La Fiscalía asturiana reclama que los tres menores de la 'casa de los horrores' sigan bajo custodia de la administración
La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado este martes al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que mantenga vigente la suspensión cautelar de la patria potestad, guarda y custodia sobre sus tres hijos menores al matrimonio que durante cuatro años -entre 2021 y 2025- aisló a los niños de todo contacto con el mundo exterior por temor al contagio del Covid.
En una comparecencia celebrada hoy ante los magistrados, la Fiscalía se ha posicionado a favor del mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas por el juez instructor el 30 de abril de 2025 contra el alemán Cristian S., de 53 años, y su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad alemana y estadounidense.
Los padres, en libertad
La pareja abandonó la semana pasada el Centro Penitenciario de Asturias donde permaneció recluida desde su detención, en abril de 2025.
La Fiscalía solicitó esta mañana el mantenimiento de la medida cautelar en tanto en cuanto la sentencia no es firme y tras el anuncio hecho público ayer de que va a interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), según ha confirmado un portavoz a elDiario.es Asturias.
La condena y su revisión
Cristian S. y Melissa A.S. habían sido condenados el pasado mes de mayo por el tribunal de la Sección Segunda a una pena individual de dos años y diez meses de prisión por su autoría en un delito de violencia psíquica habitual y a sendas penas de seis meses de cárcel por otro delito de abandono familiar.
Sin embargo, el pasado 12 de julio, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), al analizar los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de la Audiencia absolvieron a los padres del delito de violencia psíquica habitual y mantuvieron el delito de abandono familiar. Esta circunstancia llevó a la puesta en libertad del matrimonio.
Una sobreprotección “mal entendida”
El alto tribunal argumentó su absolución sobre el primer delito en la falta de acreditación de que la pareja hubiera llevado a cabo “actos humillantes, castigos o un clima de terror en el hogar”.
Al contrario, la Sala sostuvo que tanto Cristian S. como su esposa Melissa A.S. ejercieron una reclusión familiar producto de una dinámica de “sobreprotección mal entendida” provocada por un temor intenso de la madre al contagio de la COVID-19 y el miedo posterior a que los servicios sociales les retirasen la custodia.
Esta era la misma línea argumental que mantuvieron los abogados defensores Elena González y Javier Guillermo Muñoz Pereira, quienes desde un principio se postularon en contra de que el caso se hubiera seguido por la vía penal.
Privados del derecho a la educación
Los magistrados del TSJA declararon la responsabilidad de los padres en un delito de abandono de familia por la falta absoluta de escolarización y el “ocultamiento social de los menores” que se vieron privados deliberadamente del derecho a la educación y a la posibilidad de relacionarse con terceras personas durante los cuatro años que permanecieron sin salir al exterior.
La Fiscalía del Principado había anunciado ayer su decisión de recurrir en casación la sentencia del alto tribunal asturiano ante el Tribunal Supremo al considerar que, en su caso, ha existido infracción de ley - al amparo de los artículos 847.1 a)- e infracción de precepto constitucional, al amparo de los artículos 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española (tutela judicial efectiva).
En un centro de acogida
El anuncio de la interposición del recurso y al no ser la sentencia firme, en la comparecencia de esta mañana en la Audiencia Provincial la Fiscalía ha reiterado su petición inicial de que los padres de los tres menores no recuperen la patria potestad y los menores sigan en un centro de la administración regional bajo la supervisión de los servicios sociales para garantizar su normal desarrollo que se vio afectado por el aislamiento durante los últimos cuatro años.
En su alegato final, durante el turno de última palabra en el juicio, en la sesión celebrada el pasado 19 de marzo, los padres aseguraron que ellos “querían lo mejor para los niños” y creían que no estaban cometiendo delito alguno por aislarlos del mundo exterior para que no contrajeran enfermedad alguna, ya que ellos tenían covid persistente y no querían que sus hijos tuvieran también secuelas.
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