La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha detallado que el Real Decreto de zonas inundables, que saldrá este jueves a información pública, incluirá mapas de peligrosidad con un catálogo de inundaciones históricas y avisos en el registro de propiedad de las casas.

“Hay algunas zonas en las que se sigue construyendo a pesar de ser zonas inundables”, ha afirmado la ministra durante su visita este miércoles a la sede de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en València, donde ha hecho un llamamiento a “todas las fuerzas políticas y administraciones” para “trabajar de la mano frente al mayor reto: el cambio climático”.

Aagesen ha señalado que quieren escuchar todas las voces y que este Real Decreto “vea pronto sus frutos, para que se deje de construir en zonas donde hay mayor riesgo para la población”, aunque ha asegurado que esto no afectará a “derechos consolidados”.

“Cuando se realice una operación de compraventa, lo que va a ocurrir es algo que ya estaba en vigor para viviendas nuevas, tiene que aparecer en el registro de propiedad que la vivienda está en zona inundable. El conocimiento de información no significa que esa vivienda no se pueda habitar, sino que en una situación de riesgo, saben que su casa es más vulnerable”, ha explicado.

Asimismo, el Real Decreto incluirá mapas de peligrosidad con un catálogo de inundaciones históricas, medidas para que los Ayuntamientos elaboren planes de adaptación y programas formativos para las administraciones y también en la Educación Secundaria Obligatoria, entre otras acciones.

“Negar el cambio climático y negar la importancia de actuar pone en riesgo vidas humanas, nuestro patrimonio natural y nuestro futuro”, ha apuntado Aagesen, quien ha resaltado que la primera quincena de julio va a ser la más cálida desde que existen registros y que los incendios se han multiplicado por tres.

El Barranco de La Saleta

La ministra para la Transición Ecológica ha adelantado hoy que la licitación para la obras de protección frente a inundaciones en el barranco de La Saleta, entre Aldaia y la Vía Verde -que cuenta con un presupuesto base de licitación de 132,1 millones- se resolverá este mismo mes de julio.

Este martes, el Consejo de Ministros autorizó la celebración del contrato de obras, que ha tenido “muchas modificaciones desde su proyecto original, en 2018” y que “ha crecido de la mano del territorio”, según ha informado Aagesen.

La vicepresidenta ha señalado que es “muy importante” que estas obras se lleven a cabo “lo antes posible, con la mayor celeridad” y ha asegurado que “los proyectos que vienen del consenso tardan en ver la luz, pero son los más eficaces”: “El Gobierno siempre está abierto a mejorar los procedimientos”, ha agregado.

60 millones de euros

Aagesen ha destacado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, junto con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Dirección General del Agua, “ha terminado las 17 obras de emergencias”, tras “un año y medio de trabajo intenso”, con 220 millones de euros puestos en marcha y más de 600 actuaciones.

“No solo hablamos de recuperar lo destruido, sino hacerlo mejor, más resiliente y maximizar las capacidades”, ha mencionado la ministra, quien ha destacado que se ha triplicado la capacidad de desagüe del barranco del Poyo, duplicado el encauzamiento de la cuenca del Magro y se ha reforzado la operatividad de la presa de Forata, entre otras actuaciones.

Asimismo, se ha referido al Real Decreto aprobado ayer en el Consejo de Ministros por el que se regula la concesión directa de subvenciones por un importe de 60 millones de euros para que los municipios afectados por la dana puedan financiar actuaciones destinadas a reducir la vulnerabilidad frente a inundaciones.

El Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, en Tenerife, ha recibido este jueves el nombre de Emilio Cuevas -tal y como adelantó este periódico el pasado 3 de julio-, un homenaje a quien fuera director científico del centro y que ha fallecido recientemente. El reconocimiento ha recordado a quien “impulsó, dirigió y dedicó su vida” al centro con un trabajo “incansable”.

Al acto de homenaje han asistido la ministra de Transición Ecológica del Gobierno de España, Sara Aagesen; la consejera del Universidades, Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, así como el delegado y subdelegado del Gobierno central, Alselmo Pestana y Javier Plata, respectivamente, entre otros.

El encuentro, que ha tenido un recuerdo emotivo a la vida profesional y personal de Cuevas a través del testimonio principal de su mujer e hijas -Pepa, Mar y Gara-, ha reconocido el “trabajo incansable” y “enorme compromiso social” del físico canario, que logró hacer del Centro de Investigación Atmosférica en Izaña “una referencia en la observación de la atmósfera y del cambio climático a nivel mundial”.

Durante el acto de homenaje, que ha culminado con la colocación de una placa en el exterior del edificio, la directora de la Aemet, Alicia López, ha reconocido el valor de “una persona brillante y apasionada” por el conocimiento científico que supo “encontrar el potencial del Observatorio” y darle un impulso “extraordinario”.

“Una de sus mayores virtudes fue entender que los proyectos científicos no los hacen solo las instalaciones y los instrumentos, sino también las personas”, ha aseverado.

Ha agradecido a Emilio Cuevas el legado de una labor científica y un desafío personal que lo ha llevado a ser hoy “un referente emblemático” de la institución, a quien “dedicó su vida” para colaborar a enriquecer “la evolución” de un Observatorio, el de Izaña, que lleva 110 años en pie pese a las adversidades de los tiempos.

Por su parte, Pepa, Mar y Gara han honrado la vida y legado de su marido y padre, respectivamente, a quienes reconocen por ser un “líder nato” que era capaz de “cautivar con su energía”. Han recordado, asimismo, su carácter “generoso” a la hora de compartir su conocimiento, a quien le dedicó horas de divulgación, acompañado por su fuerte “compromiso social”, abogando por el bienestar y la justicia social.

A pesar de la enfermedad que le afectó en los últimos años de vida, han recordado su mujer e hijas, y que le impidió disfrutar de ese “innegable” desarrollo del Observatorio en sus últimos años de vida, nunca dejó de escribir y de mantener la “ilusión” por divulgar con un conocimiento “serio y riguroso” que, incluso, permeó en su propia familia, constituyendo una generación de físicos a través de sus hijas.

“Fue un cientídico insaciable, un trabajador público incansable y un padre ejemplar”, han expresado.

Por su parte, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha reconocido la “vida dedicada al servicio público, la ciencia y el compromiso” con la “generosidad y humanidad” emprendida por Emilio Cuevas, quien “no solo se limitó a dirigir un centro, sino que lo transformó, junto al resto de su equipo, haciendo de él un Observatorio de referencia mundial”, dando prestigio a “España, a Canarias y a Izaña”.

“Hoy reconocemos toda una vida dedicada al servicio público, la ciencia y el compromiso, desde la generosidad y la humanidad, con una calidad humana extraordinaria, y por eso, hoy, pisamos el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña Emilio Cuevas”, ha señalado la ministra de Transición Ecológica.

“Más Izaña”

La ministra ha reivindicado también “más ciencia, más rigor y más Izaña” frente al negacionismo, la desinformación y los ataques a la ciencia. Ha advertido, además, de que se vive una etapa de “ataques a la ciencia, ataques a los divulgadores, de polarización, de negacionismo y de desinformación”, y ha lamentado que “la desinformación crece más rápido que la información real, la científica, la que viene de centros como Izaña”.

A su juicio, esta situación tiene un impacto y merma la capacidad de la acción colectiva y nos sitúa en una situación de desprotección que deja de atraer talento científico a espacios como Izaña.

Frente a ello, ha defendido que la respuesta debe ser “más ciencia, más rigor y más Izaña”, que, según ha dicho, es “una referencia mundial” en investigación atmosférica y cambio climático.

“Aquí se respira ciencia”, ha aseverado, un valor que ha calificado de “necesario, imprescindible, más necesario que nunca, ante el mayor reto de nuestro tiempo, que es el cambio climático”.

El Observatorio Atmosférico de Izaña, en Tenerife, abre un nuevo capítulo en su historia. El centro de referencia internacional ubicado en el entorno del Parque Nacional del Teide se dispone a cambiar de nombre este mismo mes de julio. Así lo ha confirmado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a este periódico.

La infraestructura, dependiente de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), adscrita al ya mencionado Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), estrenará oficialmente su nueva denominación el próximo 9 de julio. Ese día, la ministra Sara Aagesen visitará Tenerife para rendir homenaje al científico Emilio Cuevas, cinco meses después de su fallecimiento, y reconocer una trayectoria decisiva para situar a Izaña entre los grandes referentes internacionales de la investigación atmosférica.

Será entonces cuando el Observatorio de Izaña pase a denominarse Observatorio Emilio Cuevas, en honor al legado de quien lo impulsó a convertirse en un referente mundial de observación meteorológica.

No en vano, el observatorio tinerfeño comparte con el Mauna Loa Observatory, en Hawái, el reconocimiento de ser uno de los dos grandes referentes mundiales en la vigilancia de la atmósfera. Mientras el centro del archipiélago del Pacífico central, gestionado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA) a través de su Laboratorio de Monitoreo Global (GML), es célebre por albergar el registro histórico continuo más antiguo de las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera, Izaña se ha consolidado como una infraestructura científica clave para el seguimiento de la composición atmosférica y el cambio climático a escala global.

Emilio Cuevas, el científico que convirtió Izaña en un referente mundial

Emilio Cuevas Agulló nació un 30 de junio de 1961 para cambiar la ciencia en Canarias. Fue pionero en las islas en abanderar la lucha contra el cambio climático con trabajos sobre la evolución de la temperatura media y el impacto de los gases de efecto invernadero en el archipiélago y el primer español miembro de la Comisión Internacional del Ozono.

Su nombre quedó especialmente ligado al Observatorio Atmosférico de Izaña desde su llegada, en 1989, hasta 2023, año en el que se jubiló tras casi un cuarto de siglo como director. Su jubilación estuvo motivada por una enfermedad neurodegenerativa contra la que llevaba luchando años. Bajo su liderazgo, el centro que ahora llevará su nombre dejó de ser un destacado observatorio meteorológico para convertirse en uno de los principales centros de investigación atmosférica del mundo, referencia internacional en el estudio del cambio climático, la vigilancia de los gases de efecto invernadero, el ozono, la radiación solar y el polvo sahariano. Gracias a su trabajo, Canarias se consolidó como un enclave estratégico para la observación global de la atmósfera y un socio científico de organismos como la Organización Meteorológica Mundial, la NASA y numerosos centros de investigación internacionales.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado este jueves que aún “hay margen” para lanzar este año la primera subasta de la eólica marina.

Después de presentar la nueva interconexión eléctrica de España y Portugal, ha sido cuestionada por los periodistas sobre si la puja piloto de eólica marina flotante será para Canarias o Galicia y ha dicho que “todavía” no tienen la “respuesta” porque deben “analizar toda la información recibida”.

