La sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia que ha absuelto a 14 acusados de narcotráfico en el Puerto de València al invalidar la prueba de los chats encriptados de la aplicación SKY ECC ha escandalizado a las autoridades judiciales y policiales europeas, según ha podido saber elDiario.es. Europol (la Oficina Europea de Policía) y Eurojust (la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal) han expresado en privado su incredulidad por la anulación de la prueba, obtenida por investigadores policiales de Bélgica, Holanda y Francia y que ha propiciado decenas de causas en diversos países europeos contra presuntas tramas del crimen organizado, especialmente en materia de narcotráfico y de ajustes de cuentas.

A pesar de que una sentencia del Tribunal Supremo ya avaló la prueba clave, el fallo de la Audiencia de Valencia, que no es firme, la considera insuficiente y da la razón a las defensas de los acusados, que únicamente habían tenido acceso al “filtrado” por parte de la Guardia Civil “del paquete de información de inteligencia policial que recibió a través de Europol relativos a todos los hechos que se consideró de interés para las autoridades españolas”.

Entre los acusados figuraban los dos presuntos jefes del cártel del Puerto de Valencia (Borja M. R. e Iván T. R.), además de Fernando M. S., actualmente en prisión cumpliendo una condena de 19 años por otra causa de narcotráfico y considerado el principal capo, y Onofre G. R., un conocido culturista propietario de un gimnasio en Quart de Poblet. La Fiscalía antidroga pedía penas que oscilaban entre los 16 años (en el caso de Fernando M. S.) y los siete años de prisión.

“En ausencia de otros medios probatorios válidos que acrediten la participación de todos y cada uno de los acusados en los hechos (...) no cabe más que absolverlos de los delitos de que se les acusaba”, afirmaba la sentencia.

Las defensas de los acusados, tal como recuerda la sentencia absolutoria, argumentaron que la información de los chats desencriptados “carecían en origen de firma digital o de determinación de su valor HASH”, el código alfanumérico que se erige en una suerte de huella de un archivo informático.

Los investigadores del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil obtuvieron de las autoridades francesas, mediante una Orden Europea de Investigación (OEI), un enlace para descargar un archivo .zip, formato comprimido, con hojas de Excel que incluían las comunicaciones de los presuntos narcos de la aplicación que las autoridades policiales de Bélgica, Países Bajos y Francia, coordinadas bajo el paraguas de Europol, consiguieron desencriptar.

Ninguna de las defensas de los 14 acusados por presuntos delitos vinculados al narcotráfico en el Puerto de Valencia cuestionaba que la noche del 25 de agosto de 2020 fueron halladas 117 pastillas de cocaína en un contenedor de la calle 4 de la terminal de la entidad APM. Se centraron en atacar la principal prueba: los chats de la aplicación encriptada SKY ECC, desvirtuados con éxito por la estrategia de defensa de los presuntos narcos que se sentaban, el pasado mes de noviembre, en el banquillo ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, afirma: “En ausencia de otros medios probatorios válidos que acrediten la participación de todos y cada uno de los acusados en los hechos (...) no cabe más que absolverlos de los delitos de que se les acusaba”.

Entre los acusados figuraban los dos presuntos jefes del cártel del Puerto de Valencia (Borja M. R. e Iván T. R.), además de Fernando M. S., actualmente en prisión cumpliendo una condena de 19 años por otra causa de narcotráfico y considerado el principal capo, y Onofre G. R., un conocido culturista propietario de un gimnasio en Quart de Poblet. La Fiscalía antidroga pedía penas que oscilaban entre los 16 años (en el caso de Fernando M. S.) y los siete años de prisión.

La sentencia, que no es firme, sostiene que la “no disponibilidad” por parte de las defensas de los “datos en bruto” manejados por las autoridades policiales europeas tras el desencriptado de la aplicación SKY ECC, y entregados a los investigadores españoles “para que pudieran ser examinados y, en su caso, utilizados por las defensas determina que la prueba digital aportada en su contra carezca de aptitud para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados”.

El tribunal cuestiona de plano aspectos muy relevantes de la investigación de la Guardia Civil del Puerto de València, de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera. La sección tercera de la Audiencia de Valencia concluye que “no ha quedado acreditado suficientemente” que los acusados tuvieran relación con la cocaína hallada en el contenedor FCIU7443572, situado en la calle 04, pila 82, posición 4B en segunda altura. Tampoco de que formaran un “entramado organizado con la finalidad de introducir y rescatar grandes cantidades de cocaína a través del Puerto de València”.

Los agentes encargados de las pesquisas basaron sus pesquisas, después del hallazgo del contenedor y mediante una Orden Europea de Investigación (OEI), en los mensajes encriptados que acreditaban la vinculación de los presuntos narcos acusados con cargamentos en el Puerto que habrían sumado 1.650 kilos de cocaína.

Por su parte, las defensas (que ejercen los penalistas Patricia Cogollos, Miguel Ferrer, Julio Sánchez Martínez, Miguel Ángel Vilata, Juan Carlos Navarro, Andrés Zapata, Vicente Boluda Crespo y Francisco Vicente) impugnaron “desde todos los ángulos imaginables” —y, finalmente, con éxito— la validez de los datos del SKY ECC, “la prueba de cargo fundamental y determinante utilizada por la acusación en esta causa”, según señala la sentencia.

Dos memorias USB sin firma digital

Los investigadores obtuvieron de las autoridades francesas, mediante la OEI, un enlace para descargar un archivo .zip, formato comprimido. Agentes antidroga del Instituto Armado descargaron el archivo en sendas memorias USB para ellos y para el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, encargado de las diligencias.

Las defensas alegaron que la descarga de los archivos se hizo sin asegurar su integridad y autenticidad con una firma digital o, al menos, dejando constancia de su valor HASH (el código alfanumérico que se erige en una suerte de huella de un archivo informático, clave en otras causas con pruebas complejas, como el caso Taula, por ejemplo).

Los dos agentes de la Guardia Civil que descargaron los archivos reconocieron en el juicio oral que “no adoptaron esas precauciones”, aunque aseguraron que la memoria USB entregada al juzgado contenía todo el material proporcionado por las autoridades francesas y que no había diferencias en el contenido de ambos 'pen drives'.

