El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha elevado hasta un récord de más de 17.000 millones de euros la inversión prevista en la nueva Planificación eléctrica 2025-2030, y va a publicar este jueves en el BOE de la orden ministerial por la que se crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico español, el denominado sistema antiapagones anunciado en enero del año pasado. 

Así lo ha anunciado este miércoles la vicepresidenta y ministra, Sara Aagesen. La propuesta de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, actualmente en tramitación, supondrá una inversión de “más de 17.000 millones, un 30% más que lo planteado inicialmente”, un 144% por encima de la vigente y “la mayor inversión en redes de la historia”, ha anunciado Aagesen, que ha señalado que la medida “más importante” tras el histórico apagón del 28 de abril de 2025 es “mejorar la supervisión del sistema”

La Propuesta de planificación sometida a audiencia pública hace un año contemplaba una inversión de 13.600 millones para cubrir las necesidades del país y cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030. Tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas, ese volumen de inversión ha crecido hasta superar los 17.000 millones. El Gobierno confía en aprobarla antes de que acabe 2026, según dijo el martes en el Congreso el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.

La demanda es la gran protagonista en esta planificación, a direrencia de las anteriores. Aglutina el 41% de las propuestas recibidas, seguidas por la generación, con el 40%, y el almacenamiento, con el 19%. En el nuevo texto, tras la fase de alegaciones, las posiciones de la red de transporte para atender nuevas demandas en la red de distribución crecen un 52% respecto a la propuesta original, hasta 300, y las posiciones para consumo directo en transporte han crecido un 12%, hasta 162. “Se han incrementado un 75% las posiciones previstas para ejes ferroviarios y electrificación de puertos, hasta alcanzar las 59”, explica el ministerio.

Tras la audiencia pública también ha aumentado el número de subestaciones un 17%, hasta 193, así como la longitud de las líneas eléctricas previstas: un 11% más, hasta 6.706 kilómetros. A esto se añade un incremento del 6% de las redes existentes repotenciadas, hasta 8.164 kilómetros.

Subastas de capacidad

Además de la nueva planificación, el ministerio ultima la puesta en marcha del mercado de capacidad, planteado meses antes del histórico cero energético de 2025 con la idea de que entrara en vigor en el primer semestre del año pasado. Este instrumento, finalmente aprobado por la Comisión Europea en mayo, busca preservar la seguridad de suministro, con señales de inversión para que el almacenamiento y la gestión de la demanda se incorporen definitivamente al sistema y “se avance ordenadamente hacia una economía neutra en emisiones de carbono”, explica el ministerio.

El mecanismo se activa tras la reforma de la normativa comunitaria para eliminar la condición temporal de este tipo de mecanismos –lograda durante la Presidencia Española de la UE– y la conformidad del modelo español con las reglas relativas a las Ayudas de Estado, obtenida a finales de mayo. Ese visto bueno cifró las ayudas del esquema en 9.000 millones. Ahora, se lanza tras confirmarse la prórroga hasta 2030 de la central nuclear de Almaraz.

Este miércoles, durante la sesión de control en el Congreso, el diputado del PP Guillermo Mariscal le ha reprochado al Gobierno que prorrogar Almaraz supone una rectificación de su política energética. La vicepresidenta Aagesen ha reiterado que “este gobierno es pragmático” con esta extensión “limitada”, que justifica por la crisis energética por la guerra en Irán.

Y ha arremetido contra quienes hablan “de política irresponsable y errónea” cuando durante siete años de gobierno “no instalaron prácticamente un megavatio renovable” y aprobaron el impuesto al sol, con una factura “en diferido” en forma de laudos de inversores internacionales por los recortes retroactivos a las renovables. Según Aagesen, en España “la factura energética es un 24% más baja que la de Alemana y casi un 50% más baja que la de Italia”.

Fuentes del ministerio recuerdan que Italia, Francia o Bélgica están desarrollando mecanismos de capacidad como este. Alemania ha sido el último en obtener la aprobación de la Comisión Europea este mes.

