La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha aclarado este miércoles que no suscribió el comunicado difundido por las secciones territoriales en Extremadura de las otras tres asociaciones judiciales (APM, AJFV y FJI) en apoyo a la magistrada Beatriz Biedma. La entidad argumenta que dicho pronunciamiento se fundamenta en “informaciones procedentes de una filtración, presuntamente ilícita, a determinados medios de comunicación”.

El comunicado conjunto firmado este martes por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente manifestaba su “respaldo y solidaridad” con la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ante las informaciones periodísticas que apuntaban a supuestas situaciones de hostigamiento y presiones en el marco del denominado 'caso Leire'.

Biedma, que dirigió la investigación sobre la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, está a la espera de que el magistrado Santiago Pedraz decida si le permite personarse como acusación particular en la causa en la que se investiga la trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez.

Rechazo a dar crédito a filtraciones reservadas

Desde JJpD señalan que las informaciones publicadas en los últimos días recogen las supuestas declaraciones ante la Guardia Civil de un investigado por un delito contra la salud pública, quien atribuyó a Leire Díez el encargo de seguir y acosar a la jueza instructora. Para la asociación progresista, se trata de manifestaciones “cuya verosimilitud habrá de ser contrastada y valorada en el procedimiento judicial correspondiente”.

En este sentido, JJpD subraya que los integrantes de la carrera judicial están obligados a actuar de forma “ejemplar en la defensa de las garantías del proceso”, recordando que la filtración de actuaciones bajo reserva no solo vulnera los derechos de las partes y compromete el éxito de la investigación, sino que puede constituir un delito. “Por ello, las asociaciones judiciales no debemos dar pábulo a este tipo de filtraciones ni convertirlas en fundamento de nuestros pronunciamientos públicos”, afirman en una nota pública.

La entidad sostiene que esta postura no obedece a un cálculo coyuntural, sino a una línea de actuación coherente en el tiempo. Como precedentes, recuerdan que en enero de 2024 salieron en defensa del magistrado Manuel García-Castellón ante las críticas de la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno, y que en junio de 2025 respaldaron a la propia Beatriz Biedma cuando las presiones denunciadas estaban “debidamente acreditadas”.

La asociación ultra HazteOir, una de las acusaciones populares personadas en la causa contra David Sánchez, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condenó por prevaricación a los 11 procesados en el procedimiento. La asociación reclama que se considere también cometido un delito de tráfico de influencias y solicita seis años de prisión para el hermano del presidente del Gobierno.

El recurso de apelación no cuestiona los hechos en los que la Audiencia Provincial sustentó las condenas por prevaricación, sino la decisión de excluir el delito de tráfico de influencias. HazteOir sostiene que las mismas actuaciones pueden encajar también en este segundo delito porque, a su juicio, las decisiones sobre las plazas estuvieron acompañadas de una influencia ejercida para favorecer a sus beneficiarios.

En concreto, la acusación popular sostiene que existió un “concurso medial” entre la prevaricación y el tráfico de influencias en las decisiones que dieron lugar a la contratación de David Sánchez como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, posteriormente como jefe de la Oficina de las Artes Escénicas, y de Luis María Carrero como jefe de Sección de Actividades Transfronterizas.

HazteOir considera que la Audiencia Provincial aplicó un concepto demasiado restrictivo de la influencia al descartar este delito. Según expone en su recurso, para que exista tráfico de influencias no es necesario que haya una orden, un mandato o una petición formal, sino que puede consistir en una actuación destinada a “alterar el proceso motivador” de quien adopta la decisión.

La asociación sostiene que las plazas fueron creadas, modificadas y adjudicadas y que de ellas se derivaron retribuciones y ventajas profesionales para sus ocupantes. A partir de ahí, defiende que las actuaciones encajan también en el delito de tráfico de influencias.

Sobre esta base, la asociación ultra pide al TSJEx que modifique la calificación jurídica de los hechos y eleve las penas solicitadas. Para David Sánchez reclama seis años de prisión y más de 20 años de inhabilitación para cargo público. Para el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo solicita cuatro años de cárcel y 19 años de inhabilitación. La asociación también reclama penas de prisión e inhabilitación para otros nueve procesados.

Nueva denuncia contra Gallardo por la plaza de Carrero

Además del recurso, HazteOir ha presentado una nueva denuncia contra el que fuera líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la creación de la plaza que posteriormente ocupó Luis María Carrero. La asociación recuerda que este asunto no fue investigado respecto a Gallardo en el procedimiento seguido ante la Audiencia Provincial de Badajoz. La propia resolución dejó abierta la posibilidad de que se ejercitaran acciones sobre este extremo.

Esa organización sostiene ahora que la competencia para crear esa plaza correspondía al pleno de la Diputación, que estaba presidido por Gallardo, y que no se trataba de una competencia susceptible de delegación.

La denuncia también cuestiona el procedimiento seguido para cubrir el puesto, que, según la asociación, se hizo con urgencia y sin concurrencia en favor de Carrero, al que identifica como “amigo” de David Sánchez.

HazteOir vincula esta actuación con las decisiones anteriores relacionadas con la plaza de David Sánchez y sostiene que Gallardo mantenía facultades sobre la delegación mediante la que se llevó a cabo la provisión del puesto.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado un auto aclaratorio para responder a las solicitudes de subsanación presentadas por las defensas y las acusaciones populares tras la sentencia del pasado mes de julio en el juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. La resolución judicial delimita el alcance exacto de las penas a los condenados en la causa, entre ellos el expresidente de la corporación provincial, Miguel Ángel Gallardo, y el músico David Sánchez Pérez-Castejón.

El pronunciamiento aclara los efectos prácticos del fallo, en el que la Audiencia condenó al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público y al que fuera líder del PSOE extremeño a 18 años de inhabilitación por prevaricación administrativa en la creación y adjudicación de la plaza en la Oficina de Artes Escénicas.

En el nuevo auto, la Sala precisa que la pena de inhabilitación especial acarrea la pérdida definitiva de los cargos u ocupaciones sobre los que recayeron los hechos, de carácter electivo o discrecional, así como la imposibilidad de acceder a otros de la misma naturaleza en cualquier administración pública durante el tiempo de la condena. Sin embargo, el tribunal matiza que esta pena no conlleva la pérdida de la condición de funcionarios de carrera o empleados públicos que los procesados pudieran ostentar de forma previa.

Apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 314/2017), los magistrados explican que la condena impuesta es de inhabilitación especial y no de inhabilitación absoluta. En este sentido, privar a los procesados de cualquier plaza en la administración equivaldría a aplicar los efectos de una inhabilitación absoluta, figura reservada a supuestos de mayor gravedad penal.

Por ello, la Audiencia concreta el alcance para los principales implicados. En el caso de David Sánchez, queda privado de forma definitiva de la plaza de la Diputación cuya transformación originó la condena, imposibilitado para obtener puestos electivos o de libre designación en la administración durante el periodo de pena, manteniendo igualmente su estatus previo en la función pública si lo tuviera.

Gallardo pierde definitivamente el cargo de presidente de la Diputación de Badajoz y cualquier otro puesto electo o discrecional, quedando inhabilitado para optar a ellos durante 18 años, aunque no perderá su estatus de empleado público si lo tuviera con anterioridad.

Los exdiputados delegados de Cultura y directores de área o servicio juzgados se ven despojados de sus puestos discrecionales o electivos en los mismos términos, conservando el carácter de funcionarios que tuvieran previamente.

Reparto de costas

Junto a la delimitación de las penas, el auto acordado por la Sala da luz verde a la petición planteada por la acusación popular ejercida por la Asociación HazteOir para remitir al Tribunal de Cuentas testimonio de la sentencia y de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de retribuciones de la Diputación pacense. El objetivo es que el órgano fiscalizador evalúe si existió quebranto contable en los sueldos percibidos por David Sánchez.

Asimismo, la resolución modifica el apartado de costas procesales del fallo original, atribuyendo a Miguel Ángel Gallardo dos duodécimas partes de la mitad de las costas (incluidas las devengadas por las acusaciones populares), mientras que fija una duodécima parte a cada uno del resto de los condenados. Por último, el tribunal contempla la reserva de acciones para las acusaciones respecto a la actuación de Gallardo en el denominado “Bloque C”, excluido del juicio oral.

La Diputación de Badajoz ha solicitado al Tribunal de Cuentas que archive las denuncias presentadas para reclamar al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, y Luis Carrero la devolución del dinero que percibieron por los trabajos realizados para la institución provincial. La Diputación sostiene que no existe base legal para iniciar ese procedimiento mientras la sentencia que da origen a las actuaciones no sea firme.

La petición llega después de que el Tribunal de Cuentas diera la semana pasada cinco días a la Diputación para que decidiera si reclamaba al músico las cantidades que percibió durante su etapa como trabajador de la institución. El órgano fiscalizador abrió este trámite para determinar si de los hechos recogidos en la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz podía derivarse una posible responsabilidad contable.

En el escrito remitido ahora al Tribunal de Cuentas, la Diputación explica que los informes jurídicos elaborados por la institución concluyen que no se cumplen los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley del Tribunal de Cuentas para apreciar una responsabilidad contable por alcance.

Además, la institución provincial recuerda que la sentencia todavía no es firme. Según expone, la resolución aún no ha sido notificada formalmente y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. También están pendientes las solicitudes de subsanación y aclaración planteadas por las partes.

Por ello, la Diputación considera que no procede exigir a David Sánchez ni a Luis Carrero que devuelvan las cantidades percibidas ni abrir un expediente de reintegro mientras el procedimiento judicial no haya concluido.

Responsabilidad contable

El procedimiento se inició a raíz de las peticiones de los letrados de Vox e Iustitia Europa para ejercer la acción pública ante una posible responsabilidad contable relacionada con la creación de los puestos ocupados por ambos. Posteriormente presentaron escritos similares los abogados del PP y de HazteOír.

El Tribunal de Cuentas debía determinar si existían elementos suficientes para reclamar a los dos trabajadores las cantidades percibidas de la Diputación. Tras recibir la posición de la institución provincial, el Ministerio Fiscal dispondrá también de cinco días para pronunciarse y posteriormente se dará audiencia a las partes que promovieron las actuaciones.

La apertura de este procedimiento no implicaba que David Sánchez estuviera obligado a devolver ya sus nóminas. Entre 2017 y 2025, cuando renunció a su puesto como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, percibió 340.572,36 euros brutos de la Diputación de Badajoz.

La actuación del Tribunal de Cuentas está vinculada a la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por hechos relacionados con su contratación en la institución provincial. La resolución le absolvió del delito de tráfico de influencias y todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

El PP de Extremadura ha instado al líder regional del PSOE, Álvaro Sánchez Cotrina, a exigir la dimisión inmediata del alcalde de Castuera, Francisco Martos, y del diputado provincial Ricardo Cabezas. Ambos dirigentes continúan al frente de sus responsabilidades públicas a pesar de la condena de inhabilitación dictada por la Audiencia de Badajoz en la causa por la contratación de David Sánchez.

El portavoz de los populares extremeños, Luis Miguel Núñez, ha cuestionado el silencio del dirigente socialista transcurridos dos meses desde la notificación del fallo. Núñez ha recordado que las edilas Juana Cintas (Olivenza) y Cristina Núñez (Talavera la Real), también condenadas a nueve años de inhabilitación en el mismo procedimiento, ya formalizaron la renuncia a sus cargos.

