No habrá más treguas para la escuela privada que lleva 30 años de tira y afloja con la administración en San Sebastián de los Reyes. El Ayuntamiento de este municipio madrileño vuelve a poner fecha a su cierre definitivo después de que naufragara un nuevo intento de la dirección para frenarlo en los tribunales. Será el próximo lunes, 13 de octubre, cuando los trabajadores del consistorio precintarán la zona donde hace décadas que se asienta un colegio de Infantil y Primaria que practica un modelo alternativo de aprendizaje basado en la inclusión.

Pero sus recursos contra la clausura no han prosperado. “La Justicia lo ha rechazado de manera taxativa hasta en cuatro resoluciones y en dos juzgados distintos”, recuerdan desde el consistorio en un comunicado emitido el jueves, después de fijar una nueva fecha al rechazarse tanto las medidas cautelares como las cautelarísimas (la diferencia entre ambas es su nivel de urgencia) que presentaron desde el colegio y también en la Asociación Comounomás, defensora de la inclusión de los menores en el ámbito educativo independientemente de su situación.

En su nota, el Ayuntamiento ha asegurado que la Comunidad de Madrid –a través de la Consejería de Educación– ya ha iniciado los trámites para “revocar la autorización educativa del centro”, que le ampara para ofrecer por la vía reglada contenidos de Educación Infantil y Primaria. Esta licencia siempre ha estado vigente, pero el problema radica en sus permisos urbanísticos: han sido revocados en varias ocasiones por la autoridad municipal al elevarse sobre un terreno no urbanizable que, por lo tanto, está protegido.

El centro abrió a mediados de los ochenta en base a una normativa muy distinta a la actual, pero en distintas resoluciones posteriores (2003, 2005, 2014 y, ahora, también 2025) se iban denegando sus intentos por subsistir. Desde El Ardal, una escuela que desde el minuto uno ha reivindicado su “importancia como lugar seguro” especialmente para personas con discapacidad, dificultades de aprendizaje o necesidades más especializadas y han acusado al Ayuntamiento de “no escucharles” durante el proceso y obligarles a cerrar con un nuevo curso ya iniciado.

La renovación de las matrículas fue en marzo, unos meses antes de que las administraciones notificaran al espacio que tendrían que cerrar de forma definitiva. Después de algunos vaivenes se fechó la clausura el pasado 6 de octubre, pero ante la presión ejercida por las familias del centro y la solicitud de cautelares, el equipo municipal en San Sebastián de los Reyes decidió paralizar el precinto hasta que hubiera una resolución firme.

“Se ha difamado a políticos y funcionarios afirmando que tienen intereses urbanísticos en dichos terrenos, cuando no hay instrumento alguno en marcha y además se trata de una propiedad privada de los responsables del Centro; que buscan perjudicar a un centro de educación especial cuando esta escuela únicamente tiene autorización educativa para impartir educación infantil y primaria en sus modalidades ordinarias; o que existen soluciones al margen de la ley que radican en la mera voluntad política”, ha recapitulado el Ayuntamiento en una hilera de críticas. “Siempre supieron que esto era irregular”, sentencia su comunicado.

Madres y padres del alumnado se han puesto en pie contra la decisión, que consideran un “error” por el que sus hijos “quedan desamparados” y sin la certeza de que les reasignen a otra escuela de forma efectiva o cómoda para ellos. La Comunidad de Madrid expresó en un primer momento su intención de reubicar a los menores en otros centros cercanos, esta vez de carácter público, aunque a pocos días del cierre anunciado todo continúa siendo una incógnita.

Un conflicto administrativo que comenzó a mediados de los ochenta y permanece abierto hasta nuestros días parece aproximarse a su fin. Aunque aún nadie tenga claro que este pueda ser el adiós definitivo, ni siquiera inminente. La escuela privada de El Ardal, en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes, vive la que podría ser su última semana con malestar entre las familias e incluso una petición en Change.org para mantenerla abierta después de que, en mayo, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid advirtieran de su cierre por un problema de licencias. Finalmente, el cese de la actividad estaba previsto para el día 6 de octubre. Pero el Ayuntamiento ha desistido hasta que haya una resolución firme.

El curso ha comenzado y los usuarios de este centro, con 140 alumnos y un modelo educativo basado en la inclusión y con métodos de aprendizaje alternativo para personas con discapacidad, dificultades de aprendizaje o necesidades más especializadas, ya han abonado tanto sus matrículas como el pago de septiembre y octubre. “No se nos está escuchando”, lamenta Penélope, madre de tres hijos que han pasado por El Ardal y una de las portavoces de las familias que pugnan por mantener abierta la escuela. La renovación de las matrículas fue en marzo, unos meses antes de que las administraciones notificaran al espacio que tendrían que cerrar de forma definitiva. Es más, Penélope afirma que al presentar la solicitud de la beca de 0-3 años para centros de la Comunidad de Madrid, este colegio aparecía como un centro homologado en el sistema.

“No sé de quién es la responsabilidad, pero aquí hay un problema para el que las administraciones no se están coordinando. No hay coherencia: si tanta certeza había de que iban a cerrar, ¿cómo puede ser que digan que hay una orden de cierre desde mayo y yo solicité la beca a esta escuela el día 24 de junio, cuando aún la certificaban como escuela homologada en la propia solicitud?”, se pregunta esta madre. En su comunicado de denuncia, las familias también advirtieron del peligro de dicha actuación. “Este ataque a la infancia vulnera el interés superior del menor, principio fundamental reconocido tanto por la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas como por la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, y Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia que exige que en toda decisión que afecte a la infancia priorice su bienestar”.

No obstante, desde el consistorio defienden que el problema de permisos no es nuevo y que las familias ya sabían desde mucho antes que El Ardal “no podía ocupar legalmente” el espacio sobre el que se edificó. Las familias aseguran que la orden de cierre la conocieron el pasado 12 de septiembre, pero el equipo municipal adelanta esa fecha. En realidad, el origen del conflicto reside en varias resoluciones judiciales ante las que no cabe recurso que fueron dictaminadas en 2003, otra en 2005 y la última en 2014. Las licencias urbanísticas han sido denegadas desde entonces, argumentando que el inmueble se eleva sobre un suelo no urbanizable que está protegido. El Ayuntamiento indica que el colegio se construyó a finales del siglo pasado según leyes vigentes durante la Transición y que, ahora, la normativa ha cambiado y ya no es compatible con su actividad.

La escuela ha pedido medidas cautelares que paralicen el cierre

El centro y la Asociación Comounomás –que vela por la inclusión de los menores en el ámbito educativo– han presentado recursos y alegaciones contra esta resolución. Además, han solicitado a los tribunales unas medidas cautelares contra el cese del lunes que, de momento, siguen su curso. Desde el centro confirman que se plantearon por dos vías: una ya ha sido inadmitida por el juez, pero tienen 15 días para recurrir, y avanzan que así lo harán; la otra aún está pendiente de resolución.

