El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado hoy que si el PP y Vox quieren que caiga su Gobierno progresista no es solo porque saben que garantiza el estado del bienestar o lucha por acabar con las listas de espera sin privatizar, sino que porque nunca han querido saber la verdad en torno al accidente minero que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña.

“Nos quieren fuera porque ustedes nunca quisieron saber la verdad”, ha afirmado el presidente asturiano después de que los portavoces del PP, Álvaro Queipo, y Vox, Carolina López, hayan pedido su dimisión en el pleno que se celebra este miércoles en la Junta General del Principado.

El accidente minero y los fallos

Ambos lo han hecho al preguntarle sobre si piensa adoptar responsabilidades políticas por los fallos que la Inspección General de Servicios ha detectado en el Servicio de Minas a raíz de que Barbón encargase un informe sobre su funcionamiento tras el accidente registrado el 31 de marzo del pasado año.

Barbón ha recordado que la de hoy es la cuarta petición de dimisión que le traslada Vox, y la tercera que plantea el PP, formaciones a las que en tono irónico ha animado a que sigan haciéndolo en el año que aún resta de legislatura, aunque también ha advertido de que cuando se pide tantas veces pierde valor.

Barbón: “Les sobro yo”

“Yo sé que su única obsesión es que caiga el gobierno progresista. Les sobro yo y el gobierno en su conjunto porque saben que garantizamos el estado de bienestar, una política de vivienda distinta a la suya (...) y luchamos para acabar con las listas de espera sin privatizar”, ha asegurado Barbón, para quien la derecha “habla de dimisiones cuando quiere decir elecciones, que es lo único que les obsesiona y preocupa”.

La estructura administrativa

Para Barbón, lo que le diferencia del presidente del PP de Asturias es que, mientras él quiere “saber la verdad y llegar hasta el final” sobre el accidente de la mina de Zarréu, a Queipo “solo le interesa el juego partidista y electoral, y eso la sociedad asturiana lo está viendo”.

A la portavoz de Vox también le ha dicho que tiene todo el derecho del mundo a pedir su dimisión por considerarle responsable por el funcionamiento del Servicio de Minas, pero le ha recordado que en la administración asturiana hay casi 900 departamentos: 182 servicios, 346 secciones y 364 negociados.

Responsabilidad política

Sobre la asunción de responsabilidades políticas, Barbón ha insistido en que su gobierno va a “llegar hasta el final” pero que si ahora hay “una clara, que no ofrece duda es la de la empresa (Blue Solving) haciendo lo que no tenía autorización laboral, extrayendo carbón en unas condiciones propias del siglo XIX”.

Ha añadido que, si hoy se debate “de forma incontestable” sobre el informe de la Inspección General de Servicios fue porque él tomó esa decisión para poder saber la verdad y se ha mostrado convencido de que si hubiese gobernado el PP, dicho documento “no hubiese salido jamás”.

Las responsabilidades

Barbón, que ha acusado a la derecha de “utilizar el dolor de la familia minera para hacer política”, ha incidido en que su gobierno ha asumido responsabilidades al hacer suyas las recomendaciones del informe y que ha ido aún más allá al decidir recuperar el Servicio de Seguridad Minera o paralizar los planes de información complementaria (PIC) hasta que no cuenten con una regulación específica.

El presidente ha aprovechado para afirmar que, aunque PP, Vox y Foro “hacen ahora un drama” por la supresión del Servicio de Seguridad, cuando se llevó a cabo en 2019 no dijeron ni una palabra.

Los avisos de inspección

Para Barbón, no puede hablarse tampoco de causalidad entre el accidente en la mina y el hecho de que se suprimiese dicho Servicio de Seguridad porque también en Aragón, Castilla y León o Andalucía hay un solo departamento de minas cuando tienen más actividad extractiva que Asturias.

Asimismo, ha señalado que en Asturias se ha procedido a avisar a las explotaciones mineras de la realización de inspecciones “toda la vida”, incluida la etapa de Gobierno del PP y que el mismo sistema se utiliza en comunidades como Andalucía.

No es un cortafuegos

“Éste es el informe que demuestra que estamos dispuestos a asumirlas”, ha afirmado tras rechazar que lo esté utilizando como cortafuegos y afirmar que, por ahora, es la primera “aportación sólida y definitiva” que permite “analizar sin ningún género de dudas lo que ocurría en el Servicio de Minas”.

Ha insistido en que nunca va a mirar hacia otro lado ante accidentes así, que nunca va a dejar de tomar medidas para que no vuelva a ocurrir algo así y que nunca va a ocultar a los verdaderos responsables “como ustedes (la derecha) estén empeñados en hacer o suavizar”.

Barbón se refería así al hecho de que el portavoz popular se hubiese referido a los dueños de la mina como desaprensivos “cuando se trata de cuatro investigados por homicidio”. 

El Gobierno de Asturias acudirá a la vía judicial para defender los intereses generales de la ciudadanía ante la situación de “degradación sustancial, sostenida y generalizada” del servicio de la autopista del Huerna, la AP-66 que comunica Asturias con León.

Un deterioro de la infraestructura que viene arrastrando como consecuencia de la ejecución simultánea de obras, las restricciones de capacidad y las limitaciones de velocidad. Una serie de irregularidades a las que se suma, además, que se sigue imponiendo el pago del peaje completo, a pesar de todos estos inconvenientes que sufren los usuarios.

Los requerimientos

El Principado así lo ha anunciado tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este lunes en Oviedo. El Ejecutivo autonómico, que preside el socialista Adrián Barbón, ha acordado dar el paso previo a la vía contencioso-administrativa a través del envío de requerimientos formales al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la concesionaria Aucalsa.

El acuerdo se ha difundido además a través de las redes sociales. A continuación reproducimos el post publicado en X.

El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, ha señalado que, en función de la respuesta que ofrezca el Ministerio, se valorará la decisión de acudir a la vía judicial y ha advertido de que Transportes tampoco ha respondido todavía a la revisión de la solicitud de nulidad del decreto que prorrogó el peaje hasta 2050.

El Consejo de Gobierno debatió este asunto tras analizar previamente las actuaciones inspectoras realizadas por la Dirección General de Consumo, cuyo informe ha sido ratificado y ampliado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

La degradación de la autopista

El Principado ha constatado esta situación de degradación de la autopista que, según expone, “afecta de manera grave al funcionamiento del corredor y resulta incompatible con las condiciones exigibles a un servicio público esencial”.

A través de una nota oficial, asegura que los informes elaborados acreditan la concurrencia prolongada de múltiples incidencias a lo largo del trazado que incluyen “reducciones de carril, desvíos provisionales y limitaciones de velocidad en tramos significativos, de modo especial en túneles y zonas de montaña”.

El impacto

Todas estas circunstancias provocan un impacto directo y severo en la capacidad de la vía, los tiempos de recorrido y las condiciones de seguridad, lo que a juicio del gobierno regional configura una situación de deterioro significativo de la infraestructura.

Además, al Principado no le consta que se haya evaluado de manera adecuada el impacto real acumulado de estas afectaciones, “ni desde la perspectiva de las personas usuarias ni desde el punto de vista de la actividad económica, la logística y la cohesión territorial, ámbitos en los que esta infraestructura desempeña una función estratégica esencial”.

Medidas correctoras

El Ejecutivo autonómico sostiene que esta situación no resulta compatible con los estándares ordinarios exigibles a una autopista de peaje y le plantea dudas fundadas sobre la adecuación del régimen tarifario al servicio efectivamente prestado, en relación con el principio de proporcionalidad.

En este contexto, el requerimiento dirigido al ministerio en su condición de Administración concedente exige la adopción inmediata de medidas efectivas para corregir la situación, incluido el restablecimiento de condiciones adecuadas de prestación del servicio, la revisión del régimen tarifario en relación con el nivel real de prestación y la fijación de un calendario cierto, detallado y verificable de finalización de las actuaciones.

Asimismo, desde el Principado se requiere al ministerio que ejerza de manera efectiva sus funciones de supervisión y control sobre la concesión.

Revisión de la planificación

Por su parte, el requerimiento dirigido a Aucalsa reclama la revisión inmediata de la planificación de las obras y actuaciones en curso, con el fin de evitar la actual acumulación de incidencias, así como la adopción de medidas concretas para restablecer niveles adecuados de servicio.

Igualmente, se requiere la remisión de información técnica sobre el calendario, ejecución y plazos de los trabajos, así como una evaluación cuantificada de su impacto sobre la capacidad de la infraestructura y los tiempos de recorrido.

Los derechos de los usuarios

El Gobierno de Asturias subraya que estos requerimientos tienen carácter previo a la vía judicial y constituyen una actuación necesaria para defender el interés general y los derechos de las personas usuarias ante la situación actual de la infraestructura.

No obstante, advierte que en el caso de no obtener una respuesta que considere “adecuada”, interpondrá el correspondiente recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa competente.

La impugnación de la prórroga

Este procedimiento se circunscribe a las condiciones actuales de prestación del servicio. El Ejecutivo recuerda que esta reclamación se tramita de manera paralela e independiente de las actuaciones ya iniciadas para impugnar la prórroga de la concesión del peaje del Huerna mediante una solicitud formal de revisión de oficio.

“Se trata de vías distintas y compatibles en defensa del interés general y de los derechos de la ciudadanía asturiana”, corrobora el Gobierno de Asturias.

