Ya está bien. Veamos. Los periodistas ponemos a caer de un burro a quien se nos tercia. Digamos un político de acá, un presidente de acullá, un escritor, un futbolista, un cocinero de tres estrellas, un pintor famosísimo. Y nos atrevemos, con toda la lógica del mundo, con aquel ginecólogo que abusa de sus pacientes, con el timador de criptomonedas y hasta con los multimillonarios fascistas de Silicon Valley, esa plaga alimentada por la bestia naranja. Ponemos a parir la intervención arquitectónica de Norman Foster en el British o la pirámide de Ieoh Ming Pei en el Louvre. Y algunos se ensañan con el último director de cine que está de moda y al que tildan, cuando menos, de cantamañanas pretencioso. Tenemos barra libre, que para eso contamos a nuestro favor con el artículo 20 de la Constitución de 1978, que reza así: “1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”. Es más, artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. ¿Queda suficientemente claro o citamos otras mil fuentes que reafirman el mismo contenido?

Los jueces. ¿Qué nos hace pensar que el hecho de llevar toga y puñetas, así como aprobar unos exámenes sin duda difíciles, les libra de la crítica? ¿Pablo Llarena, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Beatriz Biedma, Juan Carlos Peinado y un largo etcétera de ínclitos magistrados, son acaso por alguna razón esotérica o teológica menos criticables que Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, Donald Trump, Paul Auster, Lionel Messi, Ferrán Adriá o Miquel Barceló? En absoluto, viva el raciocinio y olvidemos la idolatría a los dioses del Olimpo. Somos ateos y no creemos en esas paparruchas. Los señores jueces se quedan en calzoncillos y calcetines, en bragas las señoras juezas y son exactamente, como usted y como el Ojo. Más jóvenes, es verdad, pero lucen igual de patéticos, que si una tripita o un tripón, que si una verruga más fea que un dolor. Y si los hay buenísimos, que los veamos y se opongan a los desalmados.

Llevamos meses, demasiados meses, sufriendo la furia vengadora de jueces de toda laya empeñados en mandar más que nadie, en someternos a su juicio inapelable. La Sala Segunda del Supremo, Marchena al frente, manda más que el Parlamento o La Moncloa. Por eso, evidentemente, el PP quería situar a ese magistrado, precisamente a ese, y no a otro, a dominar esa Sala “por la puerta de atrás”. Se creen por encima de los millones de ciudadanos que se han dado un Gobierno legítimo. Ustedes son unos burros ignorantes, se han equivocado en no elegir a la derecha, vienen a decir, y ahora vamos a tener que ser nosotros, los jueces, los guardianes de la patria, quienes acaben con este sindiós de que gobiernen estos desharrapados de las izquierdas, tipos comunistas y bolivarianos que hasta han dejado de ir a misa.

La sentencia del fiscal general, o “una persona de su entorno”, qué desfachatez, qué desvergüenza, es una auténtica infamia. Como esa condena a David Sánchez, en la que los jueces confiesan, paladinamente, que “No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”. O sea, condena sin pruebas. ¿Hay algo peor en la actuación de la justicia? Del iluminado juez Peinado ya se ha escrito todo lo que había que escribir, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha insistido en esa furia irracional de la que antes hablábamos: Begoña Gómez a juicio con jurado porque es la esposa del presidente. Y escriben esta aberración: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación (…) puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. ¿Tiene pruebas el quinteto de jueces capitalinos de que alguien, quizá el mismísimo presidente del Gobierno, haya ejercido alguna presión? Ninguna. Ni por activa ni por pasiva ni perifrástica. Por ningún lado aparece quién o cómo se realizó esa presión punible. Relean: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación…”. O sea, el delito es estar casada con Pedro Sánchez. Como el de David Sánchez ser hermano del mismo Chucky, aquel muñeco diabólico.

Debemos destacar en letras góticas el varapalo europeo a nuestros más insignes jueces del más supremo de los tribunales, ese paraíso donde ejercen los más listos, preparados y sabios de nuestros togados patrios. Por no hablar de aquellos togados que se manifestaron delante de sus tribunales, ante la pasividad culpable del Consejo del Poder Judicial. El Tribunal de Luxemburgo los ha barrido, primero, y fregado después, con argumentos jurídicos de calado, pero la bayeta se va a resistir. Ya verán cómo van a hacer todo lo posible, Marchena, Llarena y su rondalla, para poner más palos en las ruedas que impidan, aunque sea por algunos meses, el regreso de Puigdemont. A no ser, claro está, que al PP, ese partido que se levantó en armas contra la amnistía, que sacó a la calle a cientos de miles de ciudadanos, que llamó traidor y delincuente a Sánchez en las Cortes hasta volverse roncos y que ahora no sabe qué decir ni qué hacer, le venga bien que el Supremo afloje para ablandar a Junts, a los que ahora, hay que ver qué miseria, queremos como hermanos. Pasar página, dicen los desahogados, después de haber incinerado durante años la relación de Cataluña con el resto de España.

Por cierto, hay que ver cómo se incendiaba la prensa de la caverna, esa fiel infantería tan brutal como bulera, por aquellos indultos y aquella amnistía, una aberración jurídica sin nombre, España se rompe y animaban al Supremo a reponer el garrote vil, que menos de eso sería una muestra de debilidad bochornosa. Quiere el destino –el Ojo no se lo cree- que cuando el Tribunal de Luxemburgo ha dicho lo que ha dicho, de manera precisa y cargada de sólidos argumentos, esa misma mañana, qué casualidad, la Audiencia de Madrid contraataca con Begoña Gómez y permite a todos los periódicos de la ultraderecha –ya no hay otra derecha- que titulen a todo trapo con la esposa del presidente y escondan, qué ignominia, qué absoluta falta de profesionalidad, la decisión europea. Ahí los tienen, una vez más, juntitos, como una escuadra fascista: los políticos de la derecha, los jueces y la prensa carroñera. Y ahora, la Iglesia. Inseparables, como Jeremy Irons y David Cronemberg.

Hay corazones y togas desbocadas, qué prisa –fiscal, Ábalos, Leire, Zapatero- y otros con freno y marcha atrás, como Montoro, Gürtel –aún se están viendo causas- o Kitchen. Por no hablar de ese señor que defraudó a Hacienda y que hoy, sí, hoy, años después, se pasea tan ufano por los madriles del bracete de la polímata Isabel Díaz Ayuso, la reina del vermú, acérquenme más contratos millonarios con Quirón, que los firmo todos. Ahí las puñetas se vuelven lentas, tranquilas, pausadas, hay que escribir con buena letra, vísteme despacio que tengo prisa. Y si la cosa se demora años, como ya hemos visto en algunos de esos casos, ninguna preocupación, que nosotros, los jueces, tenemos nuestro propio calendario y no va a venir nadie de fuera a decirnos cómo tenemos que actuar. ¿Han oído bien? Somos los jueces, apártense a mi paso. Y si pica, te rascas.

Alguna consideración en torno a Junts y su líder ya casi belga, Carles Puigdemont. Él y los dirigentes del partido menguante ya sabrán valorar si les interesa entablar relaciones con el PP de José María Aznar, el que manda en Génova, Núñez se limita a agachar la cerviz, aliado con Vox, cuya máxima autoridad, Santiago Abascal y cierra España, ya ha dicho que lo primero que intentará si gobierna será hacer todo lo posible para revertir el proceso de amnistía. Las bromas tienen gracia cuando no afectan a las cosas de comer. Jugar al pillastre con aquellos energúmenos es de una candidez asombrosa. Usted, señor Puigdemont, no es más listo que nadie. Quiá. Usted es un tipo desesperado que ya no sabe por dónde le vienen los vientos. Tal que si viviera en Cádiz, los aires difíciles, que decía Almudena. Ahora que está de moda la Odisea, recuerden el Canto XII de la Odisea, donde Odiseo (Ulises) se enfrenta a los cantos subyugantes de las sirenas. Hizo caso a Circe: ni se os ocurra acercaros a ellas. Así logró no naufragar. El Ojo no es Circe, qué risa, pero háganle caso y señor Puigdemont, átese al mástil.

En cuanto a PP y Vox será un luminoso espectáculo comprobar cómo se sostiene el castell con la colla formada por Puigdemont, Feijóo, Tellado y Abascal, con Ignacio Garriga como sólida base, mientras Isabel Díaz Ayuso hará de enxaneta, dado su menor peso. La gralla correrá a cargo del juez Marchena, en premio a su destacada aportación a España, España.

¡Oh, qué belleza, esa hermandad entre los pueblos! Y la fiel infantería en pleno, enfervorizada, cantará Els segadors, seguida de Soy el novio de la muerte.

Adenda. No sé si se han enterado de que España ganó el domingo la Copa del Mundo de fútbol. Allí estaba Pedro Sánchez. Y Trump, que entre bombardeo y bombardeo de Irán tuvo un hueco para acercarse a Nueva Yooool, que dice Bud Bunny. ¡Qué daño inmenso hace a la humanidad este presidente yanqui salvaje, recordémoslo siempre, elegido por sus compatriotas! Tal personaje era obvio que se iba a rodear de otros singulares artistas del circo, contorsionistas, payasos, tragasables, que ha montado en la Casa Blanca. Entre todos ellos destaca, y ya es mérito, el secretario de Estado (ministro) de la Guerra –antes de Trump se llamaba de Defensa- el marine y ex presentador de la Fox, el inefable Pete Hegseth, un animal que goza con las víctimas que producen sus armas mortíferas en la guerra que él considera santa. Tipo ridículo y atrabiliario, que fue capaz de recitar en un servicio religioso en el Pentágono un texto que él creía que procedía del Antiguo Testamento, pero que en realidad era un famoso monólogo de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction.

Ahora se ha empeñado en medir la testosterona de los soldados de Estados Unidos. Qué bárbaro, a un paso de la eugenesia y similares aberraciones de los nazis. ¿Recuperará también a Lombroso? Dicen dos inteligencias artificiales consultadas por el Ojo que existen estudios –no muy creíbles, advierten- de que los hombres de raza negra tienen un ligerísimo nivel mayor de testosterona que los blancos. Para morirse de la risa si Hegseth tiene que llenar el ejército yanqui de negros, a los que ha ido apartando de los cargos superiores. El telegénico ignorante no quiere negros. Ni mujeres.

Podía hablar con M. Rajoy. El equipo francés sin franceses y el ejército americano sin yanquis de verdad. Hay que ver. Nos van a comer los negros.

Ya lo decía Dodó Escolá: “¿Qué pasa en el Congo? Que al blanco que pillan lo hacen mondongo”.

