El Gobierno exigirá a las compañías de telecomunicaciones una garantía de al menos cuatro horas de cobertura móvil para el 75% de la población española en caso de apagón. Así lo ha anunciado este jueves el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante el encuentro DigitalES Summit, organizado por una de las principales patronales de las empresas de tecnología y telecomunicaciones.

La medida formará parte del Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales, que está preparando su Ministerio, y cuyo texto definitivo se espera para antes de que concluya este año 2026.

Según ha explicado López, las normas del Real Decreto entrarán en vigor de manera paulatina para facilitar que las operadoras instalen las baterías de respaldo necesarias progresivamente. Durante el primer año de vigencia, las compañías tendrán la obligación de contar con baterías para mantener la señal móvil durante cuatro horas para, al menos, la mitad de la población del país. En el segundo año, ese porcentaje mínimo aumentará al 65%, llegando al 75% final durante el tercero.

El Ejecutivo y las telecos llevan un año negociando cómo asegurar la cobertura móvil durante el máximo tiempo posible en caso de un apagón como el de 2025. En este sentido, las operadoras han expresado los problemas de masificar el uso de baterías en las antenas e instalaciones de red, debido al peso (muchas están colocadas en tejados de edificios) y a los posibles robos en zonas rurales menos transitadas.

Finalmente, la normativa establecerá obligaciones diferenciadas según el nivel estratégico de la instalación, ha informado el ministro. Las infraestructuras de nivel intermedio, como los centros de gestión cuyo fallo afecte a varias comunidades autónomas, tendrán que permanecer operativas un mínimo de 12 horas en caso de fallo del suministro eléctrico. Los centros de control esenciales de primer nivel, que concentran la inteligencia centralizada de las redes y donde un fallo afectaría a todo el país, deberán asegurar una autonomía de funcionamiento de al menos 24 horas.

López ha especificado a su vez que el Real Decreto contendrá medidas especiales sobre las comunicaciones de emergencia de los centros del 112 y las alertas públicas. Las compañías que provean la red de estos servicios estarán obligadas a confeccionar planes de seguridad y a disponer de estrategias de redundancia, como sistemas que combinen el uso de redes fijas y móviles para evitar la caída total.

Estas medidas afectarán a los operadores en España y a los gestores de infraestructuras digitales como cables submarinos, satélites, centros de datos y puntos de intercambio de internet que cuenten con más de medio millón de usuarios o superen los 50 millones de euros en ingresos. La regulación se extenderá a operadores críticos y servicios de emergencia, quedando excluidas las redes vinculadas con la Defensa y la Seguridad Nacional.

La presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), Marina Serrano, ha negado este martes en el Congreso incumplimientos de sus asociadas en el histórico apagón del 28 de abril de 2025 y ha dicho que “posiblemente” el colapso se habría “atemperado” si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hubiera actualizado el obsoleto procedimiento de control de tensión (conocido como 7.4) que el organismo no puso al día hasta semanas después de ese histórico cero energético.

Serrano, abogada del Estado en excedencia que antes de presidir aelēc fue secretaria del consejo, consejera y directora de los Servicios Jurídicos de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE), ha comparecido este martes en la Comisión de Investigación del Congreso sobre el apagón. Ha insistido en que las centrales de sus asociadas “estaban operando de acuerdo a las indicaciones y contribuyendo al control de tensión” y ha asegurado que “no se ha acreditado” que hubiera incumplimientos por su parte. Sí ha subrayado que la CNMC “debe supervisar a todos los agentes”, aunque “es verdad que tiene una ingentísima tarea” y “a lo mejor no tiene medios suficientes”. 

En su opinión, “el procedimiento 7.4 tenía que haber sido reformado” para permitir controlar tensión a las renovables. Portugal o Francia “lo tenían”, ha recordado. “Posiblemente deberíamos haberlo tenido antes del incidente”. Y ha pedido que “se implante cuanto antes” porque es “un avance en la robustez del sistema” y todavía hay pocas plantas habilitadas para prestar ese servicio.

“Si hubiéramos tenido más recursos, si hubiéramos tenido control dinámico de tensión pues posiblemente se podría haber atemperado las funciones del apagón”, ha dicho. Respecto a las decenas de expedientes sancionadores incoados por la CNMC a sus asociadas, por ahora “no podemos considerar que se hayan producido posibles infracciones por las empresas”. Falta “un largo proceso” y “algunos” expedientes “no están relacionados con el apagón”. “No ha habido ninguna desconexión intempestiva de las centrales de las empresas asociadas en aelēc”, ha afirmado.

El colapso fue consecuencia de “un problema sistémico de control de tensión que se venía manifestando desde meses antes”, y que los incidentes registrados durante esa mañana (ha omitido la oscilación anómala generada por una gran fotovoltaica de Iberdrola) “pudieron ser relevantes, pero no suficientes” para explicar un evento que se produjo por una “insuficiente dotación de recursos” para controlar tensión y una planificación con márgenes de seguridad insuficientes de Red Eléctrica de España (REE).

La presidenta de aelēc ha insistido en que en “años, días y meses anteriores” hubo “episodios recurrentes” de “dificultades” para controlar la tensión con los momentos “más delicados”, con mayor número de horas con tensiones elevadas, en primavera; y que entre 2021 y 2023 las desconexiones se multiplicaron por 4,5, “existían señales previas de vulnerabilidad” y ese día la generación síncrona estaba en mínimos del año. El análisis del apagón “no puede limitarse a los minutos o segundos previos al colapso”.

“Lo importante ahora es extraer las lecciones adecuadas”, como la de que España “unico país” europeo que permite operar con tensiones de hasta 435 kV, un margen “particularmente reducido”. Ha subrayado que el regulador era “perfectamente conocedor” de las limitaciones de las nucleares para controlar tensión. “Se comunicó así en 2000-2001”, cuando se aprobó el 7.4 vigente hasta el apagón. Los reactores pueden controlar tensión de forma “manual” si se lo pide REE, y en septiembre del 2024 se dio una instrucción así a la nuclear de Almaraz, pero “no se hizo” el día del apagón. El operador del sistema “nunca había mencionado estos incumplimientos”. 

Ha negado “falta de cooperación” de las asociadas de aelēc, que “han aportado toda la información que les ha sido requerida” por el comité de expertos europeos y la CNMC. Una de las lecciones aprendidas, ha dicho, es la necesidad de “transparencia del sector”. Algo que han pedido a REE “desde el mismo día del apagón. Cada empresa tiene los datos de su red, de su zona. La única que tiene los datos del conjunto, porque la ley le ha atribuido esa función, es Red Eléctrica”. 

Serrano ha señalado que el sector, que “técnicamente es muy complejo”, quiere “trabajar conjuntamente” en el análisis del incidente, como se está haciendo en los grupos de trabajo que ha creado la CNMC para “avanzar” en la modificación del 7.4. Las empresas están “dispuestas a contribuir y a que se trabaje conjuntamente para que el sistema sea más seguro”.

Y preguntada por si hay que separar las funciones de transportista y operador del sistema que ejerce REE, como está reclamando Iberdrola, es un “viejo debate”. El modelo español “no es el único”, es “una opción” que tiene “ventajas e inconvenientes”, y “corresponde al legislador” decidir.

Sebastian Brandt, jefe de mantenimiento del hospital Immanuel, en el frondoso y acomodado barrio berlinés de Wannsee, supo que algo iba mal en cuanto abrió la ventana de su casa, situada frente al hospital, y olió a gasóleo. Era el 3 de enero, una gélida mañana de sábado, y por suerte el hospital tenía pocos pacientes aquel fin de semana después de las fiestas navideñas. Al asomarse a la ventana, comprendió enseguida lo que ocurría: el generador de emergencia —una máquina enorme, ensordecedora y con varias décadas a sus espaldas, instalada en el sótano— se había puesto en marcha. El hospital había dejado de recibir suministro eléctrico de la red. Y Brandt entendió al instante que no iba a tener un fin de semana tranquilo.

Aunque un generador de emergencia permite mantener operativo un hospital, tiene sus limitaciones. Las intervenciones quirúrgicas deben suspenderse y, si bien estos sistemas se revisan de forma periódica, nadie sabe con certeza cómo responderán tras varios días funcionando sin interrupción. El depósito del generador del hospital Immanuel contenía unos 3.000 litros de gasóleo, y Brandt había calculado que consumiría alrededor de 550 litros diarios. Cuando el operador de la red eléctrica advirtió al hospital de que el apagón podría prolongarse hasta finales de la semana siguiente, Brandt salió de inmediato en busca de más combustible en la gasolinera más cercana que todavía seguía conectada a la red. Mientras tanto, recibió la noticia de que un hospicio cercano también iba a trasladar allí a sus pacientes.

Lo que Brandt no sabía —y lo que le habría empeorado aún más el día— era que el hospital se había quedado sin suministro porque un par de horas antes, hacia las seis de la mañana, y a unos 12 kilómetros de allí, alguien había incendiado cinco cables de alta tensión sujetos a la parte inferior de un puente sobre el canal de Teltow, una larga vía fluvial que atraviesa el sur de la capital alemana.

Prácticamente los 36.000 kilómetros de cables eléctricos de Berlín están enterrados bajo tierra, pero existen puntos vulnerables, especialmente en los cruces sobre cursos de agua. Estos cinco cables, de 10 centímetros de grosor cada uno, procedían de una central eléctrica de gas natural y suministraban electricidad a unos 45.000 hogares, 2.200 empresas y cuatro hospitales. Una imagen difundida más tarde ese mismo día por Stromnetz Berlin, el operador estatal de la red eléctrica de la ciudad, los mostraba ardiendo intensamente mientras colgaban sobre un montón de escombros en llamas.

Cuatro distritos de la ciudad se vieron afectados —algunos de los barrios más acomodados de Berlín, aunque no exclusivamente— y, aunque al día siguiente se restableció el suministro eléctrico a 10.000 hogares, los otros 35.000 permanecieron sin electricidad durante cinco días más. Quien estuviera detrás de aquello había provocado el apagón más prolongado que había sufrido Berlín desde la Segunda Guerra Mundial.

Un apagón provocado

A pocos kilómetros del Immanuel, el ataque también provocó graves problemas a Michael Schmidt, director del hospital Hubertus. Se trataba de un centro de salud mucho mayor y para aquella mañana había varias operaciones programadas. “Fue una suerte que ocurriera antes de las 8.00 de la mañana, porque todavía no había nadie tumbado en la mesa de operaciones”, me cuenta unas semanas después, sentado en su despacho.

En cuestión de horas, Schmidt se vio haciendo planes para evacuar a los 150 pacientes que tenía en el edificio, porque, aunque el generador se había puesto en marcha, el sistema de calefacción había fallado. Resultó que las bombas de gas que lo abastecían estaban fuera del recinto y no estaban conectadas al generador. “La temperatura exterior aquella mañana rondaba los -1 °C. Si la temperatura hubiera bajado demasiado, habríamos tenido un problema”, explica Schmidt.

Al final, los técnicos del hospital encontraron la manera de desviar la corriente hacia los surtidores. El operador de la red eléctrica de la ciudad logró utilizar líneas de emergencia para restablecer el suministro eléctrico en los cuatro hospitales a la mañana siguiente, y Brandt no tuvo que pasar la semana yendo a buscar bidones de gasóleo. Las viviendas de los alrededores, sin embargo, permanecieron a oscuras durante otros cinco días. Algunos vecinos mayores fueron trasladados a alojamientos de emergencia, y los informativos de las televisiones locales se llenaron de testimonios de personas indignadas por la falta de información y por la forma en que las autoridades habían gestionado la situación. “Se respiraba una atmósfera un poco distópica”, recuerda Schmidt.

Un apagón que se prolonga durante varios días puede hacer que la gente se sienta menos segura —el hospital llegó a contratar temporalmente personal adicional de seguridad— pero también refuerza el sentimiento de comunidad: los vecinos empezaron a acercarse a la puerta del hospital para cargar todo tipo de aparatos, y la cantina acabó convirtiéndose en un improvisado punto de encuentro.

Sabían desde el principio lo que estaban haciendo, y esa es la gran diferencia con, por ejemplo, los radicales de extrema derecha o los islamistas

Felix Neumann — Investigador sobre radicalismo y prevención del terrorismo en la Fundación Konrad Adenauer

Al día siguiente, Schmidt supo que el apagón había sido provocado deliberadamente, al parecer por motivos políticos. Hace una pausa cuando le pregunto qué piensa de ello. “Creo que las personas o la organización que hicieron esto quizá no anticiparon lo que ocurriría en este distrito supuestamente rico; no todo el mundo que vive aquí es rico”, dice pensativo. “Aquí hay personas mayores que necesitan ayuda, en los hospitales, pero también en sus casas. Esto no golpeó al sistema, golpeó a personas corrientes, y tuvimos suerte de que todo quedara en un susto”.

El misterioso Grupo Volcán

La forma en que se llevó a cabo este sabotaje estaba relativamente clara, pero la autoría sigue siendo un misterio y sus motivos continúan siendo objeto de controversia. Unas 24 horas después de que se apagaran las luces, varios medios de comunicación recibieron una reivindicación que también fue publicada en plataformas de izquierda como Indymedia.org, donde pueden subirse y difundirse textos anónimos e imposibles de rastrear. El comunicado, un texto divagante de casi 4.500 palabras, llevaba por título “Cerrar las centrales eléctricas de combustibles fósiles es un trabajo de artesanía. Tened valor. Saludos militantes de Año Nuevo”. El autor del sabotaje se identificaba como “Grupo Volcán: cortad la corriente a los poderosos”.

Esta firma situaba el apagón en el contexto de una serie de ataques esporádicos contra infraestructuras críticas de Berlín llevados a cabo durante los últimos 15 años. Desde 2011 se han registrado al menos siete ataques atribuidos al Grupo Volcán en Berlín y sus alrededores. El primero de ellos se inspiró en las alteraciones provocadas por el volcán islandés Eyjafjallajökull en 2010, que interrumpió durante varios días el tráfico aéreo en gran parte del norte y el centro de Europa.

El Grupo Volcán ha causado muchos menos daños y molestias, y no ha provocado heridos ni muertes directamente atribuibles a sus acciones. La primera oleada de ataques, entre 2011 y 2013, tuvo como objetivo las líneas eléctricas ferroviarias y las cajas de cables, y cada una de las primeras confesiones mencionaba un volcán islandés diferente: primero fue “El rugido del Eyjafjallajökull”, seguido de “El Comité de Bienvenida del Hekla — Iniciativa para más erupciones sociales” y “Anónimo/Volcán Katla”.

El nombre Vulkangruppe, o Grupo Volcán, se adoptó a partir de 2018 e incluso entonces las denominaciones variaban: “Grupo Volcán contra la destrucción continua” o “Grupo Volcán: acabar con la autoridad de la red”. En 2021 y 2024 se produjeron dos nuevos ataques del colectivo contra las líneas eléctricas que abastecen a la Gigafábrica de Tesla, situada a las afueras de la ciudad. Este último sabotaje fue reivindicado por el “Grupo Volcán: apagad Tesla” y dejó sin suministro eléctrico la fábrica durante varios días, lo que provocó a la empresa automovilística de Elon Musk pérdidas económicas superiores a los 90 millones de euros, según declaró entonces uno de sus responsables.

Las investigaciones sobre todos estos actos han pasado a manos de la Fiscalía Federal de Alemania y se están investigando como delitos que ponen en peligro el funcionamiento del Estado alemán, es decir, como terrorismo. La policía y la Fiscalía federal alemana nunca conceden entrevistas ni hacen declaraciones sobre indagatorias en curso, pero según las respuestas dadas a los diputados del Partido Verde en febrero, hay cuatro investigaciones federales independientes abiertas sobre el Grupo Volcán, la más antigua se remonta a los ataques iniciales de 2011.

Por lo poco que están dispuestas a revelar, las autoridades parecen desconocer quiénes son realmente los miembros del Grupo Volcán. No se ha producido ni una sola detención relacionada con los ataques. Ha habido otros casos sospechosos: en 2023, dos personas vinculadas al entorno de la izquierda radical fueron detenidas con material inflamable cerca de unas vías ferroviarias en el distrito berlinés de Adlershof, pero el juicio posterior terminó cuando un juez concluyó que el Estado no tenía pruebas sólidas contra ellas. Por lo demás, la respuesta de las autoridades ha parecido amplia y especulativa: el 24 de marzo, unos 500 agentes registraron 14 propiedades vinculadas a la izquierda berlinesa en relación con un ataque incendiario contra dos torres de alta tensión en septiembre de 2025 que dejó sin electricidad a un parque tecnológico —de nuevo en el distrito de Adlershof— donde tienen su sede varias empresas de ciberseguridad.

