A.S.G., de 36 años, estaba casado y tenía dos hijos de 3 y 15 años. El 7 de febrero de 2017, su familia se despidió de él como un día normal cuando salió a trabajar. Tenía que desplazarse con una grúa móvil, de gran tonelaje, desde la base de la empresa Grúas Roxu S.A. sita en Tabaza, en el concejo asturiano de Carreño, hasta el parque eólico situado en el lugar denominado El Acebo, dentro del concejo asturiano de Grandas de Salime.

Un accidente laboral frustró su regreso a casa ya que, cuando circulaba en medio de una pista forestal, sin señalizar, con mala visibilidad debido a que estaba oscureciendo y por un terreno embarrado, éste cedió al paso del vehículo pesado y se precipitó por la ladera de una montaña, desde 66 metros. El trabajador salió despedido de la cabina y falleció esa misma noche en el lugar del accidente.

Tras un largo periplo judicial, los magistrados del alto tribunal asturiano han cuantificado en 371.130 euros la indemnización global para la viuda, sus hijos y los padres del fallecido, tras declarar que el accidente fue debido a la “omisión de medidas específicas de seguridad en el trabajo que provocó que el trabajador llevase a cabo sus tareas en una clara situación de riesgo y en tal omisión encontró su causa directa el accidente”, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias.

Del sobreseimiento a la condena

La familia del trabajador ha tenido que esperar nueve años para ver declarada la responsabilidad empresarial en el accidente mortal. En este tiempo, la causa ha ido pasando por varios órganos judiciales: el Juzgado de Instrucción número Uno de Castropol dictó en 2018 auto de sobreseimiento provisional en una resolución que fue recurrida y confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias donde se acordaba el archivo.

Posteriormente, la familia interpuso una demanda, que recayó en el Juzgado de lo Social 3 de Oviedo, donde ya empezó a establecerse una relación de causalidad hasta que finalmente la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha avalado su tesis de que la muerte en accidente laboral se debió a la falta de medidas de seguridad en el trabajo.

Los hechos probados

Según el relato de hechos probados, el día del accidente, A.S.G. recibió el encargo de la empresa para que condujera la grúa móvil de marca Liebherr, desde la base de Tabaza hasta el parque eólico ubicado en el lugar denominado El Acebo, “siendo el objeto del trabajo auxiliar con la grúa en las labores de reparación y mantenimiento de un aerogenerador”, según consta en la sentencia confirmada por el TSJA.

A.S.G. conducía la grúa con una Masa Máxima Autorizada (M.M.A) de 60.000 kilogramos, reflejada en su ficha I.T.V., sobre las 19.15 horas del 7 de febrero de 2017 dentro de una pista forestal cuando “de forma sorpresiva la calzada se derrumbó al paso del vehículo especial que conducía, hundiéndose las ruedas derechas del aparato, lo que ocasionó que el camión grúa girase sobre sí mismo volcando de lado (giro de tonel) y cayendo por el precipicio existente en la margen derecha de la vía”. A consecuencia del accidente, el trabajador falleció a las 21 horas del mismo día.

El “esfuerzo probatorio” de la familia

El TSJA ha dictado una sentencia condenatoria en base tanto a los informes técnicos emitidos por la Guardia Civil como a las pruebas periciales practicadas a instancia de la propia familia de la víctima.

La sentencia resalta el hecho de que frente al esfuerzo probatorio realizado por la familia, ninguna prueba pericial se practicó a instancia de las codemandadas.

La responsabilidad empresarial

Paradójicamente, frente al contundente informe de la Guardia Civil, la inspectora de Trabajo no apreció infracción de normas de seguridad en la producción del accidente.

El informe de la Inspección de Trabajo discrepaba respecto a la responsabilidad empresarial, en contraposición a los extremos corroborados por la Guardia Civil, que han sido avalados por la justicia.

Un lugar “remoto y sin señales”

El informe técnico de la Guardia Civil especificaba que la grúa no tenía autorización para circular por la pista forestal donde ocurrió el accidente e incluso constaba un oficio del Ayuntamiento de Grandas de Salime advirtiendo de la ausencia de solicitud de informe en orden a permitir la circulación de vehículo especial.

En un oficio de la Guardia Civil se describía que el accidente se registró “en un lugar remoto, deshabitado, en horas nocturnas, con ausencia de señales identificativas de cualquier tipo, lo que hizo dificultosa la labor de identificación del lugar, hasta el punto de que se posicionó erróneamente sobre el término municipal de Ibias cuyo partido judicial correspondería al Juzgado de Cangas de Narcea”.

El error de ubicación

Sin embargo, con posterioridad, se pudo verificar que se había producido dentro del término municipal de Grandas de Salime perteneciendo al partido judicial de Castropol.

El firme donde se produjo el accidente era “flexible” y el estado de conservación “malo”, por el grado de humedad, baches y surcos, y carecía de iluminación artificial, siendo el horario al atardecer (con poca luminosidad), y mala visibilidad por la configuración de la vía con abundantes tramos curvos y márgenes provistos de vegetación arbórea formando bosque y talud en el margen izquierdo, según consta en la sentencia.

Sin planificación

La empresa de grúas, de la que es titular J.M.G.S., omitió las medidas específicas de seguridad en el trabajo, según advierten los magistrados, dado que la actividad laboral con grúas de gran tonelaje -como la que conducía A.S.G.-, requieren una planificación y cuidado que no se tuvo por parte de la mercantil.

A esta circunstancia se vino a sumar el hecho de que el lugar por donde el gruista circulaba, en medio de una pista forestal, carecía en 2017 de cualquier tipo de señalización, sin que el trabajador contara con la indicación concreta del lugar al que tenía que dirigirse.

El gruista “no se distrajo”

La Guardia Civil descartó la posible existencia de una posible distracción del conductor “en tanto que el trazado de la huella de impronta discurre paralelo al eje de la calzada, mientras es trazada la curva a derecha”.

Además tenía el permiso de la clase C desde hacía 15 años y llevaba trabajando en Grúas Roxu S.A. con la categoría de gruista desde 1999, por lo que, según exponía, “tenía una dilatada experiencia laboral en la empresa para la cual trabajaba conduciendo este tipo de vehículos especiales”.

La condecoración

La familia no ha querido hacer declaraciones ya que, según han asegurado fuentes cercanas, está atravesando un momento delicado puesto que, al dolor por el fallecimiento del trabajador, se sumó el hecho de ver cómo se personaba en la causa Grúas Roxu S.A.como perjudicado solicitando el coste de la grúa.

Una circunstancia añadida ha sido el anuncio del Ayuntamiento de Siero, municipio donde reside la familia, de que el empresario J.M.G.S. será condecorado con la medalla de oro del concejo, en una fecha aún por determinar, al acoger la propuesta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) por su contribución a “crear riqueza y empleo en el territorio”.

El Principado ha sido condenado por una contratación temporal “en fraude de ley”. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) así lo ha calificado en una sentencia donde declara el derecho a indemnización de una trabajadora que, tras más de 15 años de servicios en régimen de temporalidad, accedió finalmente a una plaza fija tras superar un proceso de estabilización.

La demandante, M.J.G.B., trabajadora de la red de Establecimientos Residenciales para Ancianos (Asturias), superó el proceso selectivo convocado para la provisión de 20 plazas de animadora sociocultural y el 14 de enero de 2025 suscribió un contrato laboral fijo a tiempo parcial.

Escrito de renuncia

La víspera presentó un escrito de renuncia al puesto que venía desempeñando en virtud de un contrato de duración determinada por obra o servicio suscrito el 30 de abril de 2009.

La trabajadora había participado en el proceso extraordinario de estabilización, lo superó y formalizó contrato fijo. Sin embargo, durante más de 15 años prestó servicios para el organismo público demandado en régimen de temporalidad, sin que la Administración promoviera en tiempo oportuno la cobertura reglamentaria de la plaza mediante oferta de empleo público.

La demanda

El abogado Adrián Pérez Suárez, de Efeso Abogados y letrado del Servicio Jurídico de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), integrado en Sindicatos Asturianos Independientes Federados (SAIF), interpuso una demanda, en nombre de la trabajadora, en materia de derechos y reclamación de cantidad contra ERA y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

En esta demanda, solicitaba que se procediera al abono de la indemnización equivalente a 20 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 12 mensualidades, por la extinción de la relación indefinida no fija; subsidiariamente al abono de 7.500 euros en concepto de sanción por el abuso y la vulneración del Derecho de la Unión Europea (UE) en materia de contratación temporal, con las consecuencias legales que derivasen de tal declaración.

El recurso de suplicación

El caso recayó en el Juzgado de lo Social número 2 de Avilés (actual Plaza número 2 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Avilés) que desestimó la demanda.

La representación legal de la animadora cultural formalizó un recurso de suplicación que fue elevado a la Sala de lo Social del TSJA que ha dictado una sentencia donde, a través de 38 páginas, argumenta las razones que avalan el acogimiento de la petición de la trabajadora.

El abuso en la contratación

La cuestión litigiosa no giraba ya en torno al acceso a la fijeza, que se produjo tras superar el proceso selectivo, sino sobre si la prolongada utilización abusiva de la contratación temporal generaba un daño indemnizable, pese a haberse consolidado finalmente la plaza.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, la Sala fundamenta su decisión en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a la cláusula 5 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE.

La jurisprudencia

Entre las resoluciones citadas destaca la reciente STJUE de 29 de enero de 2026, que reitera una línea jurisprudencial consolidada que establece que “cuando se ha producido una utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, los Estados miembros deben prever medidas proporcionadas, efectivas y disuasorias que sancionen el abuso y eliminen las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión”.

La Sala realiza una valoración expresa de la jurisprudencia invocada por la recurrente y destaca que estas resoluciones refuerzan la exigencia de que el ordenamiento interno disponga de mecanismos reales de reparación frente al abuso, y que no basta con soluciones meramente formales o neutras desde la perspectiva sancionadora.

Revocación de la sentencia de instancia

El TJUE recuerda que, si bien no se impone necesariamente la conversión automática en indefinido en el sector público, el ordenamiento nacional debe contar con otra medida efectiva que garantice la protección del trabajador. En particular, considera que un sistema indemnizatorio que presuma la existencia de daño, especialmente la pérdida de oportunidades de empleo estable, puede constituir una medida adecuada, dada la dificultad de probar ese perjuicio.

La exigencia de interpretación conforme obliga a los órganos jurisdiccionales nacionales a adaptar su jurisprudencia cuando resulte incompatible con los objetivos de la Directiva, un criterio que la Sala asume expresamente para fundamentar la revocación de la sentencia de instancia.

La reparación

Uno de los puntos centrales de la sentencia es la afirmación de que la mera convocatoria y superación de un proceso de estabilización no repara por sí sola el daño derivado del abuso.

La Sala razona que la indemnización tasada prevista para los trabajadores indefinidos no fijos en caso de cobertura reglamentaria de la plaza no cumple la función exigida por la cláusula 5 del Acuerdo Marco, puesto que se abona con independencia de que haya existido o no abuso.

Más de 15 años de precariedad

En el caso analizado, el perjuicio es claro: más de 15 años de precariedad, con la consiguiente pérdida de oportunidades de empleo estable y constata que la Administración incumplió su obligación de promover en tiempo oportuno la cobertura de la plaza. No obstante, la estabilización tardía, aunque culminara con éxito para la trabajadora, no elimina retroactivamente el daño sufrido.

La Sala subraya que el abuso en la contratación temporal del indefinido no fijo genera un perjuicio específico —la precariedad prolongada— que “exige una reparación efectiva, equivalente, proporcionada e íntegra”.

Un vínculo laboral distinto

Otro aspecto relevante es el tratamiento jurídico de la renuncia formalizada por la trabajadora para poder suscribir el nuevo contrato fijo.

El tribunal descarta que la renuncia pueda calificarse como dimisión en los términos del artículo 49.1.d) del Estatuto de los Trabajadores. La extinción del vínculo anterior se produce por cobertura reglamentaria de la plaza, causa legalmente prevista, y el nuevo contrato constituye un vínculo laboral distinto que no reaviva la relación anterior.

El derecho a indemnización

Esta conclusión se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo, cuya interpretación resulta trasladable, como entiende la propia Sala, al supuesto en que el contrato posterior suscrito lo sea ya como personal laboral fijo.

Por tanto, ni la firma del contrato fijo ni la renuncia exigida como trámite previo pueden operar como obstáculos para el reconocimiento del derecho a indemnización por el abuso previo.

