He mirado en las casas de apuestas para ver a cuánto se paga que David Sánchez acabe condenado o absuelto en su juicio en Badajoz, pero qué va, ni cotiza: nadie se jugaría un euro a la predicción de que sea absuelto. Es que ni su abogado, ni el propio David Sánchez, apostarían a su favor. Ellos menos que nadie, pues llevan meses soportando la instrucción, han estado todos los días en el juicio, han visto y oído todo, y cuando el juez dio el martillazo de cierre, el “visto para sentencia” les sonó a “visto para condena”.

Tampoco el hermano de David Sánchez, el presidente el gobierno, se jugaría un café a que su familiar sale absuelto. Sabe que la condena es obligada, como la fue la del Fiscal General, y como la será dentro de unos meses la de su esposa, Begoña Gómez. Los tres casos comparten similitudes en cuanto al origen, denunciantes, desarrollo, instrucción, acusaciones “populares”, investigaciones policiales, el papel de la UCO, errores, filtraciones, intoxicaciones, juicio mediático, inconsistencia, falta de pruebas concluyentes y sensación de persecución; y los tres compartirán la misma conclusión: condena.

En el caso del fiscal, a falta de pruebas, y con periodistas declarando a su favor, se impuso el relato policial, o más bien el relato policíaco; el de los investigadores de la UCO, avalado por los jueces que lo compraron enterito y sobre él apoyaron la condena. Lo mismo ahora en el caso de David Sánchez: el juicio parecía por momentos un paseo triunfal para las defensas, con testigos negando los hechos, retractaciones sobre lo antes dicho, los argumentos de las acusaciones desmoronándose uno tras otro… Hasta que apareció el ya famoso teniente coronel Balas, de la UCO, y trajo su relato policiaco, sus inferencias y deducciones, sus conclusiones condenatorias sin necesidad de mayores pruebas. Y con eso será suficiente para condenar a David Sánchez, como lo será en su día para condenar a Begoña Gómez.

En realidad, da igual la UCO y sus formas cuestionadas, da igual el sesgo conservador de los jueces, dan igual las acusaciones “populares” marrulleras, da igual el juicio mediático paralelo… Lo decisivo aquí es la lupa extraordinaria que alguien decide colocar sobre unos y no sobre otros. Ningún hermano de presidente saldría vivo de una investigación como la de David Sánchez, ninguna esposa de presidente del gobierno resistiría una investigación así, y tampoco ningún expresidente del gobierno dedicado a lo que suelen dedicarse los expresidentes.

Pero la lupa solo se pone sobre un hermano, sobre una esposa, sobre un expresidente. Y sobre un presidente: tampoco cotiza en las casas de apuestas que el presidente Sánchez vaya a librarse de esa imputación que cierta prensa viene anunciando desde hace semanas con jolgorio, y que debe de estar preparada para el momento propicio. Me encantaría tragarme este artículo dentro de unos días, y lo siento por David Sánchez, por Miguel Ángel Gallardo y por el resto de acusados que ya han pagado la odiosa pena de banquillo. Han tenido la desgracia de verse en medio de una partida de caza a la que no fueron invitados, y de la que no pueden escapar. Ánimo y suerte.

Este martes ha quedado visto para sentencia el juicio del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por su contratación como coordinador de las actividades de los conservatorios en la Diputación de Badajoz. La Audiencia Provincial ha acogido ocho sesiones en las que han declarado 11 acusados, entre ellos también el expresidente de la institución pacense, Miguel Ángel Gallardo, y más de 40 testigos.

En esta jornada solo quedaba por escuchar las conclusiones definitivas de dos abogados de los acusados, que defienden a Ricardo Cabezas y Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, que han coincidido en señalar la “ausencia” de pruebas de cargo en este procedimiento y en cuestionar la participación de la UCO en el juicio.

El letrado de Carrero, acusado de haber accedido a su puesto en comisión de servicio en 2023 gracias a su amistad con el hermano del presidente, ha recordado ante la Audiencia de Badajoz que todos los actos de desarrollo de la plaza pasaron los filtros administrativos correspondientes, como han avalado los peritos y testigos: “Han sido fiscalizados por la intervención y por los técnicos intervinientes. Nadie jamás ha puesto nota de reparo alguna. ¿Por qué se tacha de prevaricador ese acto?”.

Para el abogado, Salvador Morillas, la acusación carece de armazón jurídico y responde puramente a una estrategia mediática y de desgaste. “Se afirma que se creó la plaza para el señor Carrero porque era un enchufado del señor David. Bueno, si se dice eso, hay que probarlo. Queda muy bien, sobre todo de cara a la prensa y de cara al mundo de la política, decir que este es el típico enchufado que viene de Madrid porque se le ha fabricado un puesto. Pero eso es una leyenda”.

Por su parte, Raúl Montaño, abogado de Cabezas, ha asegurado desconocer aún de qué defiende a su cliente: “Se dice tráfico de influencias, pero no sé quién lo influye o a quién influye él”. Montaño ha subrayado la ausencia de pruebas de cargo, de pruebas periféricas que apoyen el testimonio del teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, o testigos de directos y, sin embargo, ha afirmado que durante el juicio ha oído “discursos a veces políticos, a veces imaginativos, he oído novelas policiacas, cloacas… Pero el derecho de defensa es lo más sagrado en el procedimiento penal. Se pueden celebrar juicio sin acusaciones populares, pero nunca sin abogados de defensa”.

“La acusación ha ganado el juicio social”

El músico ha rehusado hacer uso de la última palabra, que sí ha aprovechado Miguel Ángel Gallardo para reiterar su inocencia y la del resto de personas que se han sentado en el banquillo de los acusados, aunque ha lamentado que ya “han sido condenados socialmente”. El exlíder del PSOE extremeño también ha querido resaltar el trasfondo político del proceso asegurando ante el tribunal que la única culpabilidad que se les puede atribuir es “no tener las mismas ideas que la acusación popular”. 

Gallardo también ha denunciado lo que ha denominado un “juicio mediático paralelo” que su entorno ha sufrido durante más de dos años.

También han querido aprovechar ejercer su derecho a la última palabra el que fue diputado provincial de Cultura entre 2019 y 2023, Francisco Martos, que ha asegurado que lleva “7 u 8 días sometido a un escrutinio que no acabo de entender” y ha destacado que en toda su carrera política (fue 24 años alcalde de Castuera) “jamás he ido a una comisión sin saber a qué iba, he ido a un pleno sin saber qué se iba a votar y jamás he tenido un reparto de Secretaría ni Intervención en actividad municipal o provincial”.

El actual diputado de Cultura, Ricardo Cabezas; el director del área de Cultura, Manuel Candalija; y el ex jefe de servicio de gestión de Recursos Humanos de la Diputación, Félix González, también ha hecho un alegato final.

El tribunal presidido por el magistrado José Antonio Patrocinio deberá resolver tres claves fundamentales: si la institución pacense creó una plaza a medida de libre designación para adjudicársela al músico en 2017, si el puesto cambió posteriormente de denominación para ajustarse a sus intereses personales y si David Sánchez influyó en la contratación en comisión de servicio de su amigo, Luis María Carrero, en 2023.

Por todo ello, los magistrados tendrán que valorar si los acusados cometieron los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, como consideran las acusaciones populares, formadas por Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. Este bloque ha elevado sus peticiones hasta los seis años de prisión para David Sánchez, cuatro años para Gallardo y dos para Carrero como principales acusados, mientras que la Fiscalía y las defensas han pedido la libre absolución para todos los procesados.

La fiscal Begoña García Boró ha solicitado la absolución de David Sánchez en un alegato en el que ha cargado contra las “conjeturas” en las que, a su juicio, se basan el Partido Popular y las acusaciones ultras que sustentan la causa contra el hermano del presidente del Gobierno. También ha defendido el papel de la Fiscalía “en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público” tras las críticas recibidas por parte de las acusaciones populares, que han calificado de “virulenta” la “defensa” que, a su juicio, ha realizado del familiar del jefe del Ejecutivo. La Fiscalía también pide la absolución del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y de los otros nueve acusados.

Respecto al objeto del procedimiento, la representante del Ministerio Público ha asegurado que en los escritos de las acusaciones populares no concretan “ningún acto de influencia” o de “presión” que motivara la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017. Y que, ante ese vacío, han tratado de “construir” durante el juicio esas “influencias de personas indeterminadas que no están ni siquiera en ese procedimiento”, en una posible alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, citado de forma reiterada por los letrados de la acusación popular. 

En el momento de crear la plaza (octubre de 2016), Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el polémico comité federal del 1 de octubre y cuando se activó el proceso de selección aún no se habían celebrado las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz y que acabó ganando. Aún faltaba un año para que el Congreso aprobara la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez tenía, cuando se creó la plaza, nulo poder orgánico o político.

Por otro lado, la representante del Ministerio Público ha defendido que no ha quedado acreditado que en el músico “no concurrieran las habilidades y los méritos exigidos en el contrato”. “No hay ninguna prueba de que se haya determinado de una forma grosera, arbitraria, injusticia y legal el nombramiento de David Sánchez como coordinador de las actividades de los conservatorios de música de Badajoz”, ha aseverado. 

La fiscal también ha mantenido, asimismo, que está “documentalmente acreditado” que David Sánchez ejerció su actividad: “Queda acreditado que desempeñó sus funciones, que tenía despacho, que acudía de la forma que se tendría que acudir, que tenía relaciones con los directores de los conservatorios”.

La fiscal se ha referido a los interrogatorios tanto del secretario general como del interventor, que defendieron que el expediente pasó por sus manos y que “no les suscitó ninguna sospecha ni reparo”. La representante del Ministerio Público ha recordado que ambos son funcionarios de la Administración General del Estado, después de que el PP y las acusaciones ultra trataran de atacar la credibilidad de los testigos que contradicen las tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. 

“Son funcionarios habilitados de carácter nacional. No están aquí designados de forma arbitraria, no han concurrido a una oposición de la Diputación, han concurrido a una oposición nacional. No podemos dudar de la veracidad ni poner entredicho lo que aquí se ha declarado y el ejercicio leal de sus funciones”, ha aseverado la fiscal. 

También se ha referido a Francisco Serrano, el representante de CSIF en la Mesa de Negociación de la Diputación pacense que se opuso a la creación de dicha plaza. Según la fiscal, su desacuerdo se debió que quería que fuera ofertada en el ámbito interno de la Administración, no a la generalidad de los ciudadanos“. En este sentido, la fiscal ha mantenido que no hubo ”ninguna alegación, reclamación, advertencia, ni siquiera un recurso posterior“ por parte de los diputados de otros partidos que conformaban el pleno de la Diputación sobre la creación del puesto. 

“¿Se va a condenar a un señor por un chascarrillo?”

Por la tarde ha sido el turno de los informes de las defensas. Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, ha reclamado la absolución de su cliente, que se enfrenta a una petición de hasta seis años de cárcel por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017. En una intervención que se ha prolongado durante algo más de media hora, el letrado ha defendido que no hay pruebas de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias que se le atribuyen al hermano del presidente del Gobierno. 

Así, ha desdeñado que sea una prueba la inclusión de la palabra “hermanísimo” en el asunto del correo que el exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, envió el 19 de mayo de 2017 a la entonces directora del Conservatorio Profesional, Yolanda Sánchez, con las bases del proceso de selección, que se hicieron públicas ese mismo día. Ante el tribunal, Valentí dijo que usó ese calificativo porque era “llamativo”, si bien negó que hubiera rumores de amaño de la plaza. 

“¿Se va a condenar a un señor por un chascarrillo que han creado los demás? ¿De verdad que en esas estamos?”, se ha preguntado Cortés, quien en otro momento de su informe ha preguntado directamente a los magistrados si con la “prueba practicada” están en condiciones de decir si se produjo la “presión moral eficiente” que requiere la jurisprudencia para determinar que ha existido un delito de tráfico de influencias. 

El letrado también ha tenido palabras para el Partido Popular y el resto de acusaciones ultra que sustentan la causa, a quienes ha atribuido un “sesgo” absolutamente “unívoco”. “Aquí se acabaron las conjeturas, las filtraciones interesadas, el interés de los medios de comunicación, incluso las ganas de poder derrotar a un Gobierno”, ha aseverado el letrado, quien ha cuestionado el intento de las acusaciones populares de caricaturizar a la Diputación de Badajoz como si de una “banda facinerosa” se tratara y a su cliente como el toro de Miura que “mató a Manolete”. 

Se ha referido, asimismo, al intento de las acusaciones populares de atacar la credibilidad de los funcionarios, técnicos y peritos que, en las últimas sesiones, han puesto en entredicho las deducciones incriminatorias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “No sé qué razón hay para poner de manifiesto la vieja máxima de que si no me gustan los testigos, los tiro, que es lo que han dicho aquí, que si tienen miedo, que si tienen represalias, que si mintieron... Si esto fuera así, ganaríamos los pleitos todos los letrados siempre”, ha aseverado.

La defensa de Gallardo carga contra Balas

Previamente había tomado la palabra Juan José Torres Ventosa, el abogado del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, acusado de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en esa institución. En su informe, el letrado ha cargado contra los informes de la UCO de la Guardia Civil que señalan a Gallardo como el presunto instigador político de las supuestas maniobras para que el músico obtuviera la plaza. 

Torres Ventosa ha afirmado que el teniente coronel de la UCO Antonio Balas hizo en el tribunal una “valoración” de sus atestados que “no coincide o se aparta” de lo recogido en los atestados realizados por esa unidad del instituto armado. En esos informes policiales, la UCO aseguraba desconocer de quién fue la decisión de crear la plaza y, sin embargo, en el juicio señaló directamente a Miguel Ángel Gallardo por una “visión holística” de los oficios y atestados incluidos en la investigación. 

El letrado ha rebatido la tesis expresada por este mando policial, según la cual como el diseño final de la plaza no se parecía a las conversaciones preliminares que había habido en el área de Cultura y el área de Recursos Humanos “carece de autoridad empaque o fuerza suficiente para imponer un diseño determinado”, era “evidente” que la orden debía venir de la presidencia y, por tanto, de Gallardo. 