Sin embargo, aunque el comunicado de reivindicación publicado unos días después se parecía a los anteriores en estilo e ideología, no estaba firmado por nadie que se identificara como “Grupo Volcán”. En cualquier caso, no se emitió ninguna orden de detención.

Según el profesor especializado en radicalismo político en la Universidad Federal de Ciencias Administrativas Aplicadas de Alemania, Hendrik Hansen, hay buenas razones para ello. “Simplemente no hay indicios materiales sobre quiénes son los autores”, afirma, aunque eso en sí mismo es revelador: “No es tan fácil cometer un delito sin dejar rastros de ADN en la escena”.

Felix Neumann, investigador sobre radicalismo y prevención del terrorismo en la Fundación Konrad Adenauer, un think tank vinculado a la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU), también cree que los responsables del apagón de Berlín eran personas altamente cualificadas. “Sabían desde el principio lo que estaban haciendo, y esa es la gran diferencia con, por ejemplo, los radicales de extrema derecha o islamistas, entre quienes a menudo nos encontramos con autores que hacen este tipo de cosas por primera vez y no se informan lo suficiente sobre cómo llevarlas a cabo”, afirma.

Llamada a la acción

Gran parte de estos conocimientos “profesionales” están disponibles en Internet. Incluso sin adentrarse en la dark web, se pueden encontrar manuales que explican no solo cómo fabricar artefactos incendiarios rudimentarios con piezas baratas disponibles en tiendas de electrónica y ferreterías, sino también cómo evitar ser captado por las cámaras de seguridad, cómo comprar y pasar herramientas y materiales sin llamar la atención, cómo sincronizar los ataques e incluso cómo quitarse los guantes de plástico sin dejar ADN en ellos. Estos manuales también ofrecen consejos sobre cómo reclutar a personas con el perfil psicológico idóneo y cómo organizar células de tan solo dos o tres personas en estructuras que ofrezcan un alto grado de autonomía con un mínimo de jerarquía.

Dado lo pública que es toda esta información, Hansen sostiene que es imposible saber siquiera si los miembros de estos grupos se conocen personalmente. Podría ocurrir simplemente que alguien tomara la etiqueta (la marca Grupo Volcán) y decidiera hacer algo parecido.

Hasta ahí el quién. En cuanto al porqué, la reivindicación del apagón publicada en Internet el 4 de enero se parecía menos a un manifiesto que a una entrada de blog inconexa, llena de resentimiento y saltos argumentales. Planteaba tantas preguntas como respuestas ofrecía, aunque sí dejaba clara una idea: “Ya no podemos permitirnos a los ricos”, comenzaba. “Podemos provocar el fin del estilo de vida imperial. Podemos detener el saqueo de la Tierra”.

Continuaba declarando: “El ataque a la central de gas es un acto de autodefensa y solidaridad internacional con todos aquellos que defienden la Tierra y la vida misma”. A diferencia de quienes llevaron a cabo los ataques originales en 2011, cuya queja se centraba en la participación de Alemania en guerras en el extranjero, este Grupo Volcán tenía claramente una vocación ecologista.

La declaración de enero enumeraba actos de violencia ecológica que el sistema capitalista inflige al planeta (“aquellos que nos llaman ecoterroristas son ellos mismos los verdaderos ecoterroristas”), y mencionaba el daño que la tecnología digital ha infligido a nuestras vidas: “Estamos al servicio de nuestra propia vigilancia, y esta es total… Nos alimentamos de las imágenes coloridas que las máquinas filtran y ponen ante nosotros, mientras contemplamos nuestras pantallas en soledad y alienados”.

Lo que le faltaba a la declaración era cualquier intento de formular un conjunto de principios. Pero definir una ideología no era realmente el objetivo del texto; su propósito era una llamada a la acción: “Sabotear la infraestructura de combustibles fósiles, las redes eléctricas, el saqueo de la Tierra, los centros de servidores, la industria de los chips y sus operaciones de suministro, destruir las condiciones previas de la industria automovilística y la industria armamentística, de los viajes en avión, las villas, los yates, las naves espaciales y los campos de golf. Destruyamos las comisarías de policía, garantes de las relaciones patriarcales de propiedad, porque la Tierra se pertenece a sí misma y a todas sus criaturas, y no a las personas; o mejor dicho, solo a los hombres, y ni siquiera a los más ricos entre ellos”.

La policía de Berlín dijo que la declaración era auténtica y tanto el Gobierno federal como el de Berlín se apresuraron a demostrar con qué vigor perseguían el radicalismo de izquierda. El ministro federal del Interior, Alexander Dobrindt, ofreció una recompensa de un millón de euros por cualquier información que condujera a la detención de los autores del apagón.

Esta cantidad era 10 veces mayor que la recompensa ofrecida para capturar al hombre que mató a 13 personas en el atentado del mercado navideño berlinés de 2016, y unas 40 veces mayor que la recompensa pagada por la detención de una de las últimas integrantes del grupo Baader-Meinhof, Daniela Klette, que fue detenida en la ciudad en 2024, tras más de tres décadas fugada. El grupo, también conocido como Fracción del Ejército Rojo (RAF), fue apoyado y entrenado en su momento por la Stasi de Alemania Oriental y llevó a cabo más de 30 asesinatos y secuestros. A pesar de haberse disuelto a finales de la década de 1990, sigue proyectando una pesada sombra sobre la psique alemana y ya se ha invocado en el debate sobre el clima: en 2022, Dobrindt, entonces en la oposición, exigió castigos más duros para los manifestantes por el clima que bloqueaban las carreteras, y declaró al periódico Bild am Sonntag: “Hay que impedir el surgimiento de una RAF climática”.

Según Hansen, este tipo de comparaciones con los activistas climáticos son descabelladas: “Solo desde el punto de vista ideológico, la RAF era marxista-leninista-maoísta y defendía la idea de que la revolución desembocaría en una dictadura del proletariado”. Según él, se trata de una corriente ideológica “completamente distinta” porque, además, la RAF cometió “asesinatos selectivos con armas de fuego y atentados con bomba”. “Nada de eso lo hemos visto en los ataques recientes”, añade. Sin embargo, tras el apagón de Berlín, el Gobierno estaba convencido de que había ecoterroristas de izquierda sueltos.

Teorías conspirativas

Pero los internautas no estaban tan convencidos. Los lingüistas analizaron el comunicado del Grupo Volcán y concluyeron que parte del alemán sonaba extraña. Señalaron errores ortográficos en nombres conocidos —JD Vance, el nombre del vicepresidente de Estados Unidos, por ejemplo, aparecía escrito como “Vans”—. En Reddit empezaron a proliferar hilos en los que usuarios analizaban el texto mediante programas de traducción con IA y aseguraban que originalmente había sido escrito en ruso.

Todo esto puede parecer poco probable, pero, un mes después, el Gobierno federal admitió que los investigadores no habían descartado ninguna hipótesis. “Las fuerzas de seguridad federales suelen investigar todas las pistas… incluidas aquellas que apuntan a otros posibles grupos de autores, así como a la posible autoría rusa de la carta de confesión”, declaró el Ministerio del Interior, en respuesta a las preguntas presentadas por los diputados del Partido Verde.

“Nos parece indignante que, después de 15 años, no hayan avanzado ni un paso en la identificación de estas personas”, lamenta la diputada ecologista Irene Mihalic. “Las autoridades encargadas deberían tener poderes suficientes para arrojar algo de luz sobre el caso. Resulta llamativo que sepan tan poco”.

La opinión pública se ha mostrado hostil hacia el Grupo Volcán, sobre todo porque, en los días posteriores al apagón de enero, los informativos de la televisión local se llenaron de imágenes de jubilados obligados a acampar en refugios de emergencia. La izquierda berlinesa, un caleidoscopio de diferentes corrientes políticas, también se mostró prácticamente unánime a la hora de desmarcarse del grupo. “Históricamente, nunca se ve a un grupo clandestino de izquierdas sin algún tipo de entorno de apoyo visible. Pero aquí, absolutamente nadie en la izquierda los defiende. Eso es inusual”, explica el periodista e historiador berlinés Nathaniel Flakin.

Inspirados por los rumores sobre Rusia, algunos llegaron a la conclusión de que quienes estaban detrás del Grupo Volcán ni siquiera eran de izquierdas. Dos meses antes del apagón de Berlín, los medios alemanes habían informado de que Alternativa para Alemania (AfD), el partido de extrema derecha al que a menudo se acusa de simpatizar con Rusia, había presentado una sospechosa e intensa batería de preguntas al Gobierno sobre las infraestructuras críticas del país. ¿Podría tratarse de un ataque de falsa bandera llevado a cabo por agentes rusos con la ayuda del principal partido de extrema derecha alemana? El diputado de AfD en el Parlamento regional de Berlín Frank-Christian Hansel, dice que la idea es “ridícula”.

Fueron precisamente las preguntas formuladas por Hansel en 2024 sobre la seguridad de la red eléctrica berlinesa las que desencadenaron una pequeña oleada de teorías conspirativas en internet tras el apagón. “Era mi deber como parlamentario preguntar por la resiliencia de la red. Es absurdo culparnos a nosotros, que queremos que [Berlín] sea resiliente, y sugerir que pretendíamos facilitar información sobre cómo atacar”.

El Grupo Volcán pareció ofendido ante la idea de que pudieran ser rusos o sus agentes de extrema derecha en Alemania. El 8 de enero apareció una segunda declaración en Indymedia, en la que se afirmaba que tales especulaciones se habrían tratado en el pasado como “basura irrelevante”, pero que ahora “las noticias falsas, los informes generados por IA y los ataques híbridos han causado incertidumbre”.

Confusión

En ese momento, la situación ya habría empezado a volverse realmente confusa. El 7 de enero apareció en Indymedia un comunicado que afirmaba proceder de otro Grupo Volcán. El texto, titulado “Contra la apropiación y las falsas continuidades”, aseguraba haber sido escrito por el grupo responsable de los ataques originales de 2011 y se desmarcaba del apagón de este año. Según sus autores, su conflicto entonces era con la implicación de Alemania en guerras en el extranjero y con la industria armamentística del país. Nunca habrían intentado provocar un apagón: “Queríamos una interrupción, no una escalada. La alteración de la normalidad, no su destrucción”.

El Grupo Volcán del 3 de enero se molestó y respondió con sarcasmo que la declaración anterior era obviamente falsa, posiblemente difundida por “agencias de inteligencia y/o fascistas”. Señaló que probablemente “quería desorientar, sembrar confusión y división”.

No obstante, también había un extraño tono de remordimiento en esta última declaración y daba la impresión de que todo el asunto se les había ido completamente de las manos. El Grupo Volcán 3 de enero parecía lamentar haber causado una perturbación tan importante en la vida de las personas. El objetivo había sido la economía de los combustibles fósiles, afirmaron, no la población de Berlín, y su intención había sido simplemente desconectar de la red una central que quemaba combustibles fósiles. “El alcance del impacto sobre unos 40.000 hogares particulares ni era intencionado ni se había previsto”, afirmaban. “Con lo que sabemos ahora sobre las consecuencias para determinados sectores de la población, habríamos llevado a cabo la acción en una época del año más cálida”, escribieron, en un tono casi avergonzado.

En otras palabras, parecía que todo había sido un gran error. “Bueno, claro”, pensó el veterano del movimiento climático de izquierdas de Berlín Tadzio Müller. “Este acto era indefendible”, me dice. Se enteró del apagón al día siguiente, mientras volvía en tren a Berlín. “Oí ‘apagón’, oí ‘ataque incendiario’, y pensé: ‘Por favor, no, por favor, no’… y entonces escuché ‘Grupo Volcán’. Y pensé: ‘Joder”.

¿Una fórmula legítima?

Cuando leyó la confesión inicial del Grupo Volcán, Müller también sintió que había algo que no cuadraba en el lenguaje, pero no cree que esto signifique necesariamente que el apagón fuera orquestado por agentes rusos. “Creo que fue una acción de la izquierda, y creo que salió terriblemente mal”, afirma el cofundador del grupo de acción ecologista Ende Gelände, la más militante de las organizaciones de protesta climática de Alemania.

Al reunirme con él en su piso repleto de libros mientras tomamos una infusión, comprendo por qué Müller se ha convertido en una figura destacada: tiene una presencia intensa y locuaz, es un hombre de 49 años con aspecto atlético y una energía hiperactiva. Su conversación es un torrente agitado de historias de guerra de tres décadas de lucha, salpicadas de alusiones a un siglo de pensadores de izquierda y anarquistas. Y tiene las cicatrices que lo demuestran: Müller ha sido golpeado por la policía en Praga y ha llorado de rabia e impotencia junto a la valla de un aeródromo militar británico mientras los aviones despegaban para sumarse al bombardeo de Irak a principios de la década de 2000.

Llevo años diciendo que tenemos que pensar en la posibilidad de algún tipo de sabotaje que pueda legitimarse públicamente

Tadzio Müller — Veterano del movimiento climático de izquierdas de Berlín

Müller, autor del libro Entre el sabotaje pacífico y el colapso: cómo volví a amar el futuro, sobre su viaje a través del duelo climático hacia la acción renovada, insiste en que el Grupo Volcán no está compuesto únicamente por activistas climáticos frustrados, personas que solían formar parte de grupos como Fridays for Future, Extinction Rebellion, Just Stop Oil o Last Generation y que luego decidieron volverse más radicales, sino que sitúa al grupo dentro de una corriente concreta de la izquierda radical denominada anarcoprimitivismo, que lleva mucho tiempo abogando por desestabilizar la economía mediante el sabotaje físico y que, en los últimos años, ha adoptado un tono más ecoactivista. Hansen parece estar de acuerdo: puede que sean activistas climáticos descontentos, me dice por teléfono, pero cree que “es más probable que sean personas del ámbito de la izquierda radical”.

Müller dice que nunca se ha planteado actuar en la clandestinidad, pero cree que existe un espacio fértil entre lo legal y lo legítimo. “Llevo años diciendo que tenemos que pensar en la posibilidad de algún tipo de sabotaje que pueda legitimarse públicamente”, afirma. “Por ejemplo, cortar unas vías para bloquear un tren que transporta residuos nucleares. Claro que es ilegal, pero el país, hasta cierto punto, acepta que se trata de una forma legítima de protesta”.

La zona gris legal de la desobediencia civil es precisamente el espacio que ocupa Ende Gelände (el final del camino), un movimiento que combina ecologismo y anticapitalismo. Desde 2024, la agencia de inteligencia interna alemana ha calificado al grupo de “sospechoso” de radicalismo de izquierda (en lugar de radicalismo de izquierda real, como el Grupo Volcán). Ende Gelände organizó varias intervenciones masivas a finales de la década de 2010, en las que miles de personas ocuparon las minas de carbón de Alemania. A diferencia de los Grupos Volcán, las acciones de Ende Gelände son públicas y a veces involucran a miles de manifestantes, ya que son capaces de atraer a muchos de sus activistas del movimiento climático en general.

A pesar de que también tiene como objetivo las centrales eléctricas de combustibles fósiles, Ende Gelände se abstuvo de manera notable de expresar su apoyo al Grupo Volcán. Pero una activista de Ende Gelände está dispuesta a mostrar al menos cierta simpatía por la causa, si no un respaldo al método. Scully, que no quiere dar su nombre completo y que ha participado en varias acciones de Ende Gelände, se muestra ambivalente sobre el acto de sabotaje. “No diría que me alegré”, me dice por teléfono cuando le pregunto qué le pareció el apagón. “Pero soy partidaria de debatir si queremos llevar a cabo sabotajes y cómo llevarlo a cabo”.

Scully cree que el caos del 3 de enero no habría ocurrido si el movimiento climático “oficial” hubiera ofrecido un espacio para debatir esas tácticas dentro de sus filas, de modo que los planes malos se descartaran antes de llevarse a cabo. Está convencida de que la amenaza de la acción militante directa tiene cabida en la lucha por la justicia climática. Al igual que el grupo anarquista Kommando Angry Birds, al que se atribuyen al menos siete ataques contra el sistema ferroviario alemán desde 2023 e inspirado en el discurso de Nelson Mandela sobre los actos de sabotaje contra infraestructuras críticas, Scully establece una comparación con el movimiento antirracista. “Es el argumento clásico: Martin Luther King no habría tenido tanto éxito sin Malcolm X”.

Traducción de Emma Reverter

La Comisión Europea ha anunciado este viernes la aprobación de una ayuda de estado de 9.000 millones de euros para que España ponga en marcha el sistema antiapagones que el Ministerio para la Transición Ecológica planteó a principios de 2025 y “garantizar que exista capacidad suficiente para producir, almacenar o consumir electricidad de manera flexible y que la producción de electricidad satisfaga la demanda prevista”. La propuesta permitirá que el Gobierno conceda subvenciones millonarias a las compañías energéticas para garantizar el suministro eléctrico en momentos de desajuste entre oferta y demanda y a la gran industria para que reduzca su consumo energético en momentos de pico de demanda.

