La Agencia de la Competencia y Regulación Económica de Andalucía (ACREA) ha impuesto a Urbaser, el gigante español de la limpieza viaria y la recogida de basuras, y a Eiffage, una de las mayores constructoras francesas, sanciones por importe de 5,3 millones de euros por manipular contratos públicos de mantenimiento de carreteras entre 2020 y finales de 2021.

Para Urbaser, la sanción asciende, explican fuentes de la agencia a elDiario.es, a 3.229.493 euros, una de las más altas de la historia del organismo. A Eiffage le ha correspondido otra multa de 2.065.601 euros. En total se ha sancionado en este expediente con 5.785.276 euros a cuatro empresas y una persona física por infracciones muy graves prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia. El cártel, según la agencia, tuvo “unos efectos muy nocivos para el interés general”. 

La autoridad andaluza de competencia considera acreditado el intercambio de información entre las infractoras, que participaban en tres cárteles para repartirse seis licitaciones de servicios de poda de setos en las medianas de carreteras andaluzas. Los cárteles operaron en las ocho provincias andaluzas entre finales de mayo o principios de junio de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia, y el 5 de octubre de 2021.

La agencia explica que Urbaser y Eiffage, junto a El Ejidillo Viveros Integrales SL, multada con 211.438 euros, intercambiaban información “en secreto para crear una ficción de independencia, cuando en realidad actuaban de forma coordinada” con la empresa sevillana Coralsur Mantenimiento SL, sancionada con 211.438 euros, “para que esta entidad les elaborase sus respectivas ofertas técnicas y económicas”.

El objetivo era “falsear la competencia” e “influir” en el precio de los contratos y en su adjudicación, “directa o indirecta”, a Coralsur. El administrador único de esta última, Alejandro Jesús García Castro, ha sido sancionado con otros 10.000 euros. Según la agencia, “el objetivo principal de esta actuación empresarial coordinada no era el de intercambiar información o imponer un precio a la Administración, sino que se trataba de una estrategia ideada para el reparto de las licitaciones promovidas por la Consejería”.

La sanción lleva aparejada la inhabilitación para obtener contratos de poda de setos arbustivos en medianeras y de control de vegetación en márgenes por parte de la Junta. A Urbaser, pese a recibir la mayor sanción económica, le corresponde un veto de solo tres meses, frente a los dos años de Coralsur y los seis meses de las otras dos sancionadas.

Menos de la mitad

Inicialmente, los servicios técnicos de la agencia andaluza plantearon imponer a Urbaser una sanción muy superior, de 7,5 millones. También plantearon inhabilitarla durante un periodo de 12 meses. Pero, tras las alegaciones presentadas por la compañía que pilota Fernando Abril-Martorell, hijo del exministro de la Transición y presidente de Indra con el PP, el consejo de administración del organismo de la Competencia andaluz ha decidido rebajar la sanción a menos de la mitad y ha limitado la prohibición de contratar a solo un trimestre.

Ambas variables se han “ajustado”, indican desde la agencia, teniendo en cuenta el volumen de negocio de la infractora, que se ha visto afectado por factores como la pandemia. La entidad, orgánicamente adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, no ha publicado todavía la resolución. Este medio contactó el lunes con la agencia para preguntar por este expediente y por qué no se ha publicado todavía en la web. Este miércoles explicó que no se había notificado a las partes afectadas. El grupo ni siquiera había informado en su web de la incoación de este expediente.

Este procedimiento recogido en las últimas cuentas anuales de Urbaser. En ellas, el grupo indica que el 10 de noviembre la ACREA le notificó “una propuesta de resolución por la que la Agencia propone una multa de 7.585.290 € y la imposición de una prohibición de 12 meses a Urbaser en relación con las licitaciones relativas al mantenimiento de las carreteras de la Junta de Andalucía”. Habría sido la sanción más elevada de la historia de esa agencia, por delante de los 5,8 millones que impuso en 2018 al grupo de hospitales privados Pascual por establecer condiciones abusivas al Servicio Andaluz de Salud.

La propuesta inicial de sanción a Urbaser llegó después de que la ACREA le notificara la apertura de un expediente sancionador en mayo de 2021, un mes antes de que la antigua filial de ACS fuera adquirida por el fondo estadounidense Platinum. El grupo fue incluido en este expediente sancionador en mayo de 2022.