El Partido Popular y las acusaciones ultra que sustentan la causa contra el hermano de Pedro Sánchez han defendido este lunes sus conclusiones finales en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial. En contraposición a las declaraciones de los funcionarios, técnicos y peritos que, en las últimas sesiones, han puesto en entredicho las deducciones incriminatorias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los letrados han ensalzado las “demoledoras” conclusiones del instituto armado, que apuntan a que la plaza adjudicada al músico estaba amañada. 

Así, los informes de las acusaciones populares han tratado de desacreditar los testimonios de los testigos que, a excepción de una contrincante del hermano del presidente del Gobierno en el concurso de selección, han apuntalado las tesis de las defensas. Especialmente duro ha sido el letrado del Partido Popular, Alberto Durán, que ha buscado atacar su credibilidad. “Los testigos han aportado bastante poco. O son inducidos, o trabajan para la Diputación, o tienen miedo a decir la verdad, o han sido recientemente ascendidos, que es lo peor, y premiados por su futura declaración en el seno de este plenario”, ha aseverado. 

“No podemos pretender que un informe realizado por la UCO tenga la misma validez que las declaraciones realizadas por personas con el carnet del PSOE que trabajan para la Diputación y que tienen una dependencia orgánica”, había dicho previamente la letrada de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

El teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO), que participó en el volcado de los correos electrónicos de los empleados de la Diputación de Badajoz, compareció la semana pasada ante el tribunal. Este mando policial aseguró que de la lectura de esos correos se infiere que la decisión de crear ese puesto “partió de un nivel superior con capacidad política”.

En concreto, señaló al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, que también se sienta en el banquillo por prevaricación y tráfico de influencias, como la persona que decidió en 2016 crear la plaza de coordinador de los conservatorios e iniciar un proceso que estaba “predeterminado” para que fuera David Sánchez ocupara el puesto.

El letrado del PP, Alberto Durán, ha defendido que son esos correos los que “dicen la verdad de lo que aquí ha ocurrido”, dado que “nadie deja por escrito en un expediente administrativo su propósito delictivo”. Previamente, el abogado del partido minoritario Iustitia Europa, Luis María Pardo, había definido ese expediente administrativo como “el envoltorio de una voluntad omnímoda ya consumada”. “Se ha convertido la potestad reglamentaria y administrativa en una herramienta de vasallaje al servicio de intereses particulares y también de intereses políticos”, ha añadido este mismo abogado. 

“Lo que nos dice la UCO es que hay un impulsor que va más allá del área de Recursos Humanos, que también está implicada, que va más allá del área de Cultura, que es el área de Presidencia del señor Gallardo”, ha defendido Polonia Castellanos, la representante de Abogados Cristianos, que ha calificado las conclusiones del instituto armado de “demoledoras” y “aplastantes”. “La UCO hace una relación de acciones y responsabilidades de cada uno de los autores que ponemos en valor y que entendemos que es correcto”, ha añadido otro de los letrados, Alexis Aeneas, representante de Liberum, un colectivo antivacunas.  

Por su parte, la representante de Vox, Marta de Castro, ha sacado a colación la declaración del teniente coronel Balas, quien defendió que “el motivo del impulso y el núcleo de decisiones” está en la Diputación de Badajoz. Basándose en los atestados de la UCO, la letrada ha defendido que esa institución tenía la “capacidad política” y que desde ahí fue descendiendo por todos los órganos necesarios para conseguir la finalidad perseguida: “crear un puesto a medida del máximo beneficiado de David Sánchez, adaptarlo a sus preferencias profesionales y personales, incluyendo incluso una nueva contratación mediante un procedimiento similar”.

Además, al inicio de la sesión, el tribunal ha rechazado la petición de la defensa del hermano de Pedro Sánchez de volver a declarar después de que todas las acusaciones populares menos Manos Limpias duplicaran su petición de pena hasta los seis años. Las acusaciones argumentan que, aunque el delito de aceptación de nombramiento ilegal esté prescrito, no lo están los hechos, por lo que ahora lo califican como prevaricación.

Al considerar el tribunal que ese hecho estaba prescrito, Emilio Cortés, el abogado del principal investigado no le hizo preguntas al respecto. Este lunes, tras el cambio en la petición de pena, el letrado ha solicitado poder interrogar de nuevo a su cliente. Tras retirarse brevemente a deliberar, el tribunal ha rechazado su petición al considerar que no hay una modificación sustancial de los hechos que justifique una nueva declaración. 

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha defendido este lunes el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, al que ha calificado como “estupendo” y “el más alto de la historia”, al tiempo que ha criticado las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Unidas por Extremadura, que, a su juicio, están “totalmente vacías de propuestas pero llenas de ideología”.

En una rueda de prensa celebrada en Mérida, Checa aseguró que las cuentas públicas “van a satisfacer las necesidades de todos los extremeños” y destacó algunas de las principales partidas incluidas en el proyecto presupuestario. Entre ellas, señaló un incremento de 500 millones de euros para sanidad y de 170 millones para educación, así como la duplicación de las ayudas a la natalidad, que alcanzarán los 2,12 millones de euros.

La portavoz también subrayó que los presupuestos contemplan una partida destinada al regadío de Tierra de Barros y un fondo de compensación para agricultores y ganaderos. Además, destacó el aumento del 12 % en el presupuesto de servicios sociales y familia, hasta los 217,9 millones de euros, así como el compromiso de construir al menos 3.500 viviendas protegidas.

Checa defendió igualmente las medidas orientadas a reducir la burocracia y eliminar lo que consideró “gasto superfluo”, al afirmar que “el dinero de los extremeños es para los extremeños”.

Críticas al PSOE por el caso David Sánchez

Durante su comparecencia, la dirigente de Vox se refirió también a la reanudación este lunes del juicio relacionado con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al que volvió a denominar “el hermanísimo”.

Según Checa, el caso no responde a una “simple irregularidad administrativa”, sino a lo que calificó como “un traje a medida hecho por las cloacas socialistas para beneficiar con dinero público al hermano de Pedro Sánchez”.

La portavoz cargó además contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, al que situó junto a David Sánchez en una supuesta trama de favoritismo. “Si hay una organización implicada en corrupción política, económica y moral esa es el PSOE”, afirmó.

A su juicio, el procedimiento judicial constituye un ejemplo de cómo el socialismo “utiliza las instituciones públicas como instrumento al servicio de sus intereses personales, familiares y económicos”. En este sentido, sostuvo que será la justicia la que determine si la contratación fue “limpia” o si existió una “operación corrupta diseñada para beneficiar a la familia de Pedro Sánchez”.

Vox celebra una sentencia favorable del Supremo

Por otro lado, Checa valoró la decisión del Tribunal Supremo de anular una sanción de 860.000 euros impuesta a Vox por el Tribunal de Cuentas, una resolución que calificó como la “tercera vez” que una multa de estas características es revocada.

La portavoz sostuvo que el Gobierno central “sigue intentando borrar a la oposición a través de las instituciones del Estado”, aunque consideró que los intentos de “persecución y difamación” contra su partido no han tenido éxito. “La verdad prevalece”, afirmó, al definir la resolución judicial como “una victoria más de Vox”.

Checa concluyó asegurando que tanto los extremeños como el conjunto de los españoles “merecen que les gobierne un partido limpio y comprometido con sus intereses, no con su bolsillo”.

Voy a comenzar el boletín de este domingo con unas palabras de Emiliano García-Page. No es que el presidente de Castilla La Mancha tenga un olfato político bien calibrado, pero estas frases no están mal tiradas. “En España tenemos la mala costumbre de pensar que la gente mala es lista. Pues no, también hay corruptos tontos y torpes. Esta es una”, dijo esta semana al hablar de Leire Díez, la espía tonta que el PSOE, a través de Santos Cerdán, financió para que buscara trapos sucios de jueces, fiscales y policías. 

Con Page, es fácil encontrar frases que confirman que ha comprado la mayor parte del mensaje de la derecha. En esa misma entrevista, dice que se deberían haber celebrado elecciones anticipadas hace un año y que ya es imposible gobernar, porque “el poder lo tiene Puigdemont”. Claro que sí. Por eso, sigue viviendo de alquiler en Bélgica y su partido se va consumiendo en los sondeos.

Volviendo a Leire Díez y lo que se ha sabido esta semana, tenemos una nueva víctima política a la que se podría añadir a su jefe, que resulta que es el ministro de Interior. Se trata de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, de la que Marlaska dijo antes que no se había reunido con Díez. Eso ha quedado viejo. El informe de la UCO describe tres contactos entre ambas. El ministro ha pasado a decir que “no tuvo con Leire ninguna conversación relativa a la trama”. Entonces, ¿de qué hablaron? La nueva versión es que Díez le pidió que echara un cable al comandante Rubén Villalba, que estaba implicado en el caso Koldo, y que en ese momento González puso fin al encuentro y no hubo más relación. 

Este tipo de situaciones ponen a prueba la paciencia de los votantes y eso en política nunca acaba bien. ¿Por qué no se contó toda la verdad desde el principio? La respuesta es sencilla: porque sabían que eso daría mala imagen y regalaría argumentos al rival político. O porque se estaba intentando ocultar algo. Al final, las consecuencias son peores. Una investigación revela hechos que podrían ser sospechosos o no muy relevantes, pero, como no fuiste honesto desde el primer momento, ahora lo tienes más difícil para que te crean. 

También podrías llegar a la conclusión, aunque creas que no hay indicios de delito en esa situación, de que alguien tiene que pagar con el puesto al asumir las consecuencias políticas de esos actos. No siempre es justo, pero la política dista mucho de ser justa cuando vuelan las sospechas. Necesitas poner a alguien que no tenga ninguna relación con los hechos y que por tanto esté libre de toda culpa, real o potencial. 

No va a ocurrir nada de eso. Es más fácil que Donald Trump o el Papa tengan que dimitir a que lo haga Marlaska. Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo al ministro y a la directora de la Guardia Civil. En resumidas cuentas, el marrón se lo comerá entero Moncloa. Y luego se quejarán. 

Ya no se puede negar que un grupo de personajes lamentables se dedicaba a intentar desacreditar las investigaciones policiales y judiciales que podían perjudicar al Gobierno. ¿Con qué nivel de apoyo político? Los informes policiales indican que recibían dinero de Santos Cerdán cuando era secretario de Organización del PSOE. Los socialistas pueden decir ahora que ya no tienen ninguna relación con él y que se busque la vida en las causas judiciales que le atañen. Vale, de acuerdo, pero Cerdán era quien dirigía el partido desde Ferraz, por decisión de Sánchez, y quien controlaba sus fondos. La distinción de que era Cerdán, y no el PSOE, quien hacía esos pagos a la banda de Díez es casi bizantina. No te absuelve en absoluto de tu responsabilidad política. 

Una explicación convincente la ha dado el ministro Félix Bolaños: “Es indiscutible que hay una persona que utiliza el nombre del presidente del Gobierno continuamente y probablemente lo hace para darse importancia. Pero es que el propio sumario responde a esa pregunta, porque no hay nada, absolutamente nada, que indique que el presidente del Gobierno tuviera ningún conocimiento de esto”.

No es eso lo que dice la UCO en su informe. En el estilo habitual de estos agentes, donde se mezclan los hechos, las deducciones y el uso frecuente del condicional, escriben que “lo que se evidenciaría del contenido de los mensajes anteriores es el conocimiento por parte del presidente del Gobierno de la actividad que venía desarrollando la propia Leire”. Y con eso el diario ABC ya tenía hecho el titular: “La UCO sostiene que Pedro Sánchez conocía el trabajo de las cloacas del PSOE”.

Sánchez confirmó el viernes que no sabía nada de las maniobras de Díez: “Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”. 

El Partido Popular afirma que estamos ante el escándalo más grave de la democracia, como si hubiera pocos. Mientras tanto, se celebra en la Audiencia Nacional el juicio de la Kitchen donde no encontrarás a una exmilitante y exconcejal del PP con delirios de grandeza. En el banquillo de los acusados están: un ministro (Fernández Díaz), un secretario de Estado (Martínez), un director operativo de la policía (Pino), el célebre comisario Villarejo, el comisario Gómez Gordo que fue también cargo de confianza de Cospedal, el comisario y jefe de la UDEF Martín Blas, el comisario Olivera que había sido jefe de la UDEF, el inspector jefe Fuentes Gago, mano derecha de Pino, y el inspector jefe Díez Sevillano, también colaborador de Pino. Toda la plana mayor del Ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy. Si eso no es una conspiración, ya casi no se puede utilizar esa palabra.

Desde luego, Rajoy dice que no sabía nada de lo que pasaba en ese Ministerio ni de lo que había hecho su tesorero, Luis Bárcenas, de la misma forma que Aznar no sabía nada de la Gürtel. Pero el PP está convencido de que Sánchez lo sabía todo de Ábalos, Koldo, Cerdán y Leire. Y que algún juez le llamará a declarar como imputado más pronto que tarde.

Cada uno puede valorar la credibilidad de los indicios conocidos del caso Leire. Lo que no puede hacer es restar gravedad a las acusaciones sobre las maniobras de Leire Díez pagadas con fondos del PSOE porque los de antes hacían lo mismo, pero mejor y con tipos con más experiencia en el ramo.

Un delirio judicial

A las acusaciones populares, incluidas las del PP y Vox, en el juicio de David Sánchez no les vino muy bien el testimonio de los tres directores que han dirigido los dos conservatorios de Badajoz en los últimos años sobre la conducta profesional del hermano del presidente del Gobierno. Así que han doblado su petición de pena, de tres a seis años de prisión. Intentan aprovecharse del testimonio del teniente coronel Antonio Balas, que una vez más se explayó con sus deducciones y su teoría de que si hay una jerarquía de mando en una institución, y las hay en todas, el de arriba tuvo que cometer todos los delitos que se están juzgando. ¿Qué pruebas tiene para afirmarlo? No necesita ninguna. Le preguntaron por el resto de acusados. Dijo que no sabía nada de ellos, como escribí en el artículo del jueves. Él estaba ahí sólo por David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.

El juicio de Sánchez es un puro dislate. Es un agravio comparativo con los casos de enchufes o nepotismo que han pasado por los tribunales. Ignacio Escolar recuerda uno muy conocido, el de José Luis Baltar, presidente de la Diputación de Ourense desde 1990 a 2012. Colocó de forma ilegal a 104 personas en nómina, la mayoría familiares y cargos vinculados al PP. Nunca le pidieron pena de prisión y solo fue condenado, cuando ya estaba fuera de la política, a nueve años de inhabilitación. 

