Maricarmen, la mujer que prendió la revuelta de la vivienda en España y precipitó unas elecciones

Después de 87 años en el más absoluto anonimato, Maria del Carmen Abascal, Maricarmen, ha muerto este jueves en el Hospital Gregorio Marañón convertida en un icono, tan solo dos semanas después de que agentes de la policía, por denuncia de la propietaria Urbagestión, la desahuciaran en camilla de la casa que alquilaba en el barrio del Retiro de Madrid. Después de meses de amenazas de desahucios que se cancelaron en dos ocasiones, esa imagen la acabó de convertir en un símbolo de resistencia que desembocó en una gran protesta por la vivienda en Madrid y en una histórica acampada en la Puerta del Sol que precipitó la aprobación un decreto de vivienda, primero, una anticipación de las elecciones tras el rechazo del Congreso, después, y finalmente una huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

Se ejecutan miles de desahucios al mes en España, pero ninguno ha tenido tanto impacto como el de Maricarmen, que de la mano del Sindicato de Inquilinas defendió su hogar hasta el último día y defendió que de ahí no se marchaba. Con lengua afilada y un carisma único, recordaba en entrevista con elDiario.es una adolescencia feliz jugando a cartas con su hermano cuando llegó al piso en 1956, con solo 17 años de edad. La vivienda, con estucado color salmón en la pared, mantenía la esencia de hogar de toda la vida, y ella sonreía al recordar la figura del sereno, “no sé por qué lo quitaron” y una vida de barrio que sentía que se había perdido. “Que el Gobierno compre mi casa y la ponga en alquiler social cuando me muera”, sugería. Y el Gobierno llegó a intentarlo, pero no lo consiguió.

Funcionaria pública de carrera, ha vivido sus últimos días en el hospital mientras las calles se movilizaban para evitar más desahucios como el suyo, acampaban en la Puerta del Sol y el Gobierno reaccionaba con un decreto de vivienda con escudo antidesahucios y medidas para proteger al inquilino que, ante la negativa del Congreso, han precipitado la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre.

El contrato de vivienda de Maricarmen lo firmó su padre porque, en aquella época, el franquismo impedía a las mujeres ser titulares de contrato de alquiler. Al fallecer el padre, la madre quedó como subrogada. Y al fallecer la madre en 2007, Maricarmen se quedó sola en el piso y se dio por hecho que seguía con el contrato de renta antigua que había firmado.

El particular entonces propietario de la vivienda le mantuvo las condiciones y, en 2018, vendió el piso a Renta Corporación, que le ofreció a Maricarmen comprarla por 250.000 euros. Posteriormente, se lo vendería a Urbagestión. Urbagestión, una “pyme buitre” según la definió la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, le ofreció un alquiler de 2.600 euros que ella, con una pensión de 1.400, no podía pagar. Y decidió quedarse sin dejar de pagar el alquiler.

Ese mismo año, Urbagestión inició el procedimiento judicial de desahucio, bajo el argumento de que el contrato de 2007 no era válido porque solo era posible una subrogación. Por ley, una segunda subrogación solo se puede dar con el 60% de discapacidad. Y Maricarmen tenía un 50%.

La jueza de primera instancia, Elena Cortina Blanco, le dio en 2022 la razón a Maricarmen en su defensa de que al mantener el alquiler desde 2007 se había aceptado tácitamente la subrogación. Pero la Audiencia Provincial, primero, y el Supremo, después, sentenciaron que no, que esa subrogación no era válida.

La primera vez que contó su historia lo hizo en abril de 2025, en una conversación en vídeo para elDiario.es con varias voces afectadas por el problema de la vivienda en España. “Yo soy la viejita del grupo”, decía con humor ante interlocutores más jóvenes. “Somos muchas personas las que estamos en esta situación”, lamentaba. “Por ese piso pueden sacar 800.000 euros y a nadie le amarga un dulce”, reconocía, y explicaba cómo el Sindicato de Inquilinas le estaba asesorando. “¿Qué puedo perder? Mala suerte, pero que no sea porque deje de luchar. Y yo pago la renta. Cada mes les hago una transferencia”, decía.

El 26 de octubre de 2025, a tres días de su primer intento de desahucio, una Maricarmen enérgica que caminaba sin problemas de un lado a otro, aseguraba, en entrevista con elDiario.es: “Si me van a cortar el cuello, será luchando”.

Un icono a los 87 años

Sin saberlo, estaba naciendo allí un símbolo de la resistencia y la lucha contra el desequilibrio de poder que existe entre los caseros y los inquilinos en España, que les ha llevado a pagar un 40% más en una década mientras los sueldos han subido la mitad.

