación se vuelve más compleja. “Por eso es fundamental que la primera entrevista se haga en profundidad para detectar de qué forma podemos ayudarla y en ese sentido también realizamos apoyo familiar que en muchos casos son los fundamentales para que la usuaria realice todo el proceso. Ante todo, nunca deben quedarse con el papel de víctima. Hay que decirles que de esto se sale. Hay que repetirlo. Se puede sanar y deben quedarse con ese sentimiento”.

No hay un único perfil de víctima

Las cuatro trabajadoras coinciden en que no existe un perfil único de víctima. Desde los 16 años hasta mujeres muy mayores, los casos oscilan desde agresiones a jóvenes que se han producido apenas una hora antes del contacto con el centro, a ancianas que requieren atención psicológica por algún tipo de violencia sexual sufrida hace tiempo.

En total el Gobierno de Castilla-La Mancha ha atendido a 251 mujeres en toda Castilla-La Mancha a través de su Red de Centros de Atención Integral cuando se cumple casi un año de su entrada en funcionamiento.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, considera que esta red no solo está sirviendo para informar, acompañar y proteger a mujeres que sufren ahora o han sufrido en el pasado la violencia sexual, sino también “para emprender una importante labor pedagógica y de sensibilización que debe llevarnos a hablar de muchas cosas, como de educación sexual”.

La acción formativa, especialmente dirigida a la población más joven, se ha centrado, por ejemplo, en traducir a cinco idiomas y adaptar a formato de lectura fácil su guía para la identificación, prevención y erradicación de la violencia sexual en cualquiera de sus formas, iniciando una nueva distribución de 2.500 unidades.

La guía ‘Consent Power’, que empezó a distribuirse hace un año, aborda con un lenguaje fácil términos y cuestiones básicas vinculadas a la violencia sexual, como el significado de la cultura de la violación, qué es el consentimiento y cómo se ejerce, cómo identificar la violencia y cómo pedir ayuda o las nuevas formas que la violencia sexual adquiere por el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías.

La inversión inicial para la puesta en marcha de estos centros ha sido de 9,5 millones de euros de los que 7,4 millones proceden de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ejecutivo central. En esta red trabajarán 36 profesionales para prestar atención integral desde el punto de vista social, psicológico y jurídico.

Pese al abultado presupuesto, hay algunas carencias. Por ejemplo, las trabajadoras del centro toledano piden más recursos en movilidad. Sus desplazamientos por toda la provincia los están haciendo con vehículos privados y sin que se les pague la gasolina. “Al ser un recurso de atención directa, la demanda va creciendo, creemos que con el tiempo se pueden necesitar más medios”, concluyen.

La alcaldesa de Fernán Caballero, en la provincia de Ciudad Real, Beatriz Dorado, ha denunciado públicamente haber recibido amenazas por parte de una “banda organizada” para dimitir de su cargo. Dorado ha comparecido ante los medios para hacer pública su denuncia junto a Paco Núñez y Miguel Ángel Valverde, presidentes del PP Castilla-La Mancha y Ciudad Real, respectivamente. La alcaldesa ha resaltado que no dimitirá “pese a las intenciones de sus chantajistas”.

La joven regidora ha relatado que fue “extorsionada” por una mujer a la que “supuestamente una banda había secuestrado a su hijo”. Fue esta mujer quien, el pasado 31 de julio, acudió a la alcaldesa para explicarle que solo con su dimisión liberarían a su hijo y que así se evitaban también “daños físicos” tanto al menor como a Dorado. La mujer se presentó en el Ayuntamiento en lo que “parecía ser una visita vecinal ordinaria”, pero que acabó siendo una amenaza en la que se le advirtió de “consecuencias” que podrían sufrir tanto ella como su familia.

La alcaldesa ha apuntado que, de acuerdo con esa versión, la acción “podría estar vinculada con un extrabajador del Ayuntamiento que, presuntamente, habría recurrido a dicha banda para forzar su salida del Consistorio”. “La finalidad de este trabajador, que pagó a una banda organizada para vengarse de mí, era solo que dimitiera como primera edil de nuestro pueblo”, ha señalado Dorado. En el encuentro con la mujer estuvo presente también el interventor municipial. Los hechos ya se han comunicado a la Guardia Civil, y a la Delegación del Gobierno, que mantienen abierta una investigación.

La alcaldesa ha resaltado que no conocía a la mujer que la abordó y que las “amenazas” se enfocaban en exigir su dimisión. Fue precisamente a raíz de una recomendación de la Guardia Civil que ha hecho pública la situación. “Confío plenamente en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, ha afirmado Dorado, convencida de que “más pronto que tarde se detenga a la persona o personas que han cometido este delito”. Es la alcaldesa más joven de la provincia -asumió el cargo con solo 23 años- y ha insistido en que no dimitirá del cargo, aunque la situación sí ha condicionado su vida diaria y la de su entorno.

“No voy a dimitir, a pesar de la amenaza que asedia mi vida personal y la cuál creo injusta y diseñada fruto de mi condición de mujer joven al frente de un cargo institucional, con la suficiente madurez y capacidad que en ocasiones tengo que justificar para crear convencimiento. Entiendo que quizás alguien todavía no concibe o no se acostumbra a verme como la figura que represento por tener 25 años. Y, precisamente por la confianza que depositaron en mi persona y en el resto de los compañeros, quiero decirles a mis vecinos que aquí sigo y que aquí seguiré luchando por la tarea que ellos encomendaron”.

“Exceso de tensión política”

El presidente del PP regional, Paco Núñez, ha lamentado que “por desgracia, la evolución social está generando en muchas ocasiones dificultades de tensión y de enfrentamiento político inaceptables”. Ha advertido de que el “exceso de tensión política” y el “enfrentamiento verbal” están provocando situaciones complejas en distintos lugares, algunas de ellas sin hacerse públicas.