Si finalmente así ocurre y se les concede, la orden de precinto quedaría suspendida temporalmente y la escuela (que a día de hoy sigue funcionando con normalidad) podría continuar sus clases hasta que haya una nueva resolución firme. Y esto, a ojos del consistorio, es el problema que les ha llevado hasta aquí. “Llevan décadas sorteando un cierre que saben que va a tener que producirse e incluso han ampliado sus instalaciones en los últimos años aunque conocen la protección que existe sobre ese suelo”, destacan, señalando que al ser una propiedad privada pueden iniciar ciertas reestructuraciones sin solicitar luz verde del lado municipal.

Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid se han comprometido a “ayudar en lo posible” a las familias que, de verse sin escuela para sus pequeños con el curso ya iniciado, tengan que reubicarlos en un centro público cercano a sus domicilios. Pero el Ayuntamiento no dará su brazo a torcer con el asunto, ni se plantea recalificar el suelo (no pueden hacerlo por sí solos) para permitir esta actividad.

“Esa clasificación no está prevista para ser modificada, así que cualquier afirmación sobre eventuales proyectos urbanísticos o usos especulativos del suelo carece de fundamento alguno”, sentenciaron en un comunicado a raíz de las primeras publicaciones sobre el tema. Niegan, por tanto, que el terreno vaya a utilizarse para otro desarrollo de su interés: “Es un bulo intencionado y solo busca enmascarar la verdad”. Del otro lado las familias presionan para que no desaparezca esta escuela, reconocida con el sello Green School para instituciones educativas con un enfoque integral.

“Es un centro homologado por la Comunidad de Madrid que resulta imprescindible para muchas familias por el modelo pedagógico que ofrece”, señalaron a través de un comunicado emitido, según ellos –el Ayuntamiento insiste en que llevaban tiempo siendo avisados–, después de conocer la noticia. Se refieren a la mirada especial sobre la neurodivergencia y la discapacidad en los menores. “No solo se interrumpen aprendizajes y rutinas, sino que se rompen vínculos de apego vitales con compañeros, docentes y psicólogos que son figuras de referencia y seguridad emocional para los niños. Su pérdida puede generar ansiedad, desarraigo y tristeza, dificultando la adaptación en otros entornos y dejando una huella que afecte a su salud mental y, por ende, su salud física”, argumentan.

Es el caso de Tabi, uno de los niños que estudian en El Ardal y cuenta con un diagnóstico de autismo. “Ha fracasado en todos los modelos educativos y en todos los colegios donde había estado antes por su condición estigmatizada. Presentaba conductas autolesivas, era un niño agresivo, evitativo u oposicionista, pero con respeto y profesionalidad todo eso se ha podido ir recuperando. Esto es lo que le da vida y estabilidad”, defiende su madre en uno de los vídeos que las familias han difundido explicando por qué no deben clausurar el centro. De momento, la cruzada con el Ayuntamiento por la normativa urbanística sigue adelante y serán los tribunales los que decidan de qué lado cae finalmente la balanza. La cuenta atrás ya ha empezado.

<<La Vuelta a España cancela su última etapa por las protestas por el genocidio en Gaza>>>

La última etapa de La Vuelta ciclista a España ha sufrido varias modificaciones de última hora en su recorrido por seguridad ante la presencia de numerosos manifestantes propalestinos pero que finalmente no han logrado evitar la suspensión y finalización anticipada de la competición.

La etapa final de la edición de 2025 de La Vuelta a España, que ha coronado al ciclista danés Jonas Vingegaard como campeón, estaba transcurriendo con normalidad para los deportistas aunque con modificaciones en el recorrido original desde los primeros kilómetros. La etapa original, de 111,6 kilómetros, ya había sido recortada este sábado en 5 kilómetros para evitar su paso por la A-6 y la localidad de Aravaca, aunque por motivos de tráfico.

Este domingo, debido a las protestas propalestinas en el centro de San Sebastián de los Reyes, la dirección de carrera decidió modificar el recorrido para evitar las vías principales de esta localidad madrileña así como de la Avenida Salvador Allende de Alcobendas.El resto del recorrido se ha mantenido inalterado hasta minutos después de las 18.00 horas.

En ese momento, un grupo de centenares de personas además ha invadido la Gran vía de Madrid a la altura de la plaza de Callao, lo que ha obligado a modificar de nuevo el recorrido de la etapa que no pasó por esta conocida zona céntrica de la capital. Los cortes casi simultáneos en otras zonas de Madrid han obligado además a que La Vuelta a España se plantease terminar antes el recorrido.

Finalmente, dirección de carrera ha suspendido la etapa después de que un pequeño grupo de manifestantes cortase la calle a la altura del Paseo de la Virgen del Puerto con una pancarta, llegando incluso a provocar un enfrentamiento físico con un ciclista. Tras pararse en esta zona los ciclistas por decisión propia, han continuado su camino hasta el interior de los jardines del Moro, en la zona inferior del Palacio Real de Madrid, deteniéndose la carrera sine die.

Hasta ese momento, la intención de La Vuelta ciclista era que el recorrido terminase con el paso de los ciclistas entre la Glorieta de Neptuno y Colón pero evitando la llegada a la meta original que estaba situada en la Glorieta de Cibeles. Desde la organización han confirmado que ha terminado la presente edición de La Vuelta ciclista a España tras la cancelación de su etapa final.

La asociación APADIS de San Sebastián de los Reyes, una Fundación que integra desde hace 45 años a más de un centenar de personas con discapacidad y a sus familiares, ya no podrá contar con los 36.000 euros que venía recibiendo del ayuntamiento para actividades deportivas desde el año 2012. El entonces alcalde, Manuel Ángel Fernández Mateo, del PP, firmó con el club deportivo de esta entidad el primer convenio de Deportes mientras aplaudía “el avance en inclusión, derechos, participación y recursos” de estas personas con discapacidad. Dicho convenio les abría la puerta a compartir las instalaciones públicas del municipio y a competir en igualdad de condiciones con el conjunto de clubes deportivos de la ciudad en la práctica de deportes como fútbol, natación y golf. “Es un convenio con D de deporte, no de discapacidad”, resaltó entonces el regidor.

Pero el nuevo equipo de gobierno, liderado desde 2023 por Lucía Fernández, también del PP, ha decidido sorpresivamente después de 12 años retirarles de la lista de los clubes que reciben esa ayuda, proponiendo renovar y englobar todo únicamente en una subvención y solo desde la concejalía de Asuntos Sociales y Personas con Discapacidad. Hasta ahora la entidad contaba con esa ayuda y con otra específica de 36.000 euros para el ámbito deportivo, que es la que dejará de percibir. Por ello, la retirada les parece “absurdo” y “una grave discriminación” a los responsables de la asociación, ya que, según lamentan, la decisión “va a dejar sin opciones de práctica deportiva” a todo el colectivo. Lo que más les indigna es que el de APADIS haya sido el único convenio que el PP no ha renovado y aprobado por la Junta de Gobierno.