El que pueda pedir seis años de prisión al hermano de Pedro Sánchez, que lo pida.

A tope con los fetos y que les den a los niños

Todas las veces que he estado en la Asamblea de Madrid en épocas de calor, la temperatura era gélida. No me hubiera sorprendido ver a un oso polar siguiendo una rueda de prensa con el boli y el cuaderno sintiéndose como en casa. Cuando en plena crisis energética por la invasión de Ucrania el Gobierno de Sánchez impuso una temperatura mínima de 24 grados en los edificios de la Administración, en la Asamblea pasaron del tema y puede que hasta bajaran el termostato.

Por eso, resulta grotesco que un consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se riera de la petición de acelerar la instalación de equipos de aire acondicionado en los colegios. Mariano de Paco dijo que el calor puede ser “fuente de inspiración” y que él fue al colegio en Murcia, que allí hacía mucho calor “y aquí estoy y no pasa absolutamente nada”. Que vayan los niños en manga corta, dijo, como hace con su hijo. Se creerá que lo normal es que estén a 30 grados en las aulas con un plumífero.

Puedes estar seguro de una cosa. Todos los políticos que restan importancia al tema de calor tienen puesto el aire acondicionado en sus despachos. Nunca prescindirán de él. Para los demás, ya se verá, y si son niños, que les den.

Lo curioso es que momentos antes Ayuso defendió su medida de considerar al embrión como parte de la unidad familiar con vistas a las ayudas sociales. “Cada vida importa desde el primer suspiro”, dijo, y por eso “estamos legislando para el no nacido que está en camino”. Ya lo decía George Carlin en una de sus actuaciones: “Los conservadores son de lo que no hay. Harían cualquier cosa por el no nacido, pero una vez que has nacido, te buscas la vida. Los conservadores están obsesionados con el feto desde la concepción hasta los nueve meses. Después de eso, no quieren saber nada de ti”. 

El abismo entre las tesis plasmadas en el papel y los testimonios escuchados en la Audiencia de Badajoz ha marcado el desarrollo del juicio contra David Sánchez, acusado de prevaricación y tráfico de influencias por su contratación en la Diputación en 2017. El procedimiento ha entrado en su recta final y ha evidenciado las distancias entre el relato de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que insiste en que la plaza de libre designación estaba amañada, y las declaraciones de los funcionarios, técnicos y peritos que han testificado en la vista oral, que han desmentido las deducciones, sin pruebas, del teniente coronel Antonio Balas.

Tan solo una testigo, Cristina de Frutos, que aspiró al puesto de coordinación de las actividades de los conservatorios pacenses, ha sostenido que en la entrevista personal del proceso de selección no “sintió” que hubiera igualdad de oportunidades, pero ni denunció ni presentó una queja por ello. El director de Cultura, Manuel Candalija, también en el banquillo, dijo en el juicio que presentó “un proyecto que era hoja y media, tenía un poco de desconocimiento sobre la administración local”. Sin embargo, otro candidato que compitió por la plaza, Nerses Avakimyam, no detectó nada extraño en los requisitos exigidos y tampoco observó irregularidades, según su testimonio.

El jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO ha señalado al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, que también se sienta en el banquillo por prevaricación y tráfico de influencias, como la persona que decidió en 2016 crear la plaza de coordinador de los conservatorios e iniciar un proceso que estaba “predeterminado” para que fuera el hermano del presidente del Gobierno el que ocupara el puesto. Pero no ha ofrecido pruebas para esa acusación. Se trata de inferencias y deducciones tras analizar los correos electrónicos de Sánchez, Gallardo y los empleados del área de Cultura, que el exlíder regional del PSOE calificó como “novela de ciencia ficción”.

De hecho, en un atestado, la UCO aseguraba desconocer de quién fue la decisión de crear la plaza y, sin embargo, en el juicio señaló directamente a Miguel Ángel Gallardo. “¿Por qué?”, se interesó la fiscal. Por una “visión holística” de los oficios y atestados incluidos en la investigación.

Pero hay dos hechos a tener en cuenta: en el momento de crear la plaza (octubre de 2016), Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el polémico comité federal del 1 de octubre y cuando se activó el proceso de selección aún no se habían celebrado las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz y que acabó ganando. Aún faltaba un año para que el Congreso aprobara la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez tenía, cuando se creó la plaza, nulo poder orgánico o político.

El mando de la UCO insistió en que la plaza de alta dirección y de libre designación se creó a pesar de que las necesidades expresadas por los responsables de los conservatorios eran “otras”, pero estos explicaron que su reticencia obedecía a que se trataba de una “figura ajena” a la estructura de los conservatorios, que podría tener criterios “pedagógicos muy distintos”. Sin embargo, todos valoraron la ayuda que supuso la creación de la plaza porque la carga de trabajo era “tremenda” y el desempeño de David Sánchez, por su “buen currículum, estaba muy bien formado y capacitado” y realizaba “todas” las funciones de las que era responsable. Con ello, neutralizaron la acusación de absentismo laboral.

Todos los testigos, con la excepción de la citada contrincante de Sánchez en el proceso de selección, han ofrecido una versión muy distinta al relato esbozado por la UCO. Entre ellos, el exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí. Su declaración estrenó las testificales del juicio y supuso un jarro de agua fría para las acusaciones (ejercidas por Manos Limpias, PP, Vox, Abogados Cristianos, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum) y para la interpretación que el teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, hizo de un correo electrónico, que ha sido una de las principales pruebas de cargo contra el músico.

El 19 de mayo de 2017, Valentí envió a la entonces directora del Conservatorio Profesional, Yolanda Sánchez, las bases del proceso de selección, que se hicieron públicas ese mismo día. En el asunto del correo puso “hermanísimo” y, a juicio de la UCO, Valentí “no es cualquier persona, sabe que la otra persona lo va a entender”. Es más, según declaró el mando de la Guardia Civil, el uso de ese término significa que el director del conservatorio “sabe que [Sánchez] se va a presentar y se lo van a dar, como pasó”.

Esa deducción no tiene nada que ver con lo testificado en la vista oral por el autor del mensaje, que indicó que escribió “hermanísimo” como una “anécdota”, porque era un término “llamativo” y había “rumores” de que David Sánchez iba a concurrir a la plaza, aunque no supo decir de dónde partieron (“en los pasillos, en la Secretaría, en alguna conversación, no sé quién lo dijo”) y también conocía los nombres “del 80% de los candidatos”. En ningún momento quiso decir, según su testimonio, que supiera que el puesto estaba dado de antemano.

Aval a los contratos administrativos

No ha sido el único revés a las tesis planteadas por la UCO. El teniente coronel Antonio Balas ha tenido que reconocer en el juicio su falta de formación en materia de contratación administrativa, a pesar de haber analizado y redactado un informe sobre esta cuestión.

El mando también indicó que le “llamó la atención” la urgencia para activar el proceso de adjudicación de la plaza, que se hizo “en el tiempo mínimo”. Sin embargo, los funcionarios y peritos que declararon en las primeras jornadas del juicio han subrayado la legalidad de los procesos que se enjuician: la contratación de David Sánchez, el cambio de nomenclatura del puesto (de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas), un procedimiento que han considerado “normal”, “habitual” y que no supuso un aumento salarial, y la contratación del funcionario Luis María Carrero, amigo del músico, en comisión de servicio como jefe de sección de actividades transfronterizas.

Los acusados, cargos y exresponsables de la Diputación de Badajoz, también han avalado la transparencia y la legalidad en los procesos de creación y adjudicación tanto de la plaza que finalmente fue otorgada al hermano del presidente del Gobierno como la de Luis Carrero.

La UCO también interpreta que la plaza tenía el nombre de David Sánchez de antemano en el interés del músico por el alquiler de un piso en Badajoz el mismo día que estaban programadas las entrevistas personales para cubrir el puesto. Sánchez explicó en la fase de instrucción que su intención era testar el mercado. En el juicio solo respondió a las preguntas de su abogado y no abordó este tema porque el delito de aceptación de nombramiento ilegal se dio por prescrito al inicio la vista.

El juicio se reanudará este lunes con la presentación de los informes finales, con lo que quedará visto para sentencia, aunque el tribunal contempla la posibilidad de tener que extenderlo hasta el martes a mediodía. La Audiencia Provincial retomará la sesión después del sorpresivo cambio en la petición de penas formulada por PP, Vox y el resto de acusaciones ultras, con excepción de Manos Limpias. Han doblado de tres a seis años la solicitud de cárcel para David Sánchez. Argumentan que, aunque el delito de aceptación de nombramiento ilegal esté prescrito, no lo están los hechos, por lo que ahora lo califican como prevaricación.

Para el expresidente de la Diputación de Badajoz reclaman ahora cuatro años de cárcel, en lugar de tres, y hasta 40 años de inhabilitación.

El principal acusado se llama David Sánchez Pérez-Castejón, y eso es un hecho probado. Se juega ir a la cárcel: se sienta en el banquillo acusado de tráfico de influencias y prevaricación. Esta misma semana, la acusación popular ha decidido duplicar la petición de condena para David Sánchez. Organizaciones como Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP o Vox pedían tres años de cárcel. Les pareció poco. Ahora piden seis. 

¿Su principal delito? Ser hermano del presidente del Gobierno, el tan odiado por la derecha Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Porque si el acusado no tuviera esos apellidos, dudo que hubiéramos llegado hasta aquí. 

El juicio que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Badajoz es completamente anómalo, por tres razones.

La primera, porque es muy raro encontrar un proceso penal por un supuesto enchufe. Lo habitual con las oposiciones amañadas, los contratos a dedo o los puestos de trabajo ficticios es que se juzguen por la vía contencioso-administrativa: sin condenas de cárcel. Incluso en los casos más graves y flagrantes, que en ocasiones sí van por lo penal, la condena al cargo público suele ser la inhabilitación, no la prisión. 

La segunda, porque es aún más inusual que se juzgue al enchufado. 

La tercera, porque ni siquiera hay pruebas solventes de que realmente David Sánchez fuera enchufado. Y los pocos indicios que había han quedado desarbolados esta semana, durante las declaraciones de los testigos.

Es un nuevo proceso de Kafka. El proceso Sánchez Pérez-Castejón. 

Vayamos primero a los precedentes. 

De la Universidad al Tribunal de Cuentas

En el Supremo hay decenas de sentencias que anulan plazas universitarias decididas ilegalmente. Casos donde el perfil estaba redactado a la medida de un candidato, donde los méritos que se piden coinciden sospechosamente con los del enchufado o donde la comisión de selección fue arbitraria. Todas esas sentencias terminan igual: con la anulación de la plaza y la repetición del procedimiento. Casi nunca se juzga al enchufado, que a lo más que se arriesga es a perder el puesto. Son procesos administrativos, no penales. Es lo que pasó, por ejemplo, con esta plaza en la Universidad de Oviedo.

Otro caso de enchufismo, en una institución donde el nepotismo es más que una sombra: el Tribunal de Cuentas. De 700 empleados, más de un centenar tenían lazos familiares con los altos cargos y consejeros de este organismo, según una investigación publicada en 2014 por El País.

Entre 2014 y 2017, el Supremo desmontó uno de estos enchufes: una plaza de subdirector adjudicada al hermano de Javier Medina Guijarro, entonces vicepresidente y consejero del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. 

Primero se colocó a dedo al hermano de Medina en el cargo de subdirector en comisión de servicios. Después se modificaron los requisitos para el puesto mediante una supuesta “corrección de errores” que eliminaba exigencias que el enchufado no cumplía, como saber inglés y francés. Más tarde se dejó la convocatoria desierta, para que siguiera el hermano. Por último, se volvió a convocar otra vez la plaza, de nuevo a su medida, que así ganó.

El caso se resolvió por la vía contencioso-administrativa, no por la penal. El Supremo anuló una tras otra esas actuaciones. Hicieron falta cuatro sentencias y dos autos, entre 2014 y 2017, para que el Tribunal de Cuentas desistiera del enchufe y convocara la plaza de forma legal. En una de estas sentencias, el Supremo concluyó que estos movimientos eran una “desviación de poder” que tenían “una finalidad torcida”: que el puesto lo ganara el hermano de Javier Medina, no el candidato más idóneo. 

¿La condena? En la práctica, solo las costas judiciales: 38.000 euros en total, que tuvo que pagar el Tribunal de Cuentas (no su vicepresidente). El hermano ni siquiera tuvo que devolver el dinero cobrado desde que fue enchufado hasta que su nombramiento se anuló.

No era siquiera el primer indicio de nepotismo. Casualmente, Javier Medina tenía entonces trabajando en el Tribunal de Cuentas a su hermana, a su mujer, a un familiar de su mujer… y a su hermano.

Hubo un intento de juzgar como prevaricación ese enchufe, pero la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo archivó la querella presentada contra Javier Medina. ¿Los argumentos? Que una ilegalidad administrativa no es lo mismo que un delito de prevaricación: hace falta que sea una arbitrariedad grosera sin ninguna justificación, dijo el Supremo (con dos votos particulares en contra que sí pidieron investigar). Ni siquiera ante un ejemplo así, se vieron indicios suficientes para abrir una causa por lo penal. 

Hay que esforzarse mucho para que un enchufe se convierta en un juicio penal. Para que haya delito, dice la jurisprudencia del Supremo, hace falta un enchufe campanudo y a las bravas. Como lo que hacía Baltar en la Diputación de Ourense.

Las cacicadas de Baltar

José Luis Baltar Pumar, expresidente de la Diputación de Ourense, sí fue juzgado y condenado por lo penal: por contratar ilegalmente a 104 personas. Todas a dedo: sin publicidad ni concurrencia, sin el más mínimo respeto por el procedimiento legal. 

En aquellos años, la Diputación de Ourense llegó a tener 33 porteros en nómina para un edificio con solo tres puertas.