Aagesen ha advertido con insistencia en que esa puja se hará “en los territorios” donde haya “mayor aceptación” de esa energía eólica marina, porque para ella es una cuestión “fundamental”.

“Es importantísimo que se cuente con el territorio, con la ciudadanía que apueste realmente por esa eólica marina para que los proyectos realmente lleguen finalmente al territorio”, ha abundado la ministra.

En Canarias, concretamente en Gran Canaria, el Cabildo, empresas y sindicatos de la isla solicitaron el pasado abril al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la convocatoria “urgente” de esta primera subasta de energía eólica marina en España, y para ello, propusieron que ese primer paso se materialice en un proyecto comercial piloto en la isla.

La Corporación insular explicó entonces que la eólica marina flotante se perfila como “una herramienta clave para avanzar simultáneamente en la reducción de la dependencia energética, la diversificación económica y la generación de empleo cualificado”.

Según la ministra, “hay margen” para que esas subastas se lancen este año, que es el “objetivo” que tiene el Gobierno.

El pasado febrero, el Ministerio abrió la consulta pública previa para la orden que fijará las bases de esas primeras subastas de eólica marina en España.

Según ese texto, el futuro procedimiento de concurrencia competitiva otorgará régimen económico, reserva de capacidad de acceso a red y prioridad para la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

Datos detallados sobre el autoconsumo y nuevas variables, como el coste medio de la energía consumida, el tipo de contrato (a precio fijo o indexado al comportamiento del mercado mayorista de electricidad); el nombre del producto u oferta contratada en el mercado libre o información sobre por qué la comercializadora eléctrica ha realizado una estimación de la factura, en lugar de una lectura real.

Son algunas de las novedades que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico va a proponer incluir en la nueva factura eléctrica de los pequeños consumidores.

Entre otras cosas, la normativa que ultima el departamento de Sara Aagesen también va a obligar a incorporar en las facturas información sobre el consumo medio de electricidad de los suministros con características similares en el mismo código postal de los usuarios, con el objetivo de incentivar el ahorro energético.

Esta última es una medida que ya planteó implantar el Gobierno a finales de 2022, durante la crisis energética por la invasión de Ucrania, cuando ya se modificó la factura para incluir el efecto de la denominada solución ibérica, pero no se llegó a poner en marcha.

Estos cambios en la factura eléctrica se incluyen en una Propuesta de resolución de Transición Ecológica que, según ha podido confirmar elDiario.es, el ministerio prevé someter a audiencia pública este lunes.

La propuesta establece el contenido mínimo obligatorio a incluir en las facturas de electricidad por parte de los comercializadores del mercado libre a consumidores en baja tensión hasta 15 kilovatios (kW) de potencia contratada no acogidos a las tarifas de último recurso y el contenido mínimo obligatorio y formato a utilizar por los comercializadores de referencia. Estos últimos son los que suministran la electricidad a los usuarios acogidos a la tarifa regulada, el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).

Datos en autoconsumo

El grueso de los cambios en la nueva factura afectarán al autoconsumo, que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, aunque lleva meses a la baja y en estado de alerta, tras la reciente amenaza del gurú económico del PP, Alberto Nadal, de reimplantar un mecanismo similar al denostado impuesto al sol que él mismo impulsó como secretario de Estado de Energía.

Con la propuesta del ministerio, las facturas de los consumidores (tanto del mercado libre como del regulado) que dispongan de sistemas de autoconsumo recogerán elementos como la modalidad a la que están acogidos, tipo y código de autoconsumo, la medida del contador de generación neta desglosada por períodos horarios y la energía neta horaria generada individualizada desglosada también por períodos horarios.

La propuesta, explican fuentes del departamento de la vicepresidenta tercera, va a modificar el contenido mínimo y el modelo de la factura mensual de electricidad “para adaptarlo a la evolución de la normativa”. Va a afectar tanto a los recibos de la luz de suministros acogidos al mercado regulado, al que hay acogidos unos 8 millones de consumidores, como a los del mercado libre, en el que hay más de 20 millones de usuarios, según los últimos datos disponibles de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondientes a noviembre de 2025.

Entre la normativa que se adapta se incluyen elementos del Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica —Real Decreto 88/2026—, relativos a las eventuales penalizaciones aplicadas “o el importe de los intereses aplicados en caso de que haya una refacturación debidamente desglosados”, indican esas fuentes.

Ese decreto entró en vigor el pasado mes de febrero y estableció la eliminación total de penalizaciones por cancelación anticipada para consumidores domésticos sin precio fijo, y limitó al 5% del coste de la energía la penalización máxima en contratos a precio fijo, obligando además a las comercializadoras a justificar el perjuicio real para ellas.

Con esta propuesta, indican desde el ministerio, también “habrá que indicar el motivo de una lectura estimada, si se produce, y habrá una cláusula informativa sobre protección de datos y la decisión individual automatizada empleada en el otorgamiento del bono social”.

Esa decisión automatizada se realiza a través de una aplicación informática denominada BOSCO (Base de Datos de Consumidores Vulnerables), gestionada por Transición Ecológica, con un sistema que cruza datos del solicitante con registros públicos para denegar o conceder la ayuda sin intervención humana. 

Finalmente, las facturas del PVPC tendrán un nuevo apartado, denominado “comparador de ofertas”, en la esquina inferior derecha de la primera página, con un código QR vinculado al Comparador de Ofertas de Energía de la web de la CNMC.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que su departamento iniciará “próximamente” el proceso de participación activa con todos los agentes implicados para elaborar las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, aunque ha reconocido que no podía precisar una fecha exacta.

A preguntas de los medios durante la visita que ha realizado este viernes a la base de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de La Iglesuela del Tiétar (Toledo), Aagesen ha afirmado que el Ministerio está trabajando en este proceso “con el rigor técnico y científico y con la mejor información disponible”.

La ministra ha insistido en la idea de que los trabajos para crear estas nuevas reglas del trasvase se hagan “con la máxima participación de todos y cada uno de los agentes”.

El pasado mes de enero, la directora general del Agua, María Dolores Pascual, aseguraba que no habría movimiento de ficha sobre la cuestión hasta que el Tribunal Supremo no se pronunciase sobre todos los recursos interpuestos contra el Plan Hidrológico del Tajo que contempla, precisamente, el cambio en la forma de explotar el agua a través de esta infraestructura.

Ese ciclo ha quedado ya cerrado, pero sigue sin concretarse cómo y cuándo se va a realizar una modificación que exige la propia ley.

El Gobierno de Castilla-La Mancha lleva meses reclamando el cambio y haciendo notar el retraso en los plazos de su entrada en vigor. El pasado mes de marzo acudió a los tribunales para forzar al ministerio aduciendo, entre otros, daños en la Red Natura 2000, además del “hartazgo” por parte de la comunidad autónoma.

Esta misma semana ha vuelto a aprobarse un trasvase automático de agua al Segura para los meses de junio y julio. Aagesen ha defendido que el Ejecutivo regional ha tenido “múltiples reuniones” con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para abordar el tema o que “los contactos son muy habituales, esa relación existe y seguirá existiendo con todas y cada una de las comunidades autónomas”, pero sin dar más pistas.

El río Tajo ha dado síntomas de agotamiento y de contaminación en varias ocasiones en los últimos años. Sin ir más lejos el pasado verano el cauce se quedó casi sin agua a su paso por Toledo capital y la Confederación Hidrográfica lo atribuyó a la actividad de las centrales hidroléctricas aguas arriba, aunque sin anunciar sanciones o medidas.

Sobre esta cuestión, la ministra se ha limitado a decir que su departamento realiza un “seguimiento exhaustivo de todos los caudales ecológicos” y, en el caso de identificar cualquier incidencia “se emprenden actuaciones y medidas de coordinación con todos y cada uno de los agentes” de cara a conseguir “la prioridad, que es tener todos los caudales ecológicos según la normativa”.

El caso es que la aplicación de los caudales ecológicos en el Tajo, que pasa por cambiar las reglas del trasvase, no es algo que pida solo el Gobierno de Castilla-La Mancha. También distintas organizaciones conservacionistas están reclamando que la prioridad en el diseño del próximo ciclo de planificación de la cuenca del Tajo, con horizonte 2033, sea la recuperación ecológica del río.

Por cierto que esta misma semana la Cátedra del Tajo-UCLM-Soliss hacía públicos los datos de un estudio que hablan, además, del nivel de contaminación del río. En todo el curso medio del río Tajo, unos 300 kilómetros entre Guadalajara, Madrid y Toledo, se han detectado bacterias resistentes a los antibióticos y alertan del riesgo para la salud pública.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde este martes a la iniciativa para que el servicio jurídico de la Junta de Comunidades interponga una demanda contencioso-administrativa con el objetivo de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) cambie las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

La consejera de Desarrollo Sostenible ha justificado la iniciativa ante los tribunales calificando la situación del trasvase Tajo-Segura de “insostenible ambiental y jurídicamente”. Mercedes Gómez ha recordado que el ministerio “ha incumplido su propio plazo de un año”, el que se propuso tras publicarse en febrero de 2023 la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas, entre ellos el del río Tajo. “No se ha cumplido”, ha insistido, recordando que el documento para cambiar la explotación del trasvase debería haberse elevado al Consejo Nacional del Agua en febrero de 2024 .

“Se dan todas las circunstancias para presentar la demanda. Una vez admitida nos reservamos la opción de pedir las medidas cautelares que sean necesarias”, ha añadido. Unas medidas que no ha concretado, ya que dependerá de la posición que adopta el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. “Es el único río que no ha tenido caudal ecológico”.

Pasados tres años, ni ha habido modificación de las reglas del trasvase, ni avances en la aplicación de los caudales ecológicos. De hecho, ha citado lo que tacha de “irregularidades en los volúmenes de agua establecidos para 2025”, refiriéndose a los episodios vividos en Toledo en agosto de 2025 cuando el río se quedó sin caudal a su paso por la capital de Castilla-La Mancha. “Si eso es un caudal ecológico… habría que verlo”, ironizaba.

“Eso ha provocado el hartazgo del gobierno. Castilla-La Mancha siempre ha sido solidaria. El presidente Page siempre ha dicho que mientras que haga falta agua para beber no habrá problema para trasvasar, pero todo tiene un límite”, advertía.

Después de 47 años de trasvase, incidía la consejera, “no puede ser que se esté dilapidando este recurso hídrico y que no se sacie la demanda de murcianos y alicantinos”.

