En un momento en el que los precios de los combustibles están disparados y las perspectivas de almacenamiento de gas para el invierno son preocupantes, España, junto a Portugal y Luxemburgo, han mandado una carta a la Comisión Europea para que impulse verdaderamente a las energías renovables en la Unión Europea con el objetivo de 2040, en un momento en el que las políticas de la agenda verde están siendo debilitadas con la excusa del incremento de la competitividad y la simplificación de la burocracia.

Los ministros de Energía y Transición Ecológica de los tres países, Sara Aagesen y Maria da Graça Carvalho y Lex Delles, respectivamente, abogan porque “el marco de energías renovables para la próxima década debería ser una contribución justa de todos los Estados miembros y un despliegue rentable de las energías renovables en toda la Unión”.

“El objetivo de energías renovables de la UE para 2040 debería enviar una señal clara a los inversores y a los mercados. La integración del sistema debe centrarse en la flexibilidad, el almacenamiento, la modernización de la red, las interconexiones y la electrificación”, apuntan los tres países en su misiva.

La carta llega en un momento de fuerte preocupación en Europa por el incremento de los precios de los combustibles. En España, la inflación se ha disparado hasta el 4,9% en septiembre, seis décimas más en términos interanuales con respecto al dato de agosto, presionada al alza por el precio de los carburantes, ante el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio.

“Una alta dependencia de los combustibles fósiles coloca a nuestras economías y ciudadanos en una posición vulnerable. Debido a las incertidumbres geopolíticas, y como lo demuestran las consecuencias del bloqueo del estrecho de Ormuz, necesitamos actuar con rapidez para reducir las dependencias”, insisten los tres países.

Según los tres países firmantes de esta petición, “es clave reforzar la capacidad de las redes para permitir flujos de energía eficientes, garantizar la asequibilidad de la energía y apoyar la competitividad industrial. Esto puede lograrse mediante la digitalización, un mayor despliegue de almacenamiento de energía, soluciones no cableadas e inversiones, y debe garantizar una asignación justa de costes y resiliencia ante amenazas físicas y cibernéticas”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en su último discurso del Estado de la Unión Europea el pasado septiembre, abogó por impulsar políticas que reduzcan al máximo la dependencia de los combustibles fósiles, no solo por los precios también por el efecto sobre el cambio climático. Sin embargo, no se han tomado medidas contundentes desde Bruselas para su impulso.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha elevado hasta un récord de más de 17.000 millones de euros la inversión prevista en la nueva Planificación eléctrica 2025-2030, y va a publicar este jueves en el BOE de la orden ministerial por la que se crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico español, el denominado sistema antiapagones anunciado en enero del año pasado. 

Así lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta y ministra, Sara Aagesen. La propuesta de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, actualmente en tramitación, supondrá una inversión de “más de 17.000 millones, un 30% más que lo planteado inicialmente”, un 144% por encima de la vigente y “la mayor inversión en redes de la historia”, ha anunciado Aagesen, que ha señalado que la medida “más importante” tras el histórico apagón del 28 de abril de 2025 es “mejorar la supervisión del sistema”

La Propuesta de planificación sometida a audiencia pública hace un año contemplaba una inversión de 13.600 millones para cubrir las necesidades del país y cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030. Tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas, ese volumen de inversión ha crecido hasta superar los 17.000 millones. El Gobierno confía en aprobarla antes de que acabe 2026, según dijo el martes en el Congreso el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.

La demanda es la gran protagonista en esta planificación, a direrencia de las anteriores. Aglutina el 41% de las propuestas recibidas, seguidas por la generación, con el 40%, y el almacenamiento, con el 19%. En el nuevo texto, tras la fase de alegaciones, las posiciones de la red de transporte para atender nuevas demandas en la red de distribución crecen un 52% respecto a la propuesta original, hasta 300, y las posiciones para consumo directo en transporte han crecido un 12%, hasta 162. “Se han incrementado un 75% las posiciones previstas para ejes ferroviarios y electrificación de puertos, hasta alcanzar las 59”, explica el ministerio.

Tras la audiencia pública también ha aumentado el número de subestaciones un 17%, hasta 193, así como la longitud de las líneas eléctricas previstas: un 11% más, hasta 6.706 kilómetros. A esto se añade un incremento del 6% de las redes existentes repotenciadas, hasta 8.164 kilómetros.

Subastas de capacidad

Además de la nueva planificación, el ministerio ultima la puesta en marcha del mercado de capacidad, planteado meses antes del histórico cero energético de 2025 con la idea de que entrara en vigor en el primer semestre del año pasado. Este instrumento, finalmente aprobado por la Comisión Europea en mayo, busca preservar la seguridad de suministro, con señales de inversión para que el almacenamiento y la gestión de la demanda se incorporen definitivamente al sistema y “se avance ordenadamente hacia una economía neutra en emisiones de carbono”, explica el ministerio.

El mecanismo se activa tras la reforma de la normativa comunitaria para eliminar la condición temporal de este tipo de mecanismos –lograda durante la Presidencia Española de la UE– y la conformidad del modelo español con las reglas relativas a las Ayudas de Estado, obtenida a finales de mayo. Ese visto bueno cifró las ayudas del esquema en 9.000 millones. Ahora, se lanza tras confirmarse la prórroga hasta 2030 de la central nuclear de Almaraz.

Este miércoles, durante la sesión de control en el Congreso, el diputado del PP Guillermo Mariscal le ha reprochado al Gobierno que prorrogar Almaraz supone una rectificación de su política energética. La vicepresidenta Aagesen ha reiterado que “este gobierno es pragmático” con esta extensión “limitada”, que justifica por la crisis energética por la guerra en Irán.

Y ha arremetido contra quienes hablan “de política irresponsable y errónea” cuando durante siete años de gobierno “no instalaron prácticamente un megavatio renovable” y aprobaron el impuesto al sol, con una factura “en diferido” en forma de laudos de inversores internacionales por los recortes retroactivos a las renovables. Según Aagesen, en España “la factura energética es un 24% más baja que la de Alemana y casi un 50% más baja que la de Italia”.

Fuentes del ministerio recuerdan que Italia, Francia o Bélgica están desarrollando mecanismos de capacidad como este. Alemania ha sido el último en obtener la aprobación de la Comisión Europea este mes.

Las instalaciones de generación y almacenamiento, así como la demanda –los consumidores y los agregadores– podrán participar en este mercado, de ámbito peninsular. Percibirán una retribución por aportar firmeza y flexibilidad al sistema eléctrico, bien por estar disponibles para inyectar electricidad en las redes o bien por reducir el consumo, siempre a requerimiento del Operador del Sistema, Red Eléctrica de España (REE). 

La prestación del servicio se adjudicará con subastas tecnológicamente neutras de potencia firme (MW) y precio (€/MW/año), en las que se otorgará el precio ofertado (sistema conocido como pay-as-bid). Las centrales de generación no podrán emitir más de 550 gr/CO2/kWh, tendrán que cumplir los requisitos de firmeza y flexibilidad que fije cada subasta, y no cobrarán ningún tipo de retribución regulada. 

Para incentivar la incorporación de tecnologías no fósiles, cuando se participe en las subastas con proyectos futuros –nuevas inversiones–, éstos solo podrán ser de renovables, almacenamiento o demanda.

Tres subastas

Se organizarán tres tipos de subastas, cuyo volumen y periodicidad dependerá de las previsiones de demanda y las necesidades de potencia firme identificadas con los correspondientes análisis de cobertura a cinco años vista.

En primer lugar, habrá una subasta principal en la que podrán participar las instalaciones existentes y los nuevos proyectos de renovables, almacenamiento o demanda que vayan a prestar servicio a partir de la fecha que fije la convocatoria, hasta cinco años después de la adjudicación. Así se garantizan ingresos a futuros proyectos, facilitando su viabilidad y abaratando su financiación. 

El periodo de prestación del servicio será distinto en función del tipo de instalación (existente o nueva inversión) y del tipo de tecnología. Con carácter general, estas subastas se celebrarán anualmente, siempre que se hayan detectado necesidades de firmeza. La duración del servicio será de un año para instalaciones existentes, hasta 15 años para nuevas inversiones, y entre uno y 10 años para nuevas demandas. 

En segundo lugar, habrá una subasta “de ajuste anual” en la que sólo podrán participar instalaciones ya operativas, que prestarán el servicio durante 12 meses. Diseñadas para resolver situaciones coyunturales, deberían otorgar menos capacidad firme que las subastas principales, con las que convivirán.

Y habrá también una subasta “transitoria” que garantizará la firmeza del sistema eléctrico hasta el año de inicio de la prestación del servicio otorgado con la subasta principal. Se celebrará todos los ejercicios hasta entonces y podrán participar instalaciones existentes y nuevas inversiones, con un plazo de prestación anual.

El nuevo mercado de capacidad lo financiarán los consumidores de electricidad por medio de precios unitarios diferenciados por segmentos tarifarios y períodos horarios coincidentes con los peajes de transporte y distribución. Así, el sistema lo sufragarán en mayor medida los consumos de las horas con más estrés del sistema, que no podrán exceder el 10% del cómputo anual, y “se darán señales para flexibilizar y desplazar la demanda a otras franjas horarias, aplanar la curva de carga y facilitar la gestión del sistema”, explica el ministerio.