Los 104 enchufados eran en su mayoría familiares y cargos vinculados al aparato local del PP. Todos esos contratos ilegales se firmaron en apenas tres meses: entre enero y marzo de 2010. La fecha no es casual: en ese mismo periodo, el PP de Ourense celebraba un reñido congreso provincial. Uno clave, porque Baltar padre se retiraba y pretendía dejar en herencia el cargo de presidente de la Diputación a su hijo, José Manuel Baltar.

Los enchufes cumplieron su función. Baltar hijo ganó el congreso del PP y sucedió a Baltar padre como presidente provincial del partido y de la Diputación. Entre padre e hijo, sumaron 33 años al frente de esa institución. Tuvo que llegar un radar de la DGT que pilló a José Manuel Baltar conduciendo a más de 200 kilómetros por hora para que la saga familiar perdiera la Diputación. 

Aquellos enchufes se juzgaron por lo penal. ¿La sentencia? José Luis Baltar fue condenado a 9 años de inhabilitación. Un chiste, porque para entonces Baltar padre ya estaba jubilado: no ocupaba cargo público ni tampoco aspiraba a ninguno. En la práctica, la condena no tuvo ningún efecto. 

Los enchufados de Baltar no fueron juzgados. Tampoco esos cargos del PP local que aceptaron este trato de favor para ellos o sus familiares. Tampoco el beneficiado indirecto de los enchufes, su hijo y sucesor. La sentencia tampoco obligó a los enchufados a devolver el dinero cobrado de la Diputación. 

En aquellos años, el máximo responsable del PP gallego era Alberto Núñez Feijóo. Hoy es el líder nacional de un partido que pide cuatro años de cárcel para Miguel Gallardo, el expresidente de la Diputación de Badajoz. 

La hermana de Moreno Bonilla

Otro ejemplo. En 2019, al poco de ganar Juan Manuel Moreno Bonilla la presidencia de la Junta de Andalucía, su hermana se llevó una plaza pública que dependía de esta administración: directora del conservatorio superior de danza de Málaga. Otra candidata denunció el nombramiento ante la Fiscalía. En el concurso de méritos, ella tenía 49,5 puntos. La hermana de Moreno Bonilla, solo 38,2.

El caso se cerró sin llegar siquiera a juicio. La Junta defendió que la elección de la hermana de Moreno Bonilla no dependía solo de esa puntuación y que la Inspección Educativa desaconsejó el nombramiento de la otra candidata. La Fiscalía archivó la investigación. 

Un último precedente, aún más reciente y donde muy pronto habrá sentencia: el proceso penal contra José Luis Ábalos por, entre otros motivos, enchufar a su entonces pareja, Jessica Rodríguez, en una empresa pública a la que no consta que fuera a trabajar. 

¿Está siquiera imputada Jessica Rodríguez? Por supuesto que no. 

De San Petersburgo a Badajoz

Vistos los precedentes, es difícil sostener una acusación penal contra David Sánchez. Incluso si hubiera sido enchufado. Pero es que ni siquiera hay evidencia de que tal enchufe sea real.

El hermano del presidente del Gobierno es director de orquesta. Estudió en una de las escuelas de música más prestigiosas y antiguas del mundo: el Conservatorio Estatal Rimski-Kórsakov de San Petersburgo. Trabajó durante años como director de orquesta en esa ciudad rusa. En 2015, antes de que fuera acusado de enchufe, el diario El Mundo lo calificaba como “uno de los directores de orquesta españoles más reconocidos en el extranjero”.

En 2017, fue contratado por la Diputación de Badajoz como “coordinador de actividades de los conservatorios de música”. Más tarde su puesto fue modificado y pasó a denominarse “jefe de la oficina de artes escénicas”. Hoy está siendo juzgado por los presuntos delitos de “tráfico de influencias” y “prevaricación”.

La denuncia inicial fue de Manos Limpias. Llena de mentiras, como que tenía 1,4 millones de euros en acciones del BBVA (falso, eran 71.000 euros). O que no iba a trabajar (falso, como están demostrando las declaraciones de los testigos). O incluso que vivía en Portugal (en Elvas, a media hora de su trabajo), como si eso también fuera un delito.

La jueza de instrucción que ha procesado penalmente a David Sánchez –en contra del criterio de la Fiscalía– se llama Beatriz Biedma. Su acusación es que esa plaza de la Diputación se creó a medida porque David era el hermano del secretario general del PSOE. Que ese puesto no era necesario y se diseñó específicamente para él. 

Es la misma teoría que alentó esta semana en el juicio el teniente coronel de la UCO Antonio Balas: “Entendemos que [la decisión de crear el puesto] partió de un nivel superior con capacidad política”. A Balas también “le llamó la atención” la “urgencia” para crear esa plaza. Las acusaciones argumentan que esa plaza siempre fue “con bicho”: que fue creada solo con el afán de contratar al hermano del hoy presidente del Gobierno.

Hay un problema: las fechas de cuándo se crea esa plaza no cuadran con el enchufe.

David Sánchez fue contratado en julio de 2017: poco después de que su hermano recuperara la secretaria general del PSOE, tras su victoria en las primarias de 2017. Pero la creación de ese puesto de coordinador de los conservatorios es del año anterior. La propuesta aparece por primera vez el 17 de octubre de 2016 y la dotación presupuestaria se aprueba el 4 de noviembre de ese mismo año.

Cuando se crea esa plaza, Pedro Sánchez es un apestado en el PSOE.

Unas semanas antes, el 1 de octubre de 2016, el Comité Federal del PSOE había forzado su salida como secretario general. Y en el proceso interno que se vivió después, Miguel Ángel Gallardo apoyaba a Susana Díaz. No parece que en el otoño de 2016, el presidente de la Diputación de Badajoz tuviera razón alguna para enchufar al hermano del entonces defenestrado secretario general.

Contra lo que algunos creen, tampoco era una plaza de funcionario de carrera: fue un puesto de personal laboral de alta dirección. El detalle es importante: era un trabajo del que después te pueden despedir con relativa facilidad. Y que también tiene requisitos más laxos para la contratación. 

A la convocatoria de la Diputación se presentaron 11 personas. Tras las entrevistas, cinco candidatos fueron considerados no aptos para el desempeño del puesto y seis aptos. Entre estos últimos estaba David Sánchez Pérez-Castejón, que obtuvo la valoración más alta: 90 puntos sobre 100.  

¿El resto de las pruebas contra él? Que se interesó por los pisos en Badajoz antes de ganar la plaza –algo lógico si estás ante la posibilidad de que la puedas lograr–. Y también un correo electrónico sobre la convocatoria de la plaza de Evaristo Valentí, director del Conservatorio Superior de Badajoz, que utilizó la palabra “hermanísimo” el 17 de mayo de 2017. Valentí explicó ante el tribunal que usó ese término porque había “rumores” de que se presentaría a esa convocatoria, no de que la fuera a ganar; que utilizó el término en tono jocoso. Y que conocía a David Sánchez igual que al 80% de los candidatos que se presentaban a ese puesto. 

Otros testigos del juicio han desmontado también otras de las acusaciones contra David Sánchez: que no trabajaba o que el puesto era innecesario.

Si esto fuera un juicio normal, tras estos testimonios, es muy dudoso que pudiera acabar con una condena. No ha aparecido una sola prueba que demuestre ese “tráfico de influencias” para ese puesto. Menos aún que ese delito lo haya cometido el propio David Sánchez.                  

Pero si esto fuera un proceso penal normal, también es muy dudoso que hubiera podido llegar siquiera a juicio. A estas alturas, cuesta creer que tantas anomalías simultáneas en tantos tribunales españoles sean culpa del azar.

En los dos años desde que se presentó la primera querella contra él, David Sánchez ha sido presentado por varios medios de comunicación como el típico enchufado sin oficio ni beneficio que consiguió un puesto en una diputación gracias a que era el hermano del presidente del Gobierno. Solo había aparecido antes una vez en la prensa en un artículo que destacaba de forma irónica que era el hermano listo de la familia gracias a sus estudios de música en Rusia. En el Conservatorio Estatal de San Petersburgo obtuvo una matrícula de honor en Composición Musical y Dirección Operística y años después fue director artístico del Teatro Mikhailovsky de esa misma ciudad.

Lo que aparecía sobre él no tenía que ver con óperas y partituras. Se dijo que contaba con un patrimonio millonario –un millón de euros en acciones que luego resultaron ser 90.000–, que le habían regalado el puesto en Badajoz sin tener los conocimientos necesarios y hasta que vivía en Portugal, como si esto último fuera delito. Todo esto no tenía que ver con el procedimiento judicial, pero ayudaba a ponerle la etiqueta de culpable. La querella la puso Manos Limpias, una más de las muchas que presentan de forma mecánica en los tribunales. Con el Tribunal Supremo, encadenan derrota tras derrota, pero en los juzgados siempre puede sonar la flauta.

David Sánchez declaró el jueves en el juicio en el que las acusaciones populares –el PP, Vox y varias organizaciones ultraderechistas– pedían tres años de prisión para él. Eso era al principio del juicio, porque de repente el jueves decidieron doblar la petición de pena hasta los seis años sin que hayan aparecido elementos nuevos en el transcurso de la vista sobre los posibles delitos cometidos. Es una forma de decir al tribunal que una absolución no sería tolerable.

El acusado solo respondió a las preguntas de su abogado. No muchas. Se vio claramente que el acusado no estaba preparado para la situación. Sea o no apropiado para su estrategia de defensa, dio muestras de estar perplejo por pasar por este trago. Su abogado podía haberle preguntado por sus antecedentes profesionales con el fin de confirmar que estaba preparado para el puesto, pero por alguna razón prefirió no hacerlo.

Sánchez no estuvo nada acertado en la fase de instrucción cuando dio explicaciones no muy claras sobre el espacio físico en que trabajaba. Su puesto pasó a llamarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas, con el mismo sueldo, pero nunca fue un departamento propio con funcionarios y unas oficinas específicas para esa función. En el juicio, explicó que le dieron inicialmente un despacho y que luego tuvo que cambiarse. “A partir de entonces, compartí otros espacios comunes con otros trabajadores”. En la última etapa, se le entregó uno nuevo “también compartido”. A preguntas de su abogado, dijo que “no era una oficina, sino una categoría administrativa”.

Ese trasiego de espacios de trabajo desmiente la idea de que Sánchez impuso su influencia por ser quien era a la hora de realizar sus funciones. “No tengo capacidad de influir en nada”, dijo. No era un cargo político ni un funcionario, pero sí un cargo de confianza. El entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, contó después el motivo. “Si luego se cesa al titular, se puede amortizar el puesto”, dijo, y no es necesario nombrar a un sustituto. “Eso es lo que quería oír”, respondió su abogado. Seguro que le había dicho antes a su cliente qué le iba a preguntar, pero no había quedado muy satisfecho con la primera respuesta.

No era una oposición a la que se presentan muchos candidatos que tienen que pasar por varias pruebas. Una persona que se sintió injustamente postergada en la selección había declarado antes como testigo. En las declaraciones del jueves, uno de los acusados, el exdirector de Cultura de la Diputación, dijo que ella solo había presentado un proyecto de “una hoja y media”.

Las declaraciones como testigos de las tres personas que han dirigido los dos conservatorios de Badajoz desde entonces habían desmentido muchas de las presunciones hechas durante dos años sobre el trabajo de Sánchez y por las acusaciones en la vista. Confirmaron que el director de la oficina había realizado las funciones asignadas a su puesto con normalidad. Yolanda Sánchez dijo que su ayuda había sido valiosa y que tenía “un buen currículum y estaba muy bien formado y capacitado para la plaza”.

Nunca pensaron que la adjudicación estuviera amañada. Otro director que le había llamado “hermanísimo” en un email redujo el uso de la palabra a una anécdota por ser un comentario que circulaba en pasillos. Después de varias preguntas sobre esa palabra, el presidente del tribunal las zanjó diciendo que a la sala no le interesaban “ni los rumores ni las elucubraciones ni los corrillos”.

Una declaración muy diferente fue la del teniente coronel Antonio Balas, director de la Unidad de Delitos Económicos de la UCO. Al igual que en el juicio del fiscal general, el jefe de la UCO explicó tanto los hechos de la investigación como sus deducciones. Una vez más, se atuvo al principio de que quien manda en una institución impone sus deseos sobre todos los niveles. Dio por hecho que las necesidades de personal están condicionadas por intereses políticos. Por ello, declaró que la decisión de crear el puesto “partió de un nivel superior con capacidad política”, refiriéndose a Gallardo como presidente de la Diputación. Las defensas argumentaron que no había presentado ninguna prueba sobre esa afirmación.

En la fecha en que se decidió crear esa plaza en octubre de 2016, Pedro Sánchez ya no era secretario general del PSOE. Gallardo, como declaró en el juicio, apoyó en las primarias posteriores a su rival, Susana Díaz, atendiendo al criterio del líder del partido en Extremadura, Guillermo Fernández Vara. En opinión de Balas, la elección de David Sánchez para el puesto ya estaba “predeterminada” en ese momento. El proceso de selección de la plaza no se puso en marcha hasta mayo de 2017, un mes antes de las primarias.

En el juicio, un abogado preguntó a Balas por la responsabilidad de los demás acusados. Sorprendentemente, no tenía nada concreto que decir sobre ellos. “No sé quiénes son los otros acusados. Evidentemente, para darle una apariencia de legalidad a todo el proceso, si esto es así, pues se necesitan diferentes intervinientes”. Solo estaba interesado en Sánchez y Gallardo.

Las investigaciones de la Audiencia Nacional dejan al descubierto cuál era el objetivo de Leire Díez: desestabilizar causas judiciales que afectaran al PSOE, al Gobierno y también a sus propios colaboradores. La exconcejala socialista amontonó promesas de torpedear las diligencias incómodas y saltó de causa en causa buscando trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles, del hermano del presidente del Gobierno al caso Villarejo, pasando por el caso Koldo. El sumario desvela que las gestiones fueron intensas y que encontró aliados de dudosa reputación, pero que, en última instancia, fracasó. Todas las causas que quiso desbaratar siguen en marcha y algunas se están juzgando esta misma semana. Y las pocas que terminaron en archivo o absolución llegaron a ese desenlace por razones ajenas a la exmilitante que actuaba arropada por mandos socialistas del más alto nivel.

