Vox se ha abierto este martes a facilitar al PP que salga adelante el candidato que proponga para presidir las Cortes de Castilla y León, que se constituirán la semana próxima, alegando que así evitarán que este cargo recaiga en el PSOE. Así se ha expresado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, después de que el portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster, anunciara que no reclamarían ese cargo porque no están interesados “en los sillones”, tal y como han hecho en Extremadura y Aragón.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria ha avanzado que Vox “no va a dejar las cámaras en manos del PSOE”, aunque ha evitado concretar si votarán al candidato 'popular'. Sí ha recordado que Vox no confía “plenamente” en el PP porque “dice una cosa y luego hace otra”, pero ha insistido en que Vox “va a evitar que la [Presidencia de la] Mesa caiga en manos del PSOE”. “Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que las instituciones no estén bajo el control del PSOE. No son nuestra prioridad los sillones pero tampoco lo vamos a ignorar en la medida en la que tengamos capacidad de acuerdo con el resultado electoral”, ha dicho.

Millán ha rehusado especificar los escollos que están dilatando las negociaciones para formar gobiernos de coalición en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y se ha limitado a insistir en que Vox prioriza las medidas políticas, con garantías de cumplimiento y plazos, antes que los sillones, que no negocian a través de los medios y que el PP conoce las exigencias de los de Santiago Abascal.

“Nuestra prioridad son las medidas, luego ya veremos qué cuota de responsabilidad tiene cada uno de los gobiernos”, ha hecho hincapié, antes de asegurar que Vox quiere cerrar pactos en las tres autonomías “lo antes posible”. “No nos perdamos en titulares malintencionados ni en relatos mediáticos con la intención de ralentizar lo máximo posible estos acuerdos que deseamos que salgan adelante lo antes posible”, ha pedido.

Las negociaciones para conformar ejecutivos de coalición de PP y Vox tras las elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León, que aumentaron la fuerza de los de Abascal, carecen de avances entre reproches mutuos de bloqueo. Vox ya gobernó con el PP en esas tres autonomías, además de en la Comunidad Valenciana, pero rompió los pactos en julio de 2024, debido a las discrepancias sobre la acogida de menores migrantes no acompañados con los 'populares'.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha afirmado este martes que la decisión de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, de convocar elecciones el domingo 21 de diciembre “evidencia” que ha sido “incapaz de liderar una alternativa” para la región.

Millán realizó estas declaraciones en una rueda de prensa, al ser preguntada por la convocatoria electoral anticipada, que Guardiola ha justificado por la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos para el próximo ejercicio.

“Si la presidenta María Guardiola se ha visto abocada a la convocatoria de elecciones, lo único que evidencia y denota es que ha sido incapaz de liderar una alternativa para Extremadura”, ha señalado la portavoz de Vox.

Según Millán, esta situación se ha producido porque la presidenta extremeña ha estado “más preocupada” de “contentar” al Partido Socialista que de ofrecer a los españoles y, en este caso, a los extremeños, una alternativa frente a las políticas socialistas.

Los diputados de Vox han participado en 15 viajes al extranjero organizados por el Congreso en lo que va de legislatura. Y por ellos han percibido, al menos, 5.850 euros en concepto de dietas internacionales. Se trata de una compensación laboral fijada en el régimen económico de la Cámara en concepto de gastos de manutención y desplazamiento generados con ocasión de esos viajes oficiales. En concreto, 150 euros por persona y día si es fuera de España. Un sistema al que se acogen los representantes de la ultraderecha exactamente igual que el resto de grupos parlamentarios a los que ellos señalan por propiciar un “derroche” que ahora denuncian como injustificado.

“Hablamos de viajes en los que los diputados no tienen por qué gastar absolutamente nada, porque van en una comitiva en la que son atendidos. Y, por eso, en la mayoría de las ocasiones no tienen necesidad de gastar esas dietas. Y no las tienen que devolver y se las quedan”, criticó la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, esta semana en rueda de prensa.