Sin embargo, ha remarcado que “en ningún caso de la gravedad de Bea”, recordando que se trata de una amenaza en la que una persona se presentó en su despacho “a exigirle la dimisión bajo la advertencia de que un supuesto hijo de la emisaria iba a ser torturado y el entorno familiar de la alcaldesa amenazado”.

El dirigente 'popular' ha recalcado que “condenaría estos hechos igual si el afectado fuera un alcalde socialista” y ha puesto de relieve la vulnerabilidad de Dorado, “una chica con veintipocos años que está pendiente de si sus padres están bien, de si alguien la espera en la esquina o de si alguien puede estar en la puerta de su casa”.

Por su parte, Valverde ha reflexionado sobre la “dureza” de un episodio en el que “una persona desconocida traslada información absolutamente detallada de la vida de Beatriz y de su entorno, condicionando que les pueda ocurrir algo en función de su decisión”.

Ha subrayado la “complejidad” de la situación y ha pedido prudencia, recordando que la política es una actividad muchas veces denostada, pero que conlleva “una gran responsabilidad”, más aún en el caso de una alcaldesa que es la más joven de la provincia.

La Guardia Civil de Albacete ha detenido a una mujer por presuntos delitos de extorsión y blanqueo de capitales en un caso de 'sextorsión' del que ha sido víctima un vecino de Villarrobledo.

Los hechos ocurrieron a través de una conocida aplicación de mensajería instantánea, según señalan desde el instituto armado. La persona detenida es una vecina de la localidad barcelonesa de Hospitalet de Llobregat, de 25 años. También se investiga a su hermana de 32 años como autoras de los delitos.

Las investigaciones comenzaron en el mes de diciembre de 2024, cuando la Guardia Civil de Villarrobledo recogió la denuncia de un vecino de dicha localidad en la que manifestaba ser víctima de una extorsión, al haber contactado con una chica a través de una página web de citas, y seguidamente solicitarle dinero por supuestamente haberla molestado. Las amenazas de agresión de terceras personas no solo de dirigían hacia él, sino que se extendían hacia los miembros de su familia.

La víctima, tras acceder a una página web de contactos, intentó quedar con una de las mujeres que aparecían en la página web. Tras una primera toma de contacto vía telefónica, comenzó a recibir “gran cantidad de mensajes y llamadas a través de una conocida aplicación de mensajería instantánea para teléfonos móviles”.

A través de dichos mensajes y llamadas se le profirieron insultos e incluso “amenazas físicas” si no realizaba el pago de una cantidad determinada de dinero, extendiendo las mismas sus familiares.

El hombre llegó a pagar 3.000 euros tanto por transferencia como por pagos instantáneos a dos cuentas bancarias controladas por las extorsionadoras, “por el miedo que le generaba pensar que pudieran agredirle de forma física tanto a él como a sus familiares cercanos”.

Los agentes del Cuerpo encargados de las investigaciones pudieron bloquear 1.400 euros de los 3.000 extorsionados tras las gestiones realizadas con la entidad bancaria receptora del efectivo.

Las diligencias, instruidas por el Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de la localidad albaceteña de Villarrobledo que ha entendido de las actuaciones.

Dos hombres de 24 y 25 años han sido detenidos en Bilbao acusados de extorsionar y amenazar a una persona, cuando se disponían a recoger una bolsa con 25.000 euros. La víctima comenzó a recibir amenazas de muerte y chantajes tras haber tenido contacto con una página web relacionada con la prostitución y había entregado con anterioridad más de 10.800 euros, según ha informado el Departamento de Seguridad y recoge Europa Press.

La Ertzaintza puso en marcha la pasada semana una investigación en relación a una posible extorsión que estaría sufriendo un ciudadano. Al parecer, tras haber tenido contacto con una página web relacionada con la prostitución que ofrecía servicios de compañía, el hombre había comenzado en los últimos meses a recibir amenazas de muerte por parte de unos desconocidos y se había visto obligado mediante chantajes a hacer varias trasferencias de dinero a diferentes cuentas bancarias. En total, la suma de dinero que había entregado hasta el momento ascendía a más de 10.800 euros. Según pudieron averiguar los investigadores, la última vez en agosto que los autores de las extorsiones habían contactado con la víctima era para instarle, bajo amenazas contra su integridad y la de su familia, a hacerles entrega de 25.000 euros en metálico. Esa cantidad debía ser depositada este pasado lunes en una papelera ubicada en la capital vizcaína.

Tras tener conocimiento de esta situación se estableció un dispositivo de vigilancia en la zona de la supuesta entrega y, en el momento en el que se observó que dos individuos se disponían a recoger el botín, los agentes integrantes del operativo procedieron a interceptarles. Los sospechosos fueron identificados y, después de realizar las verificaciones necesarias, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de extorsión y amenazas. Ambos arrestados fueron trasladados a dependencias policiales con el fin de realizar los trámites correspondientes para luego ser puestos a disposición judicial.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación ante la posibilidad de que pudieran haberse registrado más casos de extorsiones similares y no descarta nuevas detenciones. Asimismo, ha recordado a la ciudadanía que en caso de ser víctima de una situación de esta naturaleza “no se debe ceder nunca a los chantajes”, que deben ser denunciados “de inmediato” antes de hacer cualquier entrega de dinero.

La Policía Nacional de la Brigada Local de Policía Judicial de Irún (Gipuzkoa) inició una investigación que se ha saldado con la detención, en Palma de Mallorca, de un hombre por lucrarse al extorsionar y amenazar a varias víctimas con difundir imágenes y vídeos de contenido sexual. Según ha informado la Delegación del Gobierno en Euskadi, agentes de la Policía Nacional de Irún llevaron a cabo un investigación iniciada a raíz de una denuncia de un joven que manifestó “estar siendo víctima de un chantaje”.