El tribunal, por el contrario, se escuda en el rechazo por parte del Tribunal Supremo (TS) de la presunción de la ilegalidad en la actuación policial sin una mínima base y concluye que las defensas no han aportado ninguna prueba de que los archivos fueran manipulados.

Una sentencia del TS por una causa relativa a conversaciones interceptadas en una aplicación encriptada similar a SKY ECC (denominada EncroChat) aceptó como lícita la entrega de los datos con un mero disco duro obtenido por un teniente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lo trasportó a dependencias policiales en España, donde se obtuvo una copia forense para su posterior análisis.

“No se estimó necesaria para garantizar la autenticidad de la prueba que interviniera un Letrado de la Administración de Justicia en la descarga de los datos ni otras actuaciones similares”, recuerda la Audiencia de Valencia, que tampoco ve “discrepancias” entre el contenido de las dos memorias USB.

“Es evidente”, afirma la sentencia, “que la existencia de una firma digital en los archivos transmitidos o la constancia de su valor HASH hubiera supuesto una mayor garantía de integridad y autenticidad de los datos, pero esa mayor garantía (que indudablemente hubiera sido deseable) no determina necesariamente la nulidad de la prueba, pues no se ha obtenido con violación de derechos fundamentales, ni impide que pudiera valorarse como suficiente garantía de fiabilidad de la misma la información escrita de los agentes policiales franceses y la declaración de los agentes policiales españoles acerca de la inexistencia de manipulación alguna en los archivos transmitidos y recibidos”.

La desencriptación de SKY ECC, “secreto de Estado” en Francia

Las defensas criticaron que no se les facilitara información sobre el método usado para la interceptación de las comunicaciones de SKY ECC o la “identificación” del spyware (software malicioso) utilizado. La sentencia se limita a señalar que, según la jurisprudencia del TS, “no existe un derecho a conocer o desvelar los métodos y las técnicas de la investigación policial”. Además, también recuerda que las operaciones técnicas que propiciaron la desencriptación de SKY ECC fueron declaradas “secreto de Estado” por Francia.

La defensa del principal acusado contrató un informe pericial de Emilio Hellín Moro (conocido actualmente como Luis Enrique Hellín Moro tras haberse cambiado el nombre en el Registro Civil), condenado en 1982 a 43 años de cárcel por el asesinato en Madrid de la estudiante socialista Yolanda González, de 19 años.

El peritaje del ultra detectó dos formatos diferentes para las comunicaciones cifradas y para las que, una vez descifradas, obtuvieron las autoridades policiales españolas. Los investigadores, con la OEI, accedieron a archivos en formato Excel acompañados de archivos multimedia, que “eran el resultado del análisis y filtrado de la información interceptada llevada a cabo por las autoridades policiales francesas”, indica la sentencia, en la línea defendida por la pericial.

El eje del juicio a los 14 acusados fue precisamente la información del SKY ECC, que apuntalaba la implicación en la trama de los presuntos narcos. Sin embargo, la sentencia destaca que, en este caso, la prueba digital utilizada contra los acusados era el “resultado del filtrado para estos hechos concretos que se hizo por la policía judicial española del paquete de información de inteligencia policial que recibió a través de Europol relativos a todos los hechos que se consideró de interés para las autoridades españolas”.

“No puede desconocerse que, como señalaron los peritos de la defensa de Fernando M. S. y reconocieron los agentes del EDOA en el juicio oral, las evidencias digitales remitidas desde Francia carecían en origen de firma digital o de determinación de su valor HASH, como también sufrían de estas carencias las evidencias una vez descargadas por los agentes [de la Guardia Civil]”, agrega el tribunal.

Así, la principal prueba de que dependía toda la acusación “carecía de los únicos elementos aptos para garantizar por sí mismos la integridad y autenticidad de una evidencia digital”. Es más, esa evidencia digital constituía la “única” prueba de cargo acreditativa de la intervención de la mayor parte de los acusados, apostilla la sentencia.  

Una herramienta para el narcotráfico y los ajustes de cuentas

El cuestionamiento del uso de los datos desencriptados de SKY ECC puede afectar a otras causas similares. Todo se remonta, según una sentencia de la Audiencia Nacional extensamente detallada por el tribunal, a una investigación abierta en 2016 en los Países Bajos y Bélgica a la empresa canadiense SKY ECC, a raíz de un caso de tráfico de drogas en el Puerto de Amberes en el que se incautaron teléfonos con la aplicación encriptada. La Policía Judicial de Amberes detectó a numerosas organizaciones criminales que usaban la aplicación SKY ECC, con un millar de números de teléfono en toda Bélgica.

La firma, que ofrecía un producto ideal para organizaciones delincuenciales, no colaboraba con las autoridades belgas, por lo que los investigadores se hicieron con la aplicación, tras haberse citado (en una “cafetería de mala muerte”) con un distribuidor del producto, que solo aceptaba dinero en efectivo y, dada la naturaleza del negocio, no hacía factura ni solicitaba una identificación del comprador.

Así pudieron determinar que el servidor que alojaba las comunicaciones estaba localizado en Roubaix (Francia). Los investigadores analizaron la arquitectura de los servidores alojados en el Hexágono y hallaron casi 9.000 mensajes de usuarios franceses entre 2016 y mediados de 2017, principalmente centrados en tráfico de cocaína y cánnabis y en ajustes de cuentas entre narcos, que dialogaban con franqueza mediante la herramienta, al pensar que la encriptación era infranqueable.

Las investigaciones de Europol y de Estados Unidos

Las autoridades policiales de Bélgica y Países Bajos, coordinadas bajo el paraguas de Europol, contaban con otra vía: los Estados Unidos habían abierto una investigación con el objetivo de detener a los directivos de la empresa canadiense. Las autoridades estadounidenses y las neerlandesas llegaron a un “acuerdo tácito” para que las investigaciones europeas pudieran proseguir a la espera de una detención posterior de los empresarios, que ofrecían la “confidencialidad” como “principal argumento de venta”.