El fallo

La Sala estima así el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora, revoca la sentencia de instancia y declara su derecho a percibir una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio, con el límite de 12 mensualidades, condenando a la Administración a su abono.

La sentencia ha sido dictada por mayoría, ya que ha contado con el voto particular del magistrado José Luis Niño Romero, que preside la Sala de lo Social.

El voto particular

José Luis Niño discrepa de la opinión manifestada por los demás integrantes del tribunal: los magistrados Jorge González Rodríguez, Francisco José de Prado Fernández, Isolina Paloma Gutiérrez Campos, Catalina Ordóñez Díaz, María Cristina García Fernández, María de la Almudena Veiga Vázquez y Laura García-Monge Pizarro.

El presidente de la Sala expone, en el voto particular que ha emitido, que el recurso debería ser desestimado o, cuando menos, ser reconocida una indemnización inferior.

Contra esta sentencia, que no es firme, cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, que habrá de prepararse mediante escrito suscrito por letrado, presentándolo en la Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma.

Las valoraciones

El abogado Carlos Suárez Peinado, de Efeso Abogados, considera que la sentencia del TSJA puede calificarse como pionera, en la medida en que consolida de forma expresa el derecho a indemnización del personal laboral de la Administración pública por abuso en la temporalidad, incluso cuando ha superado un proceso de estabilización y ha accedido a la condición de fijo.

“Su relevancia práctica es indudable, sostiene el letrado Suárez Peinado, porque abre el camino para que otros trabajadores laborales del sector público que hayan sufrido situaciones similares, con años de contratación temporal abusiva seguidos de estabilización, puedan reclamar la correspondiente indemnización por el daño derivado de la precariedad prolongada”.

Más recursos similares

En un sentido similar se pronuncia la coordinadora del sindicato Usipa Saif, María Guadalupe Lorenzo Aguilera, quien ha asegurado a este periódico que esta sentencia será la primera de muchas otras resoluciones judiciales que seguirán el mismo camino que ésta ha abierto.

“Nuestro servicio jurídico tiene interpuestos otros recursos contra el Principado para acabar con el abuso de la contratación. Vendrán más sentencias como ésta de la animadora sociocultural”, ratifica.

Jorge Martínez Martínez, alcalde del concejo asturiano de Ribadedeva, está dispuesto a renunciar a su sueldo, trabajar gratis hasta 2027 y devolver el salario que los tribunales calculen que pudo haber cobrado de forma indebida si el recurso que presentará frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anuló su liberación parcial no llega a prosperar.

Este es el compromiso que el alcalde ha adquirido con sus vecinos y vecinas para demostrar que no tuvo intención alguna de ocultar que él era el beneficiario de la liberación parcial cuando en un pleno, celebrado el 31 de agosto de 2023, se abordó el tema de las liberaciones en los órganos de gobierno.

El alcalde firmó una resolución, el 19 de septiembre de 2023, por el que se identificaba como beneficiario; un tema que los concejales del Partido Popular (PP) Ignacio Garmendia Cano y Fernando del Barrio Romano llevaron hasta los tribunales de justicia al asegurar que se había otorgado de forma irregular, al desconocer que esa liberación parcial iba destinada al primer edil.

La polémica

Ambos ediles habían impugnado el acuerdo adoptado en ese pleno extraordinario al sostener que el orden del día incluía en su punto tercero el tema “asistencias-dietas”, sin que se especificara claramente que se trataba de la determinación de dedicaciones (liberaciones) en los órganos de gobierno municipal.

Su argumento principal era que en la convocatoria del pleno no se decía de forma clara que se fuera a debatir y aprobar una liberación ni un sueldo para el alcalde, algo que consideraron esencial para que los concejales pudieran ejercer su función con conocimiento de causa.

El caso, a los tribunales

El caso llegó hasta el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de los de Oviedo que, el 13 de junio de 2025, estimó parcialmente el recurso de los concejales, al declarar la nulidad del acuerdo, pero no se pronunció sobre los actos derivados, ni la devolución del dinero. Frente a esa sentencia, ambas partes recurrieron.

Los recursos de apelación recayeron en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA que declaró nula la resolución de Alcaldía por depender directamente del acuerdo plenario anulado. 

Una sentencia recurrible

Este mes de enero, el PP mostró su satisfacción por el resultado obtenido en los tribunales y cifró la cuantía del dinero que debería devolver el alcalde por los salarios cobrados indebidamente en unos 60.000 euros.

La noticia publicada en elDiario.es Asturias, el pasado 23 de enero, ya hacía referencia a que la sentencia no era firme y era susceptible de la interposición de un recurso de casación para su resolución por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) si se denuncia la infracción de legislación estatal o por la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA si lo es por legislación autonómica.

El compromiso del alcalde

A esta vía se va a acoger el alcalde, que ha anunciado que recurrirá la sentencia del TSJA y ha confirmado que ya está preparando el recurso junto a su asesoría jurídica.

Jorge Martínez ha manifestado su compromiso de cumplir el mandato de los votantes y seguir al frente del ayuntamiento hasta las elecciones municipales de 2027, incluso en el caso de que deba renunciar a su salario como consecuencia del proceso judicial en curso.

“Un error administrativo”

“Entré en política para mejorar Ribadedeva y ese sigue siendo mi objetivo. Si finalmente la justicia determina que debo renunciar a mi salario como alcalde por un error administrativo de un funcionario, lo aceptaré con total respeto y seguiré trabajando por mis vecinos de forma gratuita”, ha asegurado.

El alcalde considera que existen serias opciones de obtener un fallo favorable. En este sentido, desde el ayuntamiento se recuerda que ya existe un precedente judicial en Llanes por el mismo asunto y el juzgado desestimó las “desproporcionadas acusaciones” de la oposición y no vio visos de llevar el caso a la vía penal.

La devolución del dinero

El salario percibido por el alcalde ascendió a 1.300 euros en 14 pagas por año. “Es decir, si se confirma la sentencia del TSJA, la cuantía económica está alejada de los 60.000 euros filtrados por la oposición”, ha señalado.

Jorge Martínez ha reiterado su disposición a devolver “íntegramente con intereses” las cantidades cobradas si así lo establece en el futuro una resolución judicial definitiva.

No he sido condenado por apropiación indebida y todo el proceso se realizó de forma pública y transparente, frente a los concejales de la oposición en un pleno grabado y accesible para cualquier persona en internet. En ese mismo pleno se aprobaron con idénticas condiciones las retribuciones de los concejales de la oposición, un dinero que ellos no devolverán. Su incoherencia es total

Jorge Martínez Martínez — Alcalde de Ribadedeva

Un pleno grabado y en internet

“No he sido condenado por apropiación indebida y todo el proceso se realizó de forma pública y transparente, frente a los concejales de la oposición en un pleno grabado y accesible para cualquier persona en internet. En ese mismo pleno -ha añadido- se aprobaron con idénticas condiciones las retribuciones de los concejales de la oposición, un dinero que ellos no devolverán. Su incoherencia es total”.

Otra vertiente de este procedimiento es el que salpica al propio concejo; una circunstancia que también lamenta el alcalde: “Es triste que se intente manchar el buen nombre del Ayuntamiento de Ribadedeva por un supuesto fallo burocrático de un empleado, cuando la única intención era cobrar un modesto salario por mi dedicación diaria al municipio, como cualquier otra persona en su puesto laboral”, ha corroborado.

Los proyectos

Su intención, en caso de que los tribunales fallen en su contra, es demostrar a los vecinos y vecinas del concejo que nunca pretendió ni enriquecerse, ni ocultar que él era uno de los beneficiarios de esa liberación parcial.

“Remarco mi firme convicción de devolver todo mi sueldo y renunciar al que me quedaría cobrar si es necesario. Trabajaría gratis con tal de sacar adelante los grandes proyectos que tenemos en marcha, como la construcción de más de 400 viviendas a precios asequibles para nuestros vecinos, además de la creación de suelo industrial para aumentar el empleo en la zona, entre otras acciones y mejoras para Ribadedeva”, ha explicado.

Las querellas archivadas

Jorge Martínez ha denunciado públicamente el acoso al que se está viendo sometido por la oposición: “He recibido cuatro querellas y todas fueron archivadas”, ha ratificado.

“La justicia me avaló, pero el daño público al que me veo sometido ya nunca será subsanado, sin olvidar las calumnias e injurias recibidas. En un acoso y derribo constante. Ojalá invirtieran todo ese tiempo en mejorar la vida de nuestros vecinos”, ha aseverado.

El alcalde del concejo asturiano de Ribadedeva, Jorge Martínez, ha perdido la condición de liberado, que él mismo se autoconcedió, y tendrá que devolver el dinero cobrado indebidamente que, según los primeros cálculos, asciende a unos 60.000 euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado el acuerdo aprobado en un pleno extraordinario, celebrado el 31 de agosto de 2023, donde se abordó el tema de las liberaciones en los órganos de gobierno.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha declarado también nula la resolución de Alcaldía de 19 de septiembre de 2023, que designaba al alcalde como beneficiario de la liberación parcial, por depender directamente del acuerdo plenario anulado. 

Una polémica liberación, en el juzgado

El alto tribunal asturiano ha estimado así el recurso de apelación interpuesto por los concejales del Partido Popular (PP) Ignacio Garmendia Cano y Fernando del Barrio Romano.

Ambos ediles habían impugnado el acuerdo adoptado en ese pleno extraordinario al sostener que el orden del día incluía en su punto tercero el tema “asistencias-dietas”, sin que se especificara claramente que se trataba de la determinación de dedicaciones (liberaciones) en los órganos de gobierno municipal. Su argumento principal era que en la convocatoria del pleno no se decía de forma clara que se fuera a debatir y aprobar una liberación ni un sueldo para el alcalde, algo que consideran esencial para que los concejales puedan ejercer su función con conocimiento de causa.

El caso llegó hasta el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de los de Oviedo que, el 13 de junio de 2025, estimó parcialmente el recurso de los concejales, al declarar la nulidad del acuerdo, pero no se pronunció sobre los actos derivados ni la devolución del dinero. Frente a esa sentencia, ambas partes presentaron recursos de apelación.

La argumentación del consistorio

El abogado consistorial defendía la validez del procedimiento y argumentaba que el asunto se había ya debatido. Además, alegaba el abuso en el ejercicio de la acción porque los recurrentes habían impugnado “un apartado” de los acuerdos organizativos comprendidos en el mismo punto del orden del día (Dietas/asistencias) pero no los demás apartados del mismo punto, de forma que ellos pretendían retener las dietas por asistencia y desplazamientos y las subvenciones al grupo o partido y en cambio que se anulase la retribución a la Alcaldía por su dedicación a media jornada.

El Ayuntamiento defendió durante el proceso que el asunto sí se había tratado en el pleno y que los concejales conocían la propuesta. Sin embargo, la Sala advierte que aunque se hubiera leído o comentado durante la sesión, eso no corrige el defecto de origen.

La sentencia subraya que “la falta de inclusión en el orden del día de la convocatoria comporta la nulidad no subsanable del acuerdo adoptado”, por lo tanto, el acuerdo es nulo desde el principio y no puede subsanarse después.

Las peticiones del PP

Por su parte, los concejales del PP solicitaban la declaración de nulidad del acuerdo plenario adoptado de la liberación al 50 por ciento, de 1.300 euros y 14 pagas así como la obligación de devolución de las cantidades satisfechas al alcalde con motivo del acuerdo, con los intereses legales y la condena a la corporación a pasar por esos pronunciamientos.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA se reunieron el pasado 8 de enero para debatir, votar y resolver los recursos de apelación y dictaron la sentencia una semana después.

El informe del secretario

ElDiario.es Asturias ha tenido acceso a la sentencia del alto tribunal asturiano. En su resolución, la Sala reconoce que la falta de inclusión expresa del asunto en el orden del día de una sesión extraordinaria lesiona el derecho fundamental a la participación política de los ediles, garantizado por el artículo 23 de la Constitución.

En su fundamentación, la Sala cita el informe del secretario municipal de 10 de noviembre de 2023, en el que reconocía que “efectivamente no se incluyó el acuerdo en el enunciado del Orden del Día de la sesión” y que ello “puede dar lugar a confusión en el concejal que recibe la convocatoria y ser motivo de nulidad”.

No estaba detallado el beneficiario

“El Orden del día de las sesiones constituye el elemento esencial” para garantizar el derecho de los concejales a participar y estar informados. Si un asunto no aparece con el suficiente detalle, no puede aprobarse válidamente.

