La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) ha rechazado el reconocimiento de la condición de personal fijo a trabajadores públicos temporales, si bien ha fijado un baremo de indemnizaciones por abuso en la contratación temporal que se mueve en una horquilla entre los 1.000 y 10.000 euros en función de la duración de la relación laboral temporal abusiva.

No obstante, si la persona trabajadora acredita unos daños morales superiores se pueden llegar a indemnizar “en su integridad”, según ha confirmado el TSJA.

Las cuantías indemnizatorias

Así para relaciones laborales con una duración de hasta cinco años se establece la cuantía de 2.500 euros, que en caso de alcanzar los diez años será de 5.000 euros; de 7.500 euros cuando la duración de la relación llegue a los 15 años, y de 10.000 para las relaciones que superen el plazo de 15 años, sin perjuicio de que puedan incrementarse si se acreditan perjuicios mayores.

El alto tribunal asturiano, reunido en Pleno, ha adoptado esta decisión una vez resuelta una cuestión prejudicial sobre esta materia planteada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (TS) al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Recursos de suplicación

Una vez unificada la doctrina por parte del Supremo tras el fallo del TJUE, emitido el pasado mes de abril, el alto tribunal asturiano ha tenido la base suficiente para resolver los recursos de suplicación sobre empleo público temporal que se encontraban suspendidos a la espera de este pronunciamiento.

En los recursos de suplicación se planteaban dos cuestiones esencialmente: por una parte, el reconocimiento de la fijeza laboral a personal laboral temporal, y por otra el abono de una indemnización por abuso en la contratación temporal.

No reconoce la fijeza

El Tribunal Supremo exige el haber superado previamente un proceso selectivo para el acceso a un empleo fijo conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, sin que a estos efectos sean válidos los procesos selectivos superados para empleos temporales.

Teniendo en cuenta esta doctrina, la Sala de lo Social ha resuelto no reconocer la fijeza en ninguno de los casos en que así se reclamaba, ya que en unos “no se había superado un proceso selectivo previo en las condiciones establecidas”, y en otros “se trataba de procesos de empleo temporal que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, no son válidos para declarar la fijeza laboral”.

Datos materiales y morales

No obstante, la Sala sí reconoce el derecho de las personas trabajadoras cuya contratación temporal se ha de calificar de abusiva a reclamar la indemnización correspondiente por abuso en la contratación temporal ya que por razones de orden procesal no podía reconocer la indemnización en los casos resueltos en los que no se había reclamado expresamente en la demanda que dio inicio a cada procedimiento.

El Tribunal Supremo permite reclamar por este abuso tanto daños materiales como daños morales, si bien precisa que los primeros han de ser acreditados expresamente por la persona trabajadora que los reclame, y para los daños morales, dada su dificultad probatoria y a falta de acreditar daños superiores por la persona trabajadora afectada, fija una “indemnización presuntiva mínima”.

Un portavoz del TSJA ha señalado que se remitirá testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos que procedan de acuerdo, igualmente, con la doctrina del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación del grupo de 18 letradas que demandaron al Colegio de Abogados de Sevilla por mantener el genérico masculino en su denominación en vez de utilizar 'abogacía' como término inclusivo. Una decisión que cobra especial importancia porque, a partir de lo que determine el alto tribunal, se valorará si el nombre que mantiene la institución centenaria supone un uso sexista del lenguaje y, también, una discriminación indirecta por razón de sexo en virtud de los artículos que amparan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres o las recomendaciones para el lenguaje inclusivo.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo dictó en junio de este año que las normas que serán objeto de interpretación por parte del tribunal son las relativas a la ley de Igualdad y, también, a la ley sobre Colegios Profesionales, según señala el auto al que ha podido acceder este medio. Así, prosigue la lucha de las letradas sevillanas que mostraron su rechazo frontal al acuerdo votado el 25 de junio de 2022, en el que se mantuvo la denominación del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS), en vez de adaptar las recomendaciones deontológicas del Real Decreto 135/2021 en el que ya se alude a los colegios de la Abogacía.

Este paso supone para María Jesús Correa, una de las 18 letradas recurrentes, “un hito procesal importante”, dado que “considera que la cuestión trasciende nuestro caso concreto, reconociendo que existe una cuestión jurídica cuya interpretación conviene fijar y merece un pronunciamiento que puede dar lugar a crear doctrina jurisprudencial”. Por tanto, lo califica, en declaraciones a este medio, como “un ejercicio de ajuste entre la legislación vigente y la realidad social”, ya que, en este sentido, “el poder y la capacidad de influencia del lenguaje público es trascendental”.

“Puede trascender a otros ámbitos”

Lo más interesante para la letrada, afirma, es “si la sentencia entra en el fondo del asunto y fija criterio sobre el uso del lenguaje sexista por un colegio profesional, o sobre las obligaciones derivadas de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prohibición de discriminación”, dando lugar a que la doctrina sea utilizada en procedimientos futuros. Además, considera que con esta vía se abre la aplicación del principio de igualdad y no discriminación, así como del deber de las corporaciones de derecho público a utilizar un lenguaje conforme al ordenamiento juírico, a la interpretación de la norma sobre igualdad y, añade, el alcance del control jurisdiccional sobre los estatutos de los colegios profesionales, “una cuestión que puede trascender a otros ámbitos”.

El litigio se ha ido extendiendo en el tiempo y en estos cuatro años ha habido dos sentencias cruciales. Por un lado, el Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla desestimó en abril de 2025 la demanda contra el ICAS y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados debido a que era una “decisión democráticamente adoptada por los colegiados” y que, a pesar de provocar un “profundo respeto” por parte de la magistrada que “pudiera compartir personal o ideológicamente el argumentario de las recurrentes”, como recogía el auto, “no hay norma alguna por la cual se deba adoptar imperativamente un lenguaje inclusivo”. Asimismo, aseveró que “el término 'abogado' puede apreciarse por las colegiadas recurrentes como no inclusivo, pero no puede ser calificado de sexista ni de discriminatorio, aunque se comprenda el sentimiento de serlo”.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimó en febrero de este año el recurso interpuesto por las 18 abogadas. La sentencia también mantenía que no existía una “norma imperativa” en la legislación española, pese a las recomendaciones nacionales e internacionales, y se mostraba contraria a que la denominación aprobada por el Colegio de Sevilla fuera sexista. En todo caso, hacía referencia a la Real Academia de la Lengua Española (RAE), que “ha manifestado que el uso genérico del masculino gramatical no supone discriminación sexista alguna y que el uso del desdoblamiento entre masculino y femenino es artificioso e innecesario, fundado principalmente en razones extralingüísticas”.

A tal efecto, concluía con que, aun siendo “correcto” el uso de “abogacía” para comprender a los profesionales de ambos sexos, con el mantenimiento de abogados “no podemos concluir que su uso pueda, en la actual conciencia social, invisibilizar a las mujeres, dada la absoluta normalización del ejercicio de esta profesión por ambos sexos”. Una cuestión que alarmó a las letradas, ya que, a su criterio, de esta manera se “reducía” la conflictividad a un mero problema gramatical y no se metía “en el fondo de la cuestión: la discriminación por razón de sexo”.

Cuatro años de litigio y logros

La nomenclatura aprobada por la institución que lleva vigente más de 300 años va en el sentido contrario a las nuevas adecuaciones adoptadas por más de 30 Colegios de Abogados, de un total de 83 órganos, que pasaron a adoptar Abogacía, como en Almería, Córdoba, Cuenca, Cáceres, Murcia o Santiago de Compostela. Un gesto que contrastaba con el uso del lenguaje inclusivo cuando este año se convocó por primera vez el I Premio Igualdad Abogacía de Sevilla, concedido a Amparo Díaz Ramos, quien mostraba su apoyo para la estandarización del término colectivo y, así, se “abarque” tanto a hombres, mujeres y a personas no binarias, declaraba a este medio.

Más allá de los sinsabores, el grupo de 18 letradas ha conseguido que el Supremo acepta el recurso de casación y, también, un triunfo que ha supuesto un antes y un después en el callejero sevillano, reflejo de la historia compartida de la ciudad. En diciembre de 2024, se descubrió la nueva rotulación de la Plaza de la Abogacía en un “acto de reparación”, como lo calificaron las asistentes, que supuso acabar con un espacio más en el que se invisibilizaba a las mujeres y que, además, contó con la presencia de la corporación local y del Colegio de Abogados en el acto inaugural.

Casi un lustro después, la abogada María Jesús Correa ve en la decisión del Supremo que “la razón está de nuestro lado porque la legislación está ahí y es exigible su cumplimiento”. “Si alcanzamos nuestro objetivo de un pronunciamiento que sirva para desterrar cualquier tipo de discriminación sexista en el uso del lenguaje, todo esfuerzo habrá merecido la pena. Así sea”.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha concedido una indemnización de 16.533,21 euros a una vecina de Oviedo que recurrió una sentencia previa que había rechazado su reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Ayuntamiento de Oviedo por una caída sufrida por el mal estado de una baldosa. La sentencia revoca la resolución inicial, que determinó que había responsabilidad municipal pero no derecho a indemnización, y ordena al consistorio ovetense y a su aseguradora el pago por el accidente.

El caso tiene su origen en un accidente ocurrido el 16 de mayo de 2024 en la calle Doctor Casal número 9 de Oviedo. La denunciante sostuvo que sufrió lesiones tras tropezar con una baldosa en mal estado de conservación. El Ayuntamiento rechazó inicialmente la reclamación administrativa, presentada en de enero de 2025, al entender que no concurrían los requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial municipal.

La denuncia de la afectada se centraba en el estado de la vía pública. Según el informe policial incorporado al procedimiento, la baldosa con la que habría tropezado medía 60 por 40 centímetros y sobresalía unos tres centímetros sobre el nivel de la acera. La apelante subrayó además que la zona no estaba señalizada en el momento del accidente y que fue posteriormente señalizada por los agentes y reparada.

En primera instancia, el órgano contencioso-administrativo de Oviedo desestimó la demanda. Aun dando por acreditada la caída y la existencia de una deficiencia en la baldosa, entendió que el desperfecto no tenía entidad suficiente para considerarse causa jurídica del accidente, por lo que dejó sin indemnización a la reclamante.

La denunciante elevó el asunto al TSJ de Asturias con los argumentos de una supuesta valoración errónea de la prueba y una incorrecta aplicación de la normativa sobre responsabilidad patrimonial de la Administración. La recurrente pidió que se revocara la sentencia y que se condenara al Ayuntamiento y a AXA al pago de 48.842,92 euros, más intereses legales.

La Sala recuerda en su sentencia la doctrina general sobre la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Cita el artículo 106.2 de la Constitución, el artículo 32 de la Ley 40/2015 y el artículo 54 de la Ley de Bases de Régimen Local, y recalca que el daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado. También insiste en que no basta la mera titularidad municipal de la vía pública, debe existir nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño.

El TSJ, sin embargo, se aparta del criterio del juzgado. La Sala considera que el informe policial, las testificales y la declaración de los agentes acreditan la mala conservación de la baldosa y el resalte de tres centímetros. También destaca que las fotografías permitían apreciar que otras baldosas próximas estaban deterioradas, por lo que concluye que la desestimación total de la reclamación no se ajustaba a la prueba practicada.

Ahora bien, el tribunal no atribuye toda la responsabilidad al Ayuntamiento. La sentencia aprecia concurrencia de culpas al 50%, porque, aunque existía una deficiente conservación de la acera, la calle, que es peatonal, era “sumamente amplia” y no se acreditaron circunstancias extraordinarias que agravaran el riesgo.