Así lo denuncia a esta redacción el director gerente de la asociación, Miguel Ángel Jiménez, que además lamenta que con ello el ayuntamiento “pretende ahorrarse el último año, que la concejalía de Deportes había renovado y APADIS había aceptado”, como pueden probar documentalmente y ahora el consistorio niega. Jiménez lamenta también que este recorte y modificación del convenio se ejecutara “sin ninguna comunicación ni negociación previa y sin una simple llamada de teléfono a APADIS”.

Izquierda Independiente llevó la denuncia al pleno municipal

El grupo municipal Izquierda Independiente llevó la denuncia de la asociación al pasado pleno municipal en el que denunció públicamente lo que considera “un claro ataque a APADIS”. Para su portavoz, Juan Torres, se trata de “un nuevo castigo y represalia a la asociación”. “Hay que ser muy mala gente para atacar y retirar la ayuda para el deporte a las personas con discapacidad”, afirma, en declaraciones a elDiario.es. Pero lo que le parece aún peor es que “mientras este gobierno recorta en las personas con discapacidad intelectual por otro lado mejora las condiciones de otras entidades, como el club deportivo con el que está relacionado el propio concejal de Deportes”. A su juicio, “todo esto demuestra lo malos y rencorosos que son el PP”. “Hacen bueno el dicho de que 'otros vendrán que bueno te harán'. El nuevo equipo de gobierno municipal funciona igual que el anterior: a quien le lleve la contraria lo persiguen”, zanja el edil de la oposición.

La versión que ha dado la concejala de Personas con Discapacidad, María Ordóñez, es que “el último convenio con la concejalía de Deportes tenía vigencia hasta el 30 de junio de 2024” y que a partir de entonces “se firmó un nuevo convenio pero desde la Concejalía de Personas con Discapacidad, con el mismo objetivo y con la aprobación de la propia entidad”. APADIS reconoce que gracias a este convenio se realizaban los Campamentos de Verano dirigidos a niños y jóvenes del municipio con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo, “que ha sido uno de los proyectos de más arraigo, éxito y participación”. Sin embargo, considera que esto no exime al gobierno municipal de renovar la subvención para las prácticas deportivas de la asociación.

La concejala Ordóñez rechaza las argumentaciones de la asociación y acusa de “mentir” a Torres. “No sabemos si están nerviosos por el supuesto Juego de Tronos que tienen en torno al próximo líder de la formación o si siguen peleándose con el resto de partidos de ultraizquierda a ver quién dice la mayor barbaridad contra el PP. O todo a la vez”. “La verdad es esta”, insiste. “El último convenio de la concejalía de Deportes con APADIS tenía vigencia del 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2024. A partir de entonces, y tras un acuerdo con la propia APADIS, se pasó a firmar el nuevo convenio a través de la concejalía de Personas con Discapacidad de este Ayuntamiento. Eso es lo que firmó APADIS”, sostiene.

“No solo eso, sino que se destinó la misma cuantía del anterior convenio establecido: 30.096,85 euros. Y a esta cantidad, se añadieron otros 6.000 euros. Es decir, que APADIS ha visto mejorado lo que cobra para el mismo fin. Y APADIS es una entidad dedicada a la discapacidad al margen de las diferentes acciones que desarrollen. Con los clubes deportivos se han firmado los nuevos convenios, no correspondiendo a APADIS su firma evidentemente, ya que actualmente la subvención de este Ayuntamiento se gestiona desde la concejalía de Personas con Discapacidad”.

La asociación cree que la explicación que da Ordóñez “está completamente alejada de la realidad” y “solo puede explicarse desde el desconocimiento o desde una narrativa a todas luces desconectada de los hechos”. “Ordóñez asegura que el Convenio con Deportes no está en vigor desde 2024, obviando u ocultando, por tanto, la adenda que se acordó por un año más, hasta 2025”. “Así consta en la documentación en poder de APADIS que fue confirmado desde la propia concejalía de Deportes”, sostiene Miguel Ángel Jiménez, que insiste en que se trata de “una grave discriminación” y “un grave ataque a los derechos de las personas con discapacidad”.

Recurren al Defensor del Pueblo y al Consejo Superior de Deportes

El colectivo no está dispuesto a rendirse. De momento, ha decidido recurrir al Consejo Superior de Deportes y al Defensor del Pueblo. Además, advierte de que “si el ayuntamiento no se aviene a reconsiderar esta situación y sigue negando siquiera la posibilidad de reunirse con la directiva, como se ha solicitado desde APADIS en reiteradas ocasiones”, se “reserva el derecho a emprender las acciones legales que en derecho le corresponda tomar y se precisen para exigir el cumplimiento de los derechos de las personas con Discapacidad”.

“Nuestra valoración es de tristeza, perplejidad e indefensión”, remarca Miguel Ángel Jiménez. “No entendemos cómo a estas alturas del siglo XXI y en contra de todos los predicamentos de la ONU, en tiempos de avances sociales, se retrocede en derechos de las personas con discapacidad condenándoles de nuevo”. “Tampoco sabemos por qué motivo les envían al cajón de los servicios sociales, para que no se muevan de su rincón, negándoles su categoría de deportistas”, añade.

Torres destaca el palmarés deportivo de estas personas con discapacidad en San Sebastián de los Reyes. “Sus deportistas y equipos han conseguido victorias y campeonatos a nivel supramunicipal, han sido campeones de España y son un referente para la integración de personas con discapacidad a través del deporte”.

Izquierda Independiente recuerda además que los equipos deportivos de APADIS “siempre han cumplido con todas las obligaciones y proyectos acordados con el ayuntamiento”.  “También han justificado sus actividades y fondos económicos a pesar de seguir retenidos por el ayuntamiento por el conflicto judicial que este mantiene con APADIS. Algo que la actual alcaldesa del PP prometió resolver cuando estaba en la oposición, pero que en la actualidad mantiene en el juzgado de Alcobendas”, zanja el portavoz del grupo opositor.

Desde hace más de dos años y medio, a miles de vecinos de San Sebastián de los Reyes (Comunidad de Madrid) les es imposible permanecer dormidos más allá de las 07.00 horas. Es solo una de las afecciones que denuncian que sufren tras un cambio en la codificación de una ruta aérea que sobrevuela la localidad, cercana al aeropuerto de Madrid Barajas. El anterior alcalde socialista, Narciso Romero, pidió esta modificación, ya que vecinos de la urbanización Fuente del Fresno se quejaban del ruido. Pero el actual Ayuntamiento, liderado por la popular Lucía Fernández, acepta que el ruido ha aumentado en toda la ciudad y ni siquiera ha desaparecido de esa zona.

Ahora las molestias si han extendido a barrios como Dehesa Vieja, Los Arroyos, Rosa Luxemburgo, Tempranales y Lomas. Consistorio, Grupo Socialista y los operadores aéreos AENA y ENAIRE siguen en una disputa en la que cada uno defiende una postura diferente. Mientras tanto, la Plataforma Vecinal Sanse SIN Aviones estima que hasta 50.000 vecinos están perjudicados en la actualidad, mientras que en Fuente del Fresno viven únicamente unas 3.000 personas.