El Servicio de Minas del Principado pudo utilizar la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minería no competitiva y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Ambas normas exigen la devolución de las ayudas estatales percibidas “como requisito ineludible para autorizar explotación en minas sometidas a cierre”, según recoge el informe que la Inspección General de Servicios del Principado ha elaborado a raíz del accidente registrado hace ahora un año en la mina de Zarréu, en el que murieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

Actividad “clandestina”

El Gobierno asturiano encargó el informe tras la explosión registrada el 31 de marzo del pasado año. Ese día, los mineros se encontraban en el nivel tercero de la explotación realizando labores de extracción de mineral.

Según el informe emitido hace un par de semanas por el Servicio de Minas del Principado, en esta mina, la empresa titular de los derechos de explotación, Blue Solving, llevaba a cabo una actividad “clandestina”, no estaba autorizada para la extracción de carbón, se incumplían medidas de seguridad y organización de los trabajos, y no había un sistema adecuado de ventilación de las galerías.

Sin plan de labores

Blue Solving tenía autorizada la extracción de materiales achatarrable y acopios de carbón y había solicitado un PIC que le permitía extraer hasta 60.000 toneladas de carbón no térmico, si bien el Principado mantiene que nunca llegó a estar operativo porque la empresa no llegó a presentar un plan de labores, como era preceptivo.

El informe elaborado ahora por la Inspección de Servicios, y dado a conocer este lunes por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, también señala que los PIC no tienen una regulación explícita en la normativa minera, que en el Principado no contaba con planes anuales de inspecciones de minas, y que hay margen de mejora en la planificación de esas visitas y en los expedientes sancionadores. 

Reducción de personal

En este documento se reconoce que la gestión minera se desarrolla en un contexto de complejidad normativa, dado que no se ha actualizado en décadas y no fija criterios homogéneos, y que ha habido una reducción de personal en el Servicio de Minas, pese a que ha asumido competencias en materia de restauración ambiental y transición energética.

También advierte de que hay margen de mejora en las transmisión de derechos y concesiones mineras de explotaciones en proceso de cierre y abandono, así como en la definición de los criterios objetivos de solvencia técnica y económica a la hora de dar autorizaciones.

Según el consejero, también se hace referencia a la falta de comunicación con el Instituto de Transición Justa (ITJ) a la hora de conceder autorizaciones a explotaciones susceptibles de cierre, situación en la que se encontraba la mina de Zarréu, que además cambió varias veces de empresa titular de los derechos de explotación.

Falta de seguridad

El accidente registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que murieron los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez y otros cuatro compañeros resultaron heridos hace ahora un año, puso de manifiesto la falta de seguridad con la que trabajaban los mineros y el descontrol con el que la administración regulaba la actividad empresarial. Unas irregularidades a las que ahora se quiere poner coto para que acudir al puesto de trabajo no se pague con la vida.

En este objetivo se ha implicado el Gobierno de Asturias que ha anunciado su intención de acoger las recomendaciones de la Inspección de Servicios vinculadas a la necesidad de establecer una normativa para regular las inspecciones y el desarrollo de aplicaciones informáticas que contribuyan a la mejora de la gestión.

Once recomendaciones

El Consejo de Gobierno se reúne habitualmente los lunes y, a su término, es tradicional que haya una comparecencia bien del portavoz o de algunos de los integrantes del Ejecutivo autonómico ante los medios de comunicación para exponer los temas que han sido debatidos y aprobados. Y en la jornada de hoy se ha analizado con profusión el informe de la Inspección de Servicios donde se plantean once recomendaciones, entre otras, para mejorar la seguridad en el sector.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, han informado al Consejo de Gobierno sobre el contenido del informe, así como de las actuaciones en las que ya trabaja la Dirección General de Energía y Minería.

Llegar “hasta el final”

Los consejeros han anunciado que el documento será enviado a la Fiscalía y a la comisión parlamentaria de investigación de la Junta General del Principado que estos días venían reclamando su contenido.

Gimena Llamedo ha recordado que el presidente, Adrián Barbón, se comprometió a llegar “hasta el final” para aclarar las causas del accidente minero e intentar que hechos así no vuelvan a ocurrir.

“Él mismo fue quien tomó la iniciativa de encargar el informe a la Inspección de Servicios”, ha recalcado la vicepresidenta que asegura que con hechos como éste se demuestra que su compromiso con la seguridad y la familia minera es “absoluto”.

Actuar con transparencia

Por su parte, Borja Sánchez ha reconocido que el mandato del presidente asturiano para “llegar hasta el final con todas las consecuencias” se está cumpliendo.

“Tanto el informe como las medidas que pondremos en marcha responden a ese propósito. Vamos a continuar tomando decisiones y actuando con toda transparencia para mejorar la seguridad jurídica, administrativa y, también, de los propios trabajadores”, ha incidido.

Sin hablar de depurar responsabilidades

Sánchez además ha señalado que a raíz de este informe se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía un contrato que había entre Blue Solving y la anterior titular de la mina, Combayl, que tuvo lugar pocos días después de la transmisión de los derechos mineros entre ambas compañías, que formaban parte del mismo entramado familiar, que hacía referencia a la realización de todo tipo de trabajos de extracción de carbón.

El consejero ha evitado hablar de si a raíz de este informe se van a depurar responsabilidades y se ha limitado a señalar que el hecho de haber elaborado este informe ya es, en sí mismo, una muestra de responsabilidad política.

Asimismo, ha incidido en que la figura del PIC “es perfectamente legal”, aunque haya que “regular y clarificar su régimen jurídico” para que tenga que estar sometido siempre a tramitación ambiental y deba ser consultado con el ITJ para determinar si hay que devolver las ayudas estatales recibidas en el proceso de cierre.

La hoja de ruta

Así, la hoja de ruta que plantea la Consejería de Ciencia incluye diversas actuaciones para reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y la objetividad en la tramitación administrativa.

En materia de inspección minera, se avanzará hacia una planificación más estructurada, mediante la elaboración de un Programa de Inspección Minera del Principado de Asturias (PIMPA) y el desarrollo de instrucciones que regulen de forma más precisa la realización de las inspecciones.

Herramientas digitales

Estas medidas estarán acompañadas de la incorporación de herramientas digitales, en coordinación con la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, que permitan mejorar “la eficacia, la trazabilidad y las garantías de los procedimientos”.

El objetivo es contar con aplicaciones informáticas que incorporen, por ejemplo, una hoja de verificación (chek-list) para las inspecciones mineras, o que faciliten la gestión de los planes de labores, accidentes laborales y el catastro minero.

Cambios normativos

El Principado trabajará en la elaboración de una disposición reglamentaria para ordenar el procedimiento de autorización de transmisiones de derechos mineros y se analizará la regulación de figuras como los proyectos de investigación complementaria (PIC) para dotarlos de mayor claridad o, en su caso, valorar su reformulación.

Por lo que respecta a la organización del Servicio General de Minas, las posibles modificaciones en la estructura de recursos humanos se analizarán “de forma integral” y se estudiará si son necesarios refuerzos en puestos de gestión o en personal de inspección. Asimismo, desde la Consejería de Ciencia se colaborará con la fiscalía en todos los procedimientos abiertos.

El cumplimiento de la legalidad

El Gobierno de Asturias ha querido dejar claro su compromiso con la transparencia, la mejora continua y el cumplimiento estricto de la legalidad.

“En este sentido, asumirá las recomendaciones, algunas de las cuales ya se están aplicando en la práctica”, explica el Ejecutivo autonómico.

Su objetivo es avanzar hacia un modelo de gestión minera “más moderno, eficiente y garantista”, alineado con los retos de la transición energética y la protección del medio ambiente, y reitera que siempre lo hará “en defensa del interés general”.

Las críticas de Tomé

La diputada del Grupo Mixto, portavoz de Somos Asturies y presidenta de la comisión de investigación por el siniestro de la mina de Degaña, Covadonga Tomé, calificó esta mañana de “impresentable” la comparecencia pública del Gobierno de Asturies para valorar el informe de la Inspección sobre el siniestro laboral “sin remitirlo antes a la Comisión de Investigación”.

Tomé hizo estas declaraciones tras la rueda de prensa ofrecida por la vicepresidenta Gimena Llamedo y el Consejero de Ciencia, Borja Sánchez, para dar cuenta de los acuerdos de Consejo de Gobierno. Después de esta comparecencia pública, más allá del mediodía, la Comisión de Investigación seguía sin recibir el documento.

“En la forma resulta impresentable -comentó Tomé- y, en el fondo, se trata de un documento de más de 300 páginas que exige una lectura detallada, tiempo y seriedad. En una cuestión de esta gravedad, no caben ni las prisas ni los intentos de dar por cerrado un asunto que sigue bajo investigación”.

Qué falló en la cadena

Respecto a las medidas anunciadas, destacó la parlamentaria, “las iniciativas orientadas a mejorar los controles, reforzar la inspección y revisar los procedimientos son bienvenidas”. Ahora bien, exige “transparencia para saber qué mecanismos se seguirán ahora para la vigilancia, control e inspección” y destacó que estas propuestas “no bastan si no se aclara cómo fue posible que se produjera una tragedia como la de Zarréu y qué falló exactamente en la cadena de supervisión y control”.

“Por sí solas, las medidas no son suficientes si no se acompañan de una depuración clara de responsabilidades políticas y administrativas”, añadió Tomé.

La diputada asevera que desde que asumió la presidencia de la comisión siempre defendió que el objetivo era llegar al final para que no volviera a repetirse una tragedia como la de Zarréu, por lo que “seguimos trabajando en el mismo camino”, indicó.