En este caso, además, el propio secretario municipal había advertido del problema en un informe interno. Según recoge la sentencia, «efectivamente no se incluyó el acuerdo en el enunciado del Orden del Día de la sesión», y esa omisión «puede dar lugar a confusión en el Concejal que recibe la convocatoria y ser motivo de nulidad». Para el tribunal, esa falta es determinante.

El 'efecto cascada'

Por ello, el acuerdo adolece de una nulidad radical, no subsanable por el mero debate plenario realizado posteriormente.

Además, el tribunal aplica el “efecto cascada”, declarando también nula la resolución de Alcaldía de 19 de septiembre de 2023, que designaba al Alcalde como beneficiario, por depender directamente del acuerdo plenario anulado. Como consecuencia, se ordena la devolución de las cantidades indebidamente abonadas al alcalde con motivo del acuerdo y la resolución incrementadas con los intereses legales.

Una sentencia que no es firme

El tribunal desestima, por tanto, el recurso de apelación interpuesto en representación del Ayuntamiento de Ribadedeva contra la sentencia de primera instancia.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación para su resolución por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) si se denuncia la infracción de legislación estatal o por la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA si lo es por legislación autonómica.

Las responsabilidades políticas

La reacción del PP de Ribadedeva no se ha hecho esperar. El concejal y portavoz municipal, Ignacio Garmendia, ha asegurado que la sentencia “no es una cuestión menor ni un tecnicismo administrativo. El tribunal ordena anular el decreto que permitió el cobro y obliga a devolver íntegramente las cantidades percibidas con intereses. Es la constatación de un uso irregular del poder público para beneficio propio, adoptado sin cobertura legal y prescindiendo de las reglas básicas de funcionamiento democrático del pleno”.

El PP ha exigido responsabilidad políticas “inmediatas” ya que, según ha explicado, “Ribadedeva y sus vecinos se merecen un gobierno ejemplar, no uno que tenga que ser corregido en los tribunales”.

El mismo año de la derrota socialista

Jorge Martínez, del partido Juntos por Ribadedeva, fue investido como alcalde en junio de 2023. Su llegada como primer edil al consistorio ponía fin a más de tres décadas de gobiernos socialistas en el concejo, donde el PSOE ha mantenido desde 1991 las riendas de una corporación en la que el PP nunca ha llegado a gobernar.

Martínez cogió el relevo a Jesús Bordas que había gobernado con la mayoría absoluta que le otorgaban sus cinco concejales, uno más de los que tenía Juntos por Ribadedeva.

Poco le duró la alegría, ya que apenas dos meses después se celebraría el polémico pleno extraordinario que ha acabado en los tribunales de justicia.

La Audiencia Provincial de Asturias ha impuesto una pena de 15 años de cárcel a un maestro por los tres delitos continuados de abusos sexuales que cometió sobre tres alumnas de 11 años a las que impartía clases, con las que no podrá comunicarse ni acercarse a menos de 300 metros durante diez años.

Además, no podrá acceder a cualquier empleo, cargo público, profesión u oficio que implique contacto con menores durante cuatro años más.

Libertad vigilada

A estas penas se suma la imposición de una medida de libertad vigilada a determinar a la vista de la propuesta que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria eleve en el momento pertinente, en fase de ejecución y al menos dos meses antes de la extinción de las penas de prisión.

Los magistrados de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, han condenado al profesor a indemnizar a una de las menores con 5.000 euros, si bien han declarado la responsabilidad civil subsidiaria de la Consejería de Educación del Principado de Asturias.

El juicio contra el docente, de 65 años, se celebró a puerta cerrada. El acusado, un funcionario interino del Cuerpo de Maestros, fue destinado a un centro publico de Educación Básica para impartir clases de Lengua Asturiana a los alumnos de sexto de primaria en el curso escolar que comprendía el periodo desde principios de septiembre hasta noviembre de 2021.

Entre su alumnado había tres menores, de 11 años, a las que durante ese periodo se “sirvió de su posición como profesor para acercarse a ellas y acariciarles el cabello deslizando su mano por el cuello hasta la zona del pecho, satisfaciendo su propósito libidinoso”, según la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias.

Las menores veían que “no era normal”

Los magistrados aseguran que este comportamiento lo mantuvo “no menos de dos veces con cada una de las menores”.

En una ocasión, el día del Amagüestu, cuando subían por las escaleras del centro el acusado cogió a una de estas alumnas por las caderas con la misma intención.

Las tres menores, que habían percibido que “estos tocamientos no eran normales”, mostraron su rechazo a quedar a solas con el profesor e incluso a ir al colegio. Una de ellas llegó a presentar problemas de sueño y ansiedad.

Nerviosas y alteradas

La actitud de nerviosismo y alteración que mostraban las tres menores en el comedor del centro escolar, donde no querían comer, fue observada por una monitora, quien se interesó por lo que les pasaba y ellas se lo contaron.

Esta testigo prestó declaración en el juicio, donde manifestó que una de las menores estaba más afectada porque “es más reservada y callada y se puso muy roja cuando le preguntó si era verdad lo que decían”.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de apelación ante la Sala Penal-Civil del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

La Fiscalía de Asturias mantiene abiertas 34 diligencias de investigación por incendios forestales, un asunto para el que el máximo responsable del Ministerio Fiscal en la comunidad, Gabriel Bernal, ha pedido una “lucha común”.

“Nos afanamos por que ningún incendiario quede impune”, ha dicho durante la apertura del año judicial, al que han acudido las principales autoridades judiciales, políticas, civiles y militares de la comunidad autónoma, entre ellas el presidente del Principado, Adrián Barbón.

La amenaza de los incendios

Bernal ha asegurado que el hecho de que “Asturias se quema no es nuevo”, si bien 2025 trajo el “descontrol y la violencia de las llamas, la amenaza que éstas supusieron para vecinos y poblaciones, avivadas por las altas temperaturas y las rachas de viento”.

En su intervención, ha explicado que la Fiscalía de Asturias investiga todos los años, con ayuda del Seprona y las Bripa, decenas de incendios forestales, “más de un centenar cada anualidad”.

Fuegos intencionados

En este punto, ha detallado que, durante 2024, el Ministerio Público incoó 102 diligencias de investigación por fuegos en montes de Asturias, la “mayoría intencionados”.

“Muchas veces, los culpables se esconden en lo solitario y frondoso de los terrenos para silenciar sus acciones. Sin embargo, otras, la autoría de los fuegos es un secreto a voces, pero el miedo a posibles represalias y el no dinamitar la convivencia en zonas ya de por sí despobladas mutilan posibles líneas de investigación. Estamos ante una lucha común”, ha insistido.

El riesgo para la vida

Bernal ha manifestado que este año “muchos de los incendios registrados en el mes de agosto pusieron en peligro no solo los paisajes de la comunidad, sino también la vida y los bienes de muchos ciudadanos”.

“Confiamos en que las investigaciones den sus frutos y caiga sobre los culpables todo el peso de la ley”, ha indicado antes de apuntar que la institución no “baja la guardia”, si bien ahora es momento de dejar trabajar a los equipos técnicos y de averiguar qué ha sucedido en cada uno de los fuegos que sacudieron la comunidad autónoma antes de “extraer conclusiones”.

Delitos de odio

El fiscal superior ha dado cuenta de los principales datos extraídos de la memoria de la institución correspondiente a 2024, cuando no se produjeron “muchos delitos de odio” en una comunidad en la que se mantiene “estable” la estadística.

No obstante, ha dicho que no se puede bajar la guardia, porque cada acción, “física o verbal”, que suponga un atentado contra la dignidad de las personas, ya “sea por su orientación sexual, su raza, su ideología o su religión, o cualquier otro supuesto que haga que una persona se convierta en el blanco de otra por el mero hecho de ser como es, merece todo el reproche penal”.

“A todos los poderes públicos nos incumbe la responsabilidad de ser beligerantes frente a discursos de odio. Hemos de ser claros y contundentes en la deslegitimación de los mismos”, ha insistido.

Violencia machista

Por otro lado, ha sostenido que la violencia machista sigue siendo una prioridad para la Fiscalía y ha reivindicado “recuperar el consenso en torno al enfoque o paradigma de género que impregna nuestra legislación”.

Bernal también ha alertado sobre el “inquietante” aumento de las menores que son víctimas de prostitución por parte de adultos, “en algunas ocasiones sin que ellas mismas sean conscientes de la propia explotación ni del grave riesgo al que se exponen”. 

Más agilidad para unificar sedes

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y la Fiscalía han coincidido este jueves en reclamar al Gobierno del Principado agilidad para la unificación de las sedes judiciales en Oviedo.

Así lo han reivindicado el presidente del alto tribunal asturiano, Jesús María Chamorro, y el fiscal superior del Principado, Gabriel Bernal, durante la apertura del año judicial.

Chamorro ha subrayado que es “acuciante” resolver el problema de la dispersión de las sedes judiciales en la capital asturiana, una situación que lleva “demasiados años” sobre la mesa.

“Es necesario que todos tengamos altura de miras. Los ciudadanos deben tener una respuesta coordinada y eficaz”, ha indicado en su intervención.

Según sus palabras, después de “tanto tiempo no cabe una solución provisional que luego se convierta en definitiva”, porque la justicia asturiana “no solo merece, sino que necesita imperiosamente sedes que se correspondan con los servicios que demandan los ciudadanos y los profesionales del siglo XXI”.

“Esta demanda no puede seguir esperando más tiempo”, ha apuntado el presidente del TSJA, quien ha tendido la mano al jefe del Ejecutivo para que “la solución llegue lo más pronto posible”.

Fiscalía con “voz propia”

El fiscal superior de Asturias también ha asegurado que es necesario encontrar “ya” una solución a la dispersión judicial en Oviedo, porque “la situación no da más de sí”.

“No es eficaz, no es sostenible, no es práctica. No es momento de conflictos, es momento de trabajar con voluntad de diálogo”, ha apuntado Bernal, antes de subrayar que el Ministerio Público tiene “voz propia” y debe “ser escuchado” en las decisiones que se tomen al respecto.

El fiscal se ha referido a las “importantes necesidades de espacio” que tiene la institución, teniendo en cuenta la posibilidad de que se produzca el desdoblamiento de la Fiscalía de Asturias, de forma que convivan la Fiscalía Provincial y la Fiscalía Superior.

“Espero y confío en que en un futuro no muy lejano pueda solventarse esta situación”, ha apuntado Bernal. 

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Gijón frente a la sentencia del 7 de mayo de 2025 del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Gijón que anula el Plan de Normalización Lingüística.

La portavoz municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha celebrado “una nueva victoria judicial” frente al “intento” del Ayuntamiento de “imponer la oficialidad de la llingua por la puerta de atrás”.

La nulidad

La edil ha explicado, a través de un comunicado, que el TSJA, en sentencia firmada por cinco magistrados, confirma la “nulidad” del plan aprobado por el consistorio, avalando así la demanda interpuesta por Vox y “dejando en evidencia” lo que califica como una “grosera ilegalidad” cometida por el Gobierno municipal.

Álvarez Rouco ha remarcado que la resolución determina que el Ayuntamiento pretendía “imponer de facto la oficialidad de la llingua”, tanto en el ámbito público como en el privado, “sin contar con cobertura legal y vulnerando los controles más básicos de legalidad”.

Ni memoria económica, ni informes técnicos

Además, “constata” que el Ayuntamiento “trató de destinar recursos económicos millonarios de todos los gijoneses sin memoria económica ni informes técnicos”.

La edil de Vox en Gijón ha valorado la sentencia como “un triunfo de los gijoneses frente al sectarismo lingüístico de la izquierda”.

Rouco ha recordado que esta sentencia confirma en segunda instancia la que Vox ya ganó el pasado mes de mayo. 

La Policía Nacional busca el arma homicida con la que el hombre detenido ayer como presunto autor de la muerte de su casera, en Avilés, pudo haber cometido el crimen. El detenido, que responde a las iniciales I.M.C., pasará mañana, jueves, a disposición judicial, según ha confirmado a elDiario.es Asturias un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El cadáver de la víctima, Noelia González Gutiérrez, de 45 años, que regentaba la peluquería canina “AnimalHadas”, en Raíces, fue hallado por su novio cuando regresó, en la noche del lunes, en torno a las 22.30 horas, al domicilio de La Folleca, donde habían alquilado una habitación al ahora detenido.