Menos Lamine Yamal y Nico Williams. Unos héroes. Y muy, pero que muy españoles. Vamos, más que Lola Flores.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Badajoz ha anulado el nombramiento de un cargo de la Diputación pacense, por lo que deberá hacer una nueva valoración de candidatos, al entender que se han dado varias irregularidades en el proceso.

El fallo, que resuelve los recursos presentados en torno al proceso de este puesto de letrado del Gabinete de Asuntos Judiciales de la institución provincial, deja sin efecto el nombramiento de Cristina Correa, que testificó en el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en la Diputación de Badajoz, como exdirectora de Recursos Humanos, en comisión de servicios previsto .

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, se postula de esta forma “en contra del decreto de 19 de febrero pasado por el que se realiza el nombramiento” de la persona seleccionada, que tenía efectos a partir del 1 de marzo de este año.

La decisión revoca y deja sin efecto esta resolución “por estimarla no conforme a derecho” y “condena a la administración demandada a proceder a la retroacción del procedimiento solectivo al momento inmediatamente anterior a la valoración” para que la comisión del proceso “emita una nueva propuesta motivada, colegiada y suficientemente exteriorizada, con expresa conexión entre las bases, las funciones del puesto y las razones de preferencia del aspirante que, en su caso, resulte propuesto”. Además, impone a administración demandada las costas procesales.

El juzgado incide en que el análisis del proceso para el nombramiento de este puesto “no conduce por sí mismo a declarar una invalidez de pleno derecho por desviación de poder, pero sí corrobora la procedencia de anular los actos impugnados y ordenar la retroacción”.

A tenor de la legislación a este respecto, la jueza considera que “la motivación del acta de sesión de la Comisión de Valoración no solo es insuficiente, sino desajustada a las bases de la convocatoria”.

“Si se analiza la base quinta de la convocatoria se ve como todo el procedimiento selectivo queda reducido a una entrevista, cuando esta base afirma que esta entrevista consistirá además en la defensa de una Memoria que se presentará en ese momento, y que servirá de guión al aspirante para su exposición, -se afirma entre otras cuestiones- nada de esto se encuentra en el acta, y es más, ni una sola referencia se hace a la Memoria de ninguno de los candidatos”.

Julio es un mes en que la política funciona a medio gas a la espera de que cierre por completo la ventanilla en agosto. Donde sí están trabajando a conciencia es en la justicia y ya sabemos que ese es uno de los escenarios fundamentales de la política española. Es así porque hay procedimientos judiciales muy importantes que afectan a los políticos y porque las asociaciones judiciales y unos cuantos magistrados decidieron hace tiempo que tenían derecho a intervenir en política. Para ellos, la separación de poderes solo funciona en un sentido. Ellos sí creen tener derecho a implicarse en la confrontación política, como hicieron al manifestarse contra la ley de amnistía antes de que estuviera redactado el proyecto de ley.

Pocos de ellos son más conocidos que el juez Juan Carlos Peinado, que ha protagonizado una instrucción en el caso de Begoña Gómez que ha sido demencial y ha estado repleta de errores jurídicos, autos mal escritos y nada motivados y hasta un loco intento de implicar a un ministro (Bolaños) que el Tribunal Supremo cortó de raíz. La Audiencia de Madrid anuló muchos de sus autos en un porcentaje insólito y además sobre asuntos clave, pero al final esta semana ha aceptado su decisión de llevar a juicio a la esposa de Pedro Sánchez, aunque solo por dos delitos, tráfico de influencias y malversación.

Frente a los que piensan que las decisiones de los jueces en casos que implican al Gobierno son sagradas, el análisis de autos y sentencias es un derecho en una sociedad democrática, incluso una necesidad. Curiosamente, los mismos que dicen que el Gobierno o la izquierda ponen en peligro la independencia judicial con sus críticas son los que ahora rechazan el veredicto de la justicia europea, el TJUE, sobre la ley de amnistía. Los hay que, como plañideras interesadas, alegan que España está abandonada, que no tendrá ninguna ayuda exterior para salvarse y que nadie puede confiar en Europa. Han perdido tantas veces en las instancias judiciales europeas que no se dan cuenta de lo endebles que son sus argumentos. 

La Audiencia de Madrid ha completado el trabajo de Peinado y confirmado que el juicio de Gómez será con jurado. Según su relato, Begoña Gómez podría ser condenada por tráfico de influencias porque obligó a varias personas a colaborar para que prosperaran sus intereses económicos (y por malversación por el trabajo de su asesora personal en Moncloa). 

Los jueces hablan de su “privilegiada posición”. Aquí conviene reflexionar sobre ese concepto y su influencia en el caso. ¿Es un privilegio vivir en Moncloa? Desde luego, aunque no sea exactamente un palacio, sino una gran mansión. ¿Hay gente que puede estar interesada en conocerte porque eres la cónyuge del presidente? Eso es muy probable. ¿Tienes una vida muy diferente a la de un ciudadano normal? Claro. Vives en una residencia pagada con fondos públicos, cuentas con protección policial y asistes a muchos actos aburridos, pero también a otros excitantes. 

En el plano especulativo en el que se mueven últimamente muchas decisiones judiciales, incluso en sentencias, los cinco jueces de Madrid alegan que el parentesco con el presidente “puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. Pero una investigación de los indicios del caso debería haber encontrado ejemplos de esa presión irresistible que obligara a alguien a favorecer a Gómez en contra de sus primeras intenciones. No se ha hallado nada que pueda evocar una situación de ese tipo.

El auto plantea como precedente el caso Nóos y la condena a Iñaki Urdangarin y la consideración en esa sentencia de la influencia que tenía este por el hecho de estar casado con la hija del rey. Desde luego, cualquier parecido entre las cantidades que obtuvo Urdangarin y las conocidas en el caso de Begoña Gómez es inexistente.

Conceder a Gómez la dirección de una cátedra extraordinaria podría haber sido un buen ejemplo de esa recompensa, pero nadie ha probado que el rector de la Complutense fuera obligado a hacer algo que no quería. Un vicerrector comentó en su declaración que el proceso para la formación de esa cátedra fue más rápido de lo normal, pero también dijo que en ningún momento se violó la ley. 

En la Complutense de Madrid, hay registradas 44 cátedras extraordinarias hasta marzo de este año. Muchas de ellas están patrocinadas por empresas privadas que aportan dinero. La existencia de estas cátedras es una forma que tiene la universidad de financiarse. Como curiosidad, hay una en la Facultad de Farmacia (“cátedra extraordinaria de bebidas fermentadas”), apoyada económicamente por la Asociación de Cerveceros de España.

La dirección de la cátedra no le daba a Gómez la condición de catedrática, pero la Audiencia de Madrid afirma que sí le concedió “prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos”. Seguro que fue bueno para su ego, además de para seguir teniendo una actividad profesional –cierto que de no gran nivel– durante el tiempo en que su marido era el presidente. Para valorar ese prestigio, deberíamos meternos en un terreno bastante subjetivo. 

En el tema de los ingresos económicos recibidos, la Audiencia ofrece la mayor perla de su auto. Sostiene que Gómez “disparó sus ingresos de forma exponencial”, aunque de inmediato reconoce que con “cifras muy moderadas”. Vamos a ver, ¿es mucho dinero o poco? ¿Esos magistrados conocen el significado de la palabra 'exponencial'? Porque no lo parece.

Recapitulando, Gómez cobró cero euros por dirigir esa cátedra. Cobró cero euros por el software financiado por la aportación de empresas privadas para su uso gratuito por otras compañías. Cobró una cantidad pequeña de dinero por dirigir los másters integrados en esa cátedra. Sus ingresos más altos fueron en 2022 con 14.900 euros anuales. 14.000 euros fue la cifra del salario mínimo de ese año. 

¿Begoña Gómez utilizó su “privilegiada posición” y la “presión moral” sobre otros que le daba el hecho de ser la mujer de Sánchez para “disparar” sus ingresos hasta recibir la escuálida cantidad de 14.000 euros anuales en uno de esos años? 

Los jueces de Madrid dejan claro un criterio para el futuro. Ningún cónyuge de un presidente debería plantearse trabajar por su cuenta. Aunque no haga nada ilegal, su parentesco seguirá causando una “presión moral” sobre las personas con las que se relacione si están en algún organismo público, como una universidad. Y si no gana dinero (como por el uso del software para empresas) o gana muy poco dinero (por las cantidades percibidas por dirigir un máster), da completamente igual. Unos jueces dirán que el beneficio es inmaterial o que se puede medir en términos de prestigio social. Será mejor que tenga un hobby que llene su tiempo.

Da igual lo que digan los testigos

El tribunal que condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación dejó una frase muy reveladora sobre sus intenciones. Despreció no ya las declaraciones de los otros acusados, sino también de los testigos –directores de conservatorio– que declararon en el juicio que Sánchez estaba capacitado para el puesto y realizó las funciones por las que fue contratado. Se atuvo a lo manifestado en la vista por el teniente coronel de la UCO Antonio Balas. La Diputación de Badajoz es una institución jerárquica, como lo son todas y también las empresas privadas, por lo que no se puede creer a nadie que trabajara allí, fueran altos cargos o funcionarios.

“Como ya hemos apuntado, dichas personas forman parte de una estructura fuertemente jerarquizada, con tintes políticos, presidencialista, y dichas circunstancias conducen a que tengamos que poner en tela de juicio la credibilidad de los testimonios prestados por personas profesional y directamente relacionadas con los acusados cuando no dependientes de estos o militantes en el mismo partido”, dice la sentencia.

Para justificar que no se condene a los acusados por tráfico de influencias, el tribunal se ve obligado a reconocer que “no sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”. Ni en la instrucción ni en el juicio aparecieron pruebas de que alguien diera las órdenes en esa estructura tan jerarquizada para que se violara la ley.

Tanto tiempo escuchando que lo que cuenta de cara a la sentencia es lo que se diga y se pruebe en la vista y que la instrucción solo sirve para decidir si se debe celebrar un juicio y ahora llegamos a la conclusión de que las declaraciones de los testigos son irrelevantes si trabajan en una institución. Lo que importa es la opinión de los investigadores policiales y sus deducciones sobre el funcionamiento de una Diputación en este caso, a pesar de que no se puede decir que sean expertos en Derecho Administrativo. Bajo estas condiciones, es difícil desechar la idea de que los jueces tenían claro el veredicto antes de que empezara el juicio.

El titular con el que salivaban la derecha y la ultraderecha ha ocupado todos los medios de comunicación esta semana. La sentencia salió justo unos minutos antes de que el Gobierno estatal anunciara el recurso de inconstitucionalidad a la infame ley extremeña de Concordia. Una pena y desde luego una extraña coincidencia que esa noticia haya quedado opacada por una de las sentencias más esperadas de los últimos años. Condenados sí, pero con una condena menor, ya que no se ha demostrado ni tráfico de influencias ni enriquecimiento ilícito ni nada por lo que los acusados vayan a pisar la cárcel que era el sueño húmedo de la acusación. Una condena administrativa que entrará en años de recursos y que veremos si finalmente es definitiva aunque el titular mediático ya está y eso era lo que algunos simplemente querían.