 El pleno de la Junta General del Principado ha rechazado este miércoles una proposición del Partido Popular (PP) que proponía un paquete de medidas económicas para paliar los efectos derivados del conflicto en Oriente Medio.

La iniciativa popular, que ha contado con el apoyo de Vox y Foro y el rechazo de PSOE, Convocatoria por Asturies-IU y la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, se ha debatido y votado en una sesión plenaria en la que el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado que su Gobierno va a aprobar el “aplazamiento, fraccionamiento y flexibilización” del pago de tributos autonómicos.

Las propuestas del PP

La proposición del PP planteaba reforzar la actual línea extraordinaria de avales articulada por Asturgar, incrementando su dotación y orientándola a cubrir necesidades de liquidez, tesorería y circulante de pequeñas y medianas empresas, autónomos y sectores productivos asturianos más expuestos al incremento de los costes energéticos y logísticos.

Asimismo, pedía una línea extraordinaria y temporal de ayudas directas a las empresas exportadoras asturianas y apostaba por establecer, con carácter temporal, un procedimiento extraordinario de aplazamiento y fraccionamiento de tributos cedidos e ingresos autonómicos para pequeñas y medianas empresas, autónomos y sectores productivos especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos, del combustible y del transporte.

Los tramos autonómicos del IRPF

Por otro lado, planteaba deflactar en un 5% los tres primeros tramos autonómicos del IRPF y aprobar bonificaciones temporales en las tasas autonómicas que inciden directamente sobre la actividad productiva de los sectores más expuestos al incremento de los costes energéticos y logísticos.

En la defensa del texto, el diputado del PP Andrés Ruiz ha acusado al Gobierno del Principado de “inacción” al tiempo que ha calificado el anuncio de Barbón en la sesión plenaria de una “copia” de la propuesta popular.

Otras críticas

Vox, que ha apoyado la proposición, ha criticado que la única medida puesta en marcha en el Principado sea una línea de avales de cinco millones de euros en un momento en que “la retracción de la renta disponible de los hogares y la demanda interna puede afectar al crecimiento de la economía”.

Por su parte, Pumares, que también ha respaldado la iniciativa, ha afeado al Ejecutivo autonómico que anuncie sus medidas “a cuentagotas a ver si parece que son más”.

Rechazo de PSOE, IU y Tomé

Por su parte, el PSOE ha asegurado que el PP “va tarde con su propuesta” y que el Gobierno del Principado ya ha diseñado actuaciones que complementan las impulsadas por el Ejecutivo central, según Ana Isabel Puerto.

Convocatoria por Asturies-IU también ha rechazado la iniciativa popular “por lo que propone y cómo lo propone” y al señalar que una parte de esas medidas ya estén en marcha, otras están previstas y el resto son el “catecismos económicos de siempre”, esto es, “bajar impuestos, aunque beneficie más a quien más tiene”.

Para Tomé, la proposición del PP “no se sostiene una vez más” y es “injusta, regresiva y no diferencia por niveles de beneficios”. 

Un trabajador de 56 años ha fallecido este viernes a consecuencia de las graves heridas sufridas al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas, ubicado en la Avenida de Galicia número 7, en el barrio de El Natahoyo de Gijón/Xixón. La víctima se encontraba realizando unos trabajos de reparación en la cubierta junto a un compañero cuando, por razones que se están investigando, cayó al patio interior del inmueble.

La Policía Nacional recibió una llamada telefónica sobre las 10.15 horas, en la que se informaba del accidente laboral. Inmediatamente se desplazó a una patrulla hasta el lugar del siniestro.

La investigación

La víctima fue identificada como Jesús V.C., quien pertenecía a una empresa especializada en rehabilitaciones de edificios a la que se había encargado las obras de reparación del tejado.

La Brigada de Policía Judicial, junto con efectivos de la Policía Científica y de Seguridad Ciudadana, se ha hecho cargo de la investigación para tratar de aclarar las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.

Asimismo se ha activado el protocolo de Inspección de Trabajo y se ha personado la comisión judicial para el levantamiento del cadáver.

Se da la circunstancia de que esta misma mañana el presidente del Principado, Adrián Barbón, se encontraba en Gijón/Xixón y al tener conocimiento del accidente ha lamentado la muerte de Jesús V.C. y ha transmitido sus condolencias a la familia.

Un herido en Corvera de Asturias

Por otro lado, otro accidente laboral ocurrido este viernes en Nubledo, en el concejo de Corvera de Asturias, se ha saldado con un trabajador herido grave al caer de una escalera cuando trabajaba en una chapistería y golpearse en la cabeza.

El accidente ocurrió sobre las diez de la mañana y hasta el lugar del siniestro se desplazó una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil del puesto de Cancienes.

El herido ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, para ser sometido a diversas pruebas.

El presidente del Partido Popular (PP) de Asturias, Álvaro Queipo, está reforzando su equipo directivo con fichajes de perfiles más técnicos que políticos. Sus dos últimas incorporaciones han sido las del exrector y exgerente de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor y José Antonio Díaz-Lago, respectivamente.

Sus nombres han sido aprobados en el Comité Ejecutivo Autonómico, celebrado ayer lunes en Oviedo, donde el partido esbozó las principales líneas de actuación con el horizonte de la cita electoral de 2027.

Plan de actuación

Al margen del tema interno de las personas que integran su equipo, Queipo ha defendido la “necesidad urgente” de aplicar un plan de actuación ante la situación generada por el conflicto en el Oriente Próximo.

El líder del PP considera que este plan debería contener las medidas necesarias para proteger el poder adquisitivo de las familias asturianas frente al impacto de la inflación y apoyar a las empresas asturianas ante el aumento de los costes energéticos, logísticos y financieros.

La renovación

El Comité Ejecutivo Autonómico del PP dio el visto bueno ayer al fichaje de Vicente Gotor, que estuvo al frente del Rectorado entre los años 2008 y 2016, y de José Antonio Díaz-Lago, que ha sido gerente universitario en dos etapas: entre los años 2000 y 2008 y desde 2022 hasta diciembre de 2025.

Díaz-Lago asumió la Dirección General de Economía en el Gobierno del presidente Sergio Marqués. El PP le ha designado para estar al frente de la Vicesecretaría de Hacienda y Sector Público.

Con estos dos fichajes, el Comité Directivo del PP de Asturias completa la renovación iniciada tras cerrar el periodo de congresos locales.

Las incorporaciones

Hace un mes, el PP acordó la creación de otras dos nuevas vicesecretarias, las de Ordenación Territorial e Interior y la de Empresas y Autónomos para las que fueron designados Eloy Alonso y Celia Fernández.

Además, se incorporaron al Comité Directivo, entre otros, el concejal de Infraestructuras de Oviedo Nacho Cuesta (Secretaría de Concejos) y el diputado popular José Luis Costillas (Formación), ambos procedentes de Ciudadanos.

Las medidas

Por otro lado, en este Comité Ejecutivo Autonómico se analizaron las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra.

Queipo considera que sería necesario incrementar la dotación de la actual línea extraordinaria de avales y orientarla, preferentemente, a cubrir necesidades de liquidez, tesorería y circulante de las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los sectores productivos asturianos más expuestos al incremento de los costes energéticos y logísticos.

Las ayudas

Además, el PP se muestra partidario de poner en marcha una línea extraordinaria y temporal de ayudas directas a las empresas exportadoras asturianas afectadas por la actual inestabilidad geopolítica, destinada a compensar sobrecostes logísticos y gastos vinculados a la apertura o consolidación de mercados alternativos.

Otra medida propuesta por el líder regional del PP es establecer, con carácter temporal, un procedimiento extraordinario de aplazamiento y fraccionamiento de tributos cedidos e ingresos de derecho público autonómicos.

Las bonificaciones

Entre sus propuestas también figura la aprobación de bonificaciones temporales en las tasas autonómicas que incidan directamente sobre la actividad productiva de los sectores más expuestos al incremento de los costes energéticos y logísticos, en particular las vinculadas al transporte por carretera, la ganadería, las industrias agroalimentarias y forestales, los servicios agronómicos, la pesca marítima y la depuración de moluscos.

Queipo aún apuntó otra quinta medida al abogar por deflactar un cinco por ciento los tres primeros tramos de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, actualizando igualmente los límites y cuantías de las deducciones autonómicas, con el fin de evitar incrementos de tributación derivados exclusivamente de la inflación y proteger el poder adquisitivo de las familias asturianas.

Las críticas

Sin embargo, no se limitó a proponer medidas, sino que además tuvo tiempo para censurar la labor del Gobierno regional. Así, acusó al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, de llevar “siete años de fracasos, de burocracia e impuestos excesivos, de empresas y autónomos asfixiados, de listas de espera sanitarias y fracaso en la dependencia; Asturias se ha quedado cada vez más atrás”, explica el PP en un comunicado oficial difundido al término del Comité Ejecutivo Autonómico.

En ese contexto, Queipo expuso que el PP es la alternativa al gobierno de Barbón: “Es la alternativa que Asturias está esperando, de la gestión frente al desgobierno, de las propuestas frente al ruido. Somos la alternativa de quienes madrugan, trabajan, emprenden, sacan a su familia adelante, quieren quedarse aquí o quieren poder volver”, añadió.

La alternativa al PSOE

El líder regional del PP aún tuvo un mensaje dirigido a los integrantes de su partido al pedirles “una presencia extra en la calle y una escucha activa”.