Los investigadores franceses obtuvieron “información operativa y técnica” sobre el funcionamiento de los servidores de SKY ECC, su forma de distribución y la “arquitectura general de la infraestructura técnica”. Tras interceptar las claves de cifrado, habían logrado desencriptar 9.000 mensajes en francés enviados o recibidos por usuarios de los terminales, teóricamente seguros.

Los investigadores neerlandeses incluso desarrollaron una técnica capaz de obtener elementos criptográficos almacenados en cada terminal, mediante la instalación de un servidor denominado Man In The Middle, una suerte de pantalla invisible con la función de recibir todo el tráfico de los terminales y transmitirlo a los teléfonos. Era el único medio de obtener los mensajes individuales de los usuarios de SKY ECC y conocer los vínculos con las organizaciones criminales “más importantes”. 

Las autoridades francesas, holandesas y belgas canalizaron a través de Europol el análisis, difusión e intercambio de inteligencia y colaboración sobre SKY ECC con un grupo de Estados, entre ellos España. Los investigadores policiales españoles obtuvieron “paquetes de inteligencia” sobre los principales grupos y organizaciones criminales detectadas, además de datos de verificación cruzada, a solicitud de los cuerpos de seguridad de los países miembros.

“Serias y muy razonables dudas” con los vídeos de los camioneros

En el caso de la coca del Puerto de Valencia, la petición del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, mediante una OEI, no determinaba en sí una nulidad de la causa o un incumplimiento de la normativa de protección de datos, como plantearon algunas defensas. Se recabó, recuerda la sentencia, información sobre unos “usuarios determinados” con la finalidad de investigar delitos graves, y además con las pertinentes autorizaciones judiciales.

El tribunal reconoce alguna “irregularidad procesal” por parte del juzgado instructor, que “carece de relevancia” y no causó indefensión a las partes.

Por el contrario, la sentencia cuestiona de plano otra prueba clave para la acusación contra los cinco camioneros que supuestamente participaron en la extracción de la droga. La sección tercera de la Audiencia de Valencia reconoce las “serias y muy razonables dudas” planteadas por las defensas de los acusados en relación con los informes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera sobre las imágenes de las cámaras de seguridad.

La entidad APM, en cuyas instalaciones del Puerto de Valencia fue hallada la droga, aseguró a Vigilancia Aduanera que “no había ninguna cámara” en las calles donde apareció la coca, por lo que facilitó las imágenes de las cámaras del vial principal por el que se accedía al punto concreto de interés para los investigadores, del que solo disponía vídeos entre las 16.59 del 25 de agosto de 2020 y las 02.00 del día siguiente.

Las imágenes de los archivos de la Guardia Civil

Ese intervalo horario fue el único analizado por el funcionario de Vigilancia Aduanera, que no detectó “maniobras sospechosas” ni identificó a los responsables de llevarse la cocaína. “Sorprendentemente”, según afirma la sentencia, un informe posterior de la Guardia Civil analizó imágenes de las cámaras de seguridad obtenidas entre el 24 y el 25 de agosto. Este segundo informe sí que halló “entradas sospechosas” en la terminal portuaria, todas anteriores a las horas analizadas por Vigilancia Aduanera.

El uniformado que analizó los vídeos declaró en el juicio que se trataba de “imágenes guardadas en los archivos de la Guardia Civil”, que el Instituto Armado había pedido a la empresa APM “por protocolo cuando sucede un hecho de estas características”.

“Las dudas expuestas por las defensas sobre la fiabilidad de este segundo informe derivadas de las dudas sobre el origen de las imágenes analizadas son razonables”, afirma la Audiencia de Valencia, que cuestiona la cadena de custodia y recuerda que ni Vigilancia Aduanera ni la Guardia Civil aportaron las imágenes de las cámaras de seguridad de las que obtuvieron los fotogramas incluidos en sus respectivos informes.

Una operación internacional en la que han participado las policías de 38 países de todo el mundo ha terminado con el cierre de Kidflix, una de las mayores plataformas dedicadas a la distribución y el consumo de vídeos de contenido pedófilo, en una intervención en la que se ha identificado a 1.393 personas y arrestado a 79 sospechosos, según informó este miércoles Europol.

La acción, bautizada con el nombre de 'Operation Stream' y liderada por la Policía Criminal y la Oficina de la Fiscalía de Crímenes Cibernéticos de Baviera (Alemania), con apoyo de Europol, es la mayor operación contra el abuso sexual infantil en la historia de la Oficina Europea de Policía. Hasta el momento, las autoridades han incautado además 3.000 dispositivos electrónicos y se ha colocado a un total de 39 menores bajo protección.

La investigación se inició en el año 2022 y las autoridades llevaron a cabo las intervenciones y los arrestos entre el 10 y el 23 de marzo de este año, en una acción en la que también ha participado la Policía Nacional española, así como las fuerzas de todos los países de la Unión Europea, salvo Eslovenia. Del total de 79 sospechosos, 16 han sido arrestados en España.

Algunos de los detenidos no sólo subieron y vieron vídeos, sino que también abusaron de menores de edad. En estos momentos, la investigación sigue en curso. En España se ha desarrollado en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Jaén, La Palmas, La Rioja, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Sevilla, Tarragona, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Zaragoza.

La Policía Nacional realiza investigaciones complejas en el ámbito de la lucha contra la explotación sexual infantil, como aquellas que se llevan a cabo en la red oscura, pensada y diseñada para ocultar los datos de los que en ella se mueven. Entre ellas, destaca en este caso la red TOR, acrónimo de The Onion Router, que tiene como característica que, además de anonimizar la conexión, tiene en su interior una serie de servicios ocultos (como páginas web), cuya ubicación y localización es muy compleja.

Asimismo, desde fuera de la UE han colaborado otros países como Australia, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Georgia, Islandia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Serbia y Suiza. 

Desde su creación en 2021, se subieron a la plataforma 91.000 vídeos con un total de 6.288 horas de emisión. De media, se compartieron 3,5 vídeos cada hora, muchos de los cuales no eran conocidos por la policía, según detalla Europol, que revela que la plataforma tenía casi dos millones de suscriptores. 