El cambio comenzó cuando Narciso Romero gobernaba la ciudad. En septiembre de 2022 se efectuó el cambio en la codificación de la ruta oeste corta de la pista 36L del aeropuerto después de que el regidor lo pidiera al Grupo de Trabajo Técnico de Ruido (GTTR), en el que tienen representación los municipios afectados por el aeropuerto, AENA y ENAIRE. “Nosotros nos enteramos de esto por AENA después de escribirles al haber notado un incremento enorme de los aviones, que realizan un ruido terrible en la zona”, cuenta Juan Manuel Martínez, vecino de Dehesa Vieja desde el 2012 y portavoz de la Plataforma Vecinal.

El antiguo alcalde defiende su actuación

Este afectado todavía no se explica por qué Romero pidió el cambio en la codificación para reducir el ruido de los aviones en Fuente del Fresno si aumentaría en tantas otras partes de la ciudad. Sí afirma que el propio Romero vive en esa urbanización. Por su parte, el antiguo alcalde ha explicado a elDiario.es que el cambio se produjo tras una petición del vecindario de Fuente del Fresno. “Lo que se solicitó fue que se cumpliera con lo estipulado, recogido en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP), que es la norma que rige la navegación aérea y, por tanto, de obligado cumplimiento, y que se intentaran minimizar los desvíos permanentes” que realizaban los aviones que salían desde la pista 36L de Madrid Barajas, según ha respondido Romero por escrito.

Por otro lado, también niega que los vecinos afectados por el ruido se hayan incrementado por miles. Según los datos de los que dispone el PSOE, “Fuente del Fresno sigue siendo la zona con mayor número de sucesos por TMR, el aparato que mide el ruido”. Romero explica que “esto ocurre porque a la zona norte del municipio, Fuente del Fresno, Club de Campo y Ciudalcampo le afectan tanto las salidas hacia el oeste, como las que salen hacia el norte, así como todas las nocturnas; todo ello sin estar estas áreas residenciales gravadas con una servidumbre de sobrevuelo”. Y añade que “Dehesa Vieja, zona en la que la mayoría de las viviendas están gravadas en sus escrituras de compraventa con una servidumbre de sobrevuelo de aviones, solo están afectadas por las salidas diurnas que van al oeste”.

Según Romero, la única responsable de la recodificación de la ruta fue ENAIRE. “Lo que defendemos nosotros es que sea la propia ENAIRE la que dictamine por dónde deben pasar los aviones, cosa que, por cierto, ya hizo al recodificar la salida para que se cumpliera el AIP”, indica el antiguo alcalde. Desde ENAIRE afirman que, aunque están presentes en el GTTR, no son “fuente informativa en este tema”, por lo que han decidido no realizar declaraciones sobre el asunto. Además, el antiguo regidor expresa que “volver a la situación anterior sería como hacer las cosas mal adrede, a sabiendas de que el cumplimiento del AIP ahora sí se está cumpliendo; como si el AIP se tratase de una materia opinable y reversible”.

El Ayuntamiento espera unos informes para actuar

Mientras tanto, Martínez, el portavoz de la Plataforma que no ha dejado de intercambiarse correos electrónicos con AENA, demanda que el Ayuntamiento debería haber tomado cartas ya en el asunto para remediar la situación. “Lo único que han hecho cuando han llegado al GTTR ha sido pedir la cambio en la codificación de la ruta de nuevo siempre y cuando no haya ningún vecino de San Sebastián afectado, lo que es imposible”, enuncia este vecino de Dehesa Vieja.

Fuentes municipales han señalado que “los datos indican que el cambio realizado en septiembre de 2022 no han beneficiado a Fuente del Fresno, y ahora también afectan a gran parte del núcleo urbano de la ciudad”. Aunque en San Sebastián de los Reyes siempre ha habido ruido por su cercanía con el aeropuerto, estas mismas fuentes afirman que se ha intensificado. Según defienden, cualquier decisión en una recodificación de la ruta deben tomarla AENA, ENAIRE y Aviación Civil.

Desde el Consistorio sansebastianense esgrimen que para poder reclamar de nuevo la recodificación de la ruta, pidieron a AENA y ENAIRE diversos informes que pudieran avalar esa decisión. “No entendemos por qué no nos remiten esta información para poder decidir de manera más rigurosa”, apuntan. Asimismo, enfatizan que hace un año contrataron a una consultora externa para trabajar de cara a realizar alegaciones al Plan de Acción contra el Ruido (PAR). “Enviamos una batería de medidas con diferentes escenarios que AENA y ENAIRE tienen que estimar. Esperemos que así lo hagan, porque no queremos vecinos de primera ni de segunda”, expresan. Tampoco descartan elevar el asunto a los tribunales si los dos operadores hacen caso omiso de sus demandas.

Por su parte, AENA confirma que el GTTR ya ha tratado la comparativa de los niveles de ruido registrados en diferentes sonómetros del municipio para valorar ambientalmente el resultado de ambas codificaciones. “La conclusión es que tanto la codificación anterior como la nueva cumplen con la normativa de aplicación, tanto desde el punto de vista de las trayectorias como desde el punto de vista del ruido producido en las poblaciones”, aseguran.

Un ruido diario y constante

Rosa Escribano, vecina de Los Arroyos que “soporta”, como ella dice, el paso de un avión cada dos minutos, remarca que “esas alegaciones del Ayuntamiento al PAR no van a conseguir mejorar la situación, porque esa empresa ni siquiera ha llevado a cabo un estudio del ruido en la ciudad ni nada parecido”. A sus 48 años, esta profesional de la comunicación admite que “permanecer en la cama después de las 7.00 horas es complicado”. El horario por el que sobrevuelan su vivienda decenas de aviones cada día comienza a esa hora y termina sobre a las 23.00. “Incluso salir a los parques o zonas verdes de la zona es muy incómodo porque el ruido es constante”, añade.

Algo parecido es lo que le sucede a Marta San Frutos, vecina de San Sebastián desde 2018. “Aquí siempre ha habido aviones y es muy molesto que todos los días te despierten”, indica mientras la lluvia cae en Dehesa Vieja. Ella reside frente al hospital de la ciudad y se ha planteado cambiar las ventanas de su casa, “pero lo han hecho otros vecinos y el ruido sigue siendo molesto”.

Lorenzo Suero pasea a su perro por el parque más cercano a su domicilio. Él es una de las tantas personas que subraya que “antes pasaban menos aviones, pero ahora pasan muchos y son muy molestos”. En su casa, dice que no le molestan a la hora de despertarse porque se toma muchas pastillas y tiene un “sueño muy duro”. En cambio, al mediodía sí que le afectan algo más. “No me quiero imaginar cómo tendrá que ser para la gente que está enferma o mucho tiempo en sus casas, o que tiene peor sueño”, comenta, mientras en la calle apenas hay personas en esta tarde lluviosa de viernes.