En la misma intervención, Núñez ha criticado la estrategia judicial del expresidente de la corporación provincial, Miguel Ángel Gallardo, al intentar que su inhabilitación de nueve años se ciña únicamente al puesto de “presidente”, lo que el portavoz popular considera una maniobra para abrir una “puerta giratoria”.

Reclamación de los sueldos percibidos

Por otra parte, la formación popular sostiene que la Diputación de Badajoz y el PSOE deben velar por los fondos públicos y reclamar, por la vía del Tribunal de Cuentas, la devolución de los sueldos abonados a David Sánchez y al asesor Luis María Carrero. Según las estimaciones del PP, el importe conjunto percibido por ambos alcanza los 427.000 euros.

La exigencia se produce tras la diligencia emitida por el consejero del Tribunal de Cuentas encargado del caso, en la que requiere a la Diputación pacense que se posicione sobre si ejercerá acciones como entidad perjudicada. El órgano fiscalizador actúa a instancias de los escritos de acción pública presentados por Vox e Iustitia Europa para determinar la posible responsabilidad contable derivada de la creación de ambos puestos de trabajo. Corresponderá ahora a la institución provincial decidir si nombra un delegado instructor para reclamar las cuantías o si solicita el archivo del expediente.

La defensa de David Sánchez se ha adherido a una petición de Manos Limpias en el trámite abierto tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condenó al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa y lo absolvió del delito de tráfico de influencias.

En un escrito presentado ante la Audiencia de Badajoz, la defensa manifiesta su “expresa e íntegra adhesión” a la petición de aclaración formulada por Manos Limpias para diferenciarse de otras acusaciones populares y pide que, en efecto, la actuación del sindicato ultra se distinga. La defensa sostiene que la referencia que hace la sentencia a una supuesta “maniobra fraudulenta” de otras acusaciones no puede hacerse extensiva a la dirección letrada de Manos Limpias. Según argumenta, el sindicato mantuvo sus conclusiones provisionales respecto a la participación de David Sánchez en la dotación de la plaza de coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz.

Además, destaca que Manos Limpias reconoció en sus conclusiones definitivas la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal. Para la defensa, esta posición demuestra una actuación “leal” y coherente con el procedimiento.

El abogado de David Sánchez contrapone esta actuación a la del resto de acusaciones populares, a las que acusa de haber pretendido sortear los efectos de la prescripción mediante una modificación de sus conclusiones. El escrito califica ese supuesto intento de “sortear arteramente” la causa de extinción de la responsabilidad criminal mediante una modificación que considera “tan infundada como improcedente”.

La posición de la defensa resulta especialmente significativa porque Manos Limpias fue precisamente quien presentó en 2024 la denuncia que dio origen al procedimiento penal contra David Sánchez, siete años después de su contratación por la Diputación de Badajoz. La investigación se centró principalmente en la creación y configuración de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios de música que posteriormente ocupó el hermano del presidente del Gobierno.

Ahora, tras las solicitudes de aclaración planteadas por distintas partes después de la sentencia, la defensa de David Sánchez pide a la Audiencia que tenga en cuenta la diferencia que establece entre Manos Limpias y las demás acusaciones populares.

En concreto, el abogado de Sánchez solicita que se tenga por presentado el escrito y por efectuadas sus manifestaciones, con una adhesión expresa a la petición planteada por el sindicato.

El exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos ha negado este jueves en la Audiencia Nacional haber presionado a la cadena de mando de la UCO por su trabajo en el caso del hermano de Pedro Sánchez, tal y como describieron los generales de los que dependía la unidad investigadora. Marcos ha dicho que cuando fue nombrado director del instituto armado se encontró “una cultura de la filtración” en el Cuerpo que quiso atajar.

Marcos, actualmente destinado en la Embajada española en Washington, ha declarado en calidad de imputado en la pieza del caso Leire que persigue presuntas presiones a funcionarios públicos que investigaban casos que afectaban al PSOE o a la familia del presidente del Gobierno.

El exdirector de la Guardia Civil ha enmarcado sus comentarios a los generales de una simple exigencia de “rigor” en los informes de la UCO porque, aunque tiene “en general buena imagen del servicio público eso no quita que haya que ser crítico para mejorar su funcionamiento”, informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración.

Marcos ha mostrado también su convencimiento de que la Unidad era el origen de filtraciones a los medios de comunicación y ha recuperado el episodio de una entrada y registro en el marco de la causa del hermano de Sánchez en la que un equipo de televisión estaba esperando la llegada de los agentes.

Leonardo Marcos ha dicho que esa información iba de la UCO a la jueza, “de A a B”, ha dicho. La fiscal ha respondido que el Ministerio Público también tenía acceso, a lo que el investigado ha respondido: “Pues añada otra letra”. “Me dijeron que no fueron ellos –ha dicho sobre la UCO– pero yo no me lo creo”.

En este sentido, Marcos ha insistido en “un clima de filtración” en la Guardia Civil en general, y en la UCO en particular, que respondía a un patrón: “Siempre los mismos medios, siempre los mismos periodistas”. Durante su declaración ha surgido una polémica sobre si la causa estaba secreta y las partes, con Manos Limpias de acusación popular, tenían acceso a las materias filtradas. La fiscal del caso se ha planteado solicitar la causa entera al Juzgado de Badajoz para conocer las fechas del secreto.

En concreto, la imputación de Marcos responde a dos reuniones que tuvieron lugar el 12 de julio de 2024. Una por la mañana, con el general jefe de la Policía Judicial, Alfonso López Malo, y con ele entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste. Y una segunda, por la tarde, en la que participaron los mismos asistentes pero con la incorporación del director adjunto operativo, teniente general Manuel Llamas.

Yuste declaró ante la UCO le dijo que el director le había dicho que “estaba enfadado y contrariado respecto del informe emitido por la UCO relacionado con la investigación entre cuyos encausados estaba el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, reprochando al testigo que no hubiese tenido conocimiento previo de dicho informe de forma previa a su entrega”.

Por la tarde, Leonardo Marcos les habría manifestado que “se encontraba indignado porque había conocido por terceros una propuesta de actuaciones elaborada por UCO en el marco del procedimiento judicial abierto por la denominada operación Cajirón [sobre David Sánchez], en la que, según él, se hacían presunciones falsas”, según declaró el general Yuste, anterior jefe de la UCO al instructor de la información reservada.

Leonardo Marcos habría dicho en esa reunión que el informe en el que la UCO proponía a la juez actuaciones en el caso sobre el hermano de Sánchez era “prospectivo y mal intencionado” y añadió que la credibilidad de la unidad estaba “por los suelos”. Marcos habría pedido que se elaborara otro informe en el que constara que “no había nada” y que si para ello había que dejar sin vacaciones a los agentes de la UCO que así se hiciera. Marcos quería el siguiente informe exculpando a David Sánchez para el 19 de julio.

“Llamativo” que la UCO investigara a David Sánchez y no Policía

El exdirector de la Guardia Civil ha dicho que le pareció “llamativo” y “atípico” que la UCO central se dedicara investigar el caso del hermano de Sánchez, unos presuntos delitos cometidos en Badajoz, demarcación de la Policía Nacional. La decisión de implicar a la UCO fue de la jueza del caso, Beatriz Biedma.

Marcos fue nombrado en junio de 2023 y dimitió, según su versión, en octubre de 2024. En julio, cuando se produjeron las dos reuniones por las que está imputado, ya había comenzado “un proceso de reflexión” personal sobre si debía dejar el cargo.

El ex director ha negado que acusase a los agentes de realizar “una investigación prospectiva” y ha añadido que no conoce al coronel Antonio Balas, ni se ha reunido nunca con ningún investigador del Cuerpo. “Solo me reúno con la cadena de mando”, ha añadido.

Marcos ha desmentido igualmente que él instara a que los investigadores se quedaran sin vacaciones, de ser necesario, para tener listo un informe que aclarara el contenido de los más de 60.000 correos obtenidos por la UCO. Esa incautación fue ordenada por la jueza a instancias de los investigadores, un papel que Marcos ha reconocido que piensa que no les correspondía a los agentes de la UCO.

Para apoyar que él no entra en las vacaciones de sus subordinados ha recurrido a su carrera en la función pública. “Llevo desde el 79 sin ver un cuadrante de vacaciones”, ha dicho, según las fuentes consultadas.

El fiscal de Badajoz niega presiones de Madrid

El fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, ha declarado a continuación en calidad de testigo. Alonso ha explicado que intentó enviar la causa de David Sánchez Madrid por una cuestión de competencia pero que el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General entonces, Diego Villafañe, resolvió que debía investigar Badajoz en un informe en el que hacía algunas consideraciones sobre la “tipicidad” de los presuntos delitos entonces, esto es, sobre los indicios que había o no en el caso.

Alonso Tejuca ha negado recibir presiones de la Fiscalía General en el caso y que no escuchó quejas de la UCO al respecto.

El Tribunal de Cuentas ha dado cinco días a la Diputación de Badajoz para que decida si reclama a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, las cantidades que percibió por su contratación en la institución provincial.

La decisión llega después de la sentencia que condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por hechos relacionados con su contratación en la Diputación pacense. El procedimiento del Tribunal de Cuentas analiza ahora si de esos hechos puede derivarse una posible responsabilidad contable.

La Diputación deberá pronunciarse en su condición de entidad que podría haber resultado perjudicada y tendrá que decidir entre impulsar un procedimiento para reclamar las cantidades o proponer el archivo de las actuaciones.

La diligencia ha sido remitida por el consejero del Tribunal de Cuentas encargado de tramitar el caso, según consta en el documento al que ha tenido acceso EFE.

Vox, Iustitia Europa, PP y HazteOír pidieron actuar

El trámite se inició después de que los letrados de Vox e Iustitia Europa solicitaran ejercer la acción pública ante una posible responsabilidad contable derivada de la sentencia, en relación con la creación de los puestos ocupados por David Sánchez y Luis Carrero, amigo del hermano del presidente del Gobierno y también contratado por la Diputación. Posteriormente presentaron escritos similares los abogados del PP y de la asociación HazteOír. Ahora corresponde a la Diputación fijar su posición. El plazo es de cinco días, tras los cuales el procedimiento continuará con la intervención del Ministerio Fiscal.

Una vez que la Diputación haya presentado sus alegaciones, o haya dejado transcurrir el plazo sin hacerlo, el Ministerio Público dispondrá del mismo plazo para pronunciarse. Después, el Tribunal de Cuentas dará audiencia a los actores públicos que han promovido las actuaciones para que puedan formular las alegaciones que consideren oportunas.

Por tanto, David Sánchez no está obligado en este momento a devolver sus nóminas. El Tribunal de Cuentas ha abierto un trámite para determinar si existe una posible responsabilidad contable que justifique reclamar esas cantidades. En concreto, el hermano del presidente del Gobierno percibió por su trabajo en la Diputación 340.572,36 euros brutos entre 2017, cuando fue contratado, y 2025, cuando renunció a su puesto como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Ya está bien. Veamos. Los periodistas ponemos a caer de un burro a quien se nos tercia. Digamos un político de acá, un presidente de acullá, un escritor, un futbolista, un cocinero de tres estrellas, un pintor famosísimo. Y nos atrevemos, con toda la lógica del mundo, con aquel ginecólogo que abusa de sus pacientes, con el timador de criptomonedas y hasta con los multimillonarios fascistas de Silicon Valley, esa plaga alimentada por la bestia naranja. Ponemos a parir la intervención arquitectónica de Norman Foster en el British o la pirámide de Ieoh Ming Pei en el Louvre. Y algunos se ensañan con el último director de cine que está de moda y al que tildan, cuando menos, de cantamañanas pretencioso. Tenemos barra libre, que para eso contamos a nuestro favor con el artículo 20 de la Constitución de 1978, que reza así: “1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”. Es más, artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. ¿Queda suficientemente claro o citamos otras mil fuentes que reafirman el mismo contenido?