El “punto de inflexión” de la actividad de la trama de Leire Díez fue 2024, cuando el juez Juan Carlos Peinado abrió una causa contra Begoña Gómez y desde Ferraz, según comentó ella misma, les empezaron a hacer caso. Pero para entonces esta exconcejala de Vega de Pas (Cantabria) ya tenía experiencia estudiando a fondo causas judiciales de supuesta corrupción y buscando sus puntos flojos. También tenía experiencia en localizar a las personas que le podían ofrecer información comprometedora de jueces y fiscales.

“¿Qué podemos destapar de ella? Yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos y lo demás lo sigo yo con un libro. Yo me encargo, me voy a poner hoy mismo, yo escribo rápido y con muy mala leche”. La que hablaba era Leire Díez y al otro lado del teléfono estaba Rafael S.M., entonces responsable de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de Sevilla. Era 2020 y la exmilitante estaba pidiendo información delicada sobre Mercedes Alaya, la magistrada que instruyó la causa de los ERE y muchas ramificaciones que pusieron en jaque al socialismo andaluz. Ese caso acababa de ser sentenciado por la Audiencia de Sevilla, pero Díez buscaba datos para atacar más ramificaciones todavía abiertas: el caso Isofotón y el caso Aznalcóllar.

Uno de los colaboradores de Leire Díez tenía un especial interés en la segunda causa. Vicente Fernández había tenido que dimitir como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) porque Alaya había reabierto contra él esa causa, centrada en la adjudicación presuntamente ilegal de la mina de este municipio sevillano. “Yo estoy hilando un relato porque además de la muerte procesal tiene que ser social también”, le dijo Leire Díez en un mensaje. Después de sus reuniones con ese policía al que apodaban 'Torrente' decidió que tenía material para ir contra la jueza y sus causas. “Con las cosas que ya sé de Alaya lo que menos necesito saber es de Derecho. Todo saldrá bien, volverás”. Unas semanas después, su mensaje fue aún más contundente: “Tenemos que exterminar socialmente a Alaya”.

El paso del tiempo demuestra que si Leire Díez recabó información comprometedora sobre la magistrada sevillana nunca llegó a conseguir nada con ella. Tampoco escribió el libro que prometió en esa conversación telefónica grabada por ella misma. Mercedes Alaya siguió ejerciendo como jueza. El caso de los ERE siguió su tramitación, las condenas fueron avaladas por el Tribunal Supremo y finalmente reducidas a la mínima expresión por el Tribunal Constitucional. El caso Isofotón sobre un supuesto fraude millonario de subvenciones a una empresa de placas fotovoltaicas se acabó archivando porque el juzgado se había saltado los plazos procesales. El caso Aznalcóllar en el que estaba imputado Vicente Fernández fue a juicio y terminó con una sentencia absolutoria de la Audiencia de Sevilla por falta de pruebas con un duro varapalo a Alaya, ratificado el año pasado por el Tribunal Supremo.

Esa intervención de Leire Díez en tres causas relacionadas con Andalucía tiene todos los ingredientes apreciables en todas sus maniobras posteriores a la imputación de Begoña Gómez: contactos con informantes de los casos, promesas de dar al traste con las diligencias y, finalmente, fracasos a la hora de conseguirlo. También alusiones a que alguien, “desde posiciones elevadas”, había gente dispuesta a tomar medidas.

El “punto de inflexión”

Las causas andaluzas de 2020 fueron el punto de partida de una actividad que se prodigó hasta las primeras imputaciones de 2025. El “punto de inflexión” en su actividad, destacan todos los investigadores y la propia Leire Díez en sus conversaciones, fue la apertura de una causa contra Begoña Gómez por parte del juez Juan Carlos Peinado, momento en que supuestamente Santos Cerdán le abrió las puertas del número 70 de la calle Ferraz para dirigir su afán investigador y conspirador a otro nivel. Pero entonces, como ya había sucedido en Andalucía, sus enredos y contactos no tuvieron el éxito penal que se esperaba.

El sumario registra unas pocas gestiones sobre el magistrado Juan Carlos Peinado, el origen de su nueva y prolífica relación con Ferraz. Contactó con Nervis Villalobos, antiguo mandatario venezolano que había sido encarcelado por Peinado en una causa de blanqueo de capitales que finalmente había instruido la Audiencia Nacional. Era mayo de 2024 y Villalobos le entregó un “cronograma de irregularidades” a Leire Díez sobre cómo Peinado y el fiscal José Grinda habían gestionado su caso. Todo factual y todo publicado por la prensa: en 2020 el Tribunal Constitucional había dado la razón a Villalobos y decretado que Peinado le había encarcelado irregularmente allá por 2018.

El caso de Begoña Gómez siguió adelante y dos años después el juez Peinado ha mostrado su intención de llevar al banquillo a la esposa del presidente del Gobierno. Las únicas limitaciones que se han impuesto a la causa han llegado desde la Audiencia Provincial de Madrid. Pero el sumario no recoge, al menos por el momento, ninguna gestión adicional de Díez. Algo parecido sucede con una causa que estalló pocos meses después en Extremadura. Una magistrada, Beatriz Biedma, aceptó estudiar otra querella de Manos Limpias, esta vez por presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz. Leire Díez encontró aliados de dudosa trayectoria que sí pusieron en marcha una ofensiva real contra la magistrada, pero que tampoco consiguieron su objetivo.

Los extraños aliados de Leire Díez

Todo se gestó en un grupo de WhatsApp llamado “Vacaciones y viajes”. Además de Leire Díez y Javier Pérez Dolset, en ese grupo estaban Joaquín Parra y Luis José Sáenz de Tejada. El primero, el expresidente del CD Badajoz entonces imputado –y hoy ya condenado– en varias causas de fraude fiscal ligado a los hidrocarburos. El segundo había sido juez, pero llevaba dos años fuera de la judicatura tras haber sido condenado por amenazas de muerte a su exmujer con frases como: “Te pego un tiro, tú sin mí no vales nada”.

Sáenz de Tejada, según se desprende de la investigación, aceptó ser el brazo ejecutor de la estrategia de la trama contra la jueza que investigaba al hermano del presidente del Gobierno. “Paso 1. Destruir procedimiento”, anotó ella en sus agendas. El plan abarcaba que este abogado se personase en el proceso para “paralizar” la causa e incluso asumir la defensa de David Sánchez, algo que nunca sucedió. Pero si puso en marcha acciones penales contra Biedma que nunca prosperaron. Por ejemplo, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que Leire, además, rebotó a Santos Cerdán.

Sáenz de Tejada no se pudo personar en la causa, sus recusaciones contra la jueza Biedma nunca prosperaron y su denuncia fracasó de la manera más estrepitosa posible. “El Ministerio Fiscal carece de competencia para iniciar investigación alguna”, contestó Ana García León desde la Secretaría Técnica del Ministerio Público antes de enviar el asunto a Extremadura. La causa contra David Sánchez no se vio afectada y el juicio se está celebrando esta misma semana mientras se conocen los detalles del sumario de Leire Díez.

Este magistrado condenado por violencia machista no fue el único aliado atípico que buscó Leire Díez para dinamitar causas judiciales y aflorar supuestos casos de corrupción. También recurrió al considerado como bedel de dichas cloacas: el comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez. Para entonces ya sumido en decenas de piezas separadas sobre su actividad como policía al margen de la Policía, Leire Díez fue muy clara al decir a su abogado que la Fiscalía les ofrecería un pacto a cambio de su colaboración: entregar toda la información comprometedora que tuviera contra determinados jueces, políticos y fiscales. Llegaron incluso a elaborar un plan de trabajo.

Aquí las promesas de Leire Díez tampoco fructificaron y el fiscal anticorrupción del caso, César de Rivas, le espetó que no tenía “nada” que hablar con él. La Fiscalía no ha bajado desde entonces el pistón en los juicios que se han celebrado con Villarejo en el banquillo. El comisario jubilado, condenado ya en varias causas, dejó por escrito su lamento cuando el Ministerio Público no aflojó la presa: “Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”.

La UCO y los fiscales

Las maniobras de Leire Díez y su grupo tenían por objetivo a tres personas aborrecidas por una pluralidad de sus colaboradores. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, su subordinado José Grinda, y el teniente coronel de la Unidad Central Operativa, Antonio Balas. El primero era el impulsor de causas como Koldo que amenazaban al Gobierno mientras Luzón pactaba confesiones con Víctor de Aldama y su defensa. El segundo era considerado por Javier Pérez Dolset, Sandro Rosell y Nervis Villalobos, entre otros, como un fiscal sin escrúpulos que les había perjudicado de forma ilegal. El tercero, amparado en el habitual anonimato de los investigadores de la Guardia Civil, era señalado como el autor de informes y atestados dudosos en casos como el de Begoña Gómez, el fiscal general o la causa contra José Luis Ábalos.

Una vía de entrada para llegar a este último, el mando de la UCO Antonio Balas, fue una de las múltiples causas de hidrocarburos de la Audiencia Nacional. Entramados empresariales destinados a defraudar cientos de millones de euros en impuestos en el ámbito de las empresas dedicadas a este sector. Hubo reuniones con otro guardia civil, el capitán Juan Sánchez Yepes, hubo reuniones con la Directora General de la Guardia Civil y con Alejandro Hamlyn, empresario del sector de los hidrocarburos pendiente de juicio en la Audiencia Nacional que, supuestamente, tenía información.

Se dejaron por escrito estrategias para desacreditar a Balas, para culpar a Repsol del fraude de hidrocarburos y para explorar las múltiples causas abiertas y buscar un punto flojo. Meses después, ya en noviembre de 2025 y con Hamlyn sin salir de Dubái, la Audiencia Nacional condenó a 14 personas por este entramado fraudulento relacionado con los hidrocarburos e impuso una multa de 159,1 millones de euros a su empresa. El asunto, según Leire, era la “prioridad” de sus contactos socialistas, según sus mensajes “por orden del one”, término con el que supuestamente se refería a Pedro Sánchez. En rueda de prensa, cuando sus maniobras ya eran conocidas, ella aseguró que estaba escribiendo un libro sobre ese tipo de fraudes.

Una parte importante de estos movimientos, según la UCO, tenían por objetivo buscar los puntos flojos de la causa ya entonces abierta contra Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos y que ya entonces apuntaba al exministro de Transportes. Unas diligencias que terminarían explotando contra el propio Santos Cerdán, aunque eso entonces no era público. Durante una etapa, Leire Díez coordinó su acción con la defensa de Koldo con poco éxito. Dos años después de esas maniobras, el exministro y su asesor esperan su primera sentencia del Tribunal Supremo mientras tanto ellos como Santos Cerdán siguen imputados en otra pieza separada del caso.

Un último bloque de gestiones gira en torno a un grupo de personas que se consideraban agraviadas por el fiscal anticorrupción José Grinda. Javier Pérez Dolset y Sandro Rosell también unieron sus fuerzas a Leire Díez y, en un momento dado, plantearon exigir a Grinda el “cierre” de media docena de causas a cambio de puestos en el extranjero enterrar las derivadas judiciales de una joven a la que supuestamente este fiscal había enviado un vídeo sexual cuando ella era menor de edad.

Ni Grinda aceptó la propuesta, ni las causas se archivaron. El caso Zed que afecta a Javier Pérez Dolset sigue pendiente de juicio, como el caso Duro Felguera y la causa del 3% catalán. Lo mismo sucede con la causa de los Pujol, también integrada en esa lista de exigencias y cuyo juicio acaba de quedar visto para sentencia en la Audiencia Nacional. La petición de Sandro Rosell de que Grinda revelara el origen ilegal de sus dos años de encarcelamiento preventivo tampoco fue atendida.

Según revela la investigación de la UCO, Leire Díez pasó años haciendo gestiones judiciales entre bambalinas, creando una 'matrioshka' de promesas que, en su inmensa mayoría, nunca se cumplieron. La UCO sospecha que algunas veces, como es el caso de las denuncias contra la jueza Beatriz Biedma, alguien hizo creer a Díez que la Fiscalía atendería sus peticiones de investigación y nunca fue así. La gran baza que activó Santos Cerdán para combatir sus frentes judiciales y los del PSOE ni publicó los libros que anunció, ni tumbó las causas penales que intentó manipular.

PP, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Liberum, todas las acusaciones populares a excepción de Manos Limpias, han elevado a seis años la pena de cárcel solicitada para el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de tráfico de influencias. Se trata del doble de la pena de prisión que habían reclamado por la contratación del músico en la Diputación de Badajoz. El pseudosindicato ultra mantiene la petición de tres años de cárcel para el músico.

El PP ha presentado una calificación independiente a la que se ha adherido la letrada de Vox y la asociación Liberum. Esta acusación sostiene que, aunque el delito específico de aceptación de nombramiento ilegal haya prescrito, como estableció la Audiencia al inicio de la vista oral, los hechos no, por lo que lo han calificado ahora como prevaricación. Además de prisión, reclaman una multa por el doble del beneficio obtenido e inhabilitación de 20 años. La solicitud de pena de Hazte Oír ha sido respaldada por Iustitia Europa y Abogados Cristianos.

Para el expresidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, las mismas acusaciones también han aumentado de tres a cuatro años la petición de cárcel por los mismos delitos, como han trasladado al tribunal en sus conclusiones definitivas. Para el exlíder del PSOE extremeño reclaman, además, 40 años de inhabilitación. En el caso de Manos Limpias, ha reducido de tres a un año y medio la pena de prisión al retirar el delito de prevaricación en relación con la contratación del amigo de David Sánchez, Luis María Carrero, aunque ha advertido que no descarta volver a solicitar cargos.

Para Carrero piden entre un año y medio y dos años de prisión e inhabilitación de entre nueve y 10 años por considerarlo autor de tráfico de influencias en concurso medial a título de inductor. En el caso de los acusados Elisa Moriano, Cristina Núñez y Félix González, hasta un año de prisión para cada uno de ellos, y para Emilia Parejo, Francisco Martos, Ricardo Cabezas, Manuel Candalijas y Juana Cintas un año y medio, tal como exige Hazte Oír.

Desde Vox, que no pide prisión para este grupo de cargos y exresponsables de diversas áreas de la Diputación, han propuesto inhabilitaciones que van de cinco a diez años.