Defender que hay que condenar el enchufismo y que si este es el rasero con el que se van a perseguir las redes clientelares nos va a parecer bien, siempre que se aplique a todos los casos por igual y no solo a este por ser el beneficiario quien era, parece que nos sitúa del lado del lawfare y nada más equivocado. Se puede estar en contra de la instrumentalización de la justicia (cuando la hay) y ser inflexible ante las redes clientelares que deterioran las instituciones.

En 2017 Podemos Extremadura denunció que la plaza de coordinador de los conservatorios de música de Badajoz olía mal. Básicamente, no entendíamos tanta opacidad en la creación de una plaza a la que se optaba a través de un proceso en el que no había baremos, ni titulación requerida y todo se valoraba a través de una entrevista personal de la diputada de Cultura. Quienes no hayan vivido en sus propias carnes el caciquismo y clientelismo que ha operado y sigue haciéndolo en las instituciones públicas de Extremadura quizás no entienda que seamos tan sumamente tajantes con este tema. Estoy muy cansada de escuchar la maldita frase de “esa plaza está dada” que ha obligado a miles de personas en nuestra tierra a tener que coger las maletas por no tener el carnet político de turno o conocer a la persona adecuada. El clientelismo no es una corrupción de baja intensidad, es la mejor manera de tener amordazado y anestesiado a un pueblo. Pocas voces se alzarán si saben que siempre estarán en deuda porque lo que tienen no se lo ganaron mostrando mérito y capacidad. Y esa es una de las lacras que desde siempre ha corroído a Extremadura.

En Extremadura no estamos muy acostumbrados a ser el centro de la noticia política, pero últimamente además de habernos convertido en el laboratorio de las políticas neofascistas de las derechas, el juicio del hermano del presidente también nos ha situado tristemente en el mapa. Y no les voy a negar que escribo estas líneas cabreada por el centralismo mediático y que con este caso se ha hecho más que evidente. En muchas tertulias de opinión de los medios generalistas se ha hablado y criticado la posición de Unidas por Extremadura respecto a esta sentencia ,pero apenas hemos tenido la suerte de que nos pregunten directamente qué opinamos. Supongo que la soberbia de aquellos que piensan que desde dentro de la M30 se puede ver con mayor claridad la realidad del país, les impide entender que no es así y que quizás en sus valoraciones no se tienen en cuenta cuestiones que son esenciales para entender el todo. Aunque en el fondo también soy consciente de que en este continuo “conmigo o contra mí” en el que se ha convertido la política patria lo esencial no es entender, comprender e incluso asumir con honestidad que hay cosas que no se pueden hacer así de mal, lo importante para algunos es imponer su relato aunque sepan que es un relato tramposo.

Les tengo que recordar, y así me sirve también a mí para cerciorarme de que actúo fiel a mis principios, que algunas llegamos a la política asqueadas de la corrupción del bipartidismo y que soñábamos con cambiarlo todo. El régimen del 78 tenía firmado un pacto de las élites donde pasara lo que pasara lo importante era mantener el status quo de los dos grandes partidos. El PSOE siguió funcionando como si fueran inmunes, como si estuvieran vacunados contra las operaciones del Estado profundo que nos había sacudido a los demás de manera cruenta y sin piedad. Esa inmunidad, ese pacto entre caballeros se rompió y el PSOE ha tardado en reaccionar. Supongo que en la intimidad reconocen el error de pactar con el PP la renovación del Consejo del Poder Judicial. El caso Leire Díez y lo que sabemos fruto de las investigaciones es que de manera más chapucera y ridícula el PSOE quería hacer lo mismo que Villarejo hacía para el PP, limpiar la escena del crimen al más puro estilo señor Lobo en la maravillosa e icónica Pulp Fiction.

Hay algunas preguntas que tienen fácil respuesta. ¿Estamos ante la instrumentalización de la justicia para atacar a los rivales políticos y con ello tumbar el gobierno? Es evidente que sí, que hay jueces que llevan mucho tiempo haciendo política desde sus estrados. Poner el grito en el cielo ahora cuando llevamos años viendo una instrumentalización de la justicia bochornosa y escandalosa es curioso. Quienes arremetían contra el ministerio de Igualdad por las consecuencias de la Ley del Solo Sí es Sí y tachaban de barbaridad decir que hay fachas con toga, ahora tachan de lawfare cualquier causa que ataque al gobierno.

Es evidente que el juicio a la señora Begoña Gómez está orquestado por un juez que de manera desquiciada vuelca su odio visceral en un procedimiento que es un escándalo y no se me caen los anillos en reconocerlo y en mostrar todo mi apoyo a una mujer que está sufriendo un maltrato judicial más que evidente. Lo último es que va a ser juzgada por un jurado popular, van a tener difícil, si no imposible, encontrar alguien que no esté posicionado en este caso. Y es más que evidente que la justicia no es igual para todos. Esta misma semana hemos visto cómo han detenido a dos activistas que denunciaban la emergencia habitacional en Mallorca haciendo una pintada en una inmobiliaria mientras escuadrones fascistas pululan libremente amedrentando familias para echarlas de sus casas con las empresas de Desokupación.

Dicho todo esto, en política mantener posiciones que no son las que se esperan de un bando o de otro conlleva ser tachado muy rápidamente de traidor o cooperador con el enemigo, pero creo que hay dos razones importantes que no se nos deberían de olvidar a quienes nos dedicamos a esto, la coherencia y la firmeza en los principios, sin ellas estamos perdidas.

La condena de nueve años de inhabilitación por cooperar en una prevaricación a David Sánchez remite a otra que le llegó, pasado ya el epílogo de su carrera política, a quien durante décadas ejemplificó el paradigma del clientelismo en los entes provinciales. José Luis Baltar, autodenominado o cacique bo (el cacique bueno), presidente de la Deputación de Ourense por el PP entre 1990 y 2012, recibió ya jubilado la misma pena que el hermano de Pedro Sánchez pese al abismo existente entre ambas conductas. A Baltar lo declararon culpable de enchufar en la institución a 104 personas, todas ellas próximas a cargos del partido –y, al contrario que Sánchez, ninguna condenada– para amarrar el nombramiento de su hijo Manuel como sucesor al frente del PP ourensano.

La sentencia condenatoria a Baltar absuelve a los 104 enchufados que aceptaron el empleo a sabiendas del trato de favor. En el caso de David Sánchez, la Audiencia Provincial de Badajoz sí castiga al que supuestamente fue enchufado, aunque no hay pruebas de quién lo ordenó ni por qué. La sentencia censura a Sánchez por haber hecho todos los trámites para conseguir la plaza a sabiendas de que se había creado para él, aunque el tribunal aclara que no puede condenarle por esos hechos porque admite que el delito estaría prescrito.

La Audiencia Provincial de Badajoz sostiene en su sentencia que “el enchufismo, entendido como la práctica de colocar a personas en puestos públicos atendiendo a relaciones personales o de poder en lugar de al mérito y la capacidad, es una lacra para la administración pública”. Y que “la ciudadanía percibe con razón que el acceso a determinados puestos no se produce en igualdad de condiciones, lo que erosiona la confianza en las instituciones”. Sin embargo, la sentencia aclara que el tribunal no tiene ninguna prueba de que David Sánchez cometiera tráfico de influencias para lograr ese puesto de trabajo y tan solo le condena porque, supuestamente, cooperó en el cambio de denominación de su plaza que no comportó un aumento de sueldo.

En Ourense, los hechos atribuidos a José Luis Baltar estaban avalados por indicios sólidos de un tráfico de influencias para colocar a todas esas personas. Su hijo saldría indemne años después de la acusación de ofrecer trabajo, no a cambio de favores políticos sino de sexo. La condena sólo le llegaría tras ser cazado por un radar a 215 kilómetros por hora. Su peaje fue renunciar a la Deputación a cambio de convertirse en senador por designación autonómica. Hoy sigue en el cargo.

El centenar de enchufes confirmados por sentencia judicial es solo la punta del iceberg. Estimaciones –como la de los autores del libro Os Baltar. A senda do caciquismo na democracia plena– multiplican esa cifra al menos por diez, algunos tan llamativos como la contratación, en 2009, de 33 porteros para un centro cultural que solo tenía dos accesos. “Parece que la Deputación era una empresa privada”, llega a decir en su sentencia la jueza que condenó a Baltar padre por un delito continuado de prevaricación.

“Esta vez, entre los agraciados estaban, sin ánimo exhaustivo, un hijo del regidor de Muíños –el otro ya había alcanzado antes la plaza–, una sobrina del alcalde de Barbadás es presidente del Inorde [Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico], una candidata popular en Petín, la hija del alcalde de Boborás, una nieta del teniente de alcalde de Sarreaus y el hijo de un ex-edil de la capital”, enumeran Cristina Huete y Primitivo Carbajo en Os Baltar antes de reflexionar: “Llegaban siempre mejor preparados por la estimulación de la boina”. La boina era el distintivo de la facción rural del PP gallego, por contraposición a los birretes urbanitas liderados por Mariano Rajoy y Romay Beccaría, el mentor de Núñez Feijóo.

La de los autores no era una afirmación gratuita. En 2001, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó repetir unas oposiciones a técnico de la Deputación porque se “vulneraron principios básicos”, entre ellos, que no se garantizó el anonimato de los participantes. Los cuatro candidatos seleccionados por un tribunal en el que estaba el propio Baltar fueron un hijo de otro barón de la boina –Cacharro Pardo, entonces presidente de la Deputación de Lugo–, los hijos de dos diputados provinciales y una hija de un exalcalde de Ourense por la UCD, formación de la que surgió Centristas de Galicia, la formación coliderada por el cacique bo y que en 1991 se integró en el PP. Cuando el escándalo de aquellas pruebas llegó a la sede de la Xunta, Manuel Fraga, entonces presidente, dejó una justificación para la historia: “Los hijos de las familias prominentes salen mejor preparados”. Tres lustros después, Baltar intentaría descargar en el hijo de Cacharro –ascendido hasta secretario general de la Deputación– su propia responsabilidad penal: lo culpó ante la jueza de no avisarle de que existía una ordenanza que regulaba la provisión de puestos de trabajo y que, entre otras cosas, obligaba a dar publicidad a las convocatorias.

