El presidente del Principado y líder de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, ha defendido este jueves que el PSOE es una organización “limpia y digna” pese a que haya algunos dirigentes que “no son dignos de militar en el partido ni de lo que significa ser socialista” y por ello han sido expulsados al verse envueltos en casos judiciales.

Barbón se ha expresado en estos términos en el pleno de la Junta General al ser preguntado por la presidenta de Vox Asturias, Carolina López, por las investigaciones judiciales que afectan al PSOE.

“El PSOE no son 'X dirigentes'”

El jefe del Ejecutivo asturiano ha dicho que “el PSOE no son 'X dirigentes'”, sino “millones de votantes y miles y miles de militantes que en sus 147 años de historia han conformado esta organización, que es limpia y digna”.

Barbón, quien se ha declarado “un orgulloso militante socialista” que siempre va a defender a esa militancia “que da la cara en las buenas y en las malas”, ha remarcado que su “postura de tolerancia cero contra la corrupción es total, absoluta y radical”.

Tolerancia cero

Tras insistir en que tiene “tolerancia cero contra la corrupción, contra los corruptos y contra aquellos que corrompen la política”, Barbón ha dicho que también tiene la misma tolerancia cero contra quienes niegan los crímenes machistas, quienes son racistas y xenófobos, los que critican al colectivo LGTBI y sus derechos o contra los que quieren involucionar.

La portavoz de Vox le ha respondido que “involución son los 147 años que lleva el PSOE enterrado en toneladas de corrupción, clientelismo y escándalos permanentes”, y ha afirmado que el manual socialista frente a la corrupción pasa por “negarlo todo” en un primer momento para después “victimizarse” y por último fingir “sorpresa”.

La réplica de Vox

López ha dicho que mientras los socialistas hablaban de feminismo apareció el caso Ábalos, mientras hablaban de transparencia surgió la trama Koldo, y cuando lo hacían de regeneración democrática “aparecían mordidas, comisiones y adjudicaciones bajo sospecha”.

La diputada ha añadido que “mientras Pedro Sánchez presume del Gobierno más limpio de la democracia, la Guardia Civil investiga a cargos socialistas de continuo”.

Rodríguez Zapatero

La presidenta de Vox Asturias ha cuestionado que el PSOE defienda a José Luis Rodríguez Zapatero como el mejor presidente que ha tenido el país, cuando es “el mejor en llevárselo crudo” y se ha convertido en el primer expresidente imputado.

López, quien ha afirmado que “millones de españoles sienten que la corrupción forma parte del ADN del Partido Socialista, ha criticado que el PSOE que no pare de dar ”lecciones de ética y superioridad moral“, y solo reconozca la presunción de inocencia para los socialistas y que para los demás haga un ”linchamiento previo“.

Los casos en Asturias

La dirigente de Vox, quien también se ha referido a casos judiciales que han afectado al PSOE en Asturias como el Caso Marea o la condena al exlíder del SOMA José Ángel Fernández Villa por apropiación, ha dicho que el Partido Socialista ha constituido “una organización criminal jerarquizada” par utilizar el poder para enriquecerse.

Barbón le ha replicado que él defiende el derecho fundamental de la presunción de inocencia para todo el mundo y ha retado a López a decirle una sola ocasión en la que no la haya respetado.

El “campañón” de ZP

Además, ha remarcado que a Rodríguez Zapatero no se le investiga por su gestión como presidente del Gobierno y ha vuelto a poner en valor su papel en la campaña electoral de 2023, cuando hizo “un campañón en toda España” que permitió al PSOE cerrar la brecha que le separaba del PP en las encuestas.

Previamente a este debate, el presidente del PP, Álvaro Queipo, también aprovechó su pregunta a Barbón sobre los servicios públicos para referirse a las investigaciones judiciales abiertas en torno al PSOE.

Queipo ha advertido de que “cada semana que pasa” hay “una nueva investigación de su partido, de algunos dirigentes o de su entorno” sin que haya habido “una palabra de condena” por parte de Barbón.

Las tres comunidades autónomas que configuran el Noroeste español (Asturias, Castilla y León y Galicia) han constatado este martes que mantienen sus criterios comunes sobre cuestiones como la reforma de la financiación autonómica o la exigencia de suprimir los peajes aún existentes en el único ámbito territorial que obligatoriamente debe pagar para llegar por carretera a Madrid.

Esta circunstancia se ha puesto de manifiesto durante el debate que han mantenido durante la segunda edición del 'Foro del Noroeste. Construyendo puentes. Creando futuro', organizado por el Grupo Prensa Ibérica, los presidentes de Asturias, Castilla y León y Galicia, el socialista Adrián Barbón y los populares Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Rueda, respectivamente.

La Declaración de Santiago, vigente

Desde una “muy buena” sintonía personal y con una voluntad de colaboración que mostrar a una sociedad “cansada de polarización” pese a sus diferencias políticas, los tres presidentes han ratificado la vigencia de la Declaración de Santiago suscrita en 2021 por ocho comunidades de distinto signo para un pacto multilateral sobre una financiación que garantice el coste real de la prestación de los servicios en cada territorio.

Para Fernández Mañueco, cinco años después ese pacto sellado por cinco presidentes socialistas, dos populares y uno del PRC, sigue “absolutamente vigente” y, en la misma línea, Rueda ha garantizado que las tres comunidades sigue defendiendo “lo mismo” aunque haya habido cambios políticos, mientras Barbón ha garantizado su respaldo sin fisuras al compromiso sellado hace cinco años en la capital gallega.

Mayor velocidad al Corredor Atlántico

Además, han coincido en reivindicar la necesidad de que el Gobierno central impulse a mayor velocidad el Corredor Atlántico -“sin compararnos con nadie”, según Mañueco- y en el que está faltando “voluntad política” para su desarrollo a juicio de Rueda, mientras Barbón ha reclamado un equilibrio inversor con el del Mediterráneo y la garantía de que lo que se refleje en los presupuestos “se tienen que ejecutar”.

En el ámbito de las infraestructuras, las tres comunidades forman además, según Barbón, “un frente para exigir lo que es justo” en relación con los peajes en las autopistas AP-9 en Galicia y la AP-66, principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta, después de que se prolongase la concesión de ambas hasta 2050, una decisión cuya legalidad ha sido cuestionada desde la Comisión Europea.

Los controvertidos peajes

El presidente de Castilla y León ha respaldado una acción coordinada ante los tribunales para eliminar unos pagos por el uso de esas infraestructuras que perjudican la competitividad de los territorios afectados y al que, ha recordado, se añade en su caso el peaje “interno” existente entre León y Astorga.

Su homólogo gallego ha lamentado, por su parte, que el Gobierno español ni siquiera haya hecho públicos los criterios trasladados a la Comisión Europea para cuestionar el informe en el que advertía de la ilegalidad de la prórroga de los peajes de la AP-66 y de la AP-9 en la que, ha advertido, “es más caro mantener la concesión hasta el final que rescatarla”. 

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este viernes, que aunque no busca polemizar con nadie, siempre responderá ante ataques, burlas o mentiras como la que considera que hizo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al comparar los viajes que ambos hicieron en fechas recientes a México.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se mofó del viaje de Barbón a México en la Asamblea de Madrid y en una emisora de radio al señalar que las inversiones del país azteca en Asturias “pueden equivaler a lo que se toma un mexicano en tres días en Madrid”.

Para Barbón, las palabras de Ayuso no solo son una “burla y un ataque” con las que “falta a la verdad”, son también un “insulto a los asturianos” ante el que no puede quedarse callado porque su obligación es defender a Asturias.

Tras preguntarse “qué necesidad tiene esta presidenta de estar pegándose con todo el mundo”, Barbón ha señalado que, al igual que Asturias, muchas comunidades están hartas de que desde Madrid se las minusvalore, se burlen y no se las respete.

“Llegó el momento de decir ¡Ya vale!”, ha subrayado Barbón en unas declaraciones a los medios de comunicación en las que ha incidido en que si él no dijo nada del viaje de Ayuso a México, “quién es ella para atacar las inversiones mexicanas en Asturias”.

Para Barbón, la presidenta madrileña tiene “cierta obsesión con Asturias”, como se vio durante la gestión de la pandemia de covid, obsesión que, a su juicio, se refleja ahora en la comparación que los medios mexicanos hicieron de ambas visitas porque dicen que el jefe del Ejecutivo asturiano “sí supo estar a la altura” con una delegación económica, institucional y empresarial con la que defender los intereses de su tierra y obtener inversiones.

“Yo no generé ningún conflicto ni polémicas y, en esa comparación, es lo que la molestó”, ha afirmado Barbón, que ha insistido en que lo único que pide es “respeto” para una “tierra que se siente orgullosa de su historia e identidad” que “no es colonia de nadie” y que se ha visto insultada con “una burla, que además es una mentira”.

Críticas del PP asturiano

El líder del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha acusado este viernes al presidente del Principado, Adrián Barbón, de intentar “desviar la atención” sobre su gestión con un conflicto “inventado y totalmente artificial” con su homóloga de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “para no tener que hablar de lo que preocupa en Asturias y que sabe que no quiere hablar”.

En declaraciones a los periodistas, el dirigente popular ha considerado que, ante esas afirmaciones, el jefe del Ejecutivo asturiano recurre “a lo que hace de forma permanente” para evitar hablar de los conflictos que tiene en Asturias y no está resolviendo, y se ha preguntado si no tenía “mejor ocurrencia” que “inventarse” un conflicto con Ayuso en el que ha encontrado “la excusa perfecta” para no hablar de ellos.

Según Queipo, el jefe del Ejecutivo “se dedica a Twiter” para hablar de un conflicto “artificial” en lugar de hacerlo de las responsabilidades políticas que debería asumir su gobierno por los accidentes mineros registrados en mina de Cerredo en los últimos años en los que fallecieron seis trabajadores.

El presidente del PP asturiano ha hecho estas afirmaciones tras visitar los monumentos prerrománicos del monte Naranco junto al vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, que, por su parte, ha considerado que lo “impertinente” no son las afirmaciones de Ayuso sino que Barbón, en vez de enfrentarse a los problemas, “intente levantar cortinas de humo” criticando la gestión de su homóloga madrileña.

“¿Por qué en vez de solamente preocuparse de un viaje a México no la imita bajando impuestos?”, se ha preguntado De los Santos, que, respondiendo a las afirmaciones de Barbón, ha asegurado que él también es “hijo de obreros” y también está “muy bien educado” desde casa, donde al presidente asturiano no le transmitieron o no fue capaz de aprender a no justificar a un partido “atravesado por la corrupción”. 

El presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha 'estallado' al escuchar las comparaciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha realizado sobre el viaje que la delegación comercial asturiana, que él encabezaba, emprendió a México el pasado mes de abril coincidiendo en el margen temporal con el que ella hizo y tuvo que anular precipitadamente ante las acusaciones infundadas sobre el supuesto boicot del que dijo que se sentía víctima.

El máximo responsable del Ejecutivo autonómico asturiano ha sido muy explícito en su mensaje de respuesta a las declaraciones de la dirigente popular, a la que ni siquiera nombra y de la que se muestra muy distanciado no solo por el contenido ofensivo de las manifestaciones vertidas contra él y la comunidad autónoma sino incluso en lo que se refiere a la educación.

La locuacidad de la presidenta

La presidenta madrileña se acordó de Asturias y del presidente Adrián Barbón el pasado jueves cuando, en una entrevista que mantenía con la emisora EsRadio, reiteraba sus acusaciones de promover “un boicot” a su viaje a México desde el Gobierno de Pedro Sánchez y atribuía a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el haber seguido sus instrucciones al recibir “una orden desde España para reventar” su visita.

A partir de ese momento, la sucesión de comentarios ofensivos hacia Barbón y las inversiones de Asturias fue constante.

Las críticas

“Hizo el mismo viaje que yo -en alusión al presidente asturiano-, casi nos cruzamos en el aeropuerto, cuando las inversiones en Asturias pueden equivaler a lo que se toma un mexicano en tres días en Madrid. ¿Alguien se imaginan que le hacen esto? ¿Qué diría el Gobierno?”, interpeló Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña sostuvo en esa entrevista que tuvo que acortar su viaje por motivos de seguridad, mientras reiteraba sus críticas a México, al que sigue definiendo como un “narcoestado donde la vida está muy comprometida”.

La réplica del presidente asturiano

Adrián Barbón no solo no ha pasado por alto estas manifestaciones, sino que, como suele ser habitual en él, sus opiniones las expresa no solo en ruedas de prensa o discursos oficiales, sino que también las expone en su perfil de redes sociales. En esta ocasión no ha sido una excepción. A continuación reproducimos su post en X.

En este post, se puede apreciar claramente el enfado del presidente asturiano. Su mensaje concluye con una frase muy directa: “Como decimos en Asturias 'ándate por lo segao' y déjanos en paz, que el pueblo asturiano es un pueblo humilde, honesto y trabajador, pero a orgulloso de su historia e identidad no nos gana nadie”.

Los trabajadores de Mina Miura han resistido la lluvia, la humedad, el frío y el cansancio que les ha llevado durante seis días a protagonizar una marcha por las carreteras del suroccidente asturiano hasta llegar este miércoles a Oviedo/Uviéu para decir alto y claro que siguen reclamando las 12 nóminas que el empresario Fernando Martínez Blanco les adeuda y defender el mantenimiento del empleo en la comarca.

Los mineros apenas tuvieron tiempo para descansar y recuperar fuerzas tras el encierro que protagonizaron, a 300 metros de profundidad, durante 15 días, para reclamar el cobro pendiente de los salarios y exigir estabilidad laboral y soluciones que permitan garantizar el futuro de la actividad minera. Nada más abandonar la explotación, decidieron que no podían quedarse en sus casas a esperar que el empresario diera señales de vida y les ofreciera una salida a esta situación.

Del encierro a la marcha minera

Dicho y hecho. Del encierro en la mina se pasó a analizar las siguientes movilizaciones y optaron por realizar una marcha minera desde Tormaleo, en el concejo de Ibias, hasta la capital asturiana, con la meta fijada en la sede de la Junta General del Principado.

Los 160 kilómetros que separan ambas localidades los distribuyeron en seis etapas, que culminaron hoy a las 13.30 horas cuando llegaron a la calle Uría de Oviedo/Uviéu. Durante su recorrido no han estado solos y han recogido las muestras de solidaridad de familiares, amigos, vecinos, representantes políticos y sindicales tanto de Asturias como de León.

La marcha iba encabezada por los mineros que protagonizaron el encierro, quienes portaban una pancarta bajo el eslogan 'De Mina Miura a a Junta General. Mineros en lucha por el empleo en la comarca' con una foto donde sobreimpresionada llevaba la frase 12 nóminas robadas y las siglas del sindicato UGT-SOMA-FITAG que ha estado a su lado en todas las acciones de protesta emprendidas.

El apoyo de la calle

La llegada de los mineros a Oviedo/Uviéu ha sido seguida con gran expectación a su llegada a la calle Uría, donde fueron saludados por numerosos vecinos y vecinas que les mostraron su apoyo.

Además de los representantes de los grupos parlamentarios asturianos, con los que se reunieron previamente al encuentro que mantuvieron con el presidente asturiano, los mineros también han estado respaldados por dirigentes del PSOE de León.

A su llegada a la sede del Parlamento asturiano, han sido recibidos por el presidente de este institución, Juan Cofiño, y representantes de todos los grupos políticos, con los que han mantenido una reunión.

Respeto al trabajo de los mineros

Seguidamente, el portavoz de los mineros José María Pérez, ha leído un manifiesto donde dejaba constancia de que los trabajadores no llegaban a “la casa de todos los asturianos a pedir favores”.

“Venimos a exigir el cumplimiento de la ley, política para las personas y el respeto a nuestro trabajo”, dijo.

Supervivencia de las cuencas mineras

Con este testimonio reflejaba, según sus propias palabras, “la lucha por la supervivencia de las cuencas mineras”.

Las críticas al empresario “a la fuga”, como lo denominaron días atrás por la falta de contacto con ellos y las reiteradas promesas incumplidas, no se hicieron esperar.

La “impunidad” empresarial

Además de solicitar garantías de futuro para los mineros, reclaman que se impida que “los vacíos legales o la mala gestión empresarial recaigan, una vez mas, sobre las espaldas de la clase obrera” y denunciaron “la desesperación de vivir sin salarios”.

Los mineros han denunciado la “impunidad empresarial” y la actitud de una patronal que “ignora responsabilidades legales, reteniendo las nóminas devengadas, condenándoles a la precariedad” y “burlándose de la administración pública”.

Solidaridad asturiana y leonesa

Los socialistas leoneses, que acompañaron a los mineros en su marcha a la capital asturiana, recordaron que una parte muy importante de los trabajadores de las explotaciones mineras asturianas en activo procede de la provincia leonesa, lo que convierte este conflicto “en una cuestión de enorme impacto social y económico para las cuencas mineras leonesas”.

Entre otros dirigentes se encontraban la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y procuradora leonesa, Nuria Rubio, quien señaló que “esta marcha refleja la desesperación y el cansancio de unos trabajadores que llevan demasiado tiempo esperando respuestas”.

Estabilidad, seguridad y soluciones

“Estamos hablando de familias que necesitan estabilidad, seguridad y soluciones reales para poder seguir adelante”, ha afirmado.

Nuria Rubio ha destacado además el esfuerzo realizado por los mineros durante estos días de movilización y ha insistido en que “las administraciones no pueden mirar hacia otro lado ante una situación que afecta de lleno a las cuencas mineras y a comarcas que han dado tanto a esta tierra”.

La dignidad de los mineros

Por su parte, el alcalde de Villablino y procurador socialista, Mario Rivas, ha subrayado que “los mineros han vuelto a demostrar una enorme dignidad defendiendo sus derechos y el futuro de sus familias”.

“No están reclamando privilegios, están reclamando poder trabajar y cobrar por su trabajo”, ha resaltado.

La vinculación

Mario Rivas ha destacado igualmente la estrecha vinculación histórica entre las cuencas leonesas y la minería asturiana, y ha recalcado que “cuando se pone en riesgo el empleo minero, se pone en riesgo la estabilidad de muchos municipios de León que todavía dependen de esta actividad”.

La situación laboral

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, acompañó a los mineros hasta la sala donde se reunieron con el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, y miembros de su gabinete.

En el encuentro, los trabajadores expusieron su delicada situación laboral y defendieron la necesidad del mantenimiento de los puestos de trabajo.

La mediación del Principado

El objetivo de los mineros era pedir al Gobierno del Principado que realice una labor de mediación en el conflicto laboral que mantienen con el empresario de cara a agotar “todas las vías administrativas y legales contra el incumplimiento empresarial”.

Los mineros han advertido sobre el “abandono” del suroccidente asturiano, “donde cada empleo minero perdido es un clavo más en el ataúd” de los pueblos y han insistido en “soluciones efectivas” puesto que “no basta con palabras de apoyo” y se precisan “acciones políticas y jurídicas contundentes que obliguen al empresario a cumplir”.

“No venimos a pedir favores”

“Los mineros y las personas que hoy estamos aquí, somos herederos de una tradición de lucha que nunca se ha rendido. Si el empresario no paga, la administración no puede ser cómplice con su silencio o inacción. No venimos a pedir favores, venimos a exigir el cumplimiento de la ley”, han defendido.

Los cuatro trabajadores han agradecido a los alcaldes y vecinos de los municipios recorridos en los seis días de marcha a pie “sus muestras de cariño, el plato de comida caliente y las puertas abiertas”. Ahora falta que el Principado medie y el empresario responda.

 El Consejo de Gobierno del Principado aprobará en su reunión del próximo lunes la recuperación del Servicio de Seguridad Minera suprimido en 2019 a través de un decreto que regulará la estructura de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, que dará marcha atrás a la fusión de servicios realizada poco después de la formación del primer Ejecutivo de Adrián Barbón.

Esta decisión, que convertirá a Asturias en la única comunidad autónoma en disponer de dicho servicio y que figuraba entre las recomendaciones del informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente minero de Zarréu, en el que fallecieron cinco trabajadores, el 31 de marzo de 2025, ha sido anunciada este miércoles por Barbón durante el turno de preguntas al presidente en el pleno de la Junta General del Principado.

Las responsabilidades

Las preguntas hacían referencia a la asunción de responsabilidades en el gobierno regional por el siniestro y al borrador de dictamen de la comisión de investigación sobre el accidente y habían sido formuladas por el portavoz del PP, Álvaro Queipo, quien ha advertido a Barbón de que su legado será el de un presidente “que falló a Asturias” y que “mintió y encubrió a los responsables para protegerse a sí mismo”, y por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que preside ese órgano parlamentario.

Uso partidista

Tomé ha reprochado a Barbón la reacción de su partido al contenido de su propuesta de dictamen, que atribuye responsabilidades a cuatro altos cargos de sus gobiernos y a tres funcionarios, y ha defendido la inclusión de nombres -“no solo de los empresarios, que son terroristas patronales”- como una exigencia de la sociedad a un parlamento del que espera “firmeza y claridad” para esclarecer lo ocurrido.