Solo llevaba unos meses en la vivienda

El detenido trabaja como camarero en una sidrería y apenas llevaba unos meses residiendo en la vivienda donde se produjo el crimen.

I.M.C., al que se le ha asignado una abogada de oficio, permanece en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición judicial.

El móvil y el arma homicida

Entre tanto, continúa la investigación policial para tratar de aclarar tanto el móvil, como para determinar cuál fue el arma homicida.

El cadáver de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, en Oviedo, donde se le practicó la autopsia, que es clave para determinar la trayectoria de las lesiones y el arma utilizada en el crimen.

El registro domiciliario

La Policía Científica también se desplazó hasta la vivienda para recoger muestras y se ha realizado un registro domiciliario en presencia del detenido.

La víctima será despedida esta mañana en la Sala Multiconfesional del tanatorio de Avilés donde se oficiará la celebración de la Palabra de cuerpo presente y, acto seguido, recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio parroquial de Villa, en Corvera de Asturias.

La Audiencia Provincial de Asturias cree que no revelar el nombre de los testigos protegidos no solo no invalida su testimonio, sino que además no coloca en una situación de indefensión al representante legal del acusado que pide que se identifiquen claramente con su identidad para poder interrogarles con todas las garantías en un juicio penal.

Los magistrados de la Sección Octava de la Audiencia, con sede en Gijón, consideran que es la forma de defender la integridad física y psíquica de los tres menores que declararon en la causa que se siguió por corrupción de menores y tráfico de drogas contra el exsacerdote Jesús Menéndez, conocido como “el Padre Chus”.

Además, argumentan que aunque no conoce sus nombres, sí había acceso al contenido de sus declaraciones y la vinculación con los hechos de los que se le acusa al excura.

Un auto motivado

Es la respuesta que ha ofrecido el tribunal de la Sección Octava ante la petición que le realizó la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para que dictase un auto donde se motivara claramente la argumentación.

El TSJA quería saber si, tal y como había acordado el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, antes de la celebración del juicio contra el excura, “se debía mantener o no en el anonimato” a los testigos protegidos que declararon contra él, tal y como ordena la Ley de Protección de Testigos en el artículo 4.1.

El TSJA había devuelto la causa a la Audiencia para que resolviera sobre la importancia de mantener en el anonimato o revelar la identidad de los menores que tienen la condición de testigos protegidos y cuyo testimonio fue clave para la condena del exsacerdote a diez años de cárcel por ofrecerles supuestamente droga y dinero a cambio de sexo.

Durante la vista oral del juicio, el abogado defensor del excura, Javier Díaz Dapena, insistió en que al no poder conocer la identidad de estos testigos al tratarse de una prueba preconstituida se le había privado de interrogarles, lo que le situaba en una posición de “indefensión”.

Una vez que el “Padre Chus” fue condenado a diez años de cárcel por los delitos de corrupción de menores y tráfico de drogas, su letrado interpuso contra la sentencia un recurso de apelación ante el TSJA que anuló la condena y devolvió la causa a la Audiencia Provincial para que resolviera a través de un auto motivado si debían o no revelarse las identidades de los tres menores.

El juicio no tendrá que repetirse

Ante esta situación, se planteaban dos opciones: si la Audiencia Provincial decidía mantener el anonimato de los testigos, como ha ocurrido ahora, la defensa tenía la posibilidad de presentar alegaciones que estudiaría de nuevo el TSJA antes de resolver y pronunciarse sobre el resto de los motivos expuestos en el recurso de apelación presentado contra la sentencia condenatoria.

En caso contrario, si la Audiencia decidiese, a través del auto que “debe despojare del anonimato a los testigos”, daría lugar a la nulidad definitiva del juicio y de la sentencia por lo que debería procederse a un nuevo enjuiciamiento por un tribunal diferente.

Al descartarse esta segunda opción y mantener el anonimato, el juicio no tendrá que repetirse y por tanto se dará validez al testimonio ofrecido por los tres menores de edad que acusaron al exsacerdote de ofrecerles dinero y drogas a cambio de mantener relaciones sexuales con él en su domicilio de Gijón.

El abogado Díaz Dapena va a acogerse a la vía de las alegaciones porque, según ha anunciado a elDiario.es Asturias, las circunstancias continúan siendo las mismas y el no desvelar las identidades sigue colocándole en una situación de indefensión.

Chus no cometió los hechos denunciados y aspiro a su absolución convencido de su inocencia

Javier Díaz Dapena — Abogado defensor del exsacerdote Jesús Menéndez

La defensa recurrirá de nuevo

“El TSJA decretó la nulidad para que la Audiencia se pronunciase a través de un auto motivado si decidía mantener el anonimato o revelar sus nombres. Si lo hiciera, podría repetirse el juicio y yo podría interrogarles. Como ha decidido la Audiencia que se mantenga el anonimato tengo diez días de plazo para recurrir y, por supuesto, lo voy a hacer”, ha explicado.

El abogado mantiene la tesis de que su representado no cometió los hechos denunciados y sostiene la tesis de que es “plenamente inocente” por lo que, según señala, “aspiro a la absolución de Chus convencido de su inocencia”.

Expulsado por el papa Francisco

El papa Francisco acordó la expulsión del clero del entonces sacerdote, en el año 2015, cuando tuvo conocimiento de que “el Padre Chus” estaba cometiendo “acciones pecaminosas”.

La sentencia de la Audiencia Provincial establece en el año 2015 los hechos de corrupción de menores y tráfico de drogas.

Las acusaciones de los menores

Según consta en la sentencia, el acusado empezó a contactar con menores, a los que invitaba a acudir a su domicilio, en Gijón, donde les entregaba pequeñas cantidades de dinero o les facilitaba hachís, que “consumían en el salón y en su presencia”.

La Fiscalía mantuvo que era él quien “incitaba a los menores para que éstos, a su vez, contactaran con otros y les invitaran a subir al piso para fumar hachís, y con ello, entablar una relación de amistad”.

Cuatro meses en prisión

Una relación con la que pretendía ganarse la confianza del mayor número de chicos posible con la finalidad de mantener relaciones sexuales con ellos bajo la promesa de facilitarles dinero, hachís o permitirles estar en su casa consumiendo droga.

Tras su detención, estuvo en prisión provisional por esta causa desde el 13 de noviembre de 2021 hasta el 24 de marzo de 2022, cuando quedó en libertad con cargos.

Sin embargo, las sospechas rodeaban la relación del exsacerdote con los jóvenes especialmente a raíz de un episodio registrado en su domicilio, en julio de 2022.

Un intento de homicidio

Uno de los adolescentes a los que acogía regularmente en su domicilio de Gijón intentó matarle con un cuchillo y fue juzgado por un intento de homicidio.

Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, el joven fue condenado a tres años y nueve meses de cárcel. El “Padre Chus” en este caso pasó de ser acusado a ser víctima y restó importancia desde un principio a esta agresión asegurando que estaba relacionada con “la comida” un día en el que el agresor “no estaba bien”.

Su destino, en manos del TSJA

El pasado mes de abril, el nombre del exsacerdote volvió a estar envuelto en un caso vinculado con menores. La Policía detuvo al “Padre Chus” acusado de un delito de tentativa de abuso sexual a un adolescente que aseguró en comisaría que intentó besarle. El excura negó en el juzgado los hechos imputados y quedó en libertad provisional mientras se instruya la causa.

Actualmente se encuentra en libertad condicional a la espera de que el TSJA resuelva el resto de alegaciones presentadas por su abogado defensor en el recurso de apelación interpuesto contra la condena de diez años de cárcel por corrupción de menores y tráfico de drogas.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado este martes, en Oviedo, que se ponga en duda tanto “la capacidad como la libertad” de los fiscales que, según ha dicho, “no son soldados al servicio de un fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno”, en referencia a las críticas de la mayoría de las asociaciones judiciales de que la reforma que impulsa el Ejecutivo central comprometería la independencia de los fiscales.

García Ortiz también ha defendido la necesidad de una “modernización” del sistema judicial donde los fiscales obtengan un “mayor protagonismo”, ya que el modelo actual, a su juicio, resulta ineficiente, por ejemplo, en la persecución de delitos transnacionales.

Son dos de las reflexiones que el fiscal general del Estado ha expuesto este martes en la capital asturiana, adonde se ha desplazado para asistir a la toma de posesión del nuevo fiscal superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, en un acto que ha tenido lugar en el Tribunal Superior del Principado de Asturias (TSJA).

Un modelo “decimonónico”

García Ortiz ha explicado que el actual sistema está basado en un modelo “decimonónico” y tiene problemas para perseguir a la “delincuencia transnacional” debido a su estructuración por medio de partidos judiciales “atados al territorio”.

Por este motivo, ha defendido un “cambio de modelo” del sistema procesal en el que el fiscal tenga el “protagonismo que debe tener como promotor de la justicia” y los jueces ocupen su lugar como “jueces de garantía y defensa de los derechos fundamentales”, equiparando a España tanto a otros países de su entorno como a los mandatos de la UE, según ha afirmado.

A este respecto, el fiscal general ha considerado que “en algún momento” habrá que prescindir de las “excusas” e incorporarse a esa “modernidad”, siempre con una “vocación de autonomía” del Ministerio Fiscal.

Las críticas

García Ortiz ha aludido también en su intervención al tema de la capacidad y libertad de los fiscales después de que el nuevo fiscal superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, defendiera durante su discurso de toma de posesión la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal.

Según ha afirmado, la Fiscalía está sujeta en los últimos tiempos a “críticas” que ha enmarcado en una tendencia más amplia de “cuestionamiento general o intento de deslegitimación” de las instituciones públicas.

El magistrado Antonio Lorenzo ha tomado posesión este viernes de su nuevo cargo como presidente de la Audiencia Provincial de Asturias y sus primeras palabras han sido para defender el actual sistema de acceso a la carrera judicial frente a otras reformas que “se quieren instalar por la puerta de atrás”, en referencia a la promovida por el Gobierno de España.

Así lo ha dicho el magistrado en su intervención ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en un solemne acto celebrado en Oviedo, al que han asistido, entre otros, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Bernardo Fernández y Alejandro Abascal, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, entre otras autoridades.

También han tomado posesión Alejandro Cabaleiro como magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA y Marta Huerta como magistrada de la Sala de Gobierno.

En su discurso de toma de posesión, Lorenzo se ha remontado 25 años para recordar su etapa estudiantil en su camino en la carrera judicial.

“Los jueces debemos tener voz”

Lorenzo ha dicho que las buenas relaciones son el “secreto del éxito”, en referencia a su paso por juzgados de Instancia de Llanes, Guetxo y Oviedo, y ha destacado la “enorme fortuna” que ha tenido en ese periodo de más de 15 años.

“Los jueces debemos tener voz”, ha sostenido ante la creación de los nuevos Tribunales de Instancia, y también ha subrayado que la Audiencia Provincial de Asturias se sitúa entre las más resolutivas del país, si bien necesita más medios y personal.

Lorenzo ha apuntado su “especial preocupación” ante la situación de los niños, que ha pedido protegerles, con medidas como los espacios Barnahus, y en el caso de las mujeres maltradas ha apostado por “no decaer en esfuerzos ni escatimar medios” para una justicia rápida.

Ha concluido con un agradecimiento a su familia y a su antecesor en el cargo, José Antonio Soto-Jove, su “tutor y maestro”, una figura sin la que “no se puede concebir” la justicia asturiana, en la que ha sido “una referencia”.

Chamorro: capacidad para coordinar

El presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, ha destacado que estos nombramientos suponen el cierre de nombramientos de cargos judiciales por parte del Consejo General del Poder Judicial, con una mención para Lorenzo, de quien ha destacado su capacidad para “coordinar” equipos humanos, además de ser “muy apreciado” por sus compañeros.

En el Principado los 158 jueces y magistrados que en la actualidad ejercen en Asturias son una “garantía”, ha dicho Chamorro en su intervención en el acto, en la que ha defendido crear “estudios oficiales específicos” para los funcionarios que acceden a la administración de justicia, como podría ser en la Formación Profesional.

Un programa piloto

También ha avanzado que Asturias va a ser sede de un programa piloto que el Consejo General del Poder Judicial va a poner en marcha sobre una nueva herramienta digital, con un foro de excelencia jurídica sobre protección de datos personales.

Respecto a los Tribunales de Instancia, el presidente del TSJA, tras la “adaptación” a la nueva realidad, espera afrontar “también con éxito” la segunda fase, que considera la “más compleja”, a la vez que urge al Gobierno autonómico a tener una “cooperación fructífera”, basada en el diálogo.