La titular del Penal número 1 de Ourense no lo creyó. En su sentencia, describía cómo el cacique bo “procedió a la contratación con conciencia de que faltaban los principios básicos de cualquier contratación pública, como es la publicidad de dichos contratos para que cualquier persona pudiera acceder, privando el acceso a la fundación pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad”. “Nadie pone en duda –indica el fallo- que las 104 personas contratadas no tuvieran capacidad suficiente para desempeñar el puesto de trabajo para el que fueron contratadas, lo que está penalmente tipificado es que en un organismo público se realicen contrataciones sin cumplir la ley”, concluía.

“Chispas relax”

José Luis Baltar recibió la condena a punto de cumplir los 74 años y con el objetivo cumplido: asegurar el mando en plaza para su hijo, Manuel. La sucesión, entendida en Ourense como un proceso natural, se había visto amenazada desde Santiago por un Núñez Feijóo recién llegado a la Xunta. Hijo del birrete, el sucesor de Fraga no quería en su territorio un virrey que le pudiese organizar una rebelión como la que sufrió –y perdió– su predecesor.

En 2004, meses antes de que el PP perdiese el gobierno gallego, Baltar padre se hartó de los “desaires” que, a su entender, recibía de San Caetano, y que veía impulsados por el sector de los birretes, en concreto, por Rajoy. Así que ordenó a sus cinco diputados en el Parlamento –entre ellos, su propio hijo y el actual presidente de la Cámara, Miguel Santalices– que se encerrasen en un piso en Ourense y no acudiesen al Pazo do Hórreo. Fraga tuvo que dar su brazo a torcer para no perder la mayoría absoluta en el pleno. El propio presidente de la Deputación fue a buscar a los diputados en su coche al piso franco y los llevó de vuelta a Santiago, no sin antes dejar un recado para sus rivales internos: “Don Manuel, dígales que dejen de tocar las pelotas”.

Eso era lo que temía Feijóo, así que, en el congreso provincial del partido, en 2010, presentó a su propio candidato, Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde de Verín, la localidad que competía con O Carballiño por ser el segundo concello más poblado de Ourense. Tras una campaña a cara de perro, O fillo se impuso por un 62% de los votos frente al 37%. Fue la primera derrota orgánica del líder popular en Galicia. Posiblemente, la única. Nunca más presentó batalla en ese feudo. Hasta su caída en desgracia por pisar el acelerador a fondo, Baltar Jr. renovó el cargo en congresos a la búlgara, con apoyos siempre cercanos al 100%.

El mismo año en que el padre fue condenado, la causa contra el hijo por ofrecer trabajo a cambio de sexo llegó a los juzgados. La jueza dio credibilidad a las conversaciones grabadas y los mensajes presentados por la denunciante. El que decía “¿Te gusta el champán? Celebraremos que estaremos muy juntos. Chispas. Relax. Bs” llegó a inspirar una canción del grupo Novedades Carminha. Sin embargo, la causa –que la misma Fiscalía recurrió– fue archivada porque, según la jueza, a la que los Baltar quisieron apartar del caso, “no queda suficientemente justificado” que se diese “uno de los elementos” sustanciales del tipo penal: la existencia de una relación de “prestación de servicios”.

El auto de archivo considera acreditado que la denunciante realizó labores de interventora del PP y se encargó de organizar un evento electoral. Pero eso sucedió en 2008, dos años antes de que Baltar hijo mandase en el partido y cuatro de que lo hiciese en la Deputación. Por tanto, no niega que el acusado “solicitase o al menos acepta un favor de naturaleza sexual” para “hacer lo posible por facilitar la obtención de un trabajo” sin “cumplir los requisitos legales”. No obstante, no encuentra “suficientemente justificado” que “se comunicara de forma alguna” con cargos de la Deputación para gestionar ese puesto ni tampoco que su padre, todavía presidente, “diese instrucciones” para cumplir la promesa de su hijo.

Los tribunales ya no son ese el lugar donde se imparte justicia, sino la plaza en la que se libra la verdadera batalla política y donde las derechas se han propuesto cercar al presidente del Gobierno. Primero fue el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos nunca probado, después el hermano por ser cooperador de otro de prevaricación y, ahora, van a por Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos… Ya saben que cinco magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid han decidido este jueves que la esposa de Pedro Sánchez debe sentarse en el banquillo frente a un jurado popular, avalando así el dictado del controvertido juez Peinado.

La progresión de los casos, a modo de guion, ha sido anticipada por las derechas política, mediática, policial y judicial desde hace meses. En las televisiones, en las radios y en todos los mentideros madrileños, antes incluso de que los jueces redactaran autos, abrieran diligencias o firmaran sentencias sobre el fiscal, sobre el hermano de Sánchez y sobre Gómez. Nadie puede extrañarse de que haya sospechas sobre la coincidencia del calendario judicial y la existencia de un plan preconcebido y tampoco de que existan dudas sobre si el ardid tendrá o no un efecto boomerang contra un Feijóo que hiperventila con cada decisión judicial, pero no logra sumar un voto más a su granero electoral. Al contrario, los pierde a chorros en beneficio de Vox.

Es un hecho, y no una conjetura, que la sentencia contra el ex fiscal general del Estado careció de la solidez probatoria que merecía un caso de tanta trascendencia y que se construyó sobre una hipótesis, como demuestra que el tribunal acuñara un nuevo sujeto penal -el entorno del acusado- para condenarlo por un delito de revelación de secretos.

Es un hecho, y no una conjetura, que al hermano de Sánchez se le acusó de fraude fiscal, de enriquecimiento ilícito y hasta de tráfico de influencias y que, al final, ha sido condenado por ser “cooperador necesario” para un delito de prevaricación cometido supuestamente por otros -técnicos de la Diputación de Badajoz- para cambiar la nomenclatura de un cargo del que fue beneficiario cuando Pedro Sánchez no era ni diputado, ni secretario general del PSOE, ni presidente del Gobierno. Lo que viene a decir la sentencia es que alguien hizo algo para beneficiar a alguien, pero no se ha probado ni el qué, ni el quién ni el cómo, pero, sin embargo, hay un policía que, sin acreditar conocimientos de Derecho Administrativo, está seguro de que se cometió una ilegalidad en la creación de una plaza de libre designación.

Es un hecho también, y no una conjetura, que la instrucción de Juan Carlos Peinado en el caso Begoña Gómez ha sido corregida repetidamente por su superior jerárquico, que anuló en el pasado por “falta manifiesta de motivación” un primer intento de enviar la causa a un tribunal con jurado popular.

Es también un hecho, y no una conjetura, que la Fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa por entender que los hechos no eran constitutivos de delito.

Es un hecho, y no una conjetura, que la defensa ha calificado la instrucción de “prospectiva” al argüir que se investiga a la esposa del presidente por ser quién es y no por haber cometido ningún delito.

Es un hecho, y no una conjetura, que no se puede descartar de entrada la existencia de un delito porque la investigada sea la esposa del presidente, pero tampoco lo contrario, esto es dar por probada su culpabilidad por el mismo motivo, si bien este escenario se ha dado por descontado por sesudos analistas antes de que Gómez se siente en el banquillo.

Es un hecho, y no una conjetura, que las instrucciones del juez Peinado son discutidas y, que cuantas veces la Audiencia de Madrid le ha enmendado en el caso de Begoña Gómez no se ha dado por aludido.

Y es un hecho, no una conjetura, que una parte de la alta judicatura española está más pendiente de sus cuitas internas, de satisfacer intereses partidistas y de postularse ante un eventual cambio de gobierno que de impartir justicia y aplicar el derecho.

La decisión de la Audiencia Provincial de avalar la decisión de Peinado para que Gómez sea juzgada por un tribunal popular no es menor. De hecho, importa más de lo que parece porque la Ley del Tribunal del Jurado no es un simple trámite, ya que implica un tipo de enjuiciamiento distinto, con sus propias reglas de veredicto. Su aplicación exige además que el instructor motive con especial rigor por qué los hechos encajan en los delitos que la ley reserva a ese procedimiento, y que la propia Audiencia de Madrid haya tenido que recordárselo dos veces al mismo juez no habla bien de la instrucción, al margen de que Gómez sea finalmente declarada culpable o inocente.

El 92% de las sentencias dictadas por jurados populares en España son condenatorias, según los últimos datos disponibles del Consejo General del Poder Judicial. Y, aunque sea una cifra que no prejuzga nada sobre este caso concreto, explica perfectamente por qué la decisión que ha adoptado la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid tiene más trascendencia de la que se le otorga.

Y es que España vive un momento en el que cada resolución judicial que afecta al círculo más próximo del presidente del Gobierno se interpreta, casi instantáneamente, como una pieza de ajedrez en una partida que nada tiene que ver con el derecho y todo con la forma en que se hace política… y periodismo.

Cuando la Audiencia de Badajoz sostiene en una sentencia que “el tribunal no puede, sino conjeturar” para explicar por qué condenaba a David Sánchez por prevaricación, pero lo absolvía del delito de tráfico de influencias situaba el debate en algo nuclear para un proceso penal, que es dónde está la frontera entre la prueba y la inferencia y si, cuando esa línea se cruza, podemos hablar de justicia.

Los tres casos que han dominado la actualidad judicial de los últimos tiempos son, en el fondo, tres ejercicios distintos de ese difuso límite. En el del ex fiscal general, el Tribunal Supremo tuvo que reconstruir, sin una confesión ni una grabación o documento de la orden concreta, quién filtró un correo electrónico a la prensa y los mismos indicios, examinados por distintos juristas, produjeron dos lecturas opuestas sobre si constituían prueba o solo sospecha.

En el de David Sánchez, los propios magistrados reconocieron que solo podían “conjeturar” sobre si los creadores de la plaza buscaron o no congraciarse con Pedro Sánchez, y que esa especulación, por plausible que pareciera, no alcanzaba el estándar probatorio necesario para condenar a su hermano por tráfico de influencias.

Y el caso de Begoña Gómez, todavía pendiente de juzgar, es en el fondo una discusión sobre si se ha llegado a construir toda la causa únicamente con indicios y una narrativa político-periodística tan falaz como eficaz, pero sin una sola prueba. De eso hablamos. De un país que, como dice Feijóo, está siendo “agredida por altas instituciones”, pero no precisamente por las que pretende apuntar el aspirante a presidente.

Hace unos días el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, en una conferencia dictada en la Universidad CEU San Pablo en El Escorial, calificó de “tragedia” la desconfianza que los ciudadanos manifiestan en las encuestas sobre la justicia. Una sociedad, concluyó, no puede sobrevivir sin confiar en la justicia.

La sociedad contemporánea, que descansa en el principio de igualdad como técnica de gestión de las diferencias personales, es una cadena ininterrumpida de relaciones jurídicas. Con base en el principio de igualdad todas las relaciones entre los seres humanos son relaciones jurídicas. Entre individuos jurídicamente iguales y, como consecuencia de ello, libres, no hay más forma de relación que el acuerdo de voluntades, el pacto, el contrato.