En sus respuestas, Barbón ha acusado al líder del PP de caer “en lo más rastrero” al utilizar la muerte de personas para hacer política sin que le interese hablar las víctimas ni llegar hasta el final sino únicamente “los votos” al estar más preocupado por subir un punto en las encuestas que en conseguir que se haga justicia.

“Más allá de las recomendaciones”

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que su gobierno ha ido más allá de las recomendaciones que figuraban en el informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente pese a la “cacería electoral” organizada por un PP cuyo líder es “incapaz de ponerse en el lugar de las familias de las víctimas” y de condenar explícitamente la actuación de la empresa que explotaba el yacimiento.

Para Queipo, la actitud de Barbón no es solo “políticamente cobarde” si no injusta con las víctimas y será recordado por una negligencia que permitió que el accidente ocurriera y por una respuesta “que no supo estar a la altura” al renunciar a asumir responsabilidades, mentir y encubrir a los responsables “para protegerse”.

Qué, quién y por qué falló todo

“Si no se reconoce qué fallo, ni quién fallo y por qué se falló todo va a ser humo y ustedes lo saben porque nunca se corrige lo que se niega y nunca se arregla lo que se pretende tapar”, ha subrayado el presidente del PP tras lamentar el “peligrosísimo” mensaje que lanza el Gobierno de que en Asturias “todo puede fallar y no pasa nada”.

En la misma línea ha criticado el anuncio de ayudas a fallecidos en accidentes laborales realizado por un gobierno que se contradice “a sí mismo” y se reúne “de forma clandestina” para poner en marcha compensaciones “con las que tapar su responsabilidad” y “salir del paso” que, además no llegarán a las víctimas del siniestro de 2022 en Cerredo. “No hay peor forma de hacerlo”, ha subrayado Queipo.

“El lío” de las ayudas

También la portavoz de Somos Asturies ha cuestionado el “absoluto lío” con las ayudas un gobierno que se dio “mucha prisa” en reunirse de forma opaca para emitir un informe negativo y bloquear su proposición sobre esta cuestión y ha lamentado los “aspavientos” del PSOE sobre su propuesta de dictamen.

De los empresarios, ha advertido, se encargará la justicia ordinaria que también está investigando la actuación a una compañía “pirata e insolvente” que, ha subrayado, operaba con permisos concedidos por el gobierno de Asturias y supuestamente bajo su supervisión pese que en 2022 ya se había constatado en otro accidente mortal que en el yacimiento de Cerredo se esta extrayendo carbón.

Minimizar el borrador

Barbón, por su parte, ha considerado el borrador de Tomé como “una aportación más” a la búsqueda de la verdad sobre el siniestro que incluye defectos “y errores graves” y que sitúa a los señalados como responsables al borde de imputarles el delito de homicidio imprudente pese a que, a su juicio, ni el informe de la Inspección General de Servicios ni el propio borrador aporten pruebas que atribuyan la responsabilidad de lo ocurrido a personas concretas.

“Caiga quien caiga, pero con pruebas”, ha subrayado durante su intervención.

Partido Popular (PP) y Foro Asturias respaldan la propuesta incluida en el dictamen provisional de la comisión parlamentaria que investiga el accidente en el que murieron cinco trabajadores en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, el 31 de marzo de 2025, donde considera como responsables políticos a los exconsejeros de Industria Enrique Fernández, Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz, así como al exviceconsejero Isaac Pola durante la etapa de gobierno del presidente socialista Adrián Barbón.

El grupo parlamentario popular y el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares -que propone, al igual que IU, que el Principado asuma su responsabilidad patrimonial por este siniestro- respaldan, asimismo, la responsabilidad de los funcionarios del Servicio de Minas del Principado con matices en la redacción del texto para garantizar su encaje jurídico.

Alegaciones del PP

El PP ha registrado diez aportaciones al dictamen inicial de la comisión parlamentaria, una para pedir que se creen dos grupos diferentes de responsabilidad, uno vinculado a los altos cargos y otros para los puestos administrativos para que haya una “mejor definición” y un “mejor encaje con la doctrina constitucional”, ha señalado el diputado Rafael Alonso.

Los populares excluyen al presidente del Principado, Adrián Barbón, de este listado de responsables políticos al considerar que “no es el momento”, al igual que al alcalde de Degaña, Óscar Áncares, dado que excede del ámbito competencial al que se circunscribe la comisión.

Otras de sus alegaciones tiene como objetivo que se detallen cuestiones relacionadas con la transmisión de los derechos mineros y las solvencias económicas y técnicas y pedir que se incluya una referencia a la “participación” del Idepa en las subvenciones concedidas por el Instituto de Transición Justa a Combayl y Blue Solving.

Los 'apellidos mineros' de Barbón

El PP también ha introducido alegaciones sobre los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) para pedir que se revisen aquellos que están vinculados con la extracción de carbón.

Según ha denunciado el parlamentario Luis Venta, al PSOE, con su gestión de este asunto, “se le caen las vocales de sus siglas, a Barbón se le caen sus apellidos mineros y al Gobierno se le rompen las costuras”.

Las ayudas a los familiares

En relación a las ayudas a los familiares, los populares han señalado que la idea del Gobierno de enmarcarlas en el ámbito de la siniestralidad laboral es una “vía de escape para no asumir responsabilidades políticas” y consideran que la asunción de la responsabilidad patrimonial “es una vía más dentro de las que existen” para satisfacer a las familias.

Alegaciones de Foro

Por su parte, Pumares ha dicho que comparte “plenamente” las responsabilidades que plantea el dictamen provisional si bien ha presentado una alegación para delimitar correctamente las de los funcionarios de Minas conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional sobre comisiones de investigación.

Entre sus siete alegaciones, Pumares ha defendido, además, que el Principado admita la existencia de una responsabilidad patrimonial, dado que así sería “más fácil canalizar” las ayudas a los afectados, y que se concrete la responsabilidad política de Barbón en el desmantelamiento del Servicio de Seguridad Minera tras el decreto de 2019.

El diputado de Foro ha insistido en sus aportaciones en que el siniestro “no se habría producido” sin la “arquitectura jurídica impulsada” por el Principado “que buscaba esquivar la legislación restrictiva sobre la extracción de carbón”.

Diferencias entre PSOE e IU

El grupo parlamentario del PSOE no ha registrado alegaciones al texto al considerar que no se puede corregir con aportaciones “puntuales” un documento “con errores estructurales de base” y que “reconoce responsabilidades políticas que en, ningún momento, se fundamentan en argumentos sólidos”.

“No fundamenta sus conclusiones con profundidad ni un análisis detallado”, ha dicho la portavoz, Dolores Carcedo, quien ha avanzado que si el documento se mantiene con estas conclusiones su partido votará en contra.

El acuerdo de investidura

Carcedo ha admitido que el PSOE “no comparte ni el fondo ni la forma” de los planteamientos de IU en relación a este asunto en el que cuentan con diferencias, si bien ha insistido en que ambos partidos están centrados en desarrollar el acuerdo de investidura.

Desde Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas ha defendido que las ayudas planteadas por el Principado a los fallecidos por accidentes laborales se tramiten con un proyecto de ley e incluyan al herido en el siniestro de Cerredo de 2022, tras apuntar que estas subvenciones no eximen al Principado de su “responsabilidad patrimonial” en el accidente. 

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, siempre ha ensalzado su amistad con el expresidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y los ataques que éste ha empezado a sufrir por parte de los 'haters' en redes sociales por su posicionamiento a favor de que “León debería haber sido una comunidad autónoma uniprovincial” le han dolido tanto como si los hubiera sufrido en carne propia. Por ello, ante lo que considera “ataques insultantes, fuera de lugar y una absoluta falta de respeto” ha salido en su defensa para mostrarle públicamente su apoyo y condenar enérgicamente a sus autores.

Miguel Ángel Revilla y Adrián Barbón tienen en común, entre otras cosas, que dicen siempre lo que piensan y opinan aunque los temas a debate sean controvertidos o espinosos e incluso si ya de antemano saben que les va a traer consecuencias. Aún conscientes de que pueden 'lloverles más críticas' son fieles a esta forma de ser como demuestran, una vez más, también al utilizar las plataformas como altavoz para responder a los ataques.

Revilla y su visión de León

La locuacidad de Revilla se puso de manifiesto el pasado sábado, 2 de mayo, en el acto de entrega del Premio Decreta en León que le concedió la asociación homónima. En el transcurso de este homenaje, el expresidente cántabro recordó que el reparto de territorios para conformar lo que fueron las autonomías se desarrolló de una forma “bastante dictatorial”.

“No hubo manera de sacar adelante algo que era de pura lógica, como que León hubiese sido una comunidad uniprovincial como lo es Cantabria”, recalcó Revilla.

La experiencia leonesa

Una situación territorial que, como explicó, se ha “demostrado muy positiva para Cantabria”, en contraposición con la experiencia de León en unión con Castilla, que consideró que “ha sido muy negativa para esta provincia”.

Estas palabras han provocado un gran escozor en ciertos sectores que llevaron su malestar a las redes sociales y pusieron en el punto de mira al expresidente Revilla.

La respuesta de Barbón

Al enterarse, Barbón no ha tardado en reaccionar y ha salido públicamente a rechazar y condenar estos ataques a Revilla, como se reproduce a continuación en el siguiente post publicado en su perfil de la red social X.

“No hay dos Revillas”

“Como callarme cuando se ataca a un amigo no es lo mío, he leído en redes ataques a Revilla por lo que dijo sobre León y su identidad, en la entrega del premio Decreta, que me llevan a decir lo que pienso. Los ataques a Revilla me parecen insultantes, fuera de lugar y son una absoluta falta de respeto. Revilla, lo conozco muy bien, dice en público lo que defiende en privado, no hay dos Revillas”, empieza el post del presidente asturiano donde recalca que no hay doblez alguna en su amigo.

“Y lo que dice de León, lo hace porque él vivió y protagonizó la lucha de Cantabria por ser una Comunidad Autónoma uniprovincial. Por si a alguien se le olvida, a Cantabria la querían incluir -durante el proceso autonómico- en una región castellana y Revilla y un grupo de valientes, defendieron que no, que querían ser un autonomía uniprovincial, con identidad e instituciones propias”, añade.

El padre de la “autonomía cántabra”

“Y así nació Cantabria, recuperando un nombre histórico que se había perdido durante siglos. Hoy, nadie duda de la identidad de Cantabria y nadie duda, tampoco, que Revilla es el padre de la autonomía cántabra”, prosigue el presidente asturiano.