El impacto hídrico y los daños “irreparables” en la Red Natura 2000

Mercedes Gómez ha explicado que el hecho de mantener el actual sistema de trasvases no solo está teniendo un “impacto claro” con un “balance hídrico negativo”, sino que la infraestructura no se ha acomodado a la situación de cambio climático. “Aunque parezca que hay agua, es un espejismo. Las reglas del trasvase deben adaptarse para que el río Tajo sea un río vivo, con caudal suficiente para mantener la vida y vegetación de ribera”.

No puede ser que se esté dilapidando este recurso hídrico y que no se sacie la demanda de murcianos y alicantinos

A esa circunstancia se añade lo que ha calificado de “daño ecológico irreparable en cinco espacios protegidos de la Red Natura 2000”, para referirse a las ZEPA de la Sierra de Altomira, Yesares-Valle del Tajo, Carrizales y Sotos del Jarama, Islas de Malpica y Azután o Barrancas de Talavera. “Se encuentran en estado de conservación desfavorable o muy limitado por estar vinculados al régimen hídrico que debería ser el adecuado en la cuenca del Tajo”. Y eso es algo que, recordaba hoy, ya lo especificaba la sentencia emitida por el Supremo en 2025, avalando por sexta vez la necesidad de que el Tajo cuente con caudales ecológicos. “Dijo que los hábitats de interés comunitario como consecuencia del trasvase estaban teniendo daños irreparables”.

Sobre las expectativas en torno a lo que pueda suponer esta demanda judicial, Gómez confía en que sea “un impulso” para el Gobierno de España, pero ha advertido que además el cambio de las normas del explotación del trasvase debe “convencer” al Ejecutivo castellanomanchego. “Hace un año presentamos propuesta técnicas que no se ha contestado por parte del ministerio. Creemos que esa propuesta puede dotar de sostenibilidad para hacer mejor las cosas con el trasvase”.

Sin relación con la ministra Aagesen

Mercedes Gómez ha lamentado la falta de comunicación con el MITECO. “Desde que Sara Aagesen está al frente la relación directa para analizar el trasvase u otras cuestiones no existe”, pero los trasvases se siguen produciendo. Con el sistema actual, y en situación de normalidad (nivel 1), acaba de aprobarse una derivación de agua hacia Alicantes, Murcia o Almería de 180 hm3.

“Si se siguen manteniedo estas circunstancias, o incluso en nivel 2, se batirían records de trasvases desde que hace 47 años se pusiera en macha la infraestru ra. El máximo es 600 y ya vamos por 555 hm3, el 73% del agua trasvasada en los últimos años”, alertaba.

Y ha seguido dando más cifras. En 47 años, hasta 29 marzo 2026, se han trasvasado 15.148 hm3. “Suponen 15.148 piscinas olímpicas o el abastecimiento de 63 millones de viviendas. Son cifras que hay que poner sobre la mesa porque desde el punto de vista de gestión del agua se han restringido los crecimientos urbanísticos o agrarios en Toledo y Guadalajara. Eso es insostenible”.

Ha vuelto a insistir en que el Estado debe “tomar cartas en el asunto” y modificar las reglas de explotación del trasvase porque “ya vamos tarde”. También ha respondido, sin citar su nombre, a la ministra de Educación, la toledana Milagros Tolón, que la semana pasada pidió seguir negociando: A quienes dicen que no se ha negociado suficiente, el presidente Page lleva seis meses esperando cita con la nueva ministra y esta consejera lleve un año pidiendo una reunión. Si eso es forma de negociar y de entender los problemas de una comunidad autónoma, desde luego no compartimos esta forma de trabajar ni de entender las políticas“, ha comentado.

A Castilla-La Mancha tampoco le vale el argumento del MITECO sobre la necesidad de esperar a dos nuevas sentencias del Tribunal Supremo en respuesta a los recursos interpuestos por el Sindicato indicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y la Diputación de Alicante. La consejera ha dicho que se conocerá el pronunciamiento del Alto Tribunal en breve y ha dado fechas: el 21 de abril y el 5 de mayo, respectivamente.

Precisamente hoy el presidente del Scrats Lucas Jiménez ha reivindicado la vigencia del trasvase en el 47 aniversario de la llegada de sus aguas, tras calificar la infraestructura como una “magna obra de la solidaridad y de la ingeniería española” y asegura que allí “pelearán” por otros tantos años más para la infraestructura.

A los argumentos de los regantes, la consejera contestaba hoy con el mismo que se mantiene en Castilla-La Mancha desde hace ya una década: se incumple tanto la normativa europea del agua como las sentencias judiciales - hasta seis ya- del Tribunal Supremo que avalan la aplicación de los caudales ecológicos en el tramo medio del río Tajo.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido este jueves que el mayor riesgo que arrastra el mercado energético español es “la dependencia de los combustibles fósiles” porque “nos hace vulnerables”. “En España, tenemos energías renovables, tenemos sol y viento, y tenemos que impulsarlos porque es la forma más competitiva de producir energía y es la que ha demostrado que es un salto sustancial”, ha afirmado en una entrevista durante la segunda jornada del IV Foro Económico de elDiario.es tras ser preguntada sobre el debate del cierre de las centrales nucleares.

Aagesen ha asegurado que la seguridad del suministro está garantizada y que el Gobierno va a continuar adelante con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que incluye el cierre de las nucleares. En una entrevista por videollamada desde Málaga con el redactor jefe de Economía, Serafí del Arco, la vicepresidenta tercera también ha defendido que este cierre cumple con una de las máximas del Ejecutivo: “El consumidor no va a ver incrementada su factura”.

En esta misma línea, Aagesen ha afirmado que la factura de los consumidores “está subiendo, está bajando, sobre todo si comparamos con nuestros socios europeos”. “Si miramos la factura de un consumidor, desde enero hasta ahora paga menos si lo comparamos con el año 2025. Se está pagando menos por la entrada de las energías renovables”, ha argumentado al tiempo que ha insistido en seguir apostando por reforzar la soberanía con “el sol y el viento”. 

Sobre todo en una coyuntura como la actual, marcada ahora mismo por la guerra de Irán que ha disparado los precios del gas y el petróleo. “Somos menos vulnerables cuando miramos la factura de la electricidad. Lo que hemos conseguido es que cuando las horas en las que el gas fije el precio, sea mucho menor. Esto marca una gran diferencia”, ha explicado Aagesen.

En este punto, la vicepresidenta ha puesto de relevancia la convalidación este jueves en el Congreso del plan anticrisis del Gobierno. “Es una combinación de lo urgente y lo importante. Es un plan integral de respuesta. Actúa donde sabemos que tenemos debilidad, que en la dependencia de los combustibles fósiles”, ha sostenido Aagesen que también ha adelantado que el Ejecutivo tiene que “seguir avanzando en electrificación y en renovables”, ya que es necesario que “el consumidor vea que es más barato recargar un vehículo eléctrico y no repostar”. 

No obstante, ha insistido en que el decreto para paliar las consecuencias de la guerra de Irán lo que hace es actuar en “la fiscalidad del gas y de la electricidad” para intentar “proteger a los más expuestos con un paquete asociado a la reducción fiscal de carburantes, gas y electricidad”. “Es fundamental dar esa señal a los consumidores”, ha defendido Aagensen que también ha apuntado que es muy importante actuar siempre para los “más vulnerables” con medidas como la prohibición de cortes o la ampliación del bono eléctrico y térmico. 

Sobre el apagón: “Fue algo inédito y con un origen multifactorial”

Durante la entrevista con elDiario.es, Aagesen también ha respondido sobre el apagón, a poco más de un mes de que se cumpla el primer aniversario. Tras la publicación la semana pasada de dos informes sobre lo sucedido el pasado 28 de abril, uno de los expertos europeos y otro de la CNMV, la vicepresidenta ha destacado que ambos están “alineados con las conclusiones del Gobierno”.

“Lo que ocurrió el 28 de abril fue algo inédito y con un origen multifactorial”, ha afirmado Aagesen que ha recordado que “la principal causa fue la sobretensión” y que en ese momento ya se contaba con “todos los mecanismos para que se hubiera evitado”. “No fue un problema de renovables ni de falta de nucleares. Fue una situación extraordinariamente complicada”, ha reconocido.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado este miércoles que el Departameto ya está analizando la documentación solicitada sobre Forestalia para ser enviada a la Justicia.

Aagesen ha realizado este anuncio al ser interpelada en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados por el diputado del PP Jaime de Olano sobre el caso de corrupción medioambiental que afecta a su Ministerio y a la empresa de renovables Forestalia.

En su respuesta, la ministra ha defendido que el Gobierno de España aplica la máxima de “tolerancia cero contra la corrupción, colaboración total con la Justicia y máxima transparencia”. “Además, también quiero que usted sepa que los expedientes sujetos a esta investigación se encuentran recurridos y actualmente suspendidos por vía administrativa”, ha añadido al respecto.

Aagesen ha roto asimismo una lanza en favor del trabajo de su Ministerio y ha asegurado que “se hacen y han hecho bien las cosas”, ya que desde el primer momento se ha trabajado para “desbloquear una transición energética que venía totalmente parada”.

“Durante el año 2012 hasta el año 2018 en Europa crecieron las energías renovables un 86%, en España prácticamente nada. Ha llegado este gobierno y ha crecido un 150%, creando competitividad, creando un sistema energético más resiliente y oportunidades”, ha recriminado al diputado popular.

Asimismo, ha subrayado que, en un contexto “tan complicado” como el actual“, la política del gobierno, alejándose de los combustibles fósiles, ha demostrado ser la acertada, ya que permite al país ser ”más resiliente“ y, además, le sitúa en ”una posición muy favorable respecto sus colegas europeos“.

“Desde luego le puedo asegurar que este gobierno y este ministerio actúa con rigor, con responsabilidad y también espero que ustedes hagan lo mismo, y espero que lo hagan cuando presentemos ese plan de respuesta integral contra la guerra”, aseveró.

El PP acusa al Miteco de “operar como una organización criminal”

Por su parte, el diputado del PP Jaime de Olano acusó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de “operar una organización criminal, sin que hiciera nada ante las advertencias de los funcionarios”.

“Señora Aagesen, dice que han hecho bien las cosas. Cualquiera diría que no ha habido un apagón en España y que nos han dejado a cero como Cuba, por su incompetencia”, afirmó.

De Olano consideró que “cuando hay confesiones de los delincuentes, expedientes manipulados y mordidas multimillonarias, el silencio no es prudencia”. “Esto que hacen ustedes no es transición. Es pura corrupción con etiqueta verde”, dijo.