La fase de instrucción administrativa del expediente finalizó el 2 de noviembre. Las pesquisas se iniciaron tras una detallada denuncia de una empresa afectada por estas prácticas, la sevillana Seanto. En octubre de 2021, la agencia anunció que había inspeccionado la sede de tres compañías, sin identificarlas, “por la presunta existencia de acuerdos para repartirse el mercado del mantenimiento y conservación de carreteras en todas las provincias de Andalucía”. La investigación afectaba “inicialmente” a 13 firmas, “que podrían estar agrupadas en uno o más cárteles”.

En julio, la ACREA anunció multas de 3,23 millones a seis empresas por crear un cártel para fijar precios en seis contratos de la Consejería de Fomento también en 2020, en otro expediente abierto por esa denuncia que se incoó el 13 de diciembre de 2021. La mayor sanción, de 2,577 millones, ha sido en este caso para la constructora Alvac, vetada además durante 18 meses para contratar con la Junta.

El plazo de inhabilitación fue de 12 meses para las otras cinco sancionadas en ese expediente, con multas muy inferiores: Elayco, Ecofilia, Urjusa, Construcciones Porman SA y Pavimentaciones Morales SL. Las sanciones en este caso están en línea de la que propuso la Dirección de Investigación del organismo en diciembre de 2022, según se desprende de la resolución del consejo.

Las mismas erratas

Ese documento muestra que las empresas multadas en ese expediente incluso presentaban ficheros word prácticamente idénticos en sus ofertas técnicas a la Junta. Solo cambiaban los logos de cada compañía y no se molestaban en modificar las propiedades de los documentos ni corregir erratas como “característcas”, “circunstacias” o “duracción”.

Este litigio de Urbaser aparece recogido en las cuentas del grupo junto a posibles pasivos como la apertura, hace un año, de una inspección de la Agencia Tributaria sobre el Impuesto de Sociedades en el periodo en el que pertenecía a la sociedad China Tianying. Las actuaciones del Fisco están todavía en fase preliminar.

Esta información contrasta con la ausencia de datos en sus cuentas sobre el juicio por un escándalo de sobornos en Canarias a cambio de contratos, el conocido como Caso Jable, que se celebra en la Audiencia Provincial de Las Palmas, por el que se autoinculparon hace unos meses dos directivos del grupo, incluyendo su hasta entonces número dos.

Hace unos días, la defensa de la ex alcaldesa de Arrecife (Lanzarote) Isabel Déniz (2000-2007) reconoció en un escrito que recibió sobornos durante su mandato por valor de 45.000 euros en forma de ''detalles y regalos'' y reconoció un ''delito de cohecho pasivo impropio'', pero sostiene que ha prescrito por las dilaciones indebidas en la causa y exige que sea absuelta.

La compañía argumenta que ha omitido este procedimiento en sus cuentas de 2022 porque, pese a que los sobornos los pagaba Tecmed (luego Urbaser), el grupo “no está implicado en el Caso Jable, nunca lo ha estado, como compañía no tiene ni ha tenido responsabilidad civil. Además de que las personas supuestamente implicadas, ya no están en la compañía”.

El grupo mantuvo durante meses en plantilla a esos dos directivos, circunstancia que fue denunciada ante el fondo estadounidense que controla el grupo en una comunicación que pedía el “cese inmediato” de Abril-Martorell por su inacción en este asunto. Finalmente Urbaser los despidió hace unas semanas ante la evidente violación de su código ético.

La falta de información sobre el Caso Jable y otros aspectos, como la omisión de datos sobre los sueldos de la cúpula del grupo que pilota Abril-Martorell, han motivado una denuncia contra el auditor de Urbaser, EY, ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. EY no ha incluido ninguna salvedad en su auditoría, que el grupo ocultó inicialmente a sus inversores en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), donde tiene varias emisiones de deuda en circulación.

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Una denuncia ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital acusa a la firma Ernst & Young (EY) de “presuntas infracciones muy graves” de la normativa contable en su auditoría de las cuentas de Urbaser, el gigante español de la limpieza viaria y la recogida de basuras.

La denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se presentó el pasado 21 de julio y reclama al ICAC que abra expediente sancionador a la firma EY y a su auditor Fernando González Cuervo. Les acusa de supuestas irregularidades en su análisis de las cuentas individuales y consolidadas de 2022 que Urbaser remitió en junio al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). La empresa tiene registradas allí varias emisiones de pagarés e inicialmente omitió a los inversores ese informe. 

Apoyándose en un dictamen pericial de un experto independiente, catedrático y ex director general del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, el denunciante asegura que las cuentas de Urbaser contienen “graves irregularidades sustanciales” y no reflejan “la imagen fiel del patrimonio, de sus resultados y de su posición financiera”.