En cuanto a la concentración de los juzgados de violencia de género, Chamorro ha afirmado: “Yo personalmente he apostado por la concentración”.

Los órganos judiciales asturianos se renuevan con nuevos nombramientos y caras muy conocidas para ocupar los cargos de responsabilidad en la Audiencia Provincial de Asturias y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado este martes al fiscal avilesino Alejandro Cabaleiro, que ha asumido causas muy mediáticas como el “caso Koldo”, el “caso Púnica” o el “caso Niemeyer”, entre otros, como nuevo magistrado del TSJA por el turno autonómico.

La plaza que dejó vacante el magistrado José Antonio Soto-Jove en la presidencia de la Audiencia Provincial para incorporarse a la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal asturiano será ocupada por el magistrado Antonio Lorenzo Álvarez, hasta ahora adscrito al tribunal de la Sección Sexta.

Alejandro Cabaleiro, al TSJA

El máximo órgano de decisión de los jueces ha anunciado este martes el nombramiento del fiscal avilesino Alejandro Cabaleiro como nuevo magistrado del alto tribunal asturiano por el turno autonómico.

Pasará a formar parte del tribunal de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA que está integrada por los magistrados Jesús María Chamorro -presidente del TSJA- y José Antonio Soto-Jove.

Una terna muy potente

Alejandro Cabaleiro se ha impuesto finalmente a otros dos candidatos muy potentes para este puesto. Junto a él optaban al cargo la ex fiscal superior de Asturias, María Esther Fernández, y el catedrático de Derecho Penal y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo Javier Fernández Teruelo.

Estos tres juristas de reconocido prestigio habían sido propuestos por los grupos parlamentarios del PSOE y PP para optar a la plaza del turno autonómico de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.

Esta plaza estaba vacante desde el mes de septiembre de 2019, cuando se jubiló el magistrado Ángel Aznárez.

De fiscal a magistrado del alto tribunal

Alejandro Cabaleiro es hijo del abogado y exdirector general de Justicia socialista Manuel Cabaleiro. El nuevo magistrado entró en la carrera fiscal en 2008 y ha llevado varias especialidades en la Fiscalía: Menores, Antidroga, Medio Ambiente y Urbanismo y Delitos Económicos.

En 2018 se trasladó a Madrid a la Fiscalía Anticorrupción donde intervino en casos muy mediáticos, entre otros, en la investigación del espionaje corporativo por parte del BBVA, del “caso Koldo”, del “caso Púnica” o el “caso Niemeyer”.

Del 'caso Koldo al Niemeyer'

Cabaleiro fue el fiscal que actuó en el caso de la investigación del espionaje corporativo por parte del BBVA con la ayuda del comisario Villarejo y también llevó otras causas como las del “caso Koldo”, el “caso Púnica” o la investigación a Esperanza Aguirre por ganar las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 haciendo trampas, entre otras informaciones desveladas y recogidas en elDiario.es.

En Asturias, el fiscal Cabaleiro estuvo al frente del denominado “caso Niemeyer” por el que fueron condenados Natalio Grueso, ex director general de la Fundación Niemeyer, el abogado José Luis Rebollo, ex secretario general, y José María Vigil, exempleado de Viajes El Corte Inglés (VECI).

Las penas ratificadas por el Supremo

En abril de 2023, el Tribunal Supremo confirmó los ocho años de cárcel para Natalio Grueso por utilizar los fondos de la Fundación Niemeyer de Avilés durante los seis años que duró su relación laboral como director general, entre 2006 y 2012, para su propio beneficio y el de su entorno, tanto personal como familiar y de amistades.

El abogado José Luis Rebollo, ex secretario general de la Fundación Niemeyer, que se defendió a sí mismo en la vista oral del juicio, vio ratificada su pena de dos años de prisión, si bien la Audiencia Provincial de Asturias acordó suspender durante tres años la ejecución de la sentencia.

De la condena a la fuga

El TS solo rebajó la condena a José María Vigil, quien vio reducida su pena de los siete años y medio que le impuso la Audiencia de Asturias inicialmente a los seis años de cárcel en que se fijó definitivamente.

Actualmente Natalio Grueso se encuentra en paradero desconocido y la Audiencia Provincial de Asturias mantiene vigente la orden internacional de busca y captura para su detención e ingreso en prision para el cumplimiento de la condena.

La presidencia de la Audiencia

Otro nombramiento muy esperado ha sido el del presidente de la Audiencia Provincial de Asturias. Habia nada menos que cinco candidaturas para ocupar la vacante que había dejado el magistrado José Antonio Soto-Jove, quien renunció al cargo el pasado mes de octubre para optar a la plaza que desempeñó en la Sala de lo Civil y Penal del TSJA el magistrado Ignacio Vidau hasta su jubilación.

Soto-Jove ostentaba la presidencia desde 2013 y tenía preferencia durante los dos años siguientes al cese “a cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por el concurso voluntario y para la que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista”, según recogía el Boletín Oficial del Estado (BOE). Apenas tres meses después, en enero de este año, se hacía público su nombramiento tras obtener la plaza en el alto tribunal asturiano.

La Audiencia Provincial y el Supremo

Cinco candidatos aspiraban a sustituir en el cargo al magistrado José Antonio Soto-Jove en la Audiencia Provincial.

Además de Antonio Lorenzo Álvarez, que finalmente asumirá este cargo, optaban a la plaza Rafael Abril Manso, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo; Elena Fernández González, magistrada de la Sección Octava de la Audiencia Provincial; José Manuel Raposo Fernández, magistrado adscrito a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial y María Carolina Serrano Gómez, titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Oviedo.

Antonio Lorenzo Álvarez era hasta ahora magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial y miembro de la Sala de Gobierno del TSJA.

Por otro lado, la magistrada Raquel Blázquez, que hasta ahora formaba parte del tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, ha sido designada para ocupar una plaza en la Sección Primera de lo Civil del Tribunal Supremo (TS).

Las sindicalistas de la Confederación Nacional de Trabajo (CNT), conocidas como “Las Seis de La Suiza”, apuran los últimos días en libertad mientras intentan encontrar el resquicio legal que les permita evitar su ingreso en el Centro Penitenciario de Asturias para el cumplimiento de la pena de tres años y medio de cárcel a que fueron condenadas.

El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, Lino Rubio Mayo, les condenó en una sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo (TS), por su autoría en un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia por su participación en las movilizaciones que llevaron al cierre de la Pastelería La Suiza, en Gijón.

Un encarcelamiento que, según las previsiones del grupo de apoyo a las condenadas y sus familias, tendría que hacerse efectivo “entre finales de junio y principios de julio”.

Un último recurso ante la Audiencia

La vía del recurso contra el auto dictado por el juez de primera instancia ante la Audiencia Provincial de Asturias es la primera iniciativa que plantean sus defensas tras el auto del juez Lino Rubio Mayo donde les deniega la suspensión de condena y acuerda su ingreso en prisión.

“Ahora solo nos puede salvar un improbable recurso de la Audiencia o una presión social que obligue a sacarnos de la cárcel cuando antes. Estamos fuertes, no lo dudéis, son muchos años criando callo, pero os pedimos todo el apoyo, toda la difusión posible y la participación en todas las acciones de solidaridad que se realicen, empezando por este jueves”.

Con este mensaje, que ha trasladado a elDiario.es Asturias el grupo de apoyo a las familias, anuncian su estado de ánimo y su petición de secundar cuantas acciones de protesta están programando.

La primera acción de protesta se escenificará este jueves, día 5, a las siete de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Gijón/Xixón donde se realizará una concentración en su apoyo, como han difundido a través de las redes sociales, en este caso de X.

Actos solidarios

Con esta concentración se quiere demostrar el apoyo que tienen en la calle. Una solidaridad que se plasmó en otras ocasiones, como en febrero pasado, cuando el sindicato CNT convocó una manifestación en Madrid o en el mes de junio de 2024, cuando militantes y representantes sindicales volvieron a la capital española para manifestarse a las puertas del Tribunal Supremo y reclamar el sobreseimiento de la causa y la libre absolución.

Los precedentes

Este no es el primer caso en el que las protestas de militantes de organizaciones sindicales acaban condenados e ingresan en prisión. Uno de los precedentes es el de “Los seis de Zaragoza” que ya ingresaron en la cárcel para cumplir una condena de cuatro años y nueve meses por desórdenes públicos y atentado tras participar en una manifestación contra Vox.

La otra cara de la moneda es la que protagonizaron Carlos Rivas y Serafín Rodríguez. Ambos participaron en un piquete informativo en una huelga de transporte en Galicia en 2008 pero, tras ser condenados, ambos fueron indultados por el Consejo de Ministros durante la etapa de gobierno del presidente Pedro Sánchez.

El caso de Carlos y Serafín

Una jueza condenó a Carlos y a Serafín a sendas penas de tres años de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores por paralizar varios camiones y lanzarles objetos. La Audiencia Provincial ratificó su condena y durante la etapa de gobierno del PP, con Mariano Rajoy, les fue denegado el indulto.

El parlamento gallego apoyó su indulto parcial para evitar el ingreso en prisión y el líder del PSOE regional, Gonzalo Caballero, anunciaba el 7 de febrero de 2019 que el gobierno español, ya con el socialista Pedro Sánchez, era favorable a esta medida de gracia, tras solicitarla de nuevo, “con una posición acorde a lo que solicitó el parlamento gallego”.

El caso de “Los seis de Zaragoza”

No lo tuvieron igual de fácil “Los seis de Zaragoza”, dos menores de edad y cuatro adultos. Los menores fueron condenados por la Audiencia de Zaragoza a una multa de 11.000 euros a 14.000 euros y un año de libertad vigilada. Los otros cuatro adultos fueron condenados a seis años de prisión, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) elevó esta pena a siete años añadiendo el delito de lesiones, delito del que habían sido absueltos en primera instancia.

Esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo en busca de la absolución. El Supremo rebajó la condena a cuatro años y nueve meses a cada uno de los cuatro antifascistas por delitos agravados de desórdenes públicos y atentado y lesiones.

La sentencia, declarada firme, estimaba que varios delitos debían ser considerados en concurso, no de forma aislada, lo que rebajó la sanción por los delitos más graves.

Plataforma de apoyo

En 2021 nació la Plataforma de Madres y Padres de los seis de Zaragoza, compuesta por familiares de los jóvenes. Desde ese momento han solicitado el indulto al Gobierno Central. Sin embargo, tres de los seis acusados ya habían entrado en prisión. A principios del mes de abril de 2024 se solicitó el indulto ante el Gobierno de España, acompañado de 10.000 firmas de personas y organizaciones en apoyo al indulto.

Ese mes, una multitudinaria manifestación recorrió las calles de Zaragoza exigiendo el indulto. Al finalizar la marcha, desde la plataforma “Libertad 6 de Zaragoza” se leyó un comunicado en el que señalaban que “cinco años después, tras un proceso judicial tan agónico como desesperante, y que ha desembocado en unas condenas tan injustas, seguimos proclamando alto y fuerte su inocencia”.

Las expectativas ante el futuro

Su situación guarda cierto paralelismo con “Las seis de la Suiza”, aunque en este caso confían que el resultado sea más favorable y que el tribunal de la Audiencia Provincial de Asturias pueda revocar el auto judicial y declare que no deben ingresar en prisión.

Otra vía a la que podrían recurrir es al indulto. De momento, las expectativas del colectivo no han decaído y confían en que las movilizaciones sociales, por un lado, y el recurso ante los magistrados de la Audiencia, por otro, sean una ventana abierta a la esperanza.

El respaldo de la Confederación de CCOO

Los mensajes de ánimo se han sucedido desde que se conoció el contenido del auto judicial que obliga a “Las Seis de la Suiza” a ingresar en prisión. El último ha llegado procedente de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO, que ha mostrado su “rotndo rechazo” a la decisión judicial.

A juicio de CCOO, se trata de un caso de “represión del libre ejercicio de la actividad sindical”.

La “criminalización” de la protesta

El sindicato advierte de que estamos ante un nuevo precedente “muy peligroso” que deja vía libre para que otros jueces puedan perseguir la actividad que llevan a cabo los sindicatos y argumenta que debería haber sido la jurisdicción de lo Social la competente para estos casos, y no los juzgados de lo Penal.

En su opinión, esta condena supone “una explícita criminalización de la protesta y es inadmisible en un Estado de derecho. Y más aún en las circunstancias en las que se ha producido y que las compañeras han contado con más detalle”.