Meses antes del histórico apagón generalizado que dejó a la Península Ibérica sin energía el pasado 28 de abril de 2025, Transición Ecológica diseñó la puesta en marcha de un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español para asegurar el suministro eléctrico por unas centrales que puedan inyectar energía cuando quieran, recurrir a electricidad almacenada o reducir el consumo de la gran industria, todo ello bajo pago. Meses después del apagón, que según todos los informes estuvo relacionado con problemas en el control de tensión, Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico español, también pidió a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) cambios “urgentes” en cuatro procedimientos de operación del sistema eléctrico tras detectar “variaciones bruscas de tensión” y “ante el riesgo para la seguridad del suministro”. 

El mecanismo de capacidad que ha aprobado Bruselas estará abierto a proyectos que “abarcan la generación de electricidad, la respuesta de la demanda (partes que reducen su consumo en respuesta a la reducción del suministro) y el almacenamiento (sujeto a criterios de admisibilidad medioambiental)”. El presupuesto de la medida, calculado a partir de las estimaciones de la Comisi´no Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se estima en unos 900 millones de euros al año, lo que supone un total aproximado de 9.000 millones de euros durante el período de diez años, en función de los resultados de cada subasta de capacidad.

En este nuevo mercado participarán la generación, el almacenamiento y la demanda –consumidores y agregadores–, que percibirán una retribución por aportar firmeza al sistema eléctrico, bien por estar disponibles para inyectar electricidad o bien por reducir el consumo. Su coste recaerá financiará principalmente en la comercialización de electricidad, con mayor peso en las horas de mayor estrés del sistema eléctrico, con el consiguiente traspaso a la factura final.

La Comisión ha evaluado la medida española con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE y ha constatado que “es necesaria y adecuada para alcanzar el objetivo perseguido, en consonancia con el Reglamento de la UE sobre la electricidad”.

Además se trata de una medida “proporcionada, ya que su cuantía corresponde a las necesidades de financiación reales” y “se concederá a proyectos seleccionados mediante un procedimiento de licitación transparente y no discriminatorio, con salvaguardias para garantizar una competencia efectiva”.

“Los beneficiarios competirán en función del importe de la ayuda solicitada por MW de capacidad disponible durante una situación de escasez. Como consecuencia de ello, la medida tendrá efectos limitados en la competencia y el comercio entre los Estados miembros. La medida se ajusta a la mayoría de las mejores prácticas en materia de mecanismos de capacidad establecidas en el Marco de ayudas estatales del Pacto por una Industria Limpia”, concluye la institución europea.

En el informe final de ENTSO-E, los expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, sobre el apagón que sufrió España y Portugal el 28 de abril de 2025 reveló que fue provocado por “un aumento rápido y descontrolado de la tensión del sistema y la consecuente pérdida del control de tensión” y concluye que el apagón fue el resultado de múltiples factores interactuantes y una reacción en cadena. El colapso del sistema fue un fallo sistémico impulsado por una combinación de problemas técnicos, operativos y regulatorios, aunque se confirmó que las compañías eléctricas fallaron en el control de la tensión y en la capacidad de respuesta.

Tras el visto bueno de Bruselas, Transición Ecológica ha agradecido a la Comisión Europea “el intenso trabajo realizado para comprobar que la propuesta de Mercado de Capacidad para el sistema eléctrico es acorde con la normativa europea en materia de ayudas de Estado y del mercado interior de la electricidad”.

El departamento de Sara Aagesen subraya que “con el nuevo mercado se conseguirán dos objetivos: asegurar la cobertura de la demanda y ofrecer señales de inversión para que el almacenamiento y la gestión de la demanda se incorporen definitivamente al sistema y se avance ordenadamente hacia una economía neutra en emisiones de carbono”. El ministerio ha avanzado en la tramitación de la propuesta normativa en paralelo a las conversaciones con la Comisión Europea y espera aprobarla durante las próximas semanas.

La patronal eléctrica aelēc ha valorado “muy positivamente” la aprobación del mecanismo por parte de la Comisión Europea, y confía en que se puedan lanzar “cuanto antes las subastas” de capacidad, “tanto a largo plazo” como las de corto. Este visto bueno “supone un paso decisivo para garantizar la seguridad de suministro eléctrico y avanzar en la descarbonización del sistema energético”. “Ahora es prioritario avanzar con la máxima agilidad en la aprobación y desarrollo normativo del mecanismo en España”.

Según la asociación a la que pertenecen Iberdrola y Endesa, “el mecanismo de capacidad constituye una herramienta imprescindible para garantizar que el sistema eléctrico disponga de los recursos firmes, flexibles y gestionables necesarios para acompañar el despliegue masivo de energías renovables y asegurar el suministro en todo momento”.

Y es “especialmente positivo que España cuente ya con luz verde europea para implantar un esquema de pagos por capacidad alineado con el marco comunitario y con los objetivos de transición energética”. “Ahora es prioritario avanzar con la máxima agilidad en la aprobación y desarrollo normativo del mecanismo en España, de forma que pueda entrar en funcionamiento cuanto antes y aportar señales de inversión claras y estables que aseguren el suministro”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado el nuevo sistema autonómico de comunicación para emergencias, que se ha denominado NEXO-CM, una red propia y autónoma diseñada - una especie de teléfono rojo- para “garantizar la conectividad y la comunicación” entre todos los centros de mando provinciales y el 112, que se constituyen ante una emergencia extraordinaria.

En la presentación, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que este nuevo servicio, que ya se encuentra en funcionamiento, ha surgido de “las lecciones aprendidas” a consecuencia de “hechos inéditos” registrados en el ámbito de las emergencias, especialmente el apagón nacional del 28 de abril de 2025, cuando el fallo del suministro eléctrico provocó graves interrupciones en las telecomunicaciones comerciales.

En este sentido, Ruiz Molina ha señalado que esa situación evidenció la necesidad de contar con “un respaldo propio, como es el de la red IP de Telecom Castilla-La Mancha, autónomo y alternativo” a las redes de comunicación comercial, que garantice la continuidad de la coordinación en cualquier circunstancia, ha informado la Junta en nota de prensa.

Intercambio seguro de voz, datos y vídeos

En este contexto, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha explicado que esta nueva red, que ha contado con una inversión de unos 300.000 euros, conecta de forma segura a los cinco Centros de Coordinación Operativa provinciales y la sala CECOP/CECOPI del 112, una vez activado el correspondiente plan autonómico de Protección Civil, desde donde se centraliza la dirección y coordinación de la emergencia, reforzando así la toma de decisiones en situaciones críticas.

El sistema incorpora conexión satelital para la “transmisión de voz, datos y video”; red Wifi de emergencia, y está compuesto, por unidades portátiles, esto es, maletines de categoría militar que pueden transportarse en vehículos todoterreno y que permiten su despliegue en cualquier ubicación, en un tiempo estimado de entre cinco y ocho minutos.

Asimismo, el consejero ha destacado que “gracias a esa fácil portabilidad”, la capacidad de despliegue sobre el terrero es una de las principales innovaciones de NEXO-CM.

Aunque el sistema está concebido para coordinar los centros operativos, también se pueden establecer puestos de mando en zonas afectadas donde las comunicaciones convencionales hayan quedado inutilizadas. Así, aunque no haya cobertura, y fallen los sistemas habituales, la comunicación seguirá funcionando y, por tanto, quedará garantizada la coordinación de medios humanos y materiales.

La red también garantiza el suministro eléctrico mediante sistemas autónomos, como baterías o grupos electrógenos, y cuenta con una supervisión y control permanente las 24 horas, los siete días de la semana.

Una futura Escuela de Protección Ciudadana

Con la puesta en marcha de esta nueva Red de Comunicación Satelital, el consejero ha subrayado que se cumple el compromiso adquirido por el presidente García-Page, durante el último Debate sobre el Estado de la Región, de garantizar la coordinación entre todos los grupos intervinientes en materia de protección ciudadana, en cualquier circunstancia.

Una actuación que se enmarca en el “proceso de modernización y fortalecimiento” del sistema regional de emergencias, que va a permitir seguir “mejorando la operatividad del Servicio 1-1-2”, que en breve va a contar con unas “magníficas instalaciones, más amplias, modernas, funcionales y energéticamente sostenibles”. A la que se va a sumar la futura Escuela de Protección Ciudadana, cuya primera piedra se ha estimado colocar a finales de este año.

En la presentación, el consejero ha estado acompañado por el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles; el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig; la delegada de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo, María Castaño y el responsable de Telecom Castilla-La Mancha, Wenceslao Sánchez.

La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor, ha cifrado este miércoles en 711 millones de euros el coste de la denominada operación reforzada que Red Eléctrica de España (REE) aplica desde el apagón del pasado 28 de abril, con más uso del gas, y ha pedido la “nulidad” del expediente sancionador incoado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Durante su intervención en la junta de accionistas de Redeia, Corredor ha defendido las alegaciones “y pruebas rotundas” que ha expuesto la compañía ante ese expediente y ha reprochado a la CNMC su “conflicto de interés” en este asunto, como responsable de aprobar una normativa sobre control de tensión que se retrasó durante cinco años y no se aprobó hasta después del apagón.

El expediente de Competencia, según Corredor, tiene “defectos de forma y de fondo” y adolece de una “indeterminación de los hechos imputados” que ha calificado de “incompresible”, lo que provocaría “la nulidad” del procedimiento.

Corredor ha subrayado que “el sistema eléctrico es más que Red Eléctrica” y requiere “que todos los agentes cumplan” para ser “más seguro”. Según la exministra socialista, “el tiempo nos ha dado la razón” sobre las razones de un apagón que fue “inédito, imprevisible y multifactorial”, según “todos los expertos”, y “especialmente” el informe “encargado por la comisión europea” que se presentó en marzo tras diez meses de investigación, que demuestra que REE “no falló” y avala “punto por punto” el primer análisis del histórico cero energético que publicó el operador del sistema español en junio de 2025.

Corredor, que ha dicho que esperaba “otro tipo de señales regulatorias” de la CNMC respecto a la retribución de la actividad de transporte de electricidad, ha insistido en que “los mismos que incumplieron” sus obligaciones en el control de tensión, las generadoras de electricidad, son ahora “los que perciben” los ingresos extra de la denominada operación reforzada, para la que no ha puesto fecha de retirada y cuyo coste ha cifrado en 711 millones hasta el 30 de abril (frente a los 666 millones que alcanzó hasta marzo), el 2% de los costes totales del sistema, con un impacto de unos cuatro céntimos al día para un consumidor acogido a la tarifa regulada (PVPC).

La exministra de Vivienda ha destacado el valor de las energías renovables para proteger a España de la disrupción provocada por crisis energética derivada de la guerra en Irán. Ha subrayado que España es el segundo país europeo en potencia y generación eólica y solar, solo por detrás de Alemania, con 150 GW instalados, incluyendo el autoconsumo, y las renovables sumando ya el 70% del parque de generación.

Corredor, que ha recordado que fue renovada en la junta del año pasado y ha dicho que se siente “plenamente legitimada” para seguir presidiendo la compañía, ha calificado de “descripción interesada” el retrato de una red de alta tensión colapsada por la avalancha de proyectos, pero ha reconocido que existe “acaparamiento” de proyectos.

En la junta de este miércoles se ha aprobado entre otros asuntos el nombramiento como consejero de Redeia del anterior presidente de Enresa, José Luis Navarro Ribera, en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), primer accionista del grupo (20%). Ha sido una asamblea más tranquila que la de 2025, en la que ha vuelto a intervenir un concejal del PP en Asturias para cargar contra la gestión de Corredor.

La presidenta de Redeia ha justificado la celebración de la asamblea de forma exclusivamente telemática (como la del año pasado, semanas después del apagón) en que “favorece una asignación mas eficiente de los recursos” y permite otorgar “igualdad de trato” a los accionistas, independientemente de donde se encuentren.

“No somos la única compañía cotizada que lo ha hecho” y “la ley y los estatutos lo permiten”.

No es que no fuera esperable dada la polarizante realidad de esta época, pero ver cómo el apagón, un evento meramente técnico, se ha convertido en un artefacto de la batalla cultural y política no deja de apenarme profundamente y nos muestra lo tóxico que se ha convertido nuestro debate social.

Dejen que les cuente la última muestra de esto. Hace unos días aparecí en el programa de TVE 'Se nos ha ido de las manos', para el que fui entrevistado hace un tiempo. El programa trata el apagón desde un punto de vista desenfadado y se focaliza mucho en los bulos y la desinformación que siguió al evento, dado el perfil de su presentador, Carles Tamayo. Esto, por supuesto, ha soliviantado a algunos propagandistas disfrazados de divulgadores que se han visto indirectamente interpelados por sus bulos posteriores al apagón y, como reacción, han soltado alguna embestida en redes sociales contra el programa. Ver tus acciones comparadas con los bulos sobre el parking de Bonaire después de la dana de Valencia obviamente no es del agrado de nadie. 

El otro día un amigo me mandó un tuit de la cuenta de TVE en X donde se compartía un trocito del programa en el que aparecí. Hace año y medio que no participo en aquella siniestra plataforma, pero entré para ver qué era y, por curiosidad, me puse a leer los comentarios. Cuando te desinfectas de X y ya solo entras puntualmente, la sensación que te provoca es como si estuvieses viendo una película de zombis de serie B: Todo se ve falso, excesivo y con un punto ridículo. El cuñadismo premium, la violencia gratuita o ver cómo los pocos que no tienen una cuenta anónima hunden su imagen participando en la turba violenta, no deja de ser antropológicamente curioso. Sin embargo, X sigue siendo relevante en el debate público, de ahí el enorme esfuerzo y dinero invertido para dominar lo que se ve en ella. Negarlo sería autoengañarse.

Volviendo al tuit, los comentarios eran tremendos. Una turba atacaba al programa por ser “propaganda sanchista”, por estar mintiendo y atacaban a los que participamos por, según ellos, “blanquear” al gobierno, a REE y ¡¡a la CNMC!! El 95% de los comentarios era pura bilis, pero me fijé más el 5% restante, aquellos que pretendían rebatir lo que defendíamos los participantes, todos profesionales del sector de la energía, que era que a las renovables se las había responsabilizado injustamente del apagón y que no fueron las responsables. Con estrategias propias del ilusionismo y la prestidigitación, pretendían defender que, aunque las renovables no tenían permitido controlar tensión por la regulación vigente entonces, eran de alguna manera las causantes. Algunos de estos comentarios debían de estar hechos con IA: “Hazme una argumentación que parezca convincente para acusar a las renovables de ser las responsables del apagón a pesar de no haber podido controlar tensión”.

Ustedes imagínense que mañana hay un gran incendio que se descontrola y arrasa decenas de miles de hectáreas. Y que después de la extinción, el Gobierno hace una ley que permite que las policías locales de España puedan ser movilizadas contra los incendios. Pues bien, para estas personas la culpa del incendio y su descontrol la tendrían las policías locales. No las administraciones, ni la falta de medios, ni los incendios de nueva generación, el cambio climático o las condiciones adversas. No, la culpa sería de las policías locales que no podían ir a ayudar. Este era el mejor argumento de los comentarios. Imagínense el resto. 

No perdería ni un céntimo si apostase a que ninguno de los comentaristas en X se habrá leído las 470 páginas del informe de ENTSO-E, ni quizá tan solo una parte de ellas. La inmensísima mayoría de ellos no tenía siquiera el criterio técnico más básico sobre un sistema eléctrico, pero esto no se trata de hechos, se trata de fabricar un relato. Por haber, había hasta una nota de la comunidad “validada” que negaba lo que decíamos los tres especialistas que estábamos allí y que, por supuesto, era equivocada y estaba mal referenciada. Lo de las notas de la comunidad es un invento fantástico para engañar a la gente simulando un fast check que, en el fondo, no es más que la autovalidación de los propios prejuicios de los comentaristas. Es el doble bulo: el del comentario y el de la supuesta validación.

Esta anécdota, de la que fui consciente de casualidad, es un ejemplo del intento de fabricación de una verdad alternativa sobre el apagón. Esto no ha salido de los usuarios anónimos de esa red social, sino que es producto de toda la desinformación, bulos y medias verdades interesadas que se llevan diciendo desde el mismo día del apagón, cuando aun no se sabía nada, pero recordemos, ya había gente diciendo que sabían lo que había pasado. Esa gente mentía entonces y sigue mintiendo ahora al defender su propio relato, de ahí su desairada reacción hacia el programa.