En cuanto a los daños, la Sala acepta 10 días de perjuicio personal grave por hospitalización, 48 días de perjuicio moderado y 130 días de perjuicio básico, lo que suma 8.828,40 euros por tiempo de sanidad. Añade 16 puntos funcionales y 5 puntos estéticos, valorados en 20.938,69 euros, así como 10.927 euros por pérdida de calidad de vida, 1.173,74 euros por intervención quirúrgica y 27 euros por el gasto de un bastón.

El tribunal rechaza otros conceptos reclamados, como la agravación de una artrosis lumbar, los gastos de fisioterapia privada, los taxis y la empleada del hogar, al considerar que no estaban suficientemente acreditados o que no se justificaba su conexión causal con la caída. La suma reconocida asciende a 33.066,43 euros, pero al aplicar la reducción del 50% por concurrencia de culpas queda fijada en 16.533,21 euros, que deberán abonar el Ayuntamiento de Oviedo y su aseguradora.

Contra la sentencia cabe recurso de casación en el plazo de treinta días, bien ante el Tribunal Supremo si se invoca infracción de legislación estatal, bien ante el propio TSJ asturiano si la infracción alegada es de normativa autonómica.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) han acordado denegar la suspensión cautelar del acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado que, el pasado 16 de febrero, declaró Proyecto de Interés Estratégico (PIER) la superficie comercial de Costco en el área industrial sierense de Bobes. La multinacional de los hipermercados estadounidense prevé una inversión de 45 millones de euros y proyecta crear 170 empleos en un plazo de tres años en Asturias.

La Unión de Comerciantes del Principado había solicitado esta medida cautelar con la intención de que se paralizara provisionalmente el proyecto mientras se resuelve el recurso principal contra esa declaración como PIER.

Los socios de gobierno discrepan

La declaración como PIER ya había provocado desde sus inicios una gran controversia en el seno de los socios de gobierno, ya que mientras los socialistas habían facilitado con sus votos la implantación de la multinacional estadounidense en el concejo de Siero, el consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico, de IU-Convocatoria por Asturias, había votado en contra al rechazar su instalación en el Principado.

Ahora, la decisión del TSJA ha vuelto a reproducir el debate. El auto no es firme y contra el mismo cabe presentar un recurso de reposición en el plazo de cinco días; una vía que la Unión de Comerciantes piensa utilizar, ya que no da la batalla por perdida.

El interés “público y general”

Los magistrados consideran que no existe un “perjuicio claro y actual” que justifique la paralización del proyecto. Todo lo contrario, para el tribunal, concurre un “interés público y general” en la realización de inversiones económicas de “muy elevada magnitud por su repercusión en la generación de un elevado volumen de empleo directo e indirecto”.

Las reacciones ante la decisión judicial no se han hecho esperar y son la escenificación de la cara y la cruz de la moneda.

'Cepi': “Lo comparto al cien por cien”

Como no podía ser de otra manera, el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', estaba eufórico y exultante a la hora de valorar el auto judicial: “Es una excelente noticia para los intereses de Siero y de Asturias. Me parece que está muy bien jurídicamente, muy bien justificado, muy bien explicado. Lo comparto, no solo respeto, que siempre respeto las decisiones de los tribunales; sino que además lo comparto al cien por cien”, fueron sus primeras palabras al conocer su contenido.

También los comerciantes respetan el auto, pero subrayan que la resolución no prejuzga la legalidad de la declaración de PIER.

La reacción de los comerciantes

Desde la Unión de Comerciantes trasladan “una valoración prudente y respetuosa” con la resolución judicial, si bien puntualizan que el auto “se refiere exclusivamente a la pieza de medidas cautelares. El procedimiento principal continúa abierto, sin que el TSJA haya entrado todavía en el fondo del asunto”.

“Consideramos especialmente relevante que el propio auto no entre a resolver las cuestiones de fondo planteadas, al entender que corresponden a una fase posterior del procedimiento, con las debidas garantías de contradicción y prueba. Del mismo modo -añaden desde la Unión de Comerciantes- valoramos que se reconozca, al menos en esta fase cautelar, nuestra legitimación como parte recurrente, en atención a nuestra condición de interesada en el procedimiento administrativo”.

A través de un comunicado resaltan que el auto recuerda que no cabe prejuzgar en este momento ni el fondo del recurso, ni el resultado de los procedimientos urbanísticos, territoriales y administrativos que aún deben tramitarse.

Empleo y actividad económica

“El debate jurídico y administrativo sigue abierto. Este debate no se plantea desde una posición contraria a la inversión, a la actividad económica ni a la libertad de empresa. Defendemos que Asturias necesita inversión, empleo y actividad económica, pero también necesita reglas claras, planificación territorial coherente y un modelo comercial equilibrado que no debilite a los centros urbanos ni al comercio de proximidad”, añaden.

La declaración de un proyecto como estratégico debe ser objeto, a su juicio, de un análisis especialmente riguroso cuando puede tener efectos sobre la ordenación urbanística, territorial y comercial del Principado.

El contencioso continúa

La Unión de Comerciantes ha anunciado este viernes que continuará ejerciendo las acciones que correspondan en defensa de los intereses generales del comercio asturiano, de los autónomos, de las pymes comerciales y del equilibrio del modelo comercial de Asturias.

“Nuestra posición seguirá siendo constructiva, institucional y responsable. Siempre velando en defensa del comercio local, de los centros urbanos y de una planificación comercial que tenga en cuenta el impacto real de las grandes implantaciones sobre el tejido económico existente”.

Asimismo, ha mostrado su disposición a seguir trabajando para que cualquier decisión que afecte al futuro del comercio asturiano se adopte “con transparencia, seguridad jurídica y equilibrio territorial”.

La Fiscalía de Asturias no se conforma con la condena a dos años y diez meses de cárcel que la Audiencia Provincial ha impuesto al matrimonio que durante cuatro años mantuvo aislados de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos, dos gemelos que ahora tienen nueve años y su hermano de once, en la vivienda familiar, bautizada policialmente como 'la casa de los horrores', ubicada en la zona rural de Oviedo/Uviéu por miedo a que se contagiaran del covid.

El Ministerio Fiscal considera que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias debería haber reflejado en la sentencia que con su comportamiento los padres habrían incurrido en tres delitos de detención ilegal, uno por cada uno de los menores, lo que habría elevado considerablemente la condena.

La Fiscalía solicitaba sendas penas de 25 años y cuatro meses de cárcel para los acusados, por lo que la diferencia entre su petición y el fallo es abismal.

Una pena más elevada

Por ello, la Fiscalía del Principado de Asturias ha decidido interponer ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un recurso de apelación contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

En este recurso, la acusación pública solicita a la Sala que revoque el fallo y condene a la pareja también por los tres delitos de detención ilegal de los que fueron absueltos.

En su resolución, la Audiencia Provincial entendió únicamente que en su caso concurrían la existencia de un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y de un delito de abandono de familia.

El Principado también recurre

De la misma opinión es la administración del Principado, que ejerce actualmente la tutela de los tres hermanos que siguen evolucionando bien en el centro de menores donde están acogidos desde la detención de sus padres.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, ya había anunciado el pasado día 15 de este mes que el Gobierno asturiano interpondría un recurso por la misma razón alegada ahora por la Fiscalía.

La detención ilegal

En aquella ocasión, la consejera se pronunció a favor de recurrir la sentencia para que el TSJA contemplara los delitos de detención ilegal.

La administración autonómica, que se personó en el procedimiento como acusación particular y solicitó para los padres al igual que la Fiscalía una pena de 25 años y cuatro meses de cárcel, advirtió de que la sentencia debería haber recogido la figura de la detención ilegal, al haber sido retenidos los menores, aislándolos de todo contacto.

La buena evolución de los niños

Marta del Arco reconoció que los tres hermanos siguen “una evolución lenta” por “todo lo vivido” y se encuentran en un centro de acogimiento residencial en el que conviven “perfectamente con otros niños”.

Los magistrados de la Sección Segunda impusieron al alemán Cristian S., de 53 años, y a su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad -alemana y estadounidense-, una pena individual de dos años y cuatro meses de cárcel por el delito de violencia psíquica habitual en el ambito familiar, a la que se suma otra condena de seis meses de prisión por el delito de abandono de familia.

Inhabilitados para la patria potestad

A estas dos penas se sumó igualmente su inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento durante tres años y cuatro meses, y se les prohíbe aproximarse a los menores a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de estudio o cualquier otro que frecuenten durante tres años y cuatro meses.

Asimismo, ambos fueron condenados a otra pena de privación a la tenencia y porte de armas durante cuatro años y seis meses y el pago de una indemnización para cada uno de los tres menores de 30.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.

Cuatro años aislados

Durante los cuatro años que ha durado el aislamiento de la familia, en el período comprendido entre los meses de diciembre y abril de 2025, los menores no salieron de la vivienda, estaban sin escolarizar, continuaban con pañales, pese a su edad, y se movían por la casa con tres mascarillas cubriendo la boca para no contagiarse.

Los padres tenían secuelas de covid persistente y, según explicaron sus abogados defensores, ese “miedo insuperable” a que contrajeran la enfermedad les llevó a autoconfinarse y a mantener a los menores dentro de casa, sin dejarlos siquiera que pudieran salir al jardín.

La alerta de la vecina

Una vecina que vivía en los alrededores de la vivienda familiar se puso en contacto con el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu ante su sospecha de que dentro del chalé convivían más personas que el padre, que era el único que estaba empadronado, y tras unas vigilancias discretas por parte de la Policía Local ovetense, se decidió intervenir.

Los agentes acudieron a la vivienda el 28 de abril de 2025 con autorización judicial y, tras liberar a los menores, los padres fueron detenidos.

Tras comparecer en el juzgado, ambos fueron trasladados a la prisión de Asturias, donde han permanecido ingresados como presos preventivos durante un año.

De la cárcel al juicio

Desde la prisión, el matrimonio fue trasladado a la sede judicial donde el pasado mes de marzo fue juzgado a lo largo de varias sesiones.

Finalmente, el tribunal les impuso una sentencia condenatoria que los padres de los menores conocieron a través de sus abogados en la cárcel.

Desde el centro penitenciario, la pareja mostró su satisfacción por no haber sido condenada por los delitos de detención ilegal, alegando que su comportamiento se debía exclusivamente a ese “miedo insuperable” al covid y sin que detrás de su actitud hubiera una intención real de aislar a los menores para quienes, según dijeron, “solo querían lo mejor para ellos”.

Con el anuncio de los recursos del Principado y la Fiscalía, la decisión del futuro de la pareja queda ahora en manos de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha declarado nula la resolución con la que la Consejería de Hacienda del Gobierno del Principado estableció en mayo del pasado año la estructura de la Oficina Judicial de los Tribunales de Instancia en trece partidos judiciales por considerar que “es contraria a derecho”.

En concreto, el fallo de la Sala de lo Contencioso del TSJA afecta a los juzgados de primera instancia en los que se llevó a cabo la primera fase de implantación de la Oficina Judicial, los de Cangas de Narcea, Cangas de Onís, Castropol, Grado, Laviana, Lena, Llanes, Piloña, Pravia, Siero, Tineo, Valdés y Villaviciosa.

El recurso de CCOO

Su implantación fue recurrida por Comisiones Obreras (CCOO) al considerar que dicha resolución afectaba a las condiciones de trabajo del personal funcionario y debió ser objeto de negociación previa con los sindicatos.

Además, impugnaba ciertos artículos de la resolución por considerar que vulneran acuerdos previos y normativas relacionadas con la organización del trabajo en la Administración de Justicia.