Fuentes de la Cámara Baja aseguran que no constan ni devoluciones ni rechazos de esos complementos por parte de ninguno de los diputados que han participado en comitivas en el extranjero, tampoco de Vox. “Se participa en los viajes en función de la coyuntura política y utilidad del momento y, cuando se va, se observa el régimen en vigor”, se limitan a responder los de Abascal sobre por qué no rechazan un complemento económico que denuncian.

“Cuando Vox tenga la fuerza de representación necesaria, reducirá el gasto público superfluo tanto en el Congreso como en todas las instituciones a las que tenga acceso. Por motivos como este –y otros gastos superfluos como pinganillos y traducción– Vox ha votado siempre en contra del Presupuesto del Congreso o se ha manifestado en contra de las decisiones de la Mesa”, añaden fuentes del grupo parlamentario.

Según las actas oficiales de la actividad del Congreso consultadas por elDiario.es, hasta siete parlamentarios distintos de Vox han participado en algunas de las comitivas organizadas por el Congreso en el marco de la actividad internacional de las Comisiones sectoriales de la Cámara. El que más ha viajado al extranjero de la bancada ultra hasta la fecha es Carlos Flores, el diputado por Valencia condenado en su día por violencia machista.

Flores participó como miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, por ejemplo, en el desplazamiento oficial a Bruselas entre el 8 y el 10 de abril de 2024. Tres días de viaje que supusieron para el presupuesto de la Cámara un gasto de 1.319 euros por persona, con gastos de hotel y avión incluidos y con 450 euros en concepto de dietas para desplazamientos y comidas destinados a cada miembro de la delegación.

El diputado valenciano de Vox ha participado en un total de cinco viajes internacionales como representante de su formación política en alguna de las comisiones de las que es miembro. En la mayoría de informes de esos viajes, consultados por este periódico, se detalla que, efectivamente, en las reuniones de trabajo a las que asisten los diputados ya se les ofrecen almuerzos o cenas.

La portavoz de Vox, Pepa Millán, arremetió durante su comparecencia contra las dietas de un viaje oficial a China, justo una comitiva en la que no participó su formación política. Se trata de un desplazamiento de representantes de la Comisión de Asuntos Exteriores con motivo del '50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y España', que se realizó entre los días 11 y 16 de mayo y que, según los cálculos de Millán, supuso que los diputados desplazados “se embolsaran 1.200 euros” cada uno.

“Esto es así porque el PSOE, con Batet en la presidencia del Congreso, lo cambió. Y ya no hay necesidad de presentar esas facturas y nosotros exigimos que se vuelva a ese sistema. Porque ese dinero no es de los diputados, es de los españoles, y aquí se derrocha constantemente”, concluyó.

Dijo la portavoz que ese, el de China, había sido el último viaje internacional hasta el momento de miembros del Congreso de los Diputados, pero no es así. Desde el viaje del mes de mayo, la Cámara Baja ha organizado 20 desplazamientos internacionales más, de los que Vox ha participado en seis. El último fue hace apenas un mes, cuando la diputada de ultraderecha Carina Mejía acudió dos días a Copenhague como miembro de la Comisión de Economía para participar en la conferencia 'Fortalecer la competitividad de la UE: diálogo interparlamentario sobre la mejora de los marcos de la innovación y el crecimiento'.

En el año 2020, y bajo la presidencia de la socialista Meritxell Batet, la Mesa del Congreso acordó recuperar el antiguo sistema de dietas con las mismas cuantías establecidas desde el año 2006: 150 euros por día en el caso de desplazamientos al extranjero y 120 euros diarios en el de viajes dentro del territorio nacional.

Hasta ese momento, y desde la modificación del régimen económico impulsada por el Partido Popular en 2017, a los diputados se les reintegraban “los gastos producidos y debidamente justificados, con el límite de 150 euros por día en desplazamientos al extranjero y 120 euros diarios para viajes dentro del territorio nacional”. Justo el sistema al que propone volver Vox mientras se beneficia, como el resto de grupos, del implantado en la actualidad.