Lo que pasó el día del apagón se conoce casi al milímetro, está en los diferentes informes que se han ido conociendo. No fueron las renovables, no fue la falta de inercia, no fue que hubiese pocas nucleares ni que hubiese demasiadas renovables ese día. Eso es falso y ha sido demostrado reiteradamente por todos los informes. Quien diga lo contrario está mintiendo y quien haga trilerismo con los hechos está intentando manipular. El apagón fue un evento en cadena, por tanto, multifactorial, con 17 factores que contribuyeron a la cascada de incremento de tensión y a que no se pudiese controlar. Hay cuestiones de regulación desactualizada, eventos inesperados, centrales que no cumplieron con sus obligaciones y desconexiones inadecuadas. Lo que no hay por ningún rincón de ningún informe es un exceso de renovables.

Durante este año hemos visto como, con el apagón, se ha utilizado el manual sobre cómo difundir desinformación: Medias verdades, uso de mitología previa, falsos expertos en los medios, uso del miedo para coaccionar a la sociedad y paralizar los cambios, informes pagados, bombardeo con información anecdótica para generar un estado de ánimo, expertos “sugeridos” por interesados en los medios, filtraciones maliciosas, y, sobre todo, la gran estrategia para ganar una batalla por el relato: Ser el primero en presentarlo, aunque no tengas evidencia alguna. 

Aun así, dos tercios de la población no se ha creído que las renovables sean las causantes, según una encuesta reciente. A veces los buenos también ganan. A pesar de X.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) redujo a mínimos el importe de las sanciones que impuso en el ejercicio 2025, el que previsiblemente será el último año completo en el cargo de la actual presidenta, Cani Fernández, que acaba su mandato de seis años al frente del organismo el 16 de junio.

Los datos de la memoria anual que acaba de publicar la CNMC reflejan que el importe de las sanciones impuestas en 2025 por el denominado 'súperregulador' fue de poco más de 18 millones de euros. Esta cifra supone un drástico descenso del 96% respecto a los 444,7 millones de 2024, el año de la histórica sanción de 413,2 millones que Competencia impuso al portal de viajes online Booking por abuso de posición de dominio en España entre 2019 y 2024.

Si se exceptúan los apenas 6,6 millones en multas de 2020, que fue un año excepcional por la pandemia y porque buena parte del pleno del organismo (incluida la presidencia) estuvo en funciones, esos 18 millones de 2025 en sanciones (de todas áreas: Competencia, Energía, Telecomunicaciones...) son un mínimo anual desde que a finales de 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha la CNMC al fusionar los antiguos reguladores de la Competencia, Energía, Telecomunicaciones, Transporte o sector postal.

Un modelo polémico y poco habitual en el mundo que el Gobierno trató de revertir en parte con un proyecto de ley aprobado en 2024 para intentar recuperar la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y crear un regulador especializado en esta materia. La norma está empantanada en el Congreso por falta de apoyos.

En estos seis años de mandato de Cani Fernández, se han sucedido la pandemia global, una crisis energética sin precedentes derivada de la invasión rusa de Ucrania en 2022, la irrupción de la inteligencia artificial, el histórico apagón del 28 de abril de 2025 y ahora, otra guerra en Irán, que amenaza con derivar en la peor crisis energética en décadas.

Fuentes del organismo niegan que el dato de reducción de las sanciones de 2025 indique una disminución de la actividad de la CNMC. Recuerdan que hasta 2021 (y en una tendencia que no afecta solo a España) se sucedieron expedientes únicos a cárteles en los que se sancionaba a muchas empresas (caso del famoso cártel del AVE y el de comunicaciones y señalización ferroviaria), mientras que en los últimos años se ha pasado a abusos de posición de dominio cometidos por una sola empresa. Y en esos expedientes las sanciones pueden ser menores en función de la cifra de negocios de la infractora (la referencia que se toma para poner las multas). 

Las mismas fuentes insisten en que no hay ninguna explicación concreta para ese descenso de las multas, que varían en función de las empresas expedientadas en los procedimientos. Estos, recuerdan, tienen su origen en investigaciones que pueden prolongarse años desde que los incoa la dirección correspondiente hasta que llegan al pleno para su resolución.

Según esas fuentes, es “más relevante” analizar cuántos expedientes incoa cada dirección en cada ejercicio. En la de Competencia, que históricamente ha concentrado el grueso de las multas, en 2025 se incoaron 6 expedientes sancionadores, uno más que un año antes. También se llevaron a cabo seis inspecciones, una más que en 2024.

En 2025, el importe de las sanciones del área de Competencia de la CNMC fue de solo 10,1 millones. Esta cifra, la más baja desde 2020, se va a superar con toda seguridad este año, después de que en enero pasado el organismo impusiera una sanción de 20,5 millones a varias empresas del Grupo Repsol y les prohibiera participar en contratos públicos. 

De esos 10,1 millones de multas por prácticas colusorias en 2025, la mitad correspondió al expediente a Unión Fenosa Distribución, de Naturgy, por restringir la competencia en el mercado de contadores. En este ámbito, el organismo sancionó en 2025 con 2,9 millones a varias agencias de viajes que manipularon contratos convocados por el Banco de España y la Universidad Complutense de Madrid; a una empresa de peluquería profesional y a la empresa renovable Eólica de Alfoz, a la que fijó por primera vez la prohibición de contratar, sin esperar a la intervención de otras Administraciones.

En la pata de Energía, las multas ascendieron en 2025 a 4,85 millones con 17 expedientes sancionadores resueltos, la cifra más baja desde 2020 y muy por debajo de los 17,4 millones de 2024, cuando se resolvieron 28 expedientes.

Este área es la que deberá resolver en los próximos meses la batería de expedientes sancionadores incoados en las últimas semanas en el marco de la investigación del apagón y que ha anunciado recientemente la CNMC. Por ahora son 56 expedientes, aunque previsiblemente habrá más. Las sanciones que pueden imponerse con los que se han comunicado hasta ahora ascenderían como máximo a 474 millones, aunque es prácticamente imposible que la CNMC aplique el tipo máximo en cada caso.

Confirmadas el 71% de las decisiones

Hace unos días, en la que previsiblemente habrá sido su última comparecencia en el Congreso para presentar el último informe anual del organismo, la presidenta de la CNMC desmontó con datos la “percepción” de que tras imponerse, las resoluciones de Competencia “se pierden más que se ganan” en los tribunales de justicia.

Como prueba, blandió un informe del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid que ha revisado cien resoluciones y actos administrativos de la CNMC objeto de revisión jurisdiccional en los últimos tres años. “El 71% fueron confirmadas expresamente; un resultado cuantitativo excepcional si se compara con el de autoridades análogas a la CNMC”, dijo Fernández.

La todavía presidenta de la comisión, que deseó a los diputados “mucho tino en la elección de mi sucesor y otros consejeros de la CNMC”, expuso en el Congreso que “queda pendiente introducir en nuestra Ley de Defensa de la Competencia la terminación transaccional como forma de finalización de expedientes sancionadores ―en concreto, de cárteles―, que permitiría una mayor eficiencia y eficacia de nuestra capacidad de sanción”. 

También pidió al Congreso “una reflexión sobre el equilibrio entre las crecientes responsabilidades y los medios de los que dispone la Comisión”. Con una plantilla de medio millar de personas para vigilar el funcionamiento de sectores clave de la economía, el papel del organismo en el apagón ha sido cuestionado por no aprobar un procedimiento de control de tensión que demoró durante años y que, según muchos expertos, habría evitado ese histórico cero nacional.

Un “vacío legal” que Fernández ha negado y sobre el que han coincidido dos bandos opuestos en la batalla post apagón, en la que hay en juego multas e indemnizaciones multimillonarias: tanto la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, como Endesa e Iberdrola. La todavía presidenta de la CNMC también insistió en su última comparecencia en la necesidad de habilitar legalmente al organismo para que pueda desarrollar la efectiva aplicación en España de la Ley de Servicios Digitales de la UE.

Esta semana se ha cumplido un año del gran apagón que dejó a España y a Portugal sin luz, sin conexión a Internet y provocó una alteración total de la normalidad en la vida de los ciudadanos de toda la Península Ibérica. Nosotros queremos recordarlo juntando los dos episodios que preparamos en su momento, tanto el que hicimos ese mismo día como otro, con más calma y reflexión. 

En el primero, el equipo de Un tema Al día, junto a la redacción de elDiario.es, se lanzó a la calle para buscar los sonidos de un apagón que ya forma parte de la historia de nuestro país.  

En el segundo, nos paramos a pensar qué nos pasó… Y hablamos con compañeros de elDiario.es y con otras personas sobre nuestra vulnerabilidad. Conocimos muchas historias, ninguna grave, ninguna acabó mal, pero que cuentan muchas emociones. Son Begoña, Sergio, Andrea, María y Margarita. 

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El Gobierno de Castilla-La Mancha adquirirá la próxima semana un modelo de “garantía de comunicaciones” para mantener comunicados los grandes centros ante casos como el del apagón.

Así lo ha explicado este viernes el presidente de la región, Emiliano García-Page, durante la inauguración del Centro de Talento y Tecnología de Telefónica en Toledo, donde ha asemejado este sistema al antiguo concepto del “teléfono rojo”.

García-Page ha explicado que la región ya contaba con uno de estos “modelos de reaseguro” pero ha reconocido que tuvo “elementales carencias”.

“Tener que suspender operaciones o dejar de hacer transfusiones de sangre es de altísimo riesgo. Mejor aprender de los defectos”, ha abundado.

El apagón peninsular de hace un año se incorporó desde el primer minuto a la lista de fechas “dónde estabas”, un selecto club de momentos históricos en los que todos, absolutamente, todos, recordamos dónde estábamos, haciendo qué y con quién: el 11-S, el 11-M, el inicio del confinamiento, el gol de Iniesta, la muerte de Franco, de Kurt Cobain o de Lady Di -que el tema necrológico va por gustos-… Momentos todos de los que muchos años después, si nos preguntan “dónde estabas” cuando sucedieron, podemos responder sin titubeos, y no solo eso: con un recuerdo muy vivo, que revive con fuerza en cada aniversario.

Lo mismo con el apagón que ahora cumple un año: todos recordamos con precisión dónde estábamos aquel 28 de abril a las 12h32m, haciendo qué, con quién, y lo que hicimos a continuación. Yo estaba aparcando el coche en mi calle, y lo noté en que se me fue la música, y en seguida vi los comercios de mi barrio a oscuras y la gente asomándose a los balcones y saliendo a las puertas para ver si era en su bloque, su calle, su barrio, su ciudad o el país entero al final.

No había pasado ni media hora de apagón, cuando toda la prensa -aunque pocos pudiesen leerla, lo sabríamos después- ya lo bautizó con algo de grandilocuencia como “el gran apagón”, y así quedó para la historia. No sé tú, pero en mi recuerdo el “gran apagón” fue solo grande por su extensión y su complicación técnica, no por su duración ni sus consecuencias: unas horas sin luz -a la noche ya había vuelto en casi todo el país, y en zonas del norte duró minutos-, que la mayoría nos tomamos con mucha calma, con paciencia, sin matarnos por una linterna como suele pasar en el cine catastrofista de Hollywood, con buena organización y autocuidado -vecinos dirigiendo el tráfico sin semáforos-.

También con mucho humor -los memes circulaban hasta sin luz-, con ganas de socializar -los bares agotaron los botellines, que se iban a calentar-, y hasta con fantasías anticapitalistas (quién no deseó que el apagón durase un poco más, y con él se parase la rueda de hámster en que vivimos), o echando un ratito bueno en la cama para aumentar los nacimientos de tu pueblo nueve meses después.

No quito gravedad a que todo un país se vaya a negro, y sé que hay servicios críticos que no habrían aguantado muchas más horas, además del miedo que algunos pudieron sentir y la incertidumbre de no poder localizar a tus seres queridos. Pero no creo exagerar si digo que muchos recordamos el gran apagón, más con una sonrisa que con estrés postraumático, y en nuestra memoria es más bien “el pequeño gran apagón”. La prueba es que, un año después, la mayoría seguimos sin tener en casa linternas, radios con pilas, agua ni alimentos para sobrevivir varios días, que también nos quisieron vender entonces el kit del fin del mundo.

Un año después, políticos y medios subrayan la gravedad del episodio, la falta de explicaciones y de responsables, las dudas de si podría volver a suceder, el coste económico, y hasta el apagón democrático del que el apagón eléctrico fue otra prueba (Feijóo, por supuesto). Y de verdad que no me lo tomo a guasa, pero no conozco muchos acontecimientos históricos del tipo “dónde estabas” en el que la distancia entre el relato oficial y el de la calle sean tan grandes. A años luz, ya que estamos eléctricos.

El todavía consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha descartado este martes que la cascada de expedientes informativos abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en las últimas semanas vaya a contribuir a “esclarecer las causas ni a determinar las responsabilidades” de lo ocurrido el día del apagón eléctrico, ya que analizan incidencias en el funcionamiento de las centrales de generación registradas en otras jornadas.

En el aniversario del histórico apagón del 28 de abril de 2025, y en su discurso ante la Junta General de accionista de la compañía, su última como primer ejecutivo de la eléctrica, Bogas indicó que estos procedimientos analizan y sancionarán incidencias en los dos años anteriores al día del histórico cero eléctrico, del que este mismo día se cumple un año, aunque no “evalúan la operativa” de esas instalaciones en la jornada de autos.

“Se trata, por tanto, de un ejercicio que puede resultar necesario desde el punto de vista regulatorio, pero que no contribuye a esclarecer las causas ni a determinar las responsabilidades de lo ocurrido ese día”, dijo.

De hecho, confirmó que, a pesar del rosario de expedientes que el regulador ha abierto a Endesa, junto a otras eléctricas o el propio operador del sistema, todas las centrales de generación de la eléctrica “operaron correctamente según lo previsto”.

Así, insistió en señalar al operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE) como el único culpable del 'blackout'. “Se trató de un incidente cuya causa debe situarse en las deficiencias estructurales y de planificación, previsión y reacción del operador del sistema ante las elevadas oscilaciones de tensión del sistema eléctrico”, consideró.

A este respecto, estimó que, en esa situación de elevadas oscilaciones de tensiones, confluyeron diversos factores técnicos interrelacionados, “entre ellos, una programación insuficiente de generación síncrona para garantizar la estabilidad del sistema en determinadas zonas, especialmente en el suroeste peninsular, donde la potencia síncrona acoplada resultó claramente insuficiente para absorber y estabilizar las oscilaciones de tensión se estaban produciendo”.

“La generación renovable, que ese día era la más abundante del 'mix', no podía participar activamente en el control de la tensión porque el marco operativo vigente, responsabilidad de la CNMC y 'denunciado' reiteradamente por REE, no contemplaba todavía su plena integración en los servicios dinámicos de gestión de la tensión. A ello se sumó la particularidad del sistema español que, por petición del operador del sistema, opera con niveles de tensión más elevados que el resto de Europa, lo que incrementó la vulnerabilidad del sistema ante cualquier anomalía”, destacó.

Además, subrayó que esa misma mañana del apagón los equipos de Endesa ya trasladaron a Red Eléctrica esas variaciones de tensión de “gran amplitud”, superándose en múltiples ocasiones el umbral de 420 kV, que es el considerado normal en el resto de Europa.

No obstante, Bogas trasladó un “mensaje de tranquilidad” y consideró que “no es probable que un episodio” como el apagón “vuelva a repetirse”, ya que, desde entonces, el sistema opera con “una mayor presencia de tecnologías síncronas, lo que refuerza la estabilidad y la seguridad del suministro”.

Aún así, aseguró que el control de la tensión “seguirá siendo un reto” en un sistema con una creciente penetración de las renovables, para lo que señaló que es “imprescindible” que todas las tecnologías puedan contribuir activamente a la estabilidad del sistema, incluidas las tecnologías verdes.

Igualmente, pidió avanzar, para evitar episodios como el de hace un año, con “reglas claras, coordinación institucional y diálogo permanente entre regulador, operador del sistema, administraciones y empresas”. “Desde Endesa, siempre hemos defendido que la colaboración es la mejor herramienta para garantizar un sistema eléctrico seguro, robusto y preparado para el futuro”, añadió al respecto.

Despedida “orgulloso”

En su última junta como primer ejecutivo de Endesa, Bogas se ha mostrado “orgulloso de trabajar y liderar una de las principales eléctricas del país”. El directivo, que deja las labores ejecutivas de una compañía que ha pilotado durante más de una década -con tres mandatos- en un contexto marcado por la transición energética, el impulso de las renovables y la electrificación de la economía, reconoció que a lo largo de una carrera de 44 años “dedicados” a Endesa, “los cambios más profundos” los ha vivido en estos últimos 12 años.

Bogas, que seguirá como consejero de la compañía, reconoció que desde el primer momento al frente del grupo su empeño pasó por “hacer evolucionar a Endesa desde dentro para dejar atrás el carbón y consolidarse como una empresa líder en España y Portugal”.