Por otro lado, para dar más liquidez al nuevo mecanismo, se prevé la existencia de un mercado secundario de los derechos y las obligaciones adjudicados en las subastas, bien por cambio de titularidad de las instalaciones, bien por traspaso a otras instalaciones que cumplan los requisitos.

El Operador del Sistema y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se encargarán de la verificación y la inspección de la prestación del servicio de capacidad.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen, ha defendido este miércoles en el Congreso la prórroga “limitada” de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030, que, según ha defendido, “no modifica la política energética” del Ejecutivo.

Esa política del Gobierno sigue siendo “una apuesta que sigue centrada en renovables, electrificación, en redes”, ha dicho Aagesen durante una comparecencia a petición propia para dar cuenta de las actuaciones adoptadas frente a la emergencia climática en el marco de las propuestas de un Pacto País y en el contexto de la campaña contra los incendios forestales, así como de la actual situación geopolítica y de los mercados energéticos.

En la réplica, Aagesen ha pedido “rigor” para hablar de la nuclear, porque en España “somos ricos en sol y viento” y “esa es la lógica de este país”. A quienes “hablan de energía nuclear a futuro” ha recordado el caso de Francia, que tardó “17 años” en conectar una central de 1,6 gigavatios y el presupuesto inicial de 3.000 millones “se multiplicó por siete”, hasta 23.000 millones.

La vicepresidenta ha subrayado que esta “extensión limitada” del permiso de la central, que inicialmente expiraba en 2027 (en el caso del primer reactor) y octubre de 2028 (en el caso del segundo), y cuya prórroga el Ejecutivo aprobó el pasado 14 de agosto, cumple las tres condiciones que en su momento puso el Gobierno a las eléctricas.

Esas condiciones eran no poner en riesgo la seguridad nuclear, algo que garantiza el aval del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), garantizar el suministro eléctrico y que la permanencia de la central en el mix eléctrico no genere sobrecostes a los ciudadanos, tras descartar el Ejecutivo las rebajas fiscales y las “ayudas” que, ha subrayado la ministra, pidieron las empresas propietarias “durante meses”.

Aagesen ha defendido que “la realidad ha cambiado” y que “no hay dogmatismo”: el Gobierno “es pragmático, no ideológico”, para justificar esa prórroga e incumplir el calendario pactado con las empresas en 2019, antes de la pandemia, la guerra de Ucrania y ahora, la de Irán.

La vicepresidenta ha insistido en que la decisión, adoptada tras analizar los modelos y la información de Red Eléctrica, “no altera el resto del calendario” de apagón nuclear y que “el horizonte de cierre definitivo permanece en 2035”. Ha señalado que esta “extensión limitada” es “coyuntural y acotada exclusivamente a esa instalación” y se ha adoptado “por la coyuntura energética”, con una alta incertidumbre en los mercados internacionales como consecuencia del conflicto en Oriente Medio y de la guerra en Ucrania, “que sigue ahí”.

“Solo es Almaraz, es en este contexto, y no hay ningún cambio en el calendario” de cara a 2035, ha insistido, y ha recordado que la extensión de vida de la planta extremeña solo va a recortar la producción renovable un 1,4%, según la orden ministerial que aprobó la prórroga, contra la que ha arremetido el portavoz de Sumar, Eloi Badia. El representante del socio del PSOE en el Gobierno ha reclamado una auditoría de los costes de Almaraz o ponerle un tope al precio que cobra por su producción en 44 euros por megavatio/hora.

La vicepresidenta ha dado cuenta por primera vez de la prórroga de Almaraz en el Congreso en el día en que el barril de Brent ha superado los 100 dólares por barril por primera vez desde julio y con la principal referencia del gas europeo (el TTF) disparándose otro 3%, con una subida que ya supera el 140%. La escalada ha propiciado que el precio medio del mercado eléctrico mayorista se haya triplicado este septiembre respecto a hace un año.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha avanzado este miércoles en el Congreso que España ha atravesado “61 días en olas de calor”. Son dos meses con temperaturas más altas de lo que es normal incluso en el verano. Supone un nuevo récord.

Sara Aagesen ha dado este dato facilitado por la Aemet en una comparecencia a petición propia ante el Pleno para dar cuenta de las actuaciones frente a la emergencia climática, la campaña de incendios y los mercados energéticos. “Nunca antes se había registrado algo así. España ha batido el récord de días bajo ola de calor”, ha dicho la vicepresidenta.

De hecho, ha afirmado Aagesen, con los datos recopilados hasta ahora, “2026 es el año más caluroso medido nunca”. “Se han perdido más de 5.000 vidas por el calor”, ha incidido. También ha subrayado que, en las dos últimas décadas, se han verificado “los 12 cursos con mayor temperatura”. Al mismo tiempo, “ha sido el verano más seco”. El cambio climático ha hecho 20 veces más probables las condiciones extremas que “han favorecido los incendios”.

Aagesen ha aprovechado todo esto para volver pedir el apoyo para el pacto de Estado contra la emergencia climática que ha elaborado su Ministerio y recabar el apoyo de los grupos políticos. “Un reciente informe de la ONU habla de la superación temporal del límite de 1,5ºC y hace una llamada a que esa superación sea el menor tiempo posible y que se revierta. También pide que nos preparemos para los impactos. Por encima de 1,5 °C nadie gana: economía, sociedad y política, todos perdemos”, ha dicho la ministra.

“¿Qué más necesitan para alcanzar un pacto?” Ha preguntado a sus señorías. “Todavía estamos a tiempo, lo dice la ciencia, hay una ventana de oportunidad. Los ciudadanos merecen algo más que decir que el clima siempre ha cambiado y que en verano siempre ha hecho calor”.

También ha recordado que el mar Mediterráneo se ha calentado más que nunca hasta alcanzar los 28,54ºC en sus aguas. “Otro de esos récords que no les gusta oír”, ha insistido Aagesen.

La vicepresidenta tercera ha anunciado que ha iniciado una “nueva ronda de contactos” con todos los grupos para dialogar sobre este pacto. “Denme el nombre de alguien de su grupo y hoy mismo lo llamaré” ha dirigido al Partido Popular. “Díganme qué les preocupa, qué proponen y estaré encantada de escucharles”.

El Ministerio de Transición Ecológica ha pedido a la Fiscalía que investigue el tiroteo de una orca en aguas de Portugal el pasado agosto. La investigación llevada a cabo por el departamento que dirige Sara Aagesen aprecia “indicios de delito” en los disparos realizados “desde un barco español”.

La orca, bautizada con el nombre de Toñi, es el ejemplar más longevo del estrecho de Gibraltar y presentaba heridas de arma de fuego en su aleta dorsal. Transición Ecológica informa de que tanto el animal como su grupo nadan ahora en aguas gallegas donde “han sido avistadas”. Las orcas son una especie muy migrante.

Además, según cuentan desde el Ejecutivo, también se ha solicitado la intervención de la Guardia Civil para “la identificación, y en su caso toma de declaración, de los presuntos responsables. También, para la comprobación de la situación administrativa y documental en relación con la tenencia y uso de armas”.

La orca (Orcinus orca) es una especie protegida en España y su población en el estrecho y golfo de Cádiz está calificada como “vulnerable” en el Catálogo de Especies Amenazadas. Disparar contra un ejemplar podría entrar en el tipo penal de delito contra la fauna protegida cuya pena prevista en el Código Penal oscila entre seis meses y dos años de cárcel.

“Desde el ministerio seguiremos con las pesquisas, colaborando tanto con la Fiscalía como con la Guardia Civil y las autoridades portuguesas, para tratar de esclarecer lo ocurrido y evitar que este daño contra el medio ambiente quede impune. También, seguiremos de cerca la evolución de las heridas”, ha indicado la vicepresidenta del Gobierno y ministra del ramo, Sara Aagesen.

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado que el Gobierno central “va a estar” presente en la recuperación del territorio afectado por el incendio de La Mierla (Guadalajara) cuando acaben las labores de extinción y sufragará “el 50% del coste de la recuperación de una zona de tanto valor como es esta Sierra Norte”.

La ministra a preguntas de los medios tras visitar el centro de mando avanzado del incendio este martes, ha asegurado que “una emergencia no se acaba con la extinción, se acaba con la recuperación”.

“Y, por lo tanto, el Gobierno de España va a estar ahora, en un momento vital y que es clave ayudando a esta extinción, pero también va a estar después en esa recuperación en territorio”.

Aagesen ha explicado que debe llegar primero la extinción antes de abordar la declaración como zona gravemente afectada --anteriormente conocida como zona catastrófica-- para “conocer el perímetro real de afectación”.

Todavía se desconoce el coste de los trabajos de recuperación que serán necesarios llevar a cabo en el territorio afectado por este incendio forestal. No obstante, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cifró este lunes el coste de las labores de extinción desarroladas hasta ese momento en casi 50 millones de euros.

Uno de los mayores incendios de la historia de España

En cuanto a las labores de extinción, Sara Aagesen ha calificado de “extraordinario” el trabajo conjunto realizado por los profesionales de las distintas administraciones para luchar contra las llamas y ha querido también mostrar su apoyo a las personas que han sido evacuadas y confinadas en las poblaciones afectadas.

En este contexto, ha destacado que por parte del Gobierno hay desplazados más de 670 efectivos y más de 220 vehículos, así como 13 medios aéreos.

Todo ello en un contexto en el que las más de 29.000 hectáreas quemadas convierten a este incendio en el de mayor extensión de este año. “El mayor de Castilla-La Mancha y, posiblemente, uno de los mayores de la historia reciente de nuestro país”.