Las omisiones que menciona son falta de información sobre un escándalo de sobornos en Canarias para el que hay dictada apertura de juicio oral contra Urbaser; ausencia de datos sobre los sueldos y bonus de los consejeros y altos directivos del grupo; y supuesta asistencia financiera prestada por la compañía a su actual dueño, el fondo estadounidense Platinum.

A diferencia de años anteriores, Urbaser, que desde hace algo más de un año pilota Fernando Abril-Martorell, hijo del ex ministro de la Transición y ex primer ejecutivo de Indra, no incluye información sobre los sueldos de su consejo y sus altos directivos en las cuentas de 2022 que ha puesto a disposición de los inversores.

Según la normativa contable española, no incluir esos datos afecta a la imagen fiel de las cuentas de las empresas, si bien la matriz última de Urbaser se encuentra en Luxemburgo. 

En las cuentas consolidadas de 2022 remitidas al MARF y aprobadas sin salvedades por EY, Urbaser indica que “no se han devengado retribuciones al Consejo de Administración ni Alta Dirección porque estos cargos no existen en la Sociedad actualmente”.

Pero, según el denunciante, “es una evidencia que existe el consejo”, que, afirma, forman la presidenta de Urbaser y socia de Platinum, Mary Ann Sigler, el vicepresidente y consejero delegado de Urbaser, Abril-Martorell, y el consejero Miguel Liria. 

Estas tres personas administran la cabecera de Urbaser en España, Luna IV Servicios Ambientales SL, que no ha depositado sus cuentas de 2022 en el Registro Mercantil. Luna IV, sin empleados, cuelga a su vez de la luxemburguesa PE Luna Holding SARL, controlada desde Islas Caimán, y que acaba de mandar al registro del Gran Ducado sus estados financieros, auditados por EY. En ellos se indica que la remuneración de sus principales ejecutivos fue de algo más de 3 millones en 2022.

Respecto a la alta dirección, el denunciante señala que “obviamente también existe y son las personas que reportan directamente al Consejero Delegado”. Se apoya en lo que apunta el citado informe pericial del catedrático, que tacha de “inconcebible que una Sociedad que en sus cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2022 reporte un número medio de personas empleadas de 57.691 personas y no tenga Alta Dirección. La inteligencia artificial va desarrollándose progresivamente pero no ha llegado al punto de dirigir una empresa sustituyendo a todos sus empleados, a su Consejo de Administración y a su Alta Dirección”.

Plan de acciones

Las cuentas consolidadas de Urbaser remitidas al MARF tampoco mencionan un plan de remuneración con acciones en Luxemburgo a su cúpula, con Abril-Martorell a la cabeza. La denuncia indica que “el plan de remuneración retribuye, con fecha 7 de abril de 2022, a 24 Directores de Urbaser con participaciones que oscilan desde 528.616 acciones hasta 49.338 acciones, en función de la categoría de cada uno de ellos”.

En el caso de Abril-Martorell, que se incorporó en junio de 2022, le corresponde una asignación de 1.533.173 acciones ordinarias A, 27.150 acciones ordinarias B y 472.850 acciones preferentes. Esos títulos equivaldrían a unas 5.655 acciones de Urbaser con un valor de mercado de unos 2,4 millones de euros, según la pericia adjunta a la denuncia.

Esta atribuye a EY y su auditor una infracción muy grave de la Ley de Auditoría por omitir esta información. El artículo 72 de esa norma castiga, bajo amenaza de baja en el registro de auditores, los informes con una opinión que “no fuese acorde con las pruebas obtenidas por el auditor en su trabajo, siempre que hubiese mediado dolo o negligencia especialmente grave e inexcusable”.

Según el denunciante, ese dolo existe porque en las cuentas de la antigua filial de ACS los sueldos de su cúpula “se ocultan supuesta e intencionadamente y, ante estos hechos, EY y su auditor el Sr. González no emiten ninguna salvedad en sus informes de auditoría”. 

Una situación que, recuerda, contrasta con los reparos que otras firmas han incluido en otros supuestos similares, como acaba de hacer Deloitte con el fondo de capital riesgo Cinven, dueño de Burger King en España. Otros ejemplos son las salvedades de los auditores de Securitas Direct en España (con matriz en Luxemburgo, como Urbaser), Alcaliber (monopolista del opio en España) o la riojana Cartonajes Santorromán, conocida por las invectivas contra el Gobierno de su dueño, acogido a la amnistía fiscal de 2012.