Señor 'E'

Desde la Plataforma Paisajes de Teruel, por su parte, cargan contra “la corrupción en el modelo español de energías renovables que ha comenzado a supurar por la grieta de Forestalia y del 'Señor E', Eugenio Domínguez (exsubdirector de evaluación ambiental del Miteco)”.

Interpretan que el caso del llamado 'Señor E' no debe entenderse como un episodio aislado, sino como un indicio de un problema más amplio vinculado al desarrollo del modelo de energías renovables en España. Según exponen, centrar la atención en una sola figura podría conducir a un cierre en falso que deje sin esclarecer posibles responsabilidades estructurales.

La plataforma plantea que, en un contexto de fuerte impulso político a las renovables, se habrían producido decisiones administrativas —especialmente en materia de evaluación ambiental— que hoy resultan cuestionadas. Estas prácticas, sostienen, no se limitarían a un único proyecto o empresa, sino que afectarían a distintos territorios y actores.

Asimismo, se señala que las reacciones institucionales, tanto a nivel estatal como autonómico, generan dudas sobre su alcance real, al percibirse más orientadas a contener el impacto del escándalo que a una revisión profunda de lo ocurrido. En paralelo, se subraya el impacto que estos proyectos han tenido en zonas rurales, donde se habrían concentrado buena parte de las actuaciones.

En conjunto, desde la plataforma se sugiere que lo que está saliendo a la luz podría formar parte de una dinámica más extendida, y se advierte del riesgo de que, sin una investigación exhaustiva, se repitan patrones ya vistos en otros episodios de corrupción en España.

El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han acordado reforzar la supervisión de los precios energéticos y reforzar la transparencia ante la fuerte volatilidad de los últimos días por la guerra de Irán.

En un comunicado conjunto de los Ministerios de Economía y para la Transición Ecológica, ambos departamentos inciden en que los mercados energéticos españoles “evidencian la liquidez y robustez necesarias para responder con eficacia” y asegurar el suministro energético a los consumidores“.

En una reunión celebrada este martes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, han acordado intensificar la labor de vigilancia del regulador para garantizar el correcto funcionamiento de los mercados, reforzar la transparencia y velar por las buenas prácticas en la formación de precios.

Una de las principales medidas será el incremento de la frecuencia de publicación de información sobre carburantes, que pasará a ser semanal a partir de la próxima semana con el objetivo de facilitar a los consumidores un mejor acceso a los precios y márgenes en un momento de especial sensibilidad.

Según la CNMC, pese a la actual volatilidad, los mercados energéticos españoles presentan la liquidez y robustez necesarias para asegurar el suministro a los consumidores, al tiempo que el organismo continúa ejerciendo sus funciones de supervisión conforme a la Ley 3/2013, la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento europeo Remit.

Asimismo, el texto incide en que la CNMC ha reforzado ya los flujos de información con ambos ministerios, pasando diariamente datos actualizados de los precios, mientras mantiene una coordinación estrecha con los operadores de los mercados eléctrico (OMIE) y gasista (MIBGAS).

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha aclarado este miércoles que los proyectos de la empresa Forestalia que están bajo investigación judicial han quedado suspendidos al estar recurridos por vía administrativa, a la vez que ha pedido una auditoría interna en su ministerio para conocer “qué está ocurriendo”.

Así se ha pronunciado la vicepresidenta durante una intervención de 'Los desayunos informativos de Europa Press' al ser cuestionada por si su departamento tiene previsto paralizar la ejecución del macroparque eólico Clúster del Maestrazgo, en la provincia de Teruel, tras la petición de la Fiscalía y la Guardia Civil.

“Lo que sí puedo decir es que gran parte de los proyectos están bajo recurso, con lo cual, de momento, hay una suspensión de los proyectos”, ha revelado la ministra para la Transición Ecológica.

Precisamente este martes el juez instructor de las diligencias abiertas al grupo empresarial Forestalia ha remitido una providencia a las partes personadas en la causa aplazando la vista de medidas cautelares fijada para el viernes.

El magistrado expresa en su providencia que “este instructor no está en disposición de determinar adecuadamente las partes que pudieren verse afectadas por la eventual adopción de medida cautelar que resulta del informe pericial --informe medioambiental de la UCOMA respecto al Clúster del Maestrazgo--.

La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos, y apunta a irregularidades y el posible cobro de comisiones.

Aagesen ha asegurado que “desde el primer momento” el Ministerio que dirige ha mostrado la “máxima predisposición de colaboración con la Justicia” y que “toda la documentación que se ha requerido y que se requiera” estará “plenamente disponible”.

Además, la vicepresidenta tercera ha desvelado que “internamente” ha pedido un análisis “para conocer qué está ocurriendo” y si todos los procedimientos en los que se adjudicaron estos proyectos “están conforme a derecho”, para tener “una visibilidad de qué ocurrió, por qué ocurrió y evitarlo, por supuesto”.

Sobre el exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica que fue detenido en el marco de la operación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por presunta corrupción medioambiental relacionada con certificados de parques eólicos y fotovoltaicos, Aagesen ha reconocido que se enteró de la trama por los “periódicos”.

Dicho esto, la vicepresidenta tercera ha aclarado que se trata de “un exfuncionario que se ha identificado” en este procedimiento judicial y “que ya no trabaja en el Ministerio desde hace más de dos años”. Fuentes del caso consultadas por Europa Press confirmaron entonces que el detenido era Eugenio Domínguez, antiguo subdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica.

En este sentido, Aagesen ha insistido en que “es importante poner el contexto” ya que se trataba de un “subdirector” y “un funcionario que estaba en el Ministerio desde el año 2017”.

El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto para poner coto al 'spam' telefónico de las compañías energéticas y estas empresas solo podrán llamar a los potenciales consumidores que expresen su voluntad de recibir sus ofertas comerciales, tal y como avanzó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en una entrevista publicada este fin de semana en elDiario.es.

“Vamos a poner coto a las prácticas abusivas que hemos ido conociendo mediante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las asociaciones de usuarios para que los usuarios puedan tener máxima seguridad cuando miran a sus contratos eléctricos en un país que está virando y está apostando por una electricidad que sea más asequible, más competitiva y, por supuesto, segura. Se trata de protección a los consumidores y, especialmente, a los más vulnerables”, aseguró la responsable de Energía en conversación con este periódico.

La norma, que desarrolla el reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, también prohíbe la conocida como “contratación en caliente”, de tal manera que las compañías tendrán que remitir el contrato y un documento con información simple y cercana antes de cerrar en firme cualquier oferta que se les traslade.

“Hemos conocido que estas personas que reciben el bono eléctrico han tenido abusos desde el punto de vista de llamadas con ofertas que luego realmente no eran tales y que les situaba en una situación de mayor vulnerabilidad. Con el real decreto, estas personas tendrán que recibir información sobre el hecho de que cambiar el tipo de contrato les saca de la percepción del bono. Información sobre cuál era la situación actual con esa protección y cuál sería la nueva situación en cuanto a la facturación o al precio. Y de forma muy clara para que realmente sepan qué supone dar el salto desde la salvaguarda del bono a una nueva contratación”, apuntó la ministra.

La vulneración de cualquier medida de protección al consumidor puede ser constitutiva de infracción grave, y se impondrá al infractor multa por importe no inferior a 600.001 euros ni superior a seis millones de euros, como recoge Europa Press.

La entidad competente para incoar y resolver este tipo infractor será la CNMC. Asimismo, dicho reglamento establece un prefijo específico para las llamadas comerciales, y, en caso de incumplimiento, bien por no utilizar el prefijo o por llamar a alguien que había solicitado que no se le llamase, los proveedores de telecomunicaciones deberán bloquear ese número.

Como ha detallado la vicepresidenta durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros, el nuevo reglamento pone fin a las barreras para el cambio de contrato o para las cláusulas de permanencia “abusivas”, en tanto que limita las penalizaciones que puedan imponer las comercializadoras a una serie de supuesto muy concretos. Por ejemplo, será de solo el 5% de la energía pendiente de suministro en el caso de que el cliente rescinda un contrato antes de que se cumpla el año de vigencia y siempre que la compañía justifique un perjuicio.

La refacturación también tendrá límites para proteger a los consumidores. En el caso de que sean a su favor, las cantidades que se han cobrado de más habrán de devolverse con intereses en la siguiente factura. Si es a favor de la compañía, podrán prorratearse en los siguientes pagos con un tope máximo de un año.

La norma también contempla que las compañías establezcan una nueva figura interna, el Defensor del Cliente, “que podrán o no desarrollar”, para solventar el problema estructural de las reclamaciones. Los clientes podrán reclamar por todos los canales y tendrán el derecho a recibir el escrito con la queja que se haya planteado por vía telefónica.

Las compañías no podrán cortar el suministro a hogares con consumidores electrodependientes

El nuevo reglamento prohíbe el corte de suministros a los consumidores en días festivos o en aquellos en los que no haya atención al cliente por parte de las comercializadoras y también crea una nueva figura de “suministro esencial” que no podrá interrumpirse en ninguna circunstancia, los hogares con consumidores electrodependientes.

También se prohíben las penalizaciones o permanencias que dificulten el acceso al bono social para los consumidores vulnerables que tengan derecho al mismo y se protege a sus beneficiarios “para evitar engaños o contratos ventajosos en el mercado libre que impliquen una renuncia al bono social” sin que lo sepan.

Por otra parte, cuando se produzca un cambio de precios derivado de una modificación de las condiciones del contrato, o de una nueva contratación, la empresa deberá presentar al consumidor, con carácter previo, un documento independiente del contrato que le resuma claramente los efectos del cambio sobre su factura final e incluya una tabla comparativa de los precios antes del cambio y los precios que tendrá después.

Así, tanto los hogares como las pequeñas y medianas empresas (pymes) -con potencia contratada menor de 15 kilovatios (kW)- podrán rescindir sus contratos en cualquier momento, sin penalización, a menos que sea antes de la primera prórroga anual de un contrato a precio fijo en el mercado libre; y en este caso la penalización sólo podrá ser del 5% de la energía pendiente de facturar en ese ejercicio como máximo.

Si el cambio lo hace un consumidor vulnerable para acogerse al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), no podrá aplicarse ningún tipo de penalización, tampoco en los servicios adicionales contratados junto al suministro eléctrico.

Además, se agilizan los plazos para los cambios de suministrador, que durarán diez días como máximo, y en los arrendamientos de viviendas se permitirá que el PVPC se subrogue sólo con la petición de cambio de nombre del contrato por parte del usuario efectivo de la energía que así lo acredite, libre de las cargas que pudiera haber contraído el titular anterior.

Esta subrogación también se aplicará a las mujeres víctimas de violencia de género y de violencia sexual que residan en la vivienda sin ser las titulares del contrato.