“Yo creo que, ante este contexto, lo que tenemos que abogar es por la máxima cooperación y colaboración en un momento donde las condiciones meteorológicas son extraordinariamente complicadas”, ha manifestado.

A pesar de que el incendio de La Mierla (Guadalajara) continúa activo y aún “no se piensa” en controlarlo, se ha entrado en fase de “estabilización”, las operaciones para su extinción progresan de manera “positiva” y las llamas avanzan a un ritmo menor que en días previos.

Así lo ha detallado el director técnico del dispositivo de extinción, Juanjo Fernández, en la tarde de este martes, precisando que las hectáreas calcinadas alcanzan las 32.000 y que ha evitado de momento que el incendio llegue a la provincia de Soria.

“Estamos empezando a bascular los esfuerzos de los bomberos forestales desde la cabeza hacia el flanco izquierdo. Esto es muy positivo porque lo que más centraba nuestros esfuerzos durante la pasada noche y la mañana ya se ha ejecutado y eso nos permite ir progresando por el flanco izquierdo desde la cabeza hasta la cola”, ha explicado Fernández.

Sobre los municipios afectados, Fernández ha precisado que son los mismos que en el día de ayer, 34 evacuados y 14 confinados, aunque los servicios de extinción consideran que están todos asegurados contra las llamas salvo en el caso de Prádena de Atienza, que es el municipio en el que más “problemas” tienen para considerarlo defendido. “La situación está asegurada, pero queremos asegurarnos más”, ha aclarado.

Además, el técnico ha explicado que se ha permitido el acceso a algunos ganaderos de la zona y a un camión de paja para alimentar al ganado.

Con respecto al incendio forestal de Selas, iniciado al mediodía de este martes también en la provincia de Guadalajara y que continúa activo, Fernández ha ofrecido un balance de 1.700 hectáreas quemadas y seis municipios desalojados. El técnico ha asegurado que este segundo incendio no ha retraído recursos que se estuvieran utilizando en las labores de extinción de La Mierla.

Entre los grandes incendios de la historia reciente de España

El fuego sigue en situación operativa de nivel 2. El PP de Guadalajara ha reclamado hoy valorar la activación del nivel 3, el máximo nivel de emergencia, que pasaría a considerarse nacional, según la escala del cero a cuatro, en las situaciones operativas de este tipo de catástrofes. Algo que ha descartado el viceconsejero de Desarrollo Sostenible, José Almodóvar por innecesario.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Sara Aaegesen, aseguró por la mañana que “se sitúa ya entre los grandes incendios forestales de la historia reciente de España”.

Son más de 1.200 personas las evacuadas de una zona eminentemente rural, y una de las más despobladas del país, con una gran riqueza ecológica y ganadera en el parque natural de la Sierra Norte de la provincia. En la localidad de Humanes se mantiene habilitado un albergue en el polideportivo. Tiene capacidad para 200 camas. Allí atienden a los desplazados tres voluntarios y una ambulancia con dos técnicos, según ha informado Cruz Roja.

A ellos se sumaron durante la noche de ayer varios municipios de la provincia de Soria, ya que las llamas se encuentran a una distancia de entre 5 y 7 kilómetros del límite provincial.

Se mantienen las evacuaciones de la residencia de personas mayores Virgen del Prado, ubicada en Retortillo de Soria de y de la población de Barcones. En la Residencia Sagrada Familia de Arcos de Jalón permanecen 33 personas trasladadas desde Retortillo (31 usuarios de la residencia y dos vecinos de este pueblo evacuados también por reconocido grado tres de dependencia) y en la residencia del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Almazán 27 vecinos de la localidad de Barcones, que puede ampliarse en cinco más esta noche, según ha informado la alcaldesa en el CECOPI.

La cercanía con Soria provocó que la Junta de Castilla y León se haya incorporado al mando de la emergencia para coordinar los trabajos de manera conjunta.

No hay viviendas dañadas, pero sí algunas naves industriales que se han quemado, aunque no se han precisado los detalles. Se está también trabajando desde la Diputación Provincial para suministrar pienso a los animales. Personas particulares y empresas están poniendo a disposición de los ganaderos sus instalaciones, mientras los vecinos evacuados piden “alguna acción” para gallinas y mascotas.

Mientras tanto, para el miércoles en Castilla-La Mancha y a las puertas de una nueva ola de calor, según las previsiones de AEMET, se mantiene el riesgo extremo de incendios. El mapa del índice de propagación potencial de incendios forestales (IPP) está teñido de rojo en toda la provincia y en prácticamente toda la comunidad autónoma.

Ya es el incendio forestal que más hectáreas ha calcinado en la historia de Castilla-La Mancha, superando por mucho ya la superficie quemada por el fuego en La Riba de Saelices, en 2005, tristemente conocido por la muerte de 11 miembros de un retén, y del que se cumplen ahora 21 años.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha detallado que el Real Decreto de zonas inundables, que saldrá este jueves a información pública, incluirá mapas de peligrosidad con un catálogo de inundaciones históricas y avisos en el registro de propiedad de las casas.

“Hay algunas zonas en las que se sigue construyendo a pesar de ser zonas inundables”, ha afirmado la ministra durante su visita este miércoles a la sede de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en València, donde ha hecho un llamamiento a “todas las fuerzas políticas y administraciones” para “trabajar de la mano frente al mayor reto: el cambio climático”.

Aagesen ha señalado que quieren escuchar todas las voces y que este Real Decreto “vea pronto sus frutos, para que se deje de construir en zonas donde hay mayor riesgo para la población”, aunque ha asegurado que esto no afectará a “derechos consolidados”.

“Cuando se realice una operación de compraventa, lo que va a ocurrir es algo que ya estaba en vigor para viviendas nuevas, tiene que aparecer en el registro de propiedad que la vivienda está en zona inundable. El conocimiento de información no significa que esa vivienda no se pueda habitar, sino que en una situación de riesgo, saben que su casa es más vulnerable”, ha explicado.

Asimismo, el Real Decreto incluirá mapas de peligrosidad con un catálogo de inundaciones históricas, medidas para que los Ayuntamientos elaboren planes de adaptación y programas formativos para las administraciones y también en la Educación Secundaria Obligatoria, entre otras acciones.

“Negar el cambio climático y negar la importancia de actuar pone en riesgo vidas humanas, nuestro patrimonio natural y nuestro futuro”, ha apuntado Aagesen, quien ha resaltado que la primera quincena de julio va a ser la más cálida desde que existen registros y que los incendios se han multiplicado por tres.

El Barranco de La Saleta

La ministra para la Transición Ecológica ha adelantado hoy que la licitación para la obras de protección frente a inundaciones en el barranco de La Saleta, entre Aldaia y la Vía Verde -que cuenta con un presupuesto base de licitación de 132,1 millones- se resolverá este mismo mes de julio.

Este martes, el Consejo de Ministros autorizó la celebración del contrato de obras, que ha tenido “muchas modificaciones desde su proyecto original, en 2018” y que “ha crecido de la mano del territorio”, según ha informado Aagesen.

La vicepresidenta ha señalado que es “muy importante” que estas obras se lleven a cabo “lo antes posible, con la mayor celeridad” y ha asegurado que “los proyectos que vienen del consenso tardan en ver la luz, pero son los más eficaces”: “El Gobierno siempre está abierto a mejorar los procedimientos”, ha agregado.

60 millones de euros

Aagesen ha destacado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, junto con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Dirección General del Agua, “ha terminado las 17 obras de emergencias”, tras “un año y medio de trabajo intenso”, con 220 millones de euros puestos en marcha y más de 600 actuaciones.

“No solo hablamos de recuperar lo destruido, sino hacerlo mejor, más resiliente y maximizar las capacidades”, ha mencionado la ministra, quien ha destacado que se ha triplicado la capacidad de desagüe del barranco del Poyo, duplicado el encauzamiento de la cuenca del Magro y se ha reforzado la operatividad de la presa de Forata, entre otras actuaciones.

Asimismo, se ha referido al Real Decreto aprobado ayer en el Consejo de Ministros por el que se regula la concesión directa de subvenciones por un importe de 60 millones de euros para que los municipios afectados por la dana puedan financiar actuaciones destinadas a reducir la vulnerabilidad frente a inundaciones.

El Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, en Tenerife, ha recibido este jueves el nombre de Emilio Cuevas -tal y como adelantó este periódico el pasado 3 de julio-, un homenaje a quien fuera director científico del centro y que ha fallecido recientemente. El reconocimiento ha recordado a quien “impulsó, dirigió y dedicó su vida” al centro con un trabajo “incansable”.

Al acto de homenaje han asistido la ministra de Transición Ecológica del Gobierno de España, Sara Aagesen; la consejera del Universidades, Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, así como el delegado y subdelegado del Gobierno central, Alselmo Pestana y Javier Plata, respectivamente, entre otros.

El encuentro, que ha tenido un recuerdo emotivo a la vida profesional y personal de Cuevas a través del testimonio principal de su mujer e hijas -Pepa, Mar y Gara-, ha reconocido el “trabajo incansable” y “enorme compromiso social” del físico canario, que logró hacer del Centro de Investigación Atmosférica en Izaña “una referencia en la observación de la atmósfera y del cambio climático a nivel mundial”.