La Fiscalía y las defensas han solicitado al tribunal que inadmita las nuevas peticiones al considerar que las acusaciones han modificado calificación jurídica de los hechos. Los letrados de los acusados sostienen que no es admisible modificar el relato fáctico del juicio a estas alturas del proceso, calificando la maniobra de “subversión absoluta” y de “anormalidad intolerable”.

De hecho, la Fiscalía ha vuelto a reclamar la absolución de David Sánchez y del resto de los acusados al considerar que no existen elementos suficientes para sustentar una condena. El Ministerio Público ya se opuso al auto de procedimiento al considerar que se basaba en “hipótesis” y “conjeturas”.

El tribunal ha aceptado las conclusiones definitivas de las acusaciones populares al apreciar que no suponen una modificación sustancial de los hechos y la sesión se ha suspendido hasta el lunes a las 9.30 horas.

La declaración de Sánchez en fase de instrucción

No ha sido la única petición de las acusaciones tenida en cuenta por los magistrados. El tribunal ha aceptado visionar en la sala la declaración de David Sánchez en la fase de instrucción tras percibir el letrado de Manos Limpias “contradicciones” y por entender que su defensa no ha preguntado por varias cuestiones al haber respondido solo a las cuestiones planteadas por su letrado. A la petición del pseudosindicato se han unido el resto de acusaciones.

El abogado de David Sánchez se ha opuesto por entender que la prueba podría ser nula y vulneraría el derecho de defensa porque los hechos relativos relacionados con su contratación están sobreseídos (por la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal), y que la “analogía” entre las declaraciones en fase de instrucción y en la vista oral nunca puede perjudicar al reo, según el Derecho Penal.

Las contradicciones han estado relacionadas con el carácter de posible compatibilidad de su cargo, aunque los funcionarios que han testificado como testigos han asegurado que no gozaba de ella, y la ubicación y los compañeros de trabajo de la Oficina de Artes Escénicas, pues en instrucción dijo al inicio que no sabía dónde se ubicaba y tanto en su segunda declaración en esa misma fase como en esta jornada matinal ha expuesto que era una denominación y no un espacio físico.

En su declaración de este jueves en la Audiencia Provincial, Sánchez ha defendido que la Oficina de Artes Escénicas es una categoría administrativa y que no hay un edificio público ni una ventanilla.

“Una novela de ciencia ficción”. Así ha calificado el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, el señalamiento sin pruebas del mando de la UCO Antonio Balas, quien en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial le atribuyó la decisión de crear la plaza de trabajo para adjudicársela al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Gallardo, que se enfrenta a una pena de 18 meses de prisión por prevaricación y tráfico de influencias por la contratación del músico, ha asegurado que “absolutamente nunca” ha participado en “cuestiones de personal” y ha negado que diese la orden de crear el puesto o decidiese quién debía ocuparlo. El también exlíder del PSOE extremeño ha recordado que en las primarias del PSOE que enfrentaron a Susana Díaz y Pedro Sánchez, que coincidió durante el proceso de selección de la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses, él apoyó a la política andaluza, que no mantenía una “relación fluida” con Pedro Sánchez y que desconocía entonces que tuviera hermanos.

Gallardo ha explicado que su gabinete le comunicó que el hermano del ex secretario general (Pedro Sánchez dimitió en el comité federal del 1 de octubre de 2016 y aún no se habían celebrado las primarias) era uno de los candidatos a la plaza y sus palabras fueron: “Que gane el mejor”.

La decisión, en octubre de 2016

La decisión de crear la plaza en la Diputación de Badajoz se tomó en octubre de 2016 en una reunión del Gobierno provincial en la localidad de Valdivia para preparar los presupuestos del año siguiente, ha explicado Miguel Ángel Gallardo, una afirmación que los testigos de días anteriores han confirmado. Según el expresidente, la propuesta de ese puesto y de otros partió del área de Cultura, pero recibió el visto bueno en esa reunión, por lo que fue una decisión “política” de la que él ha asumido toda la responsabilidad. En esa reunión de Valdivia también se aprobó la creación de otros puestos directivos.

Sobre su primera impresión de que las demandas de personal de Cultura eran demasiadas, como aparece en uno de los correos intervenidos por la UCO, Gallardo ha explicado que valoró de la misma forma las peticiones de otras áreas de la institución provincial, pero que esos correos no han sido objeto de investigación por parte de la Guardia Civil.

En cuanto al cambio de la denominación de la plaza de David Sánchez, que en 2022 pasó de coordinador de actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, Gallardo ha asegurado que tampoco tuvo participación alguna ni la conoció previamente, pues no tuvo repercusión económica. “Entiendo que las acusaciones políticas, perdón populares, saquen sus deducciones, pero era una cuestión eminentemente técnica”. El presidente del tribunal, José Antonio Patrocinio, le ha llamado la atención por el uso de ese término.

Además, ha subrayado que la Diputación decidió crear la plaza como alta dirección y libre designación, en lugar de funcionario, porque es una demanda histórica que la Junta de Extremadura se haga cargo de los conservatorios y si eso llegara a suceder, será más fácil amortizarla. “Si mañana no se cuenta con esta competencia, no habrá que reubicar a nadie, pues la plaza tiene carácter directivo”, ha añadido.

El expresidente de la Diputación de Badajoz ha respondido solo a las preguntas de su defensa, como ha hecho David Sánchez, que ha negado haber influido en la contratación de su amigo, Luis Carrero, y ha afirmado que no intervino en el cambio de nombre de su propio puesto en 2022, que pasó a denominarse Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, aunque eso no supuso cambio en las funciones ni en la retribución.

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha defendido este jueves ante los jueces de la Audiencia de Badajoz que no influyó en la contratación de su amigo Luis María Carrero como jefe de sección de actividades transfronterizas de la Diputación de Badajoz. “Yo no tengo capacidad de decidir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento”, ha aseverado. David Sánchez ha respondido únicamente a preguntas de su abogado, Emilio Cortés, que no le ha preguntado sobre el proceso de adjudicación de su puesto porque el tribunal decidió no juzgar al músico por el delito de aceptación de nombramiento ilegal al considerar que ha prescrito. Su declaración apenas ha durado diez minutos.

También ha asegurado que no intervino ni ejerció influencia alguna en el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo, que pasó de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Ha rebatido así las tesis de las acusaciones que sustentan la causa, que defienden que esa modificación fue una vía para adaptar el puesto a sus preferencias personales. “Todas las actividades se enmarcaban dentro de la actividad institucional propia de la Diputación. Eran publicitadas con los logotipos de la Diputación. Había expedientes, controles de gasto... No puede ser una actividad privada mía”, ha afirmado.

Además, ha señalado que no intervino en el cambio de denominación del puesto y se enteró cuando este ya se había realizado, pero que supone que se produjo “por una evolución natural de las actividades que se venían realizando”.

En este sentido, ha defendido que la Oficina es una categoría administrativa y que “no era entendido” como “un edificio físico con una ventanilla”. Así, ha mantenido que, en los años 2023 y 2024, ya como jefe de la Oficina, estuvo trabajando en “espacios comunes” hasta que hubo una “reubicación” a los servicios centrales de la Diputación. De esa forma ha intentado aclarar su declaración durante la instrucción, en la que tuvo dificultades para explicar dónde se encontraba físicamente su lugar de trabajo.

En relación con la contratación de su amigo Luis María Carrero en comisión de servicio, David Sánchez ha mantenido en septiembre de 2023 empezó a escuchar por los pasillos de la Diputación que iba a haber “un refuerzo” en el área de Cultura. Y que, en consecuencia, le dijo a su amigo que estuviera “atento” porque el puesto le podría interesar. David Sánchez ha defendido que fue un “malentendido” el correo que usan las acusaciones para defender que él ya conocía su adjudicación.

“Dos meses más tarde, me cruzo con él, y me dice que la plaza ya estaba. El malentendido es que yo confundí que la plaza estaba publicada con la adjudicación de la plaza. En ese mismo correo, el propio Luis me corrige y me dice que no tiene noticia ni calendario (...). Yo no tengo capacidad de decidir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento”, ha explicado a preguntas de su letrado.

Las tres primeras sesiones de la vista oral, en la que participaron 42 testigos, estuvieron definidas por una contradicción técnica directa entre las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las declaraciones de los funcionarios, peritos, aspirantes y directores de los conservatorios provinciales.

La Audiencia de Badajoz ha completado la fase testifical en el juicio contra el hermano del presidente del Gobierno David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la contratación del primero en el año 2017 en la institución. Las tres primeras sesiones de la vista oral, en la que han participado 42 testigos, han estado definidas por una contradicción técnica directa entre las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las declaraciones de los funcionarios, peritos, aspirantes y directores de los conservatorios provinciales.

Este jueves es el turno de los acusados. Declarará en primer lugar Gallardo y después lo hará Sánchez y el resto de encausados, 11 en total.

El teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO y responsable del volcado de los correos intervenidos a los trabajadores de la Diputación, ha atribuido al ex secretario general del PSOE extremeño la decisión de crear la plaza de libre designación de coordinador de los conservatorios pacenses y ha considerado que la adjudicación a Sánchez estaba “predeterminada”.

Balas “entiende y considera evidente” estas afirmaciones por inferencias tras el análisis de las comunicaciones internas entre funcionarios, altos cargos socialistas de la Diputación y Gallardo, aunque no ha aportado ninguna prueba, algo que algunos letrados de la defensa han querido evidenciar.

De Gallardo a Doraemon

El abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, incluso ha dejado patente que la afirmación del teniente coronel es una deducción y a la salida de la Audiencia ha señalado que “ha apuntado a Gallardo como podría haber apuntado a Doraemon, al final de lo que se trata es de probarlo”.

Cortés se ha mostrado combativo con el agente y en la Sala ha dejado en evidencia la falta de formación de la UCO, como ha admitido el teniente coronel, en materia de contratación administrativa, aunque hayan analizado y redactado un informe sobre esta cuestión.

Según el mando de la UCO, la decisión de crear el puesto en octubre de 2016 “partió de un nivel superior con capacidad política” y no de las necesidades técnicas del área de Cultura. Balas ha sostenido que, como el tema de Personal obedece a “estrategias políticas”, el impulso para crear la plaza “partió de un nivel superior con capacidad política”. Y ha concluido: “El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es a Miguel Ángel Gallardo”.

No obstante, en un primer atestado, de finales de 2024, la UCO aseguró desconocer de quién partió la idea de habilitar la plaza de libre designación. Pero tras una “visión holística” de los oficios y atestados incluidos en la investigación “concluimos lo que acabo de concluir”, ha indicado Balas.

El teniente coronel ha indicado que le “llamó la atención” la “urgencia” para la habilitación de la plaza. El Gobierno provincial dio el visto bueno el 10 de octubre de 2016 durante una reunión preparatoria para los presupuestos del año siguiente, a pesar de que unos días antes Gallardo había considerado “excesiva” la propuesta del área de Cultura para crear nuevos puestos de alta dirección. Para entonces, Pedro Sánchez no solo no era presidente del Gobierno: además había dimitido como secretario general del PSOE en el Comité Federal que se había celebrado el 1 de octubre.

El mando de la Guardia Civil también ha destacado que, a pesar de esa “urgencia” para habilitar la plaza en octubre de 2016, luego no se activó el proceso para cubrirla hasta mayo de 2017. El proceso de adjudicación se hizo efectivo en poco tiempo, por lo que “parece que estaba predeterminada” a David Sánchez, según Balas. El proceso de selección, con la publicación de las bases, no se activó hasta el 19 de mayo de 2017.

Cabe recordar que para entonces el PSOE aún no había celebrado las primarias que enfrentaron a Susana Díaz y Pedro Sánchez. En ese proceso, además, Miguel Ángel Gallardo apoyó a la política andaluza y no a Sánchez. No fue hasta un año más tarde, en 2018, que el Congreso de los Diputados aprobó la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy, tras la que Sánchez se convirtió en presidente.

“Hermanísimo”, el término de la discordia

Uno de los indicios de la UCO para afirmar que el proceso de selección estaba amañado es el correo que ese 19 de mayo envía el entonces director del Conservatorio Superior, Evaristo Valentí, a su compañera Yolanda Sánchez, directora del Conservatorio Profesional, en el que le envía las bases y en el asunto pone “hermanísimo”. A juicio del teniente coronel, Valentí “no es cualquier persona, sabe que la otra persona lo va a entender. Sabe que [Sánchez] se va a presentar y se lo van a dar, como pasó”.

Sin embargo, este extremo lo desmintió Valentí en su declaración como testigo el lunes. El director del conservatorio rebajó a categoría de anécdota el uso de ese término porque era “llamativo” y había “rumores” de que se presentaría a la plaza, pero que también conocía los nombres del “80% de los candidatos”, pero no de que el puesto estuviera adjudicado de antemano. Por su parte, la directora del otro centro afirmó que ni siquiera se percató de que el asunto del correo fuera ese.

Ambos, que en un principio no eran partidarios de la creación de una nueva plaza porque “había otras necesidades”, afirmaron en su comparecencia que la ayuda del coordinador “vino muy bien” por la carga de trabajo “tremenda” que tienen los conservatorios y porque el hermano del presidente del Gobierno tenía “un buen currículum, estaba muy bien formado y capacitado” y realizaba “todas” las funciones de las que era responsable. En este sentido, la UCO no ha encontrado indicios del posible absentismo laboral que señalan las acusaciones, ejercidas por Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, PP y Vox.

Sobre la afirmación de que la plaza estaba dada de antemano, sustentada en el término “hermanísimo” y en que Sánchez buscara vivienda de alquiler en Badajoz antes de la adjudicación de la plaza, su abogado ha sido muy crítico, aunque ha asegurado que se trata de una parte de la causa que el tribunal ya declaró prescrito el lunes. Uno de los participantes en el proceso de selección, Nerses Avakimyam, aseguró el lunes que no percibió irregularidades ni detectó nada extraño en los requisitos exigidos. Pero otra de las aspirantes, Cristina de Frutos, se quejó de “falta de igualdad de oportunidades”, aunque no denunció y solo envió una queja a la Fiscalía en 2025, siete años después del proceso de selección y cuando el caso estaba siendo investigado por el juzgado de instrucción.