Estas dos peticiones van encaminadas a la recogida de iniciativas de la ciudadanía que permita al partido “seguir perfilando propuestas y soluciones a los problemas de los asturianos, como nuestra propuesta de reforma fiscal, nuestra ley de vivienda, nuestra ley de reducción de la burocracia, y también nuestras propuestas para reducir las listas de espera y la defensa y promoción de Asturias y nuestra cultura”, ratificó Queipo.

Un polémico tuit del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, publicado en 2024 donde se reafirmaba en que España no podía acoger a todos los inmigrantes que llegan sin papeles porque, según dijo, “caben los que caben”, provocó la reacción del ex secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique quien, a su vez, difundió en la misma red social X una réplica con un tuit relativo a los abusos sexuales en la Iglesia.

Por este comentario, Echenique será juzgado el próximo viernes en la Audiencia Provincial de Madrid por la querella interpuesta contra él por la Fundación Española de Abogados Cristianos que pide que se le imponga una pena de un año de cárcel por un delito de provocación a la discriminación y al odio.

La Fiscalía se opuso a que se abriera una causa contra el ex secretario de Organización de Podemos al no apreciar la existencia de delito alguno, por lo que no ha formulado acusación.

El tuit de Echenique

“Estadísticamente es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria”, decía el mensaje que publicó Echenique el 10 de mayo de 2024 en X y que ha motivado la interposición de la querella.

Para Abogados Cristianos, este tuit de Echenique “no es ni mucho menos un hecho aislado” y considera que ha sido una “constante” en las publicaciones en sus redes sociales “el discurso de odio” hacia la Iglesia católica y sus miembros.

“Entre los ataques más graves se encuentra el llamamiento a que la Iglesia católica en España directamente se disuelva”, destacaba la Fundación en su querella contra el exdiputado.

“No supone un delito de odio”

Echenique declaró en el juzgado de instrucción que la publicación de ese mensaje en X no supone un delito de odio, dado que su intención no fue la de criminalizar a todos los sacerdotes sino defender a los migrantes ante unas manifestaciones del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

Su tuit respondía, según explicó, a las afirmaciones de Sanz Montes en un artículo publicado por el diario La Voz de Asturias, que se titulaba 'Las polémicas palabras del arzobispo de Oviedo sobre inmigración': “Dentro de esta apertura buenista, se nos pude colar gente que son indeseados”.

Los polémicos tuits del arzobispo

Unas declaraciones que se habían reproducido de una entrevista concedida a Infovaticana y publicada en dos partes, en mayo de 2024, y de la que se hicieron eco numerosas publicaciones, entre otras elDiario.es Asturias.

En sus manifestaciones, el arzobispo suavizaba el posicionamiento de la Iglesia al abordar los casos de pederastia, al remitirse a la estadística de la Fundación Anar que calcula que no superan el 0,2%, y se pronunciaba sobre otros temas como el cambio climático, la Agenda 2030 o insistía en que era imposible la regularización de 500.000 inmigrantes en España, como recoge la Iniciativa Legislativa Popular, porque “aquí no caben todos”.

Sanz: “En España caben los que caben”

En esta entrevista, el arzobispo se reafirmaba en que nuestro país no podía acoger a todos los inmigrantes que llegan sin papeles: “Caben los que caben y no podemos decir buenistamente, sin fronteras, que vayan pasando porque no caben físicamente todos”.

“Dentro de esta especie de apertura buenista, se nos puede colar gente que son indeseados. Porque vienen con su carnet terrorista, porque vienen con su tráfico de cosas, tráfico de blancas, tráfico de drogas, tráfico de armamento etc…”, contestaba sin tapujos.

A continuación, se puede leer la información que elDiario.es Asturias publicó, el 10 de mayo de 2024, con el extracto de las frases pronunciadas por Jesús Sanz Montes, que fueron difundidas en varias redes sociales, entre otras, en X.

Jesús Sanz Montes es, a diferencia de sus predecesores como arzobispo de Oviedo, una persona que suele recurrir a volcar en todas sus declaraciones su propia opinión personal muy cercana a la ultraderecha.

El enfrentamiento con Barbón y Lastra

Es el primer arzobispo que aprovecha sus homilías en la festividad del día de Asturias, que se celebra el 8 de septiembre en la Basílica de Covadonga y a la que habitualmente siempre asistían las principales autoridades religiosas, civiles, militares y de todos los ámbitos de la sociedad española como altavoz de estas opiniones, generalmente de índole política que le ha llevado a protagonizar enfrentamientos, entre otros, con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la delegada del Gobierno Adriana Lastra.

Unos enfrentamientos que se escenificaron públicamente y que se saldaron con la ausencia de los dos políticos socialistas asturianos en los actos religiosos en la Basílica de Covadonga.

Sanz se refirió a Lastra como 'la seño'

A la petición de Adriana Lastra pidiendo al arzobispo que abandonara los discursos ultraderechistas, Sanz Montes utilizó la red social para contestarla, pero en su respuesta se refería a ella, de forma despectiva, como “la seño”. A continuación reproducimos el tuit que le dedicó a la delegada del Gobierno en Asturias, en 2024.

El arzobispo no se limita a exponer su punto de vista sobre la política regional asturiana, sino que no tiene límites, como se puede comprobar en cada tuit, ahora post, en X, principalmente.

Las críticas al Gobierno

“La patológica aspiración continua de una poltrona de gobernanza por quienes en su delirio egocéntrico pagan cualquier precio para ello sufren una amoralidad indigna del recto gobernante. Esto no es de derechas ni de izquierdas, sino inmoral, al carecer de la solidez moral que les falta”. Con estas palabras concluía una tribuna de opinión publicada en 2023 en el diario ABC.

Sanz Montes no solo calificaba de “inmoral” el pacto con los independentistas sino que también justificaba las protestas que se producían en todo el país frente a las sedes del PSOE y que en varias ocasiones han finalizado con cargas policiales.

El juicio

Para el arzobispo “la espontánea comparecencia en calles y plazas de una inmensa sociedad quiere decir pacíficamente que hay algo no compartido, acusando como traidores a quienes pretenden formar gobierno desde programas políticos contradichos y burlados por otros intereses espurios que terminan siendo bastardos”.

Pese a todas las polémicas protagonizadas por Jesús Sanz Montes, un tuit de réplica de Pablo Echenique a uno de sus comentarios le llevará a tener que defenderse en la Audiencia Provincial de Madrid frente a la acusación formulada por Abogados Cristianos.

Los testigos

En el juicio, que está señalado para el próximo viernes, está previsto que declaren los testigos propuestos por Abogados Cristianos: el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; dos periodistas de El País que han informado acerca de las acciones de la Fiscalía respecto a los procedimientos de abusos sexuales en la Iglesia, y María García Ayuela, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa.

Echenique había propuesto como testigo a Narciso Michavila, presidente de la consultora GAD3, si bien finalmente renunció a su testimonio, a lo que Abogados Cristianos se ha opuesto y, según fuentes consultadas, ha pedido que se mantenga su comparecencia.

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, no se ha achantado a la hora de rebatir al Gobierno central, de su mismo partido y delante de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana Isabel Rodríguez con la que ayer, miércoles, compartía un acto en el concejo asturiano de Mieres, para puntualizar que su Ejecutivo no ha ocultado información alguna al Instituto de Transición Justa (ITJ).

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) confirmaron que no les consta información oficial alguna de que Asturias tuviera actividad de extracción de carbón y explicaron que se habían enterado, en marzo de 2025, a raíz del accidente que costó la vida, ese mes, a cinco trabajadores de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña.

Para apoyar estas manifestaciones, desde el MITECO remitían al hecho constatable de que esta información no venía recogida en la Estadística minera de este organismo, que se elabora a partir de los datos que facilitan las comunidades autónomas.

“Hay máxima transparencia”

Una denuncia pública que no comparte el presidente del Ejecutivo autonómico y, además, niega cualquier ejercicio de falta de transparencia. En el acto de Mieres aseguró a los periodistas que su gobierno está actuando con “máxima transparencia, rotundidad, rigor y serenidad”, así como “explicando todo a medida que dispone de información”.

Sin embargo, no ha sido la única matización que ha hecho el presidente, quien tampoco se ha callado a la hora de rechazar que la entrega de la documentación que se solicita se realice de forma lenta, como sostiene el ITJ que ha añadido que se analiza todo lo que les llega, especialmente lo que es relativo a los planes de labores de las explotaciones.

El reintegro de ayudas

Desde MITECO se destaca igualmente que, una vez conocida la actividad extractiva a raíz del siniestro laboral en la mina de Zarréu, se ha ido solicitando formalmente información al Principado para identificar las explotaciones activas y verificar si se encuentran afectadas a la obligación de reintegro de ayudas.

El ITJ recuerda que la explotación de las minas de carbón está sujeta a la obligación de reintegro de ayudas, conforme al artículo 29 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, si se encuentran afectadas por el Plan de Cierre de la Minería no Competitiva (Decisión 2010/787/UE).

“Analizar, chequear y reimpulsar”

A estas declaraciones también ha respondido Adrián Barbón. En su encuentro con los periodistas en Mieres remitió a la investigación abierta por parte de la Consejería de Ciencia, de la que es titular Borja Sánchez.

El presidente del Principado ha enmarcado la actuación de su gobierno en la línea de la “orden estricta” que transmitió al consejero cuando lo eligió para el cargo: “analizar, chequear y reimpulsar todo y ver qué era lo que había pasado”.