No era solo cuestión organizativa

Por su parte, la letrada del Servicio Jurídico del Principado defendió que la resolución es meramente organizativa y no requería de negociación, y que son las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) derivadas de estas medidas las que deben ser negociadas.

Sin embargo, el fallo, hecho público este jueves, concluye que la resolución impugnada no se limita a aspectos organizativos, sino que tiene repercusiones sobre las condiciones laborales, lo que exige la negociación previa con los sindicatos.

Contraria a derecho

Por lo tanto, estima el recurso interpuesto por el sindicato y declara la nulidad de la resolución por ser contraria a derecho, decisión ante la que el Principado tiene posibilidad de interponer recurso de casación.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, ha señalado, a preguntas de los periodistas sobre esta sentencia, que, además de este recurso interpuesto por CCOO, hay otros dos planteados contra esta resolución de la Consejería.

La solución de la justicia

Según ha manifestado, se trata de una resolución judicial por parte de los jueces que han considerado que ha habido una “falta de negociación colectiva” en este acuerdo.

Chamorro ha dicho que la “justicia es esto, dar solución” a los recursos que, en este caso, han planteado los funcionarios de la administración de justicia a través de organizaciones sindicales.

El presidente del TSJA ha insistido en que la sentencia dictada “nada tiene que ver” con la valoración gubernativa que le corresponde a la sala del gobierno del tribunal con el despliegue de la oficina judicial.

La memoria de actividades

Por otro lado, Jesús María Chamorro, ha señalado que se sigue sin “ver la luz al final de túnel” en relación al problema de las sedes judiciales de Oviedo y ha advertido sobre determinadas “disfunciones” en la puesta en marcha de la nueva oficina judicial.

“La justicia del siglo XXI necesita infraestructuras y medios que a día de hoy no tenemos”, ha señalado durante la presentación de la memoria del alto tribunal asturiano correspondiente al año 2025.

Sin plazos para reunificar sedes

Chamorro ha manifestado que aún no existen plazos para la reunificación de las sedes judiciales de la capital asturiana ni para la “solución puente” que la administración judicial lleva reclamando “desde hace tiempo”.

“No acabamos de ver la foto final”, ha dicho tras señalar, además, que la puesta en marcha de las nuevas oficinas judiciales ha provocado el traslado de funcionarios y originado que haya un “exceso de concentración” de trabajadores en edificios y que se hayan perdido tres salas de vistas en Oviedo.

Sin suspensiones

Chamorro ha subrayado que este proceso se ha desplegado “no sin problema”, pero de forma “satisfactoria”, puesto que no ha habido suspensiones procesales aunque sí incidencias de comunicaciones y de acceso a contenidos en soportes digitales.

En este punto, el presidente del TSJA ha insistido en la necesidad de que los trabajadores dispongan de la aplicación procesal 'Atenea' compatible con la nueva oficina judicial.

Virtudes y riesgos

El máximo responsable del alto tribunal ha recalcado que la nueva oficina es un instrumento con “muchas virtudes” pero también tiene “riesgos” y ha insistido en que se han producido una serie de “disfunciones” en la forma en que se ha implantado tras señalar, no obstante, la dificultad que este tipo de procesos entraña.

Al mismo tiempo, ha confiado en que las ratios actuales de despacho de los asuntos se siga manteniendo.

Más formación

Por otro lado, Chamorro ha reclamado que se dote de formación al personal interino que trabaja en la administración judicial, que cuenta con un “exceso temporalidad”.

El presidente del TSJA ha presentado los principales datos de la memoria de 2025, año en que ingresaron en los órganos judiciales de Asturias 166.766 asuntos, un 3,5 por ciento más que en el ejercicio anterior.

Los asuntos

Por órdenes jurisdiccionales, en el orden civil se contabilizaron 74.467 asuntos (un 1% más), en el penal, 74.278 (un 7,9 % más), en el contencioso-administrativo, 3.415 (un 0,5 % más) y en el social, 14.606 (un 3,8 % menos).

Tras apuntar que se ha detectado un incremento de agresiones sexuales y de delitos por violencia machista, ha comentado que Asturias es la tercera comunidad en tasa de litigiosidad, si bien la capacidad de resolución es “mucho más alta que en otros territorios”.

El esfuerzo judicial

En 2025, se dictaron 165.008 resoluciones (un aumento del 0,5 %), de las que 52.289 fueron sentencias, 72.124 fueron autos finales y 40.595 fueron decretos.

“Los números son absolutamente positivos que demuestran el gran esfuerzo de jueces y letrados”, ha indicado el presidente del TSJA. 

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha confirmado que el despido por correo electrónico de un trabajador es improcedente al no haberse podido demostrar que accedió a dicha comunicación.

En una sentencia fechada el pasado 24 de febrero, la Sala de lo Social rechaza el recurso de Takeaway -Uber Eats- contra un fallo de junio de 2024 del Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo.

Faltas reiteradas

El caso es el de un repartidor con contrato indefinido cuya jornada era de 16 horas semanales con un salario bruto anual de algo más de 6.000 euros, al que en agosto de 2024 le fue comunicado su despido por faltas reiteradas al puesto trabajo.

El correo electrónico en el que se le informaba de su despido indicaba que no había sido posible ponerse en contacto con él, ya que ni atendía al teléfono ni contestó a otros mensajes anteriores.

El medio

De acuerdo con el juzgado de lo social, el TSJ considera que la entrega de una carta de despido por correo electrónico es “perfectamente válida”, siempre y cuando la empresa que elige ese medio para comunicar el despido actúe de buena fe.

Ello requiere de una “previa concertación de voluntades entre empresa y trabajador acerca del uso del correo electrónico para fines laborales, en particular cuando el utilizado sea el personal o reservado del propio trabajador”.

Correo reservado

Y en este caso, a falta de hechos probados que permitan afirmar que el utilizado fuera un correo profesional proporcionado por la propia empresa al trabajador para una comunicación de ese tipo, se entiende que el utilizado era correo reservado del propio trabajador.

La empresa debe adoptar “cuantos medios al uso permitan asegurar que el trabajador reciba la carta de despido”, y en este caso el empleado no lo había vinculado a la prestación de servicios, y mucho menos a la recepción de una carta de despido, añade la sentencia,

Lo único que consta como hecho probado es que se le envió el correo, pero no que este hubiera sido recibido, por lo que no puede darse por cumplido “el requisito previo de notificación escrita y motivada del despido”. 

A.S.G., de 36 años, estaba casado y tenía dos hijos de 3 y 15 años. El 7 de febrero de 2017, su familia se despidió de él como un día normal cuando salió a trabajar. Tenía que desplazarse con una grúa móvil, de gran tonelaje, desde la base de la empresa Grúas Roxu S.A. sita en Tabaza, en el concejo asturiano de Carreño, hasta el parque eólico situado en el lugar denominado El Acebo, dentro del concejo asturiano de Grandas de Salime.

Un accidente laboral frustró su regreso a casa ya que, cuando circulaba en medio de una pista forestal, sin señalizar, con mala visibilidad debido a que estaba oscureciendo y por un terreno embarrado, éste cedió al paso del vehículo pesado y se precipitó por la ladera de una montaña, desde 66 metros. El trabajador salió despedido de la cabina y falleció esa misma noche en el lugar del accidente.

Tras un largo periplo judicial, los magistrados del alto tribunal asturiano han cuantificado en 371.130 euros la indemnización global para la viuda, sus hijos y los padres del fallecido, tras declarar que el accidente fue debido a la “omisión de medidas específicas de seguridad en el trabajo que provocó que el trabajador llevase a cabo sus tareas en una clara situación de riesgo y en tal omisión encontró su causa directa el accidente”, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias.

Del sobreseimiento a la condena

La familia del trabajador ha tenido que esperar nueve años para ver declarada la responsabilidad empresarial en el accidente mortal. En este tiempo, la causa ha ido pasando por varios órganos judiciales: el Juzgado de Instrucción número Uno de Castropol dictó en 2018 auto de sobreseimiento provisional en una resolución que fue recurrida y confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias donde se acordaba el archivo.

Posteriormente, la familia interpuso una demanda, que recayó en el Juzgado de lo Social 3 de Oviedo, donde ya empezó a establecerse una relación de causalidad hasta que finalmente la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha avalado su tesis de que la muerte en accidente laboral se debió a la falta de medidas de seguridad en el trabajo.

Los hechos probados

Según el relato de hechos probados, el día del accidente, A.S.G. recibió el encargo de la empresa para que condujera la grúa móvil de marca Liebherr, desde la base de Tabaza hasta el parque eólico ubicado en el lugar denominado El Acebo, “siendo el objeto del trabajo auxiliar con la grúa en las labores de reparación y mantenimiento de un aerogenerador”, según consta en la sentencia confirmada por el TSJA.

A.S.G. conducía la grúa con una Masa Máxima Autorizada (M.M.A) de 60.000 kilogramos, reflejada en su ficha I.T.V., sobre las 19.15 horas del 7 de febrero de 2017 dentro de una pista forestal cuando “de forma sorpresiva la calzada se derrumbó al paso del vehículo especial que conducía, hundiéndose las ruedas derechas del aparato, lo que ocasionó que el camión grúa girase sobre sí mismo volcando de lado (giro de tonel) y cayendo por el precipicio existente en la margen derecha de la vía”. A consecuencia del accidente, el trabajador falleció a las 21 horas del mismo día.

El “esfuerzo probatorio” de la familia

El TSJA ha dictado una sentencia condenatoria en base tanto a los informes técnicos emitidos por la Guardia Civil como a las pruebas periciales practicadas a instancia de la propia familia de la víctima.

La sentencia resalta el hecho de que frente al esfuerzo probatorio realizado por la familia, ninguna prueba pericial se practicó a instancia de las codemandadas.

La responsabilidad empresarial

Paradójicamente, frente al contundente informe de la Guardia Civil, la inspectora de Trabajo no apreció infracción de normas de seguridad en la producción del accidente.

El informe de la Inspección de Trabajo discrepaba respecto a la responsabilidad empresarial, en contraposición a los extremos corroborados por la Guardia Civil, que han sido avalados por la justicia.

Un lugar “remoto y sin señales”

El informe técnico de la Guardia Civil especificaba que la grúa no tenía autorización para circular por la pista forestal donde ocurrió el accidente e incluso constaba un oficio del Ayuntamiento de Grandas de Salime advirtiendo de la ausencia de solicitud de informe en orden a permitir la circulación de vehículo especial.

En un oficio de la Guardia Civil se describía que el accidente se registró “en un lugar remoto, deshabitado, en horas nocturnas, con ausencia de señales identificativas de cualquier tipo, lo que hizo dificultosa la labor de identificación del lugar, hasta el punto de que se posicionó erróneamente sobre el término municipal de Ibias cuyo partido judicial correspondería al Juzgado de Cangas de Narcea”.

El error de ubicación

Sin embargo, con posterioridad, se pudo verificar que se había producido dentro del término municipal de Grandas de Salime perteneciendo al partido judicial de Castropol.

El firme donde se produjo el accidente era “flexible” y el estado de conservación “malo”, por el grado de humedad, baches y surcos, y carecía de iluminación artificial, siendo el horario al atardecer (con poca luminosidad), y mala visibilidad por la configuración de la vía con abundantes tramos curvos y márgenes provistos de vegetación arbórea formando bosque y talud en el margen izquierdo, según consta en la sentencia.

Sin planificación

La empresa de grúas, de la que es titular J.M.G.S., omitió las medidas específicas de seguridad en el trabajo, según advierten los magistrados, dado que la actividad laboral con grúas de gran tonelaje -como la que conducía A.S.G.-, requieren una planificación y cuidado que no se tuvo por parte de la mercantil.