Según lo relatado por el denunciante, todo comenzó con un mensaje que recibió a través de la red social Instagram, de un contacto de un desconocido que había aceptado unos días antes, en el que aparecía la foto de perfil de una mujer. La supuesta mujer le propuso continuar sus conversaciones a través de Telegram, donde aparecía asociado su perfil a un teléfono extranjero, según recoge Europa Press.

En el desarrollo de las conversaciones este contacto le propuso intercambiar con el joven imágenes y vídeos de contenido íntimo, a lo que él accedió. Posteriormente le exigió el pago de 500 euros a través de la plataforma Bizum, “amenazándole si no hacía el ingreso, con difundir entre sus contactos y conocidos esas imágenes comprometedoras, perjudicando así su imagen personal”.

Agentes de la Brigada de Policía Judicial llevaron a cabo diferentes gestiones de investigación que culminaron con la localización e identificación, como receptor de los ingresos derivados de la sextorsión, de otro joven con domicilio en Palma de Mallorca, el cual fue detenido por delito contra la intimidad y amenazas.

Este investigado manifestó, a su vez, ser una víctima previa de hechos similares, si bien continuó como intermediario de la recepción de pagos de otras 13 víctimas a través de la plataforma de Bizum, por un importe total de 4.804,39 euros, que posteriormente transfería a una billetera de criptomonedas bajo el control de la mujer que iniciaba los contactos para extorsionar a las víctimas. La investigación continúa abierta y no se descarta la localización de nuevas víctimas y más detenciones.

La Policía Nacional ha detenido a catorce personas e investigado a seis más como presuntas autoras de los delitos de extorsión, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en una investigación desarrollada durante más de un año, en la que se ha podido determinar que actuaban de forma coordinada para perpetrar delitos graves con perjuicios económicos que superan los 150.000 euros y más de 100 víctimas en toda España.

La investigación comenzó en febrero de 2023 cuando el Grupo IV de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Navarra recibió tres denuncias (a posteriori cuatro más) de víctimas residentes en Pamplona que manifestaban haber recibido mensajes amenazantes a través de una aplicación de mensajería instantánea, tras haber accedido a una página de contactos, según recoge Europa Press. Los presuntos extorsionadores, conocedores de esta acción, comenzaban un proceso intimidatorio sobre las víctimas que a veces incluía a familiares directos, solicitándoles para terminar diferentes cantidades de dinero que llegaron a superar los 20.000 euros en algún caso, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

El argumento esgrimido para la coacción se basaba en “subsanar” una hipotética deuda que las víctimas habían contraído tras “hacer perder el tiempo” a mujeres de anuncios de contactos. En el transcurso de la investigación, de once meses de duración, se consiguió la identificación tanto de los encargados de la logística como de las 'mulas' o intermediarios así como de algunos de los receptores últimos del dinero procedente de las extorsiones.

Se calcula que pudieron extorsionar más de 150.000 euros en toda España, tras coaccionar a más de un centenar de personas, si bien solo en Navarra las 7 denuncias investigadas superan los 70.000 euros. De esta causa se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona y las diligencias previas siguen abiertas, por lo que la investigación sigue activa.

La primera fase de la investigación se focalizó en la logística del grupo criminal que se dedicaba a la adquisición de terminales móviles, tarjetas SIM, etc. utilizadas posteriormente en la comisión de los delitos. A finales del mes de marzo de este año, agentes del Grupo IV de Policía Judicial de Pamplona, se desplazaron a la localidad de Xirivella (Valencia) y, junto con agentes de la Comisaría Local de Xirivella y Policía Municipal de Moncada (Valencia), procedieron a la detención de cinco personas, investigando a otras cuatro. En los registros realizados, los agentes incautaron diferentes tipos de documentación de identidad con los que los detenidos habían adquirido 51 tarjetas SIM utilizadas en hechos delictivos en todo el territorio nacional. En una primera valoración, se calcula que el montante económico pagado por las víctimas supera los 150.000 euros.

Entre los 18 y los 25 años

En una segunda fase, realizada a finales del mes de abril y principios del mes de mayo, se desplazaron a la ciudad de Vitoria donde detuvieron a un varón, incautando también en esta ocasión terminales de telefonía móvil. Al mismo tiempo, a requerimiento de la Brigada de Pamplona, agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Elche (Alicante), procedieron a la detención de cuatro personas más, una mujer y tres varones.

Finalmente, en la tercera fase realizada el pasado mes de mayo en una operación coordinada entre agentes de Pamplona desplazados a Torrelavega (Cantabria) y agentes de la Comisaría Local de Ibiza, procedieron a la detención de cuatro personas, tres en Torrelavega y una en la isla balear, dos mujeres y dos hombres. La edad de los detenidos e investigados oscila entre los 18 y los 25 años. Los investigadores continúan con el análisis de la documentación e información recabada de los detenidos que, con toda probabilidad, provocará la aparición de nuevas víctimas lo que conlleva que la cantidad pagada superará ampliamente las primeras estimaciones. Los agentes no descartan nuevas detenciones derivadas del citado análisis, ha indicado la Policía.

La directora y productora Patricia Franquesa viajaba a Madrid en verano de 2019 para un encuentro con el que intentar levantar alguno de sus proyectos. Antes de la reunión quedó con una expareja en el centro de Madrid. Exactamente en el bar Brillante situado cerca de la estación de Atocha. Allí, mientras ambos tomaban un café, alguien abrió su mochila y se llevó su portátil. El golpe fue duro no solo por lo físico sino porque dentro estaba el material que debía presentar. Dossiers de sus películas, guiones, presentaciones… Todo se encontraba dentro del ordenador sustraído. Fue a la policía y denunció el robo, consciente de que poco más se podía hacer.

Lo que no sabía es que lo peor no había ni siquiera empezado. Poco después, un amigo le escribió un mensaje y le dijo que había recibido un correo electrónico muy raro que incluía imágenes íntimas de ella. Franquesa tardó un día en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando recibió un email con un mensaje muy directo explicándole que si no quería que aquellas fotografías fueran enviadas a todos sus amigos, familiares y contactos laborales; debía pagar una elevada cantidad de dinero. Solo había dos opciones: o pagar o ver cómo su intimidad se publicaba sin su permiso.