Para utilizar Kidflix bastaba con registrarse en la plataforma digital de manera gratuita y se obtenía inmediatamente acceso a una previsualización parcial y de calidad reducida de todos los vídeos presentes. Si un usuario deseaba verlos completos o a una mayor calidad, debía adquirirlos mediante el pago correspondiente, usando para ello criptomonedas. Cada vídeo comprado podía descargarse o verse online en alta calidad. Además, se podían obtener créditos que luego permitían adquirir otros vídeos, aportando nuevas grabaciones que no estuvieran ya en la página o ayudando a clasificar las ya presentes.

La mayoría de los sospechosos identificados se compararon con los registros de las bases de datos de Europol, lo que demuestra que la mayoría de los delincuentes involucrados en la explotación sexual infantil son reincidentes y no son desconocidos para las autoridades policiales, señaló el comunicado. Europol ha dado apoyo a la operación a través del Centro Europeo de Ciberdelincuencia, que analizó miles de vídeos.

La plataforma funcionaba como una red social

Lo realmente novedoso de esta plataforma es la profesionalización en cuanto a su diseño, permitiendo a sus usuarios elaborar una fuente de perfil social perfectamente adaptado a su criterio, como si de una red social se tratara. Asimismo, la comunicación y el contacto con otros usuarios era uno de sus características esenciales, teniendo la plataforma un carácter muy peligroso para la distribución del material de abuso sexual infantil. La policía alemana se encargó de la investigación principal y fueron capaces de ubicar e intervenir el servidor en que se alojaban estos contenidos, con lo que tuvieron acceso a los datos sobre pagos efectuados por cada uno usuarios. Sin embargo, los pagos con criptomonedas también están diseñados para ser anónimos, por lo que, utilizando sistemas sofisticados de rastreo de activos fueron capaces de encontrar a los compradores, recuperando cada una de las transacciones hasta llegar a los datos bancarios de cada uno de ellos.

En lo que respecta a España, 17 personas habían comprado vídeos, y una, además, había subido uno a la propia plataforma. Según la experiencia de la Policía Nacional, las personas que están dispuestas a pagar por estos contenidos están un paso más allá que el simple consumidor de material de explotación sexual infantil, dado que pagar implica un mayor compromiso con la actividad y un descenso de las inhibiciones sociales relativas a ese delito; mientras que el uso de la red TOR ya demuestra conocimientos tanto informáticos como en lo relativo a la búsqueda de pornografía infantil, ya que quien llega hasta ahí lleva mucho tiempo consumiendo. Por eso se dio prioridad a esta investigación, teniendo en cuenta que este tipo de consumidores podría no tener contenido ilegal en los ordenadores, limitándose a acceder a las páginas y nubes que tuvieran contratadas.

Una vez recopilada toda la información de cada uno de ellos, y con la colaboración a las diferentes plantillas territoriales implicadas, se determinó que los detenidos debían hacerse entre el 10 y el 14 de marzo, ya que ese último día, una vez completada la investigación económica, Alemania iba a desconectar la página y sustituirla por un aviso oficial.

Un estudiante de informática era el único distribuidor en España

Bajo la tutela y coordinación de la Policía Nacional, que se encargó, además, del registro del distribuidor, se realizaron 15 entradas y registros en otros tantos domicilios. De esta manera, se detuvo al único distribuidor presente en España, un estudiante de informática al que se le encontró, además de abundante pornografía infantil, los enlaces de acceso tanto a la página principal de la investigación como a otras de pornografía infantil, los recibos de los pagos y otros datos personales detectados.

Al detenido en Alicante, que trabajaba como autónomo, se le encontraron las evidencias del pago a la página investigada y, además, pruebas de que estaba traficando con drogas. Se le intervinieron más de 700 pastillas de éxtasis y 42.000 euros en fajos de billetes de 50. Fue enviado a prisión por el juez que entendía de los hechos. En Almería se detuvo a un ciudadano marroquí ya nacionalizado al que se le intervino una gran cantidad de material informático.

En Barcelona había dos objetivos diferentes. En ambos registros, realizados en días diferentes, se encontró pornografía infantil en los dispositivos incautados, así como las evidencias del pago realizado. Ambos detenidos pasaron a disposición judicial. En Arrecife (Las Palmas) se encontró a otro de los investigados, un madrileño residente en Lanzarote. Se le encontraron evidencias de los pagos realizados, por lo que fue detenido y pasó a disposición judicial. En Alfaro (La Rioja), el detenido tenía evidencias de los pagos y las apps necesarias para realizarlo. También coincidían otros datos, como el correo electrónico utilizado.

En Madrid, donde había dos objetivos de la investigación, uno de ellos tenía abundante pornografía infantil y evidencias del pago realizado, además del navegador TOR, por lo que fue detenido. El otro, al que no se le encontraron imágenes, aunque sí los datos relativos al pago efectuado, declaró como investigado no detenido por estos hechos. El investigado en Málaga se había mudado a La Línea de la Concepción (Cádiz). Los agentes se trasladaron hasta esa localidad, donde lo lograron ubicar. Aunque no tenía pornografía en el momento del registro, sí encontraron indicios suficientes del pago, además de un reconocimiento espontáneo de los hechos, por lo que fue detenido.

Un dentista era el objetivo de Murcia, por lo que el registro fue tanto en su domicilio como en su clínica. Aparecieron abundantes evidencias en diferentes soportes, no solo del pago, sino imágenes de niños explotados sexualmente que guardaba en una memoria USB para una mayor discreción. El responsable en Orense estaba trabajando en Madrid, por lo que fue detenido el domingo, cuando salía con su vehículo, aunque no se le pudo hacer registro y el material deberá ser estudiado posteriormente. Fue detenido y, tras los trámites correspondientes, puesto en libertad. El detenido en Sevilla utilizaba para los pagos tanto su nombre como el de su madre, lo que en un principio resultó confuso para los investigadores. Una vez aclarado que el responsable era el hijo y no la madre, se realizaron dos registros, dado que utilizaba ambos como morada, en los que se encontraron evidencias de los pagos y los medios realizados para hacerlas.