Un problema con los representantes públicos

La presidenta de la Asociación Vecinal San Sebastián de los Reyes, Marga Sierra, apunta que otra de las grandes afecciones son “las partículas que desprenden los aviones” y que se tienen “que comer”. Ella también aclara que si antes molestaban a algunas personas, ahora los aviones perturban el día a día de muchas más. “Desde la asociación poco más podemos hacer que acompañar a los vecinos afectados”, admite.

El portavoz de la Plataforma Sanse SIN Aviones afincado en el barrio de Dehesa Vieja, uno de los más afectados, se muestra “desconsolado e indefenso”, en sus propios términos. En su caso, optó por cambiar las ventanas de su vivienda, desde donde trabaja como estadístico, y así luchar contra el ruido de los aviones. “Te acabas mentalizando porque no puedes vivir con este nivel de nervios sistemáticamente”, dice Martínez. “Bajo mi punto de vista también hay un problema con los representantes públicos; tanto con el PSOE, que su actuación roza la prevaricación, como el actual equipo de Gobierno, que es cómplice de ello al no revertir sus efectos”, concluye.

El Ayuntamiento de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, gobernado por el PP, consiguió aprobar el pasado jueves, en el Pleno municipal, la cesión a la Comunidad de Madrid de tres parcelas de suelo de su propiedad en las que se planea construir con inversión privada 1.068 viviendas del Plan VIVE Solución Joven, dirigidas a menores de 35 años. La propuesta salió adelante gracias a los votos favorables del Partido Popular y de los dos concejales no adscritos disidentes de Vox. Aunque dicho proyecto es anunciado como futuras “viviendas asequibles”, el precio del alquiler de cada uno de estos pisos puede llegar a los 1.300 euros, según han denunciado los grupos de la oposición, que se han unido para rechazar la operación porque creen que “es un nuevo pelotazo urbanístico” y “un regalo a Ayuso”.

Los portavoces de PSOE, Izquierda Independiente, Más Madrid-Verdes-Equo, y Vecinos por Sanse, han mostrado en los últimos días su oposición frontal a la cesión de estas parcelas y han denunciado que el concejal de la vicealcaldía, del PP, Diego Domingo García, impidió la votación y el debate sobre este tema en el Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda (EMSV) que él preside.

Estos grupos lamentan que en dicha reunión “quedase claro que la EMSV puede construir en esas parcelas viviendas un 40% más baratas que las que está promoviendo la Comunidad de Madrid”. Además, resaltan que “serían los vecinos de la localidad los que tendrían preferencia para dichos pisos, evitando la especulación que está ocurriendo con otros modelos como el Plan Vive”. “Por desgracia, el PP parece seguir prefiriendo el expolio de suelo público y municipal”, concluyen.

“Hemos analizado la documentación del expediente que el gobierno local del PP llevará a pleno el próximo jueves 20 de febrero para ceder estas parcelas a la Comunidad de Madrid. Está claro que con ello buscan nuevos 'pelotazos urbanísticos' y favorecer a empresas privadas, ya que hemos demostrado que la EMSV es capaz de promoverlas y que eso beneficiaría a la ciudadanía de Sanse y al propio Ayuntamiento económica y socialmente”, afirmó en un comunicado conjunto la oposición, que pidió, sin éxito, a la alcaldesa de la localidad, Lucía Fernández, del PP, que retirara ese punto del orden del día del Pleno y anulara la cesión.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento las nuevas viviendas estarán ubicadas en Avenida José Hierro, Avenida Navarrondán y Calle de la Albufera y se sumarán a las 488 viviendas del Plan VIVE ya entregadas en Tempranales y a otras promociones en desarrollo dentro del mismo plan, como las que estarán en Fresno Norte, así como a futuras viviendas municipales cuyo proceso inicial ya ha comenzado.

Pero todos los grupos han mostrado su preocupación por “la cesión gratuita” de esas tres parcelas municipales a la Comunidad de Madrid que pretende luego “regalárselas a empresas privadas para hacer viviendas para jóvenes al estilo Plan Vive con precios de alquiler que pueden llegar a los 1.300 euros”. Además, han advertido de que estudiarán emprender acciones legales contra esta cesión al considerar que puede haber “indicios de ilegalidad e inseguridad jurídica en el proceso”

El pasado 17 de octubre, Ángeles Pedregal, una vecina de 77 años de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, pulsó el botón del servicio de teleasistencia al ver que se encontraba mal. La mujer explicó a la persona que le atendió que tenía parte de la nariz y la parte central de la boca dormidas, y que el labio superior se le había empezado a hinchar. También notó que los síntomas se le habían extendido a un brazo y que no tenía sensibilidad en tres dedos de la mano. Estaba asustada, pero la operadora la tranquilizó y le dijo que se quedara al lado del teléfono, y que en breve se pondría en contacto con ella un médico. Pasó un rato y, según la versión que ofrece su hija Ángeles Millán a esta redacción, el servicio llamó a su madre de nuevo “pero para decirle que no iba a ir el médico ni tampoco una ambulancia porque no creían que sus sintómas fueran de urgencia”. Luego le explicaron que ya habían avisado a una de sus hijas —“mi hermana Montse”, puntualiza Ángeles–, que al llegar al domicilio y ver el estado de su madre no dudó en llevarla de urgencia al centro de salud.

La pesadilla la narra indignada Ángeles por el trato recibido de la empresa de teleasistencia DomusVi. “Es un servicio que pagamos, y que se supone que está para atender a las personas mayores en situación de emergencia”. “Mi hermana, como vio que no iba nadie a atenderla, la llevó al centro de salud en donde, al saber que está operada del corazón, tiene hipertensión y osteoporosis, decidieron que lo mejor era trasladarla al Hospital Infanta Sofía”. “La atendieron superbién”, reconoce Ángeles.

Pero cuando su hermana volvió de aparcar el coche le dijeron que su madre estaba sufriendo un ictus, por lo que la derivaron al Hospital La Paz, donde ingresó en la unidad de vigilancia de ictus con “lesiones isquémicas en ambos hemisferios”, según el informe médico al que ha tenido acceso elDiario.es. Allí permaneció dos días ingresada para ver la evolución. Y una vez que vieron que había salido de peligro la derivaron de nuevo al Infanta Sofía, donde le hicieron más pruebas para ver si le había quedado alguna secuela, y la mandaron finalmente a casa.

Una vez en casa les llamaron de teleasistencia para ver cómo se encontraba su madre. “Es entonces cuando nosotros les mostramos nuestro descontento aunque sabemos que la operadora hace su trabajo y no tiene la culpa de nada”, sigue contando Ángeles. “Es que cuando ves a tu madre en peligro no piensas en enfadarte en ese momento con nadie, solo quieres llevarla al hospital lo antes posible. No piensas en nada más porque tu cabeza está en otro sitio”, dice.