En el caso de que un consumidor con bono social quiera cambiar al mercado libre, el nuevo comercializador, además de presentarle la estimación anual de la diferencia entre el precio que paga y el que pagará tras el cambio deberá recabar su consentimiento expreso e informar mensualmente a la CNMC de estas renuncias por parte de los consumidores vulnerables, para que puedan comprobarse.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha rechazado el justiprecio propuesto por Azata del Sol S.L., la promotora del Algarrobico, que reclama 44,5 millones de euros de indemnización por la expropiación forzosa del suelo donde se erige el macrohotel ilegal, construido hace 20 años en el litoral almeriense.

El Miteco ofrece una suma infinitamente inferior: 16.496,67 euros y da diez días a los dueños del inmueble para aceptarla o rechazarla, confirman a este periódico fuentes conocedoras del procedimiento administrativo.

El pasado 21 de enero, el Jefe de Demarcación de Costas de Almería -dependiente del Miteco- notificó por escrito a los propietarios del Algarrobico el “rechazo” a su hoja de aprecio, esto es, a la estimación económica de los terrenos expropiables que había hecho la promotora, según sus propios cálculos: 44.514.077,78 euros.

En ese mismo escrito, el Gobierno ofreció una contraoferta de 16.496,67 euros [el valor catastral del suelo era de 323.872,89 euros en 2024] y, con arreglo a la ley, dio diez días de plazo para que “se acepte lisa y llanamente o bien se rechace”.

Azata del Sol no recogió la notificación hasta el 30 de enero, de modo que aún está en plazo parar valorar la oferta del Miteco. Sin embargo, la cantidad es “muy inferior” a la que previamente había reclamado la promotora, por lo que previsiblemente será rechazada, y la empresa tendrá derecho a hacer alegaciones “para justificar su propia tasación” aplicando sus “criterios estimativos” y aportando “las pruebas que considere oportunas”.

Si persisten las discrepancias respecto al justiprecio, el expediente de los terrenos del Algarrobico pasará entonces a manos de un Jurado provincial de Expropiación, que podrá fijar una nueva cifra a la indemnización cuando considere que las propuestas de las partes resulten “notoriamente inferiores o superiores al valor real de los bienes”. La resolución de este Jurado pone fin a la vía gubernativa y, a partir de aquí, cabe recurso en los tribunales.

Los actores que participan en el procedimiento de expropiación también ven poco probable que Azata del Sol acepte la cantidad propuesta por el órgano de arbitraje y auguran que acudirá a la vía judicial, para que resuelva un tribunal de lo Contencioso Administrativo en un plazo máximo de seis meses.

Seis meses de litigio

El Algarrobico, símbolo del urbanismo descontrolado de principios de siglo en España, empezó a construirse con autorización de las administraciones públicas. Las expectativas de indemnización de los promotores, que vieron paralizada el hotel con las obras ejecutadas al 94%, están muy por encima de la cantidad fijada hoy por el Miteco.

En 2014 presentaron una reclamación patrimonial ante la Audiencia Nacional por más de 70 millones de euros, que debían abonar el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras por su “anormal funcionamiento”, pero la demanda no prosperó. Los jueces no consideraron a las administraciones responsables de los perjuicios económicos derivados de la paralización del hotel ilegal.

El pasado 30 de septiembre de 2025, el Miteco remitió a Azata del Sol un requerimiento para que presentase propuesta sobre el coste de la indemnización por la expropiación de sus terrenos. Dentro del plazo concedido, la promotora presentó su hoja de aprecio en la que solicitaba un justiprecio de 44.514.077,78 euros.

La falta de un acuerdo amistoso entre el Gobierno y los dueños del Algarrobico ha echado por tierra el cronograma optimista de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero. Hace justo un año, Montero viajó hasta Almería y anunció, a pie de playa y frente al macrohotel, que sería derribado parcialmente antes de que terminara el año 2025.

Desde entonces, el Miteco ha acelerado el procedimiento administrativo de expropiación, sin llegar a apurar los plazos que marca la ley para lograr alcanzar su objetivo. Pero en los últimos seis meses se ha topado con la resistencia de los dueños del hotel, la falta de acuerdo sobre el justiprecio de los terrenos y un recurso en los tribunales que paralizó cautelarmente el proceso.

El pasado 2 de agosto, los abogados de Azata del Sol S.L. interpusieron un recurso de alzada contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los terrenos donde se levanta desde hace 20 años el Algarrobico, en primera línea de la costa almeriense, dejando en suspenso el procedimiento de expropiación y los planes del Gobierno para demoler el inmueble en 2025. El recurso se registró el último día de plazo para hacerlo.

La promotora rechazó en su escrito la resolución del 24 de junio de 2025 de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que declaró la “necesidad de ocupación para su expropiación” de 16.432 metros cuadrados de superficie en el litoral del municipio de Carboneras (Almería), zona de dominio público marítimo terrestre, afectada por la declaración de “utilidad pública” que había aprobado el Consejo de Ministros el 11 de febrero del año pasado. Era la primera señal de resistencia de los promotores.

El Miteco tenía tres meses para estudiar el recurso de alzada, pero no tardó ni dos semanas en desestimarlo (el 14 de agosto) y reactivar de inmediato el procedimiento de expropiación. Desde entonces, el Gobierno y los dueños del Algarrobico han forcejeado sin lograr un acuerdo amistoso sobre el coste de los terrenos expropiados.

El 29 de octubre, la promotora interpuso un recurso ante la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo de ocupación de los terrenos del hotel, aprobado por el Consejo de Ministros, solicitando la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. El Ministerio de Sara Aagesen acordó paralizar el proceso hasta que los jueces se pronunciasen.

El pasado 19 de diciembre, en un auto al que ha tenido acceso este periódico, el TSJA dio la razón a la Abogacía del Estado, reafirmó la “necesidad de que prevalezca el interés público en la tutela del dominio marítimo terrestre, no existiendo riesgo de inmediata ocupación”, y denegó la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. “Es evidente que los daños o perjuicios que provocaría la continuación del expediente de expropiación no son irreversibles”, reza el auto.

El 30 de diciembre, el Miteco reactivó el procedimiento y el pasado 21 de enero remitió a la promotora del Algarrobico su última propuesta con el justiprecio de los terrenos, esos 16.500 euros que la empresa deberá aceptar o rechazar en los próximos días. La última palabra de la vía administrativa la tiene el Jurado Provincial de Expropiación, dependiente de la subdelegación del Gobierno en Almería.

El capital social de Azata del Sol ronda los 33,4 millones de euros, según los últimos datos disponibles, del año 2019. Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa, que ha declinado valorar su posición en el procedimiento.

Derribo de la mitad del inmueble

El proceso de expropiación en ciernes afectaría sólo al 50% del edificio. El departamento de Sara Aagasen tiene competencias en el dominio público marítimo terrestre que ocupa el macrohotel de 20 plantas y 411 habitaciones, construido en 2003, pero que nunca llegó a abrir al público porque la Justicia frenó las obras cuando estaban a punto de terminar, en 2006, y más tarde lo declaró ilegal.

El otro 50% del suelo donde se levanta esta mole de ladrillo -símbolo de la voracidad inmobiliaria y turística- está en el Parque Natural de Cabo de Gata y es competencia de la Junta de Andalucía, que ha rechazado la fórmula del Gobierno de expropiar para luego derribar el edificio.

La vía de la expropiación fue anunciada hace un año, desde Carboneras, por la vicepresidenta primera y candidata del PSOE en las elecciones andaluzas, María Jesús Montero. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, tildó la fórmula de “electoralista” y aventuró que estaba abocada al fracaso.

El Ejecutivo andaluz se alineó entonces por la fórmula alternativa, en manos del Ayuntamiento de Carboneras, que el pasado verano ejecutó finalmente la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel, después de diez años ignorando los avisos del TSJA para que ejecutara una sentencia de 2021 (y para modificar el PGOU recalificando el suelo del Algarrobico como “no urbanizable”). Pero, tras una lluvia de críticas, finalmente la Junta se ha personado en el procedimiento de expropiación para conocer todos los avances al respecto.

El Algarrobico es el símbolo del urbanismo descontrolado en la costa de España y su demolición es un objetivo tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía, que en 2011 firmaron un “protocolo para la recuperación de la playa” donde se ubica, ocupando parte de la franja de 100 metros de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, según el deslinde confirmado judicialmente. El inmueble se levanta sobre suelo calificado como no urbanizable dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y la licencia municipal de obras concedida en 2003 está pendiente de revisión de oficio por posible nulidad.

---------

Fe de errores: En la primera publicación de esta noticia se confundía la cifra de la indemnización propuesta por la promotora Azata del Sol S.L (44,5 millones de euros) con el justiprecio que ha ofrecido el Ministerio de Transición Ecológica, por un error de la fuente informante. Los 44,5 millones es la cantidad que piden los dueños del hotel ilegal por la expropiación de su suelo, y los 16.496,67 euros es la contraoferta que ofrece el Miteco.

La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen (Madrid, 1976), tiene encima de la mesa una variedad extensísima de carpetas: de la planificación hidrológica al sistema eléctrico, pasando por los espacios naturales protegidos. En los últimos meses, ha ido saltando de crisis en crisis, cada una más relevante. Si en abril de 2025 tuvo que gestionar un apagón total en España, en agosto fue la ola de incendios forestales devastadores que arrasaron cientos de miles de hectáreas. Una vez pasado 2025, la secuencia de borrascas y las inundaciones hacen resonar la cuestión de fondo: la crisis climática no se olvida de nosotros aunque haya muchos que traten de ignorarla.

En medio de toda esta coyuntura, la también ministra de Transición Ecológica conversa con elDiario.es para dar un repaso a muchas de las materias que caen bajo su responsabilidad para las que Aagesen enarbola la “bandera verde” ahora estigmatizada por la reacción conservadora: “Es la bandera de la preparación pero también de las oportunidades”.

Vicepresidenta, el tren de borrascas que azota España nos pone de nuevo ante la realidad: los fenómenos meteorológicos extremos sí que son la nueva normalidad que nos ha traído el cambio climático, pero ¿cree que, ahora, volverse antiecológico reporta beneficios y da votos?

Ante la realidad, es decir, los trenes de borrascas, inundaciones, sequías, olas de calor... lo que hacemos como gobierno responsable es intentar estar más preparados. Apostamos por la agenda verde, que más que pensar en los votos, es la responsabilidad de ser consciente de lo que tenemos ahora y para las futuras generaciones. Por lo tanto, hay que informar muchísimo a la población y yo creo que la realidad es palpable cada día.