Durante el acto de homenaje, que ha culminado con la colocación de una placa en el exterior del edificio, la directora de la Aemet, Alicia López, ha reconocido el valor de “una persona brillante y apasionada” por el conocimiento científico que supo “encontrar el potencial del Observatorio” y darle un impulso “extraordinario”.

“Una de sus mayores virtudes fue entender que los proyectos científicos no los hacen solo las instalaciones y los instrumentos, sino también las personas”, ha aseverado.

Ha agradecido a Emilio Cuevas el legado de una labor científica y un desafío personal que lo ha llevado a ser hoy “un referente emblemático” de la institución, a quien “dedicó su vida” para colaborar a enriquecer “la evolución” de un Observatorio, el de Izaña, que lleva 110 años en pie pese a las adversidades de los tiempos.

Por su parte, Pepa, Mar y Gara han honrado la vida y legado de su marido y padre, respectivamente, a quienes reconocen por ser un “líder nato” que era capaz de “cautivar con su energía”. Han recordado, asimismo, su carácter “generoso” a la hora de compartir su conocimiento, a quien le dedicó horas de divulgación, acompañado por su fuerte “compromiso social”, abogando por el bienestar y la justicia social.

A pesar de la enfermedad que le afectó en los últimos años de vida, han recordado su mujer e hijas, y que le impidió disfrutar de ese “innegable” desarrollo del Observatorio en sus últimos años de vida, nunca dejó de escribir y de mantener la “ilusión” por divulgar con un conocimiento “serio y riguroso” que, incluso, permeó en su propia familia, constituyendo una generación de físicos a través de sus hijas.

“Fue un cientídico insaciable, un trabajador público incansable y un padre ejemplar”, han expresado.

Por su parte, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha reconocido la “vida dedicada al servicio público, la ciencia y el compromiso” con la “generosidad y humanidad” emprendida por Emilio Cuevas, quien “no solo se limitó a dirigir un centro, sino que lo transformó, junto al resto de su equipo, haciendo de él un Observatorio de referencia mundial”, dando prestigio a “España, a Canarias y a Izaña”.

“Hoy reconocemos toda una vida dedicada al servicio público, la ciencia y el compromiso, desde la generosidad y la humanidad, con una calidad humana extraordinaria, y por eso, hoy, pisamos el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña Emilio Cuevas”, ha señalado la ministra de Transición Ecológica.

“Más Izaña”

La ministra ha reivindicado también “más ciencia, más rigor y más Izaña” frente al negacionismo, la desinformación y los ataques a la ciencia. Ha advertido, además, de que se vive una etapa de “ataques a la ciencia, ataques a los divulgadores, de polarización, de negacionismo y de desinformación”, y ha lamentado que “la desinformación crece más rápido que la información real, la científica, la que viene de centros como Izaña”.

A su juicio, esta situación tiene un impacto y merma la capacidad de la acción colectiva y nos sitúa en una situación de desprotección que deja de atraer talento científico a espacios como Izaña.

Frente a ello, ha defendido que la respuesta debe ser “más ciencia, más rigor y más Izaña”, que, según ha dicho, es “una referencia mundial” en investigación atmosférica y cambio climático.

“Aquí se respira ciencia”, ha aseverado, un valor que ha calificado de “necesario, imprescindible, más necesario que nunca, ante el mayor reto de nuestro tiempo, que es el cambio climático”.

El Observatorio Atmosférico de Izaña, en Tenerife, abre un nuevo capítulo en su historia. El centro de referencia internacional ubicado en el entorno del Parque Nacional del Teide se dispone a cambiar de nombre este mismo mes de julio. Así lo ha confirmado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a este periódico.

La infraestructura, dependiente de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), adscrita al ya mencionado Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), estrenará oficialmente su nueva denominación el próximo 9 de julio. Ese día, la ministra Sara Aagesen visitará Tenerife para rendir homenaje al científico Emilio Cuevas, cinco meses después de su fallecimiento, y reconocer una trayectoria decisiva para situar a Izaña entre los grandes referentes internacionales de la investigación atmosférica.

Será entonces cuando el Observatorio de Izaña pase a denominarse Observatorio Emilio Cuevas, en honor al legado de quien lo impulsó a convertirse en un referente mundial de observación meteorológica.

No en vano, el observatorio tinerfeño comparte con el Mauna Loa Observatory, en Hawái, el reconocimiento de ser uno de los dos grandes referentes mundiales en la vigilancia de la atmósfera. Mientras el centro del archipiélago del Pacífico central, gestionado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA) a través de su Laboratorio de Monitoreo Global (GML), es célebre por albergar el registro histórico continuo más antiguo de las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera, Izaña se ha consolidado como una infraestructura científica clave para el seguimiento de la composición atmosférica y el cambio climático a escala global.

Emilio Cuevas, el científico que convirtió Izaña en un referente mundial

Emilio Cuevas Agulló nació un 30 de junio de 1961 para cambiar la ciencia en Canarias. Fue pionero en las islas en abanderar la lucha contra el cambio climático con trabajos sobre la evolución de la temperatura media y el impacto de los gases de efecto invernadero en el archipiélago y el primer español miembro de la Comisión Internacional del Ozono.

Su nombre quedó especialmente ligado al Observatorio Atmosférico de Izaña desde su llegada, en 1989, hasta 2023, año en el que se jubiló tras casi un cuarto de siglo como director. Su jubilación estuvo motivada por una enfermedad neurodegenerativa contra la que llevaba luchando años. Bajo su liderazgo, el centro que ahora llevará su nombre dejó de ser un destacado observatorio meteorológico para convertirse en uno de los principales centros de investigación atmosférica del mundo, referencia internacional en el estudio del cambio climático, la vigilancia de los gases de efecto invernadero, el ozono, la radiación solar y el polvo sahariano. Gracias a su trabajo, Canarias se consolidó como un enclave estratégico para la observación global de la atmósfera y un socio científico de organismos como la Organización Meteorológica Mundial, la NASA y numerosos centros de investigación internacionales.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado este jueves que aún “hay margen” para lanzar este año la primera subasta de la eólica marina.

Después de presentar la nueva interconexión eléctrica de España y Portugal, ha sido cuestionada por los periodistas sobre si la puja piloto de eólica marina flotante será para Canarias o Galicia y ha dicho que “todavía” no tienen la “respuesta” porque deben “analizar toda la información recibida”.

Aagesen ha advertido con insistencia en que esa puja se hará “en los territorios” donde haya “mayor aceptación” de esa energía eólica marina, porque para ella es una cuestión “fundamental”.

“Es importantísimo que se cuente con el territorio, con la ciudadanía que apueste realmente por esa eólica marina para que los proyectos realmente lleguen finalmente al territorio”, ha abundado la ministra.

En Canarias, concretamente en Gran Canaria, el Cabildo, empresas y sindicatos de la isla solicitaron el pasado abril al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la convocatoria “urgente” de esta primera subasta de energía eólica marina en España, y para ello, propusieron que ese primer paso se materialice en un proyecto comercial piloto en la isla.

La Corporación insular explicó entonces que la eólica marina flotante se perfila como “una herramienta clave para avanzar simultáneamente en la reducción de la dependencia energética, la diversificación económica y la generación de empleo cualificado”.

Según la ministra, “hay margen” para que esas subastas se lancen este año, que es el “objetivo” que tiene el Gobierno.

El pasado febrero, el Ministerio abrió la consulta pública previa para la orden que fijará las bases de esas primeras subastas de eólica marina en España.

Según ese texto, el futuro procedimiento de concurrencia competitiva otorgará régimen económico, reserva de capacidad de acceso a red y prioridad para la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

Datos detallados sobre el autoconsumo y nuevas variables, como el coste medio de la energía consumida, el tipo de contrato (a precio fijo o indexado al comportamiento del mercado mayorista de electricidad); el nombre del producto u oferta contratada en el mercado libre o información sobre por qué la comercializadora eléctrica ha realizado una estimación de la factura, en lugar de una lectura real.

Son algunas de las novedades que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico va a proponer incluir en la nueva factura eléctrica de los pequeños consumidores.

Entre otras cosas, la normativa que ultima el departamento de Sara Aagesen también va a obligar a incorporar en las facturas información sobre el consumo medio de electricidad de los suministros con características similares en el mismo código postal de los usuarios, con el objetivo de incentivar el ahorro energético.

Esta última es una medida que ya planteó implantar el Gobierno a finales de 2022, durante la crisis energética por la invasión de Ucrania, cuando ya se modificó la factura para incluir el efecto de la denominada solución ibérica, pero no se llegó a poner en marcha.

Estos cambios en la factura eléctrica se incluyen en una Propuesta de resolución de Transición Ecológica que, según ha podido confirmar elDiario.es, el ministerio prevé someter a audiencia pública este lunes.

La propuesta establece el contenido mínimo obligatorio a incluir en las facturas de electricidad por parte de los comercializadores del mercado libre a consumidores en baja tensión hasta 15 kilovatios (kW) de potencia contratada no acogidos a las tarifas de último recurso y el contenido mínimo obligatorio y formato a utilizar por los comercializadores de referencia. Estos últimos son los que suministran la electricidad a los usuarios acogidos a la tarifa regulada, el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).

Datos en autoconsumo

El grueso de los cambios en la nueva factura afectarán al autoconsumo, que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, aunque lleva meses a la baja y en estado de alerta, tras la reciente amenaza del gurú económico del PP, Alberto Nadal, de reimplantar un mecanismo similar al denostado impuesto al sol que él mismo impulsó como secretario de Estado de Energía.