La cineasta tomó dos decisiones. La primera, obviamente, fue acudir de nuevo a la policía. La segunda, o quizás el orden es intercambiable, fue convertir aquella pesadilla en el material de un documental narrado en primera persona que ahora ha visto la luz en el Cinema Jove tras viajar por festivales como el prestigioso SXSW. Aquella extorsión sexual es el centro de My sextortion diary, donde a través de los mensajes, audios de WhatsApp, vídeos de móvil y denuncias policiales construye un filme que funciona como thriller, pero que muestra la indefensión ante los delitos de extorsión sexual como el que ella sufrió.

La inacción de la policía y el laberinto burocrático en el que se encontró no fue lo peor. También fue juzgada en aquellas comisarías, que la hicieron sentir culpable por haberse hecho unas fotografías íntimas. Sintió vergüenza, miedo e incomprensión. Y todo ello lo utilizó como gasolina creativa en este trabajo original y que pone en el foco un tema del que no se habla lo suficiente. Ella tuvo claro que tenía que hacer algo con lo que estaba ocurriendo. Recuerda cómo un día después, cuando fue consciente de que estaba sufriendo chantaje, fue a la policía y le dijeron que no había nada que hacer, que esas fotos se iban a enviar y que lo único era mandar un e-mail disuasorio a sus contactos.

Fue escribiendo ese correo cuando en internet empezó a descubrir conceptos como el de sextortion y a leer numerosos testimonios. Ahí se dio cuenta de que tenía que hacer el documental. “Me di cuenta de que no es una cosa solo mía, sino que le está pasando a todo el mundo, entonces dije, ¿cómo no voy a hacer un documental siendo documentalista?”, dice casi cinco años después y sin que todo el proceso judicial haya concluido. 

Escribió lo que define como su “relato emocional”, y creó un excel donde cada pestaña era un día en el que iba reconstruyendo y completando con el material que tenía. Algo que también le sirvió para descubrirse como persona en cuanto a la forma en la que actuaba en todos los grupos de WhatsApp y redes sociales. “Me di cuenta que era una amiga muy pesada, que cuenta mucho y que daba mucho a los demás. Es interesante porque cuando te autonarras, te ves, y a veces lo que ves no es siempre placentero”, dice con el humor que está siempre presente en su película.

Estoy reapropiándome de mi privacidad. Al final, al yo enseñar mi privacidad lo que hago es una carta de vuelta al hacker. Es un poco de justicia poética

Patricia Franquesa — Cineasta

Esa culpabilización de la víctima, sobre todo si es mujer, que sufrió en aquel momento, reconoce que sigue existiendo. “El otro día salió un artículo de la película y los comentarios en redes sociales y a la noticia eran una salvajada. Me preguntaban que por qué me había hecho y tenía esas fotos, y yo me rebelaba, porque yo puedo tener lo que me dé la gana. Pero parece que pensaban que me lo merecía. Hay algo como de bullying en la sociedad. Hundir más a alguien que ya es una víctima. Otros me decían, bueno, no es para tanto, publica las fotos y ya está. Y yo ahora les digo, venid a ver la película y veréis todo lo que he pasado, porque es muy fácil comentar desde fuera, pero yo tenía 29 años, y era más o menos extrovertida, pero no fue fácil”, añade.

Finalmente, y ante la inacción de la policía y la justicia, Patricia Franquesa decidió reapropiarse de su relato publicando aquellas fotos en Instagram. Era la única forma de desactivar el chantaje del hacker que no cesaba. “Tuve que hacerlo, pero casi porque me obligaron, era lo único que podía hacer, y la película habla de ese proceso. Al final estoy yo contando mi historia, estoy reapropiándome de mi privacidad, y la película también habla sobre qué es la privacidad, qué es la vulnerabilidad. Al final, al yo enseñar mi privacidad lo que hago es una carta de vuelta al hacker. Es un poco de justicia poética, aunque no sé si ha habido justicia”, apunta la realizadora.

Resume lo que sintió en aquellos meses como si hubiera “un fantasma en tu casa”. Un fantasma que creó en ella un estado de desconfianza. Llegó a pensar que su expareja podría estar involucrada, y desconfiaba de cada llamada. Cuando lee sus mensajes de aquella época ve cómo creó una máscara fingiendo que no pasaba nada, pero sintiendo miedo por ese chantaje. Se sentía observada, juzgada y sin saber cuándo terminaría todo.

Su reapropiación tampoco pudo ser completa, ya que las normas de Instagram impidieron que ella las publicara tal como lo estaba haciendo aquel pirata. Esto provocó una ironía perversa, ya que el que comete el delito puede hacer lo que quiera con esas fotos, mientras que ella tuvo que apañárselas para poner gifs y emoticonos tapando lo que las redes sociales consideran inapropiado. Un relato valiente que pone el foco en una situación que es más habitual que lo que parece como ella ha podido comprobar en todos los sitios donde ha presentado el filme, donde se encuentra con gente que le cuenta su propia experiencia.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Murcia a cuatro personas por su presunta participación en los delitos de pertenencia a grupo criminal, extorsiones y tenencia ilícita de explosivos. La operación, desarrollada por la Brigada Provincial de Información de Murcia y coordinada por la Comisaría General de Información, ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de Molina de Segura (Murcia).

La investigación se inició el pasado mes de abril cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un grupo, autodenominado 'Grupo de Acción Ciudadana', exigía a un empresario murciano el pago de 100.000 euros bajo la amenaza de tomar represalias contra él y su familia. El requerimiento de pago iba acompañado con varias fotografías de su familia en distintos lugares y fechas que abarcaban el periodo de un año, así como de un cartucho del calibre 9mm Parabellum.