“No ha sido un camino fácil, pero los resultados son evidentes”, dijo, añadiendo que, en la actualidad, la eléctrica es “una de las empresas líderes de la transición energética y avanza con determinación hacia un futuro cero emisiones sostenido por el desarrollo de la energía renovable”.

Bogas ha expresado su agradecimiento “a todos los trabajadores de Endesa, así como a ”las personas que en años pasados fueron “referentes clave” en su carrera -Rodolfo Martín Villa, Manuel Pizarro, Rafael Miranda-, o al actual presidente del grupo, Juan Sánchez-Calero, y al consejero delegado de Enel, Flavio Cattaneo. Deseó “el mayor de los éxitos al nuevo consejero delegado” de la eléctrica, que deberá ser nombrado en un consejo de administración posterior a la junta y cargo para el que suena como favorito Gianni Vittorio Armani, director de Enel Grids e Innovation y que es consejero de Endesa desde 2023.

“Estoy convencido de que sabrá guiar a la compañía hacia nuevas metas y alcanzará cotas aún más altas”, aseguró, añadiendo que continuará “apoyando” a la compañía, a la que considera su “casa”, como miembro del órgano rector.

Eran las 12.30 pasadas (11.30 hora local) cuando, de repente, la Península se quedó sin suministro eléctrico. En un principio fueron unos segundos de incertidumbre, pero más tarde se pasó de una simple anécdota a un colapso cada vez mayor a medida que pasaban las horas de aquel 28 de abril de 2025. En solo cinco segundos, 15 .000  MW, casi el 60 % de la generación peninsular, quedaron desconectados. Sin embargo, Canarias, junto a Baleares, Ceuta y Melilla, se salvaron de aquella pausa [larga] energética que parecía no tener fin. No obstante, el apagón masivo sí afectó en cierta manera al archipiélago canario, aunque no precisamente en su abastecimiento de luz, sino en la conectividad en las redes de telefonía móvil e internet. 

A la pregunta de por qué Canarias se libró de quedarse sin electricidad aquel día, la respuesta es sencilla. En este contexto, según la información facilitada en la página web de Red Eléctrica, “los sistemas eléctricos no peninsulares son de menor tamaño y con reducida o ninguna conectividad con el peninsular”. Se refiere a los que dan servicio a los archipiélagos balear y canario, así como a las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla.

Es precisamente esta última circunstancia la que explicaría por qué estas regiones no experimentaron los problemas de suministro de aquel día, algo ya histórico.

En concreto, en Canarias, la empresa responsable indica que hay seis sistemas de menor tamaño que conforman el sistema eléctrico regional, compuesto por un sistema en cada isla y la unión eléctrica de las islas de Lanzarote y de Fuerteventura.

Además, el Archipiélago cuenta con un centro de control situado en Las Palmas de Gran Canaria, desde donde se opera cada uno de los sistemas del territorio.

Estos sistemas comparten algunos rasgos singulares que condicionan su operación. Entre las particularidades que hacen diferente su gestión están su pequeño tamaño y su situación geográfica aislada; una demanda más focalizada y con altas variaciones en poco tiempo; menor estabilidad por la dificultad para conectar sistemas entre sí y, por tanto, menos opciones de respuesta en caso de necesidad; y una mayor dificultad de gestión de las tecnologías de generación renovable.

Sin embargo, ese cero energético tuvo un daño colateral en las Islas. Desde el mediodía de ese lunes, hubo una caída en sus sistemas de telecomunicaciones. En un principio, fue el servicio 012 de la comunidad autónoma el que sufrió una interrupción, que fue restablecida a las 15.30 horas, y atribuida por el propio Gobierno canario al apagón eléctrico, pero no fue hasta pasadas las 20.30 horas (21.30 horas en la Península) cuando comenzaron a notarse de manera más generalizada los problemas de conexión, que afectaron a tres conocidas compañías, tanto internet móvil como fijo y llamadas, y que incluso al día siguiente seguían sin solucionarse.

Dados estos problemas de conectividad, el Gobierno regional activó a las 22.30 horas el nivel de emergencia del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) ante la caída masiva de todos los servicios de comunicaciones esenciales en el Archipiélago.

Además, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activó esa tarde el Plan de Emergencias Municipales (PEMULPA) por “anomalías” en el suministro de servicios esenciales tras el apagón.

En este sentido, la caída masiva de los servicios de telefonía provocó que la ciudadanía no pudiera contactar con normalidad con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 durante tres horas, pudiendo revertir la situación en torno a las 23.30 horas cuando se restablecieron los sistemas con las salas operativas.

Al día siguiente, los problemas con el sistema de telecomunicaciones continuaban sin resolverse en su totalidad. Durante la tarde, usuarios de diferentes operadoras fueron reportando incidencias en los servicios de fibra y móvil en Canarias.

Además, no solo hubo problemas en estos servicios, también los comercios comenzaron a tener problemas con los datáfonos siendo complicado el pago con tarjeta.

Una casualidad llamativa

Cabe destacar que el día en que la Península Ibérica quedó a oscuras, el Gobierno regional publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) seis de los ocho proyectos de generación eléctrica para activar en el Archipiélago “únicamente en situaciones críticas para garantizar el suministro”.

Sin embargo, Red Eléctrica, consideró “urgente” instalar al menos 1.300 megavatios (MW) de potencia térmica en las Islas de aquí a 2028 dada la antigüedad de muchas centrales, superada ya su vida útil regulatoria o a punto de hacerlo, según un informe al que accedió este periódico.

En ese análisis, el operador del sistema eléctrico español califica la situación del sistema eléctrico canario de “crítica” para cubrir la demanda por la fragilidad de su red, sobre todo en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura (estas últimas son las únicas islas interconectadas), donde el Gobierno canario tiene proyectadas ocho nuevas centrales térmicas que suman 120 MW.

El operador no asignó cualquier tipo de potencia térmica, eso sí. Su recomendación era de equipos que “doten de una mayor flexibilidad” al sistema, de máximo 30 MW en Gran Canaria y Tenerife y 15 MW en Fuerteventura, y que presenten tiempos de arranque y parada lo más rápidos posibles, con mínimos técnicos cercanos a 0 MW, capacidad de inicio autónomo y rampas de carga también rápidas, entonces así, en opinión del operador, se estaría cubriendo la demanda y proveyendo de inercia suficiente a la red.

Sería esa reserva para mantener la estabilidad del servicio cuando ocurre una incidencia severa, como la del apagón de hace un año en parte del país, y que de momento solo aportan de forma masiva las tecnologías conocidas como síncronas: grandes centrales hidroeléctricas, térmicas o nucleares que giran a una velocidad constante y sincronizada con la red.

Recientemente, el Ministerio de Transición Ecológica adjudicó más de 1.000 megavatios de generación eléctrica en Canarias, distribuidos en 62 proyectos, de los cuales 25 son instalaciones nuevas.

Beatriz Corredor (Madrid, 1968), presidenta no ejecutiva de Red Eléctrica de España (REE) y su matriz, Redeia, recibe a elDiario.es en la sede de la compañía responsable de la operación del sistema eléctrico en el primer aniversario del histórico apagón del 28 de abril de 2025. Un año “larguísimo” en el que, afirma, sucesivos informes oficiales han “acreditado” que REE “no falló” y cumplió sus obligaciones mientras han quedado patentes los “incumplimientos” de las compañías eléctricas, cuyas sucesivas “hipótesis” para “tapar la realidad” han ido cayendo.

La exministra socialista de Vivienda apunta que “la primera ficha del dominó” que propició ese evento “inédito, imprevisible y multifactorial” fue “un comportamiento anormal” de una planta que provocó una “extraña” oscilación “muy grave” e inició la “reacción en cadena”. Corredor, que no niega que se trata de una fotovoltaica de Iberdrola, critica la propuesta de esa empresa (a la que no cita) de arrebatar el monopolio del transporte a REE, invita a las eléctricas “a que hagan público los datos que han ocultado” sobre el apagón. También cuestiona su nivel de inversión en redes de distribución.

En la entrevista, realizada el viernes y editada por su extensión, se despacha contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por su lentitud en la aprobación de un procedimiento de control de tensión que REE le pidió actualizar en 2020. Tiene claro que “había un vacío legal” y cuestiona “las prisas” del organismo por anunciar un expediente sancionador a la compañía. “Lo que no te mata, te hace más fuerte”, dice, citando a Nietzsche.

Un año del peor apagón de la historia reciente en Europa. ¿Qué lecciones extraer? 

Que el sistema debe reforzarse con regulación que exija a todos los participantes que cumplan sus obligaciones. La tecnología y el sistema han cambiado muchísimo en muy poco tiempo y la regulación debe ir a la par. El informe europeo recoge recomendaciones muy en línea de lo que plantearon el operador y el regulador: fortalecer la capacidad del operador del sistema, otorgarle más funciones, confiar en su capacidad. Europa me traslada que lo ocurrido fue inédito, imprevisible y multifactorial. Un apagón basado en un problema de control de tensión permite tomar medidas en toda Europa, más ahora, con la coyuntura internacional, que demuestra que hace falta electrificar y desconectarse de los combustibles fósiles. Conforme se implemente la nueva regulación que se está poniendo en marcha desde el apagón, tendremos un sistema cada vez más seguro, siempre que todos los participantes cumplan.

La CNMC les ha abierto expediente sancionador por una posible infracción muy grave.

Está en un proceso de análisis, no ha dicho que haya terminado todos los expedientes que tiene que abrir. Estamos estudiando qué plantea. REE no falló y lo demostraremos. Parece que la CNMC valora la labor del operador del sistema desde el punto de vista legal como responsable de la seguridad del suministro. Es como si alguien a quien atracan, en lugar de denunciar el robo, denuncia a la Policía por no mantener la seguridad. O quien va a 150 km/h por una carretera secundaria, tiene un accidente y denuncia a la Guardia Civil por no pararle. En un sistema tan complejo, todos tienen obligaciones, no solo nosotros. La decisión de incoar los expedientes se tomó justo una semana antes de hacerse público el informe del panel de expertos europeo, formado por casi 50 miembros, la mayoría, de reguladores internacionales, también el español. La CNMC sabía el contenido de las investigaciones. No parece que tuviera en cuenta que ese informe descarta circunstancias que la propia CNMC considera posibles indicios. En ese acuerdo la CNMC dice que puede que los indicios que sugieren la posible infracción hayan sido descartados por investigaciones técnicas posteriores. Es muy sorprendente. No entiendo las prisas por sacar estos expedientes sancionadores ahora, y sobre todo, conociendo la fecha en que se iba a hacer público el informe.

¿Mantiene que no hubo incumplimientos de REE, antes, durante ni después?

Lo mantienen todos los informes.

El del Gobierno, no.

El Gobierno planteó una alternativa de posibilidades 43 días después. Una fue una posible falta de programación que descartaron los informes técnicos del operador del sistema, que no es de parte, es obligatorio, y el último informe, en el que han estado diez meses trabajando. Dice expresamente que no hay falta de programación y que las medidas para la seguridad de suministro fueron correctas. También que se han hecho simulaciones que acreditan que si se hubiera cumplido la obligación del resto de intervinientes, concretamente las generadoras con obligación de contribuir al control dinámico de tensión, la famosa absorción de reactiva, no se hubiera producido el apagón. Y que con más grupos acoplados sí, porque no fue un problema de falta de programación. 

A lo largo de este larguísimo año, después de la reposición del sistema, lo siguiente que se hizo, y muy rápido, fue recopilar toda la información disponible y ponerla a disposición de las autoridades. Lo hicimos el 1 de mayo, muy poco después. Y dijimos que el problema que se intuía era de control de tensión. Otras empresas, otros ámbitos, plantearon hipótesis sucesivas que han ido descartando los informes técnicos: exceso de renovables, falta de inercia, falta de reservas a subir o a bajar, sobretensiones. Sucesivos informes, del Gobierno, CNMC, panel de expertos, por supuesto, el operador del sistema, de los que se ha hecho eco la Agencia Internacional de la Energía, dicen que fue una secuencia de circunstancias que llevaron al colapso del sistema, pero se inició por un hecho concreto: la primera ficha del dominó fue un comportamiento anormal de una planta de generación que provocó una oscilación, una arritmia que el sistema no tiene herramientas para amortiguar comparada con las arritmias normales, las famosas oscilaciones inter área. Esta oscilación, un fenómeno muy grave en un sistema eléctrico, duró cuatro minutos y 40 segundos. En el sistema eléctrico las medidas van en periodos de 20 milisegundos. Es una eternidad. Se tomaron medidas para amortiguarla y evitar que se hiciera más grave. Todos los informes dicen que esas medidas devolvieron el sistema a sus parámetros oficiales, pero en un escenario diferente, que se agravó. Es como si en la Fórmula 1 se pone a llover: tienes que hacer algo, no puedes seguir con neumáticos de suelo seco.

Cuando cuentas con medidas de seguridad basadas en normativa técnica, en la física y la electrotecnia, esas normas implican que todo el mundo cumple. En una oscilación extraña se desconectan plantas, se suma otra oscilación y se siguen desconectando plantas, y se producen desconexiones de generación en los rangos de tensión que tienen obligación por normativa técnica de soportar, y se comprueba que todas las obligaciones de absorción de reactiva se incumplen. Una concatenación de eventos que en ningún caso tienen que ver con la programación del día anterior. El sistema se opera en tiempo real y eso marca las decisiones del operador. Todas las decisiones se han analizado al más riguroso detalle y se han declarado conforme a los protocolos para los operadores españoles, portugués, francés. Es incontestable. Se ha puesto de manifiesto en los informes. Querer tapar la realidad a través de hipótesis variadas que se han ido cambiando sobre la marcha conforme se iban descartando con informes técnicos me produce tristeza, indignación y estupefacción. Los hechos son tozudos. Si en lugar de hechos hablamos de hipótesis, estamos en otra dimensión.

Esa planta fotovoltaica pertenece a…

No he dicho que sea fotovoltaica.

Es una planta fotovoltaica y se le dedican muchas páginas en el informe europeo. Pertenece a Iberdrola. No sabemos qué falló ahí. ¿Ustedes lo saben? 

El informe de los expertos reitera que se solicitó información a algunas empresas españolas de generación y no se les facilitó. Señala que la oscilación forzada de 0,6 Hz se inició a las 12.03. Procede de una planta fotovoltaica en la provincia de Badajoz. Lo dice el informe y lo han constatado todas las mediciones técnicas. Es indubitado y por eso la primera ficha del dominó es esa oscilación. Esa información no se ha puesto a disposición de las autoridades que han instruido los diferentes procedimientos porque no ha querido el propietario de esa planta y otras muchas. Se nos exigió a nosotros, al Gobierno y a la CNMC, que las plantas en las que se habían hecho mediciones se anonimizaran. Se negaron a que la información de cada empresa se hiciera pública. De 67 empresas, que se dice pronto, somos los únicos que autorizamos que nuestros datos sean públicos y se sepa que son nuestros. Datos contrastados por dispositivos desplegados en toda la red europea. Después de diez meses de análisis, la conclusión es que ese hecho motivó que se iniciara todo el proceso de reacción en cadena. Anteriormente están las variaciones de tensión, que las hay, igual que a una persona le toman la tensión y las pulsaciones y no las tiene igual cada minuto. Otra cosa es que esta tensión se salga de los rangos que se consideran normales, que no ocurrió hasta las desconexiones masivas ya al final del episodio. Está acreditado que se produjeron desconexiones con tensiones dentro del rango, incluso dentro del rango que las propias eléctricas entienden que debe ser lo óptimo. Se desconectaron por debajo de 420 kV, cuando en España el límite es 435 kV desde 1998, no es una novedad. Que con una cantidad de incumplimientos tan claros se siga hablando de hipótesis es sorprendente. 

¿Han vuelto a detectar oscilaciones como esa?

El operador ha tomado medidas adicionales desde el 28 de abril, porque ya no tenemos la certeza de que las obligaciones se cumplan. Habrá que preguntar a los propietarios de las plantas qué incentivos tenían para no cumplir. El informe del panel señala la regulación como una causa, al no establecer penalización por incumplimiento ni lo que más les importa a las empresas de generación, una retribución por cumplir ese servicio. Antes del nuevo procedimiento de operación, el famoso 7.4, no tenían una adecuada coerción. Está acreditado. Todo lo que ocurrió antes del incidente, de las 12.03, lo ha analizado el panel de expertos tramo por tramo porque han recibido información nuestra y de las generadoras y distribuidoras. Han recibido información espontánea, que ni siquiera les habían pedido. La han analizado y han descartado que nada de lo ocurrido en las horas y días anteriores tenga nada que ver. Han concluido que no tiene relevancia porque se tomaron las medidas protocolizadas para que en cada momento el sistema opere como debe. No es discrecional. Está normativizado. Es el sistema más regulado. Hay procedimientos de operación muy técnicos para cada circunstancia que soy incapaz de entender, porque son cuestiones de electrotecnia, física y electrónica de potencia. Pretender que lo que ocurra tres meses o tres días antes puede tener alguna influencia... No es así, sobre todo cuando tienes acreditado que no han cumplido su obligación. Invito a las empresas a que hagan públicos los datos que han ocultado, que permitan saber cuáles son las plantas y permitan un estudio técnico, si es que siguen teniendo los datos un año después. Cuando haces públicos unos datos y los entregas a las autoridades, haces un ejercicio de transparencia total. Si después de un año los sigues guardando, no sé en qué estado estarán. No lo sé porque no los han facilitado. Mientras no lo hagan, no podrán acreditar las afirmaciones de que todo funciona correctamente.