Los técnicos de la Diputación, peritos y directores de centros musicales que han comparecido en el juicio han mantenido una postura uniforme de defensa de la legalidad de los trámites y procedimientos en la creación de la plaza, la adjudicación al músico, el posterior cambio de denominación del puesto de trabajo, que las acusaciones consideran que se hizo para satisfacer las “preferencias personales” del músico, y la contratación del funcionario Luis María Carrero, amigo del Sánchez, en comisión de servicio como jefe de sección de actividades transfronterizas.

La exdirectora de Recursos Humanos, Cristina Correa, y otros funcionarios testificaron que tanto la contratación por Carrero como el posterior cambio de nomenclatura del puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022 fueron procedimientos “ordinarios” y “habituales”. Correa aclaró además que la desaparición de la casilla de incompatibilidad ('I') en la relación de puestos de trabajo de 2023 no eximía al puesto de dicho régimen, el cual continuó vigente por ley al tratarse de un cargo de alta dirección.

El general Rafael Yuste, anterior jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, relató ante los investigadores del caso Leire de su antigua unidad que el director de la Guardia Civil Leonardo Marcos, destituido en octubre de 2024, ordenó que se cambiara el contenido de un informe que perjudicaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El 12 de julio de 2024 Leonardo Marcos había citado al superior de Yuste, el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, y le dijo en su despacho que “estaba enfadado y contrariado respecto del informe emitido por la UCO relacionado con la investigación entre cuyos encausados estaba el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, reprochando al testigo que no hubiese tenido conocimiento previo de dicho informe de forma previa a su entrega”. Así se lo trasladó la semana pasada Yuste a los agentes de la UCO que se personaron en la Dirección General de la Guardia Civil.

Yuste contó que ese mismo día 12 de julio de 2024, por la la tarde, hubo otro encuentro en el que participaron los anteriores más el jefe de la UCO y el DAO Llamas. En esta reunión, Leonardo Marcos “les manifestó que se encontraba indignado porque había conocido por terceros una propuesta de actuaciones elaborada por UCO en el marco del procedimiento judicial abierto por la denominada operación Cajirón [sobre David Sánchez], en la que, según él, se hacían presunciones falsas”, según declaró el general Yuste, anterior jefe de la UCO al instructor de la información reservada.

Leonardo Marcos habría dicho en esa reunión que el informe en el que la UCO proponía a la juez actuacione en el caso sobre el hermano de Sánchez era “prospectivo y mal intencionado” y añadió que la credibilidad de la unidad estaba “por los suelos”. Marcos habría pedido que se elaborara otro informe en el que constara que “no había nada” y que si para ello había que dejar sin vacaciones a los agentes de la UCO que así se hicera. Marcos quería el siguiente informe exculpando a David Sánchez para el 19 de julio.

Tres meses después de estas reuniones, en octubre, el Ministerio del Interior destituyó a Leonardo Marcos como director general de la Guardia Civil y le envió a un puesto en la Embajada española en Washington. El hermano de Pedro Sánchez sería llamado igualmente a declarar como investigado en noviembre de 2024.

Yuste también declaró que el director adjunto operativo del instituto armado, el general Manuel Llamas [quien ocupó el cargo con Leonardo Marcos y sigue ahora a las órdenes de Mercedes González], ordenó que los agentes implicados que se pusieran “de perfil” en las investigaciones que “tuvieran afectación política”.

Estas instrucciones de Llamas se habrían producido en una reunión el 16 de julio de 2024 cuando el director de la Guardia Civil era Leonardo Marcos. El encuentro se produjo en dependencias de la UCO y en ella participaron el citado DAO, Manuel Llamas; el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste; el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, y miembros de la UCO implicados en la investigación al hermano de Pedro Sánchez.

“En esta reunión, por parte del DAO, se indicó a los presentes en la misma que, en aquellos procediientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de que 'nos pusiéramos de perfil', debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa”, aseguró el jefe de la UCO al instructor de una de las tres informaciones reservadas abiertas el pasado 27 de mayo.

Los agentes de la UCO que participaron en la investigación de la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz han insistido este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial que la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses, que fue adjudicada al músico, estaba amañada, a pesar de que varios testigos lo han desmentido.

El teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO), que participó en el volcado de los correos electrónicos de los empleados de la Diputación, ha afirmado que de su lectura se infiere que la decisión de crear ese puesto “partió de un nivel superior con capacidad política” porque “al final el tema de Personal debe corresponder a unas estrategias políticas”. “El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es Miguel Ángel Gallardo”, el expresidente de la corporación provincial y ex secretario general del PSOE de Extremadura.

La UCO “entiende y considera evidente”, a raíz de los correos, que la decisión de crear la plaza a finales de 2016 no nació en el área de Cultura, sino en Recursos Humanos, que se relaciona con Cultura de forma directa. Pero en el juicio han indicado que Recursos Humanos “es transversal a toda la Diputación y gestiona las necesidades de Personal”. De ahí que los agentes hayan deducido que se trata de una decisión política “de un nivel superior” y hayan señalado directamente a Gallardo.

La decisión de crear la plaza se tomó en octubre de 2016. El 10 de ese mes se reunió el Gobierno provincial en la localidad de Valdivia para preparar los presupuestos del año siguiente en el que se justificaba la creación del puesto. Para entonces, Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el Comité Federal que se celebró el 1 de octubre.

Sin embargo, al teniente coronel Balas le “llamó la atención” la “urgencia” en la creación de la plaza de coordinador de los conservatorios, que no estaba “alineada” con las necesidades del área de Cultura, y el tiempo que se tardó en “dotarla”, por lo que “parece que estaba predeterminada”. Los funcionarios y peritos que han declarado el lunes y martes en el juicio han subrayado la legalidad de los procesos que se enjuician: la contratación de David Sánchez, el cambio de nomenclatura del puesto (de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas), un procedimiento que han considerado “normal” y “habitual”, y la contratación del funcionario Luis María Carrero, amigo del músico, en comisión de servicio como jefe de sección de actividades transfronterizas.

La plaza de libre designación que finalmente ocupó David Sánchez se incorporó en los presupuestos de 2017, pero el proceso de selección no se activó hasta el 19 de mayo, con la publicación de las bases. El PSOE aún no había celebrado las primarias que enfrentaron a Susana Díaz y Pedro Sánchez, y que finalizó con la victoria de este. En ese proceso, Miguel Ángel Gallardo apoyó a la política andaluza.

Una vez concluida la prueba testifical, el jueves se iniciará la declaración de los 11 acusados. El primero será Miguel Ángel Gallardo y a continuación será el turno de David Sánchez. Después lo harán Elisa Moriano, Cristina Núñez, Juana Cintas, Manuel Candalija, Francisco Martos, Emilia Parejo, Félix González, Ricardo Cabezas y Luis Carrero.

Una de las testigos clave de la acusación en el juicio que se celebra por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, Cristina de Frutos, que aspiró en 2017 a la plaza que finalmente se adjudicó a David Sánchez, ha afirmado que, en su opinión, no hubo “igualdad de oportunidades” en el proceso de selección. A pesar de ello, no presentó denuncia ni queja formal.

De Frutos ha explicado a través de videoconferencia que, tras conocer la resolución de la comisión de valoración para la selección de la plaza de coordinación de los conservatorios pacenses, comprobó que Sánchez pasó la criba por “su buena trayectoria, experiencia” y por haber contestado “muy bien” a las preguntas. Pero a ella no se le formularon preguntas y se limitó a presentar su proyecto, que consistió en un “esquema a dos caras”. La entrevista duró unos 15 minutos, al igual que la de un candidato anterior y que la de Nerses Avakimyam, otro de los aspirantes que en la jornada del lunes aseguró que no vio atisbos de irregularidad.

La testigo ha afirmado que se enteró de la oferta de empleo por un mensaje de teléfono que le envió el director del conservatorio de Plasencia, Antonio Luis Suárez, quien pocos días antes de la entrevista en la Diputación le dijo que el puesto estaba dado de antemano al hermano del presidente del Gobierno. Este extremo ha sido desmentido por Suárez en los medios de comunicación, pero la música ha insistido en su versión.

La defensa de David Sánchez ha preguntado por qué no denunció si sintió que no hubo igualdad de oportunidades o se unió a los otros candidatos para hacerlo. “En primer lugar, porque no los conocía. En segundo decidí no hacerlo porque pensé que era algo demasiado elevado y, en tercer lugar, porque no me iba la vida en ello, yo tenía mi trabajo”, ha respondido.

La fiscal también ha cuestionado a De Frutos sobre ello, ya que la testigo envió una carta al Ministerio Público en febrero de 2025, siete años después del proceso de selección al que se presentó. En este escrito describió sentirse discriminada y no obtuvo respuesta, pero la fiscal le ha recordado que lo que remitió no fue una denuncia.

'Ópera Joven' estaba “en expansión, fue creciendo”

Este martes también ha declarado Ángel Seco López, técnico de formación del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, encargado de gestionar los expedientes de los programas de cultura y deporte, como el de Ópera Joven, que lideraba David Sánchez. El músico afirmó en la instrucción que trabajaba “todos los días” con Seco y aunque este ha desmentido esa expresión literal, el técnico ha explicado que se veían “a demanda” y en función de las necesidades, como pasa con “todos los directos y coordinadores de programas de cultura”.

En este caso concreto, Seco ha añadido que Sánchez “estaba muy pendiente [del programa Ópera Joven] y muy identificado” y ha asegurado que la iniciativa de acercar la lírica y la ópera al público en general “estaba en expansión y fue creciendo” hasta el punto de que se decidió que había que estructurar “mejor” el programa para darle “más empaque estratégico” y consolidarlo. “De una ópera se pasó a realizar actos paralelos, didácticos, de difusión... y evolucionó a una ópera general al año y otra infantil y familiar” e incluso se realizaron actos en Portugal.

Sin embargo, Seco ha explicado que la Oficina de Artes Escénicas se adscribe al área de Cultura y que está encargada de llevar actuaciones musicales paralelas a los conservatorios, entre ellas, el programa Ópera Joven, pero ha asegurado que no ha tenido “ni contacto no relación” con esa oficina. Paradójicamente, el técnico de la institución provincial continuó llevando la gestión de expedientes y tramitaciones, como es el caso de 'Carmen', la última representación que se licitó con David Sánchez al frente.

La segunda sesión de declaraciones en la Audiencia de Badajoz ha estado protagonizada por funcionarios de la Diputación y políticos que participaron en la contratación del músico, el cambio de denominación del puesto y el fichaje en comisión de servicio de Luis María Carrero, amigo de Sánchez. Todos, a igual que los funcionarios y peritos que testificaron en la jornada del lunes, han defendido la legalidad de los procedimientos que se llevaron a cabo y que son “ordinarios” y “habituales” en la institución.

Los funcionarios han explicado también que el nuevo nombre del puesto no supuso que desapareciera la incompatibilidad del cargo, a pesar de que en la ficha desapareció la 'I' para ese y otros dos puestos de alta dirección que se tramitaron en la relación de puestos de trabajo (RPT) de 2023. La que fuera directora de Recursos Humanos en la Diputación hasta el año pasado, Cristina Correa, ha explicado que más allá de que figurara marcada o no la “I” en la ficha, el régimen de incompatibilidad se mantuvo al tratarse puestos de alta dirección y atendiendo a la legislación.

Declaración de la UCO

Este miércoles concluirán las declaraciones de los testigos (hay 42 en la causa) con los nueve agentes de la UCO de la Guardia Civil que participaron en el procedimiento de instrucción. El jueves y el viernes será el turno de los acusados. El tribunal ha fijado para el lunes y martes los informes finales, con lo que juicio quedaría visto para sentencia.

La Audiencia Provincial de Badajoz juzga desde el jueves el presunto amaño en la contratación del hermano de Pedro Sánchez, una tesis que sufrió un evidente frenazo en la jornada del lunes con la declaración de los directores de los conservatorios pacenses, así como la acusación de que no acudía a su puesto de trabajo. Más bien al contrario, los testigos de las dos primeras jornadas han asegurado que era un profesional “preparado y muy implicado” en su desempeño profesional. También se juzga la presunta contratación fraudulenta de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, para ocupar en comisión de servicio la Jefatura de Sección Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Además, del músico, se sientan en el banquillo el expresidente de la Diputación y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y nueve altos cargos de la corporación provincial vinculados a los socialistas. Las acusaciones, ejercidas por Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, PP y Vox, piden tres años de prisión para Sánchez y Gallardo por prevaricación y tráfico de influencias

Un chascarrillo es, según la RAE, una anécdota ligera y picante. Una frase aguda que tiene un tono gracioso, picaresco o ingenioso y cuyo objetivo principal es hacer reír o entretener. Salvo que el aludido en la chanza se llame David Sánchez Pérez-Castejón y sea hermano del presidente del Gobierno. En ese caso, la gracia puede arrastrarlo al banquillo de los acusados, afrontar un juicio por “enchufismo” y enfrentarse hasta tres años de cárcel. No es broma. Ni bulo. Ni desinformación. Es la España que delira: al banquillo por un chascarrillo. Alguien dijo que escuchó a alguien decir que alguien había dicho…

David Sánchez está siendo juzgado, con otras 10 personas, en la Audiencia Provincial de Badajoz por supuestas irregularidades en la creación de un puesto de la Diputación de Badajoz en 2017, cuando su hermano no era presidente del Gobierno ni secretario general del PSOE porque había dimitido en el traumático Comité Federal de octubre de 2016 que abrió en canal su partido. Y, aunque el presidente de la Sala ha decidido retirar uno de los delitos por los que se sienta en el banquillo -el de nombramiento ilegal- se le juzga por tráfico de influencias en concurso medial y prevaricación administrativa.

Sin embargo, Evaristo Valentí, uno de los testigos clave para incriminar a Sánchez y director del Conservatorio Superior Bonifacio Gil en 2017, ha negado que supiese que el puesto creado fuera para él y ha reconocido que el calificativo de “hermanísimo” que usó en un mail era un chascarrillo. Esto, además de afirmar que el contratado tiene la formación adecuada para el cargo y rechazar las acusaciones de absentismo. 