Durante el desarrollo de la investigación los agentes determinaron que el mencionado 'Grupo de Acción Ciudadana se creó, tal y como consta en la carta de constitución remitida por el mismo a un medio de comunicación en el año 2020, como una “organización civil, armada e independiente, actuando al margen de una justicia, inactiva, inexistente y arrodillada a intereses partidistas o personales, lo hacemos no reconociendo a ninguno de sus tribunales”.

En la misiva establece como objetivos a “directivos y socios de empresas satélites vinculadas al gobierno regional de Murcia”, “personas físicas que actúen en beneficio propio aprovechando los bienes o fondos que pertenecen al pueblo”, “todas aquellas personas que, aprovechando su condición de personas ligadas al gobierno regional o municipal, ya sea por cargos o por intermediación en operaciones de contratación con las Instituciones, se lucren ostentosamente”.

Al inicio de la activad de este grupo su líder creó también una plataforma en Internet denominada 'Plataforma Ciudadana de Resistencia', desde donde difundía su ideología, captaba adeptos y solicitaba donaciones con las que sufragar lo que denominaban como la “lucha”. En ella se pueden encontrar videos en los que señalan objetivos de la organización, entre los que se encuentran “la eliminación de los partidos políticos nacionales” y “la intervención de las Administraciones públicas”. Entre estos videos, se detectó uno en el que figuraba el principal detenido con un pasamontañas y la voz distorsionada, con una puesta en escena que evoca a las difusiones realizadas por grupos armados de carácter terrorista.

Semanas más tarde de la primera amenaza que recibió un empresario murciano, los detenidos se pusieron en contacto con la familia de éste haciéndose pasar por supuestos negociadores de la organización armada, con el objetivo de iniciar una negociación para el cobro de la cantidad requerida, 100.000 euros. Agentes del equipo de negociadores de la Comisaría General de Información asesoraron a las víctimas durante toda la investigación, marcando la estrategia de negociación desde el primer momento.

En la madrugada del pasado lunes se puso en marcha el dispositivo policial por el que se detuvo a cuatro personas y se practicaron dos registros domiciliarios. El dispositivo, además de los agentes del área de Información, contó con el apoyo de unidades policiales como TEDAX-NRBQ, Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Guías Caninos, Policía Científica, GOIT y la Unidad Aérea de la Policía.

Artefactos explosivos caseros

En el registro realizado en el domicilio del principal investigado se han intervenido dos artefactos explosivos con sendas garrafas de gasolina, cuatro tarros con mechas, multitud de material pirotécnico, dos armas de fuego y gran cantidad de munición y cartuchería.

Además se han intervenido dispositivos de seguimiento y localización tipo GPS, un distorsionador de voz, lazos de detención, gafas de visión nocturna, once teléfonos móviles y material informático de interés que está siendo ahora analizado por los investigadores. Los agentes resaltan que, si bien ambos artefactos explosivos estaban dispuestos para poder ser usados en cualquier momento, uno de ellos se encontraba camuflado en el interior de una mochila a la que los detenidos le habían realizado un orificio a fin de poder acceder al dispositivo mecánico de detonación retardada sin necesidad de abrirla.

En el registro practicado en el domicilio de otro de los detenidos, se han intervenido siete teléfonos móviles, cuatro cámaras fotográficas, diverso material informático de interés para la investigación y cartuchos de armas de fuego.

 Los agentes han intervenido también distinta parafernalia del grupo así como documentación de otras plataformas de resistencia ciudadana y documentación de interés para la investigación, como un manual del Grupo de Anarquistas Coordinados, grupo que fue el autor del atentado a la Basílica del Pilar de Zaragoza en el año 2012. Tras los correspondientes registros en la mañana del pasado lunes, los investigadores han podido constatar cómo este grupo había realizado seguimientos también a otras familias, distintas a las que motivaron el inicio de las investigaciones en un primer momento, eligiendo a sus objetivos en base a que sus empresas o negocios hubiesen obtenido licitaciones a través de la administración pública regional.

Una vez puestos a disposición de la Autoridad Judicial, se ha decretado el ingreso en prisión del presunto cabecilla del autodenominado 'Grupo de Acción Ciudadana'.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Ciudad Real ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la extorsión de personas, mediante el método de la sextorsión, exigiendo cantidades de dinero a las víctimas afincadas en diferentes localidades de la provincia de Ciudad Real, entre ellas Manzanares, Malagón, Fuente El Fresno, Campo de Criptana, La Solana y Tomelloso.

La investigación se inició tras recibir varias denuncias en diferentes localidades de la provincia de Ciudad Real, en ellas las víctimas relataban haber sido amenazados telefónicamente por personas que se hacían pasar por peligrosos componentes de mafias de países del este.

Estos los amenazaban con palizas tanto a las víctimas como a sus familiares si no abonaban una serie de cantidades económicas en las cuentas bancarias que los delincuentes facilitaban y creaban con anterioridad para tales fines. Estas cantidades eran exigidas supuestamente por no haber abonado los servicios de prostitución que las víctimas habían solicitado en diferentes portales de Internet.

Los presuntos autores ya contaban con numerosos antecedentes policiales y judiciales por hechos similares realizados anteriormente, señalan desde el cuerpo. Las cantidades estafadas en las numerosas denuncias que han podido esclarecerse judicialmente ascienden a un total de más de 50.000 euros, logrando recuperar más de 9.000 euros.

Modus operandis

Según relata la Guardia Civil, las víctimas eran contactadas por parte de la organización, que se encargaba de insertar anuncios de chicas ofertando servicios de carácter sexual. Cuando las víctimas se ponían en contacto con ellas mediante mensajería instantánea, obtenían sus datos de contacto, lugar de residencia y otros datos personales para posteriormente amenazarles.

Para las amenazas se utilizaban teléfonos de prepago, que previamente habían sido adquiridos a nombres de terceras personas, cuya entidad había sido usurpada por los presuntos autores de los delitos.