Los jueces. ¿Qué nos hace pensar que el hecho de llevar toga y puñetas, así como aprobar unos exámenes sin duda difíciles, les libra de la crítica? ¿Pablo Llarena, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Beatriz Biedma, Juan Carlos Peinado y un largo etcétera de ínclitos magistrados, son acaso por alguna razón esotérica o teológica menos criticables que Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, Donald Trump, Paul Auster, Lionel Messi, Ferrán Adriá o Miquel Barceló? En absoluto, viva el raciocinio y olvidemos la idolatría a los dioses del Olimpo. Somos ateos y no creemos en esas paparruchas. Los señores jueces se quedan en calzoncillos y calcetines, en bragas las señoras juezas y son exactamente, como usted y como el Ojo. Más jóvenes, es verdad, pero lucen igual de patéticos, que si una tripita o un tripón, que si una verruga más fea que un dolor. Y si los hay buenísimos, que los veamos y se opongan a los desalmados.

Llevamos meses, demasiados meses, sufriendo la furia vengadora de jueces de toda laya empeñados en mandar más que nadie, en someternos a su juicio inapelable. La Sala Segunda del Supremo, Marchena al frente, manda más que el Parlamento o La Moncloa. Por eso, evidentemente, el PP quería situar a ese magistrado, precisamente a ese, y no a otro, a dominar esa Sala “por la puerta de atrás”. Se creen por encima de los millones de ciudadanos que se han dado un Gobierno legítimo. Ustedes son unos burros ignorantes, se han equivocado en no elegir a la derecha, vienen a decir, y ahora vamos a tener que ser nosotros, los jueces, los guardianes de la patria, quienes acaben con este sindiós de que gobiernen estos desharrapados de las izquierdas, tipos comunistas y bolivarianos que hasta han dejado de ir a misa.

La sentencia del fiscal general, o “una persona de su entorno”, qué desfachatez, qué desvergüenza, es una auténtica infamia. Como esa condena a David Sánchez, en la que los jueces confiesan, paladinamente, que “No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”. O sea, condena sin pruebas. ¿Hay algo peor en la actuación de la justicia? Del iluminado juez Peinado ya se ha escrito todo lo que había que escribir, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha insistido en esa furia irracional de la que antes hablábamos: Begoña Gómez a juicio con jurado porque es la esposa del presidente. Y escriben esta aberración: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación (…) puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. ¿Tiene pruebas el quinteto de jueces capitalinos de que alguien, quizá el mismísimo presidente del Gobierno, haya ejercido alguna presión? Ninguna. Ni por activa ni por pasiva ni perifrástica. Por ningún lado aparece quién o cómo se realizó esa presión punible. Relean: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación…”. O sea, el delito es estar casada con Pedro Sánchez. Como el de David Sánchez ser hermano del mismo Chucky, aquel muñeco diabólico.

Debemos destacar en letras góticas el varapalo europeo a nuestros más insignes jueces del más supremo de los tribunales, ese paraíso donde ejercen los más listos, preparados y sabios de nuestros togados patrios. Por no hablar de aquellos togados que se manifestaron delante de sus tribunales, ante la pasividad culpable del Consejo del Poder Judicial. El Tribunal de Luxemburgo los ha barrido, primero, y fregado después, con argumentos jurídicos de calado, pero la bayeta se va a resistir. Ya verán cómo van a hacer todo lo posible, Marchena, Llarena y su rondalla, para poner más palos en las ruedas que impidan, aunque sea por algunos meses, el regreso de Puigdemont. A no ser, claro está, que al PP, ese partido que se levantó en armas contra la amnistía, que sacó a la calle a cientos de miles de ciudadanos, que llamó traidor y delincuente a Sánchez en las Cortes hasta volverse roncos y que ahora no sabe qué decir ni qué hacer, le venga bien que el Supremo afloje para ablandar a Junts, a los que ahora, hay que ver qué miseria, queremos como hermanos. Pasar página, dicen los desahogados, después de haber incinerado durante años la relación de Cataluña con el resto de España.

Por cierto, hay que ver cómo se incendiaba la prensa de la caverna, esa fiel infantería tan brutal como bulera, por aquellos indultos y aquella amnistía, una aberración jurídica sin nombre, España se rompe y animaban al Supremo a reponer el garrote vil, que menos de eso sería una muestra de debilidad bochornosa. Quiere el destino –el Ojo no se lo cree- que cuando el Tribunal de Luxemburgo ha dicho lo que ha dicho, de manera precisa y cargada de sólidos argumentos, esa misma mañana, qué casualidad, la Audiencia de Madrid contraataca con Begoña Gómez y permite a todos los periódicos de la ultraderecha –ya no hay otra derecha- que titulen a todo trapo con la esposa del presidente y escondan, qué ignominia, qué absoluta falta de profesionalidad, la decisión europea. Ahí los tienen, una vez más, juntitos, como una escuadra fascista: los políticos de la derecha, los jueces y la prensa carroñera. Y ahora, la Iglesia. Inseparables, como Jeremy Irons y David Cronemberg.

Hay corazones y togas desbocadas, qué prisa –fiscal, Ábalos, Leire, Zapatero- y otros con freno y marcha atrás, como Montoro, Gürtel –aún se están viendo causas- o Kitchen. Por no hablar de ese señor que defraudó a Hacienda y que hoy, sí, hoy, años después, se pasea tan ufano por los madriles del bracete de la polímata Isabel Díaz Ayuso, la reina del vermú, acérquenme más contratos millonarios con Quirón, que los firmo todos. Ahí las puñetas se vuelven lentas, tranquilas, pausadas, hay que escribir con buena letra, vísteme despacio que tengo prisa. Y si la cosa se demora años, como ya hemos visto en algunos de esos casos, ninguna preocupación, que nosotros, los jueces, tenemos nuestro propio calendario y no va a venir nadie de fuera a decirnos cómo tenemos que actuar. ¿Han oído bien? Somos los jueces, apártense a mi paso. Y si pica, te rascas.

Alguna consideración en torno a Junts y su líder ya casi belga, Carles Puigdemont. Él y los dirigentes del partido menguante ya sabrán valorar si les interesa entablar relaciones con el PP de José María Aznar, el que manda en Génova, Núñez se limita a agachar la cerviz, aliado con Vox, cuya máxima autoridad, Santiago Abascal y cierra España, ya ha dicho que lo primero que intentará si gobierna será hacer todo lo posible para revertir el proceso de amnistía. Las bromas tienen gracia cuando no afectan a las cosas de comer. Jugar al pillastre con aquellos energúmenos es de una candidez asombrosa. Usted, señor Puigdemont, no es más listo que nadie. Quiá. Usted es un tipo desesperado que ya no sabe por dónde le vienen los vientos. Tal que si viviera en Cádiz, los aires difíciles, que decía Almudena. Ahora que está de moda la Odisea, recuerden el Canto XII de la Odisea, donde Odiseo (Ulises) se enfrenta a los cantos subyugantes de las sirenas. Hizo caso a Circe: ni se os ocurra acercaros a ellas. Así logró no naufragar. El Ojo no es Circe, qué risa, pero háganle caso y señor Puigdemont, átese al mástil.

En cuanto a PP y Vox será un luminoso espectáculo comprobar cómo se sostiene el castell con la colla formada por Puigdemont, Feijóo, Tellado y Abascal, con Ignacio Garriga como sólida base, mientras Isabel Díaz Ayuso hará de enxaneta, dado su menor peso. La gralla correrá a cargo del juez Marchena, en premio a su destacada aportación a España, España.

¡Oh, qué belleza, esa hermandad entre los pueblos! Y la fiel infantería en pleno, enfervorizada, cantará Els segadors, seguida de Soy el novio de la muerte.

Adenda. No sé si se han enterado de que España ganó el domingo la Copa del Mundo de fútbol. Allí estaba Pedro Sánchez. Y Trump, que entre bombardeo y bombardeo de Irán tuvo un hueco para acercarse a Nueva Yooool, que dice Bud Bunny. ¡Qué daño inmenso hace a la humanidad este presidente yanqui salvaje, recordémoslo siempre, elegido por sus compatriotas! Tal personaje era obvio que se iba a rodear de otros singulares artistas del circo, contorsionistas, payasos, tragasables, que ha montado en la Casa Blanca. Entre todos ellos destaca, y ya es mérito, el secretario de Estado (ministro) de la Guerra –antes de Trump se llamaba de Defensa- el marine y ex presentador de la Fox, el inefable Pete Hegseth, un animal que goza con las víctimas que producen sus armas mortíferas en la guerra que él considera santa. Tipo ridículo y atrabiliario, que fue capaz de recitar en un servicio religioso en el Pentágono un texto que él creía que procedía del Antiguo Testamento, pero que en realidad era un famoso monólogo de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction.

Ahora se ha empeñado en medir la testosterona de los soldados de Estados Unidos. Qué bárbaro, a un paso de la eugenesia y similares aberraciones de los nazis. ¿Recuperará también a Lombroso? Dicen dos inteligencias artificiales consultadas por el Ojo que existen estudios –no muy creíbles, advierten- de que los hombres de raza negra tienen un ligerísimo nivel mayor de testosterona que los blancos. Para morirse de la risa si Hegseth tiene que llenar el ejército yanqui de negros, a los que ha ido apartando de los cargos superiores. El telegénico ignorante no quiere negros. Ni mujeres.

Podía hablar con M. Rajoy. El equipo francés sin franceses y el ejército americano sin yanquis de verdad. Hay que ver. Nos van a comer los negros.

Ya lo decía Dodó Escolá: “¿Qué pasa en el Congo? Que al blanco que pillan lo hacen mondongo”.

Menos Lamine Yamal y Nico Williams. Unos héroes. Y muy, pero que muy españoles. Vamos, más que Lola Flores.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Badajoz ha anulado el nombramiento de un cargo de la Diputación pacense, por lo que deberá hacer una nueva valoración de candidatos, al entender que se han dado varias irregularidades en el proceso.

El fallo, que resuelve los recursos presentados en torno al proceso de este puesto de letrado del Gabinete de Asuntos Judiciales de la institución provincial, deja sin efecto el nombramiento de Cristina Correa, que testificó en el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en la Diputación de Badajoz, como exdirectora de Recursos Humanos, en comisión de servicios previsto .

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, se postula de esta forma “en contra del decreto de 19 de febrero pasado por el que se realiza el nombramiento” de la persona seleccionada, que tenía efectos a partir del 1 de marzo de este año.

La decisión revoca y deja sin efecto esta resolución “por estimarla no conforme a derecho” y “condena a la administración demandada a proceder a la retroacción del procedimiento solectivo al momento inmediatamente anterior a la valoración” para que la comisión del proceso “emita una nueva propuesta motivada, colegiada y suficientemente exteriorizada, con expresa conexión entre las bases, las funciones del puesto y las razones de preferencia del aspirante que, en su caso, resulte propuesto”. Además, impone a administración demandada las costas procesales.

El juzgado incide en que el análisis del proceso para el nombramiento de este puesto “no conduce por sí mismo a declarar una invalidez de pleno derecho por desviación de poder, pero sí corrobora la procedencia de anular los actos impugnados y ordenar la retroacción”.