Las instalaciones de generación y almacenamiento, así como la demanda –los consumidores y los agregadores– podrán participar en este mercado, de ámbito peninsular. Percibirán una retribución por aportar firmeza y flexibilidad al sistema eléctrico, bien por estar disponibles para inyectar electricidad en las redes o bien por reducir el consumo, siempre a requerimiento del Operador del Sistema, Red Eléctrica de España (REE). 

La prestación del servicio se adjudicará con subastas tecnológicamente neutras de potencia firme (MW) y precio (€/MW/año), en las que se otorgará el precio ofertado (sistema conocido como pay-as-bid). Las centrales de generación no podrán emitir más de 550 gr/CO2/kWh, tendrán que cumplir los requisitos de firmeza y flexibilidad que fije cada subasta, y no cobrarán ningún tipo de retribución regulada. 

Para incentivar la incorporación de tecnologías no fósiles, cuando se participe en las subastas con proyectos futuros –nuevas inversiones–, éstos solo podrán ser de renovables, almacenamiento o demanda.

Tres subastas

Se organizarán tres tipos de subastas, cuyo volumen y periodicidad dependerá de las previsiones de demanda y las necesidades de potencia firme identificadas con los correspondientes análisis de cobertura a cinco años vista.

En primer lugar, habrá una subasta principal en la que podrán participar las instalaciones existentes y los nuevos proyectos de renovables, almacenamiento o demanda que vayan a prestar servicio a partir de la fecha que fije la convocatoria, hasta cinco años después de la adjudicación. Así se garantizan ingresos a futuros proyectos, facilitando su viabilidad y abaratando su financiación. 

El periodo de prestación del servicio será distinto en función del tipo de instalación (existente o nueva inversión) y del tipo de tecnología. Con carácter general, estas subastas se celebrarán anualmente, siempre que se hayan detectado necesidades de firmeza. La duración del servicio será de un año para instalaciones existentes, hasta 15 años para nuevas inversiones, y entre uno y 10 años para nuevas demandas. 

En segundo lugar, habrá una subasta “de ajuste anual” en la que sólo podrán participar instalaciones ya operativas, que prestarán el servicio durante 12 meses. Diseñadas para resolver situaciones coyunturales, deberían otorgar menos capacidad firme que las subastas principales, con las que convivirán.

Y habrá también una subasta “transitoria” que garantizará la firmeza del sistema eléctrico hasta el año de inicio de la prestación del servicio otorgado con la subasta principal. Se celebrará todos los ejercicios hasta entonces y podrán participar instalaciones existentes y nuevas inversiones, con un plazo de prestación anual.

El nuevo mercado de capacidad lo financiarán los consumidores de electricidad por medio de precios unitarios diferenciados por segmentos tarifarios y períodos horarios coincidentes con los peajes de transporte y distribución. Así, el sistema lo sufragarán en mayor medida los consumos de las horas con más estrés del sistema, que no podrán exceder el 10% del cómputo anual, y “se darán señales para flexibilizar y desplazar la demanda a otras franjas horarias, aplanar la curva de carga y facilitar la gestión del sistema”, explica el ministerio.

Por otro lado, para dar más liquidez al nuevo mecanismo, se prevé la existencia de un mercado secundario de los derechos y las obligaciones adjudicados en las subastas, bien por cambio de titularidad de las instalaciones, bien por traspaso a otras instalaciones que cumplan los requisitos.

El Operador del Sistema y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se encargarán de la verificación y la inspección de la prestación del servicio de capacidad.

La directora general de Operación de Red Eléctrica de España (REE), Concepción Sánchez, ha cifrado este lunes en el Congreso en 783 millones de euros el coste de la denominada operación reforzada, con más uso del gas natural, que la compañía aplica desde el histórico apagón del 28 de abril de 2025.

En su comparecencia en la comisión de investigación sobre el apagón, Sánchez ha señalado que ese importe, que REE cifraba hasta marzo en 666 millones, “se está reduciendo de forma muy significativa”, con “267 millones” este 2026, pero no ha precisado cuándo va a finalizar porque “el criterio de variabilidad de tensión” todavía “no ha sido trasladado a la normativa nacional”.