El servicio de teleasistencia lo contrataron en febrero del año pasado a través los servicios sociales del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, regido por el PP, que tiene contratada a la empresa Quavitae Servicios Asistenciales SAU, perteneciente a DomusVi, muy reconocida en el sector. “Pagábamos una cuota mensual de 15 euros, pero después de todo esto nos hemos dado de baja”, confiesa Ángeles. Según el contrato que firmaron se trata de un servicio dirigido a personas mayores que viven solas y se ven de repente en situaciones de emergencia. De hecho, en la página web de la empresa se anuncia la teleasistencia como un servicio “para vivir en casa con la tranquilidad de saber que en caso de caída o de situación de emergencia, desorientación, soledad… Un equipo de profesionales vela por ti”.

“Te indican que en esos casos se pulse el botón y ellos se encargan de que vaya un médico o manden una ambulancia”. “Si mi hermana no la llega a llevar rápidamente al hospital a saber cómo acaba mi madre porque de hecho vieron que también tenía un trombo en la cabeza”, lamenta Ángeles.

Tras presentar el pasado 24 de octubre una reclamación en el servicio municipal de atención al ciudadano la usuaria fue advertida de que “la reclamación no serviría para nada” y de que no gastara energía “porque no va a ir a ningún sitio”. “La empresa no quiere saber nada. Nos dijeron que habían hecho todo perfectamente y que si acaso que denuncie al ayuntamiento o al médico”, dice la hija de la afectada.

Visto su enfado, en el ayuntamiento la intentaron tranquilizar. “Con muy buenas palabras me dijeron que mirarían nuestro caso y que buscarían una solución. Pero yo no quiero una solución monetaria. Quiero dejar claro que esa reclamación no se pone por ningún tipo de interés ni monetario ni nada por el estilo, es para que no le pase a nadie más, para que traten mejor a las personas mayores que son muy vulnerables. Yo contrato un servicio para que te atiendan y no me vale que se echen las culpas unos a otros”, añade Ángeles, que explica que su madre ahora está en casa: “No se ha recuperado del todo, pero ahora tiene mucho miedo”.

“¿Para qué tienen las llaves de mi casa?”

No es la primera vez que se denuncia a la misma empresa por situaciones similares y en el mismo municipio madrileño. Hace aproximadamente un año hubo otra reclamación por presunta negligencia, en este caso de un matrimonio mayor, Natividad Camacho y su marido, Luis José Herrera, de 77 años. Ella, enferma y dependiente, vio cómo su marido quedaba sin atención por parte del mismo servicio de teleasistencia de San Sebastián de los Reyes tras caerse al suelo porque en ese momento “no había personal sanitario para atenderlo, ya que estaba cubriendo otra urgencia”, según les dijeron.

El matrimonio reside en la colonia Rosa de Luxemburgo y es Nati la que cuenta en primera persona el desagradable episodio que vivió entonces. “Mi marido está enfermo. Desde 2018 sufre de insuficiencia cardiaca y le han puesto varios stent, tiene azúcar... en fin, tiene muchas patologías. Debido a su delicado estado de salud se cae con mucha frecuencia”.

“Una noche, creo recordar que fue el año pasado como por estas fechas, se cayó al suelo”, relata. “Como yo no podía con él llamamos a teleasistencia y nos dijeron que no podían venir, que lo sentían mucho, que solo tenían una persona para esos casos y que en ese momento estaban atendiendo otra urgencia”. “Nos informaron de que habían llamado a mi hija que vive en Guadalajara. Pero yo les dije que hasta que mi hija llegara iba a pasar bastante tiempo y que necesitaba que alguien me ayudara ya”, sigue contando Nati.

“Nos dijeron entonces que ellos solo hacen teleasistencia y yo les pregunte que para qué se habían llevado entonces las llaves de mi piso. Me contestaron que es por si alguien puede ir, pero me repitieron que en ese momento era imposible”. “Mi hija vino como a los tres cuartos de hora”. “Puse una reclamación en el ayuntamiento contando el caso y me explicaron que ellos ya habían llamado a mi hija y habían cumplido”.

A Nati toda esta situación, que califica de “surrealista”, le parece “un desamparo total”. “Me dieron a entender como que yo estaba confundida con las obligaciones de la empresa dando la sensación de que la gente mayor no se entera. La realidad es que hay una red de apoyo, pero es mentira, todo está hueco”, lamenta la mujer.

A final su marido no necesitó acudir al hospital. “Lo único que queríamos era ayuda para levantarle del suelo y ver si tenía alguna lesión”, insiste. Poco después desde el ayuntamiento se pusieron en contacto con la empresa. “Entre unos y otros fueron echando balones fuera sin contestar a nuestra reclamación”, añade Nati.

Pese a la decepción sufrida, Nati, a diferencia de la madre de Ángeles, no se ha dado de baja del servicio de teleasistencia de DomusVi con el que firmó un contrato el año pasado. “Al principio pagamos 38 euros, pero luego la Comunidad de Madrid nos dio una ayuda y ahora creo que pagamos 13 euros”. Su marido, que iba a un centro de día, está ahora en una residencia. “Tengo un recuerdo muy desagradable de todo esto”, zanja la conversación Nati. “No nos hemos borrado por si yo necesito algo que también padezco mis enfermedades, pero vamos me parece que el servicio es un desastre y un timo”. “Era la primera vez que pulsábamos el botón de ayuda de teleasistencia que nos habían venido a instalar con maneras muy amables... pero al final creo que es un fraude”.

“Es un desamparo total, hasta que no lo pasas nadie se lo imagina. Te crees que tienes un apoyo y te das cuenta de que en realidad no tienes nada”.

El ayuntamiento rechaza abrir una investigación

El partido local Izquierda independiente ya llevó la primera denuncia a las comisiones del Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes sin que tomaran cartas en el asunto. Ahora ha reclamado al Gobierno del PP que se evalúe la actuación del servicio de teleasistencia y las razones de esta nueva desatención, ya que “no parecen hechos aislados”. Por ello piden que en caso de confirmarse las irregularidades se sancione e incluso se rescinda el contrato con la empresa al considerar que su actuación supone “un incumplimiento del contrato” y un claro caso de “negligencia y dejación de funciones”.

Según recuerda el portavoz de este grupo de la oposición, Juan Torres, “este tipo de servicio existe precisamente para atender situaciones de urgencia y crisis, ofreciendo intervención inmediata, algo que no ocurrió en ninguno de estos casos”. “Nos preocupa mucho que la próxima vez estas negligencias tengan consecuencias aún más graves”, concluye.

El pasado 12 de diciembre, su grupo dirigió una pregunta por escrito al Gobierno del PP para saber si se iba a abrir esa investigación y, en su caso, a aplicar una sanción a dicha empresa. En el escrito de respuesta el equipo de Gobierno niega las acusaciones acerca del presunto mal funcionamiento de la teleasistencia y lamenta “la alarma social sobre este servicio que pueda generar el uso interesado de un caso puntual”.