A tenor de la legislación a este respecto, la jueza considera que “la motivación del acta de sesión de la Comisión de Valoración no solo es insuficiente, sino desajustada a las bases de la convocatoria”.

“Si se analiza la base quinta de la convocatoria se ve como todo el procedimiento selectivo queda reducido a una entrevista, cuando esta base afirma que esta entrevista consistirá además en la defensa de una Memoria que se presentará en ese momento, y que servirá de guión al aspirante para su exposición, -se afirma entre otras cuestiones- nada de esto se encuentra en el acta, y es más, ni una sola referencia se hace a la Memoria de ninguno de los candidatos”.

Julio es un mes en que la política funciona a medio gas a la espera de que cierre por completo la ventanilla en agosto. Donde sí están trabajando a conciencia es en la justicia y ya sabemos que ese es uno de los escenarios fundamentales de la política española. Es así porque hay procedimientos judiciales muy importantes que afectan a los políticos y porque las asociaciones judiciales y unos cuantos magistrados decidieron hace tiempo que tenían derecho a intervenir en política. Para ellos, la separación de poderes solo funciona en un sentido. Ellos sí creen tener derecho a implicarse en la confrontación política, como hicieron al manifestarse contra la ley de amnistía antes de que estuviera redactado el proyecto de ley.

Pocos de ellos son más conocidos que el juez Juan Carlos Peinado, que ha protagonizado una instrucción en el caso de Begoña Gómez que ha sido demencial y ha estado repleta de errores jurídicos, autos mal escritos y nada motivados y hasta un loco intento de implicar a un ministro (Bolaños) que el Tribunal Supremo cortó de raíz. La Audiencia de Madrid anuló muchos de sus autos en un porcentaje insólito y además sobre asuntos clave, pero al final esta semana ha aceptado su decisión de llevar a juicio a la esposa de Pedro Sánchez, aunque solo por dos delitos, tráfico de influencias y malversación.

Frente a los que piensan que las decisiones de los jueces en casos que implican al Gobierno son sagradas, el análisis de autos y sentencias es un derecho en una sociedad democrática, incluso una necesidad. Curiosamente, los mismos que dicen que el Gobierno o la izquierda ponen en peligro la independencia judicial con sus críticas son los que ahora rechazan el veredicto de la justicia europea, el TJUE, sobre la ley de amnistía. Los hay que, como plañideras interesadas, alegan que España está abandonada, que no tendrá ninguna ayuda exterior para salvarse y que nadie puede confiar en Europa. Han perdido tantas veces en las instancias judiciales europeas que no se dan cuenta de lo endebles que son sus argumentos. 

La Audiencia de Madrid ha completado el trabajo de Peinado y confirmado que el juicio de Gómez será con jurado. Según su relato, Begoña Gómez podría ser condenada por tráfico de influencias porque obligó a varias personas a colaborar para que prosperaran sus intereses económicos (y por malversación por el trabajo de su asesora personal en Moncloa). 

Los jueces hablan de su “privilegiada posición”. Aquí conviene reflexionar sobre ese concepto y su influencia en el caso. ¿Es un privilegio vivir en Moncloa? Desde luego, aunque no sea exactamente un palacio, sino una gran mansión. ¿Hay gente que puede estar interesada en conocerte porque eres la cónyuge del presidente? Eso es muy probable. ¿Tienes una vida muy diferente a la de un ciudadano normal? Claro. Vives en una residencia pagada con fondos públicos, cuentas con protección policial y asistes a muchos actos aburridos, pero también a otros excitantes. 

En el plano especulativo en el que se mueven últimamente muchas decisiones judiciales, incluso en sentencias, los cinco jueces de Madrid alegan que el parentesco con el presidente “puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. Pero una investigación de los indicios del caso debería haber encontrado ejemplos de esa presión irresistible que obligara a alguien a favorecer a Gómez en contra de sus primeras intenciones. No se ha hallado nada que pueda evocar una situación de ese tipo.

El auto plantea como precedente el caso Nóos y la condena a Iñaki Urdangarin y la consideración en esa sentencia de la influencia que tenía este por el hecho de estar casado con la hija del rey. Desde luego, cualquier parecido entre las cantidades que obtuvo Urdangarin y las conocidas en el caso de Begoña Gómez es inexistente.

Conceder a Gómez la dirección de una cátedra extraordinaria podría haber sido un buen ejemplo de esa recompensa, pero nadie ha probado que el rector de la Complutense fuera obligado a hacer algo que no quería. Un vicerrector comentó en su declaración que el proceso para la formación de esa cátedra fue más rápido de lo normal, pero también dijo que en ningún momento se violó la ley. 

En la Complutense de Madrid, hay registradas 44 cátedras extraordinarias hasta marzo de este año. Muchas de ellas están patrocinadas por empresas privadas que aportan dinero. La existencia de estas cátedras es una forma que tiene la universidad de financiarse. Como curiosidad, hay una en la Facultad de Farmacia (“cátedra extraordinaria de bebidas fermentadas”), apoyada económicamente por la Asociación de Cerveceros de España.

La dirección de la cátedra no le daba a Gómez la condición de catedrática, pero la Audiencia de Madrid afirma que sí le concedió “prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos”. Seguro que fue bueno para su ego, además de para seguir teniendo una actividad profesional –cierto que de no gran nivel– durante el tiempo en que su marido era el presidente. Para valorar ese prestigio, deberíamos meternos en un terreno bastante subjetivo. 

En el tema de los ingresos económicos recibidos, la Audiencia ofrece la mayor perla de su auto. Sostiene que Gómez “disparó sus ingresos de forma exponencial”, aunque de inmediato reconoce que con “cifras muy moderadas”. Vamos a ver, ¿es mucho dinero o poco? ¿Esos magistrados conocen el significado de la palabra 'exponencial'? Porque no lo parece.

Recapitulando, Gómez cobró cero euros por dirigir esa cátedra. Cobró cero euros por el software financiado por la aportación de empresas privadas para su uso gratuito por otras compañías. Cobró una cantidad pequeña de dinero por dirigir los másters integrados en esa cátedra. Sus ingresos más altos fueron en 2022 con 14.900 euros anuales. 14.000 euros fue la cifra del salario mínimo de ese año. 

¿Begoña Gómez utilizó su “privilegiada posición” y la “presión moral” sobre otros que le daba el hecho de ser la mujer de Sánchez para “disparar” sus ingresos hasta recibir la escuálida cantidad de 14.000 euros anuales en uno de esos años? 

Los jueces de Madrid dejan claro un criterio para el futuro. Ningún cónyuge de un presidente debería plantearse trabajar por su cuenta. Aunque no haga nada ilegal, su parentesco seguirá causando una “presión moral” sobre las personas con las que se relacione si están en algún organismo público, como una universidad. Y si no gana dinero (como por el uso del software para empresas) o gana muy poco dinero (por las cantidades percibidas por dirigir un máster), da completamente igual. Unos jueces dirán que el beneficio es inmaterial o que se puede medir en términos de prestigio social. Será mejor que tenga un hobby que llene su tiempo.

Da igual lo que digan los testigos

El tribunal que condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación dejó una frase muy reveladora sobre sus intenciones. Despreció no ya las declaraciones de los otros acusados, sino también de los testigos –directores de conservatorio– que declararon en el juicio que Sánchez estaba capacitado para el puesto y realizó las funciones por las que fue contratado. Se atuvo a lo manifestado en la vista por el teniente coronel de la UCO Antonio Balas. La Diputación de Badajoz es una institución jerárquica, como lo son todas y también las empresas privadas, por lo que no se puede creer a nadie que trabajara allí, fueran altos cargos o funcionarios.

“Como ya hemos apuntado, dichas personas forman parte de una estructura fuertemente jerarquizada, con tintes políticos, presidencialista, y dichas circunstancias conducen a que tengamos que poner en tela de juicio la credibilidad de los testimonios prestados por personas profesional y directamente relacionadas con los acusados cuando no dependientes de estos o militantes en el mismo partido”, dice la sentencia.

Para justificar que no se condene a los acusados por tráfico de influencias, el tribunal se ve obligado a reconocer que “no sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”. Ni en la instrucción ni en el juicio aparecieron pruebas de que alguien diera las órdenes en esa estructura tan jerarquizada para que se violara la ley.

Tanto tiempo escuchando que lo que cuenta de cara a la sentencia es lo que se diga y se pruebe en la vista y que la instrucción solo sirve para decidir si se debe celebrar un juicio y ahora llegamos a la conclusión de que las declaraciones de los testigos son irrelevantes si trabajan en una institución. Lo que importa es la opinión de los investigadores policiales y sus deducciones sobre el funcionamiento de una Diputación en este caso, a pesar de que no se puede decir que sean expertos en Derecho Administrativo. Bajo estas condiciones, es difícil desechar la idea de que los jueces tenían claro el veredicto antes de que empezara el juicio.

El titular con el que salivaban la derecha y la ultraderecha ha ocupado todos los medios de comunicación esta semana. La sentencia salió justo unos minutos antes de que el Gobierno estatal anunciara el recurso de inconstitucionalidad a la infame ley extremeña de Concordia. Una pena y desde luego una extraña coincidencia que esa noticia haya quedado opacada por una de las sentencias más esperadas de los últimos años. Condenados sí, pero con una condena menor, ya que no se ha demostrado ni tráfico de influencias ni enriquecimiento ilícito ni nada por lo que los acusados vayan a pisar la cárcel que era el sueño húmedo de la acusación. Una condena administrativa que entrará en años de recursos y que veremos si finalmente es definitiva aunque el titular mediático ya está y eso era lo que algunos simplemente querían.

Defender que hay que condenar el enchufismo y que si este es el rasero con el que se van a perseguir las redes clientelares nos va a parecer bien, siempre que se aplique a todos los casos por igual y no solo a este por ser el beneficiario quien era, parece que nos sitúa del lado del lawfare y nada más equivocado. Se puede estar en contra de la instrumentalización de la justicia (cuando la hay) y ser inflexible ante las redes clientelares que deterioran las instituciones.

En 2017 Podemos Extremadura denunció que la plaza de coordinador de los conservatorios de música de Badajoz olía mal. Básicamente, no entendíamos tanta opacidad en la creación de una plaza a la que se optaba a través de un proceso en el que no había baremos, ni titulación requerida y todo se valoraba a través de una entrevista personal de la diputada de Cultura. Quienes no hayan vivido en sus propias carnes el caciquismo y clientelismo que ha operado y sigue haciéndolo en las instituciones públicas de Extremadura quizás no entienda que seamos tan sumamente tajantes con este tema. Estoy muy cansada de escuchar la maldita frase de “esa plaza está dada” que ha obligado a miles de personas en nuestra tierra a tener que coger las maletas por no tener el carnet político de turno o conocer a la persona adecuada. El clientelismo no es una corrupción de baja intensidad, es la mejor manera de tener amordazado y anestesiado a un pueblo. Pocas voces se alzarán si saben que siempre estarán en deuda porque lo que tienen no se lo ganaron mostrando mérito y capacidad. Y esa es una de las lacras que desde siempre ha corroído a Extremadura.