La comunicación

Otra de las cuestiones era conocer qué “podía haber funcionado más o menos” de forma acertada o “más o menos erróneamente” para sacar conclusiones y actuar al respecto.

No obstante, ha reconocido que él no está “en condiciones” de saber si había esa obligación de comunicar, ni quién la tenía, ya que en este momento no le han “pasado esa información”, y “si se comunicó o no”, por lo que no puede “aventurar nada al respecto”.

El ejemplo de Nicolasa

Adrián Barbón ha resaltado que le sorprende que se diga que “no se sabía” que se extraía carbón cuando el ITJ conocía que en Nicolasa se extrajo carbón hasta finales de diciembre de 2024.

El máximo responsable del Ejecutivo autonómico ha dicho que desde el Principado se ha trasladado a la empresa TYC Narcea que, al hilo de un oficio remitido por el ITJ, tiene que dilucidarse si tiene que devolver o no ayudas para continuar con la actividad.

Una interpretación de la ley

El Gobierno autonómico ha reivindicado su actuación con “transparencia absoluta”, a la vez que evita “entrar a valorar” el debate abierto entre TYC Narcea y el Ministerio sobre la devolución de las ayudas, por ser una “interpretación de la ley”.

En respuesta a los periodistas, Adrián Barbón ha negado que haya preguntado sobre este asuntos a las exconsejeras, según recoge Efe, puesto que difícilmente“ ya les puede preguntar”, ha dicho, y además considera que sería “ilógico” hacerlo porque ya no forman parte de su Consejo de Gobierno. 

Otras explotaciones mineras

Los hechos expresados desde fuentes de MITECO habían levantado numerosas críticas desde los grupos parlamentarios, que censuraban esa falta de transparencia al Gobierno asturiano que lidera Adrián Barbón.

Además de la mina de Zarréu, donde no hay actividad desde el siniestro laboral, Asturias cuenta con otras tres minas con actividad: la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea; Mina Miura en Ibias y Pilotuerto, en Tineo.

El Gobierno no tuvo constancia de que existiera actividad de explotación de carbón en Asturias hasta marzo de 2025 y se enteró a raíz del accidente que costó la vida, ese mes, a cinco trabajadores de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ignoraba que se llevara a cabo esta actividad, como se constata por el hecho de que no venía recogida en la Estadística minera de este organismo que se elabora a partir de la información que facilitan las comunidades autónomas.

Otras tres minas con actividad

Además de la mina de Zarréu, donde no hay actividad desde el siniestro, Asturias cuenta con otras tres minas con actividad: la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea; Mina Miura en Ibias y Pilotuerto, en Tineo.

La noticia de la falta de información al Gobierno central ha sido un auténtico bombazo que le ha estallado al Gobierno de Asturias, que preside el socialista Adrián Barbón, y que ha tenido que abordar este miércoles coincidiendo con la celebración en la Junta General del Principado de la sesión de control donde los representantes de los grupos parlamentarios de la oposición interpelaban al presidente sobre temas de actualidad que afectan a la comunidad autónoma.

La falta de transparencia

El accidente laboral en el que murieron, el pasado 31 de marzo de 2025, los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez cuando se encontraban trabajando en la mina de Zarréu, a consecuencia de una explosión de gas metano, puso en el centro del debate no solo la deficiente labor de fiscalización que se hacía sobre los permisos y la actividad en las explotaciones mineras sino que además puso en evidencia la falta de transparencia en la comunicación entre administraciones.

Una vez que ha conocido la actividad extractiva, el ITJ ha venido solicitando formalmente información al Principado “para identificar las explotaciones activas y verificar si se encuentran afectadas por la normativa”, según han indicado fuentes del Miteco. 

El reintegro de ayudas

La explotación de las minas de carbón está sujeta a la obligación de reintegro de ayudas, conforme al artículo 29 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, si se encuentran afectadas por el Plan de Cierre de la Minería no Competitiva (Decisión 2010/787/UE).

El proceso de obtención de la documentación está siendo “lento”, reconocen las mismas fuentes, y el ITJ la está analizando, especialmente la que es relativa a los planes de labores de las explotaciones.

Exigencia de explicaciones a Barbón

La exigencia de explicaciones al presidente asturiano no se hicieron esperar desde los demás grupos políticos. El Partido Popular (PP) calificó de “escándalo” la falta de transparencia y el interés del PSOE por “ocultar” la actividad de extracción de carbón en Asturias.

Unas críticas que llegaron no solo desde la Junta General. El senador popular José Manuel 'Lito' Rodríguez denunció “el silencio de Barbón” en el parlamento asturiano ante una pregunta de su presidente regional, Álvaro Queipo, y tildó la situación de “absoluto despropósito”.

Acusaciones de negligencia

'Lito' Rodríguez se mostró sorprendido de que el MITECO diga ahora que desconocía esta actividad de la que tenía conocimiento “solo a causa de una tragedia”.

Para el senador asturiano, la actitud de ambas administraciones demuestra su negligencia sistemática: “Los gobiernos, tanto el de Asturias como el de España, demuestran que están más preocupados en favorecer a sus amigos y familiares, y de tapar la abundante corrupción que les rodea, que de solucionar los problemas de los ciudadanos”.

La actitud de 'opacidad'

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha acusado al Gobierno del Principado de mantener “una actitud de opacidad no solo con la oposición y la ciudadanía, sino también con otras administraciones”.

La confirmación de que el MITECO ignoraba la activad de extracción de carbón en Asturias viene a corroborar sus sospechas “sobre el uso de proyectos de investigación complementaria como posible cobertura para extracciones irregulares”, afirmó.

“Asturies merece saber la verdad”

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha exigido a “una respuesta clara y pronta” sobre la acusación del Ministerio por “falta de transparencia” en lo relativo a la minería.

“Asturies merece saber la verdad”, incide la diputada en un comunicado de prensa.

Las 'sombras'

Covadonga Tomé, que preside la comisión parlamentaria de investigación del accidente en Zarréu, aprovechó su intervención en el turno de preguntas al presidente en el tema sobre los proyectos estratégicos para ahondar sobre el tema de la mina, pero no obtuvo respuesta.

“Bastantes sombras hay ya en torno a la explotación de carbón como para añadir la falta de información necesaria al Instituto de Transición Justa (ITJ)”, lamentó la diputada.

Rigor “jurídico y administrativo”

Por su parte, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha rechazado que se diera una falta de transparencia entre administraciones y ha indicado que la comunicación con el ITJ es “constante, continua y permanente”.

Borja Sánchez ha explicado que, dentro de una actitud de colaboración leal, le han trasladado toda la información que se ha solicitado sobre la situación legal de las minas tras las denuncias recibidas a mediados de marzo del pasado año.

“En todos los procedimientos se está aplicando el máximo rigor jurídico y administrativo”, ha resaltado el consejero que trata de aclarar qué datos se tendrían que haber enviado a este organismo, por parte de quién, cuándo y cómo.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha señalado este miércoles que el préstamo de seis millones de fondos autonómicos a la empresa Duro Felguera (DF) se concedió a través de la Sociedad Regional de Promoción de Asturias (SRP), con un “componente claramente” de participación privada, y que su devolución dependerá de la decisión judicial si bien puede “ser compleja”.

Durante su intervención en el turno de preguntas al presidente en el pleno de la Junta General del Principado, en respuesta a la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, Barbón ha explicado que en su plan de restructuración Duro Felguera propone a la autoridad judicial que la deuda contraída con la SRP y los bancos “quede amortizada para salvar la empresa”.

Una aportación de 2021

“Nosotros nos hemos opuesto. Hemos dicho que ese dinero, que ciertamente es la SRP quien lo acuerda, proviene del Gobierno de Asturias, fue una aportación de 2021”, ha apuntado al respecto.

Barbón ha dicho que ahora “depende de un juez la decisión” de aceptar ese plan de restructuración de la empresa, al que el Principado “se opuso”, porque consideró que esos seis millones eran “fondos públicos”.

“Si el juez lo decide, la situación está compleja”, ha apuntado el presidente del Principado.

Las críticas del PP

Con todo, ha señalado que esos fondos fueron “vitales” para intentar salvar la empresa -“que, de hecho, se salvó”- y contribuyeron a “redimensionarla” y a buscar nuevas salidas, como ha ocurrido con El Tallerón, lo que ha salvado “cientos de empleos”.

Sobre este asunto se ha referido hoy también el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, al recordarle a Barbón que se trata de “seis millones que pertenecen a todos los asturianos”.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este miércoles aplicar políticas “posibilistas” que sean “útiles” para la ciudadanía y no centrarse en “reflexiones sesudas ideológicas” porque cuando se gobierna la “pureza política no existe”.

Así ha respondido el jefe del Ejecutivo asturiano en el pleno de la Junta General a la pregunta planteada por la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé sobre qué considera el Gobierno proyecto estratégico para la comunidad tras el visto bueno de la implantación de Costco en Siero.

Comparación con el alcalde de Nueva York

El presidente del Principado ha dicho que la política que está aplicando el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, “es muy parecida” a la que se está ejecutando el Gobierno del Principado, como la gratuidad de las escuelas de 0 a 3.

“No propone grandes reflexiones sesudas ideológicas sobre la pureza, porque la pureza política cuando uno gobierna no existe”, ha dicho tras defender que la izquierda “posibilista es la que gana”.