A esta circunstancia se vino a sumar el hecho de que el lugar por donde el gruista circulaba, en medio de una pista forestal, carecía en 2017 de cualquier tipo de señalización, sin que el trabajador contara con la indicación concreta del lugar al que tenía que dirigirse.

El gruista “no se distrajo”

La Guardia Civil descartó la posible existencia de una posible distracción del conductor “en tanto que el trazado de la huella de impronta discurre paralelo al eje de la calzada, mientras es trazada la curva a derecha”.

Además tenía el permiso de la clase C desde hacía 15 años y llevaba trabajando en Grúas Roxu S.A. con la categoría de gruista desde 1999, por lo que, según exponía, “tenía una dilatada experiencia laboral en la empresa para la cual trabajaba conduciendo este tipo de vehículos especiales”.

La condecoración

La familia no ha querido hacer declaraciones ya que, según han asegurado fuentes cercanas, está atravesando un momento delicado puesto que, al dolor por el fallecimiento del trabajador, se sumó el hecho de ver cómo se personaba en la causa Grúas Roxu S.A.como perjudicado solicitando el coste de la grúa.

Una circunstancia añadida ha sido el anuncio del Ayuntamiento de Siero, municipio donde reside la familia, de que el empresario J.M.G.S. será condecorado con la medalla de oro del concejo, en una fecha aún por determinar, al acoger la propuesta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) por su contribución a “crear riqueza y empleo en el territorio”.

El Principado ha sido condenado por una contratación temporal “en fraude de ley”. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) así lo ha calificado en una sentencia donde declara el derecho a indemnización de una trabajadora que, tras más de 15 años de servicios en régimen de temporalidad, accedió finalmente a una plaza fija tras superar un proceso de estabilización.

La demandante, M.J.G.B., trabajadora de la red de Establecimientos Residenciales para Ancianos (Asturias), superó el proceso selectivo convocado para la provisión de 20 plazas de animadora sociocultural y el 14 de enero de 2025 suscribió un contrato laboral fijo a tiempo parcial.

Escrito de renuncia

La víspera presentó un escrito de renuncia al puesto que venía desempeñando en virtud de un contrato de duración determinada por obra o servicio suscrito el 30 de abril de 2009.

La trabajadora había participado en el proceso extraordinario de estabilización, lo superó y formalizó contrato fijo. Sin embargo, durante más de 15 años prestó servicios para el organismo público demandado en régimen de temporalidad, sin que la Administración promoviera en tiempo oportuno la cobertura reglamentaria de la plaza mediante oferta de empleo público.

La demanda

El abogado Adrián Pérez Suárez, de Efeso Abogados y letrado del Servicio Jurídico de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), integrado en Sindicatos Asturianos Independientes Federados (SAIF), interpuso una demanda, en nombre de la trabajadora, en materia de derechos y reclamación de cantidad contra ERA y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

En esta demanda, solicitaba que se procediera al abono de la indemnización equivalente a 20 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 12 mensualidades, por la extinción de la relación indefinida no fija; subsidiariamente al abono de 7.500 euros en concepto de sanción por el abuso y la vulneración del Derecho de la Unión Europea (UE) en materia de contratación temporal, con las consecuencias legales que derivasen de tal declaración.

El recurso de suplicación

El caso recayó en el Juzgado de lo Social número 2 de Avilés (actual Plaza número 2 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Avilés) que desestimó la demanda.

La representación legal de la animadora cultural formalizó un recurso de suplicación que fue elevado a la Sala de lo Social del TSJA que ha dictado una sentencia donde, a través de 38 páginas, argumenta las razones que avalan el acogimiento de la petición de la trabajadora.

El abuso en la contratación

La cuestión litigiosa no giraba ya en torno al acceso a la fijeza, que se produjo tras superar el proceso selectivo, sino sobre si la prolongada utilización abusiva de la contratación temporal generaba un daño indemnizable, pese a haberse consolidado finalmente la plaza.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, la Sala fundamenta su decisión en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa a la cláusula 5 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE.

La jurisprudencia

Entre las resoluciones citadas destaca la reciente STJUE de 29 de enero de 2026, que reitera una línea jurisprudencial consolidada que establece que “cuando se ha producido una utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, los Estados miembros deben prever medidas proporcionadas, efectivas y disuasorias que sancionen el abuso y eliminen las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión”.

La Sala realiza una valoración expresa de la jurisprudencia invocada por la recurrente y destaca que estas resoluciones refuerzan la exigencia de que el ordenamiento interno disponga de mecanismos reales de reparación frente al abuso, y que no basta con soluciones meramente formales o neutras desde la perspectiva sancionadora.

Revocación de la sentencia de instancia

El TJUE recuerda que, si bien no se impone necesariamente la conversión automática en indefinido en el sector público, el ordenamiento nacional debe contar con otra medida efectiva que garantice la protección del trabajador. En particular, considera que un sistema indemnizatorio que presuma la existencia de daño, especialmente la pérdida de oportunidades de empleo estable, puede constituir una medida adecuada, dada la dificultad de probar ese perjuicio.

La exigencia de interpretación conforme obliga a los órganos jurisdiccionales nacionales a adaptar su jurisprudencia cuando resulte incompatible con los objetivos de la Directiva, un criterio que la Sala asume expresamente para fundamentar la revocación de la sentencia de instancia.

La reparación

Uno de los puntos centrales de la sentencia es la afirmación de que la mera convocatoria y superación de un proceso de estabilización no repara por sí sola el daño derivado del abuso.

La Sala razona que la indemnización tasada prevista para los trabajadores indefinidos no fijos en caso de cobertura reglamentaria de la plaza no cumple la función exigida por la cláusula 5 del Acuerdo Marco, puesto que se abona con independencia de que haya existido o no abuso.

Más de 15 años de precariedad

En el caso analizado, el perjuicio es claro: más de 15 años de precariedad, con la consiguiente pérdida de oportunidades de empleo estable y constata que la Administración incumplió su obligación de promover en tiempo oportuno la cobertura de la plaza. No obstante, la estabilización tardía, aunque culminara con éxito para la trabajadora, no elimina retroactivamente el daño sufrido.

La Sala subraya que el abuso en la contratación temporal del indefinido no fijo genera un perjuicio específico —la precariedad prolongada— que “exige una reparación efectiva, equivalente, proporcionada e íntegra”.

Un vínculo laboral distinto

Otro aspecto relevante es el tratamiento jurídico de la renuncia formalizada por la trabajadora para poder suscribir el nuevo contrato fijo.

El tribunal descarta que la renuncia pueda calificarse como dimisión en los términos del artículo 49.1.d) del Estatuto de los Trabajadores. La extinción del vínculo anterior se produce por cobertura reglamentaria de la plaza, causa legalmente prevista, y el nuevo contrato constituye un vínculo laboral distinto que no reaviva la relación anterior.

El derecho a indemnización

Esta conclusión se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo, cuya interpretación resulta trasladable, como entiende la propia Sala, al supuesto en que el contrato posterior suscrito lo sea ya como personal laboral fijo.

Por tanto, ni la firma del contrato fijo ni la renuncia exigida como trámite previo pueden operar como obstáculos para el reconocimiento del derecho a indemnización por el abuso previo.

El fallo

La Sala estima así el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora, revoca la sentencia de instancia y declara su derecho a percibir una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio, con el límite de 12 mensualidades, condenando a la Administración a su abono.

La sentencia ha sido dictada por mayoría, ya que ha contado con el voto particular del magistrado José Luis Niño Romero, que preside la Sala de lo Social.

El voto particular

José Luis Niño discrepa de la opinión manifestada por los demás integrantes del tribunal: los magistrados Jorge González Rodríguez, Francisco José de Prado Fernández, Isolina Paloma Gutiérrez Campos, Catalina Ordóñez Díaz, María Cristina García Fernández, María de la Almudena Veiga Vázquez y Laura García-Monge Pizarro.

El presidente de la Sala expone, en el voto particular que ha emitido, que el recurso debería ser desestimado o, cuando menos, ser reconocida una indemnización inferior.

Contra esta sentencia, que no es firme, cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, que habrá de prepararse mediante escrito suscrito por letrado, presentándolo en la Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma.

Las valoraciones

El abogado Carlos Suárez Peinado, de Efeso Abogados, considera que la sentencia del TSJA puede calificarse como pionera, en la medida en que consolida de forma expresa el derecho a indemnización del personal laboral de la Administración pública por abuso en la temporalidad, incluso cuando ha superado un proceso de estabilización y ha accedido a la condición de fijo.

“Su relevancia práctica es indudable, sostiene el letrado Suárez Peinado, porque abre el camino para que otros trabajadores laborales del sector público que hayan sufrido situaciones similares, con años de contratación temporal abusiva seguidos de estabilización, puedan reclamar la correspondiente indemnización por el daño derivado de la precariedad prolongada”.

Más recursos similares

En un sentido similar se pronuncia la coordinadora del sindicato Usipa Saif, María Guadalupe Lorenzo Aguilera, quien ha asegurado a este periódico que esta sentencia será la primera de muchas otras resoluciones judiciales que seguirán el mismo camino que ésta ha abierto.

“Nuestro servicio jurídico tiene interpuestos otros recursos contra el Principado para acabar con el abuso de la contratación. Vendrán más sentencias como ésta de la animadora sociocultural”, ratifica.

Jorge Martínez Martínez, alcalde del concejo asturiano de Ribadedeva, está dispuesto a renunciar a su sueldo, trabajar gratis hasta 2027 y devolver el salario que los tribunales calculen que pudo haber cobrado de forma indebida si el recurso que presentará frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anuló su liberación parcial no llega a prosperar.

Este es el compromiso que el alcalde ha adquirido con sus vecinos y vecinas para demostrar que no tuvo intención alguna de ocultar que él era el beneficiario de la liberación parcial cuando en un pleno, celebrado el 31 de agosto de 2023, se abordó el tema de las liberaciones en los órganos de gobierno.

El alcalde firmó una resolución, el 19 de septiembre de 2023, por el que se identificaba como beneficiario; un tema que los concejales del Partido Popular (PP) Ignacio Garmendia Cano y Fernando del Barrio Romano llevaron hasta los tribunales de justicia al asegurar que se había otorgado de forma irregular, al desconocer que esa liberación parcial iba destinada al primer edil.

La polémica

Ambos ediles habían impugnado el acuerdo adoptado en ese pleno extraordinario al sostener que el orden del día incluía en su punto tercero el tema “asistencias-dietas”, sin que se especificara claramente que se trataba de la determinación de dedicaciones (liberaciones) en los órganos de gobierno municipal.

Su argumento principal era que en la convocatoria del pleno no se decía de forma clara que se fuera a debatir y aprobar una liberación ni un sueldo para el alcalde, algo que consideraron esencial para que los concejales pudieran ejercer su función con conocimiento de causa.

El caso, a los tribunales

El caso llegó hasta el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de los de Oviedo que, el 13 de junio de 2025, estimó parcialmente el recurso de los concejales, al declarar la nulidad del acuerdo, pero no se pronunció sobre los actos derivados, ni la devolución del dinero. Frente a esa sentencia, ambas partes recurrieron.

Los recursos de apelación recayeron en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA que declaró nula la resolución de Alcaldía por depender directamente del acuerdo plenario anulado. 

Una sentencia recurrible

Este mes de enero, el PP mostró su satisfacción por el resultado obtenido en los tribunales y cifró la cuantía del dinero que debería devolver el alcalde por los salarios cobrados indebidamente en unos 60.000 euros.