La fiscal del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal ha archivado las diligencias abiertas contra el líder de Vox, Santiago Abascal; su portavoz parlamentaria, Pepa Millán; y el diputado de la formación Carlos Hernández Quero a raíz de las declaraciones en las que vincularon la “inmigración ilegal” con el aumento de la “criminalidad”, la “violencia” o las “violaciones” en relación con los disturbios en el municipio murciano de Torre Pacheco del pasado verano.

En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la fiscal afirma que los tres se expresaron en un “contexto general de oposición política” y de “máxima tensión” y considera que sus manifestaciones están amparadas por la libertad de expresión siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Constitucional. La Fiscalía del Supremo abrió diligencias tras recibir una denuncia del diputado y portavoz de los Comuns en el Congreso de los Diputados, Gerardo Pisarello.

El grupo supremacista xenófobo Deport Them Now instigó “cacerías” en Torre Pacheco tras la agresión supuestamente cometida por un magrebí a un vecino de la localidad de 68 años. A raíz de esos llamamientos, el líder de Vox dio una rueda de prensa el 14 de julio en la que afirmó que esos ataques racistas eran las “consecuencias violentas” de las políticas del PP y del PSOE, a los que responsabilizó de llevar décadas “trayendo inmigración ilegal que trae aumento de las violaciones, que trae aumento de la criminalidad”. “Antes la crispación que la paz de los cementerios. Antes la crispación que los españoles callados ante la inmigración ilegal, ante las violaciones, los robos, ante los machetazos”, añadió. 

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, compareció ante los medios un día después y relacionó de nuevo la inmigración con la violencia. Afirmó que los “ciudadanos corrientes” son las “víctimas de las políticas de puertas abiertas y de la violencia importada que está desolando” ciudades, pueblos y barrios.

Por su parte, el diputado Hernández Quero escribió un mensaje de alto contenido xenófobo al atribuir “hechos delictivos a toda una comunidad nacional”, afirma la fiscal. “Legítima defensa de los marroquíes es violar a mansalva, mataleonar a ancianas, humillar y apalear a abuelos, amedrentar a chavales, robar a todo lo que se mueva, sacar medalla de oro en machete y ocupar el espacio público hasta obligar a los autóctonos a recluirse en las casas”, escribió el parlamentario. 

“Contexto de combate político”

La fiscal alude al “contexto de combate político público” y de “crispación” en el que se produjeron los mensajes, su “escasa potencialidad” para generar riesgos significativos y reales de incremento de la hostilidad y la discriminación sobre determinados colectivos y la “amplitud e indeterminación” del grupo de personas afectadas por ellos.

Y concluye que son “discursos políticos” que están amparados por la libertad de expresión y los derechos derivados de la participación política que, aunque no se equiparan a la plena inmunidad de los diputados o senadores por sus manifestaciones en el Parlamento, sí tienen un “plus” de protección en relación con las manifestaciones del resto de ciudadanos. 

De hecho, en relación con las opiniones y expresiones vertidas por Abascal, la fiscal afirma que critican duramente la política migratoria llevada a cabo por Gobiernos de dos partidos, pero no se refieren a ningún colectivo de personal específico, salvo al de “los emigrantes ilegales de cualquier origen o procedencia”. Respecto a lo afirmado por Pepa Millán, la representante del Ministerio Público afirma que “la referencia a marroquíes o grupos específicos de personas (...) es menor o inexistente”. 

La fiscal sí califica de “específicas, directas y desagradables” las manifestaciones del diputado, que atribuyó graves delitos a todos las personas de origen marroquí en su conjunto. Sin embargo, entiende que no cumplen los requisitos para constituir un delito y alude a su condición de político activo y portavoz parlamentario para situarlas en el contexto de la crítica a las políticas migratorias oficiales que enarbola Vox. 