Barbón finaliza escribiendo como habla, con un mensaje directo y claro: “Así que, antes de insultar y calumniar a Revilla, un poco de respeto: por su compromiso con su tierra, por su lucha durante décadas, por situar a Cantabria y darla a conocer en toda España”, concluye.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha subrayado este martes que la misión institucional y económica que hoy finaliza “ha vuelto a reconectar los puentes entre Asturias y México” para que ambos territorios “puedan crecer de la mano”. Antes de volar hacia el aeropuerto de Santiago del Monte, ha subrayado la importancia de “tejer alianzas” para reforzar las exportaciones, buscar nuevas inversiones para la comunidad y fortalecer los lazos comerciales.

Barbón ha recordado que la última vez que un presidente asturiano visitó México fue hace más de 13 años, por lo que este viaje ha permitido robustecer los contactos con la comunidad asturiana en Ciudad de México, el empresariado de origen regional y las principales organizaciones económicas de la zona.

La delegación

Expresamente ha citado a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) o la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

En este sentido, ha valorado la misión comercial organizada por Asturex y en la que también han participado el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y el director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Sicre.

Igualmente, el presidente ha agradecido la presencia en México de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y de las cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés.

Los lazos con la emigración

Al margen de la agenda económica, Barbón también ha puesto de relieve la importancia de mantener los lazos con la emigración asturiana en el país, tanto con empresarios como Antonio Suárez o Carlos Casanueva como con descendientes de emigrantes que viven en el país y mantienen vivas la cultura y la identidad asturianas en lugares como el Ateneo Español o el Centro Asturiano.

“Ha sido una visita que lo integra todo y yo he visto mucha satisfacción por reconectar los puentes y reforzar la comunicación entre Asturias y México”, ha resumido, al tiempo que ha expresado su “gratitud infinita” por la acogida del pueblo mexicano y de la colonia regional en el país.

La exconsejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico Nieves Roqueñí ha rechazado este martes la existencia de un vínculo entre las causas del accidente de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que fallecieron cinco trabajadores, el 31 de marzo de 2025, y la “gestión política” en el departamento que dirigió hasta dos meses antes del siniestro.

En declaraciones a los periodistas, la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón ha recordado que el informe elaborado por la Inspección General de Servicios del Principado, que analizó el funcionamiento del Servicio de Minas, “no hace una vinculación entre el accidente y la gestión política” en la consejería.

“Son actuaciones a mejorar”, alega

Este informe establece una seria de “actuaciones a mejorar”, pero en ningún caso “hace una vinculación entre el accidente y la gestión política”, ha incidido la exconsejera.

Roqueñí se ha pronunciado así después de que el borrador del dictamen elaborado por la presidenta de la comisión parlamentaria de investigación del accidente minero y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, haya señalado la responsabilidad de tres exconsejeros de Industria -Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa; Nieves Roqueñí, y Belarmina Díaz, quien dimitió a los pocos días del accidente-, así como del exviceconsejero Isaac Pola, que había sido consejero en el Gobierno de Javier Fernández, y tres funcionarios.

La postura de Roqueñí coincide con la sostenida por la parte socialista del Gobierno del Principado, que considera que hasta el momento no se han establecido responsabilidades políticas por el accidente, mientras que su socio IU sí que las aprecia. 

El presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón, regresa esta semana a tierras asturianas tras culminar su viaje institucional a México, donde permaneció durante siete días al frente de una delegación comercial en busca de captación de inversiones, y uno de los primeros compromisos oficiales será acudir a sede parlamentaria mañana, miércoles, para dar explicaciones sobre las responsabilidades políticas del accidente que costó la vida a cinco mineros en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, el 31 de marzo de 2025.

Para las familias de los cinco mineros fallecidos y los cuatro trabajadores que resultaron heridos en ese accidente laboral no debe ser fácil ver cómo los políticos se “tiran los trastos” -en lenguaje coloquial-, ni que se utilice su caso como arma arrojadiza hablando de un siniestro que les ha destrozado sus vidas.

Sin unanimidad

Mientras los supervivientes de esta tragedia minera y los familiares de los fallecidos tratan de recomponer su día a día, los representantes políticos y los líderes sindicales siguen debatiendo sobre el contenido del borrador del dictamen elaborado por la Comisión de Investigación creada en la Junta General del Principado.

El contenido de este borrador fue avanzado a la prensa el pasado 21 de abril, por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, en su calidad de presidenta de la comisión de investigación. En el documento se exigía la reprobación y cese de cuatro exconsejeros y exconsejeras de Industria durante etapas de gobierno socialista y de tres altos funcionarios a los que se atribuye alguna responsabilidad por este accidente y aún no se sabe oficialmente si se convertirá en un documento no vinculante o tendrá algún efecto práctico.

El hecho de que Covadonga Tomé presentara públicamente las conclusiones de este dictamen, incluso antes de enviarlo a los grupos parlamentarios, ha sido afeado por el diputado y portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, quien ha considerado que la diputada del Grupo Mixto incurrió en “un grave error”.

Xabel Vegas y “los errores” de Tomé

En primer lugar, entre otras razones, el diputado Vegas alude al hecho de que no lo hubiera remitido primero a la comisión para su debate, presentación de enmiendas y votos particulares, y en segundo lugar porque se diera a conocer públicamente antes en una rueda de prensa a la que acudió acompañada de Laura Tuero, de Somos Asturies, lo que, bajo su prisma, podría ser interpretado como una utilización partidista.

Tomé ha replicado a las críticas de Vegas asegurando que el borrador del dictamen se remitió “en primer lugar al Grupo Socialista y al letrado de la Cámara” antes de la rueda de prensa de presentación, y el documento quedó colgado en la carpeta de la comisión para el resto de formaciones.

Una argumentación que, según el razonamiento del portavoz de Convocatoria por Asturies, supondría que si se hizo “como deferencia” en primer lugar al Grupo Socialista se podría inferir que al resto de los grupos no se les remitió por “falta de deferencia”.

Las interpelaciones

A la falta de unanimidad entre los miembros de la coalición del gobierno progresista que integran PSOE e Izquierda Unida-Convocatoria por Asturies se suma también las discrepancias en el entorno sindical, ya que tampoco los líderes de los sindicatos CCOO y UGT tienen opiniones coincidentes sobre si el Gobierno asturiano debe forzar los ceses y asumir responsabilidades políticas y cuándo es el momento más oportuno.

La Junta General del Principado celebra este miércoles una sesión plenaria centrada en el borrador de este dictamen que recoge las principales conclusiones de la comisión de investigación y el posicionamiento del Ejecutivo autonómico sobre las responsabilidades políticas en el accidente registrado en la mina de Zarréu.

¿Mintió? ¿Se arrepintió?

“¿Por qué mintió cuando dijo que llegaría hasta el final, 'caiga quien caiga' en la investigación del accidente de la mina?”. Con esta pregunta del portavoz del PP, Álvaro Queipo, arrancará esta sesión plenaria.

Su intervención dará paso a la interpelación del diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares, del grupo parlamentario de Foro Asturias. En su caso, quiere saber si Adrián Barbón “se arrepiente de haber desmantelado el Servicio de Seguridad Minera”.

¿Por qué puso un océano de por medio?

No serán las únicas intervenciones, ya que seguidamente la portavoz de Vox, Carolina López, ahondará en la herida con alusión al viaje de México incluida: “¿Cómo justifica que, en pleno escenario de crisis y con su gestión bajo cuestionamiento, haya optado por poner un océano de por medio en lugar de permanecer en Asturias dando explicaciones y asumiendo responsabilidades?”.

En ausencia de Barbón esta semana el portavoz de su equipo de gobierno, el consejero Guillermo Peláez, ha salido a defender la actuación del Ejecutivo regional.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Peláez ha afirmado este lunes que el PSOE e IU son formaciones políticas distintas que pueden tener discrepancias, en este caso en torno a un borrador de un dictamen “de parte” que ha sido elaborado por la presidenta de la comisión parlamentaria de investigación y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

En opinión de “la parte mayoritaria” del Gobierno, “no se ha puesto de manifiesto”, ha dicho, la existencia de responsabilidades políticas, “lo cual no quiere decir que se pueda poner de manifiesto” más adelante porque aún se sigue investigando.

Peláez ha admitido que el Servicio de Minas no funcionaba como debía, “pero de ahí a decir que ese funcionamiento anormal causó cinco muertes hay un paso muy grande, y ahora mismo con la información disponible no se puede asumir”, ha incidido.

Los “juicios de valor”, según el PSOE

Aunque Peláez ha salido públicamente para exponer el posicionamiento del Principado, la portavoz del Grupo Socialista en la Junta General, Dolores Carcedo, ya había cuestionado públicamente el borrador de dictamen de la comisión de investigación al manifestar que incorporaba “errores”, “juicios de valor” y no fijaba una “relación directa” entre los hechos examinados y las responsabilidades que se pretenden exigir.

“No podemos señalar, con lo que tenemos en este momento encima de la mesa, a personas concretas como corresponsables de este accidente”, llegó a decir Dolores Carcedo.

El posicionamiento sindical

Aunque habitualmente suelen estar bastante de acuerdo en materia de siniestros laborales los secretarios generales de CCOO y UGT en Asturias, José Manuel Zapico y Javier Fernández Lanero, respectivamente, en el caso del polémico tema del borrador del dictamen de la comisión de investigación sus posturas no coinciden.

Así, Zapico se muestra favorable a que se ejecuten responsabilidades políticas “de manera inmediata”, frente a la opinión de Fernández Lanero quien opina que hay que esperar a ver cómo avanzan los procedimientos judiciales y estima que las responsabilidades políticas “ya se asumieron” al cambiar “de arriba a abajo” la Consejería de Industria.

Las opiniones de Zapico y Lanero

El secretario general de CCOO tiene claro cuál debería ser el siguiente paso que tendría que dar el presidente Barbón. A su juicio, debería instar a los exconsejeros de Industria que él mismo nombró para el cargo y que actualmente desempeñan la presidencia de Hunosa y la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, respectivamente, para que dimitan.

El secretario general de UGT considera, sin embargo, que las responsabilidades políticas ya se asumieron cuando cambió la cúpula de la Consejería de Industria y se muestra más partidario de esperar a ver qué decisión adopta finalmente la administración de justicia respecto al accidente minero y culpa directamente a la empresa por sus incumplimientos.

El documento y las reprobaciones

En eldiario.es Asturias reproducimos a continuación las principales conclusiones de este borrador de dictamen de la comisión de investigación.

Junto a Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, el dictamen reprueba la actuación de la exconsejera Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Los tres exconsejeros fueron nombrados al frente de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno por el actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón.