Sin embargo, la ola reaccionaria ha hecho bandera, y parece que exitosa, de demonizar las políticas verdes.

No aceptar o no asumir que tenemos que ir hacia una agenda verde que nos protege es una gran irresponsabilidad. La bandera verde es, por un lado, la anticipación y la preparación ante situaciones extraordinarias que cada vez son más frecuentes, pero, por otro, también es la bandera de las oportunidades. Si somos el país que más crece económicamente, lo es en buena parte por la apuesta por la agenda verde; por la descarbonización del sector eléctrico y por las renovables.

Ante la realidad, es decir, los trenes de borrascas, inundaciones, sequías, olas de calor... lo que hacemos como gobierno es intentar estar más preparados. No asumir que tenemos que ir hacia una agenda verde que nos protege es una gran irresponsabilidad

Sara Aagesen — Vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica

Toda esa información tiene que llegar a la ciudadanía y todos tenemos que ser conscientes de que el 88% de la población española asume que el cambio climático es un problema muy grave y que quiere ver soluciones desde las administraciones.

En un momento en el que la electrificación es una de las principales herramientas para descarbonizarnos y cortar la dependencia de los combustibles fósiles, parece que se ha extendido una sospecha sobre el sistema eléctrico o que los ciudadanos desconfían de las mismas empresas eléctricas...

Estamos en la década de la electrificación así que la confianza de los consumidores de todos los hogares es fundamental como lo es la confianza de nuestro ecosistema industrial. Por eso este próximo martes vamos a llevar al Consejo de Ministros un real decreto que regula la relación entre el consumidor y las comercializadoras para reequilibrar esa relación y conseguir que, realmente, los consumidores tengan esa zona de confort.

¿Qué van a regular?

Vamos a poner coto a las prácticas abusivas que hemos ido conociendo mediante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia [CNMC] y las asociaciones de usuarios para que los usuarios puedan tener máxima seguridad cuando miran a sus contratos eléctricos en un país que está virando y está apostando por una electricidad que sea más asequible, más competitiva y, por supuesto, segura. Se trata de protección a los consumidores y, especialmente, a los más vulnerables.

¿A qué prácticas se está refiriendo?

Acabaremos con esas llamadas spam que recibían los consumidores. Es decir: solo si el consumidor tiene la voluntad de recibir esas llamadas y lo expresa, recibirá llamadas con ofertas de las comercializadoras. Además, no vamos a permitir la contratación en caliente: cuando las compañías hagan una oferta, antes de que sea cerrada esa oferta o ese nuevo contrato, los usuarios tendrán que recibir el contrato y, a la vez, un documento con información simple y cercana para que entienda exactamente cuáles son las condiciones de esa nueva contratación.

Esto afecta al público en general, pero usted ha mencionado a las personas vulnerables...

Hemos conocido que estas personas que reciben el bono eléctrico han tenido abusos desde el punto de vista de llamadas con ofertas que luego realmente no eran tales y que les situaba en una situación de mayor vulnerabilidad. Con el real decreto, estas personas tendrán que recibir información sobre el hecho de que cambiar el tipo de contrato les saca de la percepción del bono. Información sobre cuál era la situación actual con esa protección y cuál sería la nueva situación en cuanto a la facturación o al precio. Y de forma muy clara para que realmente sepan qué supone dar el salto desde la salvaguarda del bono a una nueva contratación.

A eso se le añade que estos clientes tendrá que firmar que renuncian expresamente a ese bono eléctrico para que se remita a la CNMC y este organismo regulador independiente lleve un control a través de las comercializadoras.

El decreto tiene, además, vocación de mejora continua porque la CNMC va a emitir un análisis a los cuatro meses sobre la evolución de prácticas irregulares de comercialización para seguir proponiendo nuevas medidas.

Este año tendrá que decidirse si se permite la prórroga de la central nuclear del Almaraz. Más allá del caso técnico, ¿temen que un alargue de esa central mande el mensaje de que es necesario prolongar el resto de centrales y, al tiempo, menoscabe las renovables?

Estamos esperando el informe del Consejo de Seguridad Nuclear y no queremos hacer ninguna valoración que pueda ser vista como una injerencia en este proceso que es estrictamente técnico. Dicho esto, el Gobierno defiende y defenderá las renovables. Nuestra hoja de ruta es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que nos permite tener un sistema más competitivo, más seguro y menos vulnerable.

Ahora bien, las empresas que han solicitado la prórroga, en este caso de Almaraz, son plenamente conscientes de las tres condiciones que ha puesto encima de la mesa el Gobierno: no puede haber un perjuicio sobre la factura de los consumidores; máxima seguridad desde el punto de vista nuclear y garantía de seguridad eléctrica.

A la espera de fallo judicial sobre la estación de esquí de Navacerrada, esperamos culminar una ampliación de casi el 10% del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Sara Aagesen — Vicepresidenta tercera y ministra de Transción Ecológica

Hablando de prórrogas, esta es la quinta temporada extra de esquí en la estación de Navacerrada tras el vencimiento de la concesión y la sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León. ¿Para cuándo el inicio de la restauración ambiental de esta zona pegada a un parque nacional?

Estamos esperando el fallo del Tribunal Supremo ante los recursos de Castilla y León y la empresa. Mientras, sí podemos decir que estamos muy avanzados en el proceso para ampliar el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Es una ampliación que ha tenido muchísima participación. Resta que pase por los consejos de gobierno de las dos comunidades autónomas, tanto Madrid como Castilla y León. Y, por supuesto, por el Consejo de Ministros. Así que, a la espera de fallo judicial sobre la estación de esquí, esperamos culminar esa ampliación de casi el 4,7% del parque nacional.

Sobre parques nacionales, ¿tienen ya un calendario para remitir el proyecto del Mar de las Calmas en la isla de El Hierro a Las Cortes?

El calendario es inminente. Tenemos prácticamente ya la propuesta y muy próximamente se verá el anteproyecto de ley para la declaración. Soy optimista y estoy segura de que vamos a conseguir culminarlo. Llegará, como digo, de manera inminente al Consejo de Ministros y espero que cuando entre en las Cortes, veamos que avanza de forma ágil.

¿Cuentan con los apoyos parlamentarios para sacar la ley?

Tenemos diálogo permanente en las Cortes con todos los expedientes. En este caso, lo más importante es el diálogo con el Gobierno canario. Tener su apoyo nos parece fundamental y hemos tenido un trabajo extraordinario con ellos y por eso somos positivos respecto a la buena tramitación en las Cortes.

A lo mejor un parque nacional se convierte en la ley con más apoyo en el Parlamento de la legislatura...

Sería maravilloso. Sería una gran noticia y para celebrarla.

También está pendiente, desde hace bastante tiempo, trazar un plan concreto para el rescate de Las Tablas de Daimiel. ¿Hay algún problema para que no esté ya?

Esperamos que muy pronto podamos lanzar el marco de actuaciones consensuado con la Comunidad Autónoma. Hemos avanzado mucho en los trabajos técnicos, pero también en el plan socioeconómico que es muy importante que vaya de la mano de lo ambiental. Todos esos espacios que están degradados son extraordinariamente complicados de abordar como lo vivimos con Doñana y o con el Mar Menor.

Si hablamos del transporte por carretera, hay que seguir ampliando y democratizando el vehículo eléctrico que es una solución para los usuarios. También debemos seguir ofertando transporte público de calidad en las ciudades

Saera Aagesen — Vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica

¿Considera que estamos perdiendo pulso en la descarbonización del transporte que es el primer emisor de gases invernadero en España? Pienso en el repunte de la aviación, el contraataque del coche de combustión o la crisis ferroviaria...

Si hablamos del transporte por carretera, hay que seguir ampliando y democratizando el vehículo eléctrico que es una solución para los usuarios –para los que queremos transportarnos para ir al trabajo o para llevar nuestras familias–. Hay una progresión también en cuanto a fábricas, ecosistemas industriales y baterías. La apuesta por el vehículo eléctrico está incrementándose. Así como vemos que en el resto de Europa no es el caso, aquí sí.

¿Y para los que no tienen ni quieren un coche?

Debemos seguir ofertando transporte público de calidad también en las ciudades. Por eso las zonas de bajas emisiones son fundamentales. Pero tenemos que dar, vamos a decir, una vuelta de tuerca. Los avances en la descarbonización de este sector son menores porque dependen de decisiones personales muy atomizadas por cada uno de nosotros. Las administraciones públicas tenemos que ser capaces de trabajar para que haya posibilidades de transporte público accesible. Insisto: la movilidad eléctrica es el vehículo eléctrico y el transporte público, también para conseguir unos entornos y ciudades más saludables desde el punto de vista de contaminación atmosférica.

El PP ha anunciado este lunes que creará una comisión de investigación en el Senado para indagar en “la caja negra de la SEPI”, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que según ha asegurado su portavoz en la Cámara alta, Alicia García, “pudo servir, entre otras cosas, para pagar favores a la dictadura de Maduro con rescates a empresas” como la aerolínea Plus Ultra, con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como mediador. “Mientras Sánchez protege a una dictadura, en España la justicia investiga si el Gobierno utilizó dinero público para beneficiar al Gobierno de Maduro”, ha afirmado.

Los populares han convocado un pleno extraordinario el próximo 15 de enero en el que han citado a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y responsable política de la SEPI, María Jesús Montero, y a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, al estar los departamentos “bajo sospecha” por “la trama de hidrocarburos que pudo haber beneficiado a Maduro”. Además, han exigido al embajador de Venezuela en España que también de “explicaciones” en el Senado y que “permanezca” en el país.

García ha acusado a María Jesús Montero de estar “al mando” de la “caja negra” que ha calificado de “cajero automático para pagar favores políticos, incluso internacionales”. Ha afirmado que la vicepresidenta ha convertido a la empresa de participaciones en un “pozo sin fondo para el despilfarro y la corrupción” en la que “colocó a su gran amigo, colaborador y trabajador, Vicente Fernández, hoy imputado y que incluso estuvo detenido”. Fernández fue uno de los tres detenidos el pasado mes de diciembre junto con la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, vinculado al exdirigente del PSOE, Santos Cerdán. Los líderes de la oposición sitúan ahora a la SEPI en el “centro” de “la trama corrupta del 'sanchismo', que afecta a contratos, subvenciones, ayudas públicas, y que gira en torno a altos cargos y dirigentes del PSOE”.

Alicia García ha destacado que “un tercio” de los más de 2.600 millones de euros que fueron concedidos por la SEPI a 28 empresas durante la pandemia se encuentran ahora bajo investigación judicial. Estos rescates beneficiaron a empresas como Plus Ultra, Air Europa, Avóris oTubos Reunidos.