La noticia publicada en elDiario.es Asturias, el pasado 23 de enero, ya hacía referencia a que la sentencia no era firme y era susceptible de la interposición de un recurso de casación para su resolución por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) si se denuncia la infracción de legislación estatal o por la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA si lo es por legislación autonómica.

El compromiso del alcalde

A esta vía se va a acoger el alcalde, que ha anunciado que recurrirá la sentencia del TSJA y ha confirmado que ya está preparando el recurso junto a su asesoría jurídica.

Jorge Martínez ha manifestado su compromiso de cumplir el mandato de los votantes y seguir al frente del ayuntamiento hasta las elecciones municipales de 2027, incluso en el caso de que deba renunciar a su salario como consecuencia del proceso judicial en curso.

“Un error administrativo”

“Entré en política para mejorar Ribadedeva y ese sigue siendo mi objetivo. Si finalmente la justicia determina que debo renunciar a mi salario como alcalde por un error administrativo de un funcionario, lo aceptaré con total respeto y seguiré trabajando por mis vecinos de forma gratuita”, ha asegurado.

El alcalde considera que existen serias opciones de obtener un fallo favorable. En este sentido, desde el ayuntamiento se recuerda que ya existe un precedente judicial en Llanes por el mismo asunto y el juzgado desestimó las “desproporcionadas acusaciones” de la oposición y no vio visos de llevar el caso a la vía penal.

La devolución del dinero

El salario percibido por el alcalde ascendió a 1.300 euros en 14 pagas por año. “Es decir, si se confirma la sentencia del TSJA, la cuantía económica está alejada de los 60.000 euros filtrados por la oposición”, ha señalado.

Jorge Martínez ha reiterado su disposición a devolver “íntegramente con intereses” las cantidades cobradas si así lo establece en el futuro una resolución judicial definitiva.

No he sido condenado por apropiación indebida y todo el proceso se realizó de forma pública y transparente, frente a los concejales de la oposición en un pleno grabado y accesible para cualquier persona en internet. En ese mismo pleno se aprobaron con idénticas condiciones las retribuciones de los concejales de la oposición, un dinero que ellos no devolverán. Su incoherencia es total

Jorge Martínez Martínez — Alcalde de Ribadedeva

Un pleno grabado y en internet

“No he sido condenado por apropiación indebida y todo el proceso se realizó de forma pública y transparente, frente a los concejales de la oposición en un pleno grabado y accesible para cualquier persona en internet. En ese mismo pleno -ha añadido- se aprobaron con idénticas condiciones las retribuciones de los concejales de la oposición, un dinero que ellos no devolverán. Su incoherencia es total”.

Otra vertiente de este procedimiento es el que salpica al propio concejo; una circunstancia que también lamenta el alcalde: “Es triste que se intente manchar el buen nombre del Ayuntamiento de Ribadedeva por un supuesto fallo burocrático de un empleado, cuando la única intención era cobrar un modesto salario por mi dedicación diaria al municipio, como cualquier otra persona en su puesto laboral”, ha corroborado.

Los proyectos

Su intención, en caso de que los tribunales fallen en su contra, es demostrar a los vecinos y vecinas del concejo que nunca pretendió ni enriquecerse, ni ocultar que él era uno de los beneficiarios de esa liberación parcial.

“Remarco mi firme convicción de devolver todo mi sueldo y renunciar al que me quedaría cobrar si es necesario. Trabajaría gratis con tal de sacar adelante los grandes proyectos que tenemos en marcha, como la construcción de más de 400 viviendas a precios asequibles para nuestros vecinos, además de la creación de suelo industrial para aumentar el empleo en la zona, entre otras acciones y mejoras para Ribadedeva”, ha explicado.

Las querellas archivadas

Jorge Martínez ha denunciado públicamente el acoso al que se está viendo sometido por la oposición: “He recibido cuatro querellas y todas fueron archivadas”, ha ratificado.

“La justicia me avaló, pero el daño público al que me veo sometido ya nunca será subsanado, sin olvidar las calumnias e injurias recibidas. En un acoso y derribo constante. Ojalá invirtieran todo ese tiempo en mejorar la vida de nuestros vecinos”, ha aseverado.

El alcalde del concejo asturiano de Ribadedeva, Jorge Martínez, ha perdido la condición de liberado, que él mismo se autoconcedió, y tendrá que devolver el dinero cobrado indebidamente que, según los primeros cálculos, asciende a unos 60.000 euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado el acuerdo aprobado en un pleno extraordinario, celebrado el 31 de agosto de 2023, donde se abordó el tema de las liberaciones en los órganos de gobierno.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha declarado también nula la resolución de Alcaldía de 19 de septiembre de 2023, que designaba al alcalde como beneficiario de la liberación parcial, por depender directamente del acuerdo plenario anulado. 

Una polémica liberación, en el juzgado

El alto tribunal asturiano ha estimado así el recurso de apelación interpuesto por los concejales del Partido Popular (PP) Ignacio Garmendia Cano y Fernando del Barrio Romano.

Ambos ediles habían impugnado el acuerdo adoptado en ese pleno extraordinario al sostener que el orden del día incluía en su punto tercero el tema “asistencias-dietas”, sin que se especificara claramente que se trataba de la determinación de dedicaciones (liberaciones) en los órganos de gobierno municipal. Su argumento principal era que en la convocatoria del pleno no se decía de forma clara que se fuera a debatir y aprobar una liberación ni un sueldo para el alcalde, algo que consideran esencial para que los concejales puedan ejercer su función con conocimiento de causa.

El caso llegó hasta el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de los de Oviedo que, el 13 de junio de 2025, estimó parcialmente el recurso de los concejales, al declarar la nulidad del acuerdo, pero no se pronunció sobre los actos derivados ni la devolución del dinero. Frente a esa sentencia, ambas partes presentaron recursos de apelación.

La argumentación del consistorio

El abogado consistorial defendía la validez del procedimiento y argumentaba que el asunto se había ya debatido. Además, alegaba el abuso en el ejercicio de la acción porque los recurrentes habían impugnado “un apartado” de los acuerdos organizativos comprendidos en el mismo punto del orden del día (Dietas/asistencias) pero no los demás apartados del mismo punto, de forma que ellos pretendían retener las dietas por asistencia y desplazamientos y las subvenciones al grupo o partido y en cambio que se anulase la retribución a la Alcaldía por su dedicación a media jornada.

El Ayuntamiento defendió durante el proceso que el asunto sí se había tratado en el pleno y que los concejales conocían la propuesta. Sin embargo, la Sala advierte que aunque se hubiera leído o comentado durante la sesión, eso no corrige el defecto de origen.

La sentencia subraya que “la falta de inclusión en el orden del día de la convocatoria comporta la nulidad no subsanable del acuerdo adoptado”, por lo tanto, el acuerdo es nulo desde el principio y no puede subsanarse después.

Las peticiones del PP

Por su parte, los concejales del PP solicitaban la declaración de nulidad del acuerdo plenario adoptado de la liberación al 50 por ciento, de 1.300 euros y 14 pagas así como la obligación de devolución de las cantidades satisfechas al alcalde con motivo del acuerdo, con los intereses legales y la condena a la corporación a pasar por esos pronunciamientos.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA se reunieron el pasado 8 de enero para debatir, votar y resolver los recursos de apelación y dictaron la sentencia una semana después.

El informe del secretario

ElDiario.es Asturias ha tenido acceso a la sentencia del alto tribunal asturiano. En su resolución, la Sala reconoce que la falta de inclusión expresa del asunto en el orden del día de una sesión extraordinaria lesiona el derecho fundamental a la participación política de los ediles, garantizado por el artículo 23 de la Constitución.

En su fundamentación, la Sala cita el informe del secretario municipal de 10 de noviembre de 2023, en el que reconocía que “efectivamente no se incluyó el acuerdo en el enunciado del Orden del Día de la sesión” y que ello “puede dar lugar a confusión en el concejal que recibe la convocatoria y ser motivo de nulidad”.

No estaba detallado el beneficiario

“El Orden del día de las sesiones constituye el elemento esencial” para garantizar el derecho de los concejales a participar y estar informados. Si un asunto no aparece con el suficiente detalle, no puede aprobarse válidamente.

En este caso, además, el propio secretario municipal había advertido del problema en un informe interno. Según recoge la sentencia, «efectivamente no se incluyó el acuerdo en el enunciado del Orden del Día de la sesión», y esa omisión «puede dar lugar a confusión en el Concejal que recibe la convocatoria y ser motivo de nulidad». Para el tribunal, esa falta es determinante.

El 'efecto cascada'

Por ello, el acuerdo adolece de una nulidad radical, no subsanable por el mero debate plenario realizado posteriormente.

Además, el tribunal aplica el “efecto cascada”, declarando también nula la resolución de Alcaldía de 19 de septiembre de 2023, que designaba al Alcalde como beneficiario, por depender directamente del acuerdo plenario anulado. Como consecuencia, se ordena la devolución de las cantidades indebidamente abonadas al alcalde con motivo del acuerdo y la resolución incrementadas con los intereses legales.

Una sentencia que no es firme

El tribunal desestima, por tanto, el recurso de apelación interpuesto en representación del Ayuntamiento de Ribadedeva contra la sentencia de primera instancia.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación para su resolución por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) si se denuncia la infracción de legislación estatal o por la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA si lo es por legislación autonómica.

Las responsabilidades políticas

La reacción del PP de Ribadedeva no se ha hecho esperar. El concejal y portavoz municipal, Ignacio Garmendia, ha asegurado que la sentencia “no es una cuestión menor ni un tecnicismo administrativo. El tribunal ordena anular el decreto que permitió el cobro y obliga a devolver íntegramente las cantidades percibidas con intereses. Es la constatación de un uso irregular del poder público para beneficio propio, adoptado sin cobertura legal y prescindiendo de las reglas básicas de funcionamiento democrático del pleno”.

El PP ha exigido responsabilidad políticas “inmediatas” ya que, según ha explicado, “Ribadedeva y sus vecinos se merecen un gobierno ejemplar, no uno que tenga que ser corregido en los tribunales”.

El mismo año de la derrota socialista

Jorge Martínez, del partido Juntos por Ribadedeva, fue investido como alcalde en junio de 2023. Su llegada como primer edil al consistorio ponía fin a más de tres décadas de gobiernos socialistas en el concejo, donde el PSOE ha mantenido desde 1991 las riendas de una corporación en la que el PP nunca ha llegado a gobernar.

Martínez cogió el relevo a Jesús Bordas que había gobernado con la mayoría absoluta que le otorgaban sus cinco concejales, uno más de los que tenía Juntos por Ribadedeva.

Poco le duró la alegría, ya que apenas dos meses después se celebraría el polémico pleno extraordinario que ha acabado en los tribunales de justicia.

La Audiencia Provincial de Asturias ha impuesto una pena de 15 años de cárcel a un maestro por los tres delitos continuados de abusos sexuales que cometió sobre tres alumnas de 11 años a las que impartía clases, con las que no podrá comunicarse ni acercarse a menos de 300 metros durante diez años.

Además, no podrá acceder a cualquier empleo, cargo público, profesión u oficio que implique contacto con menores durante cuatro años más.

Libertad vigilada

A estas penas se suma la imposición de una medida de libertad vigilada a determinar a la vista de la propuesta que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria eleve en el momento pertinente, en fase de ejecución y al menos dos meses antes de la extinción de las penas de prisión.

Los magistrados de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, han condenado al profesor a indemnizar a una de las menores con 5.000 euros, si bien han declarado la responsabilidad civil subsidiaria de la Consejería de Educación del Principado de Asturias.