Cargos públicos y funcionarios

El cuarto cargo político cuestionado es Isaac Pola, quien fue consejero de Industria durante la etapa como presidente del Principado del socialista Javier Fernández y posteriormente 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas.

Los tres altos funcionarios del Servicio de Minas, para quien también se solicita la reprobación en este borrador de dictamen, son los jefes de servicio Santiago Berjano y Alberto Quirino y el asesor jurídico Gonzalo Martín Morales.

A Santiago Berjano se le atribuye la validación de las actas de inspección sin cuestionar la metodología; a Alberto Quirino por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal y a Gonzalo Martín Morales como “promotor intelectual y tutelador” de los denominados PIC (Proyecto de Investigación Complementario, una figura no regulada por la Ley de Minas.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se ha desplazado a México junto a una delegación de empresarios asturianos para atraer inversiones a la comunidad autónoma.

Desde el país iberoamericano, ha destacado el carácter complementario de la industria mexicana y asturiana en sectores estratégicos, una circunstancia que asegura que puede ser provechosa para ambas partes. Con este planteamiento, el presidente del Principado ha invitado al empresariado mexicano a “ensamblar y fortalecer una relación de beneficio mutuo” que culmine en “un win win (todos ganan) de manual”.

El crecimiento industrial

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) es el principal organismo de representación de la industria de México. Sus representantes fueron los interlocutores de la misión comercial liderada por el jefe del gobierno. Barbón ha hecho hincapié en el crecimiento industrial mexicano, que“demanda proveedores solventes, flexibles y con experiencia en proyectos de gran escala y alta exigencia técnica”.

A través de una nota oficial, la delegación asturiana ha transmitido que la industria del Principado está en condiciones de responder a esa necesidad, ya que “concentra empresas líderes en ingeniería, construcción naval, metalmecánica, bienes de equipo, energía, industria auxiliar y soluciones tecnológicas para procesos productivos complejos. Lo pueden comprobar: la mejor industria española tiene nombre o apellido asturiano”, ha dicho.

Las iniciativas

“Si dos partes se necesitan y se complementan, la lógica llama a aprovechar la oportunidad”. Esa ha sido la conclusión del presidente, quien ha resaltado que muchos de los proyectos industriales de México están relacionados con la energía, las manufacturas, las infraestructuras o la logística, “ámbitos en los que Asturias cuenta con experiencia contrastada”.

Puesto que muchas de esas iniciativas están aún en fase de estudio o planificación, se abre “una ventana de oportunidad excepcional para anticiparse, generar alianzas estratégicas y entrar en cadenas de suministro con una visión de largo plazo”, ha añadido.

El encuentro ha incluido acuerdos concretos: las cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, que forman parte de la delegación asturiana, han firmado tres memorandos de entendimiento con Canacintra con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado hoy que si el PP y Vox quieren que caiga su Gobierno progresista no es solo porque saben que garantiza el estado del bienestar o lucha por acabar con las listas de espera sin privatizar, sino que porque nunca han querido saber la verdad en torno al accidente minero que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña.

“Nos quieren fuera porque ustedes nunca quisieron saber la verdad”, ha afirmado el presidente asturiano después de que los portavoces del PP, Álvaro Queipo, y Vox, Carolina López, hayan pedido su dimisión en el pleno que se celebra este miércoles en la Junta General del Principado.

El accidente minero y los fallos

Ambos lo han hecho al preguntarle sobre si piensa adoptar responsabilidades políticas por los fallos que la Inspección General de Servicios ha detectado en el Servicio de Minas a raíz de que Barbón encargase un informe sobre su funcionamiento tras el accidente registrado el 31 de marzo del pasado año.

Barbón ha recordado que la de hoy es la cuarta petición de dimisión que le traslada Vox, y la tercera que plantea el PP, formaciones a las que en tono irónico ha animado a que sigan haciéndolo en el año que aún resta de legislatura, aunque también ha advertido de que cuando se pide tantas veces pierde valor.

Barbón: “Les sobro yo”

“Yo sé que su única obsesión es que caiga el gobierno progresista. Les sobro yo y el gobierno en su conjunto porque saben que garantizamos el estado de bienestar, una política de vivienda distinta a la suya (...) y luchamos para acabar con las listas de espera sin privatizar”, ha asegurado Barbón, para quien la derecha “habla de dimisiones cuando quiere decir elecciones, que es lo único que les obsesiona y preocupa”.

La estructura administrativa

Para Barbón, lo que le diferencia del presidente del PP de Asturias es que, mientras él quiere “saber la verdad y llegar hasta el final” sobre el accidente de la mina de Zarréu, a Queipo “solo le interesa el juego partidista y electoral, y eso la sociedad asturiana lo está viendo”.

A la portavoz de Vox también le ha dicho que tiene todo el derecho del mundo a pedir su dimisión por considerarle responsable por el funcionamiento del Servicio de Minas, pero le ha recordado que en la administración asturiana hay casi 900 departamentos: 182 servicios, 346 secciones y 364 negociados.

Responsabilidad política

Sobre la asunción de responsabilidades políticas, Barbón ha insistido en que su gobierno va a “llegar hasta el final” pero que si ahora hay “una clara, que no ofrece duda es la de la empresa (Blue Solving) haciendo lo que no tenía autorización laboral, extrayendo carbón en unas condiciones propias del siglo XIX”.

Ha añadido que, si hoy se debate “de forma incontestable” sobre el informe de la Inspección General de Servicios fue porque él tomó esa decisión para poder saber la verdad y se ha mostrado convencido de que si hubiese gobernado el PP, dicho documento “no hubiese salido jamás”.

Las responsabilidades

Barbón, que ha acusado a la derecha de “utilizar el dolor de la familia minera para hacer política”, ha incidido en que su gobierno ha asumido responsabilidades al hacer suyas las recomendaciones del informe y que ha ido aún más allá al decidir recuperar el Servicio de Seguridad Minera o paralizar los planes de información complementaria (PIC) hasta que no cuenten con una regulación específica.

El presidente ha aprovechado para afirmar que, aunque PP, Vox y Foro “hacen ahora un drama” por la supresión del Servicio de Seguridad, cuando se llevó a cabo en 2019 no dijeron ni una palabra.

Los avisos de inspección

Para Barbón, no puede hablarse tampoco de causalidad entre el accidente en la mina y el hecho de que se suprimiese dicho Servicio de Seguridad porque también en Aragón, Castilla y León o Andalucía hay un solo departamento de minas cuando tienen más actividad extractiva que Asturias.

Asimismo, ha señalado que en Asturias se ha procedido a avisar a las explotaciones mineras de la realización de inspecciones “toda la vida”, incluida la etapa de Gobierno del PP y que el mismo sistema se utiliza en comunidades como Andalucía.

No es un cortafuegos

“Éste es el informe que demuestra que estamos dispuestos a asumirlas”, ha afirmado tras rechazar que lo esté utilizando como cortafuegos y afirmar que, por ahora, es la primera “aportación sólida y definitiva” que permite “analizar sin ningún género de dudas lo que ocurría en el Servicio de Minas”.

Ha insistido en que nunca va a mirar hacia otro lado ante accidentes así, que nunca va a dejar de tomar medidas para que no vuelva a ocurrir algo así y que nunca va a ocultar a los verdaderos responsables “como ustedes (la derecha) estén empeñados en hacer o suavizar”.

Barbón se refería así al hecho de que el portavoz popular se hubiese referido a los dueños de la mina como desaprensivos “cuando se trata de cuatro investigados por homicidio”. 

El Gobierno de Asturias acudirá a la vía judicial para defender los intereses generales de la ciudadanía ante la situación de “degradación sustancial, sostenida y generalizada” del servicio de la autopista del Huerna, la AP-66 que comunica Asturias con León.

Un deterioro de la infraestructura que viene arrastrando como consecuencia de la ejecución simultánea de obras, las restricciones de capacidad y las limitaciones de velocidad. Una serie de irregularidades a las que se suma, además, que se sigue imponiendo el pago del peaje completo, a pesar de todos estos inconvenientes que sufren los usuarios.

Los requerimientos

El Principado así lo ha anunciado tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este lunes en Oviedo. El Ejecutivo autonómico, que preside el socialista Adrián Barbón, ha acordado dar el paso previo a la vía contencioso-administrativa a través del envío de requerimientos formales al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la concesionaria Aucalsa.

El acuerdo se ha difundido además a través de las redes sociales. A continuación reproducimos el post publicado en X.

El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, ha señalado que, en función de la respuesta que ofrezca el Ministerio, se valorará la decisión de acudir a la vía judicial y ha advertido de que Transportes tampoco ha respondido todavía a la revisión de la solicitud de nulidad del decreto que prorrogó el peaje hasta 2050.

El Consejo de Gobierno debatió este asunto tras analizar previamente las actuaciones inspectoras realizadas por la Dirección General de Consumo, cuyo informe ha sido ratificado y ampliado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

La degradación de la autopista

El Principado ha constatado esta situación de degradación de la autopista que, según expone, “afecta de manera grave al funcionamiento del corredor y resulta incompatible con las condiciones exigibles a un servicio público esencial”.

A través de una nota oficial, asegura que los informes elaborados acreditan la concurrencia prolongada de múltiples incidencias a lo largo del trazado que incluyen “reducciones de carril, desvíos provisionales y limitaciones de velocidad en tramos significativos, de modo especial en túneles y zonas de montaña”.

El impacto

Todas estas circunstancias provocan un impacto directo y severo en la capacidad de la vía, los tiempos de recorrido y las condiciones de seguridad, lo que a juicio del gobierno regional configura una situación de deterioro significativo de la infraestructura.

Además, al Principado no le consta que se haya evaluado de manera adecuada el impacto real acumulado de estas afectaciones, “ni desde la perspectiva de las personas usuarias ni desde el punto de vista de la actividad económica, la logística y la cohesión territorial, ámbitos en los que esta infraestructura desempeña una función estratégica esencial”.

Medidas correctoras

El Ejecutivo autonómico sostiene que esta situación no resulta compatible con los estándares ordinarios exigibles a una autopista de peaje y le plantea dudas fundadas sobre la adecuación del régimen tarifario al servicio efectivamente prestado, en relación con el principio de proporcionalidad.

En este contexto, el requerimiento dirigido al ministerio en su condición de Administración concedente exige la adopción inmediata de medidas efectivas para corregir la situación, incluido el restablecimiento de condiciones adecuadas de prestación del servicio, la revisión del régimen tarifario en relación con el nivel real de prestación y la fijación de un calendario cierto, detallado y verificable de finalización de las actuaciones.