Corrupción en Canarias

Las cuentas de Urbaser (tanto la sociedad española como su matriz luxemburguesa) omiten la existencia de un auto de apertura de juicio oral contra la antigua filial de ACS por un escándalo de corrupción en Canarias, el conocido como Caso Jable. Según el denunciante, “que todavía no exista sentencia firme en el Caso Jable no significa estar exento de publicidad. No se puede justificar su ocultación”. Y compara la ausencia de información con las explicaciones que incluyen en sus cuentas BBVA, Repsol, CaixaBank e Iberdrola sobre su implicación en el caso Villarejo, sin que haya llegado a la apertura de juicio oral.

El escrito al ICAC subraya que “la transparencia frena la corrupción”. Indica que Urbaser y su auditor “tienen una muy grave responsabilidad en la ocultación de esta causa penal. Naturalmente, para EY y su auditor Sr. González es irrelevante esta información y, por supuesto, ni siquiera recomendaron, al menos, indicar los motivos por los que Urbaser había decidido ocultar en sus cuentas anuales la existencia de este escandaloso caso de corrupción”.

Y no pueden “recurrir a la excusa de que lo desconocían alegando que Urbaser no les informó. Hemos acreditado que una gran variedad de medios de comunicación se hacen eco del Caso y van informando del desarrollo del mismo. Basta teclear en google ”Caso JABLE“ para ponerse al día de la evolución del juicio oral que se reanudará en septiembre”.

El 9 de mayo, elDiario.es informó de que Urbaser mantenía en nómina a su entonces número dos, Manuel Andrés, y a su mano derecha, Santiago Alonso, que semanas atrás habían confesado que sobornaron a cargos públicos de Arrecife (Lanzarote) entre 2001 y 2004 para conseguir la concesión del servicio de recogida de residuos de esa ciudad. 

Lo hicieron durante la negociación con la Fiscalía Anticorrupción ante el juicio por estos hechos en la Audiencia Provincial de Las Palmas que se va a celebrar 13 años después de ser detenidos por la Guardia Civil. El Ministerio Público pedía para ellos penas de 10 años de cárcel por delitos de cohecho, falsedad documental, fraude y aprovechamiento de secretos. 

El dueño del fondo Platinum fue advertido de la permanencia en la empresa de estos dos directivos tras reconocer los sobornos en una comunicación que pedía el cese inmediato de Abril-Martorell. Entonces, la empresa indicó que su área de Compliance estaba analizando el asunto. Cuatro días después, Urbaser comunicó a EFE el despido de ambos, tras comprobar que los hechos violaban su código de conducta.

La denuncia ante el ICAC también acusa a Urbaser de prestar dinero supuestamente a Platinum para comprar el grupo español mediante “una extensa cadena de sociedades pantalla domiciliadas en Luxemburgo y en el paraíso fiscal de las Islas Caimán”, prestándole asistencia financiera, prohibida por la ley española y europea. Asegura que EY y su auditor “tienen una muy grave responsabilidad en la ocultación de la asistencia financiera que Urbaser ha prestado para la adquisición de sus propias acciones por el fondo de inversión Platinum”.

“La prohibición de asistencia financiera (existente en el ordenamiento europeo y consagrada en España en los artículos 143, 149 y 150 de la Ley de Sociedades de Capital), tiene su raíz en el hecho de que una empresa no puede utilizar sus propios recursos para que un tercero adquiera sus acciones”.

Y añade: “Urbaser ha prestado todo tipo de garantías que, en su conjunto e incluyendo sus activos más significativos, las principales cuentas bancarias y cuentas a cobrar, suponen el 80% de su EBITDA consolidado y, con ello, ha violado el art. 150 de la Ley de Sociedades de Capital de España”.

El escrito subraya también que el informe de auditoría de EY contiene un “error material”, al estar firmado el 8 de mayo de 2022, y no en 2023, por lo que “se requiere de una rectificación ineludible ya que el auditor no se puede equivocar en la fecha a la hora de certificar unas cuentas anuales”. 

El ICAC es el organismo equivalente en España al Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) estadounidense que, según Financial Times, ha encontrado deficiencias en las auditorías de EY en varios países, entre ellos España.

Urbaser, un gigante con una cifra de negocios de más de 3.000 millones, pagó el año pasado a EY por sus servicios 2,311 millones, un 57% más que en 2021, cuando esta firma empezó a auditar sus cuentas. Urbaser y EY han rechazado responder a las preguntas de elDiario.es.

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