Seguir defendiendo la libertad sindical

El derecho a reunirse, a manifestarse, a concentrarse y a protestar no puede estar sujeto, según la organización sindical, a interpretaciones “más o menos creativas por parte de la Justicia”, destaca.

En un comunicado, CCOO, recuerda que es esencial seguir defendiendo la libertad sindical y que el ejercicio natural de su actividad no solo no sea perseguido, sino que sea protegido como un derecho fundamental.

“Al fin y al cabo –subraya- de lo que se trata es de acabar con la criminalización de la protesta, de impedir que silencien a la clase trabajadora y de defender el ejercicio de un derecho que tantos años nos costó alcanzar y consolidar.

Las seis sindicalistas de la Confederación Nacional de Trabajo (CNT) que fueron condenadas en 2021 por su participación en las movilizaciones convocadas a las puertas de la Pastelería La Suiza, situada en la Avenida de Shultz de Gijón, en protesta por el despido de una trabajadora, tendrán que ingresar en la cárcel en los próximos días.

El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, Lino Rubio Mayo, ha denegado la petición de las defensas para evitar que se ejecute la condena de tres años y medio de prisión que les impuso por su autoría en un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia. El magistrado sostiene que los propietarios se vieron abocados al cierre del negocio por la campaña de hostigamiento que se llevó a cabo con estas acciones.

Las defensas de las condenadas, conocidas como “Las Seis de La Suiza”, han recorrido un largo camino en los tribunales, recurriendo la sentencia condenatoria en las distintas instancias: desde la Audiencia Provincial de Asturias, al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), y posteriormente ante el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional (TC). Pero los recursos han ido decayendo uno a uno.

Su último cartucho estaba en manos del juez Lino Rubio Mayo a quien solicitaron por un lado la separación de las dos penas y por otro la suspensión de la pena de prisión. Sin embargo, ninguna de las dos solicitudes ha sido estimada.

A través de un auto, ha rechazado su petición al considerar que no mostraron arrepentimiento y no hicieron frente personalmente al pago de la indemnización que debían abonar por los daños ocasionados.

Nuevas movilizaciones

La Fiscalía mostró su apoyo a la defensa en su petición de suspensión de condena, pero su apoyo no ha tenido efectos prácticos, ya que el magistrado-juez se ha posicionado a favor de los propietarios, a los que representaba como acusación particular el ex presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez.

Esta última actuación judicial ha movilizado de nuevo al sindicato que desde un principio ha convocado a varias organizaciones y colectivos de izquierdas para apoyar a las seis sindicalistas.

“Compañeres nun tais soles”

Esta tarde convocó en la Casa del Pueblo de Gijón/Xixón una asamblea abierta, que ha sido publicitada en redes sociales, para que el apoyo no se limite a un gesto simbólico y decidir futuras movilizaciones en solidaridad con las “Seis de la Suiza”.

Su eslógan ha seguido el lema de los últimos años: “Compañeres nun tais soles” junto al de “Facer sindicalismu nun ye delitu”.

El Grupo de Sofitu a Las Seis de la Suiza ha reprochado el contenido tanto del auto como de la sentencia condenatoria. Entre otras circunstancias, denuncia que el local estaba anunciado en portales inmobiliarios para su traspaso desde un año antes del inicio del conflicto.

“Este hecho señala que la intención de la administración de la empresa de deshacerse del local era previa y, tras cerrar la pastelería en el popular barrio gijonés, reabrió con otro nombre en una calle de Oviedo, situada en el casco viejo de la capital asturiana, en una ubicación privilegiada, próxima a la Catedral”.

“Pudiera parecer que, más que sufrir un perjuicio, el empresario consiguió su pretensión de cerrar la pastelería gijonesa y dar un salto en su carrera, abriendo una más exclusiva en la capital”, asevera.

“Encaran el futuro con dignidad”

Desde el Grupo de Sofitu a Las 6 de La Suiza resaltan la fortaleza de las seis sindicalistas condenadas que, según explica, “encaran el futuro con la tranquilidad y la inmensa dignidad de quien se sabe injustamente reprimida por dar lo mejor de su vida por construir un mundo mejor”.

“Sus nombres -continúan- se suman ya a la larga lista de mujeres y hombres que, a lo largo de la historia, han sufrido la represión por movilizarse para conseguir mejoras sociales que hoy en día asumimos como naturales”.

Una plataforma como respuesta

También han contado con el apoyo de la Plataforma Abogacía Defensa de la Acción Sindical, que nació como respuesta a su condena.

Además de volcar toda su solidaridad con ellas censura abiertamente el auto judicial por no entrar en el fondo del asunto ya que las ahora condenadas estaban denunciando la situación de “acoso y explotación laboral de una trabajadora embarazada”.

A continuación reproducimos el comunicado de apoyo que han difundido a través de la red social X.

En este escrito, dejan claro su posicionamiento. Opinan que todas las sentencias del caso, desde primera instancia hasta el Tribunal Supremo, “crean un precedente jurídico muy nocivo sobre los derechos fundamentales de libertad sindical, libertad de expresión y derecho de manifestación”.

La plataforma entiende que el auto judicial implica una exhibición de “orgullo por este retroceso, en lo que jurídicamente consideramos -afirma- un verdadero atropello a la acción sindical”.

Apoyo a una trabajadora embarazada

Los hechos por los que han sido condenadas se remontan a 2017 cuando una empleada de la Pastelería La Suiza pidió el asesoramiento jurídico de la CNT tras denunciar sus malas condiciones laborales aduciendo que en su trabajo le encargaban tareas que ponían en riesgo su embarazo. Al mismo tiempo relató que era víctima también de un presunto caso de acoso sexual.

El equipo de acción sindical se puso en contacto con la empresa para pactar la salida de, la trabajadora pero el empresario se negó a mantener cualquier tipo de reunión, por lo que el sindicato convocó varias concentraciones ante sus instalaciones en las que participaron las personas condenadas para mostrar su repulsa por la actitud del propietario hacia la empleada.

“No empleamos violencia”

Para el alto tribunal, sus acciones se enmarcan en un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la Administración de Justicia cometidos en el año 2016.

Eldiario.es asturias compartió sus impresiones con tres de las personas condenadas en julio de 2024. En esa conversación, ellas advertían que se habían limitado a defender a una trabajadora que sufría un presunto caso de acoso, sin que en sus protestas emplearan la violencia, ni causaran daños y, sobre todo, contando con el respaldo de la autorización expresa que había concedido la Delegación del Gobierno en Asturias para la celebración de estas manifestaciones.

Fuerza y entereza

En estas concentraciones participaban vecinas y vecinos, representantes sindicales y de partidos de izquierdas y paradójicamente en esa época ostentaba el cargo de delegado del Gobierno Gabino de Lorenzo, el que fuera alcalde de Oviedo por el Partido Popular (PP) entre 1991 y 2012.

Las sindicalistas reconocían tener fuerza para afrontar este delicado momento y mostraban su entereza ante la convicción de que habían actuado correctamente en defensa de la compañera.

Un año después, cuando comienza la cuenta atrás para su ingreso en prisión, cuentan con el apoyo de numerosos compañeros y compañeras que estudian las próximas convocatorias de movilizaciones para que “hacer sindicalismo no sea delito” en el siglo XXI.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, ha asegurado este jueves que hay que dar “un voto de confianza” al Juzgado de Cangas del Narcea en la investigación del accidente de la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, al que aún no ha entrado el atestado de la policía judicial sobre este siniestro.

Así lo ha dicho el presidente del alto tribunal asturiano al ser preguntado por los periodistas sobre la instrucción del accidente en la explotación que costó la vida a cinco trabajadores y dejó heridos de gravedad a otros cuatro el pasado 31 de marzo.

Secreto de sumario

Chamorro ha insistido en que este caso está bajo secreto de sumario y, por ser un proceso penal, los datos son “especialmente protegidos” y está “sujetos a reserva”.

“No sé cómo está la instrucción ni lo puedo saber ni es competencia y es mi obligación la contraria, respetar el secreto sumarial, respeto que pido a todos”, ha puesto de manifiesto el presidente del TSJA.

El atestado preliminar

Chamorro ha explicado que cuando mantiene comunicación con la jueza de Cangas del Narcea no le pregunta “nada del asunto”, únicamente le plantea si necesita algún tipo de medio personal o material “adicional”.

“Creo que hay que dar un voto de confianza al órgano judicial. Es una instrucción que lleva una fase previa policial, que creo que todavía no ha facilitado. No hay atestado en el órgano judicial, creo que hay un atestado preliminar”, ha abundado al respecto.

La “complejidad” del atestado

Chamorro ha señalado que, debido a la “complejidad” del accidente, del número de víctimas y del lugar donde se ha producido, exige una “actividad de la policía judicial que está haciendo en colaboración con organismos especializados”.

En este sentido, ha añadido que una vez ese atestado llegue al juzgado “se empezarán a hacer el resto de diligencias de investigación”.

El matrimonio que desde 2021 mantenía retenidos a sus tres hijos -dos gemelos de ocho años y un niño de diez- en su domicilio en Toleo (Fitoria), en la zona rural ovetense, continuará ingresado en prisión provisional. Así lo ha acordado la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo al considerar que persiste el riesgo de fuga, al carecer de todo arraigo en España, y ante la necesidad de dar protección a las víctimas y evitar una reiteración delictiva.

El Tribunal Superior de Justicia de Justicia de Asturias (TSJA) ha confirmado este jueves que el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo se ha hecho cargo del procedimiento, después de que el pasado martes recibiera la causa tras la inhibición del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo. Éste último se había hecho cargo en un principio de la causa al estar de guardia el 30 de abril, cuando el matrimonio pasó a disposición judicial 24 horas después de la detención.

El mismo martes, la magistrada acordó la práctica de diligencias de instrucción y convocó a las partes a una comparecencia para resolver sobre la ratificación de la prisión provisional comunicada y sin fianza que había acordado el Juzgado de Instrucción número 3 el pasado 30 de abril.

Videoconferencia desde la cárcel

La comparecencia se celebró ayer, en Oviedo. El matrimonio, que permanece ingresado en la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) del Centro Penitenciario de Asturias, asistió a la vista a través de una videoconferencia.

En la sala, además de la magistrada, se encontraban el fiscal, los dos letrados de la defensa y una traductora de alemán, idioma nativo del acusado Christian S., de 53 años. Su mujer, Melisa A.S, de 48 años, es norteamericana y tiene también la nacionalidad alemana.

La Fiscalía solicitó a la magistrada que ratificara la prisión provisional que había acordado previamente la guardia del juzgado número 3, así como que se mantuviera en este momento, y sin perjuicio de lo que resulte de las diligencias de instrucción que se practiquen, la calificación para ambos acusados de su presunta autoría en los delitos de abandono de menores, maltrato psicológico habitual así como un posible delito de detención ilegal.

La necesidad de proteger a los menores

La magistrada ha acordado seguir el criterio del Ministerio Fiscal, al entender que no se habían modificado las circunstancias que habían sido valoradas por el Juzgado de Instrucción número 3 para acordar el ingreso en prisión.

Por ello, ha dictado un auto donde ratifica la prisión provisional de ambos acusados al estimar que continúan vigentes los indicios que llevaron a su ingreso en la cárcel de Asturias por existir aún el riesgo de fuga, dado que ambos carecen de todo arraigo en España, además de la necesidad de protección de las víctimas y la de evitar una reiteración delictiva.

“A partir de este momento, el matrimonio queda como preso preventivo a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, donde proseguirá la Instruccion con la práctica de varias diligencias”, según ha confirmado el portavoz del TSJA.

Autoconfinados por temor al covid

La familia vivió en Alemania, país natal del marido, hasta 2021. A finales de ese año, el padre Christian S. alquiló a través de una agencia inmobiliaria un chalé en el pueblo de Toleo, en Fitoria, una tranquila zona rural de Oviedo, situada a la falda del Naranco y a menos de dos kilómetros del centro urbano.

Los cinco miembros de la familia se trasladaron a la vivienda y la vida de los tres niños cambió radicalmente. A partir de su desplazamiento a Asturias, el miedo a contraer el covid les aisló del mundo exterior. Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue la obsesión de la familia por llevar puestas hasta tres mascarillas para evitar contagios.

Ni los niños, ni la madre volvieron a pisar la calle. Solo el padre salía unos minutos a la puerta de entrada para recoger los pedidos de comida o la correspondencia. Christian S. trabajaba en Alemania dando clases de Filosofía y cuando llegó a Asturias teletrabaja como asesor de Recursos Humanos.