El juicio contra el docente, de 65 años, se celebró a puerta cerrada. El acusado, un funcionario interino del Cuerpo de Maestros, fue destinado a un centro publico de Educación Básica para impartir clases de Lengua Asturiana a los alumnos de sexto de primaria en el curso escolar que comprendía el periodo desde principios de septiembre hasta noviembre de 2021.

Entre su alumnado había tres menores, de 11 años, a las que durante ese periodo se “sirvió de su posición como profesor para acercarse a ellas y acariciarles el cabello deslizando su mano por el cuello hasta la zona del pecho, satisfaciendo su propósito libidinoso”, según la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias.

Las menores veían que “no era normal”

Los magistrados aseguran que este comportamiento lo mantuvo “no menos de dos veces con cada una de las menores”.

En una ocasión, el día del Amagüestu, cuando subían por las escaleras del centro el acusado cogió a una de estas alumnas por las caderas con la misma intención.

Las tres menores, que habían percibido que “estos tocamientos no eran normales”, mostraron su rechazo a quedar a solas con el profesor e incluso a ir al colegio. Una de ellas llegó a presentar problemas de sueño y ansiedad.

Nerviosas y alteradas

La actitud de nerviosismo y alteración que mostraban las tres menores en el comedor del centro escolar, donde no querían comer, fue observada por una monitora, quien se interesó por lo que les pasaba y ellas se lo contaron.

Esta testigo prestó declaración en el juicio, donde manifestó que una de las menores estaba más afectada porque “es más reservada y callada y se puso muy roja cuando le preguntó si era verdad lo que decían”.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de apelación ante la Sala Penal-Civil del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

La Fiscalía de Asturias mantiene abiertas 34 diligencias de investigación por incendios forestales, un asunto para el que el máximo responsable del Ministerio Fiscal en la comunidad, Gabriel Bernal, ha pedido una “lucha común”.

“Nos afanamos por que ningún incendiario quede impune”, ha dicho durante la apertura del año judicial, al que han acudido las principales autoridades judiciales, políticas, civiles y militares de la comunidad autónoma, entre ellas el presidente del Principado, Adrián Barbón.

La amenaza de los incendios

Bernal ha asegurado que el hecho de que “Asturias se quema no es nuevo”, si bien 2025 trajo el “descontrol y la violencia de las llamas, la amenaza que éstas supusieron para vecinos y poblaciones, avivadas por las altas temperaturas y las rachas de viento”.

En su intervención, ha explicado que la Fiscalía de Asturias investiga todos los años, con ayuda del Seprona y las Bripa, decenas de incendios forestales, “más de un centenar cada anualidad”.

Fuegos intencionados

En este punto, ha detallado que, durante 2024, el Ministerio Público incoó 102 diligencias de investigación por fuegos en montes de Asturias, la “mayoría intencionados”.

“Muchas veces, los culpables se esconden en lo solitario y frondoso de los terrenos para silenciar sus acciones. Sin embargo, otras, la autoría de los fuegos es un secreto a voces, pero el miedo a posibles represalias y el no dinamitar la convivencia en zonas ya de por sí despobladas mutilan posibles líneas de investigación. Estamos ante una lucha común”, ha insistido.

El riesgo para la vida

Bernal ha manifestado que este año “muchos de los incendios registrados en el mes de agosto pusieron en peligro no solo los paisajes de la comunidad, sino también la vida y los bienes de muchos ciudadanos”.

“Confiamos en que las investigaciones den sus frutos y caiga sobre los culpables todo el peso de la ley”, ha indicado antes de apuntar que la institución no “baja la guardia”, si bien ahora es momento de dejar trabajar a los equipos técnicos y de averiguar qué ha sucedido en cada uno de los fuegos que sacudieron la comunidad autónoma antes de “extraer conclusiones”.

Delitos de odio

El fiscal superior ha dado cuenta de los principales datos extraídos de la memoria de la institución correspondiente a 2024, cuando no se produjeron “muchos delitos de odio” en una comunidad en la que se mantiene “estable” la estadística.

No obstante, ha dicho que no se puede bajar la guardia, porque cada acción, “física o verbal”, que suponga un atentado contra la dignidad de las personas, ya “sea por su orientación sexual, su raza, su ideología o su religión, o cualquier otro supuesto que haga que una persona se convierta en el blanco de otra por el mero hecho de ser como es, merece todo el reproche penal”.

“A todos los poderes públicos nos incumbe la responsabilidad de ser beligerantes frente a discursos de odio. Hemos de ser claros y contundentes en la deslegitimación de los mismos”, ha insistido.

Violencia machista

Por otro lado, ha sostenido que la violencia machista sigue siendo una prioridad para la Fiscalía y ha reivindicado “recuperar el consenso en torno al enfoque o paradigma de género que impregna nuestra legislación”.

Bernal también ha alertado sobre el “inquietante” aumento de las menores que son víctimas de prostitución por parte de adultos, “en algunas ocasiones sin que ellas mismas sean conscientes de la propia explotación ni del grave riesgo al que se exponen”. 

Más agilidad para unificar sedes

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y la Fiscalía han coincidido este jueves en reclamar al Gobierno del Principado agilidad para la unificación de las sedes judiciales en Oviedo.

Así lo han reivindicado el presidente del alto tribunal asturiano, Jesús María Chamorro, y el fiscal superior del Principado, Gabriel Bernal, durante la apertura del año judicial.

Chamorro ha subrayado que es “acuciante” resolver el problema de la dispersión de las sedes judiciales en la capital asturiana, una situación que lleva “demasiados años” sobre la mesa.

“Es necesario que todos tengamos altura de miras. Los ciudadanos deben tener una respuesta coordinada y eficaz”, ha indicado en su intervención.

Según sus palabras, después de “tanto tiempo no cabe una solución provisional que luego se convierta en definitiva”, porque la justicia asturiana “no solo merece, sino que necesita imperiosamente sedes que se correspondan con los servicios que demandan los ciudadanos y los profesionales del siglo XXI”.

“Esta demanda no puede seguir esperando más tiempo”, ha apuntado el presidente del TSJA, quien ha tendido la mano al jefe del Ejecutivo para que “la solución llegue lo más pronto posible”.

Fiscalía con “voz propia”

El fiscal superior de Asturias también ha asegurado que es necesario encontrar “ya” una solución a la dispersión judicial en Oviedo, porque “la situación no da más de sí”.

“No es eficaz, no es sostenible, no es práctica. No es momento de conflictos, es momento de trabajar con voluntad de diálogo”, ha apuntado Bernal, antes de subrayar que el Ministerio Público tiene “voz propia” y debe “ser escuchado” en las decisiones que se tomen al respecto.

El fiscal se ha referido a las “importantes necesidades de espacio” que tiene la institución, teniendo en cuenta la posibilidad de que se produzca el desdoblamiento de la Fiscalía de Asturias, de forma que convivan la Fiscalía Provincial y la Fiscalía Superior.

“Espero y confío en que en un futuro no muy lejano pueda solventarse esta situación”, ha apuntado Bernal. 

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Gijón frente a la sentencia del 7 de mayo de 2025 del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Gijón que anula el Plan de Normalización Lingüística.

La portavoz municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha celebrado “una nueva victoria judicial” frente al “intento” del Ayuntamiento de “imponer la oficialidad de la llingua por la puerta de atrás”.

La nulidad

La edil ha explicado, a través de un comunicado, que el TSJA, en sentencia firmada por cinco magistrados, confirma la “nulidad” del plan aprobado por el consistorio, avalando así la demanda interpuesta por Vox y “dejando en evidencia” lo que califica como una “grosera ilegalidad” cometida por el Gobierno municipal.

Álvarez Rouco ha remarcado que la resolución determina que el Ayuntamiento pretendía “imponer de facto la oficialidad de la llingua”, tanto en el ámbito público como en el privado, “sin contar con cobertura legal y vulnerando los controles más básicos de legalidad”.

Ni memoria económica, ni informes técnicos

Además, “constata” que el Ayuntamiento “trató de destinar recursos económicos millonarios de todos los gijoneses sin memoria económica ni informes técnicos”.

La edil de Vox en Gijón ha valorado la sentencia como “un triunfo de los gijoneses frente al sectarismo lingüístico de la izquierda”.

Rouco ha recordado que esta sentencia confirma en segunda instancia la que Vox ya ganó el pasado mes de mayo. 

La Policía Nacional busca el arma homicida con la que el hombre detenido ayer como presunto autor de la muerte de su casera, en Avilés, pudo haber cometido el crimen. El detenido, que responde a las iniciales I.M.C., pasará mañana, jueves, a disposición judicial, según ha confirmado a elDiario.es Asturias un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El cadáver de la víctima, Noelia González Gutiérrez, de 45 años, que regentaba la peluquería canina “AnimalHadas”, en Raíces, fue hallado por su novio cuando regresó, en la noche del lunes, en torno a las 22.30 horas, al domicilio de La Folleca, donde habían alquilado una habitación al ahora detenido.

Solo llevaba unos meses en la vivienda

El detenido trabaja como camarero en una sidrería y apenas llevaba unos meses residiendo en la vivienda donde se produjo el crimen.

I.M.C., al que se le ha asignado una abogada de oficio, permanece en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición judicial.

El móvil y el arma homicida

Entre tanto, continúa la investigación policial para tratar de aclarar tanto el móvil, como para determinar cuál fue el arma homicida.

El cadáver de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, en Oviedo, donde se le practicó la autopsia, que es clave para determinar la trayectoria de las lesiones y el arma utilizada en el crimen.

El registro domiciliario

La Policía Científica también se desplazó hasta la vivienda para recoger muestras y se ha realizado un registro domiciliario en presencia del detenido.

La víctima será despedida esta mañana en la Sala Multiconfesional del tanatorio de Avilés donde se oficiará la celebración de la Palabra de cuerpo presente y, acto seguido, recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio parroquial de Villa, en Corvera de Asturias.

La Audiencia Provincial de Asturias cree que no revelar el nombre de los testigos protegidos no solo no invalida su testimonio, sino que además no coloca en una situación de indefensión al representante legal del acusado que pide que se identifiquen claramente con su identidad para poder interrogarles con todas las garantías en un juicio penal.

Los magistrados de la Sección Octava de la Audiencia, con sede en Gijón, consideran que es la forma de defender la integridad física y psíquica de los tres menores que declararon en la causa que se siguió por corrupción de menores y tráfico de drogas contra el exsacerdote Jesús Menéndez, conocido como “el Padre Chus”.

Además, argumentan que aunque no conoce sus nombres, sí había acceso al contenido de sus declaraciones y la vinculación con los hechos de los que se le acusa al excura.

Un auto motivado

Es la respuesta que ha ofrecido el tribunal de la Sección Octava ante la petición que le realizó la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para que dictase un auto donde se motivara claramente la argumentación.

El TSJA quería saber si, tal y como había acordado el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, antes de la celebración del juicio contra el excura, “se debía mantener o no en el anonimato” a los testigos protegidos que declararon contra él, tal y como ordena la Ley de Protección de Testigos en el artículo 4.1.

El TSJA había devuelto la causa a la Audiencia para que resolviera sobre la importancia de mantener en el anonimato o revelar la identidad de los menores que tienen la condición de testigos protegidos y cuyo testimonio fue clave para la condena del exsacerdote a diez años de cárcel por ofrecerles supuestamente droga y dinero a cambio de sexo.

Durante la vista oral del juicio, el abogado defensor del excura, Javier Díaz Dapena, insistió en que al no poder conocer la identidad de estos testigos al tratarse de una prueba preconstituida se le había privado de interrogarles, lo que le situaba en una posición de “indefensión”.