En la inmensa mayoría, por no decir en la casi totalidad de esas relaciones entre los seres humanos, no se produce ningún conflicto. Las voluntades individuales que entran en contacto en una relación, que no puede no ser jurídica, se mantienen dentro de los límites establecidos por la voluntad general, es decir, por la ley. Posiblemente, no llega ni al 1% las conductas que se desvían de lo que la voluntad general establece para cada relación jurídica en cualquier esfera de la convivencia.

Ocurre, sin embargo, que ese 1% o algo menos son millones de casos. Con un sistema de administración de justicia fiable esa desviación del 1% es manejable. Pero si ese sistema de administración de justicia no es fiable, el 1% se multiplica de tal manera que la convivencia pacífica resulta imposible. La deriva hacia la anomia resulta irresistible.

Las sociedades democráticamente constituidas son posibles porque los ciudadanos, en primer lugar, cumplimos voluntariamente la casi totalidad de las normas que integran el ordenamiento jurídico y, en segundo lugar, porque los conflictos que se producen, cuando hay una desviación de la norma, son resueltos por jueces y magistrados independientes e imparciales únicamente sometidos al imperio de la ley.

La confianza ciudadana en la administración de justicia es, por tanto, una condición sine qua non para la democracia como forma política. Esto es algo que no puede ser siquiera sometido a discusión.

Ahora bien, la confianza ciudadana exige que los jueces y magistrados que integran el poder judicial acrediten en el ejercicio de la función jurisdiccional que su conducta se adecúa a los principios constitucionales que deben presidir dicho ejercicio. Son los que figuran en el artículo 117.1 de la Constitución.

Cuando esto ocurre, no suele haber desconfianza. Cuando no es así, la desconfianza se impone. Esto es lo que indican las encuestas. Los ciudadanos no tienen confianza por igual en todo el sistema de administración de justicia, sino que tienen mucha confianza en alguna parte, una confianza razonable en otra y poca o casi ninguna en otra.

El problema radica en que la parte en la que no tienen confianza está en la cúspide del sistema de administración de justicia e incide de manera muy notable en el funcionamiento del sistema político de la democracia. La sospecha de que hay jueces y magistrados en los más altos órganos jurisdiccionales que tienen una agenda política propia que confluye con la de determinadas opciones políticas, es lo que resulta insoportable.

Y es lo que está ocurriendo en esta legislatura con cada vez mayor intensidad. Una vez que conocido el resultado electoral el 23 de julio de 2023 y que la investidura del presidente del Gobierno requería inexcusablemente los escaños de Junts, se hizo patente que se produciría la aprobación de una ley de amnistía. A partir de ese momento, a la guerra de guerrillas parlamentaria que iniciaron PP y Vox antes incluso de la investidura se anudó una guerra de guerrillas judicial, con la finalidad de derribar al Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

La legislatura en su totalidad ha estado presidida por esa combinación de la agenda política de las derechas en las Cortes Generales y en los Parlamentos de diversas comunidades autónomas con la agenda judicial de jueces y magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de diversos tribunales de justicia de las comunidades e incluso con los consejeros del Tribunal de Cuentas.

La novedad en esta legislatura de la combinación de la agenda política con la judicial en la operación de acoso y derribo al Gobierno, ha sido, además, la extensión del acoso a la familia del presidente del Gobierno.

En este 14 de julio se ha hecho pública la sentencia que condena al hermano del presidente del Gobierno por un delito de prevaricación administrativa por presentarse a un concurso para la provisión de una plaza de coordinador de los distintos conservatorios en la Diputación Provincial de Badajoz. ¿Puede el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución convertirse en un delito de prevaricación administrativa? ¿Hubiera sido procesado y condenado David Sánchez si no hubiera sido hermano del presidente?

Las preguntas se responden por sí mismas. ¿Hay alguien que pueda tener confianza en unos jueces que dictan la sentencia que han dictado en la Audiencia Provincial de Badajoz contra David Sánchez?

Emilio Cortés, letrado de David Sánchez, ha afirmado que recurrirá la pena de nueve años de inhabilitación establecida por la Audiencia de Badajoz, al expresar que la sentencia “no aporta pruebas de cargo que justifiquen esta condena”.

El abogado ha expresado que “está totalmente en desacuerdo con que haya existido cualquier tipo de prueba” que justifique que David Sánchez contribuyó a la modificación de la plaza en la que trabajaba inicialmente en la Diputación (coordinador de conservatorios) a la de jefe de la oficina de Artes Escénicas.

Emilio Cortés, en declaraciones a Efe, ha recordado en este sentido que David Sánchez “solo ha sido condenado por la modificación de la plaza, no por la creación de ésta ni por la contratación de Luis Carrero”, aunque pese a ello y a la inexistencia de pena de cárcel “se está en desacuerdo con la sentencia, pues no hay ninguna prueba” que avale esa modificación de la plaza.

El letrado, quien ha lamentado por tanto que se acuse a David Sánchez de influenciar en la Diputación, tal y como expresan las acusaciones, ha afirmado en este marco que “hay gente que no dará su brazo a torcer” a la hora de “minar un sistema de gobierno, como buscan las acusaciones populares”.

Cortés se ha mostrado convencido de que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) “estudiará y resolverá conforme a derecho” el recurso, sobre el cual aún desconoce la fecha de presentación.

David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación para cargo público, pero se le absuelve de tráfico de influencias. Desde 2017, el hermano de Pedro Sánchez había ocupado el cargo de coordinador de las Actividades de los Conservatorios y, después, ese puesto se transformó en Jefe de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. A David Sánchez le condenan a 9 años de inhabilitación para cargo público, pero se le absuelve de tráfico de influencias. Dicen que sí hubo amaño para su contratación, pero los jueces admiten que no hay pruebas de que nadie presionara para ese amaño o, al menos, es algo que no ha se ha podido probar en el juicio.

¿Entonces? ¿Por qué se condena a David Sánchez? Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero.

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Resulta doloroso intentar leer la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz contra David Sánchez; no solo porque cuesta trabajo hilar el discurso de una resolución tan triste sino, sobre todo, porque al profundizar en su lectura comienzan a entreverse las tensiones de un argumentario forzado que difícilmente se sostiene.

Empezando por el final, el fallo estaba descontado de antemano. Después de toda la tormenta y el estropicio mediático, puesta la UCO en la picota, era absolutamente imposible que la Audiencia dejara a David Sánchez sin condena; sin embargo, la falta de pruebas y la deriva de un proceso claramente dirigido han obligado a los magistrados a un ejercicio de contorsionismo procesal que lastra la coherencia del relato.

Quedémonos con los hechos declarados probados: la sentencia se centra en tres decisiones a las que otorga autonomía jurídica como delitos independientes, aunque en realidad parecen relativamente vinculadas entre sí. Veámoslas brevemente. En primer lugar, tendríamos la contratación de David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios de Badajoz; se saca la plaza, concurren diversas personas y termina adjudicada al acusado en mayo de 2017. Este es el hecho, puro y simple. Y aquí viene la primera sorpresa: la sentencia descarta que David Sánchez o alguien de su entorno influyera en esta decisión, dejando en el aire que su contratación fue un designio de favorecer a quien era el hermano de “una figura política señera y futuro secretario general del PSOE”. Señera, dicen; o sea, en aquel momento el hermano de nadie. La sentencia, de forma no necesariamente compatible con lo anterior, recordará que Miguel Ángel Gallardo había apoyado a Susana Díaz en el proceso de primarias del Partido Socialista, así que ya ven ustedes el designio. Imaginen lo que hubiera pasado de haber apoyado, por casualidad, a Pedro Sánchez.

En fin, se descarta el tráfico de influencias, y esto es fundamental. La ausencia de influencias ilícitas condiciona decisivamente el resto del texto condenatorio, del que destacan evidencias de descargo. Por ejemplo, la sentencia no hace ni la menor mención a la posibilidad de que alguna otra de las personas que se presentaron a la plaza tuvieran un currículum igual o superior al presentado por David Sánchez, que aceptó el puesto “una vez terminado un máster en Milán tras una estancia en San Petersburgo” para terminar en Badajoz. Bien pudo imaginar que ganaría el concurso. La unión de estos dos datos (no hubo influencias externas y no consta que otro se mereciera el puesto por encima del acusado) deja la acusación de prevaricación en el aire. ¿Por qué estuvo mal contratarlo? La sentencia se descuelga con argumentos de puro estropicio: chismes de gente y algún empleado que entendía que era preferible ampliar el horario de la biblioteca que contratar a un director que venía de Rusia. Sostiene la sentencia que la plaza era “innecesaria y vacía de contenido” porque esta labor de coordinación la realizaba, no se lo pierdan, “el propio profesorado de los conservatorios, en horas no lectivas sin cobrar emolumento alguno” (sic). Este es el nivel. La sentencia reconoce que años atrás había un funcionario que se ocupaba de estos menesteres pero era, dice, de “inferior categoría”. Por cierto, la sentencia, con lo larga que es, no nos aclara el salario de David Sánchez; muy probablemente no ganaba más que los magistrados que lo han condenado. Pero no nos confundamos: aunque alguien crea mejor contratar a un bibliotecario, la decisión de qué puestos públicos sacar es una opción de gestión política, donde la justicia penal no debería intervenir, cuando el candidato parece el mejor y nadie ha promovido con influencias ilícitas su contratación.

El segundo hecho recogido en la sentencia es muy curioso: según parece, David Sánchez no se quedó con los brazos cruzados cobrando su paguita por no hacer nada, sino que, fruto de sus “inquietudes” (término que se repite hasta cinco veces), se fue embarcando en un importante proyecto cultural de ópera en Badajoz, denominado “Ópera Joven”. De nuevo, la sentencia destaca por lo que no dice: no dice que este proyecto fuera un embuste ni un engaño, ni cuestiona su valor cultural. Por el contrario, se deduce que se trata de una iniciativa real que podría tener cierto interés, incluso para aquellos que sueñan con bibliotecarios. Ante esta circunstancia, y de manera que parece correcta, la Diputación decidió incorporar esta iniciativa, vinculada a la ópera, al puesto de trabajo de David Sánchez y a las competencias que desempeñaba. Visto desde fuera, y sin haber leído más que la sentencia, no parece haber nada malo en ello.