En Extremadura no estamos muy acostumbrados a ser el centro de la noticia política, pero últimamente además de habernos convertido en el laboratorio de las políticas neofascistas de las derechas, el juicio del hermano del presidente también nos ha situado tristemente en el mapa. Y no les voy a negar que escribo estas líneas cabreada por el centralismo mediático y que con este caso se ha hecho más que evidente. En muchas tertulias de opinión de los medios generalistas se ha hablado y criticado la posición de Unidas por Extremadura respecto a esta sentencia ,pero apenas hemos tenido la suerte de que nos pregunten directamente qué opinamos. Supongo que la soberbia de aquellos que piensan que desde dentro de la M30 se puede ver con mayor claridad la realidad del país, les impide entender que no es así y que quizás en sus valoraciones no se tienen en cuenta cuestiones que son esenciales para entender el todo. Aunque en el fondo también soy consciente de que en este continuo “conmigo o contra mí” en el que se ha convertido la política patria lo esencial no es entender, comprender e incluso asumir con honestidad que hay cosas que no se pueden hacer así de mal, lo importante para algunos es imponer su relato aunque sepan que es un relato tramposo.

Les tengo que recordar, y así me sirve también a mí para cerciorarme de que actúo fiel a mis principios, que algunas llegamos a la política asqueadas de la corrupción del bipartidismo y que soñábamos con cambiarlo todo. El régimen del 78 tenía firmado un pacto de las élites donde pasara lo que pasara lo importante era mantener el status quo de los dos grandes partidos. El PSOE siguió funcionando como si fueran inmunes, como si estuvieran vacunados contra las operaciones del Estado profundo que nos había sacudido a los demás de manera cruenta y sin piedad. Esa inmunidad, ese pacto entre caballeros se rompió y el PSOE ha tardado en reaccionar. Supongo que en la intimidad reconocen el error de pactar con el PP la renovación del Consejo del Poder Judicial. El caso Leire Díez y lo que sabemos fruto de las investigaciones es que de manera más chapucera y ridícula el PSOE quería hacer lo mismo que Villarejo hacía para el PP, limpiar la escena del crimen al más puro estilo señor Lobo en la maravillosa e icónica Pulp Fiction.

Hay algunas preguntas que tienen fácil respuesta. ¿Estamos ante la instrumentalización de la justicia para atacar a los rivales políticos y con ello tumbar el gobierno? Es evidente que sí, que hay jueces que llevan mucho tiempo haciendo política desde sus estrados. Poner el grito en el cielo ahora cuando llevamos años viendo una instrumentalización de la justicia bochornosa y escandalosa es curioso. Quienes arremetían contra el ministerio de Igualdad por las consecuencias de la Ley del Solo Sí es Sí y tachaban de barbaridad decir que hay fachas con toga, ahora tachan de lawfare cualquier causa que ataque al gobierno.

Es evidente que el juicio a la señora Begoña Gómez está orquestado por un juez que de manera desquiciada vuelca su odio visceral en un procedimiento que es un escándalo y no se me caen los anillos en reconocerlo y en mostrar todo mi apoyo a una mujer que está sufriendo un maltrato judicial más que evidente. Lo último es que va a ser juzgada por un jurado popular, van a tener difícil, si no imposible, encontrar alguien que no esté posicionado en este caso. Y es más que evidente que la justicia no es igual para todos. Esta misma semana hemos visto cómo han detenido a dos activistas que denunciaban la emergencia habitacional en Mallorca haciendo una pintada en una inmobiliaria mientras escuadrones fascistas pululan libremente amedrentando familias para echarlas de sus casas con las empresas de Desokupación.

Dicho todo esto, en política mantener posiciones que no son las que se esperan de un bando o de otro conlleva ser tachado muy rápidamente de traidor o cooperador con el enemigo, pero creo que hay dos razones importantes que no se nos deberían de olvidar a quienes nos dedicamos a esto, la coherencia y la firmeza en los principios, sin ellas estamos perdidas.

La condena de nueve años de inhabilitación por cooperar en una prevaricación a David Sánchez remite a otra que le llegó, pasado ya el epílogo de su carrera política, a quien durante décadas ejemplificó el paradigma del clientelismo en los entes provinciales. José Luis Baltar, autodenominado o cacique bo (el cacique bueno), presidente de la Deputación de Ourense por el PP entre 1990 y 2012, recibió ya jubilado la misma pena que el hermano de Pedro Sánchez pese al abismo existente entre ambas conductas. A Baltar lo declararon culpable de enchufar en la institución a 104 personas, todas ellas próximas a cargos del partido –y, al contrario que Sánchez, ninguna condenada– para amarrar el nombramiento de su hijo Manuel como sucesor al frente del PP ourensano.

La sentencia condenatoria a Baltar absuelve a los 104 enchufados que aceptaron el empleo a sabiendas del trato de favor. En el caso de David Sánchez, la Audiencia Provincial de Badajoz sí castiga al que supuestamente fue enchufado, aunque no hay pruebas de quién lo ordenó ni por qué. La sentencia censura a Sánchez por haber hecho todos los trámites para conseguir la plaza a sabiendas de que se había creado para él, aunque el tribunal aclara que no puede condenarle por esos hechos porque admite que el delito estaría prescrito.

La Audiencia Provincial de Badajoz sostiene en su sentencia que “el enchufismo, entendido como la práctica de colocar a personas en puestos públicos atendiendo a relaciones personales o de poder en lugar de al mérito y la capacidad, es una lacra para la administración pública”. Y que “la ciudadanía percibe con razón que el acceso a determinados puestos no se produce en igualdad de condiciones, lo que erosiona la confianza en las instituciones”. Sin embargo, la sentencia aclara que el tribunal no tiene ninguna prueba de que David Sánchez cometiera tráfico de influencias para lograr ese puesto de trabajo y tan solo le condena porque, supuestamente, cooperó en el cambio de denominación de su plaza que no comportó un aumento de sueldo.

En Ourense, los hechos atribuidos a José Luis Baltar estaban avalados por indicios sólidos de un tráfico de influencias para colocar a todas esas personas. Su hijo saldría indemne años después de la acusación de ofrecer trabajo, no a cambio de favores políticos sino de sexo. La condena sólo le llegaría tras ser cazado por un radar a 215 kilómetros por hora. Su peaje fue renunciar a la Deputación a cambio de convertirse en senador por designación autonómica. Hoy sigue en el cargo.

El centenar de enchufes confirmados por sentencia judicial es solo la punta del iceberg. Estimaciones –como la de los autores del libro Os Baltar. A senda do caciquismo na democracia plena– multiplican esa cifra al menos por diez, algunos tan llamativos como la contratación, en 2009, de 33 porteros para un centro cultural que solo tenía dos accesos. “Parece que la Deputación era una empresa privada”, llega a decir en su sentencia la jueza que condenó a Baltar padre por un delito continuado de prevaricación.

“Esta vez, entre los agraciados estaban, sin ánimo exhaustivo, un hijo del regidor de Muíños –el otro ya había alcanzado antes la plaza–, una sobrina del alcalde de Barbadás es presidente del Inorde [Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico], una candidata popular en Petín, la hija del alcalde de Boborás, una nieta del teniente de alcalde de Sarreaus y el hijo de un ex-edil de la capital”, enumeran Cristina Huete y Primitivo Carbajo en Os Baltar antes de reflexionar: “Llegaban siempre mejor preparados por la estimulación de la boina”. La boina era el distintivo de la facción rural del PP gallego, por contraposición a los birretes urbanitas liderados por Mariano Rajoy y Romay Beccaría, el mentor de Núñez Feijóo.

La de los autores no era una afirmación gratuita. En 2001, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó repetir unas oposiciones a técnico de la Deputación porque se “vulneraron principios básicos”, entre ellos, que no se garantizó el anonimato de los participantes. Los cuatro candidatos seleccionados por un tribunal en el que estaba el propio Baltar fueron un hijo de otro barón de la boina –Cacharro Pardo, entonces presidente de la Deputación de Lugo–, los hijos de dos diputados provinciales y una hija de un exalcalde de Ourense por la UCD, formación de la que surgió Centristas de Galicia, la formación coliderada por el cacique bo y que en 1991 se integró en el PP. Cuando el escándalo de aquellas pruebas llegó a la sede de la Xunta, Manuel Fraga, entonces presidente, dejó una justificación para la historia: “Los hijos de las familias prominentes salen mejor preparados”. Tres lustros después, Baltar intentaría descargar en el hijo de Cacharro –ascendido hasta secretario general de la Deputación– su propia responsabilidad penal: lo culpó ante la jueza de no avisarle de que existía una ordenanza que regulaba la provisión de puestos de trabajo y que, entre otras cosas, obligaba a dar publicidad a las convocatorias.

La titular del Penal número 1 de Ourense no lo creyó. En su sentencia, describía cómo el cacique bo “procedió a la contratación con conciencia de que faltaban los principios básicos de cualquier contratación pública, como es la publicidad de dichos contratos para que cualquier persona pudiera acceder, privando el acceso a la fundación pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad”. “Nadie pone en duda –indica el fallo- que las 104 personas contratadas no tuvieran capacidad suficiente para desempeñar el puesto de trabajo para el que fueron contratadas, lo que está penalmente tipificado es que en un organismo público se realicen contrataciones sin cumplir la ley”, concluía.

“Chispas relax”

José Luis Baltar recibió la condena a punto de cumplir los 74 años y con el objetivo cumplido: asegurar el mando en plaza para su hijo, Manuel. La sucesión, entendida en Ourense como un proceso natural, se había visto amenazada desde Santiago por un Núñez Feijóo recién llegado a la Xunta. Hijo del birrete, el sucesor de Fraga no quería en su territorio un virrey que le pudiese organizar una rebelión como la que sufrió –y perdió– su predecesor.

En 2004, meses antes de que el PP perdiese el gobierno gallego, Baltar padre se hartó de los “desaires” que, a su entender, recibía de San Caetano, y que veía impulsados por el sector de los birretes, en concreto, por Rajoy. Así que ordenó a sus cinco diputados en el Parlamento –entre ellos, su propio hijo y el actual presidente de la Cámara, Miguel Santalices– que se encerrasen en un piso en Ourense y no acudiesen al Pazo do Hórreo. Fraga tuvo que dar su brazo a torcer para no perder la mayoría absoluta en el pleno. El propio presidente de la Deputación fue a buscar a los diputados en su coche al piso franco y los llevó de vuelta a Santiago, no sin antes dejar un recado para sus rivales internos: “Don Manuel, dígales que dejen de tocar las pelotas”.

Eso era lo que temía Feijóo, así que, en el congreso provincial del partido, en 2010, presentó a su propio candidato, Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde de Verín, la localidad que competía con O Carballiño por ser el segundo concello más poblado de Ourense. Tras una campaña a cara de perro, O fillo se impuso por un 62% de los votos frente al 37%. Fue la primera derrota orgánica del líder popular en Galicia. Posiblemente, la única. Nunca más presentó batalla en ese feudo. Hasta su caída en desgracia por pisar el acelerador a fondo, Baltar Jr. renovó el cargo en congresos a la búlgara, con apoyos siempre cercanos al 100%.

El mismo año en que el padre fue condenado, la causa contra el hijo por ofrecer trabajo a cambio de sexo llegó a los juzgados. La jueza dio credibilidad a las conversaciones grabadas y los mensajes presentados por la denunciante. El que decía “¿Te gusta el champán? Celebraremos que estaremos muy juntos. Chispas. Relax. Bs” llegó a inspirar una canción del grupo Novedades Carminha. Sin embargo, la causa –que la misma Fiscalía recurrió– fue archivada porque, según la jueza, a la que los Baltar quisieron apartar del caso, “no queda suficientemente justificado” que se diese “uno de los elementos” sustanciales del tipo penal: la existencia de una relación de “prestación de servicios”.