Además, asegura que tiene “estrecha colaboración y vigilancia sobre la teleasistencia en la localidad y ninguna familia puede temer por este servicio que se presta a sus mayores y que funciona de manera correcta los 365 días del año”. Sobre los hechos narrados y recogidos por esta redacción el equipo de Gobierno municipal cree que se trata de “una acusación gravísima de desatención hacia la persona por la empresa que no corresponde a la realidad”. Finalmente, aseguran que “desde el minuto uno han hablado con la familia y con la empresa” sin problemas.

Esta redacción ha intentado recabar la versión de la empresa de teleasistencia a través de un correo electrónico del servicio de prensa, como se indicó tras contactar con DomusVi, sin recibir respuesta alguna al cierre de este reportaje.

El Gobierno de San Sebastián de los Reyes sigue haciendo gala de su pasión por la tauromaquia, a la que no escatima dinero en sus presupuestos. A los tradicionales encierros que programa en agosto durante las fiestas patronales del Cristo de los Remedios -algunos nocturnos con la asistencia de menores- sumará ahora los llamados “Encierros Blancos” que instauró el PP tras su llegada al gobierno: tienen lugar en enero y en esta ocasión van a suponer para las arcas municipales un gasto total de 200.000 mil euros, el doble que en 2023.

El presupuesto total en actividades taurinas en San Sebastián de los Reyes superará en 2025 los 600.000 euros, y el contrato de dos años es prorrogable a otro más, según Izquierda Independiente (ISSR), uno de los grupos de la oposición que abandera estas denuncias ante la “pasividad” y la “complicidad” que atribuye al PSOE, que gobernaba antes el Ayuntamiento en coalición con Ciudadanos.

Los nuevos encierros “inventados” por el nuevo equipo de Gobierno que lidera la alcaldesa del PP Lucía Fernández, tendrán lugar el 18 y 19 de enero de 2025 durante las fiestas del patrón San Sebastián Mártir. Los pliegos de licitación “negociados sin publicidad y con adjudicación directa” revelan que solo la adquisición de las reses que correrán esos dos días costarán 80.000 euros, más del doble de lo gastado el año anterior.

El gasto en el montaje del vallado asciende a 57.200 euros, a lo que hay que sumar costes de seguridad, seguros y adecuación de los corrales. “Con todo nos vamos a los 200.000 euros de gasto en actividades taurinas para unos encierros en enero que nunca fueron tradición en San Sebastián de los Reyes”, denuncia Izquierda Independiente.

Para la concejala de este grupo, Carmen Palacios, “este gasto es innecesario y supone miles de euros del contribuyente que no se destinarán a atender necesidades reales y más acuciantes de los vecinos y vecinas”. La inversión para adquirir las reses supera los 75.000 euros que la alcaldesa Lucía Fernández quitó de educación y mantenimiento de los colegios públicos y de mejora de instalaciones deportivas para dárselos a los festejos taurinos celebrados en verano. “Está claro que la prioridad del PP no es el bienestar de Sanse”, lamenta.

A las quejas del partido se han unido grupos ecologistas del municipio y, más tímidamente, la única edil que tiene allí Más Madrid-Verdes Equo.

Las Peñas Taurinas, contra Izquierda Independiente

La denuncia de este desmesurado aumento de gasto para los encierros ha provocado que la Federación de Peñas y Asociaciones Taurinas de San Sebastián de los Reyes emita un comunicado

En el escrito los taurinos califican de “recurrente, oportunista y partidista” la reclamación de Torres al Gobierno municipal para que acabe con estos eventos, mientras le afean que “sí defienda esas tradiciones en su pueblo”, Beas de Segura (Jaén), donde reside su familia.

Para la Federación los llamados “Encierros Blancos”, “aparte de promocionar la tauromaquia y las tradiciones, son un motor económico para el municipio”. En el comunicado hacen asimismo alusión al “artículo 46 de nuestra Constitución, que dice que la Tauromaquia es Patrimonio Cultural” y que “los poderes públicos deben garantizar su conservación y promocionar su enriquecimiento”, al igual que “la ley que declara la Tauromaquia Patrimonio Cultural en la cual se especifica que los poderes públicos están también obligadas a protegerla”.

El Gobierno de Pedro Sánchez derogó en septiembre de este año el Premios Nacional de Tauromaquia. Para ello abrió una consulta pública a la ciudadanía que logró más del 90% de apoyo a su retirada. Fuentes del ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun, explicaron que “la motivación” para la eliminación del premio “ha tenido en cuenta la evolución de la sociedad española”. La Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España recoge que apenas el 1,9% de la población española asiste a espectáculos taurinos, observándose un descenso interanual en 2023 del 4,7% en el número de festejos taurinos celebrados en España. 

No es el caso de San Sebastián de los Reyes cuyos gobernantes siguen potenciando este tipo de festejos. Las fiestas de agosto de este municipio en honor del Cristo de los Remedios siempre se han llevado un buen pellizco de los presupuestos municipales, tanto cuando gobernaban los socialistas como ahora con el PP, que desde las pasadas elecciones de mayo de 2023 ha tomado el relevo en el Consistorio. De hecho, la localidad madrileña es famosa por ese afán de potenciar los toros, hasta el punto de que se la conoce como la “Pamplona chica”.

El anterior alcalde, del PSOE, Narciso Romero, también decidió en 2022 aumentar de seis a once los encierros que programaba el pueblo, lo que supuso la modificación al alza del contrato con la empresa que gestiona la plaza de toros de la localidad hasta los 760.000 euros.

Los tradicionales encierros taurinos siguen siendo prioridad para el nuevo gobierno del PP de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, como antes lo eran también para el bipartito formado por el PSOE y Ciudadanos. Si durante la anterior legislatura en la que gobernó el socialista Narciso Romero no se escatimó el gasto para toros y actos lúdicos con motivo de las fiestas patronales del Santísimo Cristo de los Remedios –al que se llegó a nombrar “alcalde perpetuo”–, este año las partidas presupuestarias para este fin también se han disparado hasta sobrepasar con creces el millón de euros (1.263.000), al que hay sumar este año un crédito extraordinario por importe de 185.000 euros que fue aprobado en pleno agosto por el equipo de Gobierno.

Los vecinos de 'Sanse' –como se conoce popularmente a este municipio–, mientras tanto, han comprobado cómo el gobierno municipal no es tan generoso con otras partidas mucho más necesarias para la población. Un claro ejemplo es el área de Educación, que para el mantenimiento de sus centros cuenta con un presupuesto de 408.478 euros. Siendo malo ese dato, lo más sorprendente de todo es que ha sido de ahí precisamente de donde ha salido parte de ese crédito de 75.000 euros aprobado por el consistorio para poder sufragar el aumento del gasto en encierros.