Con la propuesta del ministerio, las facturas de los consumidores (tanto del mercado libre como del regulado) que dispongan de sistemas de autoconsumo recogerán elementos como la modalidad a la que están acogidos, tipo y código de autoconsumo, la medida del contador de generación neta desglosada por períodos horarios y la energía neta horaria generada individualizada desglosada también por períodos horarios.

La propuesta, explican fuentes del departamento de la vicepresidenta tercera, va a modificar el contenido mínimo y el modelo de la factura mensual de electricidad “para adaptarlo a la evolución de la normativa”. Va a afectar tanto a los recibos de la luz de suministros acogidos al mercado regulado, al que hay acogidos unos 8 millones de consumidores, como a los del mercado libre, en el que hay más de 20 millones de usuarios, según los últimos datos disponibles de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondientes a noviembre de 2025.

Entre la normativa que se adapta se incluyen elementos del Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica —Real Decreto 88/2026—, relativos a las eventuales penalizaciones aplicadas “o el importe de los intereses aplicados en caso de que haya una refacturación debidamente desglosados”, indican esas fuentes.

Ese decreto entró en vigor el pasado mes de febrero y estableció la eliminación total de penalizaciones por cancelación anticipada para consumidores domésticos sin precio fijo, y limitó al 5% del coste de la energía la penalización máxima en contratos a precio fijo, obligando además a las comercializadoras a justificar el perjuicio real para ellas.

Con esta propuesta, indican desde el ministerio, también “habrá que indicar el motivo de una lectura estimada, si se produce, y habrá una cláusula informativa sobre protección de datos y la decisión individual automatizada empleada en el otorgamiento del bono social”.

Esa decisión automatizada se realiza a través de una aplicación informática denominada BOSCO (Base de Datos de Consumidores Vulnerables), gestionada por Transición Ecológica, con un sistema que cruza datos del solicitante con registros públicos para denegar o conceder la ayuda sin intervención humana. 

Finalmente, las facturas del PVPC tendrán un nuevo apartado, denominado “comparador de ofertas”, en la esquina inferior derecha de la primera página, con un código QR vinculado al Comparador de Ofertas de Energía de la web de la CNMC.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que su departamento iniciará “próximamente” el proceso de participación activa con todos los agentes implicados para elaborar las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, aunque ha reconocido que no podía precisar una fecha exacta.

A preguntas de los medios durante la visita que ha realizado este viernes a la base de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de La Iglesuela del Tiétar (Toledo), Aagesen ha afirmado que el Ministerio está trabajando en este proceso “con el rigor técnico y científico y con la mejor información disponible”.

La ministra ha insistido en la idea de que los trabajos para crear estas nuevas reglas del trasvase se hagan “con la máxima participación de todos y cada uno de los agentes”.

El pasado mes de enero, la directora general del Agua, María Dolores Pascual, aseguraba que no habría movimiento de ficha sobre la cuestión hasta que el Tribunal Supremo no se pronunciase sobre todos los recursos interpuestos contra el Plan Hidrológico del Tajo que contempla, precisamente, el cambio en la forma de explotar el agua a través de esta infraestructura.

Ese ciclo ha quedado ya cerrado, pero sigue sin concretarse cómo y cuándo se va a realizar una modificación que exige la propia ley.

El Gobierno de Castilla-La Mancha lleva meses reclamando el cambio y haciendo notar el retraso en los plazos de su entrada en vigor. El pasado mes de marzo acudió a los tribunales para forzar al ministerio aduciendo, entre otros, daños en la Red Natura 2000, además del “hartazgo” por parte de la comunidad autónoma.

Esta misma semana ha vuelto a aprobarse un trasvase automático de agua al Segura para los meses de junio y julio. Aagesen ha defendido que el Ejecutivo regional ha tenido “múltiples reuniones” con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para abordar el tema o que “los contactos son muy habituales, esa relación existe y seguirá existiendo con todas y cada una de las comunidades autónomas”, pero sin dar más pistas.

El río Tajo ha dado síntomas de agotamiento y de contaminación en varias ocasiones en los últimos años. Sin ir más lejos el pasado verano el cauce se quedó casi sin agua a su paso por Toledo capital y la Confederación Hidrográfica lo atribuyó a la actividad de las centrales hidroléctricas aguas arriba, aunque sin anunciar sanciones o medidas.

Sobre esta cuestión, la ministra se ha limitado a decir que su departamento realiza un “seguimiento exhaustivo de todos los caudales ecológicos” y, en el caso de identificar cualquier incidencia “se emprenden actuaciones y medidas de coordinación con todos y cada uno de los agentes” de cara a conseguir “la prioridad, que es tener todos los caudales ecológicos según la normativa”.

El caso es que la aplicación de los caudales ecológicos en el Tajo, que pasa por cambiar las reglas del trasvase, no es algo que pida solo el Gobierno de Castilla-La Mancha. También distintas organizaciones conservacionistas están reclamando que la prioridad en el diseño del próximo ciclo de planificación de la cuenca del Tajo, con horizonte 2033, sea la recuperación ecológica del río.

Por cierto que esta misma semana la Cátedra del Tajo-UCLM-Soliss hacía públicos los datos de un estudio que hablan, además, del nivel de contaminación del río. En todo el curso medio del río Tajo, unos 300 kilómetros entre Guadalajara, Madrid y Toledo, se han detectado bacterias resistentes a los antibióticos y alertan del riesgo para la salud pública.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde este martes a la iniciativa para que el servicio jurídico de la Junta de Comunidades interponga una demanda contencioso-administrativa con el objetivo de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) cambie las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

La consejera de Desarrollo Sostenible ha justificado la iniciativa ante los tribunales calificando la situación del trasvase Tajo-Segura de “insostenible ambiental y jurídicamente”. Mercedes Gómez ha recordado que el ministerio “ha incumplido su propio plazo de un año”, el que se propuso tras publicarse en febrero de 2023 la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas, entre ellos el del río Tajo. “No se ha cumplido”, ha insistido, recordando que el documento para cambiar la explotación del trasvase debería haberse elevado al Consejo Nacional del Agua en febrero de 2024 .

“Se dan todas las circunstancias para presentar la demanda. Una vez admitida nos reservamos la opción de pedir las medidas cautelares que sean necesarias”, ha añadido. Unas medidas que no ha concretado, ya que dependerá de la posición que adopta el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. “Es el único río que no ha tenido caudal ecológico”.

Pasados tres años, ni ha habido modificación de las reglas del trasvase, ni avances en la aplicación de los caudales ecológicos. De hecho, ha citado lo que tacha de “irregularidades en los volúmenes de agua establecidos para 2025”, refiriéndose a los episodios vividos en Toledo en agosto de 2025 cuando el río se quedó sin caudal a su paso por la capital de Castilla-La Mancha. “Si eso es un caudal ecológico… habría que verlo”, ironizaba.

“Eso ha provocado el hartazgo del gobierno. Castilla-La Mancha siempre ha sido solidaria. El presidente Page siempre ha dicho que mientras que haga falta agua para beber no habrá problema para trasvasar, pero todo tiene un límite”, advertía.

Después de 47 años de trasvase, incidía la consejera, “no puede ser que se esté dilapidando este recurso hídrico y que no se sacie la demanda de murcianos y alicantinos”.

El impacto hídrico y los daños “irreparables” en la Red Natura 2000

Mercedes Gómez ha explicado que el hecho de mantener el actual sistema de trasvases no solo está teniendo un “impacto claro” con un “balance hídrico negativo”, sino que la infraestructura no se ha acomodado a la situación de cambio climático. “Aunque parezca que hay agua, es un espejismo. Las reglas del trasvase deben adaptarse para que el río Tajo sea un río vivo, con caudal suficiente para mantener la vida y vegetación de ribera”.

No puede ser que se esté dilapidando este recurso hídrico y que no se sacie la demanda de murcianos y alicantinos

A esa circunstancia se añade lo que ha calificado de “daño ecológico irreparable en cinco espacios protegidos de la Red Natura 2000”, para referirse a las ZEPA de la Sierra de Altomira, Yesares-Valle del Tajo, Carrizales y Sotos del Jarama, Islas de Malpica y Azután o Barrancas de Talavera. “Se encuentran en estado de conservación desfavorable o muy limitado por estar vinculados al régimen hídrico que debería ser el adecuado en la cuenca del Tajo”. Y eso es algo que, recordaba hoy, ya lo especificaba la sentencia emitida por el Supremo en 2025, avalando por sexta vez la necesidad de que el Tajo cuente con caudales ecológicos. “Dijo que los hábitats de interés comunitario como consecuencia del trasvase estaban teniendo daños irreparables”.

Sobre las expectativas en torno a lo que pueda suponer esta demanda judicial, Gómez confía en que sea “un impulso” para el Gobierno de España, pero ha advertido que además el cambio de las normas del explotación del trasvase debe “convencer” al Ejecutivo castellanomanchego. “Hace un año presentamos propuesta técnicas que no se ha contestado por parte del ministerio. Creemos que esa propuesta puede dotar de sostenibilidad para hacer mejor las cosas con el trasvase”.

Sin relación con la ministra Aagesen

Mercedes Gómez ha lamentado la falta de comunicación con el MITECO. “Desde que Sara Aagesen está al frente la relación directa para analizar el trasvase u otras cuestiones no existe”, pero los trasvases se siguen produciendo. Con el sistema actual, y en situación de normalidad (nivel 1), acaba de aprobarse una derivación de agua hacia Alicantes, Murcia o Almería de 180 hm3.