Este importe, ha explicado, supone “menos del 10% del coste total de los servicios de ajuste del sistema”, las denominadas restricciones técnicas para resolver congestiones puntuales de la ley, cuyo coste ha crecido exponencialmente en los últimos años. Si el año pasado la operación reforzada supuso el 15% del total de esas restricciones técnicas, este año suponen el 8,6% “y creemos que va a seguir reduciéndose”.

Sánchez ha recordado que esas restricciones técnicas han pasado de 724 millones de 2021 a 1.104 millones en 2022; en 2023 fueron 1.751 millones; en 2024, 2.057 millones, y 3.347 millones en 2025, como consecuencia del “acompañamiento de la evolución del sistema”. Hasta agosto de este año, según REE, los denominados servicios de ajuste alcanzan ya 3.375 millones, un 34,5% más que en el mismo periodo del año pasado, si bien esta cifra “supone un 2% de los costes totales del sistema en 2026”, ha subrayado Sánchez, que ha recalcado que “no hay ninguna relación” entre las políticas energéticas y la prestación del servicio SRAD (de cortes puntuales pactados con la gran industria), cuyo coste se incluye en las restricciones técnicas, y que se ha activado hasta seis veces este verano, con un coste de 286 millones, según REE.

“Inédito” y “no previsible”

La directiva de REE ha insistido en que el apagón fue un incidente “inédito” y “no previsible, en el que concurrieron múltiples factores”. “Algunas de las circunstancias que se produjeron probablemente por sí solas no fueran causantes únicas”, pero “se produjeron al mismo tiempo toda una serie de factores que llevaron a ello”. 

Ha asegurado que REE “ha cumplido siempre toda la normativa que le aplicaba” y “no falló” en ese día. A preguntas del portavoz del PP, Guillermo Mariscal, ha afirmado que la central nuclear de Almaraz tiene una capacidad “limitada” para proporcionar control de tensión y ha recordado que ese día tenía uno de sus dos grupos indisponibles. Sobre el dictamen de los expertos europeos, tras afirmar el popular que es “muy difícil considerar técnico un informe que ustedes firman” y que ese dictamen lo elaboró “la patronal” europea, le ha recordado que el panel lo “define la normativa europea” y no solo lo integraba la asociación europea de transportistas y operadores (TSO), como REE, sino también “prácticamente” todos los reguladores europeos, entre ellos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

Sánchez ha explicado que 275 plantas que no tenían posibilidad de proporcionar el servicio de control de tensión en el momento del apagón por el retraso en la aprobación de un procedimiento específico de la CNMC ya lo están prestando “ahora mismo”, con un total de 13.380 MW. También lo hacen otras 60 plantas de generación convencional, con 16.312 MW prestando ese servicio de control de tensión con arreglo al nuevo procedimiento que se aprobó en junio del año pasado y que se ha modificado otras dos veces este año. El cumplimiento de las obligaciones de control de tensión está siendo “muy bueno”.

Según la directiva de REE, antes del colapso de 2025 en ningún momento en REE detectaron “incumplimientos de la magnitud” ni tan “numerosos” como los que incurrió la generación convencional en el día del apagón. 

Preguntada por el portavoz socialista por las ventajas del modelo TSO, ha dicho que “no solamente es español”, sino que es “el modelo establecido prácticamente en la totalidad de los sistemas eléctricos de la UE”. “Asegura coordinación en la operación y el mantenimiento de la red de transporte”.

Sánchez ha restado importancia a que un grupo de gas natural que inicialmente se había programado no se sustituyera el día del apagón porque las circunstancias fueron cambiando y no fue necesario reprogramarlo. “Y eso se puede demostrar mediante simulaciones”, tanto las de REE como las del panel de expertos “dan ese resultado”. “Que hubiera un grupo más no hubiera cambiado las cosas”. “El número de grupos no es un parámetro que se utilice en la operación”, a diferencia de la frecuencia, las cargas y que las tensiones estén en rangos “admisibles”.