En Tarragona el consumidor detectado era un varón con una grave minusvalía psíquica, que incluía psicosis y alucinaciones. Se le encontraron, además, de los pagos, imágenes de niños generadas por inteligencia artificial. En atención a sus especiales circunstancias, no se le detuvo, sino que fue oído como investigado no detenido.

En la isla de Tenerife se encontró a un individuo que tenía multitud de pornografía infantil en varios chats de mensajería instantánea. Además, también usaba servicios de almacenamiento en la nube y se le encontraron los pagos a la plataforma. Por último, en Zaragoza se encontró a un individuo que tenía gran cantidad de pornografía infantil y evidencias del pago mediante criptomonedas. Reconoció los hechos en su declaración. En cuanto a los demás registros, en València el objetivo se había mudado y reside en París, mientras que el de Jaén resultó investigado a raíz de la operación policial, pero no está detenido.

La Policía Nacional ha detenido en Gijón a un abogado acusado de los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental por encargarse de convertir en dinero lícito los supuestos pagos de altos cargos de Guinea Ecuatorial.

La operación policial ha sido coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. También se ha contado con especialistas de EUROPOL, que han dado apoyo a los investigadores a través del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo contra el Crimen Económico y Financiero (EFECC).

Las incautaciones

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado este viernes la incautación de 30.000 euros en efectivo, el embargo de cinco inmuebles valorados en más de 4,5 millones de euros y 21 activos financieros por valor de más de dos millones.

La investigación se inició a raíz de la detección de unos supuestos pagos entre un abogado y altos cargos de Guinea Ecuatorial en contraprestación a un acuerdo de la empresa, de la que el letrado era el administrador único, con el gobierno guineano para desarrollar un proyecto de puesta en marcha de una planta de transformación vinculada a la actividad pesquera.

 Sin actividad similar

La empresa apenas registró actividad comercial hasta que entre los años 2020 y 2022 registró dos ingresos por un importe total superior a los 4,5 millones de euros.

La Policía sospecha que ambas transferencias estarían relacionadas con el contrato firmado en enero de 2019 entre altos cargos de Guinea Ecuatorial y la empresa española para la puesta en marcha de esa planta de transformación de productos pesqueros.

Los fondos se dispusieron mediante transferencias nacionales y la investigación de las cuentas bancarias puso de manifiesto que entre los beneficiarios de los mismos estarían personas relacionadas con el gobierno de dicho país.

Los investigadores averiguaron que la empresa no habría realizado otros trabajos de carácter similar desde su constitución.

Una inspección de Hacienda

Pese a que el contrato entre el gobierno africano y la empresa española habría fijado un plazo máximo de ejecución del proyecto de dos años, no ha sido hasta este año 2024, tras una inspección de Hacienda, cuando comenzó a tener cierta operativa de desarrollo.

Todos estos indicios motivaron la presentación de una querella en la Audiencia Nacional en la que el fiscal, en base a los informes aportados por los investigadores, solicitaba a la autoridad judicial las dos entradas y registro que se llevaron a cabo en Gijón.

La Policía Nacional, en colaboración con Europol, ha desmantelado dos organizaciones criminales que se dedicaban a regularizar la situación de migrantes asiáticos mediante la falsificación de documentos, llegando a beneficiar a más de 1.000 personas y recaudando alrededor de cinco millones de euros.

La operación ha culminado con la detención de 69 personas, de las cuales 35 habían sido integrantes de otras organizaciones desmanteladas anteriormente. También se han realizado cinco diligencias dentro del registro en las que se han intervenido siete vehículos de alta gama 80.000 euros en efectivo, ocho teléfonos móviles y documentación relacionada con la investigación.

En una primera fase se han detenido a de 35 personas en Toledo (15), Madrid (12), Guadalajara (7) y Palencia (1). La segunda ha contado con 34 detenidos, en Madrid (18), Barcelona (3), Palma de Mallorca (3), Valencia(2), Alicante (1), Tarragona (1), Sevilla (1), Córdoba (1), San Sebastián (1), Coruña (1), Logroño (1) y Toledo (1).

Los detenidos cobraban entre 3.000 y 20.000 euros a cada ciudadano que obtuviera la residencia, dependiendo del mecanismo utilizado para la obtención de su regularización. Además, pagaban entre 500 y 1.000 euros a gestorías y despachos de abogados por cada persona en la que colaborasen a gestionar su documentación conseguir tarjetas de residencia fraudulentas.

Los ciudadanos chinos simulaban viajar a España para emprender un negocio ficticio a fin de obtener visados 'tipo D' --de larga duración--. Una vez aquí, los miembros de la organización les aportaban la documentación falsa, contratos laborales y empadronamientos ficticios.

También enseñaban a sus clientes extranjeros técnicas que seguir en las entrevistas que debían realizar durante el proceso de solicitud de arraigo y hasta gestionaban matrimonios de conveniencia para que fuese más sencillo conseguir la residencia o nacionalidad.

Las dos organizaciones realizaban su actividad criminal de manera independiente, aunque colaboraban de forma esporádica en función de intereses mutuos. Se asentaban en las provincias de Toledo, Madrid y Guadalajara aunque disponían de ramificaciones en otras ciudades de España.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a doce personas, una de ellas en Logroño, en una operación conjunta con Europol contra una organización criminal que desde Italia distribuía billetes falsos de 20 y 50 euros a través de redes sociales, usando para ello empresas de paquetería.

En territorio español se ha detenido a doce personas en diferentes localidades de las provincias de Alicante, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Logroño, Madrid, Oviedo, Pontevedra y Soria, receptores de paquetes que contenían billetes falsos. En el marco de esta operación, al igual que en España, se han producido detenciones en otros países europeos como Alemania (1) y Francia (3).

Fruto de las diligencias policiales, se pudo comprobar que esta red estaba enviando desde Nápoles paquetes con billetes falsos de diferentes valores -mayoritariamente de 20 y 50 euros- a otros puntos de Italia, así como a Alemania, España y Francia. Se detectaron además un total de 270 envíos en los últimos tres meses, la mayoría con destino a Italia, pero también a Francia (43), España (12) y Alemania (2), según ha informado la Policía Nacional.