Iberdrola y Endesa han cuestionado la imparcialidad de ese informe europeo, que regula un reglamento de la UE. ¿Podían o debían haberse inhibido en esa investigación?

Es un panel de expertos, no de ENTSO-E [Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad], y pone especial acento en su independencia. De los 50 miembros, tres son de ENTSO-E. Sobre todo son reguladores internacionales, miembros de TSO. La presidencia, de dos TSOs, no tiene nada que ver con España. Expresamente dice el panel de expertos que en determinados grupos de trabajo, decisiones y análisis, se ha excluido a los TSO afectados. La CNMC ha sido parte. Y la asociación de reguladores internacionales. Es imposible que una persona, de 49, que obviamente debe aportar datos y muestra públicamente su origen, haya podido mover la conclusión del panel. Sí consideran objetivos informes de parte pagados por determinadas empresas para que certifiquen cuestiones que no se apoyan en datos reales. Que el informe del panel de expertos no les ha gustado nada lo demuestra algo obvio, visto con retrospectiva. Era público que el panel iba a hacer una rueda de prensa sobre el informe el 20 de marzo. Independientemente de que la CNMC sacara su informe el 19 de marzo por la tarde. Ese miércoles, creo que era el 18, recibí una nueva convocatoria para volver al Senado el 25 de marzo. El lunes de esa semana sabemos que se han filtrado una serie de supuestos audios en el Senado. El martes está en la prensa. Y el miércoles me hace esperar la comisión media hora porque supuestamente están estudiando los audios. Para que no se hable del panel de expertos, la mejor forma es facilitar a la Comisión del Senado unos audios que supuestamente tienen guardados hace un año. Precisamente el día que me convocan. Dos días después del panel de expertos. Tengo suficiente edad para no creer en tanta casualidad.

La presidenta de la CNMC niega que hubiera un vacío legal en el control de tensión. ¿Lo comparte?

Pero es que había un vacío legal. El operador del sistema tiene entre sus funciones proponer medidas que considere necesarias. El procedimiento de Operación 7.4 es del año 2000. Estaba previsto para una configuración del sistema de generación que no tiene nada que ver con el actual, que ha cambiado de forma radical. En 2020, el operador le dice a la CNMC: tenemos que hacer lo que hacen nuestros vecinos portugueses, que permiten que las renovables, tan relevantes o más que en España, puedan participar en el control de tensión. Que no solo tengan una consigna fija, sino que puedan seguir lo que pasa. Porque la tensión, como los latidos del corazón, tiene una frecuencia que no es estable, varía con la circunstancia del sistema. Y es muy bueno que las renovables puedan hacer ese control dinámico al que están obligadas desde el año 2000 las plantas convencionales: térmicas, nuclear, ciclo combinado y hidroeléctrica. La CNMC, desde 2020 hasta junio de 2025, tiene ese procedimiento en diferentes momentos de tramitación, a pesar de la urgencia con que el operador del sistema manifestó esa necesidad. Los tiempos de la Administración son largos pero los del sistema eléctrico no. Si las renovables no están obligadas a aportar control dinámico de tensión, no lo hacen. Y si las empresas de generación tradicional están obligadas y no lo cumplen porque no tienen una penalización...

Lo que no se nos puede pedir es tener un ingeniero en cada planta de España. Ni en cada carretera comarcal puede haber un guardia civil. La norma es para todos. Hay redes, como la distribución o los famosos árboles de Navidad de las redes de evacuación de las renovables, cuya gestión, control y ajuste corresponde a los distribuidores y a sus propietarios. Nosotros hay parte que vemos y parte que no. Y si no lo vemos, los responsables son los que dice la ley. 

Con ese procedimiento en vigor, ¿no habríamos tenido apagón?

El procedimiento está destinado a una de las primeras medidas que se le toman a este sistema, la tensión. Hay otras. Evidentemente, el sistema es muy complejo y tiene que cumplirse todo, pero todos los informes técnicos acreditan que si se hubieran cumplido las órdenes, consignas y obligaciones de absorción de reactiva que tenían las plantas, no se hubiera producido. Con mayor programación de plantas convencionales sí, en las condiciones de las 12:32:33 de ese día. Está demostrado. Todo el mundo tenía que cumplir. Habría que preguntar a los propietarios de las plantas qué incentivos tienen para no cumplir cuando tienen una obligación legal. Está acreditado cuánta reactiva falta por absorber. Lo hemos demostrado nosotros y el panel con datos, insisto, de 49 expertos. Parece que algunas empresas españolas no han facilitado esa información, aunque se ha pedido por tres veces. El presidente del board de ENTSO-E, Damián Cortinas, dijo que había tenido que escribir al Gobierno de España y nos escribieron a nosotros para que intentáramos ayudar a conseguir los datos que no nos estaban dando las empresas españolas. ¿Donde están esos datos?

El nuevo 7.4 se anuncia semanas después del apagón, pero no entró en vigor hasta marzo de este año.

El problema es que en lo que se refiere a las renovables, requiere una petición del propietario y la homologación va al ritmo que deciden. También es verdad que el procedimiento de operación debería haberse puesto antes. Habrá que preguntarle a la CNMC por qué salió un mes después del apagón. No creo que hiciera ningún ajuste técnico después de un mes. Estaría preparado antes, digo yo. Evidentemente las plantas renovables que se pueden acoger tienen un plazo de adaptación y homologación y aquí se homologa cuando lo piden. La pregunta es cuántos megavatios de generación renovable han pedido la homologación porque han acreditado que cumplen los requisitos técnicos. ¿Cuántos lo harán? ¿Cuántos lo han pedido y por qué no lo han pedido en su caso?

Ese servicio ya se ha empezado a prestar.

Se van sumando plantas, pero mientras no esté totalmente acreditado, implementada toda la legislación, habrá que seguir tomando medidas de seguridad.

¿Nos puede dar una idea de hasta cuándo estará esa operación reforzada?

La operación reforzada se deriva de la incertidumbre sobre si los parámetros que el sistema tiene que considerar para operar de forma segura se cumplen. Mientras no estén acreditados al 100%, la obligación del operador es mantenerla. De ella se benefician las plantas que generan la electricidad, no el operador. Al final hablamos de incorporar plantas de generación y cobran sus propietarios. Es llamativo que haya generadores que reclaman el fin de la operación reforzada. Me parece la cuadratura del ciclo. Son ellos los que se benefician. Han acreditado públicamente y por escrito que algunas de estas plantas no cumplían porque no tenían una retribución económica. Todo esto es súper complejo, requiere un nivel de precisión muy elevado y trasladarlo a la opinión pública con palabras sencillas cuesta mucho trabajo. Para empezar, yo tengo que procesar lo que me cuentan los ingenieros. Pero hay cosas de sentido común. No puedes estar diciendo: no me paga usted por el servicio y no cumplo. Ponga usted la operación reforzada porque es mejor, por la que cobro. Algunas declaraciones me parecen una tomadura de pelo.

Otro aspecto que pudo influir en el apagón es la baja demanda de primavera. El consumo eléctrico no remonta, la electrificación no despega. ¿Cómo lo podemos solucionar?

Nosotros, haciendo lo que nos mandan: desplegar las infraestructuras obligatorias en la planificación lo más rápido posible. Depende de nosotros en cierta medida. Hemos desplegado con eficacia la vigente, que acaba en 2026. Los números están ahí. El año pasado, más de 1.500 millones de inversión. En 2019 eran 400. Se ha multiplicado de forma exponencial en un momento en que la regulación ha sido especialmente negativa, a pesar de que los procedimientos administrativos lo dificultan muchísimo. Pasa en toda la UE. En España, cada territorio tiene una norma que rige unos u otros aspectos. Y con la legislación medioambiental, que debe y tiene que ser garantista, se demora bastante. Tenemos que esperar a que la planificación esté en el BOE para empezar a tramitar. No podemos empezar a construir hasta que no tenemos el permiso. Así que muy bienvenida la iniciativa europea de agilizar trámites que ha recogido España. Estamos a favor de no suprimir la exigencia medioambiental donde no se debe. Somos los primeros con un compromiso con el medio ambiente inequívoco. Igual que hay que respetar las comunidades locales y preguntarles. Pero la planificación tiene que hacerse ágil. Tenemos que invertir en la próxima planificación 13.000 millones, vamos a tenerla toda lanzada y ejecutada al 85%, por nosotros no va a quedar. Ahora, tienen que acompañarnos los permisos. Hay dificultades porque al final también los funcionarios son personas, probablemente por sobrecarga de trabajo. En toda Europa, TSOs, compañías eléctricas, fundaciones, ONGs, ecologistas, coinciden en que una de las cosas más importantes es conseguir un respeto social que haga favorable que los territorios acepten esas infraestructuras. Esto pasa por no desplegarlas de cualquier manera, sino de hacer un acercamiento a la comunidad. Y esto supone dinero, una manera de hacer las cosas diferente. Pero toda Europa tiene muy claro que si no se aceleran los permisos a la par de la aceptación social no vamos a llegar. Tenemos aprovisionamientos de infraestructuras que ni siquiera vamos a comenzar en cinco años y ya estamos haciendo las contrataciones. 

Red Eléctrica, la parte del TSO, solo invierte en España: 1.500 millones en 2025. Si nos vamos a los presupuestos de otras empresas de distribución, descubrimos que con el triple de redes, invierten la mitad. Empresas con 150.000 kilómetros de redes frente a nuestros 46.000 invierten menos de 800 millones al año en España. Cuando se habla de determinadas cifras de inversión muy globales, tendríamos que especificar cuáles mejoran España. Nuestra red está en buenas condiciones. Se demostró el 28 de abril. No falló nada en la red nuestra, ni en las líneas ni en las subestaciones. Se hicieron 7.000 maniobras en remoto, sin movernos de Madrid, y no falló nada. No ocurrió lo mismo con las redes de distribución en algunos puntos ni con determinadas instalaciones. ¿Cómo está el mantenimiento de estas infraestructuras? ¿Cuánto invierten? Su planificación no es vinculante. ¿Por qué, si son tan relevantes para determinados consumos que se están incorporando? ¿Cuánto consumo tenemos que incorporar hasta 2030? La planificación hasta 2026 incorporaba dos gigas y la planificación a 2030 incorpora 27 gigas de demanda, no solo centros de datos: electrificación, descarbonización, empresas tradicionales, muy altamente consumidoras, baterías. ¿Cómo están las redes de distribución? ¿Cuál es su nivel de mantenimiento? ¿Por qué no se despliegan más rápido? Su tramitación es exactamente la misma que la nuestra. Algunas empresas están diciendo que quizá haya que plantearse que las redes de transporte salgan a competencia, que vayamos a un sistema tan ineficiente como el estadounidense, el de Texas, tan débil como el brasileño, o el de México, que continuamente tienen apagones. Hay que poner en valor el sistema europeo. Garantiza mayor independencia, es lo más barato para los consumidores, obliga a unos estándares de calidad, ha garantizado su eficiencia. Que hicieran las redes de transporte ellos no garantiza que fueran más eficientes ni más rápido. El mantenimiento y la inversión estarían a otros niveles. Invito a cualquiera a que sin avisar vaya a cualquier infraestructura, como una subestación compartida entre REE y otra distribuidora, e identifique a simple vista de quién es cada una. Se van a dar cuenta el nivel de mantenimiento de las infraestructuras de esta casa y el de otras casas.

Esa idea de quitarles el transporte la plantearon esta semana Iberdrola y el PNV en el Congreso.

Cada cual tiene su orientación. Sería un paso atrás en un sistema que lleva 41 años en toda Europa y ha demostrado su eficiencia. Se decidió crear una columna vertebral con redes que tenían diferentes empresas porque eran ineficientes. Se le otorgó el monopolio legal a una compañía que se saca a bolsa y se somete a un control doble: con infraestructuras obligatorias, una retribución para no sobreinvertir y reinvertir e incentivos de disponibilidad de la red, de manera que si no cumples te penalizo. Con unos estándares de calidad, de integración. Y aún así, sigue consiguiendo cierta retribución al accionista. Evidentemente no 6.000 millones. El sistema TSO está bien alineado. Pretender ir para atrás, a un sistema ineficiente donde hay cortes continuamente, donde las empresas tienen que ponerse generadores o grupos electrógenos para operar, es un paso atrás. Lo que tiene que hacer España es ir hacia adelante, no hacia atrás por intereses empresariales puramente económicos que son respetables. El interés general está por encima.

España e Irlanda estudian un cable submarino. ¿Cuánto puede costar?

Van a estudiar si es técnicamente viable. Tenemos ahora en construcción uno con Francia con una complejidad técnica resuelta. La profundidad y longitud determinan su viabilidad. De aquí a Irlanda la distancia es considerable. El de Francia son 400 kilómetros. Tenemos algunos de ciento y pico entre Península y Baleares y la profundidad máxima a la que hemos tendido un cable es en Canarias, más de 1.400 metros, un hito tecnológico. Las interconexiones son prioridad para Europa. Si queremos electrificar y hacer competitiva la industria europea y que no sea dependiente de los combustibles fósiles, se necesita hidrógeno, biocombustibles, renovables. Las renovables están fundamentalmente en el Mar del Norte, con la eólica marina offshore, y en la Península Ibérica. Y necesitan interconectarse con Europa. Estamos a favor del planteamiento de la Comisión de que la planificación de estas infraestructuras con trascendencia en toda Europa no pueda ser ralentizada por un interés nacional. Somos una de las partes de Europa peor interconectadas. Con Irlanda se estudiará técnicamente si es posible. Este tipo de infraestructuras las incorpora o no la Comisión a su paquete de proyectos de interés comunitario. Todas llevan siempre un análisis coste-beneficio. El quid es cómo se hace: cuál es el beneficio, si es para toda Europa, para los países. O sale positivo o no se hace. Quedan muchas cosas en el aire. Ahora lo más importante es un análisis técnico.

España y Portugal tienen los precios más baratos de la UE, lo cual explica el interés inversor. Todo el mundo tiene que aportar al mercado eléctrico europeo, la máquina más grande del mundo, una máquina síncrona, conectada desde Lisboa hasta los países bálticos, que funciona como un todo. Pero hacen falta buenas interconexiones. La Comisión ha determinado que para que se entienda que el mercado energético es uno, también desde el punto de vista económico, la interconexión debería tener un mínimo en 2030 del 15% sobre la capacidad instalada. En la Península tenemos un 3%. Esto provoca que no podamos exportar toda la energía y aún así llevamos haciéndolo cinco años. Cuanto más interconectado está un país, más seguro es el sistema. El 28 de abril la energía se pudo recuperar gracias a la interconexión con Francia y Marruecos. Porque, como demuestra el panel de expertos, algunas centrales que en España estaban diseñadas y retribuidas para arrancar sin electricidad, las hidroeléctricas, no fueron capaces. Cuando se les pidió arrancar tuvieron dificultades y la reconstrucción se hizo partiendo de la electricidad de Francia y Marruecos. Por eso el Real Decreto que decayó el año pasado obligaba a la CNMC a revisar cada tres años que las plantas con obligación de arranque autónomo tenían capacidad. En la reposición muchas fallaron.

Ha sido un año larguísimo, lo ha dicho. ¿Se ha sentido respaldada por el Gobierno? Con episodios de acoso personal y una demanda de Iberdrola, ¿Se ha planteado la dimisión?

Mi responsabilidad al frente de esta compañía, institucional y no ejecutiva, incluye dar todas las explicaciones. Pero aguantar acosos, insultos, injerencias, no me va en el sueldo. Mi nombramiento depende básica y exclusivamente de una propuesta del accionista de referencia [el Estado], y que la Junta General ratifique esa confianza. En mi caso, tres veces. Cuando me propusieron en 2020, al vencer mi mandato, en 2024, y en 2025, en la Junta General un minoritario pidió incorporar al orden del día la petición de cese y la propuesta la rechazó el 98% de los accionistas. El 80% son accionistas en bolsa y no son accionistas públicos. Me siento absolutamente respaldada por las personas interesadas en el funcionamiento de la compañía desde el punto de vista empresarial. Desde la responsabilidad que tengo, cuando la compañía pasa un mal momento, mi obligación es explicar a todo el mundo que ha cumplido siempre su obligación, que está comprometida con el interés general y defenderla de ataques interesados e injustos. Cuando hablo de la compañía, me refiero a las personas que forman parte de ella. Los mejores ingenieros, los mejores técnicos. Aquí hay trabajadores de todos los niveles sufriendo insultos y desprecios que no se corresponden con su nivel de profesionalidad, excelencia y experiencia. Es mi obligación defenderlos. Como se suele decir, lo que no te mata te hace más fuerte. Nos sentimos mucho más fuertes, mucho más comprometidos. Y si alguien tiene esperanza en que esto cambie, que la abandone.