Las personas, “ante el miedo de que les causaran daño a ellos o personas de su entorno”, procedían entonces al ingreso del dinero. El efectivo era retirado en distintos cajeros, en las provincias de Badajoz, Murcia, Valencia u Ourense, a través de las llamadas “económicas”.

La operación se ha saldado con seis detenidos, cuatro de ellos en el transcurso de la investigación en la localidad de Tomelloso (Ciudad Real). Se habían trasladado hasta la localidad manchega desde Valencia, para conseguir un segundo cobro en efectivo de una de las víctimas, que había depositado 7.000 euros en un buzón de una calle. Ya había realizado un pago de 5.000 euros.

A través de diferentes gestiones, la Guardia Civil ha identificado a 15 personas más dentro de la organización, afincadas en Ourense, Valencia, Madrid, Toledo y Badajoz a las cuales se les atribuye su presunta participación en varios delitos de estafa bancaria continuados a través de Internet, coacciones, extorsión y amenazas graves, usurpación de estado civil, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

El Tribunal Supremo ha decidido absolver al líder de Ausbanc, Luis Pineda, y al de Manos Limpias, Miguel Bernad, de las condenas de hasta ocho años de cárcel impuestas por extorsionar a bancos y otras entidades para que firmaran acuerdos comerciales con ellos a cambio de retirar acciones judiciales. Los jueces reconocen que esos tratos se produjeron pero que no llegan a suponer los delitos de extorsión y estafa por los que fueron condenados en la Audiencia Nacional: “No es posible identificar en qué consistió el engaño”, dicen los jueces sobre este segundo delito. Pineda llegó a pasar tres años en prisión provisional por esta causa.

Luis Pineda dirigió durante años la asociación de consumidores Ausbanc, dedicada sobre todo a combatir los abusos de las entidades bancarias sobre sus clientes con asuntos como las cláusulas suelo o asuntos hipotecarios. Pero, según había determinado la Justicia hasta este viernes, además se había aliado con el autodenominado sindicato Manos Limpias para hacer algo más: extorsionar a los bancos a los que llevaba a los tribunales para que firmaran acuerdos económicos con él y sus revistas para, a cambio, retirar las acciones judiciales que había presentado contra ellos.

La primera sentencia del caso condenó a Pineda a ocho años de cárcel por extorsión y estafa, incluyendo cuatro años para Bernad por cooperador necesario, acusado de ser la punta de lanza judicial de la estrategia de Ausbanc a través de Manos Limpias. Una primera resolución de la Audiencia Nacional que ya fue un jarro de agua fría a las acusaciones de la Fiscalía, que pedía más de 100 años de cárcel para Pineda.

El Tribunal Supremo acaba de certificar el fracaso del Ministerio Público en un caso por el que Pineda llegó a pasar tres años en prisión preventiva. Los jueces entienden que es cierto que esos acuerdos entre Ausbanc y los bancos se produjeron, pero también entienden que la presión que Pineda pudiera ejercer no llega al mínimo que exige el Código Penal para hablar de un delito de extorsión. Tampoco identifican, aseguran en su sentencia, los elementos necesarios para hablar de estafa.

El Supremo mantiene que es cierto que Pineda, si los bancos firmaban esos acuerdos de colaboración, se comprometía a dejar en paz al banco e incluso a dar una “imagen amable” de la entidad en sus revistas y publicaciones. También que si no firmaban, las acciones civiles y penales contra ellos seguían adelante, junto con noticias y artículos con un “tratamiento desfavorable” hacia las entidades, perjudicando su imagen comercial.

Todo eso sucedió, pero según el Supremo no alcanzó los límites del delito. Sus negociaciones, aunque sean “censurables” desde “la valoración ética”, no fueron un delito de extorsión. “No se alcanzan para colmar el concepto de intimidación que, en paridad con el de violencia, constituye elemento típico del delito de extorsión”. Lo que hacía Pineda cuando los bancos no se plegaban a sus condiciones, añade el Supremo, “eran, en principio, conductas lícitas”. Algunas de esas entidades forman parte del Ibex-35, añade el Supremo, y eso les daba herramientas para enfrentarse a esta situación sin sufrir grandes daños.

Las condenas de Pineda

Con esta resolución, Luis Pineda queda exonerado de la acusación más grave que ha pesado sobre él. Un caso en el que la Fiscalía llegó a pedir 119 años de cárcel para él y otros 25 más para Miguel Bernad. Pero en el pasado otros tribunales han declarado firmes condenas por difamar a otras personas. Entre ellos a Rubén Sánchez y Facua además de a un community manager de la Policía Nacional.

En el caso de Sánchez y Facua, diversas sentencias reflejan cómo durante años el líder de Ausbanc se dedicó a publicar difamaciones que han desembocado en sentencias firmes, algunas pioneras en España a la hora de obligar a hacer público el fallo en redes sociales como Twitter. La última, tal y como reveló elDiario.es, llevó a Pineda a publicar el fallo de una de sus condenas en las marquesinas de autobús de las calles de Sevilla y Málaga.

En el caso del antiguo community manager de la Policía, el Supremo y su Sala de lo Civil certificaron en firme que Pineda usó las revistas y publicaciones de Ausbanc para referirse a Carlos Fernández, exresponsable de las redes sociales de la Policía, como “matones a secas”, relacionándole precisamente con Facua. “Red de matones 2.0” o “matones a secas” y comparaciones con las Wafen-SS de la Alemania nazi le costaron una de sus múltiples condenas firmes por lo civil.

La Guardia Civil ha detenido e investigado a los nueve integrantes de una organización criminal, afincados en Valencia, Cantabria y Valladolid, que “sextorsionó” a 32 personas, con unos 40.000 euros estafados, mediante el “timo del sicario”, un chantaje mediante anuncios falsos en páginas web dedicadas a contratar servicios de contactos con mujeres.