La estupefacción de los vecinos

Aunque los vecinos de las casas más cercanas e incluso las monjas del convento de las Carmelitas Descalzas, situado enfrente del domicilio de la familia, habían visto en alguna ocasión a los repartidores con paquetes voluminosos de comida, no llegaron nunca a sospechar que en ese chalé vivía una familia.

Solo la vecina del chalé más próximo al suyo había escuchado en alguna ocasión “voces de niños” y había visto cómo se movían las cortinas de una ventana cuando el padre salía a recoger los pedidos.

Esta vecina contactó con el Servicio de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Oviedo, al que transmitió su preocupación por estos hechos. Su alerta activó toda la maquinaria policial y judicial.

La sorpresa de los niños al salir al exterior

La Concejalía de Seguridad Ciudadana puso el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores y la letrada del menor. La Policía Local vigiló la vivienda durante 14 días y el día 28 de abril, coincidiendo con la jornada del gran apagón que dejó a oscuras al país, se llevó a cabo la detención del matrimonio y la liberación de los menores.

La estupefacción de los vecinos fue generalizada cuando trascendió públicamente la noticia de que los agentes de la Policía Local de Oviedo habían accedido a la vivienda y detenido al matrimonio.

Entre tanto, la administración regional se hacía cargo de los tres hermanos que eran internados en un centro de menores. Previamente, fueron sometidos a un primer examen médico en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde se comprobó que físicamente “estaban bien”, según indicaron fuentes cercanas a la investigación.

Marino Guardado, que reside a escasos metros del chalé de la familia, era uno de los vecinos más sorprendidos. Lleva 23 años viviendo en Toleo y en los últimos cuatro años jamás vio, ni oyó nada. A continuación reproducimos sus declaraciones a elDiario.es Asturias.

Si la sorpresa de los vecinos fue mayúscula, no lo fue menos la de los niños quienes, según el relato de los mandos policiales que participaron en el operativo, respiraron profundamente al salir al exterior e incluso uno de ellos había mostrado su perplejidad al tocar la hierba del jardín de la vivienda “como si fuera la primera vez que lo hiciera”.

Las condiciones de insalubridad

Otro detalle que los mandos policiales aportaron en una multitudinaria rueda de prensa fue el relativo a las mascarillas. Aseguraron que el padre solo puso como condición a los agentes para que registraran la vivienda que ellos mismos se colocaran un cubrebocas.

Una fijación por evitar contagios de covid que contrastaba con las escasas condiciones higiénico-sanitarias en las que se encontraba el interior del chalé, con una ingente cantidad de basura y pañales sucios escondidos en armarios.

Los responsables del operativo policial llegaron a calificar la vivienda como “el chalé de los horrores”.

Con pañales y durmiendo en cunas

Los menores pese a haber superado los ocho años seguían llevando pañales. Los gemelos dormían en cunas y su hermano mayor en una cama pequeña. Aunque los menores estaban sin escolarizar, sus padres habían habilitado un aula en el domicilio familiar.

La investigación se centra ahora en la localización de familiares del matrimonio para ver si alguno de ellos pudiera cumplir las condiciones necesarias para hacerse cargo de los menores y no romper así el vínculo familiar.

Los tres niños se han adaptado “bien” a su nueva vida en el centro donde han empezado a interactuar con los trabajadores y la dirección. Poco a poco se van integrando. Aún están pendientes de ser sometidos a pruebas para conocer su estado psicológico.

Búsqueda de familiares

El portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, adelantó el pasado 5 de mayo que la administración autonómica se personará en la causa que se sigue contra los padres al haber asumido provisionalmente la tutela y representación de los menores.

Peláez confirmó que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar está tratando de contactar con familiares de los menores para “encontrarles la mejor situación posible” y que puedan desarrollar una “vida digna”.

El exministro y expresidente del Principado de Asturias Francisco Álvarez Cascos no tendrá que volver a sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de Asturias por la querella que le interpuso Foro Asturias por un delito continuado de apropiación indebida del que fue absuelto. La Fiscalía y Foro Asturias le acusaron del desvío de fondos del partido regionalista -que él mismo fundó en 2011 tras abandonar tres décadas de militancia en el PP- para gastos personales suyos y de su entorno, unas imputaciones de las que fue absuelto.

La sentencia absolutoria ha sido ratificada ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que entiende que la resolución fue “correcta” en su motivación y derivó en el descarte de “cualquier actividad delictiva imputada”.

Los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal aseguran en la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, que Álvarez Cascos fue absuelto sobre la base de que “no han resultado suficientemente acreditados, con la necesaria certeza que debe presidir todo fallo penal condenatorio los delitos cuya comisión se atribuye”.

La argumentación del tribunal

Un resultado absolutorio al que llegó el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, tras analizar “pormenorizadamente” las pruebas practicadas, unidas a las declaraciones testificales y el soporte documental.

Además, el TSJA suma a estas circunstancias los argumentos que aportó la Audiencia para sostener este fallo absolutorio que, en su opinión, fueron “más que razonables, lógicos y ajustados a las máximas de experiencia”, señala la sentencia.

El acuerdo para no perder estatus

A través de 32 páginas, la Sala de lo Civil y Penal va descartando una a una todas las alegaciones presentadas por la Fiscalía en su recurso de apelación y al que se adhirió la acusación particular ejercitada por el abogado Luis Llanes en representación de Foro Asturias. Las acusaciones mantenían que el expolítico tuvo “una conducta delictiva, con ánimo de lucrarse y descapitalizar a Foro Asturias”.

Por el contrario, el TSJA incide en que Álvarez Cascos llegó a un acuerdo con dirigentes de Foro Asturias cuando le propusieron que se incorporara a este partido para presentarse a las elecciones autonómicas, por el que aceptaba su oferta a cambio de que “no experimentase pérdida de capacidad económica respecto a su estatus previo a retomar la actividad política con la adhesión a la formación política en proyecto de constitución”.

Los gastos

Una versión del acusado que, según el TSJA, “es confirmada con claridad por las declaraciones de una serie de testigos destacados en la génesis del partido y que otros testigos que no la refrendan se limitan a decir que no la conocían y precisa que tal versión -añade el fallo- cuenta además con el aval de un dato empírico, que los gastos fueron abonados al acusado conforme a un mecanismo temporalmente dilatado de liquidación y control”.

Unos gastos que el expolítico gijonés pagaba inicialmente de su peculio y que posteriormente presentaba al partido con los tickets y facturas; unos documentos que una vez contabilizados por la organización se unían a una hoja de gastos.

Posteriormente, los apoderados autorizados en las cuentas bancarias aprobaban el reintegro de su importe y estaban a disposición de los integrantes de la Comisión Directiva.

Sin cuestionamiento

El tribunal hace hincapié además en esta sentencia en que las cuentas anuales fueron sucesivamente aprobadas “sin cuestionamiento alguno de las partidas de gastos ahora controvertidas”.

Otra de las cuestiones debatidas por la Sala de lo Civil y Penal se referían al control absoluto que ejercía supuestamente Álvarez Cascos en el partido, según declararon algunos testigos, lo que facilitaría a priori que no tuviera oposición alguna a la hora de desviar presuntamente fondos de Foro Asturias para sus gastos personales. En este tema concreto, el tribunal también entra a fondo.

Los magistrados entienden que “semejante circunstancia carece de sustento privatorio”, ya que Álvarez Cascos no ocultaba los gastos discutidos, que presentaba para su contabilización, revisión y liquidación, “siendo de general conocimiento”.

“No cabe hablar -afirma el TSJA- de ruptura dolorosa del principio de confianza en base al que se entregaba el dinero, ni de ninguna deslealtad o incumplimiento de encargo recibido, que es una característica del delito de apropiación indebida, en cualquiera de sus variantes dinámicas y que distancia también la conducta enjuiciada del tipo de administración desleal”.

Juicios de valor

Todas estas argumentaciones han sido suficientes para que el TSJA desestime íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y al que se adhirió la acusación particular que ejercitó Foro Asturias.

El propio Álvarez Cascos recurrió el fallo absolutorio, a través de su abogado defensor Luis Tuero, para que su nombre no quedara “manchado con insinuaciones o hechos tergiversados” que, según explicó en su día, “se apoyan en relatos basados en juicios de valor contradichos por las evidencias”.

Una desestimación que ha llevado a la Sala de lo Civil y Penal a confirmar la sentencia absolutoria que dictó el tribunal de la Sección Tercera de Oviedo el pasado 4 de febrero y que ha confirmado en todos sus extremos.

Entradas al tenis y una cama

En el turno de última palabra del juicio, Álvarez Cascos no desaprovechó la ocasión e intervino para afirmar que era víctima de una “campaña de alquitrán mediático” sobre su persona.

Las facturas que se dirimieron en este juicio eran de todo tipo: desde comidas y cenas en restaurantes con su familia, viajes a Córdoba o a Madrid para ver a sus hijos, entradas para ellos a ver la Copa Davis, gastos de un procurador en un proceso judicial por un tema personal ajeno a la actividad política, estancias en hoteles, tickets de comida a domicilio, un videojuego, billetes de AVE, una cama completa, una moqueta, tapicería y visillos.

La dedicación a Foro

Para el expolítico, eran unos gastos “normales” como compensación a su dedicación a la actividad política que desarrollaba, según su versión, las 24 horas del día al servicio del partido y de Asturias.

“Tuve plena dedicación a Foro Asturias y nula voluntad de enriquecimiento. En todos los gastos que pagó el partido no hay ni uno solo suntuario ni que salga fuera de lugar”, llegó a decir; una argumentación que ha convencido primero a la Audiencia Provincial y ahora al TSJA, que ha ratificado la sentencia absolutoria.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de anular la condena a diez años de cárcel que la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, impuso al exsacerdote Jesús Menéndez, conocido como el “padre Chus”, por los delitos de corrupción de menores y contra la salud pública por ofrecer droga a tres menores de edad a cambio de mantener relaciones sexuales con ellos en su domicilio de Gijón.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJA ha ordenado al tribunal de la Sección Octava de la Audiencia que condenó al “padre Chus” que dicte un auto donde se motive claramente si, tal y como había acordado el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, antes de la celebración del juicio “se debía mantener o no en el anonimato” a los testigos protegidos que declararon contra el excura, tal y como ordena la Ley de Protección de Testigos en el artículo 4.1.

Los magistrados del alto tribunal asturiano acuerdan anular su condena al estimar el recurso de apelación que había interpuesto el abogado Javier Díaz Dapena quien, durante la vista oral del juicio, insistió en que al no poder conocer la identidad de estos testigos se le había privado de interrogarles, lo que le situaba en una posición de “indefensión”.

Las dos opciones

En el caso de que la Audiencia Provincial decida mantener el anonimato de los testigos, la defensa podrá presentar alegaciones que estudiará de nuevo el TSJA antes de resolver y pronunciarse sobre el resto de los motivos expuestos en el recurso de apelación presentado contra la sentencia condenatoria.

En caso contrario, si la Audiencia decide, a través del auto que debe dictar, que “debe despojare del anonimato a los testigos”, daría lugar a la nulidad definitiva del juicio y de la sentencia por lo que debería procederse a un nuevo enjuiciamiento por un tribunal diferente.

El TSJA puntualiza que, en cualquier caso, la sentencia por la que se anula la condena al “padre Chus” tan solo le afecta a él y no a los otros dos investigados, que fueron juzgados en la misma causa y que “se aquietaron a la misma”.

La acusación de tres menores

Los magistrados de la Sección Octava declararon probado que, al menos desde el año 2015, el exsacerdote contactaba con menores, a los que invitaba a acudir a su domicilio, donde les entregaba pequeñas cantidades de dinero o les facilitaba hachís, que “consumían en el salón y en su presencia”.

La Fiscalía mantenía que era él quien “incitaba a los menores para que éstos, a su vez, contactaran con otros y les invitaran a subir al piso para fumar hachís, y con ello, entablar una relación de amistad”.

En libertad

Los menores mantuvieron en el juzgado la misma versión. Acusaron al “padre Chus” de facilitarles hachís en su domicilio, ubicado en la calle Donato Argüelles, en Gijón, y mantener posteriormente relaciones sexuales con ellos. Fue detenido e ingresó en prisión provisional el 3 de noviembre de 2021.

Su encarcelamiento duró cuatro meses, ya que el 24 de marzo de 2022 salió en libertad con cargos mientras se instruía el procedimiento.