El 26 de marzo de 2025, apenas un mes antes del mayor apagón en la historia reciente de España, la Comisión Europea lanzó una recomendación que pasó relativamente desapercibida hasta que la realidad la puso a prueba: cada ciudadano debería contar con un kit de supervivencia para 72 horas ante posibles emergencias.

No era una obligación ni una orden, sino una sugerencia dentro de su Estrategia de Alerta y Previsión. La idea era simple: estar preparados ante cualquier incidencia que interrumpa servicios básicos como la electricidad, las comunicaciones o el suministro de agua.

El contenido estaba definido en lo esencial: agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, radios que funcionen sin electricidad, baterías externas, dinero en efectivo y documentación importante protegida.

El Ejecutivo comunitario también insistió en otra idea clave. No basta con comprar el kit, hay que mantenerlo y revisarlo. En España no existe todavía una guía oficial equivalente, a diferencia de lo que ocurre en países como Suecia, Finlandia o Francia.

El apagón que lo cambió todo

Un mes después de esa recomendación de Bruselas, el 28 de abril de 2025 a las 12:30 horas, la península ibérica se quedó sin suministro eléctrico y sufrió el mayor apagón de su historia reciente. Hace un año, millones de personas se quedaron sin luz, sin conexión y, en muchos casos, sin información durante horas.

Ese pico también tuvo su reflejo en internet. Las búsquedas en Google de “kit de supervivencia” y términos relacionados se multiplicaron en los días posteriores al apagón, tal como muestra el gráfico adjunto, marcando un máximo histórico que luego iría descendiendo drásticamente con el paso de los meses.

El gráfico de búsquedas en Google ilustra bien esta evolución: un ascenso abrupto tras el apagón y una caída progresiva posterior. No hasta el punto de volver al inicio, pero sí lo suficiente como para confirmar que el fenómeno fue, en gran medida, coyuntural. Kike Aganzo, portavoz del comparador de precios idealo.es, resume el fenómeno: “Se observa un doble comportamiento: picos muy intensos en momentos concretos, pero también un interés sostenido que indica un consumidor más planificado”.

Un nuevo nicho comercial

En su momento, la reacción fue inmediata. Según datos de Idealo, las búsquedas de productos relacionados con emergencias se dispararon en cuestión de horas: generadores eléctricos (un 639%), hornillos de camping gas (con un repunte del 547%), placas fotovoltaicas (400%), estaciones de energía portátiles (375%) y radios (205%).

A partir de entonces, comenzó a tomar forma un nuevo ecosistema comercial. Tiendas online y físicas empezaron a ofrecer kits de supervivencia ya preparados, empaquetando en una sola compra los productos recomendados por la Comisión Europea.

Al mismo tiempo, muchos consumidores optaron por crear sus propios kits comprando artículos por separado. El propio Idealo detecta que, más allá del pico inicial, el interés se ha mantenido en niveles más altos que antes del apagón: las búsquedas de linternas crecieron un 278,6% entre julio de 2025 y enero de 2026; las de hornillos, un 247,7% y las de radios, más de un 100%.

Ferreterías: entre la curiosidad y el impulso

En el comercio de proximidad, el fenómeno se percibe con matices. Varias ferreterías consultadas coinciden en que ha habido más interés, pero sin llegar a un cambio estructural. “Sí que hemos notado algo más de movimiento en ese tipo de productos, sobre todo linternas, pilas y garrafas de agua. No es una locura, pero sí más que otros años”, explican desde un establecimiento. “También hay más gente preguntando, aunque luego no siempre compran”.

Otros negocios apuntan a una estabilidad general: “No hemos visto un cambio especialmente significativo. Sí hay picos puntuales cuando aparecen noticias sobre apagones, pero la demanda se mantiene bastante estable”. En algunos casos, la percepción es más clara: “En los últimos meses, hemos vendido más radios a pilas, linternas potentes y baterías externas. Mucha gente viene preguntando directamente por ‘cosas por si pasa algo”.

Y hay quien lo resume como un comportamiento cíclico: “Cuando se habla en medios de posibles cortes de luz o crisis, se disparan las ventas durante unos días. Luego vuelve a la normalidad. Es más reactivo que constante”.

El papel del miedo en el consumo

Desde la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) llaman a contextualizar este fenómeno. “En contextos de incertidumbre, es habitual que surjan productos que apelan a la seguridad y al control, pero es importante evitar el alarmismo”, señalan.

La organización subraya que España cuenta con un sistema eléctrico robusto y que no existen recomendaciones oficiales que justifiquen la compra generalizada de estos kits. Por ello, recomiendan informarse a través de fuentes oficiales y evitar decisiones impulsivas. “La mejor protección del consumidor pasa por información veraz, transparencia y responsabilidad por parte de las empresas, no por alimentar narrativas de riesgo desproporcionadas”, añaden.

Un año después, el 'boom' de este tipo de kits muestra signos claros de enfriamiento. Según Idealo, el pico de búsquedas tras el apagón se replicó en otros países europeos donde opera el comparador, lo que apunta a una reacción muy vinculada al impacto concreto del corte eléctrico en la península.

Al mismo tiempo, el mercado ha evolucionado más por la tecnología que por la urgencia. “Lo que sí hemos visto es productos cada vez más preparados para funcionar sin electricidad”, explican desde Idealo, con ejemplos como radios solares con dinamo o estaciones de energía portátiles más asequibles, algunas por debajo de los 250 euros. Es decir, más que kits cerrados, lo que gana terreno son soluciones individuales adaptables a distintos usos, desde emergencias hasta el camping o las caravanas.

Los precios, además, se han mantenido relativamente estables, con variaciones leves: radios (+2,3%), hornillos (+1,9%) o incluso descensos en linternas (-7,3%), según Idealo.

Desde CECU, la organización insiste en que, en España, “no hay recomendaciones oficiales que justifiquen la compra de estos kits de forma generalizada” y ponen el foco en no convertir la prevención en un mercado basado en el miedo.

El resultado es un segmento de negocio que no ha desaparecido, pero sí ha perdido intensidad. El kit de supervivencia ha pasado de ser una compra urgente a una opción más reflexiva, en un punto intermedio entre la prevención razonable y el impulso motivado por el miedo. Queda, eso sí, una huella: más conocimiento, más oferta y una cierta conciencia de vulnerabilidad. Lo suficiente para sostener un negocio, pero no para mantener el boom.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado otro expediente sancionador por una infracción “muy grave” en el marco del cero eléctrico del 28 de abril de 2025 a Iberdrola por su nuclear.

En concreto, este nuevo expediente del regulador, contra Iberdrola España e Iberdrola Generación Nuclear, es por un posible incumplimiento del artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico, que afecta a la “reducción de producción o suministro sin autorización/incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad”.

De esta manera, este nuevo expediente -con fecha de incoación del 23 de abril en los registros del organismo- sería el tercero de los calificados como infracción “muy grave” de la cascada que ha ido comunicando el organismo presidido por Cani Fernández en las últimas semanas.

El pasado viernes, la CNMC ya anunció la incoación de otros 35 nuevos expedientes sancionadores por indicios de infracciones en el marco de sus investigaciones sobre el apagón del 28 de abril de 2025, uno de ellos “muy grave” a la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, de la que son socios Iberdrola, Endesa y Naturgy.

Incoaba ese expediente a la sociedad por la misma posible infracción del artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico, por una reducción de producción o suministro sin autorización/incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad.

Estos nuevos expedientes, que se unían a la veintena que abrió la anterior semana ya el regulador, estaban dirigidos en su mayoría a Iberdrola, con un total de 18, mientras que se sumaban otros 12 a Endesa, otro para ContourGlobal La Rioja, Engie Cartagena, TotalEnergies y para la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, todos ellos calificados de “graves”.

Rosario de expedientes

El 17 de abril, el regulador inició este rosario de expedientes con uno Red Eléctrica de España (REE) -con calificación “muy grave”- y a diversas instalaciones de generación eléctrica (ciclos combinados, renovables o nucleares) propiedad de las principales eléctricas del país -Iberdrola, Endesa y Naturgy-, así como de Repsol o Bahía de Bizkaia Electricidad -por infracciones “graves”-.

En el caso de Red Eléctrica de España, el regulador abrió el expediente por un posible incumplimiento de las funciones k-, l-, r- y u- del artículo 30.2, con perjuicio para el sistema o sujetos, señalando a la programación del 'mix' de ese día.

En estas funciones se recoge la obligación del operador eléctrico de programar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica de acuerdo con el resultado de la casación de las ofertas comunicadas por el operador del mercado.

De todas maneras, la CNMC indicó la pasada semana que “las incoaciones notificadas incluyen también la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados en el marco de la investigación del incidente”.

No obstante, el regulador recordó que “los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial”. Asimismo, la CNMC añadió que la incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación“.

Los procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción y de que los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas. En el caso de los expedientes considerados “muy graves” las multas pueden ascender hasta los 60 millones de euros, mientras que para los “graves” llegarían hasta los 6 millones de euros.

Un año del histórico apagón ibérico del 28 de abril de 2025 que dejó sin luz a 50 millones de personas durante horas. Doce meses en los que diversos informes oficiales han repartido culpas sobre el peor cero eléctrico en Europa en décadas, con epicentro en el sistema eléctrico español, considerado uno de los más seguros, evolucionados y fiables del mundo hasta que lo que parecía imposible ocurrió.

El colapso, apuntan expertos del sector, reveló la necesidad de adaptar la normativa a un sistema que lleva años en rápida transformación y es mucho más complejo por la transición a las renovables, que ya cubren más del 55% del consumo en España.

El peso en España de la fotovoltaica, la energía que más crece en el mundo, es inferior al que tiene, por ejemplo, en la Hungría del todavía primer ministro Viktor Orban, pero eólica y solar fueron señaladas desde distintos sectores (incluso por la Administración de Donald Trump) como responsables de un incidente que, según los dictámenes publicados en España y la UE, fue “multifactorial” y fruto de una cadena de fallos.

“Todo el mundo tuvo algo de responsabilidad”, resume al teléfono el expresidente de Red Eléctrica de España (REE) Luis Atienza, que incluye a empresas y al propio regulador.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado por ahora 55 expedientes sancionadores a REE, las grandes eléctricas y otras generadoras como Repsol, una de las empresas que ha anunciado que pedirá una indemnización por daños sufridos en el apagón.

Los dos que apuntan por ahora a una posible infracción “muy grave” de la Ley del Sector Eléctrico afectan a REE (sanción que deberá decidir en su caso el propio Gobierno) y a la dueña de las nucleares de Almaraz y Trillo, en la que participan todas las eléctricas, con mayoría de Iberdrola. La vicepresidenta Sara Aagesen ya atribuyó a REE, que preside la exministra socialista Beatriz Corredor (cuyo mayor accionista es el Estado), una “mala planificación” de centrales de respaldo el día del apagón, al programar la menor potencia firme de todo el año.

El operador del sistema ha asegurado que el informe de los expertos europeos muestra que cumplió la normativa “antes, durante y después” del colapso. Las eléctricas afirman que lo hizo “al límite”. Con ambos bandos inmersos desde el principio en una batalla a cara de perro, hay en juego compensaciones y multas millonarias y un enorme coste reputacional.

Los expedientes, recalcó Competencia, “no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas”, dado ese “origen multifactorial” que recogieron los informes del Gobierno (en junio) y, en marzo de este año, los expertos europeos de ENTSO-E, que lo atribuyeron a un fenómeno de sobretensión propiciado por una tormenta perfecta de fallos en cadena.

Atienza ve “muy difícil” determinar quién tuvo más culpa (“seguramente” lo acabará dirimiendo un juez, dice) y cree que lo relevante es “qué aprendemos” del apagón y “qué oportunidades nos proporciona para dar un salto adelante” en la gestión de un sistema eléctrico “con unas características muy diferentes al de hace 25 años”.

“Más encima”

El episodio, en palabras del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, mostró “que hay que estar más encima del sector”. Fue un evento “excepcional y sin precedentes”, según los expertos de la UE, que identificaron 17 desencadenantes: una combinación de fluctuaciones de tensión y oscilaciones (comenzando por la que forzó, por razones no explicadas, una gran planta fotovoltaica en Badajoz perteneciente a Iberdrola, como reveló elDiario.es) que culminó con la pérdida de sincronismo del sistema ibérico con el resto de Europa y el cero total, después de que grandes centrales de generación que debían controlar tensión no lo hicieran y plantas de renovables se desconectaran indebidamente pese a operar en los márgenes legales de tensión. 

Desde la prudencia y la distancia, al teléfono desde Zambia, el ingeniero eléctrico y académico Ignacio Pérez Arriaga, redactor del Libro Blanco para la reforma del sector, apunta que “puede que ninguno haya hecho nada ilegal”, pero las conclusiones del informe europeo indican “cierto abandono o descuido en la seguridad del sistema” por parte de todos los agentes. Y falta de “adecuación a los nuevos tiempos” en la regulación, competencia de la CNMC, a la que el Gobierno intentó desgajar sin éxito la competencia de energía cuando Teresa Ribera aún era ministra.

Un discípulo de Pérez Arriaga, el académico del ICAI y experto en energía José Luis Sancha, ex de Endesa y REE, apuntaba hace unos días en LinkedIn la “solvencia técnica” del informe europeo, que “no responde a intereses regulatorios o sancionadores concretos” y huye de “interpretaciones simplistas”, y apelaba a aplicar sus 19 recetas con “un clima de diálogo y cooperación entre todos, que permita abordar esas recomendaciones con garantía y urgencia”.

Como marca la normativa de la UE, el informe que redactaron 49 expertos europeos incluía a operadores del sistema, reguladores y observadores independientes que, subraya Atienza, se juegan “el prestigio”. Iberdrola y Endesa han cuestionado el dictamen por la presencia de REE en la investigación, y por obviar aspectos como que España es el único país de Europa que considera admisibles tensiones de hasta 435 kV, dejando un margen de solo 5 kV hasta que actúan las protecciones, frente al límite de 420 kV del resto de Europa.

También al margen de esos dictámenes oficiales, el juicio político de la comisión de investigación que creó en el Senado el PP cargó las culpas del apagón en REE, el Gobierno y la CNMC, y libró de toda responsabilidad a las grandes eléctricas.

Pedro Fresco, experto en energía y director general de la patronal valenciana de renovables Avaesen, define el informe europeo como “una autopsia” que detalla “el 99% de lo que pasó”. La recomendación “más importante” de ese dictamen es que “las renovables tienen que ser habilitadas para poder controlar tensión” y evitar el “descontrol” de aquel aciago y soleado día de abril.

“No hubiese sucedido”

En el momento del apagón la CNMC no había aprobado aún un procedimiento de operación (el P. O. 7.4) al que dio luz verde semanas después del colapso (aunque no ha empezado a aplicarse hasta hace unas semanas), tras años de proyectos piloto para calibrar el coste de la medida. REE planteó actualizarlo en 2020, cuando las renovables empezaron a participar en el control de tensión en Portugal, que comparte mercado eléctrico con el español.

Como dice Atienza, a toro pasado “es muy fácil aprender”, pero, según Fresco, “si el procedimiento de operación 7.4 hubiera estado en el momento y las renovables hubieran controlado tensión, el apagón no hubiese sucedido”.

Un fallo regulatorio de la CNMC, una suerte de supervisor todólogo creado por el Gobierno de Mariano Rajoy (vigila energía, telecomunicaciones, transporte o Competencia) cuyo modelo apunta Pérez Arriaga, quizá no sea el más adecuado: “Yo soy partidario de que cada sector tenga su comisión reguladora”, porque “es imposible que haya un grupo de personas que entienda de todos los sectores”, dice el también ex consejero de la extinta CNSE (antecesora de la CNMC).

La CNMC ha asegurado que había “herramientas” legales para evitar el apagón, idea en la que insistió hace unos días su todavía presidenta, Cani Fernández, al negar el “vacío regulatorio” que apuntaron la víspera los responsables de Iberdrola y Endesa.