Asimismo, desde el Principado se requiere al ministerio que ejerza de manera efectiva sus funciones de supervisión y control sobre la concesión.

Revisión de la planificación

Por su parte, el requerimiento dirigido a Aucalsa reclama la revisión inmediata de la planificación de las obras y actuaciones en curso, con el fin de evitar la actual acumulación de incidencias, así como la adopción de medidas concretas para restablecer niveles adecuados de servicio.

Igualmente, se requiere la remisión de información técnica sobre el calendario, ejecución y plazos de los trabajos, así como una evaluación cuantificada de su impacto sobre la capacidad de la infraestructura y los tiempos de recorrido.

Los derechos de los usuarios

El Gobierno de Asturias subraya que estos requerimientos tienen carácter previo a la vía judicial y constituyen una actuación necesaria para defender el interés general y los derechos de las personas usuarias ante la situación actual de la infraestructura.

No obstante, advierte que en el caso de no obtener una respuesta que considere “adecuada”, interpondrá el correspondiente recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa competente.

La impugnación de la prórroga

Este procedimiento se circunscribe a las condiciones actuales de prestación del servicio. El Ejecutivo recuerda que esta reclamación se tramita de manera paralela e independiente de las actuaciones ya iniciadas para impugnar la prórroga de la concesión del peaje del Huerna mediante una solicitud formal de revisión de oficio.

“Se trata de vías distintas y compatibles en defensa del interés general y de los derechos de la ciudadanía asturiana”, corrobora el Gobierno de Asturias.

El Servicio de Minas del Principado pudo utilizar la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minería no competitiva y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Ambas normas exigen la devolución de las ayudas estatales percibidas “como requisito ineludible para autorizar explotación en minas sometidas a cierre”, según recoge el informe que la Inspección General de Servicios del Principado ha elaborado a raíz del accidente registrado hace ahora un año en la mina de Zarréu, en el que murieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

Actividad “clandestina”

El Gobierno asturiano encargó el informe tras la explosión registrada el 31 de marzo del pasado año. Ese día, los mineros se encontraban en el nivel tercero de la explotación realizando labores de extracción de mineral.

Según el informe emitido hace un par de semanas por el Servicio de Minas del Principado, en esta mina, la empresa titular de los derechos de explotación, Blue Solving, llevaba a cabo una actividad “clandestina”, no estaba autorizada para la extracción de carbón, se incumplían medidas de seguridad y organización de los trabajos, y no había un sistema adecuado de ventilación de las galerías.

Sin plan de labores

Blue Solving tenía autorizada la extracción de materiales achatarrable y acopios de carbón y había solicitado un PIC que le permitía extraer hasta 60.000 toneladas de carbón no térmico, si bien el Principado mantiene que nunca llegó a estar operativo porque la empresa no llegó a presentar un plan de labores, como era preceptivo.

El informe elaborado ahora por la Inspección de Servicios, y dado a conocer este lunes por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, también señala que los PIC no tienen una regulación explícita en la normativa minera, que en el Principado no contaba con planes anuales de inspecciones de minas, y que hay margen de mejora en la planificación de esas visitas y en los expedientes sancionadores. 

Reducción de personal

En este documento se reconoce que la gestión minera se desarrolla en un contexto de complejidad normativa, dado que no se ha actualizado en décadas y no fija criterios homogéneos, y que ha habido una reducción de personal en el Servicio de Minas, pese a que ha asumido competencias en materia de restauración ambiental y transición energética.

También advierte de que hay margen de mejora en las transmisión de derechos y concesiones mineras de explotaciones en proceso de cierre y abandono, así como en la definición de los criterios objetivos de solvencia técnica y económica a la hora de dar autorizaciones.

Según el consejero, también se hace referencia a la falta de comunicación con el Instituto de Transición Justa (ITJ) a la hora de conceder autorizaciones a explotaciones susceptibles de cierre, situación en la que se encontraba la mina de Zarréu, que además cambió varias veces de empresa titular de los derechos de explotación.

Falta de seguridad

El accidente registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que murieron los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez y otros cuatro compañeros resultaron heridos hace ahora un año, puso de manifiesto la falta de seguridad con la que trabajaban los mineros y el descontrol con el que la administración regulaba la actividad empresarial. Unas irregularidades a las que ahora se quiere poner coto para que acudir al puesto de trabajo no se pague con la vida.

En este objetivo se ha implicado el Gobierno de Asturias que ha anunciado su intención de acoger las recomendaciones de la Inspección de Servicios vinculadas a la necesidad de establecer una normativa para regular las inspecciones y el desarrollo de aplicaciones informáticas que contribuyan a la mejora de la gestión.

Once recomendaciones

El Consejo de Gobierno se reúne habitualmente los lunes y, a su término, es tradicional que haya una comparecencia bien del portavoz o de algunos de los integrantes del Ejecutivo autonómico ante los medios de comunicación para exponer los temas que han sido debatidos y aprobados. Y en la jornada de hoy se ha analizado con profusión el informe de la Inspección de Servicios donde se plantean once recomendaciones, entre otras, para mejorar la seguridad en el sector.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, han informado al Consejo de Gobierno sobre el contenido del informe, así como de las actuaciones en las que ya trabaja la Dirección General de Energía y Minería.

Llegar “hasta el final”

Los consejeros han anunciado que el documento será enviado a la Fiscalía y a la comisión parlamentaria de investigación de la Junta General del Principado que estos días venían reclamando su contenido.

Gimena Llamedo ha recordado que el presidente, Adrián Barbón, se comprometió a llegar “hasta el final” para aclarar las causas del accidente minero e intentar que hechos así no vuelvan a ocurrir.

“Él mismo fue quien tomó la iniciativa de encargar el informe a la Inspección de Servicios”, ha recalcado la vicepresidenta que asegura que con hechos como éste se demuestra que su compromiso con la seguridad y la familia minera es “absoluto”.

Actuar con transparencia

Por su parte, Borja Sánchez ha reconocido que el mandato del presidente asturiano para “llegar hasta el final con todas las consecuencias” se está cumpliendo.

“Tanto el informe como las medidas que pondremos en marcha responden a ese propósito. Vamos a continuar tomando decisiones y actuando con toda transparencia para mejorar la seguridad jurídica, administrativa y, también, de los propios trabajadores”, ha incidido.

Sin hablar de depurar responsabilidades

Sánchez además ha señalado que a raíz de este informe se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía un contrato que había entre Blue Solving y la anterior titular de la mina, Combayl, que tuvo lugar pocos días después de la transmisión de los derechos mineros entre ambas compañías, que formaban parte del mismo entramado familiar, que hacía referencia a la realización de todo tipo de trabajos de extracción de carbón.

El consejero ha evitado hablar de si a raíz de este informe se van a depurar responsabilidades y se ha limitado a señalar que el hecho de haber elaborado este informe ya es, en sí mismo, una muestra de responsabilidad política.

Asimismo, ha incidido en que la figura del PIC “es perfectamente legal”, aunque haya que “regular y clarificar su régimen jurídico” para que tenga que estar sometido siempre a tramitación ambiental y deba ser consultado con el ITJ para determinar si hay que devolver las ayudas estatales recibidas en el proceso de cierre.

La hoja de ruta

Así, la hoja de ruta que plantea la Consejería de Ciencia incluye diversas actuaciones para reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y la objetividad en la tramitación administrativa.

En materia de inspección minera, se avanzará hacia una planificación más estructurada, mediante la elaboración de un Programa de Inspección Minera del Principado de Asturias (PIMPA) y el desarrollo de instrucciones que regulen de forma más precisa la realización de las inspecciones.

Herramientas digitales

Estas medidas estarán acompañadas de la incorporación de herramientas digitales, en coordinación con la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, que permitan mejorar “la eficacia, la trazabilidad y las garantías de los procedimientos”.

El objetivo es contar con aplicaciones informáticas que incorporen, por ejemplo, una hoja de verificación (chek-list) para las inspecciones mineras, o que faciliten la gestión de los planes de labores, accidentes laborales y el catastro minero.

Cambios normativos

El Principado trabajará en la elaboración de una disposición reglamentaria para ordenar el procedimiento de autorización de transmisiones de derechos mineros y se analizará la regulación de figuras como los proyectos de investigación complementaria (PIC) para dotarlos de mayor claridad o, en su caso, valorar su reformulación.

Por lo que respecta a la organización del Servicio General de Minas, las posibles modificaciones en la estructura de recursos humanos se analizarán “de forma integral” y se estudiará si son necesarios refuerzos en puestos de gestión o en personal de inspección. Asimismo, desde la Consejería de Ciencia se colaborará con la fiscalía en todos los procedimientos abiertos.

El cumplimiento de la legalidad

El Gobierno de Asturias ha querido dejar claro su compromiso con la transparencia, la mejora continua y el cumplimiento estricto de la legalidad.

“En este sentido, asumirá las recomendaciones, algunas de las cuales ya se están aplicando en la práctica”, explica el Ejecutivo autonómico.

Su objetivo es avanzar hacia un modelo de gestión minera “más moderno, eficiente y garantista”, alineado con los retos de la transición energética y la protección del medio ambiente, y reitera que siempre lo hará “en defensa del interés general”.

Las críticas de Tomé

La diputada del Grupo Mixto, portavoz de Somos Asturies y presidenta de la comisión de investigación por el siniestro de la mina de Degaña, Covadonga Tomé, calificó esta mañana de “impresentable” la comparecencia pública del Gobierno de Asturies para valorar el informe de la Inspección sobre el siniestro laboral “sin remitirlo antes a la Comisión de Investigación”.

Tomé hizo estas declaraciones tras la rueda de prensa ofrecida por la vicepresidenta Gimena Llamedo y el Consejero de Ciencia, Borja Sánchez, para dar cuenta de los acuerdos de Consejo de Gobierno. Después de esta comparecencia pública, más allá del mediodía, la Comisión de Investigación seguía sin recibir el documento.

“En la forma resulta impresentable -comentó Tomé- y, en el fondo, se trata de un documento de más de 300 páginas que exige una lectura detallada, tiempo y seriedad. En una cuestión de esta gravedad, no caben ni las prisas ni los intentos de dar por cerrado un asunto que sigue bajo investigación”.

Qué falló en la cadena

Respecto a las medidas anunciadas, destacó la parlamentaria, “las iniciativas orientadas a mejorar los controles, reforzar la inspección y revisar los procedimientos son bienvenidas”. Ahora bien, exige “transparencia para saber qué mecanismos se seguirán ahora para la vigilancia, control e inspección” y destacó que estas propuestas “no bastan si no se aclara cómo fue posible que se produjera una tragedia como la de Zarréu y qué falló exactamente en la cadena de supervisión y control”.