La llamada 'feria taurina' incluye dos corridas de toros, dos días de recortes, la tradicional becerrada de peñas y una corrida de rejones. A los ocho encierros que se llevan a cabo entre el 25 de agosto al 1 de septiembre hay que sumar ahora los encierros nocturnos, que se celebran desde 2023, y los llamados 'encierros blancos', que tienen lugar en enero y que suponen un gasto añadido para las arcas de un municipio que es ya conocido como “la Pamplona chica”.

Según ha denunciado y demostrado uno de los grupos de la oposición, Izquierda Independiente, el Consejo de Gobierno decidió en pleno mes de agosto consignar un crédito extraordinario por un total de 185.000 euros para poder sufragar todos estos eventos taurinos y las contrataciones cerradas para las fiestas patronales, gastos que ya ascendían a más de un millón de euros. La ampliación de ese crédito –no consignado en los presupuestos municipales que acababan de ser aprobados una semana antes gracias a la crucial abstención del PSOE– pasó desapercibida a los grupos municipales dado que en agosto no hay actividad en el ayuntamiento.

Pero en septiembre, el grupo liderado por Juan Torres se percató y comprobó que el Gobierno del PP había retrotraído parte de ese crédito –75.000 euros– de las partidas para Educación. La versión de los mandatarios del PP es que ese dinero pudo utilizarse para los festejos gracias al “ahorro en energía en los colegios y centros educativos”, algo que para el grupo de Torres supone en realidad un “recorte injustificado e indignante de los recursos económicos destinados a la mejora de los colegios y escuelas infantiles públicas”.

Su grupo aprovechó el pleno municipal convocado en septiembre para exigir al Gobierno del PP explicaciones y pedir que diera a conocer el acuerdo del Consejo de Gobierno, que finalmente fue leído y hecho público durante esa sesión. Según pudo comprobarse entonces, el crédito adicional autorizado para los festejos ascendía efectivamente a 185.000 euros. En contraste, el crédito consignado para “mantenimiento de edificios y centros de enseñanza primaria municipales”, establecido en 408.478 euros, sufría “una minoración” de 75.000 euros, cifra que se unía a otro recorte de fondos de los centros deportivos municipales hasta alcanzar los 185.000 euros. Torres lamenta que tras la lectura de la resolución no les dejaran intervenir en el pleno y no tiene duda de que aquello fue “una jugada a traición y engañosa”.

“Ni el profesorado ni el alumnado son prioritarios para el gobierno municipal del PP”, lamenta. Según explica, “en 'Sanse' hay 17 colegios públicos y tres escuelas infantiles, una de ellas de gestión indirecta. En algunos de ellos hay papeleras sin cambiar desde hace 30 años, y muchas instalaciones están obsoletas. Ese dinero podría haberse empleado para la climatización de los centros cuando llega en verano el calor extremo, para nuevas ventanas y para toldos etc”.

Lo que tampoco entiende el portavoz de Izquierda Independiente es por qué no se han unido a sus denuncias el resto de los grupos de la oposición de izquierdas, Más Madrid y PSOE. De quien no espera nada es de Vox ni de Miguel Ángel Martín Perdiguero, el exvicealcalde que estaba antes en Ciudadanos, que ahora es el único concejal de Vecinos por Sanse y apoya al PP.

El día de la aprobación de las cuentas municipales, el socialista y exregidor del municipio Narciso Romero, calificó como una “abstención activa” la que había dado su partido a esos presupuestos asegurando que era “necesario para la estabilidad al municipio”, y su grupo quería “ser útil para los vecinos”. El PSOE, además, dijo que así evitaban que el PP “pactase con Vox” los presupuestos.

El crédito fue gracias al “ahorro de energía” en los colegios

El consistorio, como en anteriores ocasiones, no escatimó dinero para la nueva edición de las fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios. Uno de los grupos contratados fue Las Nancys Rubias, de Mario Vaquerizo, habituales en todos los festejos organizados por el PP. También actuaron los DJ Nano y Brian Cross. Eso sin olvidar los pasacalles y “el espectacular” castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Vulcano. 

Ante las críticas recibidas y la polémica generada con dicho crédito, fuentes del Gobierno municipal que regenta la dirigente del PP, Lucía Fernández, aseguraban a elDiario.es que la acusación de Izquierda Independiente “es falsa y solo denota el desconocimiento que algunos políticos tienen del funcionamiento de un presupuesto municipal”. Sin embargo, reconocen que es cierto que esos 75.000 euros que se destinaron para ayudar al pago de los encierros han salido de los presupuestos para Educación, aunque matizan que “no existe ningún recorte”. “Justo lo contrario. Ese dinero procede de un sobrante económico procedente del ahorro que hemos logrado en la energía que consumen los centros, sobrante que se ha utilizado en otros fines”, afirman estas fuentes.

“San Sebastián de los Reyes es uno de los ayuntamientos de toda España que más esfuerzos dedica a la educación pública. Hoy somos uno de los pocos ayuntamientos que paga las becas de comedor y material escolar a las familias al inicio del curso, y ningún solicitante que lo necesite se queda sin ellas. Justo lo contrario que ocurría en la etapa socialista”, se defienden. Además, añaden que “respecto al mantenimiento de los colegios, hemos realizado una inversión y una puesta a punto nunca antes vista. Y hay un plan a corto, medio y largo plazo para el mantenimiento de los centros escolares absolutamente ejemplar”.

Volcados con la tauromaquia

En 2022 el mismo grupo municipal ya denunció un recorte efectuado el año anterior, cuando aún se sufrían los efectos de la pandemia, de 359.000 euros menos para Educación por parte del gobierno local del PSOE y Ciudadanos. Torres aseguró entonces que se habían utilizado 224.000 euros del programa “Sanse Concilia” y 135.000 euros del mantenimiento y mejora de los centros de educación infantil y primaria para destinarlos “al reequilibrio económico de la empresa privada que gestiona los polideportivos de Dehesa Boyal y La Viña”. El gobierno municipal se defendió también diciendo que eran “fondos que no se habían gastado”.

En aquella legislatura ya hubo una fuerte polémica por el aumento de encierros y por la decisión de abrir un museo taurino en honor del matador José Ortega Cano, que aunque nació en Murcia, parte de su familia emigró a San Sebastián de los Reyes. Para ello, el Gobierno del PSOE ordenó desmantelar una de las salas del Museo Etnográfico que alberga la historia de los antepasados de la ciudad y sus costumbres.

No solo Izquierda Independiente sino también los ecologistas y animalistas de Sanse criticaron con dureza la decisión de hacer ese homenaje al diestro, que en 2011, conduciendo bajo los efectos del alcohol, atropelló a un hombre, que murió. Ortega Cano fue condenado a pagar una indemnización de 158.000 euros a la familia del fallecido y la retirada del carné por tres años. Además, los jueces le impusieron una pena de dos años y seis meses de prisión por un delito de homicidio imprudente y conducción temeraria, de los que solo cumplió uno y medio tras los cuales se pudo acoger al tercer grado. El museo en su honor sigue abierto en San Sebastián de los Reyes pero, según dicen los vecinos, “no recibe apenas visitas”.