El control de tensión con renovables, explica Fresco, “ya se está viendo en la programación de ciclos combinados [centrales de gas] y en los costes de las restricciones técnicas”, con las que REE soluciona problemas puntuales de la red e incluyen la denominada operación reforzada, el colchón extra de seguridad que aplica desde el apagón (con más uso del gas) con un coste de 666 millones hasta marzo.

Esos costes, apunta Fresco, “han empezado a bajar desde que las renovables han empezado a hacer ese control”. “En horas solares, la programación de ciclos ha pasado de una horquilla de 2.000-3.000 megavatios (MW) desde el apagón a menos de 2.000 en los últimos quince días”, y “todo indica que es porque ya tenemos 4.500 MW renovables controlando tensión”.

En marzo, la CNMC publicó un informe con más de veinte recomendaciones que relacionaba la creciente volatilidad de las tensiones del sistema eléctrico español con la “rápida” descarbonización de un parque generador cada vez más complejo y distribuido y “un desarrollo más lento de la demanda eléctrica”, en un contexto de escasa interconexión y creciente penetración del autoconsumo, sobre el que REE apenas ha tenido visibilidad pese a su gran despliegue de los últimos años.

Retos que “tienen solución”

Un sistema “en el que gran parte de la generación no es síncrona” presenta retos “que afortunadamente tienen solución técnica”, apunta Atienza, que se declara “optimista” porque “una crisis así te permite dar un salto adelante” e insta a saber no solo “qué ha fallado”, sino dar “un repaso a fondo” para seguir avanzando en electrificación y descarbonización.

Impulsar la demanda y la interconexión son, apunta el exministro, desafíos “estructurales” pendientes, permitiendo nuevos accesos a una red muy saturada y reduciendo el aislamiento de la Península con el resto de Europa para seguir integrando renovables. Todo a la espera de una posible revisión del cierre nuclear progresivo pactado en 2019 con primera parada en la central de Almaraz, sobre cuya continuidad debe decidir este año el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Para el consultor energético Kim Keats, “el apagón no fue consecuencia de una falta de inercia”, como se dijo en un principio desde determinados sectores (especialmente pronucleares), “ni de un defecto inherente a las energías renovables”. “Gran parte del debate público inicial estuvo marcado por narrativas que, aunque comprensibles, resultaron ser engañosas: exceso de solar, insuficiente generación síncrona, error del operador. Estas explicaciones ofrecían claridad a costa de precisión”.

En su opinión, los informes dejan claro “que el sistema se comportó de forma coherente con su creciente complejidad: pequeñas perturbaciones interactuando con márgenes estrechos, sistemas de protección reaccionando localmente, y una cascada resultante de la interacción de múltiples respuestas individualmente racionales”.

Keats señala que el marco regulatorio, “diseñado para un sistema distinto”, “tiene dificultades para seguir el ritmo”, con un sistema eléctrico que está experimentando una transformación estructural impulsada por la descarbonización, la electrificación y el creciente peso de la electrónica de potencia que montan las plantas fotovoltaicas y eólicas. 

Para hacer frente a esa creciente complejidad y a la “dejadez” normativa que apunta Pérez Arriaga, se han sucedido medidas en estos doce meses. Tras actualizar por fin el P. O. 7.4, la CNMC aprobó en octubre cambios urgentes en tres procedimientos de operación ante nuevas variaciones bruscas de tensión como las del apagón. También se modificaron las rampas de entrada y salida de las plantas de renovables (para evitar súbitas pérdidas e incrementos de potencia en el sistema) y se propuso incrementar los topes de inversión en la red de distribución a cambio de reforzar, entre otros aspectos, el control de tensión. 

En julio, el Gobierno cambió el plan de desarrollo de la Red de Transporte para instalar por primera vez en la Península compensadores síncronos y reactancias y mejorar el control de tensión. Tras tumbar el Congreso en julio un decreto-ley de medidas urgentes, Transición Ecológica aprobó en noviembre un decreto con medidas de refuerzo del sistema. En febrero sacó a consulta un decreto para elevar la capacidad en las redes y reforzar el sistema, con medidas específicas para amortiguar las oscilaciones de potencia.

Como señala Atienza, el apagón “de repente nos coloca en la realidad de que es necesario pegar un salto de sofisticación en la operación del sistema del que todavía no hemos visto casi nada, porque el ritmo de cambio que se está produciendo desde el punto de vista tecnológico es extraordinario”.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este sábado el apagón sufrido en España el pasado año, que ha vinculado a lo que ha calificado como “fanatismo climático que arruina a la población”, al tiempo que ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, de “continuar con su plan de arrancar olivos para instalar placas solares”.

En una atención a medios celebrada en Vélez-Málaga (Málaga), Abascal ha subrayado que “el fanatismo verde mata como mató en la dana de Valencia y como mató también a algunos de nuestros compatriotas en el apagón”. Asimismo, ha reiterado sus críticas a Moreno, a quien ha acusado de mantener esa estrategia energética, y ha añadido que, en su opinión, “parece que también está incómodo con los pactos de Vox con el Partido Popular en Aragón y Extremadura”.

Preguntado por los medios de comunicación, Abascal ha afirmado que “la prioridad nacional” tiene todavía un largo recorrido de cambios legislativos pero que no tiene “ninguna duda de que es un concepto basado en el sentido común y la justicia”. “Lo que no puede ser es que los españoles que están aquí viviendo desde hace tiempo, sus padres, sus abuelos, gente que ha cotizado, que ha trabajado y que ahora tiene dificultades, vean que los que acaban de llegar les pasan por encima”, ha apuntado.

En referencia a los altercados ocurridos en los actos de precampaña de Vox en ciudades como Granada el pasado 16 de abril Abascal ha recriminado a Moreno “por qué todavía no ha dicho ni una palabra de condena de estas agresiones e intimidaciones y la única respuesta que podemos darnos es porque él también quiere silenciarnos”. Al respecto, ha manifestado que espera que “tomen buena nota los andaluces de cuál es la posición de Moreno y nos den un gran respaldo para que tengamos la fuerza suficiente para influir en el próximo gobierno de la Junta Andalucía”, ha concluido Abascal.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este viernes la incoación de otros 35 expedientes sancionadores en el marco de su investigación del histórico apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, lo que eleva a 55 el número de expedientes abiertos.

Se trata de 34 nuevas infracciones “graves” y una “muy grave” a la agrupación de interés económico (AIE) que gestiona las nucleares de Almaraz y Trillo, por una presunta “reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica, incluyendo el incumplimiento reiterado de las obligaciones de disponibilidad por las unidades de producción”.

Los nuevos expedientes afectan también, por infracciones “graves” de la ley eléctrica, a Iberdrola (otros 18 expedientes), Endesa (12) y la AIE que explota las nucleares de Vandellós y Ascó, en Tarragona, con otro más por “la presentación de ofertas con valores anormales o desproporcionados con el objeto de alterar indebidamente el despacho de las unidades de generación o la casación del mercado”. La nueva batería de sancionadores afecta también a otras como Engie, Totalenergies y ContourGlobal, del fondo KKR y que opera varias centrales termosolares en España y el ciclo combinado de Arrúbal, en La Rioja.

Estos expedientes se suman a los anunciados hace una semana a REE (la única en la que hasta ahora la CNMC apreciaba una infracción “muy grave”), Iberdrola, Naturgy, la propia Endesa o Repsol.

Competencia recuerda que tras el apagón “inició varios expedientes informativos con el fin de analizar las circunstancias del cero eléctrico y determinar los hechos relevantes bajo la perspectiva de la normativa sectorial eléctrica”.

“Como resultado de las investigaciones, la CNMC ha detectado diversos indicios de incumplimiento, mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas”. “Las incoaciones notificadas incluyen también la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados en el marco de la investigación del incidente”.

“No obstante, tal como se señaló en el caso de los expedientes incoados la semana pasada, los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial”.

La incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación. Estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción. En todo caso, los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas.

Hola

Deseo que estés bien.

Me ha salido un boletín muy “energético”. No lo tenía previsto así, pero a medida que he ido armando el puzle, este es el resultado final. La verdad es que es uno de los grandes retos que tenemos por delante, todo el planeta. Y también uno de los más delicados. El próximo martes se cumplirá un año del apagón que afectó a toda la península ibérica: más de 50 millones de personas a oscuras hasta la madrugada del 29 de abril. Seguro que recuerdas dónde te pilló a ti, ¿verdad? Pues un año después, el cero absoluto, como se le denomina en el sector, sigue moviéndose en una zona incierta entre lo que sabemos y lo que todavía no se ha podido —o no se ha querido— explicar del todo.

Lo que emerge con el paso de los meses apunta a una avería sistémica, no a un fallo aislado. Lo que relatan los informes (de los expertos europeos y de los organismos regulatorios españoles) es que no hubo un culpable único, sino un sistema que falló en cadena, desde Red Eléctrica (el operador) a las grandes compañías energéticas. Sobretensión, desconexiones y pérdida de control en segundos. Un colapso en un sistema cada vez más complejo y exigente por la transición energética.

Eso obliga a enfriar las prisas por encontrar culpables rápidos. Primero, entender. Después, depurar responsabilidades. Y, mientras tanto, algo bastante más básico: luz y taquígrafos. Transparencia sobre qué ocurrió: las causas, por qué los cortafuegos no funcionaron como se esperaba y por qué el operador no pudo asegurar el suministro. Sin ese relato completo, todo lo demás es ruido.

La apertura de expedientes sancionadores es un paso lógico, pero insuficiente si no va acompañada de una investigación a fondo, con criterios técnicos y no políticos. Aquí la clave no es quién llega primero al titular más contundente, sino quién es capaz de sostener una explicación sólida. Prudencia en las conclusiones, pero también firmeza en la exigencia de esclarecer. Porque la peor salida sería una especie de empate técnico donde nadie asume errores y el sistema sigue igual que antes. El apagón no va solo de lo que pasó, sino de lo que revela. Gobernanza del mercado eléctrico, coordinación entre operadores, capacidad de respuesta en tiempo real y marco regulatorio adaptado a una red mucho más volátil como consecuencia de un cambio energético que va a más.

El dato

2.005

Son los nuevos puntos de recarga de acceso de público que se han instalado en España en el primer trimestre, según el último Barómetro de Electromovilidad elaborado por Anfac, la patronal la patronal de los fabricantes de automóviles. La red total de recarga se sitúa en 55.077 puntos. El incremento es del 3,8%, pero podría haber sido aún mayor –advierte Anfac– si se pusieran en funcionamiento los 17.073 puntos de recarga instalados que no se encuentran operativos por distintos motivos. Es decir, uno de cada cuatro puntos de recarga no está operativo.

La crisis del petróleo como consecuencia del ataque de EEUU e Israel a Irán acelerará el mercado del coche eléctrico, según prevén varios analistas y fabricantes, aunque bajen los precios del crudo. Los consumidores de todo el mundo disfrutan de una mayor variedad de opciones, especialmente a medida que los eléctricos fabricados en China están irrumpiendo en todo el mundo.

En España, las ventas de coches eléctricos e híbridos enchufables se han disparado un 58,4% en el primer trimestre del año, hasta alcanzar casi las 63.000 unidades.  Solo en marzo registraron un aumento del 62% con un total de 26.725 unidades y el 20,5% de las ventas totales.

Pero, ojo, el peso de los eléctricos en el parque total es bajísimo. Representa el 2,6 % del total, frente a cuotas de más del 24% en Noruega, que es el líder indiscutible. En Francia se acerca al 6% y en Alemania al 4%. Esto es así porque en España el parque de vehículos está muy envejecido, los coches de más de 20 años suponen ya casi un 30% del total.

El sector considera que para el verdadero despliegue del vehículo eléctrico es esencial puntos de recarga de muy alta potencia, a partir de 250kW y estos solo representan el 43% de toda la red.

El gráfico

La generación eléctrica con renovables supera al carbón por primera vez en la historia. El auge de la solar frenó el aumento de la generación eléctrica global mediante combustibles fósiles en 2025. El año pasado, la generación renovable (viento, sol e hidroeléctrica) superó al carbón por primera vez en la historia y el crecimiento sin precedentes de la solar permitió a esta fuente y a la eólica cubrir el 99% del aumento de la demanda a escala mundial.

Son las principales conclusiones de la séptima edición anual del Global Electricity Review del think tank británico Ember, un análisis exhaustivo de los cambios en la generación eléctrica mundial acontecidos el año pasado. Todos los detalles están en esta detallada información.

Pese a los intentos de regresión y a la crisis energética desatada por la guerra en Irán, la concienciación por la energía verde es un hecho. 53 países unen fuerzas para abandonar los combustibles fósiles y, junto con 2.608 organizaciones, han confirmado su participación en la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, impulsada por Colombia y Países Bajos, que se celebrará entre el 24 y el 29 de abril en la ciudad caribeña de Santa Marta. El conflicto en Oriente Próximo evidencia la necesidad de un 'electroshock' que corte con el petróleo y ataje el cambio climático.

Tipos (y tipas) de interés

Sube John Ternus, nuevo CEO de Apple. Llega al trono de la icónica compañía de la manzana no para hacer la revolución, sino para evitar que el imperio que factura 100.000 millones de dólares se oxide por puro inmovilismo. Tras dos décadas en la casa, este ingeniero mecánico nacido en California en 1975 proyecta una imagen de clon perfecto de Tim Cook: mismo uniforme de camisa oscura, mismo Apple Watch en la muñeca y misma calma aparente, como puede apreciarse en la foto. Pero quienes conocen los pasillos de la empresa advierten que el parecido es solo estético. Frente al modelo de gestión por consenso y preguntas infinitas de su mentor, Ternus asume el mando con un perfil mucho más ejecutivo y centralizado: es de los que eligen entre la opción A y la B sin que le tiemble el pulso, recuperando un aroma de decisión que Apple no olía desde los tiempos de Steve Jobs.

Entró en 2001 y ha acabado dirigiendo la ingeniería de hardware de los productos que sostienen la empresa de Cupertino: iPhone, Mac, iPad. Suyo es también el éxito del salto a los chips propios en Mac o la consolidación de líneas como Apple Watch y AirPods. Pero su medalla más reciente ha sido el MacBook Neo: un portátil de 599 dólares que ha roto el enfoque de “solo para ricos” de la firma y se ha agotado en un abrir y cerrar de ojos.  

A este nadador de competición en sus años universitarios le toca ahora lanzarse a una piscina llena de tiburones y con poca agua en el apartado de innovación. Hereda una compañía que ha pecado de “incrementalismo” y que se ha quedado peligrosamente rezagada en la carrera de la inteligencia artificial frente a sus vecinos de Silicon Valley. Con una Siri que necesita una reconstrucción total y la amenaza de aranceles de la era Trump sobre la mesa, Ternus deberá demostrar si quiere seguir perfeccionando los productos que ya tiene o es capaz de “pensar diferente”.

No todo nos parece mal

Magnesio, colágeno, omega 3, vitamina D3…Los complementos alimenticios están en auge. Hace un par de décadas, nos tratábamos cuando caíamos enfermos, ahora nos cuidamos para no enfermar o para reducir el riesgo de contraer una enfermedad. Así, además de hacer ejercicio con regularidad, comer más sano y preocuparnos más por la salud mental, también nos tomamos más complementos. El sector facturó alrededor de 2.100 millones de euros en 2025, con un crecimiento del mercado total en torno al 7%, según datos de la Asociación Española de Complementos Alimenticios (Afepadi), que representa a 155 empresas que generan más de 15.000 empleos directos. En el contexto europeo, España se ha consolidado como el cuarto mercado de la Unión Europea que más ha crecido en el último lustro, solo por detrás de Italia, Alemania y Francia.

El crecimiento sostenido de la demanda refleja cómo los consumidores integran estos productos como parte de un enfoque preventivo y activo del cuidado de la salud“, explica Mònica Gispert, la presidenta de la asociación, en un comunicado de prensa. De acuerdo con los últimos estudios del Observatorio Afepadi, entre el 70% y el 80% de los adultos españoles han consumido complementos alimenticios en el último año. Según la consultora Iqvia, los productos a base de minerales y los complementos para el crecimiento del cabello registraron crecimientos de doble dígito en 2025.

Nos gusta la competencia 

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes.

Aunque sean de pago.

Lo digo porque la semana pasada un lector me afeó que incluyera enlaces de medios que requieren suscripción. Lo entiendo, pero intento que mi criterio principal sea la calidad y relevancia de la información, independientemente de si el medio es abierto o bajo suscripción. Aunque estén detrás de muros de pago, creo que el resumen o la tesis del artículo son valiosos para estar al día de lo que se está hablando.

Eso es todo por esta semana. 

Nos vemos el jueves que viene con más reflexiones y noticias económicas.

Si tienes tus propuestas o quejas puedes escribirme a contraoferta@eldiario.es.

¡Feliz Diada de Sant Jordi!