En un comunicado, la Guardia Civil ha detallado que la operación “Quilombeda” se inició en marzo del 2023, cuando una de las víctimas puso una denuncia ante la Guardia Civil, manifestando que había solicitado a través de internet contactos con mujeres y que pocos días después recibió amenazas por mensajería móvil exigiéndole dinero a cambio de no enviarle a su domicilio un sicario.

En dichas amenazas se le insinuaba que si no realizaba el pago de lo que solicitaban tomarían acciones contra él como palizas e incluso el asesinato. Esta persona llegó a realizar transferencias por un importe de 12.000 euros.

La organización criminal realizaba las estafas bajo el método delictivo conocido como el “timo del sicario”, el cual consiste en un chantaje que comienza cuando los delincuentes introducen anuncios falsos en páginas web dedicadas a contratar servicios de contactos con mujeres.

Una vez que la víctima contrata este tipo de servicios reciben mediante mensajes o incluso llamadas telefónicas amenazas de muerte por parte de un supuesto sicario y les piden que paguen una suma de dinero para evitar ser asesinado o herido.

Cuando se hacen con el dinero estafado lo redirigen a cuentas bancarias que ellos controlan como son o compran cuentas bancarias de terceras personas vulnerables bajo comisiones o engaño previo.

Los autores se dedicaban también a las estafas asociadas a falsas ofertas de trabajo a través de internet, redes sociales.

Sus víctimas interactuaban con ellos a través de llamadas telefónicas o mensajes, y tras llegar a un supuesto “acuerdo”, sus víctimas remitían copia de sus documentos personales DNI, así como números de cuentas bancarias.

Ya con la documentación en su poder, los miembros de la organización daban de alta servicios de telefonía y cuentas bancarias, todo ello con los documentos de sus víctimas que se interesaron por los anuncios de empleo.

Como resultado de la operación, se ha detenido e investigado a siete personas en Valencia; y en una segunda fase de explotación también se ha investigado a otros dos integrantes de la organización en Cantabria y Valladolid.

A los supuestos autores se les atribuyen delitos de extorsión, amenazas, estafa, suplantación de identidades, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Como consejos para no ser víctima de una estafa por internet, la Guardia Civil indica que visitar páginas de contactos en línea puede ser una experiencia común para muchas personas, pero es importante tomar precauciones para proteger tu privacidad y seguridad.

Y por ello aconseja, no revelar demasiada información personal en tu perfil público y evitar proporcionar detalles como tu dirección exacta, número de teléfono, lugar de trabajo o información financiera.

También verificar los perfiles y actuar con cautela con la información financiera, y revisar las reseñas y comentarios sobre las plataformas de citas, entre otros consejos.

Un audio extorsivo atribuido al exembajador de Colombia en Caracas Armando Benedetti ha acrecentado el escándalo de supuesto abuso de poder que afecta a figuras cercanas al presidente, Gustavo Petro, y ha llevado a éste a denunciar un intento de destitución similar al que sacó del gobierno de Perú a Pedro Castillo.

El caso, surgido la semana pasada como una supuesta trama de abuso de poder contra una niñera por parte de la exjefa de Gabinete presidencial, Laura Sarabia, se transformó con el paso de los días en una crisis que incluye extorsiones, graves acusaciones entre el oficialismo y la oposición, choques del presidente con medios de derecha y reacomodamiento de figuras en el tablero político colombiano.

Así, el presidente de la Cámara de Representantes e integrante del oficialista Pacto Histórico, David Racero, ha anunciado que se congela la discusión parlamentaria de las reformas sociales y de salud enviadas por el Ejecutivo a la espera de una reconfiguración del diálogo político.

Petro ha buscado poner la crisis en otros términos y ha comparado este lunes la situación que está viviendo por los audios en los que el exembajador en Venezuela Armando Benedetti –destituido el pasado viernes– amenazó con revelar secretos de su campaña electoral, con la que vivió Pedro Castillo, destituido del gobierno de Perú por intentar dar un supuesto golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. El presidente colombiano no reconoce la legitimidad de su homóloga en ese país, Dina Boluarte, que asumió el Ejecutivo tras los hechos.

En un mensaje en Twitter, Gustavo Petro, ha afirmado que lo que buscan sus opositores es que no pueda presentar en los próximos meses una terna para elegir al sucesor de Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación.

“No acepto chantajes”

En la noche del domingo, la revista Semana, de línea abiertamente opositora a Petro, publicó una serie de mensajes de audio enviados por el exembajador a Sarabia para expresarle su disconformidad por la demora del presidente recibirlo en relación al escándalo de la niñera.

En el audio atribuido a Benedetti, éste amenazó con revelar secretos de la financiación de la campaña presidencial de Petro. El mandatario aseguró que no recibió financiación del narcotráfico, que rechazó donaciones y que el dinero de la campaña fue administrado por “la gerencia”.

“Ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares) por fuera de nuestra contabilidad”, argumentó Petro en otro mensaje del domingo por la noche.

“Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales”, manifestó el presidente colombiano en un extenso tuit en respuesta a las supuestas extorsiones y aseveraciones de Benedetti.

En los audios, el exembajador transmite a Sarabia que si él habla, “nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos”.

Varios miembros de la coalición oficialista, entre ellas, la vicepresidenta Francia Marquez, denunciaron que los audios de Benedetti fueron manipulados. “Era de esperarse que la derecha no se iba a quedar quieta mirando cómo gobernamos en favor del Cambio para Colombia”, tuiteó la vicepresidenta.

Esteban Restrepo, precandidato a gobernador de Antioquia y uno de los miembros de la mesa chica de la campaña presidencial del Pacto Histórico, aseguró que se manejaron muy escasos fondos proselitistas en contraste con la candidatura del derechista Federico Gutiérrez. “La élite de Colombia está al ataque, creando un manto de duda sobre el presidente. Invito a la gente que votó por el cambio a que seamos fuertes”, reaccionó.