Las incubadoras se apagaron. Ocurrió una noche de agosto en un hospital de La Habana, cuando se detuvo el grupo electrógeno. La ciudad llevaba horas sin corriente eléctrica, como casi todas las noches de este año, y aquel viejo motor era lo único que separaba a los pacientes de la oscuridad y el calor sofocante. Cuando se paró el generador, se desplomó hasta la esperanza.

En Cuba, la respuesta a una avería así no está en un almacén de repuestos ni en un contrato de mantenimiento, sino en las manos de unos mecánicos capaces de resucitar máquinas muertas con piezas que ya no se fabrican en ninguna parte. Ese ingenio ha sostenido durante décadas al país, pero hasta los milagros se están acabando en Cuba.

Los apagones rematan lo poco que la escasez ha dejado en pie. Con el generador averiado, la vigilancia de los pacientes más frágiles la hacen médicos sin dormir, mal pagados, mal comidos y con una linterna en la mano.

Fuera del hospital, esa misma noche, La Habana está tan oscura como la boca de un lobo. Ni farolas, ni ventanas iluminadas. El mar negro que empieza en el Malecón se ha extendido tierra adentro hasta cubrir la ciudad entera, y sobre ese fondo emergen unas pocas islas de luz. Son los grupos electrógenos de un hotel que resiste o de un raro negocio con propietario solvente. Cada oasis encendido en mitad de la noche se anuncia con un motor diésel que retumba entre los soportales y rebota en las fachadas de puntal alto. De los cortes de luz no se salva nadie, ni la Embajada española en Cuba, colgada de unas placas solares insignificantes.

Lo peor es llegar a la casa a las 12 de la noche, con un calor de morirse, y que no haya corriente para poner el ventilador. Uno se acuesta y no duerme. Y al otro día, vuelta a lo mismo, con el cuerpo hecho leña. Y todo para ganar en un mes lo que cuesta un litro de aceite

Rosana T. — Camarera

Un apartamento acumula en agosto un calor que después suelta, despacio, durante toda la noche; sin ventilador, no hay tregua. Los vecinos suben los colchones a las azoteas o los sacan directamente al portal. Los ancianos se sientan en el quicio de la puerta abanicándose con un cartón, esperando el amanecer para sumarse a las eternas colas. Los niños duermen a ratos, sudando.

Rosana T., camarera de 29 años en un paladar —restaurante— de El Vedado, lo cuenta al final de su turno: “Lo peor no es el trabajo. Lo peor es llegar a la casa a las 12 de la noche, con un calor de morirse, y que no haya corriente para poner el ventilador. Uno se acuesta y no duerme. Y al otro día, vuelta a lo mismo, con el cuerpo hecho leña. Y todo para ganar en un mes lo que cuesta un litro de aceite”.

Y lo más difícil de sobrellevar no es la falta de suministro, sino su imprevisibilidad. La luz se va sin aviso y nadie sabe cuándo volverá. Pueden ser seis horas o pueden ser 40. La ciudad ha aprendido a organizarse alrededor de una hora diaria de electricidad y ese cálculo decide cuándo se cocina, cuándo se lava, cuándo se carga el teléfono y cuándo se intenta dormir.

Ni siquiera el corazón monumental de La Habana Vieja se libra ya de la oscuridad. Su cableado subterráneo la mantuvo como el último reducto con corriente, el escaparate que había que tener encendido para el visitante. Ahora también se apaga.

El petróleo del último petrolero

El origen inmediato de la crisis tiene forma de barco ausente. A comienzos de 2026, el corte de los envíos procedentes de Venezuela y México dejó a la isla al borde del colapso energético. En marzo llegó, pese a la presión de Washington, el último cargamento ruso a bordo del Anatoli Kolodkin, unas 100.000 toneladas de crudo, pero fue apenas un alivio puntual. El endurecimiento de la política estadounidense había convertido de facto el suministro de petróleo en un cuello de botella, con amenazas de sanciones y aranceles para quienes intentaran abastecer a Cuba.