La investigación se inició cuando el Cuerpo de los Carabinieri alertó sobre la venta de billetes falsos a través de internet, en concreto, a través de una plataforma de mensajería instantánea. Por ello, se estableció una reunión en el marco de EUROPOL para establecer las líneas de actuación entre los diferentes cuerpos policiales.

Una vez el receptor tenía en su poder la moneda falsa, éste la revendía en pequeñas cantidades, de manera directa o incluso introduciendo los billetes en el circuito financiero mediante la compra de productos de pequeño valor, lo que se conoce como “goteo”, que le aportaría, además del producto comprado, el beneficio de la vuelta o cambio entre el coste y el valor facial del billete falso entregado. Los agentes españoles recibieron la comunicación de los investigadores italianos sobre un próximo envío a tres puntos diferentes de nuestro país. Se trataba de tres paquetes postales procedentes de la agencia investigada.

Las hazañas y las derrotas de tres siglos en el campo de batalla se hacen hueco con dificultad en las estanterías de un bajo de Getxo (Bizkaia). Entre condecoraciones de la División Azul emerge un banderín de ‘La Bruja’, como se conocía a la 127 brigada del Ejército republicano; los cascos de milicias internacionales se agrupan, casi amontonados, por bandos, por guerras mundiales… Cantábrico Militaria fue durante casi tres décadas el referente para mayoristas del coleccionismo militar y el principal abastecedor de armas antiguas del cine español. Hasta que la Policía convirtió en 2017 a sus dueños, Jesús Prieto y su hija Amaia, en supuestos cabecillas de una organización internacional de tráfico de armas. Cinco años después, la justicia determinó que el “colosal” despliegue de la Operación Portu se basó en acusaciones falsas: las armas no disparaban. Para entonces, el negocio había mudado en ruinoso y la familia era un manojo de nervios y rencor. El inspector jefe al frente de la investigación había sido condecorado con una medalla pensionada.

A Jesús le quedan tres días exactos para jubilarse como autónomo cuando elDiario.es visita la sede de Cantábrico Militaria, en las postrimerías de septiembre. Vestido con bata azul de operario limpia con un pincel una pequeña montaña de pistolones de época. Acepta a regañadientes ser fotografiado mientras trabaja en lo que la Policía describió como “un taller sofisticado y clandestino”, escondido dentro de “una supuesta tienda de juguetes y artículos de regalo”.

El taller en cuestión son unos ocho metros cuadrados separados del resto del almacén por un panel que no llega al techo y que permite divisar a Jesús casi desde la puerta de la calle. Piezas clasificadas por cajetines con una pegatina, al estilo de las ferreterías, una fresadora y un taladro comprado en unos grandes almacenes integrarían el epicentro de la inexistente red de tráfico de armas. 

A sus 74 años, un cáncer y dos infartos superados no le hacen mella en la indignación. “Son unos sinvergüenzas”, dice Jesús de los policías nacionales que lo investigaron. “Estuvieron vigilándonos semanas, con los teléfonos pinchados… Vino un cliente con un coche con matrícula de Francia... con un niño y su cuñado, que vive en Sestao, y ponen que tenían aspecto magrebí. Y que salieron de aquí llevándose armas. ¡No se van a llevar melocotones!”.

A poca distancia escucha Amaia, licenciada en Bellas Artes que un día decidió sumarse al proyecto familiar. Como su padre, ella pasó tres meses en la cárcel. Aquel 17 de enero de 2017 fue detenida después de dejar a sus dos hijos en el autobús del colegio. “Iba al supermercado a comprar turrón para mi hermano, que trabajaba de maestro en Estados Unidos, y se me cruzó un coche en la acera. Me dijeron que estaba detenida. Pensé que era una broma”, explica.

El 31 de enero de 2022, el Juzgado de Instrucción número 2 de Getxo dictó un auto acordando el sobreseimiento libre para Jesús y su hija. Habitualmente los archivos de las causas son provisionales por si en el futuro aparecieran nuevos indicios. En la Operación Portu el cierre es definitivo: los hechos investigados no encajan en ningún tipo penal. 

El magistrado Iñigo Carlos Martínez Azpiazu asegura en el auto que la Fiscalía se pronuncia “certeramente” cuando describe la actuación policial como “una operación colosal que se ha desbaratado punto por punto”. En el dispositivo de enero de 2017 participaron más de un centenar de agentes, de Euskadi y Madrid. “El 95% de los clientes desaparecieron después de las detenciones”, calcula Amaia.

Los ingredientes de la Operación Portu aspirarían a sainete de no ser por sus consecuencias. La incautación responde a más de 9.000 fusiles inutilizados, pistolas modificadas para que cualquier bala resbale del cañón, un lanzabengalas de los años treinta para náufragos –que los policías describieron como “un arma artesanal”– o una réplica en miniatura de una ametralladora que un periódico agigantó en primer plano, acompañado de un pie de foto que advertía de que podía “derribar aviones”. 

Un vídeo con policías y un arsenal de fondo

Amaia resume la Operación Portu: “Nos han destrozado la vida”. En la acusación incluye a los medios que recogieron y amplificaron la información difundida oficialmente por el Cuerpo Nacional de Policía. La nota de prensa, fotografías y vídeos incluían un gigantesco bodegón, con más de 10.000 armas, ante el cual los responsables del operativo hacían declaraciones. Todo enlatado y servido en un enlace disponible para que los periodistas lo descargasen antes de su difusión. “Yo compraba dos periódicos todos los días. No he vuelto a leer ni el Marca”, cuenta Jesús. 

La exhibición de las armas y la nota de prensa no tuvo lugar cuando se produjo la operación sino dos meses después, el 14 de marzo de 2017. “En el registro, uno de los jefes dijo que había que trasladar todo a comisaría y entonces supe lo que iba a pasar. Si se están llevando las armas, yo no salgo de aquí [la cárcel] en tres meses, pensé”. Y acertó. Los policías de la unidad especializada, desplazados desde Madrid, iban cada día al local para hacer inventario, comprobar que las pistolas y los fusiles estaban inutilizados y trasladarlos a sede policial. 