“Si se siguen manteniedo estas circunstancias, o incluso en nivel 2, se batirían records de trasvases desde que hace 47 años se pusiera en macha la infraestru ra. El máximo es 600 y ya vamos por 555 hm3, el 73% del agua trasvasada en los últimos años”, alertaba.

Y ha seguido dando más cifras. En 47 años, hasta 29 marzo 2026, se han trasvasado 15.148 hm3. “Suponen 15.148 piscinas olímpicas o el abastecimiento de 63 millones de viviendas. Son cifras que hay que poner sobre la mesa porque desde el punto de vista de gestión del agua se han restringido los crecimientos urbanísticos o agrarios en Toledo y Guadalajara. Eso es insostenible”.

Ha vuelto a insistir en que el Estado debe “tomar cartas en el asunto” y modificar las reglas de explotación del trasvase porque “ya vamos tarde”. También ha respondido, sin citar su nombre, a la ministra de Educación, la toledana Milagros Tolón, que la semana pasada pidió seguir negociando: A quienes dicen que no se ha negociado suficiente, el presidente Page lleva seis meses esperando cita con la nueva ministra y esta consejera lleve un año pidiendo una reunión. Si eso es forma de negociar y de entender los problemas de una comunidad autónoma, desde luego no compartimos esta forma de trabajar ni de entender las políticas“, ha comentado.

A Castilla-La Mancha tampoco le vale el argumento del MITECO sobre la necesidad de esperar a dos nuevas sentencias del Tribunal Supremo en respuesta a los recursos interpuestos por el Sindicato indicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y la Diputación de Alicante. La consejera ha dicho que se conocerá el pronunciamiento del Alto Tribunal en breve y ha dado fechas: el 21 de abril y el 5 de mayo, respectivamente.

Precisamente hoy el presidente del Scrats Lucas Jiménez ha reivindicado la vigencia del trasvase en el 47 aniversario de la llegada de sus aguas, tras calificar la infraestructura como una “magna obra de la solidaridad y de la ingeniería española” y asegura que allí “pelearán” por otros tantos años más para la infraestructura.

A los argumentos de los regantes, la consejera contestaba hoy con el mismo que se mantiene en Castilla-La Mancha desde hace ya una década: se incumple tanto la normativa europea del agua como las sentencias judiciales - hasta seis ya- del Tribunal Supremo que avalan la aplicación de los caudales ecológicos en el tramo medio del río Tajo.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido este jueves que el mayor riesgo que arrastra el mercado energético español es “la dependencia de los combustibles fósiles” porque “nos hace vulnerables”. “En España, tenemos energías renovables, tenemos sol y viento, y tenemos que impulsarlos porque es la forma más competitiva de producir energía y es la que ha demostrado que es un salto sustancial”, ha afirmado en una entrevista durante la segunda jornada del IV Foro Económico de elDiario.es tras ser preguntada sobre el debate del cierre de las centrales nucleares.

Aagesen ha asegurado que la seguridad del suministro está garantizada y que el Gobierno va a continuar adelante con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que incluye el cierre de las nucleares. En una entrevista por videollamada desde Málaga con el redactor jefe de Economía, Serafí del Arco, la vicepresidenta tercera también ha defendido que este cierre cumple con una de las máximas del Ejecutivo: “El consumidor no va a ver incrementada su factura”.

En esta misma línea, Aagesen ha afirmado que la factura de los consumidores “está subiendo, está bajando, sobre todo si comparamos con nuestros socios europeos”. “Si miramos la factura de un consumidor, desde enero hasta ahora paga menos si lo comparamos con el año 2025. Se está pagando menos por la entrada de las energías renovables”, ha argumentado al tiempo que ha insistido en seguir apostando por reforzar la soberanía con “el sol y el viento”. 

Sobre todo en una coyuntura como la actual, marcada ahora mismo por la guerra de Irán que ha disparado los precios del gas y el petróleo. “Somos menos vulnerables cuando miramos la factura de la electricidad. Lo que hemos conseguido es que cuando las horas en las que el gas fije el precio, sea mucho menor. Esto marca una gran diferencia”, ha explicado Aagesen.

En este punto, la vicepresidenta ha puesto de relevancia la convalidación este jueves en el Congreso del plan anticrisis del Gobierno. “Es una combinación de lo urgente y lo importante. Es un plan integral de respuesta. Actúa donde sabemos que tenemos debilidad, que en la dependencia de los combustibles fósiles”, ha sostenido Aagesen que también ha adelantado que el Ejecutivo tiene que “seguir avanzando en electrificación y en renovables”, ya que es necesario que “el consumidor vea que es más barato recargar un vehículo eléctrico y no repostar”. 

No obstante, ha insistido en que el decreto para paliar las consecuencias de la guerra de Irán lo que hace es actuar en “la fiscalidad del gas y de la electricidad” para intentar “proteger a los más expuestos con un paquete asociado a la reducción fiscal de carburantes, gas y electricidad”. “Es fundamental dar esa señal a los consumidores”, ha defendido Aagensen que también ha apuntado que es muy importante actuar siempre para los “más vulnerables” con medidas como la prohibición de cortes o la ampliación del bono eléctrico y térmico. 

Sobre el apagón: “Fue algo inédito y con un origen multifactorial”

Durante la entrevista con elDiario.es, Aagesen también ha respondido sobre el apagón, a poco más de un mes de que se cumpla el primer aniversario. Tras la publicación la semana pasada de dos informes sobre lo sucedido el pasado 28 de abril, uno de los expertos europeos y otro de la CNMV, la vicepresidenta ha destacado que ambos están “alineados con las conclusiones del Gobierno”.

“Lo que ocurrió el 28 de abril fue algo inédito y con un origen multifactorial”, ha afirmado Aagesen que ha recordado que “la principal causa fue la sobretensión” y que en ese momento ya se contaba con “todos los mecanismos para que se hubiera evitado”. “No fue un problema de renovables ni de falta de nucleares. Fue una situación extraordinariamente complicada”, ha reconocido.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado este miércoles que el Departameto ya está analizando la documentación solicitada sobre Forestalia para ser enviada a la Justicia.

Aagesen ha realizado este anuncio al ser interpelada en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados por el diputado del PP Jaime de Olano sobre el caso de corrupción medioambiental que afecta a su Ministerio y a la empresa de renovables Forestalia.

En su respuesta, la ministra ha defendido que el Gobierno de España aplica la máxima de “tolerancia cero contra la corrupción, colaboración total con la Justicia y máxima transparencia”. “Además, también quiero que usted sepa que los expedientes sujetos a esta investigación se encuentran recurridos y actualmente suspendidos por vía administrativa”, ha añadido al respecto.

Aagesen ha roto asimismo una lanza en favor del trabajo de su Ministerio y ha asegurado que “se hacen y han hecho bien las cosas”, ya que desde el primer momento se ha trabajado para “desbloquear una transición energética que venía totalmente parada”.

“Durante el año 2012 hasta el año 2018 en Europa crecieron las energías renovables un 86%, en España prácticamente nada. Ha llegado este gobierno y ha crecido un 150%, creando competitividad, creando un sistema energético más resiliente y oportunidades”, ha recriminado al diputado popular.

Asimismo, ha subrayado que, en un contexto “tan complicado” como el actual“, la política del gobierno, alejándose de los combustibles fósiles, ha demostrado ser la acertada, ya que permite al país ser ”más resiliente“ y, además, le sitúa en ”una posición muy favorable respecto sus colegas europeos“.

“Desde luego le puedo asegurar que este gobierno y este ministerio actúa con rigor, con responsabilidad y también espero que ustedes hagan lo mismo, y espero que lo hagan cuando presentemos ese plan de respuesta integral contra la guerra”, aseveró.

El PP acusa al Miteco de “operar como una organización criminal”

Por su parte, el diputado del PP Jaime de Olano acusó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de “operar una organización criminal, sin que hiciera nada ante las advertencias de los funcionarios”.

“Señora Aagesen, dice que han hecho bien las cosas. Cualquiera diría que no ha habido un apagón en España y que nos han dejado a cero como Cuba, por su incompetencia”, afirmó.

De Olano consideró que “cuando hay confesiones de los delincuentes, expedientes manipulados y mordidas multimillonarias, el silencio no es prudencia”. “Esto que hacen ustedes no es transición. Es pura corrupción con etiqueta verde”, dijo.

Señor 'E'

Desde la Plataforma Paisajes de Teruel, por su parte, cargan contra “la corrupción en el modelo español de energías renovables que ha comenzado a supurar por la grieta de Forestalia y del 'Señor E', Eugenio Domínguez (exsubdirector de evaluación ambiental del Miteco)”.

Interpretan que el caso del llamado 'Señor E' no debe entenderse como un episodio aislado, sino como un indicio de un problema más amplio vinculado al desarrollo del modelo de energías renovables en España. Según exponen, centrar la atención en una sola figura podría conducir a un cierre en falso que deje sin esclarecer posibles responsabilidades estructurales.

La plataforma plantea que, en un contexto de fuerte impulso político a las renovables, se habrían producido decisiones administrativas —especialmente en materia de evaluación ambiental— que hoy resultan cuestionadas. Estas prácticas, sostienen, no se limitarían a un único proyecto o empresa, sino que afectarían a distintos territorios y actores.