El auto de archivo considera acreditado que la denunciante realizó labores de interventora del PP y se encargó de organizar un evento electoral. Pero eso sucedió en 2008, dos años antes de que Baltar hijo mandase en el partido y cuatro de que lo hiciese en la Deputación. Por tanto, no niega que el acusado “solicitase o al menos acepta un favor de naturaleza sexual” para “hacer lo posible por facilitar la obtención de un trabajo” sin “cumplir los requisitos legales”. No obstante, no encuentra “suficientemente justificado” que “se comunicara de forma alguna” con cargos de la Deputación para gestionar ese puesto ni tampoco que su padre, todavía presidente, “diese instrucciones” para cumplir la promesa de su hijo.

Los tribunales ya no son ese el lugar donde se imparte justicia, sino la plaza en la que se libra la verdadera batalla política y donde las derechas se han propuesto cercar al presidente del Gobierno. Primero fue el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos nunca probado, después el hermano por ser cooperador de otro de prevaricación y, ahora, van a por Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos… Ya saben que cinco magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid han decidido este jueves que la esposa de Pedro Sánchez debe sentarse en el banquillo frente a un jurado popular, avalando así el dictado del controvertido juez Peinado.

La progresión de los casos, a modo de guion, ha sido anticipada por las derechas política, mediática, policial y judicial desde hace meses. En las televisiones, en las radios y en todos los mentideros madrileños, antes incluso de que los jueces redactaran autos, abrieran diligencias o firmaran sentencias sobre el fiscal, sobre el hermano de Sánchez y sobre Gómez. Nadie puede extrañarse de que haya sospechas sobre la coincidencia del calendario judicial y la existencia de un plan preconcebido y tampoco de que existan dudas sobre si el ardid tendrá o no un efecto boomerang contra un Feijóo que hiperventila con cada decisión judicial, pero no logra sumar un voto más a su granero electoral. Al contrario, los pierde a chorros en beneficio de Vox.

Es un hecho, y no una conjetura, que la sentencia contra el ex fiscal general del Estado careció de la solidez probatoria que merecía un caso de tanta trascendencia y que se construyó sobre una hipótesis, como demuestra que el tribunal acuñara un nuevo sujeto penal -el entorno del acusado- para condenarlo por un delito de revelación de secretos.

Es un hecho, y no una conjetura, que al hermano de Sánchez se le acusó de fraude fiscal, de enriquecimiento ilícito y hasta de tráfico de influencias y que, al final, ha sido condenado por ser “cooperador necesario” para un delito de prevaricación cometido supuestamente por otros -técnicos de la Diputación de Badajoz- para cambiar la nomenclatura de un cargo del que fue beneficiario cuando Pedro Sánchez no era ni diputado, ni secretario general del PSOE, ni presidente del Gobierno. Lo que viene a decir la sentencia es que alguien hizo algo para beneficiar a alguien, pero no se ha probado ni el qué, ni el quién ni el cómo, pero, sin embargo, hay un policía que, sin acreditar conocimientos de Derecho Administrativo, está seguro de que se cometió una ilegalidad en la creación de una plaza de libre designación.

Es un hecho también, y no una conjetura, que la instrucción de Juan Carlos Peinado en el caso Begoña Gómez ha sido corregida repetidamente por su superior jerárquico, que anuló en el pasado por “falta manifiesta de motivación” un primer intento de enviar la causa a un tribunal con jurado popular.

Es también un hecho, y no una conjetura, que la Fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa por entender que los hechos no eran constitutivos de delito.

Es un hecho, y no una conjetura, que la defensa ha calificado la instrucción de “prospectiva” al argüir que se investiga a la esposa del presidente por ser quién es y no por haber cometido ningún delito.

Es un hecho, y no una conjetura, que no se puede descartar de entrada la existencia de un delito porque la investigada sea la esposa del presidente, pero tampoco lo contrario, esto es dar por probada su culpabilidad por el mismo motivo, si bien este escenario se ha dado por descontado por sesudos analistas antes de que Gómez se siente en el banquillo.

Es un hecho, y no una conjetura, que las instrucciones del juez Peinado son discutidas y, que cuantas veces la Audiencia de Madrid le ha enmendado en el caso de Begoña Gómez no se ha dado por aludido.

Y es un hecho, no una conjetura, que una parte de la alta judicatura española está más pendiente de sus cuitas internas, de satisfacer intereses partidistas y de postularse ante un eventual cambio de gobierno que de impartir justicia y aplicar el derecho.

La decisión de la Audiencia Provincial de avalar la decisión de Peinado para que Gómez sea juzgada por un tribunal popular no es menor. De hecho, importa más de lo que parece porque la Ley del Tribunal del Jurado no es un simple trámite, ya que implica un tipo de enjuiciamiento distinto, con sus propias reglas de veredicto. Su aplicación exige además que el instructor motive con especial rigor por qué los hechos encajan en los delitos que la ley reserva a ese procedimiento, y que la propia Audiencia de Madrid haya tenido que recordárselo dos veces al mismo juez no habla bien de la instrucción, al margen de que Gómez sea finalmente declarada culpable o inocente.

El 92% de las sentencias dictadas por jurados populares en España son condenatorias, según los últimos datos disponibles del Consejo General del Poder Judicial. Y, aunque sea una cifra que no prejuzga nada sobre este caso concreto, explica perfectamente por qué la decisión que ha adoptado la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid tiene más trascendencia de la que se le otorga.

Y es que España vive un momento en el que cada resolución judicial que afecta al círculo más próximo del presidente del Gobierno se interpreta, casi instantáneamente, como una pieza de ajedrez en una partida que nada tiene que ver con el derecho y todo con la forma en que se hace política… y periodismo.

Cuando la Audiencia de Badajoz sostiene en una sentencia que “el tribunal no puede, sino conjeturar” para explicar por qué condenaba a David Sánchez por prevaricación, pero lo absolvía del delito de tráfico de influencias situaba el debate en algo nuclear para un proceso penal, que es dónde está la frontera entre la prueba y la inferencia y si, cuando esa línea se cruza, podemos hablar de justicia.

Los tres casos que han dominado la actualidad judicial de los últimos tiempos son, en el fondo, tres ejercicios distintos de ese difuso límite. En el del ex fiscal general, el Tribunal Supremo tuvo que reconstruir, sin una confesión ni una grabación o documento de la orden concreta, quién filtró un correo electrónico a la prensa y los mismos indicios, examinados por distintos juristas, produjeron dos lecturas opuestas sobre si constituían prueba o solo sospecha.

En el de David Sánchez, los propios magistrados reconocieron que solo podían “conjeturar” sobre si los creadores de la plaza buscaron o no congraciarse con Pedro Sánchez, y que esa especulación, por plausible que pareciera, no alcanzaba el estándar probatorio necesario para condenar a su hermano por tráfico de influencias.

Y el caso de Begoña Gómez, todavía pendiente de juzgar, es en el fondo una discusión sobre si se ha llegado a construir toda la causa únicamente con indicios y una narrativa político-periodística tan falaz como eficaz, pero sin una sola prueba. De eso hablamos. De un país que, como dice Feijóo, está siendo “agredida por altas instituciones”, pero no precisamente por las que pretende apuntar el aspirante a presidente.

Hace unos días el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena, en una conferencia dictada en la Universidad CEU San Pablo en El Escorial, calificó de “tragedia” la desconfianza que los ciudadanos manifiestan en las encuestas sobre la justicia. Una sociedad, concluyó, no puede sobrevivir sin confiar en la justicia.

La sociedad contemporánea, que descansa en el principio de igualdad como técnica de gestión de las diferencias personales, es una cadena ininterrumpida de relaciones jurídicas. Con base en el principio de igualdad todas las relaciones entre los seres humanos son relaciones jurídicas. Entre individuos jurídicamente iguales y, como consecuencia de ello, libres, no hay más forma de relación que el acuerdo de voluntades, el pacto, el contrato.

En la inmensa mayoría, por no decir en la casi totalidad de esas relaciones entre los seres humanos, no se produce ningún conflicto. Las voluntades individuales que entran en contacto en una relación, que no puede no ser jurídica, se mantienen dentro de los límites establecidos por la voluntad general, es decir, por la ley. Posiblemente, no llega ni al 1% las conductas que se desvían de lo que la voluntad general establece para cada relación jurídica en cualquier esfera de la convivencia.

Ocurre, sin embargo, que ese 1% o algo menos son millones de casos. Con un sistema de administración de justicia fiable esa desviación del 1% es manejable. Pero si ese sistema de administración de justicia no es fiable, el 1% se multiplica de tal manera que la convivencia pacífica resulta imposible. La deriva hacia la anomia resulta irresistible.

Las sociedades democráticamente constituidas son posibles porque los ciudadanos, en primer lugar, cumplimos voluntariamente la casi totalidad de las normas que integran el ordenamiento jurídico y, en segundo lugar, porque los conflictos que se producen, cuando hay una desviación de la norma, son resueltos por jueces y magistrados independientes e imparciales únicamente sometidos al imperio de la ley.

La confianza ciudadana en la administración de justicia es, por tanto, una condición sine qua non para la democracia como forma política. Esto es algo que no puede ser siquiera sometido a discusión.

Ahora bien, la confianza ciudadana exige que los jueces y magistrados que integran el poder judicial acrediten en el ejercicio de la función jurisdiccional que su conducta se adecúa a los principios constitucionales que deben presidir dicho ejercicio. Son los que figuran en el artículo 117.1 de la Constitución.

Cuando esto ocurre, no suele haber desconfianza. Cuando no es así, la desconfianza se impone. Esto es lo que indican las encuestas. Los ciudadanos no tienen confianza por igual en todo el sistema de administración de justicia, sino que tienen mucha confianza en alguna parte, una confianza razonable en otra y poca o casi ninguna en otra.

El problema radica en que la parte en la que no tienen confianza está en la cúspide del sistema de administración de justicia e incide de manera muy notable en el funcionamiento del sistema político de la democracia. La sospecha de que hay jueces y magistrados en los más altos órganos jurisdiccionales que tienen una agenda política propia que confluye con la de determinadas opciones políticas, es lo que resulta insoportable.

Y es lo que está ocurriendo en esta legislatura con cada vez mayor intensidad. Una vez que conocido el resultado electoral el 23 de julio de 2023 y que la investidura del presidente del Gobierno requería inexcusablemente los escaños de Junts, se hizo patente que se produciría la aprobación de una ley de amnistía. A partir de ese momento, a la guerra de guerrillas parlamentaria que iniciaron PP y Vox antes incluso de la investidura se anudó una guerra de guerrillas judicial, con la finalidad de derribar al Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

La legislatura en su totalidad ha estado presidida por esa combinación de la agenda política de las derechas en las Cortes Generales y en los Parlamentos de diversas comunidades autónomas con la agenda judicial de jueces y magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de diversos tribunales de justicia de las comunidades e incluso con los consejeros del Tribunal de Cuentas.

La novedad en esta legislatura de la combinación de la agenda política con la judicial en la operación de acoso y derribo al Gobierno, ha sido, además, la extensión del acoso a la familia del presidente del Gobierno.

En este 14 de julio se ha hecho pública la sentencia que condena al hermano del presidente del Gobierno por un delito de prevaricación administrativa por presentarse a un concurso para la provisión de una plaza de coordinador de los distintos conservatorios en la Diputación Provincial de Badajoz. ¿Puede el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución convertirse en un delito de prevaricación administrativa? ¿Hubiera sido procesado y condenado David Sánchez si no hubiera sido hermano del presidente?