La exhibición de los miles de fusiles y pistolas se produjo con Jesús y Amaia en prisión y justo el día en que el Parlamento Europeo aprobó una legislación más restrictiva en el uso de armas, reacción de la Eurocámara a los atentados yihadistas de los años precedentes. En las imágenes difundidas por la Policía, el director operativo de Europol aparece felicitando a sus colegas españoles. Durante el despliegue también había sido detenido quien entonces era pareja de Amaia y al que la Policía, observando las visitas que hacía al local donde ella trabajaba, otorgó el papel de “transportista” de la organización. Las actuaciones contra él también fueron archivadas. 

La Comisaría General de Información había trasladado en su informe al juez el “palpable clima de tensión existente en Europa tras los ataques terroristas realizados con diferentes armas de fuego”. En su atestado sobre Cantábrico Militaria, los policías antiterroristas españoles citaban la utilización de armas “originarias de armerías” en casos como la masacre yihadista en la revista Charlie Hebdo, ocurrida en en París dos años antes. A continuación mencionaban otros atentados con armas de fuego aunque no hubiera “armerías” relacionadas. España estaba –y está– en nivel 4 de alerta antiterrorista. Riesgo alto, avisaban. 

La Policía acusó a Jesús Prieto y Amaia de vender primero las armas inutilizadas y luego, por separado, suministrar a los mismos compradores las piezas para que pudieran hacerlas disparar y ponerlas en circulación en el mercado negro. Después no se acreditó ni un solo caso en el que esto se hubiera producido. El despliegue mediático de la incautación de más de 10.000 armas en 2017 fue encogiendo hasta que el informe final, cinco años después, sostenía la acusación de tráfico y depósito de armas en tan solo en 15 pistolas y fusiles “aptos para disparar”. 

Trece de esas 15 armas son anteriores a 1890 y, aunque puedan funcionar, resulta imposible encontrar munición para ellas. En cualquier caso, Cantábrico Militaria tenía permiso para depositarlas y venderlas. Las otras dos son una “Superazul”, pequeña metralleta Mauser que estaba inutilizada para que no pueda disparar en modo repetición, y una Erma, un subfusil de los años treinta y cuarenta del siglo XX.

El análisis del Erma es paradigmático del trabajo que realizó la Policía Científica para sus compañeros antiterroristas. El informe señala que está “operativo”, aunque “carece del tornillo que fija el selector del disparo”, por lo que en la práctica es imposible su uso. ¿Cómo acreditaba entonces la Policía Científica su utilidad? Pues porque en el Laboratorio “se sustituyó” esa pieza ausente por otra de “un arma de idénticas características”.

Los policías decidieron no incluir en su informe que el subfusil Erma tiene una dedicatoria inscrita, que demuestra que es un regalo de recuerdo. Jesús Prieto había llegado a cederlo para una exposición y en una foto aparece sosteniendo el Erma el entonces alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, junto al delegado del Gobierno, Carlos Urquijo. “De los rojos en Singra (Teruel). Al capitán jefe del Batallón 142. [Fecha] 29 de enero de 1938”, se puede leer en la chapa. 

Un dato incluido en las pesquisas policiales dotaba de relevancia internacional su investigación: el terrorista que mató a cuatro personas en el museo judío de Bruselas en 2014 había adquirido un AK-47, un rifle de asalto, en una armería de Bélgica donde apareció un certificado de inutilización de un arma que había salido de Cantábrico Militaria. 

El certificado de inutilización acompaña a cada arma desde que se convierten en un objeto de colección. El documento hallado en Bélgica no era del rifle utilizado en el atentado y el arma que debía acompañar al documento elaborado por Jesús Prieto nunca fue encontrada. Ese certificado, además, podía haber pasado por un número de manos indeterminada hasta aparecer en el armería belga, según expuso la defensa. 

Las pistolas de Jesús en las películas españolas

Nacido en Salamanca, casado y asentado en Bizkaia desde hace más de cincuenta años, Jesús Prieto expresa vehemencia y amargura cuando habla de la Operación Portu. Se refiere genéricamente al entorno y los clientes que le decepcionaron tras sus detenciones y se detiene en quienes le prestaron su ayuda. Sobre todo en Reyes Abades, especialista en efectos especiales ganador de ocho premios Goya y que, según cuenta, se desvivió por defender su inocencia los meses que sobrevivió al operativo. Abades falleció en febrero de 2018. 

La relación de Cantábrico Militaria con el cine ha dejado un rastro imperceptible en la memoria de los espectadores. Del almacén de Jesús Prieto han salido las pistolas y los rifles que muestran los personajes de '23-F', 'Gernika', 'El Laberinto del Fauno', 'Lasa y Zabala' o 'Los últimos de Filipinas'. Esas mismas armas de atrezzo permanecieron años incautadas por la Policía, sufriendo la corrosión de mantenerlas en contenedores al aire libre. 

La llamada de un cliente investigado

Cantábrico Militaria estaba fiscalizada por la Inspección de Armas de la Guardia Civil en Getxo. Uno de sus miembros declaró durante la instrucción que conocía la empresa desde hace años, que cuando acudía sin avisar podía recorrer el local libremente y que las armas de que disponían Jesús y Amaia, o bien estaban inutilizadas o en proceso para ello, con todos los permisos en regla. También confirmó que Cantábrico Militaria compraba al Ministerio de Defensa la gran mayoría de las armas que inutilizaba y luego vendía a mayoristas del coleccionismo. 

¿Cómo pudo fijarse entonces la Policía antiterrorista en la empresa de Jesús Prieto y presentar al juez un atestado por tráfico y tenencia ilícita de armas? En la exposición policial aparecen conjeturas para convencer –“engañar”, según la defensa– a la juez que autorizó los pinchazos, los seguimientos y las posteriores detenciones, registros y encarcelamientos. 

Todo comenzó con una llamada de teléfono intervenida en el transcurso de una causa que seguía un juzgado de Carlet, en Valencia. Un individuo que estaba siendo investigado por tenencia y tráfico de armas telefonea a Cantábrico Militaria. Amaia le recuerda como “un cliente más”, un supuesto coleccionista octogenario de los pocos que no son mayoristas, “algo obsesivo tal vez”. Nunca le conocieron en persona, como a la mayoría de los compradores. 