Además, los contratos temporales de cinco o siete años (ampliados por el Gobierno en 2023) permiten al propietario echar a los inquilinos sin explicación cuando termina la relación contractual. Así, pueden convertir el siguiente contrato en un piso turístico, en un alquiler de temporada o simplemente subirlo lo que quieran. Los inquilinos, ni aun pagando la mitad del sueldo en el alquiler, como sucede de forma muy frecuente sobre todo en las grandes ciudades, pueden vivir tranquilos con respecto a mantener su hogar más allá de cinco años.

Pero Maricarmen decidió quedarse porque su identidad estaba arraigada a su hogar. Y decidió luchar. Le aplazaron el primer desahucio y, antes del segundo, de nuevo en entrevista con elDiario.es, ya se mostraba mucho más deteriorada. Caminaba con andador y lo achacaba a un proceso que le atormentaba ya desde hacía tres años. “Esta lucha me ha costado la salud, no puedo ni mantenerme en pie”.

Una gran movilización consiguió frenar también el segundo intento de desahucio el pasado mes de junio. Ni el Ayuntamiento, ni la Comunidad de Madrid le ofrecieron, como es su obligación, una alternativa habitacional estable, más allá de una plaza en una residencia de ancianos.

La ONU pidió parar el desahucio

Hasta la ONU pidió al Estado que impidiera el desahucio, mediante un comunicado del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En entrevista con este medio, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijo que harían “todo lo posible por evitarlo”.

Trataron de convencer a Urbagestión para comprarle la vivienda, pero no daban respuesta. Y llegó el día del desahucio, con miles de personas acampadas en la puerta de la casa de Maricarmen, con muebles agolpados frente a la puerta. “Te habla la policía. Ábrenos, anda, Maricarmen”, le dijeron los agentes. Y abrieron la puerta con una radial, echaron a tierra los muebles y enseres que la sostenían y la echaron de casa. Salió en una camilla de la ambulancia que llegó a asistirla.

De su casa la llevaron al hospital y, mientras llegaban centenares de ofertas al sindicato de inquilinas para ofrecerle una vivienda, ella tuvo que seguir postrada en una cama donde ya yacía casi sin fuerzas. Las suficientes como para grabar algún vídeo más, los primeros en pie, el último ya sin ser capaz de levantar el cuerpo de la cama, el último el 27 de septiembre. “Me gustaría estar allí con vosotros, acompañaros en la acampada, pero no tengo esa suerte. Pero os pido a todos valor, luchad, defended lo que es vuestro, tened cuidado, seguid acampados hasta que el cuerpo aguante”, dijo.

El Sindicato de Inquilinas bautizó el decreto de vivienda que exigía al Gobierno como 'decreto Maricarmen'. Al día siguiente, a través de una mediación del mismo alcalde de Madrid que nunca se mojó por el tema, Urbagestión reculó y aceptó poner un alquiler social a Maricarmen, que no superara el 30% de sus ingresos. Los días pasaban y, sin embargo, ella no estaba para recibir el alta y salir del hospital.

Empezó allí una campaña de los medios de derecha para desacreditar a la inquilina, entrevistando a sus vecinos y tratando de manchar su imagen. Pero, paralelamente, la vida política del país vivía su mayor sacudida en años. El Gobierno aceptó llevar la mayoría de reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas a un decreto de vivienda partido en dos, con el primero ofreciendo mayor defensa antidesahucios y el segundo, más complicado de sacar adelante, planteando un cambio estructural en los contratos de alquiler para que pudieran renovarse automáticamente y volvieran a ser, a la práctica, indefinidos.

Desató una crisis política

El primer texto estaba negociado para obtener la mayoría en el Congreso, pero Junts cambió de opinión y votó en contra, precipitando una convocatoria de elecciones por parte de Pedro Sánchez. Este martes, sin embargo, el ejecutivo volvió a aprobar unos decretos casi idénticos, el primero de los cuales ya está en vigor. Los votará la Diputación Permanente, que hace la función del Congreso cuando las cortes están disueltas, y en la que el Gobierno no depende de Junts. Le aprobarán el primer decreto y las víctimas de desahucio estarán cubiertas por las administraciones en caso de impago, lo cual debe proteger a muchas Maricármenes. En cuanto a los contratos de alquiler, ganan oxígeno hasta 2028. Los contratos indefinidos tendrán que esperar, si algún día llegan.

Pero Maricarmen no podrá regresar a su casa tras la gran recogida de cable de Urbagestión después de su trato inhumano, seguramente gran responsable junto a la falta de respuestas de las administraciones y la justicia de su deterioro físico. La empresa podrá ahora hacer lo que quería: sacar lucro de esa vivienda. Las calles la llorarán y seguirán en guerra en una huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre que tampoco existiría si ella no hubiera luchado.