“No hay un mundo ideal”

En este sentido, ha dicho que cuando se ostenta un gobierno “no hay un mundo ideal”, sino uno “real al que hay que hacer frente”, a pesar de que no todo el mundo vaya a estar conforme con las decisiones: “Gobernar es decidir y tomar decisiones, a veces, impopulares”.

Barbón ha citado, como ejemplo, la llegada de la multinacional Amazon a Siero, un proyecto sobre el que se le advirtió de que “iba a ser las siete plagas”, que iba “a suponer el final del comercio” y conllevar la “pérdida de miles de empleos”.

“Nadie murió porque Amazón se instale en Asturias”

Según ha expuesto, su implantación en Bobes ha permitido crear mil empleos “de muy buena calidad” y hacer de esta zona del Principado un “nudo logístico” cuando antes era una “plantación del plumero de la pampa”.

“¿Se ha muerto alguien porque Amazon se haya instalado en Asturias? No. Se han creado más de mil empleos”, ha expuesto en su intervención.

A la vanguardia

Barbón ha defendido que Asturias, además, está “a la vanguardia” de la política científica, innovadora y tecnológica y está creando nuevos sectores y “fortaleciendo otros”, tras poner en valor su apuesta por el sector de la defensa.

Previamente, Tomé había criticado que el hipermercado de Costco en Siero no reúne las “características” para ser declarado proyecto estratégico, puesto que su “impacto comercial y territorial cuenta con más sombras que luces”, y la ley autonómica le permitirá “usar un atajo para esquivar reglas urbanísticas y sectoriales”.

Las conversaciones con ArcelorMittal

“No se ajusta a los criterios” de proyecto estratégico, ha incidido la diputada tras preguntarse si un hipermercado es “estratégico” para la comunidad.

Tomé ha defendido que el sector industrial ha demostrado a lo largo de las crisis económicas una mayor capacidad de resistencia y ha preguntado a Barbón cómo avanzan las conversaciones con ArcelorMittal “para frenar” la pérdida de puestos de trabajo tras el anuncio de su plan de deslocalización. 

Los reproches al PP

En la misma sesión plenaria, Barbón ha ensalzado los logros alcanzados gracias a los sucesivos presupuestos autonómicos, a pesar del sistemático rechazo del Partido Popular (PP) a las cuentas.

“Se están produciendo avances y se está creando empleo, con su voto en contra, porque no lo tuvimos ni en la pandemia, cuando más los necesitamos. No estuvieron a la altura”, ha reprochado al portavoz del PP, Álvaro Queipo.

Los hitos

El jefe del Ejecutivo ha enumerado algunos de los hitos alcanzados en este mandato, entre los que ha citado las 10.000 personas que formarán la plantilla docente el próximo curso, la inauguración del centro de salud de Sotrondio y la próxima entrada en servicio de los de La Pola (Lena) y Nuevo Roces (Gijón).

También ha resaltado la puesta en marcha de 1.500 viviendas, la inversión más alta por habitante entre las comunidades autónomas, la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años o los beneficios de la tarjeta Conecta, que permite moverse por toda Asturias en transporte público por un máximo de 30 euros al mes y que ya disfrutan 27.000 personas.

“Todas estas actuaciones se han llevado a cabo gracias al presupuesto y con el voto en contra del PP”, ha aseverado el presidente del Principado.

Ayudas a la dependencia

Durante su intervención, también ha insistido en que el Plan Agiliza permitirá reducir a 180 días el plazo máximo de tramitación de las ayudas a la dependencia a finales de este año, un período que ahora se sitúa en 327 días. Además, ha informado a Queipo sobre los plazos que se registran actualmente en algunas comunidades gobernadas o cogobernadas por el PP: 324 días en Galicia, 559 en Murcia, 496 en Andalucía, 430 en Canarias y 348 en Madrid.

“Usted no habla de gestionar, porque no sabe, habla de privatizar, que son cosas diferentes”, ha dicho Barbón al portavoz del Partido Popular, al tiempo que ha incidido en que el hecho de que en estos momentos haya 30.000 personas más trabajando que en 2019, cuando asumió la presidencia, “denota que se están haciendo las cosas bien”.

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha recogido el guante lanzado por el coordinador regional de Izquierda Unida (IU), Ovidio Zapico, que forma parte de su Ejecutivo como consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, y ha aceptado reunirse con él para abordar las discrepancias internas que mantienen dividido al gobierno regional. La fecha elegida ha sido el próximo lunes, 9 de marzo.

Las divergencias entre los dos socios de gobierno en temas relevantes para la comunidad autónoma como la aprobación de la implantación de las universidades privadas Alfonso X El Sabio y Antonio de Nebrija, en Oviedo y Avilés respectivamente, junto con la declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) para la instalación de la multinacional Costco Wholesale Spain en el parque empresarial de Bobes, en el concejo de Siero, han hecho saltar las chispas.

La oposición de IU

Los socialistas dieron el visto bueno a ambos proyectos, mientras que el consejero de IU votó en contra y mostró su rechazo cuando se analizaron ambos temas en el Consejo de Gobierno. Una situación que traspasó en algunos momentos la fina línea de la simple división de opiniones al transcender públicamente por las declaraciones ofrecidas por Ovidio Zapico en las que indicaba que su grupo político estudiaría la interposición de un recurso contra la llegada de las universidades privadas al Principado.

La dirección de IU de Asturias acordó la pasada semana solicitar un encuentro urgente con el jefe del Ejecutivo para abordar la situación abierta en el seno del Gobierno de coalición ante la “gravedad” de la decisión de abrir la puerta a la implantación de universidades privadas en Asturias y la consideración de proyecto estratégico para la puesta en marcha de un hipermercado de la multinacional Costco.

Una vía de “coordinación”

La comisión colegiada de la coalición reclamó que se celebre ese encuentro “como una vía de coordinación” entre los partidos que sustentan al Gobierno ante el nuevo escenario abierto para el impulso a los centros académicos privados y a la gran superficie comercial.

“Precisamente cerramos hoy la fecha, todavía estamos ajustando la hora, pero va a ser el lunes 9 (de marzo)”, ha informado Barbón, a preguntas de los periodistas durante una visita a Avilés.

El presidente del Partido Popular (PP) en Asturias, Álvaro Queipo, ha reforzado su equipo directivo con la incorporación de tres nuevas vicesecretarías y aspira a relevar al frente del Gobierno asturiano al socialista Adrián Barbón, porque dice que “quien no es capaz de poner orden en su Gobierno, ni en su partido, no puede poner orden en Asturias”.

Unas palabras que este mismo martes han sido apostilladas por el diputado y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado, Luis Venta, al asegurar que Álvaro Queipo se presentará a las próximas elecciones autonómicas con el objetivo de “cambiar”, “modernizar” y “revolucionar” Asturias “dentro de la normalidad y el sosiego”.

“Desterrar las malas políticas”

El PP quiere llegar a gobernar en el Principado “sin marcos y sin ningún tipo de contrapesos, ni apaños”, ha ratificado Luis Venta en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre las líneas básicas que ha fijado su partido a nivel nacional para gobernar con Vox y asegurar la estabilidad institucional.

El diputado considera que en el Principado se necesita “avanzar” y para lograrlo es necesario que “el Gobierno acabe y finalice su gestión”.

El apoyo de “los comunistas”

Ante un marco, que puede “agrandarse y empequeñecerse”, ha mantenido que el objetivo principal es “desterrar las malas políticas” y que “este socialismo rampante deje de malgobernar” con el apoyo de sus socios IU-Convocatoria por Asturias, a los que se ha referido como “comunistas, aquí y de otro tipo en otros sitios”.

Incorporaciones y nombramientos

Álvaro Queipo ha reforzado la dirección regional con la creación de tres nuevas vicesecretarías: Ordenación Territorial e Interior, que estará a cargo de Eloy Alonso; Empresas y Autónomos que ocupará Ceila Fernández y Hacienda y Sector Público, cuyo responsable se nombrará próximamente.

Además ha hecho públicos los nombramientos de Susana Solís como secretaria de Industria y Energía; Ignacio Cuesta, secretario de Concejos y Ayuntamientos; José Luis Costillas, coordinador de Formación; Guzmán Pendás, coordinador de Migración, o Jesús Suárez, de Industria.

Las diferencias de criterio entre los socios de coalición PSOE e IU en el seno del Gobierno de Asturias no se han limitado a simples discrepancias dialécticas, sino que se han escenificado abiertamente. En los últimos días dos temas claves, como la implantación de las universidades privadas Nebrija y Alfonso X El Sabio, en Avilés y Oviedo respectivamente, y la declaración de proyecto estratégico para la puesta en marcha de un hipermercado de la multinacional Costco, en el parque empresarial de Bobes, en el concejo de Siero, han agrandado la crisis entre ambos partidos.

Con este escenario, que ya ha sido incluso motivo de críticas desde PP, Foro y Vox, ha llevado a la Comisión Colegiada de Izquierda Unida (IU) a instar al presidente del Ejecutivo autonómico, el socialista Adrián Barbón, a mantener una reunión “urgente” para abordar la situación.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ya había anunciado públicamente que sus votos iban a ser en contra tanto para la llegada de Costco a Siero, como la implantación de universidades privadas. Incluso fue más allá y advirtió que su grupo presentaría recursos contra estas decisiones aprobadas desde el propio Gobierno del que forma parte.