Una vez que el “Padre Chus” fue condenado a diez años de cárcel por los delitos de corrupción de menores y tráfico de drogas, su letrado interpuso contra la sentencia un recurso de apelación ante el TSJA que anuló la condena y devolvió la causa a la Audiencia Provincial para que resolviera a través de un auto motivado si debían o no revelarse las identidades de los tres menores.

El juicio no tendrá que repetirse

Ante esta situación, se planteaban dos opciones: si la Audiencia Provincial decidía mantener el anonimato de los testigos, como ha ocurrido ahora, la defensa tenía la posibilidad de presentar alegaciones que estudiaría de nuevo el TSJA antes de resolver y pronunciarse sobre el resto de los motivos expuestos en el recurso de apelación presentado contra la sentencia condenatoria.

En caso contrario, si la Audiencia decidiese, a través del auto que “debe despojare del anonimato a los testigos”, daría lugar a la nulidad definitiva del juicio y de la sentencia por lo que debería procederse a un nuevo enjuiciamiento por un tribunal diferente.

Al descartarse esta segunda opción y mantener el anonimato, el juicio no tendrá que repetirse y por tanto se dará validez al testimonio ofrecido por los tres menores de edad que acusaron al exsacerdote de ofrecerles dinero y drogas a cambio de mantener relaciones sexuales con él en su domicilio de Gijón.

El abogado Díaz Dapena va a acogerse a la vía de las alegaciones porque, según ha anunciado a elDiario.es Asturias, las circunstancias continúan siendo las mismas y el no desvelar las identidades sigue colocándole en una situación de indefensión.

Chus no cometió los hechos denunciados y aspiro a su absolución convencido de su inocencia

Javier Díaz Dapena — Abogado defensor del exsacerdote Jesús Menéndez

La defensa recurrirá de nuevo

“El TSJA decretó la nulidad para que la Audiencia se pronunciase a través de un auto motivado si decidía mantener el anonimato o revelar sus nombres. Si lo hiciera, podría repetirse el juicio y yo podría interrogarles. Como ha decidido la Audiencia que se mantenga el anonimato tengo diez días de plazo para recurrir y, por supuesto, lo voy a hacer”, ha explicado.

El abogado mantiene la tesis de que su representado no cometió los hechos denunciados y sostiene la tesis de que es “plenamente inocente” por lo que, según señala, “aspiro a la absolución de Chus convencido de su inocencia”.

Expulsado por el papa Francisco

El papa Francisco acordó la expulsión del clero del entonces sacerdote, en el año 2015, cuando tuvo conocimiento de que “el Padre Chus” estaba cometiendo “acciones pecaminosas”.

La sentencia de la Audiencia Provincial establece en el año 2015 los hechos de corrupción de menores y tráfico de drogas.

Las acusaciones de los menores

Según consta en la sentencia, el acusado empezó a contactar con menores, a los que invitaba a acudir a su domicilio, en Gijón, donde les entregaba pequeñas cantidades de dinero o les facilitaba hachís, que “consumían en el salón y en su presencia”.

La Fiscalía mantuvo que era él quien “incitaba a los menores para que éstos, a su vez, contactaran con otros y les invitaran a subir al piso para fumar hachís, y con ello, entablar una relación de amistad”.

Cuatro meses en prisión

Una relación con la que pretendía ganarse la confianza del mayor número de chicos posible con la finalidad de mantener relaciones sexuales con ellos bajo la promesa de facilitarles dinero, hachís o permitirles estar en su casa consumiendo droga.

Tras su detención, estuvo en prisión provisional por esta causa desde el 13 de noviembre de 2021 hasta el 24 de marzo de 2022, cuando quedó en libertad con cargos.

Sin embargo, las sospechas rodeaban la relación del exsacerdote con los jóvenes especialmente a raíz de un episodio registrado en su domicilio, en julio de 2022.

Un intento de homicidio

Uno de los adolescentes a los que acogía regularmente en su domicilio de Gijón intentó matarle con un cuchillo y fue juzgado por un intento de homicidio.

Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, el joven fue condenado a tres años y nueve meses de cárcel. El “Padre Chus” en este caso pasó de ser acusado a ser víctima y restó importancia desde un principio a esta agresión asegurando que estaba relacionada con “la comida” un día en el que el agresor “no estaba bien”.

Su destino, en manos del TSJA

El pasado mes de abril, el nombre del exsacerdote volvió a estar envuelto en un caso vinculado con menores. La Policía detuvo al “Padre Chus” acusado de un delito de tentativa de abuso sexual a un adolescente que aseguró en comisaría que intentó besarle. El excura negó en el juzgado los hechos imputados y quedó en libertad provisional mientras se instruya la causa.

Actualmente se encuentra en libertad condicional a la espera de que el TSJA resuelva el resto de alegaciones presentadas por su abogado defensor en el recurso de apelación interpuesto contra la condena de diez años de cárcel por corrupción de menores y tráfico de drogas.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado este martes, en Oviedo, que se ponga en duda tanto “la capacidad como la libertad” de los fiscales que, según ha dicho, “no son soldados al servicio de un fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno”, en referencia a las críticas de la mayoría de las asociaciones judiciales de que la reforma que impulsa el Ejecutivo central comprometería la independencia de los fiscales.

García Ortiz también ha defendido la necesidad de una “modernización” del sistema judicial donde los fiscales obtengan un “mayor protagonismo”, ya que el modelo actual, a su juicio, resulta ineficiente, por ejemplo, en la persecución de delitos transnacionales.

Son dos de las reflexiones que el fiscal general del Estado ha expuesto este martes en la capital asturiana, adonde se ha desplazado para asistir a la toma de posesión del nuevo fiscal superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, en un acto que ha tenido lugar en el Tribunal Superior del Principado de Asturias (TSJA).

Un modelo “decimonónico”

García Ortiz ha explicado que el actual sistema está basado en un modelo “decimonónico” y tiene problemas para perseguir a la “delincuencia transnacional” debido a su estructuración por medio de partidos judiciales “atados al territorio”.

Por este motivo, ha defendido un “cambio de modelo” del sistema procesal en el que el fiscal tenga el “protagonismo que debe tener como promotor de la justicia” y los jueces ocupen su lugar como “jueces de garantía y defensa de los derechos fundamentales”, equiparando a España tanto a otros países de su entorno como a los mandatos de la UE, según ha afirmado.

A este respecto, el fiscal general ha considerado que “en algún momento” habrá que prescindir de las “excusas” e incorporarse a esa “modernidad”, siempre con una “vocación de autonomía” del Ministerio Fiscal.

Las críticas

García Ortiz ha aludido también en su intervención al tema de la capacidad y libertad de los fiscales después de que el nuevo fiscal superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, defendiera durante su discurso de toma de posesión la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal.

Según ha afirmado, la Fiscalía está sujeta en los últimos tiempos a “críticas” que ha enmarcado en una tendencia más amplia de “cuestionamiento general o intento de deslegitimación” de las instituciones públicas.

El magistrado Antonio Lorenzo ha tomado posesión este viernes de su nuevo cargo como presidente de la Audiencia Provincial de Asturias y sus primeras palabras han sido para defender el actual sistema de acceso a la carrera judicial frente a otras reformas que “se quieren instalar por la puerta de atrás”, en referencia a la promovida por el Gobierno de España.

Así lo ha dicho el magistrado en su intervención ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en un solemne acto celebrado en Oviedo, al que han asistido, entre otros, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Bernardo Fernández y Alejandro Abascal, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, entre otras autoridades.

También han tomado posesión Alejandro Cabaleiro como magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA y Marta Huerta como magistrada de la Sala de Gobierno.

En su discurso de toma de posesión, Lorenzo se ha remontado 25 años para recordar su etapa estudiantil en su camino en la carrera judicial.

“Los jueces debemos tener voz”

Lorenzo ha dicho que las buenas relaciones son el “secreto del éxito”, en referencia a su paso por juzgados de Instancia de Llanes, Guetxo y Oviedo, y ha destacado la “enorme fortuna” que ha tenido en ese periodo de más de 15 años.

“Los jueces debemos tener voz”, ha sostenido ante la creación de los nuevos Tribunales de Instancia, y también ha subrayado que la Audiencia Provincial de Asturias se sitúa entre las más resolutivas del país, si bien necesita más medios y personal.

Lorenzo ha apuntado su “especial preocupación” ante la situación de los niños, que ha pedido protegerles, con medidas como los espacios Barnahus, y en el caso de las mujeres maltradas ha apostado por “no decaer en esfuerzos ni escatimar medios” para una justicia rápida.

Ha concluido con un agradecimiento a su familia y a su antecesor en el cargo, José Antonio Soto-Jove, su “tutor y maestro”, una figura sin la que “no se puede concebir” la justicia asturiana, en la que ha sido “una referencia”.

Chamorro: capacidad para coordinar

El presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, ha destacado que estos nombramientos suponen el cierre de nombramientos de cargos judiciales por parte del Consejo General del Poder Judicial, con una mención para Lorenzo, de quien ha destacado su capacidad para “coordinar” equipos humanos, además de ser “muy apreciado” por sus compañeros.

En el Principado los 158 jueces y magistrados que en la actualidad ejercen en Asturias son una “garantía”, ha dicho Chamorro en su intervención en el acto, en la que ha defendido crear “estudios oficiales específicos” para los funcionarios que acceden a la administración de justicia, como podría ser en la Formación Profesional.

Un programa piloto

También ha avanzado que Asturias va a ser sede de un programa piloto que el Consejo General del Poder Judicial va a poner en marcha sobre una nueva herramienta digital, con un foro de excelencia jurídica sobre protección de datos personales.

Respecto a los Tribunales de Instancia, el presidente del TSJA, tras la “adaptación” a la nueva realidad, espera afrontar “también con éxito” la segunda fase, que considera la “más compleja”, a la vez que urge al Gobierno autonómico a tener una “cooperación fructífera”, basada en el diálogo.

En cuanto a la concentración de los juzgados de violencia de género, Chamorro ha afirmado: “Yo personalmente he apostado por la concentración”.

Los órganos judiciales asturianos se renuevan con nuevos nombramientos y caras muy conocidas para ocupar los cargos de responsabilidad en la Audiencia Provincial de Asturias y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado este martes al fiscal avilesino Alejandro Cabaleiro, que ha asumido causas muy mediáticas como el “caso Koldo”, el “caso Púnica” o el “caso Niemeyer”, entre otros, como nuevo magistrado del TSJA por el turno autonómico.

La plaza que dejó vacante el magistrado José Antonio Soto-Jove en la presidencia de la Audiencia Provincial para incorporarse a la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal asturiano será ocupada por el magistrado Antonio Lorenzo Álvarez, hasta ahora adscrito al tribunal de la Sección Sexta.

Alejandro Cabaleiro, al TSJA

El máximo órgano de decisión de los jueces ha anunciado este martes el nombramiento del fiscal avilesino Alejandro Cabaleiro como nuevo magistrado del alto tribunal asturiano por el turno autonómico.

Pasará a formar parte del tribunal de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA que está integrada por los magistrados Jesús María Chamorro -presidente del TSJA- y José Antonio Soto-Jove.

Una terna muy potente

Alejandro Cabaleiro se ha impuesto finalmente a otros dos candidatos muy potentes para este puesto. Junto a él optaban al cargo la ex fiscal superior de Asturias, María Esther Fernández, y el catedrático de Derecho Penal y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo Javier Fernández Teruelo.