Asimismo, se señala que las reacciones institucionales, tanto a nivel estatal como autonómico, generan dudas sobre su alcance real, al percibirse más orientadas a contener el impacto del escándalo que a una revisión profunda de lo ocurrido. En paralelo, se subraya el impacto que estos proyectos han tenido en zonas rurales, donde se habrían concentrado buena parte de las actuaciones.

En conjunto, desde la plataforma se sugiere que lo que está saliendo a la luz podría formar parte de una dinámica más extendida, y se advierte del riesgo de que, sin una investigación exhaustiva, se repitan patrones ya vistos en otros episodios de corrupción en España.

El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han acordado reforzar la supervisión de los precios energéticos y reforzar la transparencia ante la fuerte volatilidad de los últimos días por la guerra de Irán.

En un comunicado conjunto de los Ministerios de Economía y para la Transición Ecológica, ambos departamentos inciden en que los mercados energéticos españoles “evidencian la liquidez y robustez necesarias para responder con eficacia” y asegurar el suministro energético a los consumidores“.

En una reunión celebrada este martes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, han acordado intensificar la labor de vigilancia del regulador para garantizar el correcto funcionamiento de los mercados, reforzar la transparencia y velar por las buenas prácticas en la formación de precios.

Una de las principales medidas será el incremento de la frecuencia de publicación de información sobre carburantes, que pasará a ser semanal a partir de la próxima semana con el objetivo de facilitar a los consumidores un mejor acceso a los precios y márgenes en un momento de especial sensibilidad.

Según la CNMC, pese a la actual volatilidad, los mercados energéticos españoles presentan la liquidez y robustez necesarias para asegurar el suministro a los consumidores, al tiempo que el organismo continúa ejerciendo sus funciones de supervisión conforme a la Ley 3/2013, la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento europeo Remit.

Asimismo, el texto incide en que la CNMC ha reforzado ya los flujos de información con ambos ministerios, pasando diariamente datos actualizados de los precios, mientras mantiene una coordinación estrecha con los operadores de los mercados eléctrico (OMIE) y gasista (MIBGAS).

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha aclarado este miércoles que los proyectos de la empresa Forestalia que están bajo investigación judicial han quedado suspendidos al estar recurridos por vía administrativa, a la vez que ha pedido una auditoría interna en su ministerio para conocer “qué está ocurriendo”.

Así se ha pronunciado la vicepresidenta durante una intervención de 'Los desayunos informativos de Europa Press' al ser cuestionada por si su departamento tiene previsto paralizar la ejecución del macroparque eólico Clúster del Maestrazgo, en la provincia de Teruel, tras la petición de la Fiscalía y la Guardia Civil.

“Lo que sí puedo decir es que gran parte de los proyectos están bajo recurso, con lo cual, de momento, hay una suspensión de los proyectos”, ha revelado la ministra para la Transición Ecológica.

Precisamente este martes el juez instructor de las diligencias abiertas al grupo empresarial Forestalia ha remitido una providencia a las partes personadas en la causa aplazando la vista de medidas cautelares fijada para el viernes.

El magistrado expresa en su providencia que “este instructor no está en disposición de determinar adecuadamente las partes que pudieren verse afectadas por la eventual adopción de medida cautelar que resulta del informe pericial --informe medioambiental de la UCOMA respecto al Clúster del Maestrazgo--.

La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos, y apunta a irregularidades y el posible cobro de comisiones.

Aagesen ha asegurado que “desde el primer momento” el Ministerio que dirige ha mostrado la “máxima predisposición de colaboración con la Justicia” y que “toda la documentación que se ha requerido y que se requiera” estará “plenamente disponible”.

Además, la vicepresidenta tercera ha desvelado que “internamente” ha pedido un análisis “para conocer qué está ocurriendo” y si todos los procedimientos en los que se adjudicaron estos proyectos “están conforme a derecho”, para tener “una visibilidad de qué ocurrió, por qué ocurrió y evitarlo, por supuesto”.

Sobre el exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica que fue detenido en el marco de la operación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por presunta corrupción medioambiental relacionada con certificados de parques eólicos y fotovoltaicos, Aagesen ha reconocido que se enteró de la trama por los “periódicos”.

Dicho esto, la vicepresidenta tercera ha aclarado que se trata de “un exfuncionario que se ha identificado” en este procedimiento judicial y “que ya no trabaja en el Ministerio desde hace más de dos años”. Fuentes del caso consultadas por Europa Press confirmaron entonces que el detenido era Eugenio Domínguez, antiguo subdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica.

En este sentido, Aagesen ha insistido en que “es importante poner el contexto” ya que se trataba de un “subdirector” y “un funcionario que estaba en el Ministerio desde el año 2017”.

El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto para poner coto al 'spam' telefónico de las compañías energéticas y estas empresas solo podrán llamar a los potenciales consumidores que expresen su voluntad de recibir sus ofertas comerciales, tal y como avanzó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en una entrevista publicada este fin de semana en elDiario.es.

“Vamos a poner coto a las prácticas abusivas que hemos ido conociendo mediante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las asociaciones de usuarios para que los usuarios puedan tener máxima seguridad cuando miran a sus contratos eléctricos en un país que está virando y está apostando por una electricidad que sea más asequible, más competitiva y, por supuesto, segura. Se trata de protección a los consumidores y, especialmente, a los más vulnerables”, aseguró la responsable de Energía en conversación con este periódico.

La norma, que desarrolla el reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, también prohíbe la conocida como “contratación en caliente”, de tal manera que las compañías tendrán que remitir el contrato y un documento con información simple y cercana antes de cerrar en firme cualquier oferta que se les traslade.

“Hemos conocido que estas personas que reciben el bono eléctrico han tenido abusos desde el punto de vista de llamadas con ofertas que luego realmente no eran tales y que les situaba en una situación de mayor vulnerabilidad. Con el real decreto, estas personas tendrán que recibir información sobre el hecho de que cambiar el tipo de contrato les saca de la percepción del bono. Información sobre cuál era la situación actual con esa protección y cuál sería la nueva situación en cuanto a la facturación o al precio. Y de forma muy clara para que realmente sepan qué supone dar el salto desde la salvaguarda del bono a una nueva contratación”, apuntó la ministra.

La vulneración de cualquier medida de protección al consumidor puede ser constitutiva de infracción grave, y se impondrá al infractor multa por importe no inferior a 600.001 euros ni superior a seis millones de euros, como recoge Europa Press.

La entidad competente para incoar y resolver este tipo infractor será la CNMC. Asimismo, dicho reglamento establece un prefijo específico para las llamadas comerciales, y, en caso de incumplimiento, bien por no utilizar el prefijo o por llamar a alguien que había solicitado que no se le llamase, los proveedores de telecomunicaciones deberán bloquear ese número.

Como ha detallado la vicepresidenta durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros, el nuevo reglamento pone fin a las barreras para el cambio de contrato o para las cláusulas de permanencia “abusivas”, en tanto que limita las penalizaciones que puedan imponer las comercializadoras a una serie de supuesto muy concretos. Por ejemplo, será de solo el 5% de la energía pendiente de suministro en el caso de que el cliente rescinda un contrato antes de que se cumpla el año de vigencia y siempre que la compañía justifique un perjuicio.

La refacturación también tendrá límites para proteger a los consumidores. En el caso de que sean a su favor, las cantidades que se han cobrado de más habrán de devolverse con intereses en la siguiente factura. Si es a favor de la compañía, podrán prorratearse en los siguientes pagos con un tope máximo de un año.

La norma también contempla que las compañías establezcan una nueva figura interna, el Defensor del Cliente, “que podrán o no desarrollar”, para solventar el problema estructural de las reclamaciones. Los clientes podrán reclamar por todos los canales y tendrán el derecho a recibir el escrito con la queja que se haya planteado por vía telefónica.

Las compañías no podrán cortar el suministro a hogares con consumidores electrodependientes

El nuevo reglamento prohíbe el corte de suministros a los consumidores en días festivos o en aquellos en los que no haya atención al cliente por parte de las comercializadoras y también crea una nueva figura de “suministro esencial” que no podrá interrumpirse en ninguna circunstancia, los hogares con consumidores electrodependientes.

También se prohíben las penalizaciones o permanencias que dificulten el acceso al bono social para los consumidores vulnerables que tengan derecho al mismo y se protege a sus beneficiarios “para evitar engaños o contratos ventajosos en el mercado libre que impliquen una renuncia al bono social” sin que lo sepan.

Por otra parte, cuando se produzca un cambio de precios derivado de una modificación de las condiciones del contrato, o de una nueva contratación, la empresa deberá presentar al consumidor, con carácter previo, un documento independiente del contrato que le resuma claramente los efectos del cambio sobre su factura final e incluya una tabla comparativa de los precios antes del cambio y los precios que tendrá después.

Así, tanto los hogares como las pequeñas y medianas empresas (pymes) -con potencia contratada menor de 15 kilovatios (kW)- podrán rescindir sus contratos en cualquier momento, sin penalización, a menos que sea antes de la primera prórroga anual de un contrato a precio fijo en el mercado libre; y en este caso la penalización sólo podrá ser del 5% de la energía pendiente de facturar en ese ejercicio como máximo.

Si el cambio lo hace un consumidor vulnerable para acogerse al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), no podrá aplicarse ningún tipo de penalización, tampoco en los servicios adicionales contratados junto al suministro eléctrico.