“Por sí solas, las medidas no son suficientes si no se acompañan de una depuración clara de responsabilidades políticas y administrativas”, añadió Tomé.

La diputada asevera que desde que asumió la presidencia de la comisión siempre defendió que el objetivo era llegar al final para que no volviera a repetirse una tragedia como la de Zarréu, por lo que “seguimos trabajando en el mismo camino”, indicó.

 El pleno de la Junta General del Principado ha rechazado este miércoles una proposición del Partido Popular (PP) que proponía un paquete de medidas económicas para paliar los efectos derivados del conflicto en Oriente Medio.

La iniciativa popular, que ha contado con el apoyo de Vox y Foro y el rechazo de PSOE, Convocatoria por Asturies-IU y la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, se ha debatido y votado en una sesión plenaria en la que el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado que su Gobierno va a aprobar el “aplazamiento, fraccionamiento y flexibilización” del pago de tributos autonómicos.

Las propuestas del PP

La proposición del PP planteaba reforzar la actual línea extraordinaria de avales articulada por Asturgar, incrementando su dotación y orientándola a cubrir necesidades de liquidez, tesorería y circulante de pequeñas y medianas empresas, autónomos y sectores productivos asturianos más expuestos al incremento de los costes energéticos y logísticos.

Asimismo, pedía una línea extraordinaria y temporal de ayudas directas a las empresas exportadoras asturianas y apostaba por establecer, con carácter temporal, un procedimiento extraordinario de aplazamiento y fraccionamiento de tributos cedidos e ingresos autonómicos para pequeñas y medianas empresas, autónomos y sectores productivos especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos, del combustible y del transporte.

Los tramos autonómicos del IRPF

Por otro lado, planteaba deflactar en un 5% los tres primeros tramos autonómicos del IRPF y aprobar bonificaciones temporales en las tasas autonómicas que inciden directamente sobre la actividad productiva de los sectores más expuestos al incremento de los costes energéticos y logísticos.

En la defensa del texto, el diputado del PP Andrés Ruiz ha acusado al Gobierno del Principado de “inacción” al tiempo que ha calificado el anuncio de Barbón en la sesión plenaria de una “copia” de la propuesta popular.

Otras críticas

Vox, que ha apoyado la proposición, ha criticado que la única medida puesta en marcha en el Principado sea una línea de avales de cinco millones de euros en un momento en que “la retracción de la renta disponible de los hogares y la demanda interna puede afectar al crecimiento de la economía”.

Por su parte, Pumares, que también ha respaldado la iniciativa, ha afeado al Ejecutivo autonómico que anuncie sus medidas “a cuentagotas a ver si parece que son más”.

Rechazo de PSOE, IU y Tomé

Por su parte, el PSOE ha asegurado que el PP “va tarde con su propuesta” y que el Gobierno del Principado ya ha diseñado actuaciones que complementan las impulsadas por el Ejecutivo central, según Ana Isabel Puerto.

Convocatoria por Asturies-IU también ha rechazado la iniciativa popular “por lo que propone y cómo lo propone” y al señalar que una parte de esas medidas ya estén en marcha, otras están previstas y el resto son el “catecismos económicos de siempre”, esto es, “bajar impuestos, aunque beneficie más a quien más tiene”.

Para Tomé, la proposición del PP “no se sostiene una vez más” y es “injusta, regresiva y no diferencia por niveles de beneficios”. 

Un trabajador de 56 años ha fallecido este viernes a consecuencia de las graves heridas sufridas al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas, ubicado en la Avenida de Galicia número 7, en el barrio de El Natahoyo de Gijón/Xixón. La víctima se encontraba realizando unos trabajos de reparación en la cubierta junto a un compañero cuando, por razones que se están investigando, cayó al patio interior del inmueble.

La Policía Nacional recibió una llamada telefónica sobre las 10.15 horas, en la que se informaba del accidente laboral. Inmediatamente se desplazó a una patrulla hasta el lugar del siniestro.

La investigación

La víctima fue identificada como Jesús V.C., quien pertenecía a una empresa especializada en rehabilitaciones de edificios a la que se había encargado las obras de reparación del tejado.

La Brigada de Policía Judicial, junto con efectivos de la Policía Científica y de Seguridad Ciudadana, se ha hecho cargo de la investigación para tratar de aclarar las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.

Asimismo se ha activado el protocolo de Inspección de Trabajo y se ha personado la comisión judicial para el levantamiento del cadáver.

Se da la circunstancia de que esta misma mañana el presidente del Principado, Adrián Barbón, se encontraba en Gijón/Xixón y al tener conocimiento del accidente ha lamentado la muerte de Jesús V.C. y ha transmitido sus condolencias a la familia.

Un herido en Corvera de Asturias

Por otro lado, otro accidente laboral ocurrido este viernes en Nubledo, en el concejo de Corvera de Asturias, se ha saldado con un trabajador herido grave al caer de una escalera cuando trabajaba en una chapistería y golpearse en la cabeza.

El accidente ocurrió sobre las diez de la mañana y hasta el lugar del siniestro se desplazó una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil del puesto de Cancienes.

El herido ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, para ser sometido a diversas pruebas.

El presidente del Partido Popular (PP) de Asturias, Álvaro Queipo, está reforzando su equipo directivo con fichajes de perfiles más técnicos que políticos. Sus dos últimas incorporaciones han sido las del exrector y exgerente de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor y José Antonio Díaz-Lago, respectivamente.

Sus nombres han sido aprobados en el Comité Ejecutivo Autonómico, celebrado ayer lunes en Oviedo, donde el partido esbozó las principales líneas de actuación con el horizonte de la cita electoral de 2027.

Plan de actuación

Al margen del tema interno de las personas que integran su equipo, Queipo ha defendido la “necesidad urgente” de aplicar un plan de actuación ante la situación generada por el conflicto en el Oriente Próximo.

El líder del PP considera que este plan debería contener las medidas necesarias para proteger el poder adquisitivo de las familias asturianas frente al impacto de la inflación y apoyar a las empresas asturianas ante el aumento de los costes energéticos, logísticos y financieros.

La renovación

El Comité Ejecutivo Autonómico del PP dio el visto bueno ayer al fichaje de Vicente Gotor, que estuvo al frente del Rectorado entre los años 2008 y 2016, y de José Antonio Díaz-Lago, que ha sido gerente universitario en dos etapas: entre los años 2000 y 2008 y desde 2022 hasta diciembre de 2025.

Díaz-Lago asumió la Dirección General de Economía en el Gobierno del presidente Sergio Marqués. El PP le ha designado para estar al frente de la Vicesecretaría de Hacienda y Sector Público.

Con estos dos fichajes, el Comité Directivo del PP de Asturias completa la renovación iniciada tras cerrar el periodo de congresos locales.

Las incorporaciones

Hace un mes, el PP acordó la creación de otras dos nuevas vicesecretarias, las de Ordenación Territorial e Interior y la de Empresas y Autónomos para las que fueron designados Eloy Alonso y Celia Fernández.

Además, se incorporaron al Comité Directivo, entre otros, el concejal de Infraestructuras de Oviedo Nacho Cuesta (Secretaría de Concejos) y el diputado popular José Luis Costillas (Formación), ambos procedentes de Ciudadanos.

Las medidas

Por otro lado, en este Comité Ejecutivo Autonómico se analizaron las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra.

Queipo considera que sería necesario incrementar la dotación de la actual línea extraordinaria de avales y orientarla, preferentemente, a cubrir necesidades de liquidez, tesorería y circulante de las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los sectores productivos asturianos más expuestos al incremento de los costes energéticos y logísticos.

Las ayudas

Además, el PP se muestra partidario de poner en marcha una línea extraordinaria y temporal de ayudas directas a las empresas exportadoras asturianas afectadas por la actual inestabilidad geopolítica, destinada a compensar sobrecostes logísticos y gastos vinculados a la apertura o consolidación de mercados alternativos.

Otra medida propuesta por el líder regional del PP es establecer, con carácter temporal, un procedimiento extraordinario de aplazamiento y fraccionamiento de tributos cedidos e ingresos de derecho público autonómicos.

Las bonificaciones

Entre sus propuestas también figura la aprobación de bonificaciones temporales en las tasas autonómicas que incidan directamente sobre la actividad productiva de los sectores más expuestos al incremento de los costes energéticos y logísticos, en particular las vinculadas al transporte por carretera, la ganadería, las industrias agroalimentarias y forestales, los servicios agronómicos, la pesca marítima y la depuración de moluscos.

Queipo aún apuntó otra quinta medida al abogar por deflactar un cinco por ciento los tres primeros tramos de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, actualizando igualmente los límites y cuantías de las deducciones autonómicas, con el fin de evitar incrementos de tributación derivados exclusivamente de la inflación y proteger el poder adquisitivo de las familias asturianas.

Las críticas

Sin embargo, no se limitó a proponer medidas, sino que además tuvo tiempo para censurar la labor del Gobierno regional. Así, acusó al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, de llevar “siete años de fracasos, de burocracia e impuestos excesivos, de empresas y autónomos asfixiados, de listas de espera sanitarias y fracaso en la dependencia; Asturias se ha quedado cada vez más atrás”, explica el PP en un comunicado oficial difundido al término del Comité Ejecutivo Autonómico.

En ese contexto, Queipo expuso que el PP es la alternativa al gobierno de Barbón: “Es la alternativa que Asturias está esperando, de la gestión frente al desgobierno, de las propuestas frente al ruido. Somos la alternativa de quienes madrugan, trabajan, emprenden, sacan a su familia adelante, quieren quedarse aquí o quieren poder volver”, añadió.

La alternativa al PSOE

El líder regional del PP aún tuvo un mensaje dirigido a los integrantes de su partido al pedirles “una presencia extra en la calle y una escucha activa”.

Estas dos peticiones van encaminadas a la recogida de iniciativas de la ciudadanía que permita al partido “seguir perfilando propuestas y soluciones a los problemas de los asturianos, como nuestra propuesta de reforma fiscal, nuestra ley de vivienda, nuestra ley de reducción de la burocracia, y también nuestras propuestas para reducir las listas de espera y la defensa y promoción de Asturias y nuestra cultura”, ratificó Queipo.

Un polémico tuit del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, publicado en 2024 donde se reafirmaba en que España no podía acoger a todos los inmigrantes que llegan sin papeles porque, según dijo, “caben los que caben”, provocó la reacción del ex secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique quien, a su vez, difundió en la misma red social X una réplica con un tuit relativo a los abusos sexuales en la Iglesia.