La creación del nuevo organismo y la convocatoria del pleno extraordinario llegan después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuviera, el pasado mes de diciembre de 2025, a la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso el pasado mes de diciembre, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional (AN) sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

El PP ya hizo comparecer en el Senado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. El senador Balseiro Orol le preguntó acerca del rescate a Plus Ultra, ante lo que el vicepresidente aseguró que la aerolínea “cumplía los requisitos y era estratégica”: “Todas las aerolíneas, grandes y pequeñas, para el hub de Madrid, eran estratégicas por el sector en el que estaban operando”, aclaró.

La comisión parlamentaria constituida en la Junta General del Principado para tratar de esclarecer el accidente laboral registrado, el 31 de marzo, que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, ya dispone de un calendario oficial de comparecencias. Los trabajos de la comisión creada para tratar de determinar las posibles responsabilidades en el siniestro se reanudan a partir de enero de 2026, tras el parón de las fiestas navideñas.

En la lista de comparecientes destaca la citación a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien tendrá que comparecer el próximo 21 de enero ante la comisión de investigación integrada por dos representantes de cada partido político con representación parlamentaria.

Sara Aagesen no acudirá como representante del Gobierno central, sino en su calidad de presidenta del Instituto de Transición Justa durante la etapa en la que se concedieron las ayudas a la descarbonización.

El parón de las fiestas navideñas

Los trabajos de la comisión se suspenderán durante las fiestas navideñas y se reanudarán el 12 de enero con las comparecencias de varios miembros de la Brigada de Salvamento Minero, que se sucederán a lo largo de tres jornadas.

El alcalde de Degaña, Óscar Ancares, y la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, han sido citados para el 15 de enero y, al día siguiente, prestará declaración ante la comisión el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella.

La directora del Instituto para la Transición Justa, Judit Carreras, ha sido citada para el 20 de enero, un día antes de que lo haga la ministra Sara Aagesen.

Los ex titulares de Industria

Para el 22 de enero está citados los ex consejeros de Industria del Gobierno asturiano Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, e Isaac Pola.

Al día siguiente tendrán que comparecer las dos ex consejeras de Industria que asumieron este cargo en la etapa del actual presidente del Ejecutivo regional, el socialista Adrián Barbón. Se trata de Nieves Roqueñí, actual presidenta del puerto de El Musel, en Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, que dimitió del cargo a raíz del accidente mortal.

El director general de Energía y Minería del Principado, Javier Cueli, figura en la lista de comparecientes para acudir a la Junta General del Principado el 26 de enero, y le sigue el actual consejero de Ciencia, Industria y Energía, Borja Sánchez, que está citado para el día siguiente.

Empresarios y apoderados

El martes, 27 de enero, comparecerá ante la comisión parlamentaria Jesús Manuel Rodríguez Morán, apoderado de la sociedad Combayl, mientras que el viernes 30 será el turno del empresario minero Victorino Alonso.

Todas las personas que han sido citadas están obligadas a comparecer ante la comisión parlamentaria, que está presidida por la diputada Covadonga Tomé.

La comisión parlamentaria se constituyó el pasado 15 de mayo a propuesta del PP y Foro, y fue apoyada por Vox y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

Además de esta comisión, sigue abierta la vía judicial, que instruye el Juzgado de Cangas del Narcea y se ha iniciado una auditoría por parte de la Inspección General de Servicios del Principado sobre el trabajo realizado desde el área de Minas de la administración autonómica, mientras que la Comisión Regional de Seguridad Minera ha constituido su propia comisión de investigación desde un punto de vista técnico.

Extracción ilegal de carbón

Como principal hipótesis de trabajo se baraja que el accidente que costó la vida a los cinco mineros y heridas a otros cuatro compañeros se debió a una acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018. 

Las cinco víctimas mortales fueron Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez. Residían en las comarcas leonesas de Laciana y El Bierzo y tenían entre 32 y 54 años.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado este lunes que España es un ejemplo de que se puede “crecer y hacerlo de forma sostenible, generar empleo, calidad de vida, de vida y bienestar”, y ha incidido en la importancia de “transformar nuestro sistema energético” y “reducir nuestra dependencia de los recursos que son finitos”.

Aagesen ha inaugurado la IV Jornada de Economía circular y Energías renovables, un foro de debate ya consolidado para analizar los retos y oportunidades de la transición ecológica en España, organizada por elDiario.es. La vicepresidenta tercera ha insistido en la concienciación sobre el uso responsable de los recursos y la apuesta por las energías renovables.

Ha destacado que el pasado 24 de julio “la humanidad ya había consumido los recursos del planeta que se podían regenerar en un año”. “Ese sobreconsumo equivale a utilizar 1,8 veces el planeta Tierra”, ha añadido, por lo que ja lanzado una apuesta por “unas energías renovables que no solo son limpias, no solo son más competitivas y más económicas, sino que nos permiten un estado de bienestar y, por supuesto, de autonomía energética y estratégica”.

Además, Aagesen ha puesto el acento en que invertir en renovables es invertir en seguridad: “Hay una carta que han remitido expertos de la OTAN, militares y expertos en defensa, pidiendo que el gasto y las inversiones en energías renovables cuenten como inversiones en seguridad”.

“Europa se calienta más rápido”

La vicepresidenta tercera ha continuado insistiendo en la necesidad de aportar por las energías renovables como principal freno al cambio climático. “2025 fue el año más cálido desde que tenemos registros, cuando se superó en cinco grados ese umbral que nos fijamos hace 10 años en el acuerdo de París. El último informe, de hace pocas semanas, del estado del clima también nos recuerda que Europa se calienta más rápido que el resto de los continentes”, ha explicado.

Aagesen ha incidido en que en el caso de España, el calentamiento del mediterráneo también se acelera y tiene como resultado “fenómenos meteorológicos extremos”. Así, se ha referido a la DANA que dejó 229 víctimas mortales en Valencia hace ahora un año: “Hoy también transmito palabras de cariño, de solidaridad con todos los familiares de las víctimas y con todos los afectados”.

En su intervención, Aagesen ha destacado algunos de los proyectos de su Ministerio, como el Perte de la Economía Circular, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la ley de Residuos o los planes de almacenamiento de hidrógeno renovable, donde se ha pasado de 28 proyectos a más de 500.

“Las energías renovables nos hacen competitivos, generan una sociedad del bienestar en un contexto muy complicado. Hemos visto que esas dos apuestas nos permiten decir que tenemos resultados transformadores en nuestro país. El Fondo Monetario Internacional acaba de actualizar nuestra previsión de crecimiento al 2,9, el triple prácticamente de la zona euro y muy por encima de grandes economías de la Unión Europea”, ha resumido.

“Una España que es vulnerable ante el cambio climático requiere de políticas que trasciendan a las legislaturas. Por eso estamos trabajando en un pacto de Estado frente a la emergencia climática, donde queremos escuchar a todos y cada uno de los agentes, a la sociedad civil, a las empresas, a los sindicatos, a las comunidades autónomas, a los grupos políticos, a todos. La realidad es la que es somos un país vulnerable y tenemos que estar preparados juntos y unidos, seguro que lo vamos a conseguir”, ha concluido.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha comunciado por escrito a las 14 comunidades autónomas gobernadas por el PP su “pesar” por que se hayan desentendido a última hora de la Convención del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática de los próximos 13 y 14 de octubre en Ponferrada (León) en la que iban participar en diferentes eventos. De momento, solo Baleares aparece en el programa.

Los gobiernos autonómicos populares le enviaron un texto conjunto este jueves en el calificaron el futuro pacto de “propaganda”. Aagensen les ha remitido una carta en la que indica que “entendíamos que este era el momento de impulsar una conversación conjunta, abierta a todas las administraciones y a la sociedad civil, en torno a cuestiones fundamentales como la adaptación al cambio climático, la resiliencia hídrica, el refuerzo de los servicios de emergencia, el apoyo al sector primario o la innovación en políticas de gestión forestal”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya había desdeñado el pacto al ser avanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la oleada de incendios forestales. Ahora, el PP rechaza participar en esta convención de la que deben salir propuestas para incluir en ese proyecto de pacto.

“Esta Convención ha buscado precisamente dar voz a la sociedad: jóvenes, científicos, empresas, organizaciones del sector primario, patronales, sindicatos, movimientos sociales y voluntarios de protección civil, entre otros actores clave”, ha escrito la vicepresidenta tercera tras recibir la negativa del PP.

Su carta prosigue: “Todos estamos interpelados frente al cambio climático y somos parte indispensable de la solución, como el sector primario que tendrá un lugar específico dentro del proceso de diálogo y en la propia Convención, como uno de los sectores más directamente impactados por el cambio climático”, ha escrito ya que los consejeros del PP han usado entre sus argumentos una supuesta “estigmatización del campo”.

De hecho, los populares quieren que se detenga el proceso de elaboración del pacto ante lo que Sara Aagesen contesta que está “convencida de que podremos trabajar conjuntamente”, pero que “detener el proceso en este momento, como proponen, cuando estamos en plena fase de consulta pública con una ciudadanía activa e implicada, no sería justo ni coherente con el compromiso adquirido.”

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico prepara una ampliación del plazo de ejecución de 14 programas de ayudas del Plan de Recuperación por importe de más de 1.300 millones de euros que ya están comprometidos y debían ejecutarse entre diciembre de este año y junio de 2026.

El departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha publicado este miércoles un proyecto de Orden Ministerial por el que se modifican las bases reguladoras de varios programas de ayudas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que Bruselas anunció en 2020, tras la sacudida de la pandemia. Para esa ampliación del plazo, Transición Ecológica se ampara en una Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y el Consejo del pasado 4 de junio que abría la puerta a un aplazamiento en la ejecución de esas ayudas.

La propuesta de Transición Ecológica estará abierta a comentarios hasta el próximo 14 de octubre y supone ampliar el plazo para la ejecución de proyectos energéticos relacionados con repotenciación de eólica, energía eólica marina, almacenamiento, hibridación, geotermia, redes de calor y frío, biogás, bombeo reversible, dinamización de comunidades energéticas o nuevos modelos de negocio. Los proyectos adjudicados que se van a beneficiar de ese aplazamiento suman 1.322 millones, entre los que destacan 162 millones a repotenciación circular, casi 155 millones para almacenamiento, 150 millones para hibridación, o 133 millones a renovables marinas.