La fiscal subraya que los estándares europeos y constitucionales imponen interpretaciones restrictivas del derecho penal en relación con la libertad de expresión. Y cita en varias ocasiones el reciente auto en el que la Sala de lo Penal del Supremo rechazó la querella por delito de odio, injurias y amenazas que interpuso el PSOE contra Abascal por haber afirmado en una entrevista en el periódico argentino Clarín que “habrá un momento” en el que el pueblo querrá “colgar de los pies” a Sánchez.

Esa resolución estableció que las expresiones de Abascal ponen de manifiesto “una frontal y radical oposición tanto a la persona de Sánchez como a su gestión política”, pero que no tenían la entidad como para considerarlas delito, tal y como defendían los socialistas. 

La jurisprudencia del alto tribunal se opone a establecer “límites penales” a los discursos de los políticos por muy “descarnados o exagerados” que sean si su objetivo es cuestionar y deslegitimar la gestión del Gobierno desde la oposición. Su doctrina establece que sólo habrá delito si se identifica “con absoluta claridad” que ese discurso incita al odio, al hostigamiento y a la violencia y busca menoscabar los derechos participativos del grupo contra el que se dirige. Una incitación que, en este caso, no se ha producido, según Madrigal, que fue fiscal general del Estado con el Gobierno de Mariano Rajoy. 

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha considerado este lunes que la publicación por parte de elDiario.es de que varios dirigentes del partido de extrema derecha ocultan sobresueldos en sus declaraciones de bienes es “una maniobra del Gobierno”. A su juicio, es, de hecho, “una maniobra más” para que no se hable de la supuesta “corrupción” que, según Vox, salpica al Ejecutivo.

En una entrevista en RNE, Millán ha evitado desmentir la información de este periódico y se ha limitado a señalar que las cuentas de Vox han sido auditadas por el Tribunal de Cuentas. “No se aprecia ninguna ilegalidad ni ninguna irregularidad”, se ha ceñido a afirmar, sin responder a la pregunta sobre si sus compañeros de filas habían ocultado esos sobresueldos.

Para la dirigente de Vox, la publicación de estos datos es “otra maniobra más” del Gobierno “para que no se hable de su corrupción”. “Tiene que utilizar el comodín de Franco e inventos de Vox”, ha añadido, además de asegurar que las informaciones sobre su partido “siempre” salen “a la palestra cuando al PSOE no le interesa hablar de su corrupción”.

Tal y como publicó este lunes elDiario.es, precisamente las cuentas de Vox correspondientes a 2023, publicadas en su página oficial, volvían a dejar constancia de los sobresueldos que el partido de extrema derecha paga a varios miembros de su dirección, encabezada por su presidente, Santiago Abascal.

Según confiesa la propia formación, ese año fueron una docena de dirigentes los que se repartieron un total de 646.522,19 euros. Aunque Vox no especifica cuánto cobra cada uno, si esa cantidad se divide entre los 12, cada uno recibió cerca de 54.000 euros anuales. Además de Abascal, ocho de ellos ocupan un escaño bien en el Parlamento Europeo, como en el caso de Jorge Buxadé, o bien en el Congreso de los Diputados o en una Cámara autonómica.

Todas las instituciones les obligan a cumplimentar una declaración de bienes en la que deben desvelar sus ingresos y concretar el origen de estos. Pero casi ninguno lo hace.

El propio Abascal, en su primera declaración de bienes presentada en el Congreso en agosto del 2023, aseguraba ingresar del partido 37.357,00 euros “como asalariado por cuenta ajena” por su cargo como presidente de Vox. Pero poco después, en una ampliación de su declaración, el líder de la extrema derecha añadía a esa cantidad otros 18.000 euros anuales como presidente del grupo parlamentario, dinero que sale de la subvención que cobra Vox del Congreso.