Desde entonces, el horizonte se ha ido quedando sin barcos. El último crudo ruso solo dio para llegar a finales de abril, según reconoció el ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, que cifró en ocho los buques de combustible que la isla necesita cada mes para sostener la generación eléctrica y lo poco que queda en pie de la economía. El segundo envío ruso anunciado por Moscú —el petrolero Universal, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea— quedó a la deriva en mitad del Atlántico norte el 21 de abril y allí siguió durante semanas sin llegar a puerto.

A partir de entonces, las consecuencias se encadenan. Sin combustible no hay generación eléctrica. Sin electricidad no hay bombeo de agua y sin agua ni corriente no hay negocio que funcione ni comida que se conserve. Los apagones pudren lo poco que llega al interior de los refrigeradores de los cubanos, de modo que el hambre en La Habana no viene solo de lo que falta en el mercado, viene también de lo que se echa a perder en casa.

El combustible que queda se vende a cuatro dólares el litro, un precio fuera del alcance de la inmensa mayoría. La movilidad en La Habana la han salvado los motocarros eléctricos chinos, que han desplazado a los almendrones —coches estadounidenses clásicos— y a las guaguas —autobuses— en una ciudad donde el transporte público y privado está prácticamente detenido.

Las cuentas que no salen

La economía habanera se ha partido en dos mitades que apenas se comunican: quienes tienen acceso a dólares —una remesa, un negocio privado, alguna migaja del turismo decreciente— y quienes viven de un salario estatal o de una pensión. El salario medio apenas alcanza los 13 dólares al mes, unos 6.900 pesos. Un litro de aceite cuesta ya alrededor de 4.000 pesos, casi el 60% de ese salario, y un kilo de leche en polvo puede alcanzar los 6.500 pesos, prácticamente lo mismo que cobra un trabajador medio en un mes. “Mi hermana está en Tampa y me manda 100 dólares cuando puede. Con eso yo vivo”, afirma Wendy A., peluquera de 36 años.

Mauro P., de 57 años, empezó a pedalear un bicitaxi al salir de la cárcel. “Me metieron tres años. ¿Sabe por qué? Por tener 136 dólares. Me los había mandado un tío de Nueva Jersey y yo los tenía guardados en una lata. Tenencia ilegal de divisa, se llamaba”, recuerda. “Salí en el 93. Y ese mismísimo año despenalizaron el dólar. Salí de la prisión y, en la esquina de mi casa, había un cartel de una tienda que solo vendía en dólares”.

“Hoy —dice—, no eres nadie en este país si no tienes a alguien afuera que te mande dólares o un turista que te pague en divisas o te dé una propina. Este país entero funciona con el papel ese que a mí me costó tres años de mi vida. No pido que me devuelvan nada. Pero me faltaron al respeto”, dice.

Hoy no eres nadie en este país si no tienes a alguien afuera que te mande dólares o un turista que te pague en divisas o te dé una propina

Mauro P. — Taxista

Se ha derrumbado, además, el sector que sostenía la entrada de divisas. Entre enero y junio de 2026 llegaron a Cuba 387.591 visitantes internacionales, frente a los 985.606 del mismo periodo del año anterior: un desplome del 60,7%, casi 600.000 personas menos. Y la curva no se ha estabilizado, se ha hundido: en junio solo entraron 28.100 visitantes en todo el país.

La crisis ha empezado a llevarse por delante incluso la propia planta hotelera. El 29 de julio, ante la Asamblea Nacional, el primer ministro Manuel Marrero admitió que siete cadenas internacionales habían cesado sus operaciones en la isla, que entre todas gestionaban el 46% de las más de 80.000 habitaciones del país y que hoy está cerrado el 73% de las instalaciones hoteleras, con 25.000 trabajadores en paro.

Tres de esas siete cadenas son españolas. Meliá Hotels International, que llegó a ser el mayor operador extranjero de Cuba con 34 hoteles y cerca de 14.000 habitaciones, comunicó a la CNMV que cancelaba todos sus contratos el 24 de julio; Iberostar y Barceló confirmaron por las mismas fechas que ya no gestionan ningún establecimiento en la isla. Se marcharon también la canadiense Blue Diamond Resorts, la indonesia Archipiélago International y la turca ATG. El detonante fue la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 1 de mayo, que impuso sanciones secundarias a las empresas extranjeras con vínculos comerciales con GAESA —el conglomerado militar que controla el turismo cubano a través de su filial Gaviota—, y el ultimátum del Departamento de Estado, que dio de plazo hasta el 5 de junio para cortar esos lazos.