Además, se agilizan los plazos para los cambios de suministrador, que durarán diez días como máximo, y en los arrendamientos de viviendas se permitirá que el PVPC se subrogue sólo con la petición de cambio de nombre del contrato por parte del usuario efectivo de la energía que así lo acredite, libre de las cargas que pudiera haber contraído el titular anterior.

Esta subrogación también se aplicará a las mujeres víctimas de violencia de género y de violencia sexual que residan en la vivienda sin ser las titulares del contrato.

En el caso de que un consumidor con bono social quiera cambiar al mercado libre, el nuevo comercializador, además de presentarle la estimación anual de la diferencia entre el precio que paga y el que pagará tras el cambio deberá recabar su consentimiento expreso e informar mensualmente a la CNMC de estas renuncias por parte de los consumidores vulnerables, para que puedan comprobarse.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha rechazado el justiprecio propuesto por Azata del Sol S.L., la promotora del Algarrobico, que reclama 44,5 millones de euros de indemnización por la expropiación forzosa del suelo donde se erige el macrohotel ilegal, construido hace 20 años en el litoral almeriense.

El Miteco ofrece una suma infinitamente inferior: 16.496,67 euros y da diez días a los dueños del inmueble para aceptarla o rechazarla, confirman a este periódico fuentes conocedoras del procedimiento administrativo.

El pasado 21 de enero, el Jefe de Demarcación de Costas de Almería -dependiente del Miteco- notificó por escrito a los propietarios del Algarrobico el “rechazo” a su hoja de aprecio, esto es, a la estimación económica de los terrenos expropiables que había hecho la promotora, según sus propios cálculos: 44.514.077,78 euros.

En ese mismo escrito, el Gobierno ofreció una contraoferta de 16.496,67 euros [el valor catastral del suelo era de 323.872,89 euros en 2024] y, con arreglo a la ley, dio diez días de plazo para que “se acepte lisa y llanamente o bien se rechace”.

Azata del Sol no recogió la notificación hasta el 30 de enero, de modo que aún está en plazo parar valorar la oferta del Miteco. Sin embargo, la cantidad es “muy inferior” a la que previamente había reclamado la promotora, por lo que previsiblemente será rechazada, y la empresa tendrá derecho a hacer alegaciones “para justificar su propia tasación” aplicando sus “criterios estimativos” y aportando “las pruebas que considere oportunas”.

Si persisten las discrepancias respecto al justiprecio, el expediente de los terrenos del Algarrobico pasará entonces a manos de un Jurado provincial de Expropiación, que podrá fijar una nueva cifra a la indemnización cuando considere que las propuestas de las partes resulten “notoriamente inferiores o superiores al valor real de los bienes”. La resolución de este Jurado pone fin a la vía gubernativa y, a partir de aquí, cabe recurso en los tribunales.

Los actores que participan en el procedimiento de expropiación también ven poco probable que Azata del Sol acepte la cantidad propuesta por el órgano de arbitraje y auguran que acudirá a la vía judicial, para que resuelva un tribunal de lo Contencioso Administrativo en un plazo máximo de seis meses.

Seis meses de litigio

El Algarrobico, símbolo del urbanismo descontrolado de principios de siglo en España, empezó a construirse con autorización de las administraciones públicas. Las expectativas de indemnización de los promotores, que vieron paralizada el hotel con las obras ejecutadas al 94%, están muy por encima de la cantidad fijada hoy por el Miteco.

En 2014 presentaron una reclamación patrimonial ante la Audiencia Nacional por más de 70 millones de euros, que debían abonar el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras por su “anormal funcionamiento”, pero la demanda no prosperó. Los jueces no consideraron a las administraciones responsables de los perjuicios económicos derivados de la paralización del hotel ilegal.

El pasado 30 de septiembre de 2025, el Miteco remitió a Azata del Sol un requerimiento para que presentase propuesta sobre el coste de la indemnización por la expropiación de sus terrenos. Dentro del plazo concedido, la promotora presentó su hoja de aprecio en la que solicitaba un justiprecio de 44.514.077,78 euros.

La falta de un acuerdo amistoso entre el Gobierno y los dueños del Algarrobico ha echado por tierra el cronograma optimista de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero. Hace justo un año, Montero viajó hasta Almería y anunció, a pie de playa y frente al macrohotel, que sería derribado parcialmente antes de que terminara el año 2025.

Desde entonces, el Miteco ha acelerado el procedimiento administrativo de expropiación, sin llegar a apurar los plazos que marca la ley para lograr alcanzar su objetivo. Pero en los últimos seis meses se ha topado con la resistencia de los dueños del hotel, la falta de acuerdo sobre el justiprecio de los terrenos y un recurso en los tribunales que paralizó cautelarmente el proceso.

El pasado 2 de agosto, los abogados de Azata del Sol S.L. interpusieron un recurso de alzada contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los terrenos donde se levanta desde hace 20 años el Algarrobico, en primera línea de la costa almeriense, dejando en suspenso el procedimiento de expropiación y los planes del Gobierno para demoler el inmueble en 2025. El recurso se registró el último día de plazo para hacerlo.

La promotora rechazó en su escrito la resolución del 24 de junio de 2025 de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que declaró la “necesidad de ocupación para su expropiación” de 16.432 metros cuadrados de superficie en el litoral del municipio de Carboneras (Almería), zona de dominio público marítimo terrestre, afectada por la declaración de “utilidad pública” que había aprobado el Consejo de Ministros el 11 de febrero del año pasado. Era la primera señal de resistencia de los promotores.

El Miteco tenía tres meses para estudiar el recurso de alzada, pero no tardó ni dos semanas en desestimarlo (el 14 de agosto) y reactivar de inmediato el procedimiento de expropiación. Desde entonces, el Gobierno y los dueños del Algarrobico han forcejeado sin lograr un acuerdo amistoso sobre el coste de los terrenos expropiados.

El 29 de octubre, la promotora interpuso un recurso ante la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo de ocupación de los terrenos del hotel, aprobado por el Consejo de Ministros, solicitando la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. El Ministerio de Sara Aagesen acordó paralizar el proceso hasta que los jueces se pronunciasen.

El pasado 19 de diciembre, en un auto al que ha tenido acceso este periódico, el TSJA dio la razón a la Abogacía del Estado, reafirmó la “necesidad de que prevalezca el interés público en la tutela del dominio marítimo terrestre, no existiendo riesgo de inmediata ocupación”, y denegó la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. “Es evidente que los daños o perjuicios que provocaría la continuación del expediente de expropiación no son irreversibles”, reza el auto.

El 30 de diciembre, el Miteco reactivó el procedimiento y el pasado 21 de enero remitió a la promotora del Algarrobico su última propuesta con el justiprecio de los terrenos, esos 16.500 euros que la empresa deberá aceptar o rechazar en los próximos días. La última palabra de la vía administrativa la tiene el Jurado Provincial de Expropiación, dependiente de la subdelegación del Gobierno en Almería.

El capital social de Azata del Sol ronda los 33,4 millones de euros, según los últimos datos disponibles, del año 2019. Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa, que ha declinado valorar su posición en el procedimiento.

Derribo de la mitad del inmueble

El proceso de expropiación en ciernes afectaría sólo al 50% del edificio. El departamento de Sara Aagasen tiene competencias en el dominio público marítimo terrestre que ocupa el macrohotel de 20 plantas y 411 habitaciones, construido en 2003, pero que nunca llegó a abrir al público porque la Justicia frenó las obras cuando estaban a punto de terminar, en 2006, y más tarde lo declaró ilegal.

El otro 50% del suelo donde se levanta esta mole de ladrillo -símbolo de la voracidad inmobiliaria y turística- está en el Parque Natural de Cabo de Gata y es competencia de la Junta de Andalucía, que ha rechazado la fórmula del Gobierno de expropiar para luego derribar el edificio.

La vía de la expropiación fue anunciada hace un año, desde Carboneras, por la vicepresidenta primera y candidata del PSOE en las elecciones andaluzas, María Jesús Montero. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, tildó la fórmula de “electoralista” y aventuró que estaba abocada al fracaso.

El Ejecutivo andaluz se alineó entonces por la fórmula alternativa, en manos del Ayuntamiento de Carboneras, que el pasado verano ejecutó finalmente la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel, después de diez años ignorando los avisos del TSJA para que ejecutara una sentencia de 2021 (y para modificar el PGOU recalificando el suelo del Algarrobico como “no urbanizable”). Pero, tras una lluvia de críticas, finalmente la Junta se ha personado en el procedimiento de expropiación para conocer todos los avances al respecto.

El Algarrobico es el símbolo del urbanismo descontrolado en la costa de España y su demolición es un objetivo tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía, que en 2011 firmaron un “protocolo para la recuperación de la playa” donde se ubica, ocupando parte de la franja de 100 metros de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, según el deslinde confirmado judicialmente. El inmueble se levanta sobre suelo calificado como no urbanizable dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y la licencia municipal de obras concedida en 2003 está pendiente de revisión de oficio por posible nulidad.

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Fe de errores: En la primera publicación de esta noticia se confundía la cifra de la indemnización propuesta por la promotora Azata del Sol S.L (44,5 millones de euros) con el justiprecio que ha ofrecido el Ministerio de Transición Ecológica, por un error de la fuente informante. Los 44,5 millones es la cantidad que piden los dueños del hotel ilegal por la expropiación de su suelo, y los 16.496,67 euros es la contraoferta que ofrece el Miteco.