El polémico recurso

Posteriormente comunicó que serían los órganos de dirección de su partido quienes tendrían que tomar estas decisiones. En el pleno celebrado, el pasado martes, en la sede de la Junta General del Principado Ovidio Zapico aseguró que su partido aún no había tomado una decisión definitiva sobre la presentación de un recurso contra la autorización concedida a las universidades Alfonso X y Nebrija en Oviedo y Avilés, pero garantizó que haría suya esa determinación “sea la que sea -dijo- una vez analizada toda la información y comprobada la viabilidad jurídica de esa impugnación”.

De esta forma, el consejero que es a su vez coordinador general de IU, trasladó a la Comisión Colegiada estos dos temas para su debate.

La Comisión, que ayer se reunió con carácter ordinario, adoptó el acuerdo de solicitar un encuentro “urgente” con Adrián Barbón para analizar la salida a estas discrepancias.

La respuesta socialista

Unas discrepancias internas que saltaron por los aires, tanto cuando el consejero de IU hizo públicas sus declaraciones en contra de estos proyectos, como cuando se ofreció la respuesta, también pública del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez.

El consejero emplazó a IU a sopesar “bien” las consecuencias políticas de interponer un recurso contra la decisión del Gobierno “del que forma parte” e incidió en la garantía de calidad “máxima” de los estudios ofertadas por las instituciones solicitantes de la autorización y en el respaldo inequívoco del Principado a la Universidad de Oviedo.

La polémica sobre la llegada de universidades privadas a Asturias suma otro capítulo. Por primera vez, la comunidad autónoma contará con centros privados como la Universidad Antonio de Nebrija en Avilés y la Universidad Alfonso X El Sabio en Oviedo, mientras un tercer proyecto ligado a la Universidad Europea sigue en fase preliminar. La situación adquiere un matiz paradójico con Ovidio Zapico, coordinador general de Izquierda Unida y consejero del Ejecutivo autonómico, al frente de las autorizaciones. IU, socio del Gobierno asturiano, ha recurrido estas implantaciones. Este miércoles, el presidente del Principado ha dejado claro que las universidades privadas no percibirán ni un euro del Gobierno, subrayando la distancia entre el apoyo público a la educación y la autorización de centros privados, y reforzando el debate sobre acceso, equidad y coherencia política en el sistema universitario asturiano.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha garantizado que la universidad pública tendrá prioridad “absoluta”, tanto en financiación como el acceso del alumnado a las prácticas obligatorias. “Ni un solo euro de dinero público irá a la universidad privada”, ha subrayado en el pleno de la Junta General. También ha defendido la apuesta del gobierno por la Universidad de Oviedo, que se concreta en un contrato programa que asegura la suficiencia económica de la institución académica y en medidas como la gratuidad de la matrícula para facilitar que cualquier persona pueda acceder. 

“No son ningún chiringuito”, dice Barbón

Barbón ha precisado que el Ejecutivo autonómico no ha autorizado la creación de ninguna universidad privada en Asturias -una decisión que exigiría, entre otros requisitos, la aprobación de una ley en el Parlamento - sino la puesta en marcha de tres centros adscritos a universidades privadas “que tienen reconocimiento, que no son ningún chiringuito y que cuentan con una trayectoria de muchos años en el ámbito educativo”. 

Según ha señalado, esta medida no supondrá ninguna merma en la Universidad de Oviedo, que en la actualidad ronda los 20.000 estudiantes, pero sí ayudará a que jóvenes asturianos que no consiguen plaza en la institución académica cuenten con otras alternativas para estudiar en Asturias. 

“No confundamos privatizar con la iniciativa privada, porque son cosas muy diferentes. La Constitución ampara la iniciativa privada y nosotros nunca hemos sido contrarios a ella”, ha precisado el presidente, quien ha agregado que “privatización” es lo que ocurre en Madrid, “que está desguazando la universidad pública”. 

Como ejemplo del compromiso del Gobierno de Asturias con la Universidad de Oviedo ha citado los tres centros de I+D+i que se pondrán en marcha este año junto con la institución académica y que estarán vinculados al cáncer, el origen de la vida y la investigación espacial.

El Gobierno asturiano, que preside el socialista Adrián Barbón, se amplía con dos nuevas viceconsejerías cuyos cargos serán desempeñados por dos mujeres que actualmente están al frente de sendas direcciones generales. La directora general de la Vicepresidencia, Luisa Fernanda del Valle, pasará a asumir la Viceconsejería de Coordinación de Gobierno y la actual directora general de Presupuestos y Finanzas, Mar García Salgado, será la nueva viceconsejera de Presupuestos y Financiación Autonómica.

El Ejecutivo mantiene que este cambio no supondrá coste económico alguno, al transformar las direcciones generales en viceconsejerías. El portavoz del Gobierno, el consejero de Hacienda Guillermo Peláez, ha explicado que la razón por la que una de las viceconsejerías incluirá la denominación expresa de Financiación Autonómica responde a que este sistema supone el “70 % de los recursos” de la administración y puesto que ahora se ha abierto la posibilidad de negociar el nuevo modelo, punto en el que “no ha habido avances desde el punto de vista formal”.

Dos subdirecciones generales menos

El Consejo de Gobierno, que se reunió este lunes en la sede de la Autoridad Portuaria de Gijón, ha acordado eliminar dos subdirecciones generales recogidas en el organigrama inicial de la Consejería de Hacienda: la de Presupuestos y la de Finanzas, que no han sido cubiertas. Además, se crea una misma nueva dirección general en el mismo departamento, la de Finanzas y Política Tributaria, que ocupará Sergio Cantero.

El Gobierno asturiano ha argumentado que estos cambios no suponen un coste mayor, puesto que el ahorro que implica la amortización de las dos subdirecciones generales recogidas en el organigrama de Hacienda permitirá financiar la transformación de las dos direcciones generales en viceconsejerías.

Sin gasto adicional

“Los nuevos nombramientos no implican ningún gasto adicional”, ratifican desde el Gobierno regional.

Aunque todos estos cambios han sido anunciados hoy, se aprobarán definitivamente en una próxima reunión del Consejo de Gobierno.

Sin unanimidad de los socios de gobierno de PSOE e IU-Convocatoria por Asturias, el Gobierno de Asturias ha facilitado este lunes la implantación de la multinacional Costco Wholesale Spain en el parque empresarial de Bobes, en el concejo de Siero, al dar su visto bueno a la declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), un requisito que permitirá agilizar los trámites y usar suelo industrial.

La multinacional de los hipermercados prevé una inversión de 45 millones de euros y proyecta crear 170 empleos en un plazo de tres años.

Decisión colegiada

El Consejo de Gobierno se ha reunido este lunes en la sede de la Autoridad Portuaria de Gijón. A su término, el portavoz y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha ofrecido una rueda de prensa donde ha restado importancia a la división entre los socios.

“Lo importante es que el Gobierno sea unitario y tenga unidad”, ha asegurado Peláez.

PSOE a favor, IU en contra

El portavoz del Gobierno reconoce que lo más relevante es que, aunque se trate de dos partidos diferentes, haya consenso en las decisiones: “Cada uno que se pronuncie en el sentido que considere, pero la decisión colegiada es la declaración de interés estratégico del proyecto y, por tanto, el Gobierno ya ha decidido”, ha afirmado.

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', siempre se había mostrado proclive a la implantación de la multinacional en el concejo, ante las expectativas de inversión que presentaba, incluso cuando se acrecentaron las críticas sobre el posible daño que iba a ocasionar al pequeño comercio. Uno de los más reacios a su llegada a Asturias fue precisamente el consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico, de IU-Convocatoria por Asturias.

Controvertida declaración de PIER

Este lunes, Zapico asistía al Consejo de Gobierno y votaba en contra de esta decisión, lo que no impidió que se diera luz verde a la declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER).

Este requisito era el que, a priori, resultaba más difícil de cumplir, ya que las directrices de Comercio en Asturias limitaban la apertura de comercios de más de 2.500 metros cuadrados en polígonos industriales.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo y presidente de la Agencia Sekuens, Borja Sánchez, ha despejado hoy las posibles dudas que podrían plantearse al sostener que Costco cumple “los criterios mínimos” establecidos en la Ley de Proyectos Estratégicos.

Una aprobación “con condiciones”

El Ejecutivo autonómico ha puntualizado que esta aprobación de PIER se realiza “con condiciones” para la superficie comercial prevista por la sociedad Costco Wholesale Spain en el parque empresarial de Bobes, en Siero, en una decisión adoptada tras recibir los informes técnicos favorables de la Agencia Sekuens.

La calificación de PIER, la primera que sale adelante tras la aprobación de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, que regula este tipo de proyectos, está condicionada al estricto cumplimiento de una serie de obligaciones por parte de la empresa promotora en cuatro ámbitos: desarrollo de la inversión y plazos; empleo de calidad; compromiso social y territorial y seguimiento y control.

La inversión directa mínima será de 45 millones y deberá materializarse en un plazo inferior a dos años desde que la empresa obtenga todos los permisos para iniciar la actividad

Inversión y plazos

La inversión directa mínima será de 45 millones y deberá materializarse en un plazo inferior a dos años desde que la empresa obtenga todos los permisos para iniciar la actividad.

Costco deberá depositar una garantía de 300.000 euros en los siguientes cinco días hábiles a la notificación del acuerdo del Consejo de Gobierno.