Esto no es una temporada mala. Esto es que los operadores han decidido que Cuba no es un destino seguro. Y cuando un turoperador te saca del catálogo, no te devuelve tan fácilmente

Pablo R. — guía turístico en paro

En La Habana no hace falta acudir a las estadísticas para comprobarlo: basta levantar la vista y ver los hoteles cerrados y, junto a ellos, también numerosos restaurantes.

Pablo R., de 46 años, estudió Historia del Arte, habla inglés e italiano y durante 18 años explicó a visitantes de 30 países por qué La Habana Vieja es Patrimonio de la Humanidad. Hoy no tiene trabajo, ni él ni ninguno de sus compañeros. “Esto no es una temporada mala. Una temporada mala es que llueva mucho o que suba el euro. Esto es que los operadores han decidido que Cuba no es un destino seguro, porque no lo es con esta negrura. Y cuando un turoperador te saca del catálogo, no te devuelve tan fácilmente”.

Debajo queda todo un tejido de oficios que vivía de aquel flujo que hoy agoniza. Rosana, la camarera, explica: “Lo que se cobraba de verdad era la propina, y la propina era en fula —dólares—. Un turista te dejaba cinco, 10 dólares y con eso resolvías la semana. Eso se acabó”.

En la calle Obispo, donde antes bastaba media hora de espera, Claudia B., de 43 años, 20 de ellos en la prostitución, camina de la Plaza de Armas al Floridita sin cruzarse con un extranjero. “El problema no es la vergüenza, mi amor, el problema es que no hay clientes”, zanja. Tiene una hija de 16 años y una madre enferma que necesita medicación que no hay en ninguna farmacia “y que en la calle vale lo que vale. La cuenta no da. Y el que te diga que da, te está mintiendo o vive de lo que le manda el hermano de allá afuera”.

El festín final de los buitres

La basura, antes de verse, se huele. La recogida de residuos ha desaparecido en buena parte de La Habana, más allá de unos pocos metros de escaparate turístico que también empiezan a resquebrajarse. El resultado son montañas de desechos que ocupan aceras y esquinas enteras, y unas calles que hieden a putrefacción e invocan a la muerte. Mientras, las ratas y las moscas juegan con los niños en las aceras, sobre ellos, planean las auras tiñosas (Cathartes aura), los grandes buitres carroñeros de cabeza desnuda que en La Habana forman parte del paisaje urbano y que parecen prepararse para el festín final.

“Los camiones no salen porque no hay diésel, y el poco que hay se reparte entre generar electricidad y mover los coches de bomberos, que son los que más trabajan, entre apagar la basura en llamas y atender los derrumbes de edificios”, dice Alexis C., músico de 40 años. Arde la basura en Lawton, en Alamar, en Guanabacoa, en Centro Habana, en La Víbora, en El Vedado, de día y de noche. Es un acto de higiene desesperada que engendra un problema nuevo: lo que arde es principalmente plástico, y el humo negro entra por unas ventanas abiertas precisamente porque no hay ventilador. Las llamas, además, se propagan con facilidad hacia edificios que llevan décadas sin mantenimiento y amenazan ruina.

Los niños que están llegando ahora vienen malnutridos. Muchos tienen problemas respiratorios. Llegan deshidratados o con gastroenteritis porque la poca comida que hay está en mal estado

Médica del Hospital Centro Habana

Lo que viene después de la acumulación de basura es previsible, y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lleva meses anunciándolo: con epidemias simultáneas de dengue y oropouche en todo el país, advierte de que el riesgo sigue siendo muy alto. El brote de chikungunya arrancó en julio de 2025 y se ha extendido a toda la isla. A esa lista se suman la leptospirosis y la hepatitis A, dos enfermedades que encuentran en el agua estancada, la basura acumulada, los mosquitos y los roedores su caldo de cultivo ideal. “El Che, que fue médico antes que comandante, no habría aprobado unas calles así. Él sabía que lo primero en medicina es la higiene”, añade Alexis.