Javier Díaz Dapena lleva defendiendo al exsacerdote desde hace una década y siempre ha negado cualquier participación de su representado en las diferentes denuncias que se han interpuesto contra él.

El papa Francisco acordó la expulsión del clero del entonces sacerdote, en el año 2015, cuando tuvo conocimiento de que éste estaba cometiendo “acciones pecaminosas”.

Un año después el exsacerdote era absuelto de sendos delitos de abuso sexual, pero a finales de 2021 volvió a ser detenido acusado de delitos de corrupción de menores y tráfico de drogas.

Nueva denuncia por abuso sexual

El pasado mes de abril, el “padre Chus” volvía a ser detenido de nuevo acusado por un joven de su presunta autoría en un delito de abuso sexual al intentar besarle.

El exsacerdote negó cualquier participación en los hechos ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón que acordó su libertad provisional a expensas del desarrollo de la investigación.

Jesús María Menéndez, el exsacerdote conocido como “padre Chus”, ha vuelto a ser detenido por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Gijón acusado de un delito de tentativa de abuso sexual a un menor de edad.

La víctima es un adolescente que asegura que intentó besarle. El excura ha negado en el juzgado los hechos imputados y ha quedado en libertad provisional mientras se instruye la causa.

Su abogado defensor, Javier Díaz Dapena, ha confirmado la detención y posterior puesta en libertad.

En declaraciones a eldiario.es Asturias, el letrado ha negado de forma categórica que su representado haya tenido cualquier participación en los hechos denunciados.

“Asistí a mi cliente en la vista que se celebró en el Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón tras su detención y, tal y como mantuvimos ante su titular, reitero su inocencia. Él quedó en libertad provisional a expensas de la instrucción de este procedimiento que está actualmente en un estadio inicial”, ha asegurado.

Una noche en los calabozos

La denuncia se interpuso antes de Semana Santa, aunque no trascendió públicamente hasta ahora, una vez que el “padre Chus” ha quedado en libertad provisional.

Los agentes detuvieron al exsacerdote y le trasladaron a los calabozos de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, ubicada en El Natahoyo.

Tras pasar la noche en los calabozos, los agentes le pusieron a disposición judicial al día siguiente y, tras declarar ante el magistrado-juez, quedó en libertad provisional.

Expulsado por el papa Francisco

Javier Díaz Dapena lleva defendiendo al exsacerdote desde hace una década y siempre ha negado cualquier participación de su representado en las diferentes denuncias que se han interpuesto contra él.

El papa Francisco acordó la expulsión del clero del entonces sacerdote, en el año 2015, cuando tuvo conocimiento de que éste estaba cometiendo “acciones pecaminosas”.

Un año después el exsacerdote era absuelto de sendos delitos de abuso sexual, pero a finales de 2021 volvió a ser detenido acusado de delitos de corrupción de menores y tráfico de drogas.

Varios menores mantuvieron en el juzgado la misma versión. Acusaron al “padre Chus” de facilitarles hachís en su domicilio, ubicado en la calle Donato Argüelles, en Gijón, y mantener posteriormente relaciones sexuales con ellos. Fue detenido e ingresó en prisión provisional el 3 de noviembre de 2021.

Su encarcelamiento duró cuatro meses, ya que el 24 de marzo de 2022 salió en libertad con cargos mientras se instruía el procedimiento.

Al menos desde el año 2015, el exsacerdote contactaba con menores. Pretendía ganarse la confianza del mayor número de chicos posible con la finalidad de mantener relaciones sexuales con ellos bajo la promesa de facilitarles dinero, hachís o permitirles estar en su casa consumiendo droga

Magistrados — Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias

Esta vez, de nada sirvieron sus declaraciones exculpatorias. El tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón le impuso una condena de diez años de cárcel tras dar plena credibilidad al testimonio de tres menores de edad que ratificaron sus denuncias.

Los magistrados declararon probado que, al menos desde el año 2015, el exsacerdote contactaba con menores, a los que invitaba a acudir a su domicilio, donde les entregaba pequeñas cantidades de dinero o les facilitaba hachís, que “consumían en el salón y en su presencia”.

La propia Fiscalía mantenía que era él quien “incitaba a los menores para que éstos, a su vez, contactaran con otros y les invitaran a subir al piso para fumar hachís, y con ello, entablar una relación de amistad”.

Recurrió la condena ante el TSJA

Una relación con la que el “padre Chus” pretendía ganarse la confianza del mayor número de chicos posible con la finalidad de mantener relaciones sexuales con ellos bajo la promesa de facilitarles dinero, hachís o permitirles estar en su casa consumiendo droga.

Por este procedimiento estaba en libertad mientras se resuelve el recurso interpuesto por Javier Díaz Dapena ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra la sentencia condenatoria.

El atestado de la Policía Judicial de la Guardia Civil sobre el accidente laboral que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Cerredo/Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, el pasado 31 de marzo, podría estar listo para su incorporación a las diligencias penales abiertas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Cangas del Narcea en “tres o cuatro semanas”.

Es el plazo estimado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), el magistrado Jesús María Chamorro, quien ha apelado al respeto a la independencia judicial y especialmente al secreto de las actuaciones. Al frente de estas diligencias de investigación en el juzgado cangués se encuentra actualmente una jueza sustituta, después de que la titular cesara en el cargo por un cambio de destino al haber obtenido una plaza en otra demarcación judicial.

El magistrado Chamorro ha instado a la jueza que instruye la causa para que realice un informe que contenga su valoración sobre la posibilidad de adoptar medidas de refuerzo, así como las necesidades que considera relevantes para facilitar el ingente trabajo que conlleva esta compleja investigación.

Fuentes judiciales han confirmado a elDiario.es Asturias que se está a la espera de que en un plazo breve pueda salir a concurso la plaza que ha quedado vacante y pueda ser cubierta cuanto antes.

No obstante, han resaltado la importante labor que está desarrollando la jueza sustituta, ayudada por el personal del juzgado, desde que accedió al puesto, el pasado día 8 de abril, tras el cese por cambio de destino de la titular anterior. Hasta ese momento se había hecho cargo de la instrucción del caso la jueza de Tineo, según han indicado las mismas fuentes.

No es igual hacer el atestado de un robo con fuerza que hacer un atestado de un accidente con cinco fallecidos. Por lo tanto, habrá que esperar a ese atestado que tardará un tiempo

Jesús María Chamorro — Magistrado. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA)

El magistrado Chamorro ha explicado que las diligencias penales requieren que haya “sosiego” y ha reclamado “prudencia y respeto” a la actuación de la jueza y al secreto de las actuaciones sumariales.

Respeto y colaboración

“Es fundamental que todos respetemos la labor de la magistrada que hace esa labor de investigación, ayudada lógicamente por el personal del juzgado y también con la absoluta necesidad de que el Ministerio Fiscal colabore en la instrucción, como así está siendo, y esperar a que la Policía Judicial haga el informe”, ha indicado.

El presidente del alto tribunal asturiano ha hecho hincapié en la importancia que adquiere que se deje trabajar con tranquilidad a los investigadores: “No es igual hacer el atestado de un robo con fuerza que hacer un atestado de un accidente con cinco fallecidos”, ha afirmado.

“Por lo tanto, habrá que esperar a ese atestado que tardará un tiempo, porque me consta que la Policía Judicial va a ser minuciosa y se va a auxiliar de otras organizaciones o de otros organismos públicos que conocen también la materia”, ha especificado.

Por su parte, la Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Cangas del Narcea el nombramiento de dos ingenieros de Minas para la elaboración de un informe pericial complementario a la investigación en curso por el accidente registrado el pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo, en el que fallecieron Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez cuando trabajaban en el tercer nivel de la mina Cerredo.

Inspección ocular

El fiscal delegado de la Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo, Enrique Valdés-Solís, formalizó esta petición tras participar en la inspección ocular de la explotación minera llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil para recabar pruebas y esclarecer así las causas de la explosión de grisú.

Enrique Valdés-Solís contará además con el apoyo de la unidad especializada de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la investigación del siniestro.

Implicación de la Fiscalía

Ante la gravedad de los hechos, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha encomendado a la unidad especializada que establezca un cauce de contacto permanente con el fiscal delegado asturiano, que comunicará las novedades que se vayan produciendo al fiscal de Sala Coordinador, Ángel Muñoz Marín, para una total implicación y coordinación del Ministerio Público en la investigación de los hechos.

El Gobierno de Asturias también ofreció su colaboración. Entre otras medidas, anunció que iba a solicitar al TSJA y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el nombramiento de un juez de refuerzo en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Cangas del Narcea.

Más medios para reforzar el juzgado

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, contactó con el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, al que trasladó la petición del Gobierno regional para que se refuerce el juzgado, “con la vista puesta en poner todos los medios posibles para esclarecer lo ocurrido”, indicó el consejero.

Peláez también avanzó que, dado que el objetivo claro del Gobierno de Asturias es el de poner “todos los medios a disposición” para determinar las causas y la responsabilidad del accidente, también se ha dado la instrucción a la Viceconsejería de Justicia para que tramite el nombramiento de un refuerzo de personal funcionario para prestar su apoyo al juzgado instructor.

Con estas medidas, el Principado busca garantizar que la investigación del accidente, centrada en una posible explosión de gas grisú y en la actividad de la empresa Blue Solving SL, pueda realizarse con la dotación de medios necesaria para una instrucción penal de esta naturaleza.

La responsabilidad de la empresa

La empresa responsable de la mina de Cerredo en el momento del accidente mortal es Blue Solving S.L. que es administrada por Adrián Rodríguez Rodríguez. Ésta recibió la concesión el año pasado al ser vendida por la empresa Combustibles Asturiana y Leonesa S.L., administrada por su progenitora. En esta sociedad ha figurado como apoderado el padre de Adrián Rodríguez, el empresario Jesús Manuel Rodríguez Morán, que también administra Carbones de la Vega, que explota la mina Miura en el concejo de Ibias.

Estos empresarios pertenecen a una saga empresarial leonesa vinculada a la distribución de carbones y gasóleos y Jesús Manuel Rodríguez tiene pendiente desde hace 16 años un juicio por un presunto caso de narcotráfico en el que se localizaron casi 400 kilos de cocaína en el puerto de El Musel de Gijón en una importación de carbón vegetal a través de una de sus sociedades.

Dos licencias y ninguna para extraer carbón

Blue Solving S.L. disponía de dos licencias en Cerredo: una de investigación para comprobar, en una determinada zona de la mina, la presencia de algún tipo de mineral o de material de cara a su extracción en un futuro, y otra para retirar chatarra y material del nivel tres de la mina, el lugar en el que se produjo la explosión, pero no contaba con autorización para la extracción de carbón. Ambas caducaban el pasado viernes, 11 de abril.

Ese mismo día, la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, comparecía por primera vez en el Parlamento asturiano y confirmaba todas las sospechas: la empresa Blue Solving S.L. carecía de licencia para extraer carbón y, sin embargo, las primeras investigaciones apuntaban a esa actividad.

De esa forma, Belarmina Díaz confirmaba la existencia de “indicios de extracción ilegal de carbón” tras la primera inspección ocular en el interior de la mina.

Los dos huecos en la mina

La consejera admitía que los investigadores habían encontrado en el interior de la mina dos huecos compatibles con la extracción de carbón en el tercer nivel: uno de 18,2 metros y otro de 24,6 metros de largo y entre 25 y 30 metros de alto, con una anchura de unos 0,8 metros.

Belarmina Díaz se reunía este lunes con los integrantes de la comisión especial de investigación del accidente de la mina de Cerredo, que se ha constituido en el seno de la Comisión Regional de Seguridad Minera de Asturias. 

Una investigación compleja

Entre tanto, la investigación sigue avanzando desde distintos ámbitos: judicial, laboral, sindical y político para llegar “hasta el fondo” y esclarecer qué actividad se estaba desarrollando realmente.

A las sanciones por las infracciones administrativas y las posibles responsabilidades penales, se suma además el debate en el Parlamento asturiano sobre la creación de una comisión para depurar las posibles responsabilidades políticas que pudieran derivar, si existieran, del siniestro que ha acabado con la vida de Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez.

Los cinco mineros fallecidos tenían edades comprendidas entre 32 y 54 años y residían en las comarcas leonesas de El Bierzo y Laciana. En el siniestro resultaron heridos otros cuatro trabajadores que ya han sido dados de alta en los hospitales de Asturias y León, donde fueron ingresados.