Durante los tres primeros años, la plantilla deberá estar formada, como mínimo, por 170 personas. En los tres ejercicios siguientes tendrá que aumentar hasta alcanzar los 260 puestos de trabajo

Empleo de calidad

Durante los tres primeros años, la plantilla deberá estar formada, como mínimo, por 170 personas. En los tres ejercicios siguientes tendrá que aumentar hasta alcanzar los 260 puestos de trabajo.

Además, al menos el 87% de los contratos deberán ser indefinidos, Igualmente, la plantilla ha de mantener un criterio de paridad entre hombres y mujeres, así como reservar un mínimo del 2% de los puestos para personas con discapacidad.

Costco deberá diseñar con los organismos autonómicos de formación profesional las acciones oportunas para facilitar la contratación de personal.

La compañía promotora deberá cerrar acuerdos con productores locales y evaluar la incorporación de productos asturianos en sus marcas propias

Compromiso social y territorial

La compañía promotora deberá cerrar acuerdos con productores locales y evaluar la incorporación de productos asturianos en sus marcas propias.

También deberá colaborar con entidades sin ánimo de lucro para la gestión de donaciones diarias.

Club privado

Costco deberá remitir a la Agencia Sekuens una actualización trimestral sobre los avances del proyecto y facilitar un informe anual de la contratación y de su mantenimiento durante un período de tres años.

La multinacional Costco cuenta con cerca de 900 establecimientos en 14 países, cinco de ellos en España, y proyecta construir una nueva superficie comercial en Siero. La empresa opera como un club privado de compras, es decir, solo permite la adquisición de productos a las personas que sean socias y abonen una cuota anual.

El consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos , Ovidio Zapico, ha advertido este jueves de que, ante la actual coyuntura política a nivel nacional e internacional, el Gobierno de coalición en Asturias debe continuar “hasta mayo de 2031” y que su labor no termine en 2027, un año en el que las elecciones autonómicas para esa fecha deben ser “una estación intermedia” para el Ejecutivo.

En una entrevista en TPA, Zapico ha señalado que el acuerdo de gobierno goza de “buena salud” y ha dado estabilidad a Asturias frente a lo ocurrido en otras comunidades con ejecutivos de PP y Vox para impulsar “medidas interesantes” para la comunidad que deberían tener continuidad en la próxima legislatura.

La apuesta por la democracia

A su juicio, lo que está en juego ahora es apostar “por la democracia o por el autoritarismo” y en Asturias se corre el riesgo de tener “a personas como (Javier) Jové o (Gonzalo) Centeno -diputados de Vox- sentados en el Consejo de Gobierno”, por lo que ha pedido tomar ejemplo de Portugal donde liberales o demócrata-cristianos piden el voto para el candidato de la izquierda para evitar que llegue al poder la ultraderecha.

En esa coyuntura, el también coordinador general de IU-Asturias ha pedido al conjunto de la izquierda, incluido el PSOE, una reflexión de cara a las próximas elecciones autonómicas, sin concretar si se refería explícitamente a conformar una coalición, sobre qué hacer en las circunscripciones electorales de oriente y occidente “donde históricamente hay miles de votos de Izquierda Unida que van a la papelera”.

La posible ruptura

Respecto al funcionamiento del acuerdo de gobierno con el PSOE, Zapico ha asegurado que solo contempló la posibilidad de haber roto el pacto por parte de IU-CA en las semanas posteriores al accidente minero de Zarréu, en el concejo de Degaña, donde murieron cinco trabajadores, ante las reticencias de la parte socialista del Ejecutivo a impulsar “un giro radical” en “las políticas y las conductas” en la Consejería de Industria, un “cambio estructural” que finalmente se produjo.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no oculta su querencia por el Principado. De ascendencia asturiana por parte de sus abuelos, dice que a sus colaboradores en el Ministerio les ha dicho que “todo lo que venga de Asturias, adelante” y hasta la capital asturiana ha llegado este viernes, emocionada, para recoger la medalla de oro que le ha concedido la Cámara de Comercio de Oviedo y cuya entrega tuvo que retrasarse a consecuencia de la DANA de Valencia.

En su visita a Oviedo, la ministra ha realizado declaraciones en clave nacional y regional. Ha asegurado que el refuerzo de la inversión en defensa “ha venido para quedarse” porque considera que es necesario para garantizar “la paz, la libertad, la seguridad y la democracia” ante los ataques que está sufriendo el orden jurídico internacional.

Trabajar por la paz

Robles considera que incrementar el esfuerzo inversor de España, reflejado en el compromiso de alcanzar este año una inversión del 2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en defensa, es una necesidad en un mundo en el que es necesario trabajar por la paz como demuestran las situaciones que se viven en Ucrania o Gaza.

En clave regional, la titular de Defensa ha destacado la relevancia de los grandes programas que se están desarrollando en Asturias, como el 8x8 o el Pizarro.

Los proyectos en Asturias

La ministra ha hecho hincapié en que dentro de ese desarrollo de la industria armamentística debe tener uno de sus principales pilares en Asturias gracias a la presencia de empresas como Santa Bárbara a través de su fábrica de Trubia (Oviedo) o la más reciente implantación de la compañía Indra tras la adquisición de una planta de Duro Felguera en Gijón, el Tallerón, para fabricar y ensamblar vehículos blindados.

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha resaltado el importante papel que tuvo la ministra en las negociaciones sobre el futuro de las instalaciones de La Vega, lo que derivó en la firma de un convenio entre las tres administraciones -central, autonómica y municipal- para transformar 127.000 metros cuadrados de superficie en un polo cultural, biotecnológico y residencial.

El compromiso “real y sostenido”

Por su parte, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido la necesidad de que se imponga “la sensatez y el interés de Estado” para que todos los proyectos ligados con el sector de la defensa que está previsto que se desplieguen en Asturias “lleguen a buen término más pronto que tarde”.

Barbón ha tenido palabras de elogio hacia la ministra, de la que ha destacado su “compromiso real y sostenido” con Asturias, así como su dedicación a esta tierra que, según sostiene, “se percibe y se agradece a nivel institucional, empresarial y social”.

“Has sido clave para dar un paso que abre la puerta al gran Oviedo del siglo XXI”, ha dicho el presidente dirigiéndose a la ministra para alabar su gestión que se ha materializado en la firma del convenio para la ordenación urbanística de los terrenos de La Vega y ha recalcado la necesidad de avanzar con diligencia en este proyecto: “La rapidez no es un capricho, es imprescindible para ganar credibilidad”.

Barbón ha destacado asimismo el impulso que la ministra ha dado a la presencia y actividad del Ministerio de Defensa en la comunidad autónoma.

Una referencia internacional

“Si hoy Asturias puede convertirse en una referencia internacional en la industria de defensa es, en buena medida, gracias a tus decisiones”, ha afirmado el presidente, que ha recordado que la comunidad reúne condiciones idóneas para atraer proyectos estratégicos vinculados con este sector capaces de crear empleo y riqueza.

El presidente ha agradecido la implicación de la ministra en actos significativos para el Principado, como la inauguración de la sede permanente de Asturias en Madrid. En este sentido, ha destacado su “generosidad, complicidad y excelente disposición para colaborar en todo lo que proponemos desde Asturias”, y ha recordado que su vínculo con la comunidad “no es de boquilla, sino de corazón y conciencia”.

El Gobierno de Asturias ha dejado claro que no asumirá el modelo de financiación autonómica propuesto por el Ministerio de Hacienda y ha advertido de que votará en contra si se mantiene en sus actuales términos, al considerar que perjudica a comunidades envejecidas como el Principado.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha apelado este viernes a la “diplomacia vaticana” y a la “discreción” para abrir una negociación con el Gobierno central que prevé “durísima” y que afrontará con voluntad de diálogo, aunque sin garantías de acuerdo. En su primera comparecencia ante los medios desde que Hacienda presentó la propuesta, Barbón ha señalado que el planteamiento es “inaceptable” para Asturias.

Una cuestión coyuntural

El jefe del Ejecutivo asturiano ha explicado que su silencio inicial respondió a la necesidad de que los técnicos del Principado analizasen el documento y a que se pronunciase la Comisión Ejecutiva de la FSA-PSOE. Superado ese proceso, ha asegurado que Asturias no puede respaldar un modelo que no refleja adecuadamente el envejecimiento de la población, un factor clave para la comunidad.

Según ha detallado, si el índice medio de financiación es cien, Asturias estaba en 108 con la entrada en vigor del actual modelo en 2009 y pasaría ahora a 101. Con la propuesta planteada por Hacienda, el Principado caería hasta el 95 debido a su menor crecimiento poblacional. Barbón ha reclamado claridad en el debate y ha señalado que las comunidades más beneficiadas serían, por este orden, Valencia, Murcia, Cataluña, Baleares, Madrid y Andalucía.

El PP “sin números ni datos”

El presidente ha defendido la necesidad de abordar la negociación desde la confianza, al tiempo que ha recordado que lo que está en juego no es una cuestión coyuntural, sino un modelo de financiación que puede tener una vigencia de hasta veinte años.

Barbón ha restado importancia a las discrepancias con el Gobierno de Pedro Sánchez, pese a compartir signo político, y ha recordado que Asturias ya ha votado en contra del Ejecutivo central en otros asuntos, como la protección del lobo o el reparto del impuesto a la banca. También ha criticado al PP por presentar una propuesta alternativa “sin números ni datos”, reducida a “tres folios” y basada, a su juicio, en contradicciones. “Un modelo de financiación no puede atender todas las cosas al mismo tiempo”, ha zanjado.