Disculpas de Benedetti

El propio Benedetti denunció en su cuenta de Twitter que sus audios fueron manipulados, sin aportar detalles. Benedetti pidió disculpas a Petro y a Sarabia por sus declaraciones incendiarias.

Petro aseguró que Sarabia “ha recibido una presión enorme que desconocía”, por lo que “debe haber sufrido y sufre mucho”. “Benedetti afirma que ayudó a conseguir donaciones a la campaña y que no hubo irregularidades. Es cierto, cada vez que alguien pedía donar o conseguir donadores se mandaba a la gerencia, donde siempre se hicieron de acuerdo a la ley, los filtros”, expresó el presidente.

El exembajador en Caracas anunció en 2020 su paso a Colombia Humana, el partido de Petro. Antes, había sido congresista y senador (2002-2022), presidente del Senado (2010-2011) y presidente del Partido de la U (2016-2017). Su articulación en los departamentos de la costa atlántica fue fundamental para la campaña del Pacto Histórico, al que pertenece Colombia Humana, aunque mereció desconfianza de otros aliados de Petro de mayor coherencia ideológica.

Semana, una revista histórica enrolada en los últimos años en posiciones de derecha dura, maneja una línea de abierta oposición al mandatario izquierda. En el pasado, publicó los denominados Petrovideos, radicados en espionaje ilegal supuestamente realizado por un aparato de Inteligencia afín a Uribe.

Benedetti había viajado de Caracas a Bogotá el pasado miércoles para hablar con Petro, después de que se le señalara como la persona que filtró a la prensa el posible abuso de poder en el caso de la investigación a Marelbys Meza, niñera del hijo de Sarabia y acusada de robar un maletín con dinero de la casa de la ahora exfuncionaria. Petro no recibió a Benedetti y disparó su ira.

“Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia. “Yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es que quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier (fue) una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”, agregó.

Benedetti también apunta contra el exministro del Interior y exjefe de campaña de Petro, Alfonso Prada. “El señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer”. También le dice a Sarabia que el caso podría parecerse a la investigación judicial contra el presidente Ernesto Samper, conocido como “proceso 8.000”, por haber recibido financiación del narcotráfico: “Tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa 8.000 y por qué empezó. Ahí está la clave de todo lo que te va a pasar. Y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje. Es una respuesta a una forma de hijueputas de ustedes. Es una respuesta a una hijueputada, no es chantaje todavía”.

En una entrevista concedida a Semana, el exaliado de Petro prefirió jugar al enigma. Preguntado sobre quién puso el dinero en la costa Caribe para la campaña de Gustavo Petro en 2022, Benedetti respondió: “no lo puedo decir”. Luego añadió tener “indicios muy graves de lo que estaba pasando”.

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, afirmó según lo publicado por Semana. Los audios parecen ser previos a la decisión de Petro de desplazar a ambos.

Sarabia es una joven abogada que trabajó con Benedetti cuando era senador y de la mano de éste llegó a Petro, de quien fue asesora en la campaña presidencial y posteriormente jefa de Gabinete, puesto en el que se convirtió en una de las mujeres más poderosas del país, hasta la semana pasada, cuando quedó en el ojo de la tormenta por espiar a su exniñera y someterla a una “máquina de la verdad”. La niñera, Marelbys Meza, en declaraciones a Semana dijo sentirse “secuestrada, aturdida” en un sótano a la espera de la prueba.

Según Benedetti, cuando Sarabia sintió que Meza podía declarar en su contra, le pidió que la contratara para la embajada en Caracas y eso hizo. De allí la creencia de Petro de que el exembajador pidió a la niñera que declarara contra la jefa de Gabinete.

Reacción de la derecha

Por su parte, el excandidato presidencial Gutiérrez pidió que Petro “renuncie” porque a la luz de las revelaciones de Benedetti considera que “se robaron las elecciones. Hicieron todas las trampas habidas y por haber”. Gutiérrez, exalcalde de Medellín, anunció que denunciará al presidente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes “para que se investigue la posible comisión de delitos relacionados con financiación ilegal de la campaña presidencial”.

“Los vergonzosos audios divulgados hoy demuestran que estamos gobernados por una banda de gentuza”, manifestó por su parte el exministro conservador Juan Camilo Restrepo. “El poder viene siempre con una gran responsabilidad. Mientras más se tiene, mayor es la obligación de rendir cuentas y dar explicaciones. En momentos de crisis de confianza, los ciudadanos esperamos una actitud de apertura, razonabilidad y transparencia”, dijo en Twitter Alejandro Gaviria, ministro de Educación hasta febrero.

Antes de reaccionar sobre la filtración, Petro había publicado en redes una foto con Sofía, una de sus hijas, acompañada del mensaje: “¿Intranquilos? ¡Qué va!”

Ante esa declaración, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, escribió: “Presidente Petro, el país entero espera de usted una respuesta seria y completa, no un tuit provocador y evasivo. No es sólo su persona, su investidura y su Gobierno lo que está en entredicho. Es la confianza e ilusión de millones, es el país y su historia lo que está en juego”, agregó la alcaldesa, cuyo partido, la Alianza Verde, forma parte de la coalición de Gobierno.

Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y excandidato presidencial que ha sido crítico de Petro, le dijo al mandatario que debe tener “la certeza de que el caos en el que tiene hoy a Colombia, si usted no rectifica pronto con la verdad, se convertirá rápidamente en hecatombe”.

Aunque Petro mantiene altos índices de popularidad y la oposición encuentra dificultades para reconstruir su liderazgo, el escándalo puso al Ejecutivo a la defensiva como nunca desde que el Pacto Histórico se hizo cargo de la Casa de Nariño, el 7 de agosto pasado.

El repliegue táctico de los proyectos legislativos de la Cámara de Representantes parece una consecuencia lógica del retiro del Partido Conservador a una postura abiertamente opositora, tras un efímero acuerdo, y de la débil negociación con el Partido Liberal, la otra formación tradicional de la política colombiana.