Estos tres juristas de reconocido prestigio habían sido propuestos por los grupos parlamentarios del PSOE y PP para optar a la plaza del turno autonómico de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.

Esta plaza estaba vacante desde el mes de septiembre de 2019, cuando se jubiló el magistrado Ángel Aznárez.

De fiscal a magistrado del alto tribunal

Alejandro Cabaleiro es hijo del abogado y exdirector general de Justicia socialista Manuel Cabaleiro. El nuevo magistrado entró en la carrera fiscal en 2008 y ha llevado varias especialidades en la Fiscalía: Menores, Antidroga, Medio Ambiente y Urbanismo y Delitos Económicos.

En 2018 se trasladó a Madrid a la Fiscalía Anticorrupción donde intervino en casos muy mediáticos, entre otros, en la investigación del espionaje corporativo por parte del BBVA, del “caso Koldo”, del “caso Púnica” o el “caso Niemeyer”.

Del 'caso Koldo al Niemeyer'

Cabaleiro fue el fiscal que actuó en el caso de la investigación del espionaje corporativo por parte del BBVA con la ayuda del comisario Villarejo y también llevó otras causas como las del “caso Koldo”, el “caso Púnica” o la investigación a Esperanza Aguirre por ganar las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 haciendo trampas, entre otras informaciones desveladas y recogidas en elDiario.es.

En Asturias, el fiscal Cabaleiro estuvo al frente del denominado “caso Niemeyer” por el que fueron condenados Natalio Grueso, ex director general de la Fundación Niemeyer, el abogado José Luis Rebollo, ex secretario general, y José María Vigil, exempleado de Viajes El Corte Inglés (VECI).

Las penas ratificadas por el Supremo

En abril de 2023, el Tribunal Supremo confirmó los ocho años de cárcel para Natalio Grueso por utilizar los fondos de la Fundación Niemeyer de Avilés durante los seis años que duró su relación laboral como director general, entre 2006 y 2012, para su propio beneficio y el de su entorno, tanto personal como familiar y de amistades.

El abogado José Luis Rebollo, ex secretario general de la Fundación Niemeyer, que se defendió a sí mismo en la vista oral del juicio, vio ratificada su pena de dos años de prisión, si bien la Audiencia Provincial de Asturias acordó suspender durante tres años la ejecución de la sentencia.

De la condena a la fuga

El TS solo rebajó la condena a José María Vigil, quien vio reducida su pena de los siete años y medio que le impuso la Audiencia de Asturias inicialmente a los seis años de cárcel en que se fijó definitivamente.

Actualmente Natalio Grueso se encuentra en paradero desconocido y la Audiencia Provincial de Asturias mantiene vigente la orden internacional de busca y captura para su detención e ingreso en prision para el cumplimiento de la condena.

La presidencia de la Audiencia

Otro nombramiento muy esperado ha sido el del presidente de la Audiencia Provincial de Asturias. Habia nada menos que cinco candidaturas para ocupar la vacante que había dejado el magistrado José Antonio Soto-Jove, quien renunció al cargo el pasado mes de octubre para optar a la plaza que desempeñó en la Sala de lo Civil y Penal del TSJA el magistrado Ignacio Vidau hasta su jubilación.

Soto-Jove ostentaba la presidencia desde 2013 y tenía preferencia durante los dos años siguientes al cese “a cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por el concurso voluntario y para la que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista”, según recogía el Boletín Oficial del Estado (BOE). Apenas tres meses después, en enero de este año, se hacía público su nombramiento tras obtener la plaza en el alto tribunal asturiano.

La Audiencia Provincial y el Supremo

Cinco candidatos aspiraban a sustituir en el cargo al magistrado José Antonio Soto-Jove en la Audiencia Provincial.

Además de Antonio Lorenzo Álvarez, que finalmente asumirá este cargo, optaban a la plaza Rafael Abril Manso, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo; Elena Fernández González, magistrada de la Sección Octava de la Audiencia Provincial; José Manuel Raposo Fernández, magistrado adscrito a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial y María Carolina Serrano Gómez, titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Oviedo.

Antonio Lorenzo Álvarez era hasta ahora magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial y miembro de la Sala de Gobierno del TSJA.

Por otro lado, la magistrada Raquel Blázquez, que hasta ahora formaba parte del tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, ha sido designada para ocupar una plaza en la Sección Primera de lo Civil del Tribunal Supremo (TS).

Las sindicalistas de la Confederación Nacional de Trabajo (CNT), conocidas como “Las Seis de La Suiza”, apuran los últimos días en libertad mientras intentan encontrar el resquicio legal que les permita evitar su ingreso en el Centro Penitenciario de Asturias para el cumplimiento de la pena de tres años y medio de cárcel a que fueron condenadas.

El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, Lino Rubio Mayo, les condenó en una sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo (TS), por su autoría en un delito continuado de coacciones graves y otro delito contra la administración de justicia por su participación en las movilizaciones que llevaron al cierre de la Pastelería La Suiza, en Gijón.

Un encarcelamiento que, según las previsiones del grupo de apoyo a las condenadas y sus familias, tendría que hacerse efectivo “entre finales de junio y principios de julio”.

Un último recurso ante la Audiencia

La vía del recurso contra el auto dictado por el juez de primera instancia ante la Audiencia Provincial de Asturias es la primera iniciativa que plantean sus defensas tras el auto del juez Lino Rubio Mayo donde les deniega la suspensión de condena y acuerda su ingreso en prisión.

“Ahora solo nos puede salvar un improbable recurso de la Audiencia o una presión social que obligue a sacarnos de la cárcel cuando antes. Estamos fuertes, no lo dudéis, son muchos años criando callo, pero os pedimos todo el apoyo, toda la difusión posible y la participación en todas las acciones de solidaridad que se realicen, empezando por este jueves”.

Con este mensaje, que ha trasladado a elDiario.es Asturias el grupo de apoyo a las familias, anuncian su estado de ánimo y su petición de secundar cuantas acciones de protesta están programando.

La primera acción de protesta se escenificará este jueves, día 5, a las siete de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Gijón/Xixón donde se realizará una concentración en su apoyo, como han difundido a través de las redes sociales, en este caso de X.

Actos solidarios

Con esta concentración se quiere demostrar el apoyo que tienen en la calle. Una solidaridad que se plasmó en otras ocasiones, como en febrero pasado, cuando el sindicato CNT convocó una manifestación en Madrid o en el mes de junio de 2024, cuando militantes y representantes sindicales volvieron a la capital española para manifestarse a las puertas del Tribunal Supremo y reclamar el sobreseimiento de la causa y la libre absolución.

Los precedentes

Este no es el primer caso en el que las protestas de militantes de organizaciones sindicales acaban condenados e ingresan en prisión. Uno de los precedentes es el de “Los seis de Zaragoza” que ya ingresaron en la cárcel para cumplir una condena de cuatro años y nueve meses por desórdenes públicos y atentado tras participar en una manifestación contra Vox.

La otra cara de la moneda es la que protagonizaron Carlos Rivas y Serafín Rodríguez. Ambos participaron en un piquete informativo en una huelga de transporte en Galicia en 2008 pero, tras ser condenados, ambos fueron indultados por el Consejo de Ministros durante la etapa de gobierno del presidente Pedro Sánchez.

El caso de Carlos y Serafín

Una jueza condenó a Carlos y a Serafín a sendas penas de tres años de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores por paralizar varios camiones y lanzarles objetos. La Audiencia Provincial ratificó su condena y durante la etapa de gobierno del PP, con Mariano Rajoy, les fue denegado el indulto.

El parlamento gallego apoyó su indulto parcial para evitar el ingreso en prisión y el líder del PSOE regional, Gonzalo Caballero, anunciaba el 7 de febrero de 2019 que el gobierno español, ya con el socialista Pedro Sánchez, era favorable a esta medida de gracia, tras solicitarla de nuevo, “con una posición acorde a lo que solicitó el parlamento gallego”.

El caso de “Los seis de Zaragoza”

No lo tuvieron igual de fácil “Los seis de Zaragoza”, dos menores de edad y cuatro adultos. Los menores fueron condenados por la Audiencia de Zaragoza a una multa de 11.000 euros a 14.000 euros y un año de libertad vigilada. Los otros cuatro adultos fueron condenados a seis años de prisión, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) elevó esta pena a siete años añadiendo el delito de lesiones, delito del que habían sido absueltos en primera instancia.

Esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo en busca de la absolución. El Supremo rebajó la condena a cuatro años y nueve meses a cada uno de los cuatro antifascistas por delitos agravados de desórdenes públicos y atentado y lesiones.

La sentencia, declarada firme, estimaba que varios delitos debían ser considerados en concurso, no de forma aislada, lo que rebajó la sanción por los delitos más graves.

Plataforma de apoyo

En 2021 nació la Plataforma de Madres y Padres de los seis de Zaragoza, compuesta por familiares de los jóvenes. Desde ese momento han solicitado el indulto al Gobierno Central. Sin embargo, tres de los seis acusados ya habían entrado en prisión. A principios del mes de abril de 2024 se solicitó el indulto ante el Gobierno de España, acompañado de 10.000 firmas de personas y organizaciones en apoyo al indulto.

Ese mes, una multitudinaria manifestación recorrió las calles de Zaragoza exigiendo el indulto. Al finalizar la marcha, desde la plataforma “Libertad 6 de Zaragoza” se leyó un comunicado en el que señalaban que “cinco años después, tras un proceso judicial tan agónico como desesperante, y que ha desembocado en unas condenas tan injustas, seguimos proclamando alto y fuerte su inocencia”.

Las expectativas ante el futuro

Su situación guarda cierto paralelismo con “Las seis de la Suiza”, aunque en este caso confían que el resultado sea más favorable y que el tribunal de la Audiencia Provincial de Asturias pueda revocar el auto judicial y declare que no deben ingresar en prisión.

Otra vía a la que podrían recurrir es al indulto. De momento, las expectativas del colectivo no han decaído y confían en que las movilizaciones sociales, por un lado, y el recurso ante los magistrados de la Audiencia, por otro, sean una ventana abierta a la esperanza.

El respaldo de la Confederación de CCOO

Los mensajes de ánimo se han sucedido desde que se conoció el contenido del auto judicial que obliga a “Las Seis de la Suiza” a ingresar en prisión. El último ha llegado procedente de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO, que ha mostrado su “rotndo rechazo” a la decisión judicial.

A juicio de CCOO, se trata de un caso de “represión del libre ejercicio de la actividad sindical”.

La “criminalización” de la protesta

El sindicato advierte de que estamos ante un nuevo precedente “muy peligroso” que deja vía libre para que otros jueces puedan perseguir la actividad que llevan a cabo los sindicatos y argumenta que debería haber sido la jurisdicción de lo Social la competente para estos casos, y no los juzgados de lo Penal.

En su opinión, esta condena supone “una explícita criminalización de la protesta y es inadmisible en un Estado de derecho. Y más aún en las circunstancias en las que se ha producido y que las compañeras han contado con más detalle”.

Seguir defendiendo la libertad sindical

El derecho a reunirse, a manifestarse, a concentrarse y a protestar no puede estar sujeto, según la organización sindical, a interpretaciones “más o menos creativas por parte de la Justicia”, destaca.

En un comunicado, CCOO, recuerda que es esencial seguir defendiendo la libertad sindical y que el ejercicio natural de su actividad no solo no sea perseguido, sino que sea protegido como un derecho fundamental.

“Al fin y al cabo –subraya- de lo que se trata es de acabar con la criminalización de la protesta, de impedir que silencien a la clase trabajadora y de defender el ejercicio de un derecho que tantos años nos costó alcanzar y consolidar.