Y el círculo se cierra donde empezó, en el hospital de Centro Habana. “Los niños que están llegando ahora vienen malnutridos. Muchos tienen problemas respiratorios. Llegan deshidratados o con gastroenteritis porque la poca comida que hay está en mal estado”, describe una médica que prefiere mantener el anonimato. “Yo puedo tratar a un niño de una bronquitis, pero no puedo mandarlo a una casa distinta”. La cadena de frío de las vacunas es, en sus palabras, “una guerra diaria”.

No exagera: el pasado 10 de agosto, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, admitió que 67.000 menores de un año no tienen actualizado su esquema de inmunización, una situación que calificó de inédita en un país que hizo de la vacunación infantil su orgullo. En la misma comparecencia reconoció que la mortalidad infantil se ha duplicado hasta superar el 9,8 por mil y que en la capital alcanza los 14 por mil.

La Habana se queda muda

Hay una pérdida que no figura en ninguna estadística y que quizá sea la señal más elocuente de todas: en La Habana también se está ahogando la música en vivo. Los clubes de jazz y las salas de conciertos han ido enmudeciendo uno tras otro por la misma cadena de causas y efectos. Sin corriente no suenan los equipos y sin turistas no hay caché. Han cerrado El Gato Tuerto y La Zorra y el Cuervo. También La Casa de la Música ha bajado la persiana, como tantos otros locales míticos de la noche habanera.

Alexis explica: “Aquí antes tú abrías la ventana a las ocho de la noche y te entraba música de cuatro sitios a la vez. Reguetón del de abajo, un bolero de la vieja de enfrente, alguien dándole a un cajón en la azotea. Uno se quejaba y todo: 'Coño, bajen eso”, recuerda. “Ahora abro la ventana y lo que entra es calor y el sonido insoportable del generador del vecino. Ni la radio se oye”. Y remata: “Yo no sabía que La Habana se podía quedar muda. Eso yo no lo sabía”.

Algo parecido le ha pasado a la canción de autor. Edmundo R., trovador de 51 años, lleva tres décadas escribiendo en un país donde la crítica se dijo siempre de medio lado. “Uno dice 'la lluvia' y todo el mundo entiende otra cosa. Silvio lo hizo, Carlos Varela lo hizo, todos lo hicimos”, explica. “Este año se me acabó el metaforeo”.

Aquí antes tú abrías la ventana a las ocho de la noche y te entraba música de cuatro sitios a la vez. Ahora abro la ventana y lo que entra es calor y el sonido insoportable del generador del vecino. Ni la radio se oye

Alexis C. — músico de 40 años

Tenía escrita una canción sobre el apagón, con su imagen de la vela; la cantó en enero y la descartó en julio. “Estás cantándole a un tipo que lleva 20 horas sin corriente, que no ha podido bañar al niño porque no hay agua, que le entra por la ventana el humo del basurero que están quemando en la esquina, y tú le vas a hablar de la vela como si fuera una postal. Ese hombre no necesita una metáfora, necesita que alguien diga en voz alta que tiene hambre”.

Entre la espada y la pared

Cuba está atrapada entre dos fuerzas que actúan a la vez y que ningún argumento racional puede explicar. En El hombre que amaba a los perros (Tusquets, 2009), el escritor cubano y premio Princesa de Asturias de las Letras Leonardo Padura describió así los durísimos años del Período Especial tras la caída de la URSS: “Asediados por el hambre, los apagones, la devaluación de los salarios y la paralización del transporte —entre otros muchos males—, Ana y yo vivimos un período de éxtasis”. Casi tres décadas después, la pregunta resulta inevitable: ¿podrían hoy Iván y Ana alcanzar aquel extraño “éxtasis”?