Tras admitir que el juzgado tenía la formación adecuada para el puesto y que había un rumor de que se iba a presentar a la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios, negó categóricamente que se supiera de antemano que David Sánchez fuera a recibir el puesto y que no fuera a trabajar habitualmente. Y en la misma línea han declarado Rosario Mayoral, directora del conservatorio 2020-2025, que jamás escuchó la expresión de «hermanísimo» antes de que David Sánchez ocupara el cargo y Yolanda Sánchez Baltasar, directora del Conservatorio Profesional Juan Vázquez desde 2010, a quien no le constan anomalías en el proceso de selección y además pone en valor el currículo del contratado. Incluso Nerses Avakimyam Gasparov, candidato a la misma plaza y profesor de violín del conservatorio, no ve “ninguna irregularidad” en el proceso de selección.

Conviene recordar que la plaza en cuestión ni era una oposición ni era un concurso, sino una convocatoria de libre designación y que son los miembros de la comisión contratadora los que deben decidir quién se acomoda mejor al perfil. Pero aun así fue aprobada en el Pleno de la Diputación del 4 de noviembre de 2017 con la participación de todos los grupos políticos, también el PP, previo informe de la Intervención y sin que el secretario general emitiera objeción alguna. De hecho, en ninguna de las sesiones de la Diputación consta alegación o crítica por parte de ningún portavoz sobre la creación de ningún puesto de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y, en concreto, de personal de alta dirección.  

El procedimiento pasó por una Comisión Técnica, por una mesa de negociación, por Recursos Humanos, por la secretaría general, por la intervención y por el pleno provincial. Y el PP no dijo nada. Conocía la modificación, tuvo acceso a la documentación presupuestaria, pudo formular alegaciones, pero no dejó constancia de su oposición a la creación de esa plaza.

Todo ello pone de manifiesto que el caso que sienta en el banquillo al hermano del presidente no es ajeno al contexto político y mediático porque la causa nace de una denuncia presentada por el pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias, a la que posteriormente se sumaron como acusación popular Vox, Hazte Oir, Liberum o Iustita Europa, por una plaza creada hace 9 años. Todas son entidades muy activas en la confrontación política y la generación de ruido, al servicio de las derechas. Más claro: el objeto no era David, sino Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

La instrucción se construyó sobre conjeturas, hipótesis y deducciones tan exóticas como que el hecho de que David Sánchez se interesara en Airbnb por un alquiler de larga estancia en Badajoz unas semanas antes de la adjudicación de la plaza ya era un indicio suficiente para colegir que el puesto estaba adjudicado de antemano. Y sin una sola prueba concluyente, ya que no existe correo u orden explícita de amaño o instrucción directa para beneficiar ilícitamente al hermano del presidente.

No existe acusación particular, no hay víctima identificada, la acusación descansa exclusivamente en organizaciones ultraderechistas perfectamente sincronizadas y las declaraciones de los testigos clave niegan que hubiera órdenes de amaño. David Sánchez es, además, un músico formado en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo, miembro de la Asociación Española de Directores de Orquesta, dirigió el proyecto Ópera Joven, accedió a un puesto para el que estaba cualificado, pero cometió un delito imperdonable: tener los apellidos Sánchez Pérez-Castejón. Y otro más: buscar un alquiler de larga duración.

¡Acabáramos!

La primera jornada de testigos en el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz ha estado marcada por la matización de las declaraciones de la fase de instrucción, hasta el punto de que la estrategia de las acusaciones populares (ejercidas por Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, PP y Vox) ha sufrido un evidente frenazo.

Los tres primeros testigos de la causa —los directores de los conservatorios pacenses en diferentes etapas que trabajaron con el hermano del presidente del Gobierno— han enmarcado en el terreno de los “rumores” y las “conversaciones informales” el supuesto conocimiento previo de que la plaza estaba asignada de antemano a David Sánchez, por lo que han desactivado el supuesto amaño o enchufe por el que la Audiencia de Badajoz juzga al músico y al expresidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, por prevaricación y tráfico de influencias.

En el caso hay otros nueve acusados, todos altos cargos del PSOE, que participaron en la creación, selección y adjudicación del puesto, que a partir de 2022 pasó a denominarse “jefe de la Oficina de Artes Escénicas”.

La declaración de Evaristo Valentí, Yolanda Sánchez y Rosario Mayoral ha demolido la que hasta ahora era la joya de la corona de la acusación: el famoso correo electrónico con el asunto “hermanísimo”, que se envió el 19 de mayo de 2017, el mismo día en que se publicaron las bases de la plaza. Su autor, Evaristo Valentí, entonces director del Conservatorio Superior, no lo ha negado; pero lo que se presentaba como una prueba irrefutable de que la plaza estaba adjudicada antes de convocarse, Valentí lo ha rebajado a la categoría de anécdota.

El profesor de guitarra ha insistido en que usó ese término porque era “llamativo” y había “rumores” de que se presentaría a la plaza, pero que también conocía los nombres del “80% de los candidatos”, por lo que ha negado que existieran especulaciones sobre que la adjudicación estaba amañada y que estas eran sobre su concurrencia al proceso de selección. A las preguntas de las acusaciones sobre de dónde salía esa información, el testigo ha asegurado no recordarlos: “Sería en una conversación informal, en la secretaría del centro, en los pasillos... no sé quién lo dijo”.

En la primera jornada del juicio se ha hablado tanto de rumores y especulaciones que el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Patrocinio, ha llegado a advertir que a la sala no le interesan “ni los rumores ni las elucubraciones ni los corrillos”.

“La ayuda del coordinador vino muy bien”

En esta primera jornada de declaración de testigos también ha quedado descafeinada la acusación de supuesto absentismo laboral de David Sánchez (absentismo que, de haberse dado, tampoco sería un delito ni penal ni de ninguna clase). Las tres personas que han dirigido los centros musicales de Badajoz en la última década han coincidido en lo mismo: no era un trabajador fantasma.

Yolanda Sánchez, destinataria del correo de Valentí, ha admitido que la carga de trabajo de los dos conservatorios es “tremenda” y que la ayuda de un coordinador “vino muy bien”. Además, ha admitido que tenía “un buen currículum, estaba muy bien formado y capacitado para la plaza”. Ello a pesar de que tanto Valentí como ella no consideraron necesaria la creación de la plaza de coordinador porque había “otras necesidades”.

Por su parte, María Rosario Mayoral (directora entre 2020 y 2025) ha apuntado que el programa Ópera Joven conllevaba “muchísimo trabajo” y que el músico siempre estuvo “disponible” para reuniones, matizando que las ausencias o la menor periodicidad de los encuentros presenciales coincidieron con la pandemia, una excedencia y su baja de paternidad.

Las acusaciones han dirigido muchas de sus preguntas a tratar de inferir el supuesto absentismo laboral de Sánchez, que ha quedado desmontado, y conocer si cumplía con las funciones del cargo con cuestiones muy concretas sobre, por ejemplo, si dirigió las orquestas de los conservatorios, asuntos que nada tienen que ver con el proceso penal que se sigue en la Audiencia Provincial por el que el hermano de Pedro Sánchez se enfrenta a una pena de tres años de prisión.

Ante las preguntas insistentes de la acusación, la directora del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez' ha asegurado que David Sánchez desempeñaba “todas” las funciones propias de su puesto como coordinador y se reunían con “asiduidad”, a veces de forma presencial y otras a través del correo electrónico o por teléfono.

Incluso el testimonio de Nerses Avakimyam, uno de los opositores que compitió por la plaza frente al investigado, ha transitado por la misma vía de normalidad. Se enteró del puesto por un portal de empleo, no detectó nada extraño en los requisitos exigidos y tampoco observó quejas de opacidad entre el resto de los aspirantes.

Este martes y miércoles continuarán las declaraciones de los testigos dentro de una lista que incluye a 42 personas. El turno de los acusados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, está fijado para los días 4 y 5 de junio, mientras que los informes finales se expondrán los días 8 y 9. No obstante, el tribunal ya ha advertido de que, si las sesiones se prolongaran, el juicio no podrá superar el límite del 19 de junio.

El exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, ha negado en el juicio al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017 que existieran rumores de que la plaza era para este y ha aclarado que el rumor era que el “hermanísimo” era uno de los candidatos a la coordinación de los conservatorios pacenses. “También conocía al 80% de los aspirantes”, ha explicado ante las preguntas de la acusación de Manos Limpias.

Valentí remitió un correo en mayo de 2017 a la directora del Conservatorio Profesional de Badajoz, Yolanda Sánchez, con el asunto de “hermanísimo” en el que hablaba de varios candidatos a la plaza, entre ellos David Sánchez, pero que usó ese calificativo porque era “llamativo”. En su declaración durante la fase de instrucción llegó a decir que su uso era “jocoso”. No obstante, ha reiterado que no había rumores sobre el posible amaño de la plaza para que se adjudicara al hermano del presidente, sino que la especulación era que se iba a presentar.

De esta forma, el exdirector del Conservatorio Superior ha tumbado una de las dos pruebas de cargo, el correo electrónico con el asunto 'hermanísimo', que han llevado al banquillo a David Sánchez, al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve acusados por la creación de la plaza, la adjudicación y la posterior conversión de la plaza a Jefe de Artes Escénicas en 2022.

Valentí ha reconocido que no era partidario de la creación de la plaza de coordinador porque iba a recaer en una “figura ajena” a la estructura de los conservatorios, que podría tener criterios “pedagógicos muy distintos”. Pero ha enmarcado dentro de la normalidad que tanto él como la otra directora, Yolanda Sánchez, tuvieran que diseñar las funciones de esa plaza que se iba a crear. “Es normal que se nos pida asesoramiento técnico para la memoria justificativa”, ha subrayado.

El testigo también ha reconocido que durante su etapa como director del conservatorio se reunió con regularidad con David Sánchez, una vez nombrado coordinador. “Reuniones diarias”, ha dicho a las preguntas del abogado de Manos Limpias, e incluso algún fin de semana, y también ha admitido que considera que el músico era una persona preparada para el puesto que ocupó hasta 2022.

“Muchísimo trabajo” en la Ópera Joven

La segunda testigo de la jornada ha sido, Rosario Mayoral Núñez, que fue directora del Conservatorio Superior entre 2020 y 2025, sustituyendo a Evaristo Valentí. Mayoral también ha asegurado que no le constaban las afirmaciones sobre que el nuevo puesto creado por la Diputación fuera para asignarlo a dedo a Sánchez y que antes de la llegada del músico a la institución provincial no había escuchado que se le conociera como “hermanísimo”.

Sobre su relación profesional con el coordinador de los conservatorios, ha explicado que mantuvieron reuniones con “periodicidad” y ante la insistencia de la acusación ha especificado que podrían ser “tres o cuatro veces al año”, pero también ha matizado que asumió el puesto de directora durante la pandemia y, además, coincidió con una excedencia y la baja de paternidad de David Sánchez.

Mayoral ha asegurado desconocer de quién partió la idea de crear una plaza de coordinador de los conservatorios pacenses y que esta “en principio no era una necesidad”. Pero la Diputación de Badajoz volvió a convocarla tras la dimisión del hermano de Pedro Sánchez hace un año. De hecho, ha admitido que los equipos directivos de los centros “estamos a veces colapsados por la cantidad de actividades académicas, que acaban convirtiéndose en culturales porque se abren a la ciudad, a la provincia, a la región y a Portugal”.

El puesto que ocupó David Sánchez pasó a denominarse Jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022 y la acusación tendrá que demostrar si ese cambio se produjo para satisfacer las “preferencias personales del músico”. Sobre ello, la testigo ha asegurado “desconocer” las atribuciones de esa oficina, pero, al mismo tiempo, ha afirmado que el programa Ópera Joven, ideado por Sánchez, conlleva “muchísimo trabajo” y que ha llevado a cabo una labor de difusión de la música y de los conservatorios por toda la provincia. También ha indicado que la oficina dirigida por el hermano del presidente del Gobierno ha sido una vía de oportunidades laborales para los alumnos y exalumnos.

Tampoco fue conocedora de los rumores sobre el presunto amaño de la plaza a favor de David Sánchez la directora del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez', Yolanda Sánchez, que ha asegurado que el término 'hermanísimo' lo conoció por el correo de Evaristo Valentí en mayo de 2017, pero, según ha dicho, no recuerda si le dijo que Sánchez iba a optar al puesto o que era para él, algo que el exdirector del Conservatorio Superior ha negado.

Sánchez tampoco sabe de quién partió la idea de crear la plaza de coordinador de los conservatorios, un puesto que existió hasta 2010, cuando se jubiló Emilio González Barroso. No obstante, aunque “nunca” consideró la posibilidad de que se volviera a ocupar ese puesto, cuyas tareas recayeron en “compañeros”, ha reconocido que la “ayudas nos vino muy bien” porque la actividad de los dos conservatorios de la Diputación es “tremenda”. “Fue positivo, todo suma”, ha añadido.

La directora del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez' ha explicado que David Sánchez “desempeñaba” todas las funciones de su puesto y que se reunían con “asiduidad”, a veces de forma presencial y otras por correo o por teléfono. Por último, ha considerado que el hermano de Pedro Sánchez tenía buen curriculum y estaba formado y capacitado para el puesto, aunque no había escuchado hablar de él en el sector, posiblemente por su trayectoria fuera de España.

Un aspirante a la plaza niega irregularidades

En esta primera jornada de testificales en la Audiencia de Badajoz también ha prestado declaración Nerses Avakimyam, uno de los aspirantes que se presentó al proceso de selección para ocupar la plaza de coordinador de los conservatorios municipales. Según ha dicho, “oyó” que unas de las personas que se presentaban al puesto era David Sánchez, pero “siempre se comentan cosas y se dicen cosas”.

Avakimyam ha manifestado que se enteró de la convocatoria por la suscripción a un portal de empleo y que no le llamaron la atención los requisitos incluidos en las bases. También ha afirmado que no vio irregularidades en el proceso ni escuchó de otro opositor que hubiera irregularidades.

Este lunes se ha retomado el juicio en la Audiencia de Badajoz y comenzarán a prestar declaración los primeros de los 42 testigos previstos. Si se cumplen las previsiones del tribunal, el turno de los acusados será a partir del jueves. Tanto para Sánchez como para Gallardo, las acusaciones solicitan tres años de prisión.