Las preguntas se responden por sí mismas. ¿Hay alguien que pueda tener confianza en unos jueces que dictan la sentencia que han dictado en la Audiencia Provincial de Badajoz contra David Sánchez?

Emilio Cortés, letrado de David Sánchez, ha afirmado que recurrirá la pena de nueve años de inhabilitación establecida por la Audiencia de Badajoz, al expresar que la sentencia “no aporta pruebas de cargo que justifiquen esta condena”.

El abogado ha expresado que “está totalmente en desacuerdo con que haya existido cualquier tipo de prueba” que justifique que David Sánchez contribuyó a la modificación de la plaza en la que trabajaba inicialmente en la Diputación (coordinador de conservatorios) a la de jefe de la oficina de Artes Escénicas.

Emilio Cortés, en declaraciones a Efe, ha recordado en este sentido que David Sánchez “solo ha sido condenado por la modificación de la plaza, no por la creación de ésta ni por la contratación de Luis Carrero”, aunque pese a ello y a la inexistencia de pena de cárcel “se está en desacuerdo con la sentencia, pues no hay ninguna prueba” que avale esa modificación de la plaza.

El letrado, quien ha lamentado por tanto que se acuse a David Sánchez de influenciar en la Diputación, tal y como expresan las acusaciones, ha afirmado en este marco que “hay gente que no dará su brazo a torcer” a la hora de “minar un sistema de gobierno, como buscan las acusaciones populares”.

Cortés se ha mostrado convencido de que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) “estudiará y resolverá conforme a derecho” el recurso, sobre el cual aún desconoce la fecha de presentación.

David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación para cargo público, pero se le absuelve de tráfico de influencias. Desde 2017, el hermano de Pedro Sánchez había ocupado el cargo de coordinador de las Actividades de los Conservatorios y, después, ese puesto se transformó en Jefe de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. A David Sánchez le condenan a 9 años de inhabilitación para cargo público, pero se le absuelve de tráfico de influencias. Dicen que sí hubo amaño para su contratación, pero los jueces admiten que no hay pruebas de que nadie presionara para ese amaño o, al menos, es algo que no ha se ha podido probar en el juicio.

¿Entonces? ¿Por qué se condena a David Sánchez? Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero.

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Resulta doloroso intentar leer la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz contra David Sánchez; no solo porque cuesta trabajo hilar el discurso de una resolución tan triste sino, sobre todo, porque al profundizar en su lectura comienzan a entreverse las tensiones de un argumentario forzado que difícilmente se sostiene.

Empezando por el final, el fallo estaba descontado de antemano. Después de toda la tormenta y el estropicio mediático, puesta la UCO en la picota, era absolutamente imposible que la Audiencia dejara a David Sánchez sin condena; sin embargo, la falta de pruebas y la deriva de un proceso claramente dirigido han obligado a los magistrados a un ejercicio de contorsionismo procesal que lastra la coherencia del relato.

Quedémonos con los hechos declarados probados: la sentencia se centra en tres decisiones a las que otorga autonomía jurídica como delitos independientes, aunque en realidad parecen relativamente vinculadas entre sí. Veámoslas brevemente. En primer lugar, tendríamos la contratación de David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios de Badajoz; se saca la plaza, concurren diversas personas y termina adjudicada al acusado en mayo de 2017. Este es el hecho, puro y simple. Y aquí viene la primera sorpresa: la sentencia descarta que David Sánchez o alguien de su entorno influyera en esta decisión, dejando en el aire que su contratación fue un designio de favorecer a quien era el hermano de “una figura política señera y futuro secretario general del PSOE”. Señera, dicen; o sea, en aquel momento el hermano de nadie. La sentencia, de forma no necesariamente compatible con lo anterior, recordará que Miguel Ángel Gallardo había apoyado a Susana Díaz en el proceso de primarias del Partido Socialista, así que ya ven ustedes el designio. Imaginen lo que hubiera pasado de haber apoyado, por casualidad, a Pedro Sánchez.

En fin, se descarta el tráfico de influencias, y esto es fundamental. La ausencia de influencias ilícitas condiciona decisivamente el resto del texto condenatorio, del que destacan evidencias de descargo. Por ejemplo, la sentencia no hace ni la menor mención a la posibilidad de que alguna otra de las personas que se presentaron a la plaza tuvieran un currículum igual o superior al presentado por David Sánchez, que aceptó el puesto “una vez terminado un máster en Milán tras una estancia en San Petersburgo” para terminar en Badajoz. Bien pudo imaginar que ganaría el concurso. La unión de estos dos datos (no hubo influencias externas y no consta que otro se mereciera el puesto por encima del acusado) deja la acusación de prevaricación en el aire. ¿Por qué estuvo mal contratarlo? La sentencia se descuelga con argumentos de puro estropicio: chismes de gente y algún empleado que entendía que era preferible ampliar el horario de la biblioteca que contratar a un director que venía de Rusia. Sostiene la sentencia que la plaza era “innecesaria y vacía de contenido” porque esta labor de coordinación la realizaba, no se lo pierdan, “el propio profesorado de los conservatorios, en horas no lectivas sin cobrar emolumento alguno” (sic). Este es el nivel. La sentencia reconoce que años atrás había un funcionario que se ocupaba de estos menesteres pero era, dice, de “inferior categoría”. Por cierto, la sentencia, con lo larga que es, no nos aclara el salario de David Sánchez; muy probablemente no ganaba más que los magistrados que lo han condenado. Pero no nos confundamos: aunque alguien crea mejor contratar a un bibliotecario, la decisión de qué puestos públicos sacar es una opción de gestión política, donde la justicia penal no debería intervenir, cuando el candidato parece el mejor y nadie ha promovido con influencias ilícitas su contratación.

El segundo hecho recogido en la sentencia es muy curioso: según parece, David Sánchez no se quedó con los brazos cruzados cobrando su paguita por no hacer nada, sino que, fruto de sus “inquietudes” (término que se repite hasta cinco veces), se fue embarcando en un importante proyecto cultural de ópera en Badajoz, denominado “Ópera Joven”. De nuevo, la sentencia destaca por lo que no dice: no dice que este proyecto fuera un embuste ni un engaño, ni cuestiona su valor cultural. Por el contrario, se deduce que se trata de una iniciativa real que podría tener cierto interés, incluso para aquellos que sueñan con bibliotecarios. Ante esta circunstancia, y de manera que parece correcta, la Diputación decidió incorporar esta iniciativa, vinculada a la ópera, al puesto de trabajo de David Sánchez y a las competencias que desempeñaba. Visto desde fuera, y sin haber leído más que la sentencia, no parece haber nada malo en ello.

La sentencia insistirá, de nuevo, en que para esta modificación de competencias, con el cambio de nombre que llevó aparejado, no hay pruebas de que el acusado David Sánchez haya realizado ningún tipo de prevalimiento sobre terceros. Tampoco hay tráfico de influencias. De hecho, ni siquiera se dirá en ningún lado de la sentencia que la idea del cambio de nombre de la plaza, para incluir lo que David Sánchez ya estaba haciendo, fuera del propio acusado. El delito está, según la sentencia, en que David Sánchez, llevado por sus inquietudes, empezó a hacer cosas que no se correspondían con el puesto para el que le habían contratado. Hay cosas que en España te matan. La sentencia no aclara, por fortuna, lo que debería haber hecho la Diputación de Badajoz al advertir que un empleado suyo estaba gestionando llevar ópera a Badajoz. ¿Sería más propio despedirlo, tal vez decirle que no lo hiciera? ¿O no es más correcto, y en todo caso una opción de gestión pública, incorporar esa labor a su cometido profesional, sobre todo cuando, repito, no consta nadie mejor dotado para la labor y no consta prevalimiento de influencias?

Y el tercer hecho que la sentencia tiene por prevaricador es la contratación por la Diputación de un antiguo colaborador de David Sánchez en proyectos operísticos para que le ayudase en su labor. La sentencia reiterará, por tercera vez, que tampoco en relación con este puesto de trabajo se han acreditado presiones o influjos de nadie sobre los responsables de sacarlo a la luz. Y de nuevo, el contrato es real, con un cometido acreditado con documentación y comunicaciones, que nos hablan de coordinación de proyectos, planificación y confección de presentaciones; no consta que el colaborador se fuera a Badajoz a vivir de parranda. También se aclara, por si las dudas, que sacada la plaza a concurso no se presentó nadie más que este colaborador, a quien le adjudicaron el puesto y se puso a trabajar para la Diputación. Francamente, no se termina de ver la prevaricación por ningún lado: no consta que nadie le haya enchufado, no consta que se haya aprovechado de alguna suerte de ventaja indebida frente a ningún otro que se hubiera presentado.

Cuando la sentencia llega al fin, después de repetir menudencias y contradicciones durante trescientos cincuenta folios, con páginas y páginas de jurisprudencia al uso, se da cuenta de algo grotesco: se han olvidado de David Sánchez. Porque, claro, si no hay influencia, si no hay prevalimiento, si nadie ha hablado con el presidente de la Diputación para que saque el puesto al hermanísimo, ni para que amplíe sus competencias cambiándole el nombre al puesto, entonces ¿cómo condenar a David Sánchez? Y aquí viene el relámpago de la guinda, en apenas un folio: ha de ser condenado porque “se presentó a la convocatoria”. ¿Qué les parece? Es un delincuente porque se presentó al puesto y, cuando se lo dieron, orientó “sus inquietudes personales... a actividades operísticas” con el programa “Ópera Joven”, ¿quién le mandaría? Esta orientación motivó un cambio de nomenclatura en su puesto de trabajo; un cambio de nombre que el acusado no interesó, pero que “consintió” ilícitamente. Menudo atropello.

Aplíquense el argumento a ustedes mismos; una administración pública saca un puesto de trabajo, se presentan y se lo dan, sin que hayan hecho uso de enchufes, influencias o favores. Añadamos, por forzar el alegato, que ustedes ya imaginan que les van a dar la plaza porque no hay nadie con más currículum que el suyo. Luego resulta que el concurso es ilegal, o le faltaba un papel a la relación de puestos de trabajo y todo se anula. Vale, de acuerdo. ¿Pero condenarles a ustedes como delincuentes por haberse presentado? ¿Qué broma es esta?

En fin, la sentencia no da para mucho más. Por una parte, rezuma de su tenor un trasfondo oscuro de rencillas y puestos consolidados, de aroma antiguo, privilegios y rencores de negociado. Pero no solo eso: los magistrados son bien conscientes de lo que está cayendo en Madrid, así que dedicaron un capítulo, muy previsible, a glosar y gloriar lo “sumamente ilustrativa para este Tribunal (que) fue la declaración testifical-pericial del Teniente Coronel”. Es curioso, aunque ya lugar común, tener a los miembros de la UCO por peritos, cuando la sentencia no se detiene en valorar qué conocimientos especializados tendrían sus miembros. Y más curioso cuando, a la hora de ningunear la pericia de la defensa, la sentencia se permite decir que no puede convertirse a un perito “en una suerte de pseudoponente con capacidad decisoria para determinar de forma implacable el criterio judicial”. Pues eso es precisamente lo que han hecho: advirtiendo que la UCO necesitaba en este momento un respaldo explícito, se lo han dado condenando a un inocente.

La condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de cooperación en prevaricación administrativa no moverá un ápice el apoyo de los socios que le quedan al Gobierno progresista. Es más, tras conocer el fallo de la Audiencia Provincial de Badajoz que ha descartado el tráfico de influencias y ha rechazado una pena de cárcel para el hermano de Pedro Sánchez, todos esos aliados salieron a mostrar su perplejidad por una condena que no consideran justificada. Desde el propio Gobierno apostaron por remarcar la “inocencia” del condenado y consideraron que el único objetivo del tribunal es “dañar al presidente del Gobierno y a su entorno familiar”.

Uno de los dirigentes públicos más contundentes fue el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. En el pasillo del hemiciclo, minutos después de conocerse la sentencia, el dirigente republicano la tildaba como “una sobrada” y afirmaba que Sánchez había sido condenado “por la cara”. “Lo único bueno de lo de David Sánchez y Begoña Gómez es que ahora el PSOE (y por extensión mucha gente) ya sabe el pan que se da cuando un juez te persigue por tus ideas, por ser quien eres o simplemente por la cara. Adecentar al poder judicial debería ser prioritario”, apuntaba después el dirigente republicano en la red social X.

“Es un momento en el que cuesta mucho discernir la verdad de la mentira”, había asegurado Rufián antes incluso de conocer el fallo. “Los casos del hermano de Sánchez y de la mujer de Sánchez son de primero de lawfare, pero irán pa'lante, como diría según quién en redes sociales”, agregó.

Desde los Comuns, la diputada Aina Vidal consideraba abiertamente “desproporcionada” la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz. A su juicio, “el estado de opinión sobre la Justicia es nefasto por sentencias como esta”. Se pronunció en la misma línea Alberto Ibáñez, diputado de Compromís. Él también habló de “desproporción” y añadió, dirigiéndose a los jueces: “Tienen que tener cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho de este país”.

El PNV se limitó a considerar “fuerte” la condena a David Sánchez y no hubo dirigentes de EH Bildu que se pronunciaran al respecto aunque desde las dos formaciones no ven razones para dejar caer al Ejecutivo. La sentencia no traspasa algunas de las líneas rojas impuestas por los socios como condición para retirar su apoyo a Pedro Sánchez. Desde el inicio de la legislatura los socios siempre han considerado que no serían capaz de sostener al Gobierno en el caso de que se probara una financiación ilegal del PSOE o de que hubiese una imputación dentro del Consejo de Ministros, algo que hasta el momento no ha sucedido.

Moncloa cree que “se perseguía un apellido”

Desde la Moncloa la idea también es continuar con la legislatura al considerar que las actuaciones de los tribunales contra Sánchez y sus familiares solo tienen como objetivo hacer descabalgar al Gobierno. Tras conocer la condena al hermano del presidente, fuentes de la Presidencia recalcaron que “la sentencia no es firme” y se recurrirá por parte de la defensa de David Sánchez. Solo unos minutos de que se conociera el fallo, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, sí quiso mostrar su confianza en “la justicia”, pero también apuntó que cree “que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez”. “Respetamos la sentencia, pero, obviamente, no la compartimos”, añadió, además de insistir en que todo tiene como objetivo “dañar al presidente del Gobierno y a su entorno familiar”.

“La sentencia no borra la realidad”, insisten desde Moncloa. “Pedro Sánchez no era ni diputado cuando se convocó la plaza y, además, el responsable del proceso de selección, el señor Gallardo [expresidente de la Diputación de Badajoz también condenado por prevaricación] apoyaba a su rival en las primarias del año 2017”. “También es importante recordar el origen de la causa”, añaden fuentes del Gobierno. “Inicialmente, las organizaciones ultraderechistas acusaron al señor Sánchez principalmente de obtener injustificadamente unos millones de euros y de fraude fiscal y todas esas acusaciones fueron cayendo y siendo sustituidas por otras”, señalan.

Para el Gobierno todo ello “puede hacer pensar que no se perseguía el delito, sino que se perseguía una persona y, en concreto, se perseguía un apellido”. “Por lo tanto, podríamos decir que estamos ante el primer caso donde ha tenido éxito la estrategia de las organizaciones de la derecha y la ultraderecha basada en el acoso judicial a políticos progresistas y sus familiares con fines intimidatorios, porque, efectivamente, estamos ante una causa impulsada en exclusiva por partidos y organizaciones de derecha y ultraderecha”, insisten fuentes de Moncloa.

Otro de los aspectos que destacan en Presidencia es que “la sentencia no tiene efectos prácticos” sobre el hermano de Sánchez porque “él ya no ocupa ese cargo y, por tanto, una inhabilitación para trabajar en empleos públicos no tiene ninguna consecuencia para él”. “Esta dinámica de condena mínima con lógica corporativa recuerda mucho a la condena del antiguo fiscal general del Estado”, añaden, con que se preguntan si “a pesar de la precaución de los jueces para imponer la condena mínima, este tipo de resoluciones pueden erosionar todavía más la confianza de parte de la sociedad en la Justicia y en la imparcialidad de los jueces cuando afrontan causas políticas”.

Todos los sospechosos eran culpables. Todos tenían motivos para asesinar a Ratchett. Esa fue la conclusión a la que llegó Hércules Poirot en la novela Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie. No es probable que la sentencia contra David Sánchez alcance tal nivel de notoriedad. Lo que sí es cierto es que el tribunal de la Audiencia de Badajoz ha llegado a una conclusión no tan diferente. Todos los acusados son culpables del delito de prevaricación administrativa, con una pena de nueve años de inhabilitación, en el caso del puesto de Sánchez, aunque no del delito de tráfico de influencias. No hay pruebas de que nadie les presionara para tomar esas decisiones. Es algo que simplemente ocurrió.

En la novela, los responsables tenían un móvil que explicaba sus actos, la venganza contra Ratchett. La sentencia sostiene que el móvil consistía en favorecer al principal acusado. Los jueces llegan a esa conclusión citando a los agentes de la UCO que declararon en el juicio, encabezados por el teniente coronel Antonio Balas: “De todo lo anterior, deducen inequívocamente que la plaza fue creada para una persona determinada: Don David Sánchez Pérez-Castejón”. Otro juicio en que las deducciones del jefe de la unidad de delitos económicos de la UCO acaban incorporadas a la sentencia, como sucedió en el del fiscal general. El tribunal quiso remarcarlo escribiendo que la aportación de Balas fue “sumamente ilustrativa”.

Los jueces de Badajoz optaron por una decisión que quiere ser vista como salomónica. En su relato de los hechos que considera probados, prácticamente suscriben la versión de las acusaciones populares y la que ha mantenido el Partido Popular en los últimos dos años al utilizar la investigación en sus discursos en el Parlamento y en mítines. Incluso en detalles que son escasamente relevantes, pero que aparecieron en muchos titulares, como el hecho de que Sánchez tuviera su residencia en Portugal desde 2021, y que no son delito. Pero no se atreven a condenar al acusado por tráfico de influencias e imponerle una pena de prisión. Por el pequeño detalle de que no tienen pruebas para dictar ese castigo. Nunca las hubo ni en la instrucción ni en la vista.

“No ha quedado probado, por tanto, que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados primeramente filiados, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de un cargo o de cualquier otra situación derivada de una relación personal o jerárquica con aquellos”, dice la sentencia. A la vista de la sentencia, es un misterio por qué nueve de los acusados –dejando a un lado a Sánchez y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo– tomaron unas decisiones que ahora les han costado una pena de nueve años de inhabilitación. Si fracasan sus recursos, perderán sus empleos en la institución.

Para los jueces, no hay dudas de que todos los funcionarios son culpables. Son múltiples los indicios, afirma la sentencia, que muestran “con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón, que ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz y que actuaron de consuno, en connivencia, en ejecución de un plan preconcebido”. Su objetivo era crear “en expresión castiza, un traje a medida al beneficiario de la plaza”.

Si había un plan ideado desde arriba con el que se ordenó a tantos funcionarios que cumplieran órdenes, es difícil explicar por qué no se condena a Gallardo por tráfico de influencias. Parece que “la lógica y la razón” permiten trazar el retrato de un grupo dispuesto a delinquir, pero no condenar sin pruebas a su responsable. Una cosa es la literatura de una sentencia y otra, el Código Penal.

La sentencia dice que los condenados pusieron en marcha “una plaza de empleo público innecesaria y vacía de contenido”. Para justificar esta valoración, se basan por ejemplo en la opinión de un director de conservatorio que no creía necesario que se creara un puesto de coordinador que se ocupara de los dos conservatorios de Badajoz. Pocos funcionarios aceptan de buena gana que les pongan un jefe más por encima, al menos cuando reciben la primera comunicación. Sin embargo, y para afirmar que Sánchez no realizó las funciones por las que le pagaban, los magistrados no dan ningún valor a las declaraciones como testigos de los tres directores en la primera jornada de la vista en las que defendieron la capacidad y el trabajo del músico.

“La ayuda del coordinador vino muy bien”, dijo Yolanda Sánchez (sin parentesco con el hermano del presidente). “Estaba muy bien formado y capacitado para la plaza”, continuó. En su momento, parecía que ese primer día del juicio había sido muy malo para los intereses de las acusaciones. No es así si el tribunal decide ignorar esos testimonios, porque no sirven para condenar al acusado.

Los jueces admiten que hay un margen para la duda sobre si alguien presionó para que David Sánchez consiguiera ese puesto, si fue él mismo, alguien de su entorno “o si tal decisión se realizó 'motu proprio' con el designio de favorecer al Sr. Sánchez Pérez-Castejón por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro Secretario General del PSOE, por reelección en el cargo, a la sazón D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón”.

Resulta gracioso, quizá hasta revelador, que los magistrados coloquen al presidente del Gobierno en este contexto. Las fechas no cuadran del todo. Cuando se creó la plaza, noviembre de 2016, Pedro Sánchez ya no era secretario general del PSOE por su dimisión el 1 de octubre anterior. No presentó su candidatura hasta el 28 de enero de 2017, cuando no era precisamente el favorito, tampoco para el PSOE extremeño que apoyaba a Susana Díaz. Las primarias no se celebraron hasta mayo de 2017. El tribunal viaja al pasado porque sabe quién ganó esas primarias, lo que es una información que no tenían en 2016 los responsables de convocar la plaza que finalmente cayó en manos del hermano del presidente.

Puestos a lanzar hipótesis o “contrahipótesis”, como dice el texto –una decisión insólita en una sentencia que debe mostrar hechos probados y asignar penas en función de ellos–, los jueces plantean que los acusados pudieron haber intentado “congraciarse” con Pedro Sánchez con el nombramiento de su hermano al haber apoyado antes a Susana Díaz en las primarias. Y con esa sugerencia dan argumentos a los que quieran utilizar la sentencia para atacar al Gobierno.

“No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”, dice la sentencia en el párrafo anterior a esa referencia a la contrahipótesis. No lo saben, por eso no condenan por tráfico de influencias, pero dan por hecho que esa presión existió. Algún catedrático de Derecho Penal podría animarse a explicar a este tribunal que todo lo que no son hechos en una sentencia, no pasan de ser simples especulaciones.

Todo esto no dejan de ser elementos secundarios en la mente de los jueces. No tienen problemas en señalar que existe “la convicción de este Tribunal de que la prevaricación cometida obedecía al designio de favorecer por razones espurias a don David y don Luis María”. Estaban seguros de que David Sánchez era culpable, quizá incluso desde antes de que comenzara el juicio, de que existía un “designio”, un plan, destinado a beneficiarle. Desgraciadamente para sus convicciones, no encontraron pruebas con las que condenarle por esa conspiración, es decir, por tráfico de influencias. No fue porque no lo intentaran.