La sentencia insistirá, de nuevo, en que para esta modificación de competencias, con el cambio de nombre que llevó aparejado, no hay pruebas de que el acusado David Sánchez haya realizado ningún tipo de prevalimiento sobre terceros. Tampoco hay tráfico de influencias. De hecho, ni siquiera se dirá en ningún lado de la sentencia que la idea del cambio de nombre de la plaza, para incluir lo que David Sánchez ya estaba haciendo, fuera del propio acusado. El delito está, según la sentencia, en que David Sánchez, llevado por sus inquietudes, empezó a hacer cosas que no se correspondían con el puesto para el que le habían contratado. Hay cosas que en España te matan. La sentencia no aclara, por fortuna, lo que debería haber hecho la Diputación de Badajoz al advertir que un empleado suyo estaba gestionando llevar ópera a Badajoz. ¿Sería más propio despedirlo, tal vez decirle que no lo hiciera? ¿O no es más correcto, y en todo caso una opción de gestión pública, incorporar esa labor a su cometido profesional, sobre todo cuando, repito, no consta nadie mejor dotado para la labor y no consta prevalimiento de influencias?

Y el tercer hecho que la sentencia tiene por prevaricador es la contratación por la Diputación de un antiguo colaborador de David Sánchez en proyectos operísticos para que le ayudase en su labor. La sentencia reiterará, por tercera vez, que tampoco en relación con este puesto de trabajo se han acreditado presiones o influjos de nadie sobre los responsables de sacarlo a la luz. Y de nuevo, el contrato es real, con un cometido acreditado con documentación y comunicaciones, que nos hablan de coordinación de proyectos, planificación y confección de presentaciones; no consta que el colaborador se fuera a Badajoz a vivir de parranda. También se aclara, por si las dudas, que sacada la plaza a concurso no se presentó nadie más que este colaborador, a quien le adjudicaron el puesto y se puso a trabajar para la Diputación. Francamente, no se termina de ver la prevaricación por ningún lado: no consta que nadie le haya enchufado, no consta que se haya aprovechado de alguna suerte de ventaja indebida frente a ningún otro que se hubiera presentado.

Cuando la sentencia llega al fin, después de repetir menudencias y contradicciones durante trescientos cincuenta folios, con páginas y páginas de jurisprudencia al uso, se da cuenta de algo grotesco: se han olvidado de David Sánchez. Porque, claro, si no hay influencia, si no hay prevalimiento, si nadie ha hablado con el presidente de la Diputación para que saque el puesto al hermanísimo, ni para que amplíe sus competencias cambiándole el nombre al puesto, entonces ¿cómo condenar a David Sánchez? Y aquí viene el relámpago de la guinda, en apenas un folio: ha de ser condenado porque “se presentó a la convocatoria”. ¿Qué les parece? Es un delincuente porque se presentó al puesto y, cuando se lo dieron, orientó “sus inquietudes personales... a actividades operísticas” con el programa “Ópera Joven”, ¿quién le mandaría? Esta orientación motivó un cambio de nomenclatura en su puesto de trabajo; un cambio de nombre que el acusado no interesó, pero que “consintió” ilícitamente. Menudo atropello.

Aplíquense el argumento a ustedes mismos; una administración pública saca un puesto de trabajo, se presentan y se lo dan, sin que hayan hecho uso de enchufes, influencias o favores. Añadamos, por forzar el alegato, que ustedes ya imaginan que les van a dar la plaza porque no hay nadie con más currículum que el suyo. Luego resulta que el concurso es ilegal, o le faltaba un papel a la relación de puestos de trabajo y todo se anula. Vale, de acuerdo. ¿Pero condenarles a ustedes como delincuentes por haberse presentado? ¿Qué broma es esta?

En fin, la sentencia no da para mucho más. Por una parte, rezuma de su tenor un trasfondo oscuro de rencillas y puestos consolidados, de aroma antiguo, privilegios y rencores de negociado. Pero no solo eso: los magistrados son bien conscientes de lo que está cayendo en Madrid, así que dedicaron un capítulo, muy previsible, a glosar y gloriar lo “sumamente ilustrativa para este Tribunal (que) fue la declaración testifical-pericial del Teniente Coronel”. Es curioso, aunque ya lugar común, tener a los miembros de la UCO por peritos, cuando la sentencia no se detiene en valorar qué conocimientos especializados tendrían sus miembros. Y más curioso cuando, a la hora de ningunear la pericia de la defensa, la sentencia se permite decir que no puede convertirse a un perito “en una suerte de pseudoponente con capacidad decisoria para determinar de forma implacable el criterio judicial”. Pues eso es precisamente lo que han hecho: advirtiendo que la UCO necesitaba en este momento un respaldo explícito, se lo han dado condenando a un inocente.

La condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de cooperación en prevaricación administrativa no moverá un ápice el apoyo de los socios que le quedan al Gobierno progresista. Es más, tras conocer el fallo de la Audiencia Provincial de Badajoz que ha descartado el tráfico de influencias y ha rechazado una pena de cárcel para el hermano de Pedro Sánchez, todos esos aliados salieron a mostrar su perplejidad por una condena que no consideran justificada. Desde el propio Gobierno apostaron por remarcar la “inocencia” del condenado y consideraron que el único objetivo del tribunal es “dañar al presidente del Gobierno y a su entorno familiar”.

Uno de los dirigentes públicos más contundentes fue el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. En el pasillo del hemiciclo, minutos después de conocerse la sentencia, el dirigente republicano la tildaba como “una sobrada” y afirmaba que Sánchez había sido condenado “por la cara”. “Lo único bueno de lo de David Sánchez y Begoña Gómez es que ahora el PSOE (y por extensión mucha gente) ya sabe el pan que se da cuando un juez te persigue por tus ideas, por ser quien eres o simplemente por la cara. Adecentar al poder judicial debería ser prioritario”, apuntaba después el dirigente republicano en la red social X.

“Es un momento en el que cuesta mucho discernir la verdad de la mentira”, había asegurado Rufián antes incluso de conocer el fallo. “Los casos del hermano de Sánchez y de la mujer de Sánchez son de primero de lawfare, pero irán pa'lante, como diría según quién en redes sociales”, agregó.

Desde los Comuns, la diputada Aina Vidal consideraba abiertamente “desproporcionada” la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz. A su juicio, “el estado de opinión sobre la Justicia es nefasto por sentencias como esta”. Se pronunció en la misma línea Alberto Ibáñez, diputado de Compromís. Él también habló de “desproporción” y añadió, dirigiéndose a los jueces: “Tienen que tener cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho de este país”.

El PNV se limitó a considerar “fuerte” la condena a David Sánchez y no hubo dirigentes de EH Bildu que se pronunciaran al respecto aunque desde las dos formaciones no ven razones para dejar caer al Ejecutivo. La sentencia no traspasa algunas de las líneas rojas impuestas por los socios como condición para retirar su apoyo a Pedro Sánchez. Desde el inicio de la legislatura los socios siempre han considerado que no serían capaz de sostener al Gobierno en el caso de que se probara una financiación ilegal del PSOE o de que hubiese una imputación dentro del Consejo de Ministros, algo que hasta el momento no ha sucedido.

Moncloa cree que “se perseguía un apellido”

Desde la Moncloa la idea también es continuar con la legislatura al considerar que las actuaciones de los tribunales contra Sánchez y sus familiares solo tienen como objetivo hacer descabalgar al Gobierno. Tras conocer la condena al hermano del presidente, fuentes de la Presidencia recalcaron que “la sentencia no es firme” y se recurrirá por parte de la defensa de David Sánchez. Solo unos minutos de que se conociera el fallo, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, sí quiso mostrar su confianza en “la justicia”, pero también apuntó que cree “que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez”. “Respetamos la sentencia, pero, obviamente, no la compartimos”, añadió, además de insistir en que todo tiene como objetivo “dañar al presidente del Gobierno y a su entorno familiar”.

“La sentencia no borra la realidad”, insisten desde Moncloa. “Pedro Sánchez no era ni diputado cuando se convocó la plaza y, además, el responsable del proceso de selección, el señor Gallardo [expresidente de la Diputación de Badajoz también condenado por prevaricación] apoyaba a su rival en las primarias del año 2017”. “También es importante recordar el origen de la causa”, añaden fuentes del Gobierno. “Inicialmente, las organizaciones ultraderechistas acusaron al señor Sánchez principalmente de obtener injustificadamente unos millones de euros y de fraude fiscal y todas esas acusaciones fueron cayendo y siendo sustituidas por otras”, señalan.

Para el Gobierno todo ello “puede hacer pensar que no se perseguía el delito, sino que se perseguía una persona y, en concreto, se perseguía un apellido”. “Por lo tanto, podríamos decir que estamos ante el primer caso donde ha tenido éxito la estrategia de las organizaciones de la derecha y la ultraderecha basada en el acoso judicial a políticos progresistas y sus familiares con fines intimidatorios, porque, efectivamente, estamos ante una causa impulsada en exclusiva por partidos y organizaciones de derecha y ultraderecha”, insisten fuentes de Moncloa.

Otro de los aspectos que destacan en Presidencia es que “la sentencia no tiene efectos prácticos” sobre el hermano de Sánchez porque “él ya no ocupa ese cargo y, por tanto, una inhabilitación para trabajar en empleos públicos no tiene ninguna consecuencia para él”. “Esta dinámica de condena mínima con lógica corporativa recuerda mucho a la condena del antiguo fiscal general del Estado”, añaden, con que se preguntan si “a pesar de la precaución de los jueces para imponer la condena mínima, este tipo de resoluciones pueden erosionar todavía más la confianza de parte de la sociedad en la Justicia y en la imparcialidad de los jueces cuando afrontan causas políticas”.

Todos los sospechosos eran culpables. Todos tenían motivos para asesinar a Ratchett. Esa fue la conclusión a la que llegó Hércules Poirot en la novela Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie. No es probable que la sentencia contra David Sánchez alcance tal nivel de notoriedad. Lo que sí es cierto es que el tribunal de la Audiencia de Badajoz ha llegado a una conclusión no tan diferente. Todos los acusados son culpables del delito de prevaricación administrativa, con una pena de nueve años de inhabilitación, en el caso del puesto de Sánchez, aunque no del delito de tráfico de influencias. No hay pruebas de que nadie les presionara para tomar esas decisiones. Es algo que simplemente ocurrió.

En la novela, los responsables tenían un móvil que explicaba sus actos, la venganza contra Ratchett. La sentencia sostiene que el móvil consistía en favorecer al principal acusado. Los jueces llegan a esa conclusión citando a los agentes de la UCO que declararon en el juicio, encabezados por el teniente coronel Antonio Balas: “De todo lo anterior, deducen inequívocamente que la plaza fue creada para una persona determinada: Don David Sánchez Pérez-Castejón”. Otro juicio en que las deducciones del jefe de la unidad de delitos económicos de la UCO acaban incorporadas a la sentencia, como sucedió en el del fiscal general. El tribunal quiso remarcarlo escribiendo que la aportación de Balas fue “sumamente ilustrativa”.