En la conversación, el cliente pide a Jesús Prieto piezas para una pistola Astra 300, conocida como “El Purito”, por su pequeño tamaño, ideal para los aviadores en la Guerra Civil. Jesús le explicó que no tenían “piezas fundamentales”, consideradas así por ser necesarias para que la pistola funcione. El resto de piezas que podía ofrecerle estaban en el catálogo de Cantabria Militaria, a disposición de cualquier cliente. 

Los investigadores de la Comisaría General de Información lograron, a partir de esa conversación, que la jueza de Carlet abriera una pieza separada para investigar otras posibles relaciones de Jesús Prieto y Amaia con presuntos traficantes de armas. De esa forma arrancaba la Operación Portu. Con el tiempo, la jueza se inhibió en favor de un juzgado de Getxo. 

“Obscenidad” de los policías

El gran arsenal, depositado en Basauri, comenzó a ser devuelto a sus dueños más de cuatro años después de su incautación. La Policía se resistía porque una nueva directiva europea, más exigente sobre la inutilización de las armas, obligaba a volver a operar sobre ellas. Finalmente, la Audiencia Provincial de Bizkaia autorizó en 2021 su reintegro a Cantábrico Militar. El goteo fue lentísimo y a día de hoy restan 40 armas por devolver a los Prieto, entre ellas la ‘Súper Azul’,  valorada en 3.000 euros. 

Jesús se enciende al recordar otros detalles, como que la Policía aún no le ha devuelto las botellas de vino y otros obsequios que había recibido como regalos de empresa la Navidad anterior a las detenciones, hace más de seis años. Tampoco el costoso circuito de videovigilancia que los supervisores de la Guardia Civil obligan a las militarias a tener activo. 

Aunque lo que más duele al dueño de la Cantábrico es el estado de destrozo en el que la Policía dejó su negocio: maquetas de barcos tiradas por los suelos, paredes levantadas, piezas de coleccionista desparramadas por los rincones, caricaturas obscenas a rotulador en las cajas y un guante de una armadura con el dedo corazón levantado que los policías dejaron bien visible tras el registro. “Parecía que había pasado Atila con su puto ejército”, se indigna.

Los policías también pusieron énfasis en los obuses encontrados en Cantábrico Militaria. La Fiscalía y el juez terminaron por concluir que “se encuentran vacíos, sin propulsor ni explosivo”. “Ninguna munición o explosivo se halló en los registros, ninguna espoleta ni mecanismo que provoque explosión alguna. Ninguna lesividad se desprende del depósito de las mismas, pues carecen de todos y cada uno de los elementos que permitirían detonar tales armas, no hallándose ninguna en estado de funcionamiento”, recoge el auto que exculpa a los Prieto.

Dos medallas para los investigadores

Los atestados de la Operación Portu están firmados por los policías nacionales con carnet profesional 89.512 y 127.200. El primero, el más veterano, es hoy comisario y sigue destinado en la Comisaría General de Información, los servicios centrales antiterroristas de la Policía. Con ocasión del patrón de la Policía de 2017, la primera ocasión que hubo tras la operación, fue condecorado con la Medalla Roja al Mérito Policial, que conlleva un incremento vitalicio de un 10% en su nómina. 

Las condecoraciones son propuestas por los superiores, en este caso de la Comisaría General de Información, y firmadas por el ministro del Interior de turno tras su aprobación en la Junta de Gobierno del Cuerpo. En ese momento, el ministro del Interior era Juan Ignacio Zoido, del Partido Popular, y su número dos, José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad y responsable político de la Policía y la Guardia Civil. elDiario.es ha solicitado a Nieto su versión, que no ha contestado a las llamadas y mensajes enviados.

El segundo responsable directo de la Operación Portu fue el inspector con carnet profesional 127.200. Su recompensa consistió en una Medalla Blanca al Mérito Policial, sin asignación económica. El inspector colabora con academias de formación de policías y en marzo pasado dejó la Comisaría General de Información para convertirse en asesor del actual secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, el número dos de Fernando Grande-Marlaska.

El responsable máximo de la Comisaría General de Información de la época, el comisario Enrique Barón, se ha limitado a declarar a este periódico que las investigaciones policiales “están tuteladas por los jueces y los fiscales”.

El viaje abortado a Las Vegas

El juez de Getxo que cerró definitivamente el caso aprovechó el auto archivado para destacar la “rectificación” que en sede judicial realizó el perito de la Policía Nacional. Nueve armas de las 15 que llegaron hasta el final de la instrucción como sospechosas son consideradas “antiguas”, anteriores a 1890, con lo que basta con reflejarlo en el Libro del Coleccionista, tal y como certificó la Guardia Civil en sede judicial. 

La operación policial contra Cantábrico Militaria se precipitó en enero de 2017 porque los policías escucharon a Jesús y a Amaia sus planes de acudir a una feria en Las Vegas, la de mayor prestigio internacional en el coleccionismo militar. Querían vender 10.000 fusiles Cetme, muy apreciados en Estados Unidos. La legislación que acababa de aprobar el Parlamento Europeo, y que no entró en vigor hasta 2020, obligaba a introducir nuevas modificaciones para su inutilización, adicionales a la que ya tenía, con un gasto que a Jesús y Amaia no les compensaba. Así que decidieron buscar comprador. Ahí es donde vieron los investigadores otro indicio de tráfico de armas internacional. 

Ni a Jesús ni a Amaia les gusta empuñar armas más que para repararlas. “A veces me invitan a tirar y nunca voy”, dice él. Defienden que la historia se cuenta a través de los cascos, uniformes, pistolas y subfusiles utilizados en las batallas. Mientras, exhiben una de las “joyas” de su colección, una pistola Astra único modelo, de orfebrería en su cañón y empuñadura de nácar, que luce el escudo de la II República. Jesús cuenta que es única y que se fabricó para Manuel Azaña. El precio, dice, es incalculable: “El que se quiera pagar”. Cuando se publique este artículo, Jesús habrá dejado lo que queda del negocio a su hija Amaia. “Es la mayor experta de España”, presume. 

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