Por este comentario, Echenique será juzgado el próximo viernes en la Audiencia Provincial de Madrid por la querella interpuesta contra él por la Fundación Española de Abogados Cristianos que pide que se le imponga una pena de un año de cárcel por un delito de provocación a la discriminación y al odio.

La Fiscalía se opuso a que se abriera una causa contra el ex secretario de Organización de Podemos al no apreciar la existencia de delito alguno, por lo que no ha formulado acusación.

El tuit de Echenique

“Estadísticamente es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria”, decía el mensaje que publicó Echenique el 10 de mayo de 2024 en X y que ha motivado la interposición de la querella.

Para Abogados Cristianos, este tuit de Echenique “no es ni mucho menos un hecho aislado” y considera que ha sido una “constante” en las publicaciones en sus redes sociales “el discurso de odio” hacia la Iglesia católica y sus miembros.

“Entre los ataques más graves se encuentra el llamamiento a que la Iglesia católica en España directamente se disuelva”, destacaba la Fundación en su querella contra el exdiputado.

“No supone un delito de odio”

Echenique declaró en el juzgado de instrucción que la publicación de ese mensaje en X no supone un delito de odio, dado que su intención no fue la de criminalizar a todos los sacerdotes sino defender a los migrantes ante unas manifestaciones del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

Su tuit respondía, según explicó, a las afirmaciones de Sanz Montes en un artículo publicado por el diario La Voz de Asturias, que se titulaba 'Las polémicas palabras del arzobispo de Oviedo sobre inmigración': “Dentro de esta apertura buenista, se nos pude colar gente que son indeseados”.

Los polémicos tuits del arzobispo

Unas declaraciones que se habían reproducido de una entrevista concedida a Infovaticana y publicada en dos partes, en mayo de 2024, y de la que se hicieron eco numerosas publicaciones, entre otras elDiario.es Asturias.

En sus manifestaciones, el arzobispo suavizaba el posicionamiento de la Iglesia al abordar los casos de pederastia, al remitirse a la estadística de la Fundación Anar que calcula que no superan el 0,2%, y se pronunciaba sobre otros temas como el cambio climático, la Agenda 2030 o insistía en que era imposible la regularización de 500.000 inmigrantes en España, como recoge la Iniciativa Legislativa Popular, porque “aquí no caben todos”.

Sanz: “En España caben los que caben”

En esta entrevista, el arzobispo se reafirmaba en que nuestro país no podía acoger a todos los inmigrantes que llegan sin papeles: “Caben los que caben y no podemos decir buenistamente, sin fronteras, que vayan pasando porque no caben físicamente todos”.

“Dentro de esta especie de apertura buenista, se nos puede colar gente que son indeseados. Porque vienen con su carnet terrorista, porque vienen con su tráfico de cosas, tráfico de blancas, tráfico de drogas, tráfico de armamento etc…”, contestaba sin tapujos.

A continuación, se puede leer la información que elDiario.es Asturias publicó, el 10 de mayo de 2024, con el extracto de las frases pronunciadas por Jesús Sanz Montes, que fueron difundidas en varias redes sociales, entre otras, en X.

Jesús Sanz Montes es, a diferencia de sus predecesores como arzobispo de Oviedo, una persona que suele recurrir a volcar en todas sus declaraciones su propia opinión personal muy cercana a la ultraderecha.

El enfrentamiento con Barbón y Lastra

Es el primer arzobispo que aprovecha sus homilías en la festividad del día de Asturias, que se celebra el 8 de septiembre en la Basílica de Covadonga y a la que habitualmente siempre asistían las principales autoridades religiosas, civiles, militares y de todos los ámbitos de la sociedad española como altavoz de estas opiniones, generalmente de índole política que le ha llevado a protagonizar enfrentamientos, entre otros, con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la delegada del Gobierno Adriana Lastra.

Unos enfrentamientos que se escenificaron públicamente y que se saldaron con la ausencia de los dos políticos socialistas asturianos en los actos religiosos en la Basílica de Covadonga.

Sanz se refirió a Lastra como 'la seño'

A la petición de Adriana Lastra pidiendo al arzobispo que abandonara los discursos ultraderechistas, Sanz Montes utilizó la red social para contestarla, pero en su respuesta se refería a ella, de forma despectiva, como “la seño”. A continuación reproducimos el tuit que le dedicó a la delegada del Gobierno en Asturias, en 2024.

El arzobispo no se limita a exponer su punto de vista sobre la política regional asturiana, sino que no tiene límites, como se puede comprobar en cada tuit, ahora post, en X, principalmente.

Las críticas al Gobierno

“La patológica aspiración continua de una poltrona de gobernanza por quienes en su delirio egocéntrico pagan cualquier precio para ello sufren una amoralidad indigna del recto gobernante. Esto no es de derechas ni de izquierdas, sino inmoral, al carecer de la solidez moral que les falta”. Con estas palabras concluía una tribuna de opinión publicada en 2023 en el diario ABC.

Sanz Montes no solo calificaba de “inmoral” el pacto con los independentistas sino que también justificaba las protestas que se producían en todo el país frente a las sedes del PSOE y que en varias ocasiones han finalizado con cargas policiales.

El juicio

Para el arzobispo “la espontánea comparecencia en calles y plazas de una inmensa sociedad quiere decir pacíficamente que hay algo no compartido, acusando como traidores a quienes pretenden formar gobierno desde programas políticos contradichos y burlados por otros intereses espurios que terminan siendo bastardos”.

Pese a todas las polémicas protagonizadas por Jesús Sanz Montes, un tuit de réplica de Pablo Echenique a uno de sus comentarios le llevará a tener que defenderse en la Audiencia Provincial de Madrid frente a la acusación formulada por Abogados Cristianos.

Los testigos

En el juicio, que está señalado para el próximo viernes, está previsto que declaren los testigos propuestos por Abogados Cristianos: el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; dos periodistas de El País que han informado acerca de las acciones de la Fiscalía respecto a los procedimientos de abusos sexuales en la Iglesia, y María García Ayuela, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa.

Echenique había propuesto como testigo a Narciso Michavila, presidente de la consultora GAD3, si bien finalmente renunció a su testimonio, a lo que Abogados Cristianos se ha opuesto y, según fuentes consultadas, ha pedido que se mantenga su comparecencia.

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, no se ha achantado a la hora de rebatir al Gobierno central, de su mismo partido y delante de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana Isabel Rodríguez con la que ayer, miércoles, compartía un acto en el concejo asturiano de Mieres, para puntualizar que su Ejecutivo no ha ocultado información alguna al Instituto de Transición Justa (ITJ).

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) confirmaron que no les consta información oficial alguna de que Asturias tuviera actividad de extracción de carbón y explicaron que se habían enterado, en marzo de 2025, a raíz del accidente que costó la vida, ese mes, a cinco trabajadores de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña.

Para apoyar estas manifestaciones, desde el MITECO remitían al hecho constatable de que esta información no venía recogida en la Estadística minera de este organismo, que se elabora a partir de los datos que facilitan las comunidades autónomas.

“Hay máxima transparencia”

Una denuncia pública que no comparte el presidente del Ejecutivo autonómico y, además, niega cualquier ejercicio de falta de transparencia. En el acto de Mieres aseguró a los periodistas que su gobierno está actuando con “máxima transparencia, rotundidad, rigor y serenidad”, así como “explicando todo a medida que dispone de información”.

Sin embargo, no ha sido la única matización que ha hecho el presidente, quien tampoco se ha callado a la hora de rechazar que la entrega de la documentación que se solicita se realice de forma lenta, como sostiene el ITJ que ha añadido que se analiza todo lo que les llega, especialmente lo que es relativo a los planes de labores de las explotaciones.

El reintegro de ayudas

Desde MITECO se destaca igualmente que, una vez conocida la actividad extractiva a raíz del siniestro laboral en la mina de Zarréu, se ha ido solicitando formalmente información al Principado para identificar las explotaciones activas y verificar si se encuentran afectadas a la obligación de reintegro de ayudas.

El ITJ recuerda que la explotación de las minas de carbón está sujeta a la obligación de reintegro de ayudas, conforme al artículo 29 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, si se encuentran afectadas por el Plan de Cierre de la Minería no Competitiva (Decisión 2010/787/UE).

“Analizar, chequear y reimpulsar”

A estas declaraciones también ha respondido Adrián Barbón. En su encuentro con los periodistas en Mieres remitió a la investigación abierta por parte de la Consejería de Ciencia, de la que es titular Borja Sánchez.

El presidente del Principado ha enmarcado la actuación de su gobierno en la línea de la “orden estricta” que transmitió al consejero cuando lo eligió para el cargo: “analizar, chequear y reimpulsar todo y ver qué era lo que había pasado”.

La comunicación

Otra de las cuestiones era conocer qué “podía haber funcionado más o menos” de forma acertada o “más o menos erróneamente” para sacar conclusiones y actuar al respecto.

No obstante, ha reconocido que él no está “en condiciones” de saber si había esa obligación de comunicar, ni quién la tenía, ya que en este momento no le han “pasado esa información”, y “si se comunicó o no”, por lo que no puede “aventurar nada al respecto”.

El ejemplo de Nicolasa

Adrián Barbón ha resaltado que le sorprende que se diga que “no se sabía” que se extraía carbón cuando el ITJ conocía que en Nicolasa se extrajo carbón hasta finales de diciembre de 2024.

El máximo responsable del Ejecutivo autonómico ha dicho que desde el Principado se ha trasladado a la empresa TYC Narcea que, al hilo de un oficio remitido por el ITJ, tiene que dilucidarse si tiene que devolver o no ayudas para continuar con la actividad.

Una interpretación de la ley

El Gobierno autonómico ha reivindicado su actuación con “transparencia absoluta”, a la vez que evita “entrar a valorar” el debate abierto entre TYC Narcea y el Ministerio sobre la devolución de las ayudas, por ser una “interpretación de la ley”.

En respuesta a los periodistas, Adrián Barbón ha negado que haya preguntado sobre este asuntos a las exconsejeras, según recoge Efe, puesto que difícilmente“ ya les puede preguntar”, ha dicho, y además considera que sería “ilógico” hacerlo porque ya no forman parte de su Consejo de Gobierno. 

Otras explotaciones mineras

Los hechos expresados desde fuentes de MITECO habían levantado numerosas críticas desde los grupos parlamentarios, que censuraban esa falta de transparencia al Gobierno asturiano que lidera Adrián Barbón.

Además de la mina de Zarréu, donde no hay actividad desde el siniestro laboral, Asturias cuenta con otras tres minas con actividad: la explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea; Mina Miura en Ibias y Pilotuerto, en Tineo.