Los jueces de Badajoz optaron por una decisión que quiere ser vista como salomónica. En su relato de los hechos que considera probados, prácticamente suscriben la versión de las acusaciones populares y la que ha mantenido el Partido Popular en los últimos dos años al utilizar la investigación en sus discursos en el Parlamento y en mítines. Incluso en detalles que son escasamente relevantes, pero que aparecieron en muchos titulares, como el hecho de que Sánchez tuviera su residencia en Portugal desde 2021, y que no son delito. Pero no se atreven a condenar al acusado por tráfico de influencias e imponerle una pena de prisión. Por el pequeño detalle de que no tienen pruebas para dictar ese castigo. Nunca las hubo ni en la instrucción ni en la vista.

“No ha quedado probado, por tanto, que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados primeramente filiados, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos”, dice la sentencia. A la vista de la sentencia, es un misterio por qué nueve de los acusados –dejando a un lado a Sánchez y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo– tomaron unas decisiones que ahora les han costado una pena de nueve años de inhabilitación. Si fracasan sus recursos, perderán sus empleos en la institución.

Para los jueces, no hay dudas de que todos los funcionarios son culpables. Son múltiples los indicios, afirma la sentencia, que muestran “con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón, que ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz y que actuaron de consuno, en connivencia, en ejecución de un plan preconcebido”. Su objetivo era crear “en expresión castiza, un traje a medida al beneficiario de la plaza”.

Si había un plan ideado desde arriba con el que se ordenó a tantos funcionarios que cumplieran órdenes, es difícil explicar por qué no se condena a Gallardo por tráfico de influencias. Parece que “la lógica y la razón” permiten trazar el retrato de un grupo dispuesto a delinquir, pero no condenar sin pruebas a su responsable. Una cosa es la literatura de una sentencia y otra, el Código Penal.

La sentencia dice que los condenados pusieron en marcha “una plaza de empleo público innecesaria y vacía de contenido”. Para justificar esta valoración, se basan por ejemplo en la opinión de un director de conservatorio que no creía necesario que se creara un puesto de coordinador que se ocupara de los dos conservatorios de Badajoz. Pocos funcionarios aceptan de buena gana que les pongan un jefe más por encima, al menos cuando reciben la primera comunicación. Sin embargo, y para afirmar que Sánchez no realizó las funciones por las que le pagaban, los magistrados no dan ningún valor a las declaraciones como testigos de los tres directores en la primera jornada de la vista en las que defendieron la capacidad y el trabajo del músico.

“La ayuda del coordinador vino muy bien”, dijo Yolanda Sánchez (sin parentesco con el hermano del presidente). “Estaba muy bien formado y capacitado para la plaza”, continuó. En su momento, parecía que ese primer día del juicio había sido muy malo para los intereses de las acusaciones. No es así si el tribunal decide ignorar esos testimonios, porque no sirven para condenar al acusado.

Los jueces admiten que hay un margen para la duda sobre si alguien presionó para que David Sánchez consiguiera ese puesto, si fue él mismo, alguien de su entorno “o si tal decisión se realizó 'motu proprio' con el designio de favorecer al Sr. Sánchez Pérez-Castejón por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro Secretario General del PSOE, por reelección en el cargo, a la sazón D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón”.

Resulta gracioso, quizá hasta revelador, que los magistrados coloquen al presidente del Gobierno en este contexto. Las fechas no cuadran del todo. Cuando se creó la plaza, noviembre de 2016, Pedro Sánchez ya no era secretario general del PSOE por su dimisión el 1 de octubre anterior. No presentó su candidatura hasta el 28 de enero de 2017, cuando no era precisamente el favorito, tampoco para el PSOE extremeño que apoyaba a Susana Díaz. Las primarias no se celebraron hasta mayo de 2017. El tribunal viaja al pasado porque sabe quién ganó esas primarias, lo que es una información que no tenían en 2016 los responsables de convocar la plaza que finalmente cayó en manos del hermano del presidente.

Puestos a lanzar hipótesis o “contrahipótesis”, como dice el texto –una decisión insólita en una sentencia que debe mostrar hechos probados y asignar penas en función de ellos–, los jueces plantean que los acusados pudieron haber intentado “congraciarse” con Pedro Sánchez con el nombramiento de su hermano al haber apoyado antes a Susana Díaz en las primarias. Y con esa sugerencia dan argumentos a los que quieran utilizar la sentencia para atacar al Gobierno.

“No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”, dice la sentencia en el párrafo anterior a esa referencia a la contrahipótesis. No lo saben, por eso no condenan por tráfico de influencias, pero dan por hecho que esa presión existió. Algún catedrático de Derecho Penal podría animarse a explicar a este tribunal que todo lo que no son hechos en una sentencia, no pasan de ser simples especulaciones.

Todo esto no dejan de ser elementos secundarios en la mente de los jueces. No tienen problemas en señalar que existe “la convicción de este Tribunal de que la prevaricación cometida obedecía al designio de favorecer por razones espurias a don David y don Luis María”. Estaban seguros de que David Sánchez era culpable, quizá incluso desde antes de que comenzara el juicio, de que existía un “designio”, un plan, destinado a beneficiarle. Desgraciadamente para sus convicciones, no encontraron pruebas con las que condenarle por esa conspiración, es decir, por tráfico de influencias. No fue porque no lo intentaran.

Los once condenados por prevaricación en el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, tienen diez días hábiles (hasta el 29 de julio) para recurrir la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La condena de inhabilitación especial para empleo o cargo público (nueve años para Sánchez y 18 para el expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo) no es firme, por la que todos los afectados pueden trabajar o seguir trabajando para la administración. En caso de que el recurso ante el Tribunal Superior de Extremadura no prospere, los condenados todavía tienen una última vía para impugnar la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Fuentes próximas a la defensa de David Sánchez consideran que el recurso del hermano del presidente deberá argumentar por qué no fue, como establece el fallo, cooperador necesario en el acto de prevaricación cometido supuestamente por técnicos de la Diputación que aprobaron el cambio de nomenclatura del puesto de trabajo que tenía asignado.

El hermano del presidente pasó de coordinador de las Actividades de los Conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin que su salario aumentase. Las acusaciones populares denunciaron que David Sánchez desempeñó un trabajo distinto por lo que la Diputación debía haber creado y presupuestado una nueva plaza además de convocar un concurso público para adjudicarla.

Cooperador necesario para la prevaricación de otros

La Audiencia Provincial de Badajoz considera que Sánchez fue cooperador necesario para la prevaricación cometida por otros trabajadores de la Diputación al crear esta plaza. Y aunque la sentencia señala que el hermano del presidente, “teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento siendo el principal beneficiario del mismo”, fuentes de la defensa explican que este aspecto que relata el fallo no es condenable.

De hecho, el presidente del tribunal declaró al principio del juicio “extinguida por prescripción la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal por el que venía siendo acusado David Sánchez”.

¿Cómo se explica que la prevaricación no lleve aparejado el tráfico de influencias?

La defensa de Sánchez entiende que tiene una explicación técnica clara para que una condena por prevaricación no lleve aparejada otra por un delito de tráfico de influencias. “La prevaricación”, explica, “es una isla autónoma como lo es el tráfico de influencias. No son dos delitos que tengan que ser aplicados necesariamente al concurso”. En este caso, el tribunal explica que se amañó una plaza a favor de David Sánchez, pero aclara que no hay prueba sólida que permita conocer si hubo alguna persona o autoridad que presionó a los funcionarios y trabajadores para lograr ese objetivo. “Si no hay tráfico de influencias”, explican fuentes de la Defensa, “lo que está claro es que la prevaricación, de ser tal, no tuvo un móvil probado”.

Una “contra hipótesis” del tribunal que no sirve como hecho probado

Los magistrados fabrican en la sentencia una contra hipótesis, así la llaman, según la cual pudo ocurrir que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, decidió adjudicar la plaza a David Sánchez en julio de 2017 para congraciarse con Pedro Sánchez, que un mes antes había ganado las elecciones primarias del PSOE y volvía a ser secretario general. Fuentes jurídicas señalan que “esa conjetura o sospecha” no entra dentro de los hechos probados de la sentencia y carece de relevancia dado que los propios magistrados que firman el fallo aclaran que no hay prueba sólida suficiente para condenar por tráfico de influencias.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado positivas las penas de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo para que “los enchufes desaparezcan de las instituciones públicas”.

La Audiencia de Badajoz ha condenado a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa. Y en el caso de Gallardo a 18 meses de inhabilitación para empleo público como autor de dos delitos de prevaricación administrativa por la contratación de David Sánchez.

En un comunicado, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que las penas de cárcel hubieran sido “excesivas” y que la inhabilitación para cargo público es “bastante ajustada”

“En esta tierra el clientelismo y el caciquismo son una enorme lacra que afecta a mucha gente”, según De Miguel, que ha destacado que el Partido Popular “actúa de la misma manera” que el socialista.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que la sentencia de la Audiencia de Badajoz confirma que el PSOE “utilizó” la Diputación Provincial como “un chiringuito para enchufar” al hermano de Pedro Sánchez.

“Hoy es un día triste porque vemos cómo la corrupción se asentó en Extremadura, pero también es un buen día porque se demuestra que la Justicia funciona en nuestro país”, ha dicho.

El portavoz popular ha criticado el “silencio cómplice” del PSOE de Extremadura tras conocerse la resolución judicial, que condena a 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público al expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo

“Nos atacaron por activa y por pasiva. Nos dijeron que el PP enturbiaba la política cuando queríamos explicaciones de la imputación y hoy, que tenemos una sentencia encima de la mesa, el PSOE calla”, ha señalado.

Asimismo, ha reclamado al PSOE extremeño que “pida perdón a los extremeños” por haber utilizado la Diputación de Badajoz como “un chiringuito”, tal y como constata la sentencia.

De la sentencia que ha dictado la Audiencia Provincial de Badajoz solo se recordará una cosa: que condena al hermano del presidente del Gobierno.

Quizás eso sea realmente lo único que importa. El jurista que pacientemente se lea sus casi cuatro centenares de páginas (prescindibles la mayor parte) puede quedarse con la sensación de que esa era su única intención. Sin condena a Sánchez Castejón no merecía la pena todo este despliegue. Así las cosas, no es desaventurado pensar que en el germen y la razón de ser misma de esta resolución hay una motivación política.

Se presenta, eso sí, como sentencia. Un documento jurídico. Y no precisamente grosero o carente de toda argumentación. Todo indica que parte razonablemente de un hecho irregular al que incluso coloquialmente se puede llamar corrupción. Pero la condena final es política, porque no puede ser jurídica: ni es coherente ni aparece justificada.

Obviando los centenares de páginas de relleno, el núcleo de la sentencia sostiene que hay indicios indirectos suficientes para concluir que responsables de la Diputación de Badajoz vulneraron conscientemente la ley para adjudicar una plaza irregularmente a David Sánchez Pérez-Castejón y que, además, luego la modificaron para complacerlo. Un delito de prevaricación.