Como norma general, se amplía el plazo para la ejecución de los proyectos hasta el 31 de diciembre de 2028, un año y medio más sobre la fecha límite para los proyectos que tenían fecha de ejecución hasta 30 de junio de 2026, y dos años más para aquellos que tenían fecha de ejecución hasta diciembre de 2025. Sin embargo, en el caso de renovables marinas y geotermia, se da de plazo hasta 2030, por la mayor complejidad de estos proyectos. Para las líneas en las que se van a sacar nuevas convocatorias, éstas también tendrán 2030 como fecha límite. En almacenamiento con bombeos hidroeléctricos, el plazo se amplía hasta 2032. 

Mensaje al mercado

Con esta Orden Ministerial, el Gobierno lanza un mensaje al mercado y en especial a aquellos agentes que se habían planteado renunciar a las ayudas por ver imposible el cumplimiento de los plazos.

La Propuesta también incluye algunas modificaciones técnicas en las bases reguladoras para mejorar su adaptación a la demanda: con el objetivo de “aclarar determinados aspectos de los actuales textos relativos a las garantías de participación o requisitos técnicos, a la documentación acreditativa de la finalización de las actuaciones, aclaraciones procedimentales, así como incluir definiciones o la revisión de los criterios de valoración para facilitar el proceso de evaluación”, explica el ministerio.

Como explica Transición Ecológica, “para asegurar la absorción de los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, Bruselas propuso establecer “un instrumento gestionado de forma independiente para incentivar la inversión privada” en forma de “regímenes de subvenciones” o “esquema de ayudas”. 

Y la ejecución de las ayudas se consideraría alcanzada en agosto de 2026 “si para esa fecha se han establecido dichos instrumentos de convocatorias de ayudas y se han resuelto y concedido las ayudas, dejando la ejecución material de los proyectos para fechas posteriores”. En este caso ese instrumento intermedio es el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al ministerio.

“El objetivo principal de esta orden ministerial es adaptar las bases reguladoras de programas de ayudas ya publicados a los nuevos requerimientos” que exige su inclusión en un “esquema de ayudas”, explica Transición Ecológica.

La Propuesta de orden ministerial responde a la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 4 de junio de 2025 “NextGenerationEU – Camino a 2026” abrió la puerta a la ampliación de los plazos del Plan de Recuperación, cuyos principales beneficiarios fueron Italia y España, unos meses después de que el Tribunal de Cuentas Europeo advirtiera de que la UE corría el riesgo de no llegar a tiempo para invertir los 723.800 millones que Bruselas puso a disposición de los Estados Miembros en plena pandemia.

La Comunicación de la Comisión en la que se ampara el ministerio instaba a los Estados miembros a “revisar exhaustivamente” sus planes “lo antes posible para garantizar que todos los hitos y objetivos puedan ejecutarse antes del plazo del 31 de agosto de 2026”. Entonces quedaban por desembolsar a escala europea “unos 335.000 millones”, de los que aproximadamente 154.000 millones eran subvenciones y 180.000 millones, préstamos.

La industria del dato lo venía avisando desde 2018: España tenía “una oportunidad única” para meter el pie en el negocio de la infraestructura digital. Muchas tendencias apuntaban a ello, desde la necesidad de diversificar las congestionadas rutas de información del norte de Europa, pasando por su posición estratégica para conectar mercados emergentes en América Latina y África, hasta el consenso político para facilitar este tipo de inversiones. Por el camino se sumó la inteligencia artificial, una invitada que aumentó aún más el atractivo de España por su capacidad de saciar con renovables la enorme voracidad energética de esta tecnología.

Lo que hace siete años era una oportunidad, hoy es una realidad. España ha conseguido gigantescas inversiones para convertirse en un polo regional para los centros de datos y los cables submarinos y ser una importante intersección en la autopista de información mundial. Han llegado gigantes tecnológicos, compañías del segundo escalón e incluso actores externos como Blackstone, que han visto la oportunidad de explotar la privilegiada situación española. Solo en Aragón, se ha comprometido una inversión de unos 47.000 millones de euros desde 2024, según un estudio de la Fundación Basilio Paraíso presentado este martes.

Una disyuntiva que ha obligado al Gobierno a elevar la precaución para no morir de éxito, reconociendo que se ha generado una “burbuja” con los centros de datos. Así lo ha calificado en varias ocasiones Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica. Su departamento es el encargado de aprobar las solicitudes energéticas de cada nuevo centro de datos y observa cómo el montón de carpetas crece sin parar. Las peticiones de conexión a la red para nuevas demandas en la actual planificación (2025-2030) “se han multiplicado por 80” respecto a la anterior planificación (2021-2026), exponen a elDiario.es fuentes del equipo de Aagesen.

Muchas de esas peticiones llegan además de empresas que las tramitan en varias localizaciones distintas, con el objetivo de quedarse luego con la opción más ventajosa. Desde el sector explican a este medio que es una manera de contrarrestar los plazos de varios años que maneja Red Eléctrica para conceder acceso a la energía a estas instalaciones, cubriéndose las espaldas ante una posible negativa a conectar la parcela elegida.

“Es ingente la cantidad de proyectos que han llegado. De cero a un gran universo. Vamos a ir midiéndolos para analizar cuáles son los mejores, también para el territorio”, ha manifestado la ministra, que ha preparado un paquete de medidas específicas para controlar la situación.

Transparencia en el consumo e impacto en el territorio

Transición Ecológica abrió a consulta pública a principios de agosto un proyecto de real decreto para regular el sector de los centros de datos. El texto obliga a estas infraestructuras a ser más transparentes con su consumo energético y de agua, dos de los factores más sensibles para su implantación. En el caso de la electricidad, deberán detallar no solo cuánta energía necesitan, sino también qué parte de ella procede de fuentes renovables y qué medidas aplican para mejorar su eficiencia, un punto clave ante las tensiones que ya se vislumbran en la planificación de la red.

Respecto al agua, los operadores tendrán que informar del volumen destinado a refrigeración y justificar su uso en función de la disponibilidad local, dado que muchos proyectos se ubican en zonas con estrés hídrico. El sector repite por activa y por pasiva que sus cifras de consumo de agua se han exagerado, aunque las empresas evitan comunicar abiertamente cuál es su gasto real. En el informe de la Fundación Basilio Paraíso se avisa que el consumo de las nuevas infraestructuras puede superar el 10% de lo que bebe toda Aragón.

El borrador incluye además la obligación de elaborar informes periódicos sobre el impacto de cada centro de datos en el territorio y de presentar planes de integración que garanticen su sostenibilidad a medio plazo.

Es un paquete de normas que afectará a toda España pero que tendrá especial relevancia en Madrid y Aragón. Son las comunidades que concentran la mayoría de nuevas solicitudes, en base a una ley no escrita de la industria digital que dicta que los datos se atraen entre ellos. La capital, por sus servicios a ciudadanos y empresas; y Aragón, gracias a las enormes granjas de servidores que construyen Amazon y Microsoft, son los polos alrededor de los que están floreciendo estas nuevas infraestructuras, con mención especial a Talavera de la Reina y el megacentro de datos de Meta, que está agrupando a su alrededor a otras empresas del sector.

Beligerancia en Madrid y tranquilidad en Aragón

Los presidentes de las dos regiones gobernadas por el PP han respondido de manera diferente ante el proyecto de real decreto. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha quedado sola en su denuncia al paquete regulatorio propuesto por el equipo de Aagesen, asegurando que las nuevas normas son un ataque al desarrollo de la comunidad. “¿Que Madrid ha apostado por los centros de datos? Espera, que vamos…”, publicó en X Isabel Díaz Ayuso junto a la captura de una noticia que informaba sobre la salida a consulta pública del real decreto.

Es una crítica que viene repitiendo desde hace meses ante la política del Gobierno de aumentar la cautela en las licencias de los centros de datos. “Nos están cortando la energía y el agua”, dijo en su discurso de cierre de año de 2024. “¿Qué más hace fuerte a Madrid? Los centros de datos. Pues nos corta la energía, nos empieza a restringir el agua, para que no tengamos posibilidad de hacer desarrollos”, afirmó en una entrevista con Ana Rosa Quintana, refiriéndose a Pedro Sánchez.

Jorge Azcón, en cambio, ha transmitido tranquilidad en lo referente a las nuevas normas. “Que pidan más transparencia es positivo. La práctica totalidad de lo que hoy pide el real decreto lo cumplen los centros de datos que se promueven en Aragón”, ha dicho este miércoles el presidente de la Junta, que presentará sugerencias para mejorar el texto. “Las alegaciones que presentará el Gobierno de Aragón van a mejorar y a aportar. Estoy convencido de que los proyectos en Aragón no solo cumplen, sino que mejoran los estándares de calidad”, ha enfatizado.

La patronal también rebaja la tensión

SpainDC, la patronal de los centros de datos en España, también ha evitado hacer una enmienda a la totalidad de las nuevas normas. “Hay una parte que tiene que ver con la transparencia de los datos. Y a nosotros nos va a beneficiar mucho porque nos ayuda a destruir muchísimos mantras que hay sobre el consumo de los centros de datos”, asegura en declaraciones a elDiario.es Begoña Villacís, directora ejecutiva de la asociación. “Los centros de datos españoles van a salir muy bien parados con respecto a los europeos, especialmente en el tema del agua, porque prácticamente todos son de circuito cerrado”, recalca.

Con todo, no todas las medidas han gustado en el sector. Uno de los factores que generan más dudas es el requisito incluido en el real decreto de aprovechar el calor residual que producen los centros de datos. La norma obliga a las instalaciones que consuman más de 1 MW (una escala pequeña, para los desarrollos que se están dando en España) a encontrar forzosamente una aplicación para ese calor, ya sea para servicios de climatización u otros usos de los barrios, municipios o industrias cercanas.

Desde SpainDC recalcan que todas las empresas están abiertas a aprovechar ese calor y ya hay proyectos piloto en marcha para hacerlo, pero creen que convertirlo en obligación es contraproducente. Muchos de los pequeños municipios en los que se instalan, alegan, no tendrían capacidad para gestionar un proyecto de ese tipo, lo que complicaría mucho el trámite burocrático por un factor como el calor que es secundario en la operatividad de los centros de datos.

Por último, en línea con la principal reclamación política del sector, piden agilizar los trámites para el acceso a la energía. Es una batalla en la que han ganado a Azcón como aliado. “Antes de las vacaciones de agosto hablé con la vicepresidenta Aagesen y le hice llegar la inquietud de Aragón en cuanto a las inversiones de Red Eléctrica y también sobre el retraso considerable que llevan los concursos de energía, necesarios para que las inversiones se pongan en marcha. Volvimos a oír palabras de paciencia, de que dentro de muy poco veríamos cómo se avanzaba en esa cuestión. En agosto no hemos visto ninguno, espero que el Ministerio cumpla con el trabajo que tiene que hacer”, ha manifestado en su intervención de este miércoles.