Sumando ambas cifras dan algo más de 55.000 euros anuales, cantidad que coincide con los sobresueldos que recibieron los citados miembros de la cúpula de Vox de 2023. Además, como diputado por Madrid, Abascal ingresa 3.236,32 euros al mes en catorce pagas, más otros 992,31 euros, también mensuales, para afrontar los gastos que les origina la actividad de la Cámara baja, que están libres de impuestos. Pero no suma más complementos, como sí lo hacen muchos otros miembros de su propio grupo.

Además de Abascal, en la cúpula de Vox en ese año cobraron del partido Ignacio Garriga, Javier Ortega Smith, María Ruíz Solas, Jorge Buxadé, Enrique Cabanas, Pablo Sáez Alonso, Manuel Mariscal, Rosa Cuervas, Montserrat Lluís, Javier Cortés e Ignacio Hoces.

Prohibir la entrada en España de personas provenientes de “países de cultura islámica”. Es lo que plantea la extrema derecha en una iniciativa parlamentaria que se someterá al voto del Congreso a caballo de la guerra abierta entre Israel y Hamás, el reciente atentado en Bruselas (Bélgica) y la crisis migratoria que sufre la isla canaria de El Hierro. Tres elementos que Vox no ha dudado en mezclar en un batiburrillo que incluye las críticas de una parte del Gobierno de coalición a Israel y la negociación con EH Bildu.

“El Gobierno es cómplice de los terroristas de Hamás que asesinaron a miles de personas hace días”, ha dicho la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, en el inicio de una breve comparecencia ante los periodistas en el Congreso. Sin citar a nadie en concreto, la sustituta de Iván Espinosa de los Monteros ha trazado una línea directa entre el ataque del grupo armado palestino y la negociación para la investidura de Pedro Sánchez: “Las muestras de simpatía con los terroristas no es algo nuevo, Sánchez negocia con quienes llevaban a 44 en sus listas”.

Millán ha saltado así al reciente ataque en Bruselas que costó la vida a dos personas, además del atacante, quien fue abatido por la policía, que investiga todavía lo ocurrido, aunque todo apunta a un atentado terrorista.

“El autor del atentado del lunes en Bruselas residía de forma ilegal y tenía antecedentes”, ha dicho Millán, que se ha preguntado: “¿Alguien puede explicar que una persona con estos antecedentes campe a sus anchas por Europa con orden de expulsión y siendo vigilado?”.

Millán ha cerrado la triangulación con otro salto de miles de kilómetros, directa a Canarias. Según la portavoz de Vox, el atacante de Bruselas “entró como han entrado 23.000 inmigrantes ilegales en Canarias”. “El Hierro [donde se vive a una crisis humanitaria con la llegada de miles de migrantes en unas semanas] va a dejar de ser lo que fue y se convertirá en otra cosa, que es lo que va a pasar con la mayor parte de Europa si no ponemos remedio a esta grave amenaza”, ha añadido.

Por eso, ha seguido Millán, Vox ha presentado una iniciativa parlamentaria, que se someterá a votación, para “instar al Gobierno a suspender tramitación de expedientes de adquisición de nacionalidad española, autorizaciones de estancia y residencia, y prohibir la entrada de inmigrantes procedentes de países de cultura islámica en tanto no se pueda asegurar su integración”.

Una afirmación que choca con la Ley de Partidos, por ejemplo, cuyo objetivo, según su propia exposición de motivos, es “garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas”.

Millán sigue así la estela de su jefe de filas. El líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, pidió el martes en un tuit matar a hipotéticos terroristas “antes” de que cometan el supuesto ataque

No ha sido el único. En los últimos días otros cargos relevantes de Vox han hecho apreciaciones similares. Por ejemplo, el vicepresidente del Gobierno de Murcia en coalición con el PP de Fernando López Miras. José Ángel Antelo ha vinculado la llegada de migrantes en pateras a las costas murcianas en los últimos días con “la infiltración de yihadistas” que “eleva el riesgo de atentados” en “estos momentos de especial tensión internacional”, en referencia al conflicto en curso entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.