Reconoce la sentencia que no hay prueba de cargo directa. Sí enuncia algunos indicios de que la plaza se creó específicamente para dársela a él: que el propio Sánchez estaba ya buscando casa en Badajoz antes de que se resolviera el concurso; que había rumores de que la plaza iba a ser para “el hermanísimo”; que una vez nombrado, Sánchez faltó frecuentemente al trabajo.

En efecto, la convocatoria huele mal. Pero, aunque se creara pensando en él y se le adjudicara a dedo, eso no implica necesariamente un delito de prevaricación, que consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas. Ni siempre que se crea un puesto pensando en dárselo a alguien es ilegal, ni toda ilegalidad —aunque podamos denominarla corrupción—es delito.

El tribunal es consciente. Por eso añade lo que le parece el argumento de peso: que la plaza de coordinador de actividades de conservatorio era innecesaria y carente de contenido. Ahí es donde la sentencia empieza a flaquear. La tarea de coordinar las actividades de los conservatorios extremeños la desempeñaba hasta 2010 un funcionario. Una vez que este se jubiló, pasaron a asumirla los propios directores de conservatorios. Evidentemente, no corresponde a tres jueces penales decidir si un puesto de la administración es necesario o no. Eso es una decisión política, que deben tomar los responsables políticos elegidos para ello. Podría llegar a ser corregida por arbitraria si fuera del todo disparatada o una mera apariencia, pero no es el caso, puesto que existió ya antes.

Democráticamente, a la ciudadanía nos importa un pepino lo que opinen los jueces de la sección penal sobre si es conveniente o necesario que vuelva a haber un coordinador de actividades de conservatorios en Extremadura. Desde esa confusión entre lo judicial y lo político es desde donde la sentencia pergeña una condena tan injustificada como irrazonable.

Sostiene que el nombramiento fue innecesario y que también fue caprichoso modificar después las tareas asignadas a la plaza para cumplir con los deseos del director de orquesta contratado. Creen que si la administración contrata para coordinar actividades a un señor que sabe mucho de ópera, después no puede intentar aprovechar esos conocimientos poniéndolo a montar un programa de ópera. Uno puede estar de acuerdo en esa crítica. Cualquiera desde la barra de un bar puede opinar cuál sería la mejor manera de gestionar lo público, pero es un razonamiento insuficiente para justificar una condena penal.

Si una actuación administrativa es irregular, está la jurisdicción contencioso-administrativa para corregirla. Eso no significa que sea prevaricación. Nuestros egregios jueces nos machacan cada día con que las sentencias disparatadas que dictan algunos de sus compañeros, especialmente las que tienen una base ideológica, no son prevaricación. Dicen que lo suyo es recurrirla y que se corrija. Pero cuando lo mismo sucede en la administración extremeña, les basta un puñado de indicios interpretables para ver el delito.

Al menos, en este caso. En nuestro país no es raro que ayuntamientos, universidades, ministerios o entes públicos convoquen plazas de las que de antemano se sabe quién será el beneficiario. A menudo las convocatorias son incluso anuladas por la jurisdicción contencioso-administrativa porque son chanchullos descarados. Pero nunca hay nadie condenado por prevaricar. Solo en esta ocasión. No es una locura pensar que tiene que ver con la cercanía al presidente del Gobierno.

Un indicio de ello es que la sentencia está radicalmente huérfana de justificación en dos de sus elementos esenciales. En primer lugar, la Audiencia no explica por qué descarta que los condenados pensaran que lo que hacían entraba dentro de las facultades discrecionales que les permite la ley. O sea, que no sabemos ni se nos aclara si eran todos ellos conscientes de estar aprobando algo ilegal.

En segundo lugar, peor aún, no hay la más mínima explicación de la condena a David Sánchez. La prevaricación la cometen los que convocan una plaza para beneficiarlo. De él se dice que era colaborador necesario… ¡porque se presentó a la plaza! Se le acusa de haber rellenado la solicitud, de haber aportado documentación y de haber asumido las nuevas tareas encomendadas, sin explicar de dónde sacan que hizo todo eso sabiendo que era un chanchullo ilegal. Ese salto lógico no es baladí: se trata del invento que permite condenar al hermano del presidente. Es muy burdo, pero imagínense montar todo este lío —convertir en delito excepcionalmente una corruptela administrativa, someter a los jueces a desgaste público, llamar a declarar a numerosos testigos, redactar una sentencia de cuatrocientas páginas— si al final no se consigue un titular que haga daño al presidente del Gobierno. No tendría sentido.

Por si quedara alguna duda, los magistrados que redactan la sentencia no dudan en saltarse su apariencia de neutralidad técnica para incluir unas insinuaciones dañinas de las que reconocen no tener la mínima prueba: dejan caer que quizás la plaza se creo por presión de Pedro Sánchez o para congraciarse con él. Afirman que es una mera impresión carente de toda base fáctica, pero ahí lo ponen.

En fin. No es ningún disparate pensar que los que crearon la plaza de coordinador musical lo hicieron para dársela a David Sánchez. Seguramente estamos ante una de tantas corruptelas que son el mal endémico de este país. Pero sí que es un disparate jurídico concluir que estamos ante un delito de prevaricación y, sobre todo, carece de todo sustento condenar por ello al hermano del presidente. El que pueda hacer, que haga.

La Diputación de Badajoz ha trasladado su “confianza en la justicia” ante la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al expresidente de esta institución Miguel Ángel Gallardo, y ha mostrado un “respeto profundo” al fallo del tribunal.

La Audiencia de Badajoz ha condenado a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

Y en el caso de Gallardo a 18 años de inhabilitación para empleo público como autor de dos delitos de prevaricación administrativa por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, nueve meses por cada uno de ellos.

En un comunicado, la Diputación de Badajoz ha destacado su colaboración en todo el proceso judicial y que “seguirá con esta misma cooperación siempre que se le requiera”.

El vicepresidente de la Junta, Abel Bautista, ha asegurado que hoy la Justicia “gana credibilidad” tras la sentencia a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, “independientemente de la condena”, pues ha sabido sobrellevar, a su juicio, las presiones políticas.

En declaraciones a los medios, Bautista ha reclamado al PSOE que pida perdón por acusar a los populares de “fabricar el caso” y ha exigido la convocatoria de elecciones generales.

En su opinión, se ha llevado a cabo un proceso judicial “limpio” que se ha sobrepuesto a “la trama con dinero público del Estado para atacar al propio Estado”. “La buena noticia es que la justicia ha funcionado y que lejos de estar señalada o en cuestión, por mucho que el PSOE se empeñe en ello, hoy la justicia gana credibilidad con independencia de la condena”, ha reiterado Bautista. Así, ha asegurado que “en una primera lectura” de una sentencia “muy larga” de 377 páginas “puede verse la gravedad de lo sucedido”.

Bautista ha dicho que “con independencia de las penas o del propio delito”, lo más grave para la Junta es “lo que ha venido ocurriendo hasta tener esta condena”. “Nosotros respetamos una cosa y la otra, condenas mayores, condenas menores o ausencia de condena. Esa es la separación de poderes”, ha reiterado a preguntas de los medios.

“Se ha señalado a los jueces que han llevado el caso”, ha apuntado en este sentido Bautista, quien ha reprochado al PSOE que haya acusado de 'lawfare' a los jueces, y haya puesto en duda el funcionamiento del Estado de Derecho.

En este sentido, ha recordado que el exsecretario de los socialistas extremeños Miguel Ángel Gallardo, también condenado en el caso, acusó a la presidenta de la Junta, María Guardiola, “de fabricar este caso con dinero público, pagando a pseudomedio para llevarlo hacia adelante”. A su juicio, esto “esconde” una manera de entender la justicia como “manejable” al “antojo” de los partidos políticos, algo que ha rechazado.

Así, ha acusado al PSOE de montar “una red de presión política de compra de favores presuntamente” y evitar así investigaciones penales, tras las supuestas amenazas a la jueza instructora por el “caso cloacas”, ha dicho Bautista.

Además, ha acusado al PSOE de llevar a cabo un uso “partidista y cortijero” de las instituciones, pues, ha dicho, “esto que ha sucedido con el hermano de Sánchez venía sucediendo en nuestra comunidad autónoma, en la Junta de Extremadura, y regularmente en la Diputación de Badajoz”.

Bautista ha afirmado que espera que esta sentencia “cambie definitivamente la forma en que el Partido Socialista tiene de gobernar las instituciones” y así “impere la limpieza y la igualdad de acceso, en función del mérito y la capacidad por parte de los ciudadanos al empleo público”.

El vicepresidente extremeño ha negado que exista persecución por parte de los jueces al entorno de Pedro Sánchez a la vez que ha recordado que se trata de la primera condena a su círculo familiar, tras la de condena a su círculo político, en alusión a la sentencia contra el exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos. “No se trata de que una manzana esté podrida, es que el cesto está podrido y la culpa y el responsable solo tiene un nombre y apellido y es Pedro Sánchez”, ha asegurado.

Por ello, ha reclamado elecciones generales para que se pronuncien los ciudadanos. Además, ha pedido al secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, que “pida perdón” a la presidenta de la Junta y a su gobierno “por haber acusado de fabricar este caso con cargo al dinero público”.

El líder del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, ha trasladado el “máximo respeto” del partido a la sentencia emitida por la Audiencia de Badajoz y ha subrayado el derecho de las personas condenadas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, a continuar ejerciendo su defensa mediante recursos.

Gallardo, antecesor de Sánchez Cotrina en el cargo de secretario general del PSOE extremeño, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por cada uno de los dos delitos de prevaricación administrativa.

Tras conocerse el fallo judicial, que también condena a otras diez personas, entre ellas David Sánchez y excargos y cargos de la Diputación de Badajoz, Cotrina ha reiterado el compromiso del PSOE extremeño con el respeto a las resoluciones de los tribunales, la independencia judicial y el Estado de Derecho. “He confiado siempre en la independencia del poder judicial y así voy a seguir haciéndolo hasta el final”, ha afirmado.

El dirigente socialista ha dicho que comparecía para ofrecer una posición “clara, honesta y transparente” sobre un asunto que afecta a personas que han desempeñado responsabilidades institucionales en representación del PSOE.

Ha reconocido el impacto personal que le produce la resolución judicial por la relación que mantiene con algunos de los condenados. No obstante, ha recordado que la resolución no pone fin al procedimiento judicial y ha reclamado que se respeten plenamente las garantías procesales. En este sentido, ha indicado que varios de los condenados ya le han trasladado su intención de presentar recurso.

“Hasta que el procedimiento se resuelva definitivamente, el Estado de Derecho debe ser garantista y así lo vamos a exigir siempre”, ha señalado.