Aunque nadie formula la situación de 2026 mejor que Mauro, desde el sillín de su bicitaxi. “Los americanos nos tienen la mano en el cuello, eso es verdad y no hay quien lo niegue, pero el que sufre no es ningún dirigente: el que sufre soy yo y esa vieja que va ahí buscando agua”, dice mientras pedalea por la calle Galiano. “Las termoeléctricas se cayeron solas, compadre, se cayeron de viejas. Esas no las tumbó el rubio desagradable. Esas llevan 40 años sin mantenimiento, y el que lo sabía, lo sabía. Nos tienen entre la espada y la pared y esto no hay quien lo aguante”.

La espada es el endurecimiento del embargo estadounidense, que ha terminado de estrangular una economía ya precaria. La pared es la rigidez de un régimen zombi. Durante las últimas décadas el Estado cubano invirtió en levantar hoteles mientras el campo se descapitalizaba hasta obligar al país a importar la mayor parte de lo que come y las medidas de apertura desesperadas aprobadas este verano llegan sin divisas para financiarlas y sin combustible para moverlas.

Yo tuve miedo toda mi vida. Lo que pasa es que ahora tengo más hambre que miedo, y a mi edad uno hace la cuenta rápido. Además, ¿de qué me van a acusar, de cantar?

Edmundo R. — Trovador

El resultado es un país detenido en el tiempo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta para 2026 una contracción del 6,5%, la peor de todas las economías de América Latina y el Caribe. El economista cubano Pedro Monreal cree que se queda corta y calcula una caída de al menos el 15%, a la altura de la de 1993, el peor año del Período Especial, cuando el PIB se desplomó un 14,9%. En todo caso, quien padece las 40 horas sin corriente es la enfermera de Centro Habana, el jubilado que baja a buscar agua con dos cubos o el recién nacido de una incubadora que se apagó.

Mauro, que atravesó aquellos años del Período Especial siendo un veinteañero, señala una diferencia entre aquel tiempo pasado y la actualidad: “En los 90 había un plan. Malo, con mucho abuso, pero había un plan: turismo, dólar, remesas… Se levantó una industria de la nada y funcionó. Ahora yo miro alrededor y no veo cuál es el plan. Veo hoteles vacíos que costaron millones mientras las infraestructuras se pudrían”.

“Uno ya no pide una vida mejor, pide poder vivir”

La consecuencia menos esperada de todo esto es que la gente ha dejado de tener miedo a hablar. Es lo que sucede cuando no tienes nada que perder.

El hambre y el insomnio han ido erosionando un miedo que lleva décadas instalado en la isla. Suenan las cacerolas desde los balcones. A veces la gente baja a la calle; a veces corta el tráfico. La respuesta oficial sigue siempre el mismo orden: corte de internet en la zona, despliegue policial, algunos arrestos, y, después, la devolución puntual de la corriente al barrio que ha protestado. La luz, en La Habana, se ha convertido también en una forma de castigo y de recompensa.

Edmundo, el trovador, hace su propio cálculo del riesgo. “¿Que si tengo miedo? Yo tuve miedo toda mi vida. Lo que pasa es que ahora tengo más hambre que miedo, y a mi edad uno hace la cuenta rápido. Además, ¿de qué me van a acusar, de cantar? Somos muchos los que estamos golpeando cazuelas. Ojalá salgamos todos porque no pueden meter presa a una ciudad entera”.

“¿Cuándo se acabará este martirio?”, grita un hombre por la calle en una de esas noches. La pregunta circula por la ciudad en distintas versiones, y las respuestas que se oyen en las colas y en los quicios de las puertas van del agotamiento a la incredulidad. “Algo tiene que cambiar”, dice uno. “Tengo 70 años y llevo toda mi vida escuchando que algo tiene que cambiar. Pero siempre que ha cambiado algo, ha sido a peor”, replica otro.

Mauro pedalea cansado y solo aspira a una cosa: “Llegar a la casa, bañarme y que haya corriente para el ventilador. Ya no pido más nada. A los 57, en Cuba, uno ya no pide una vida mejor. Pide poder vivir”.

Un grup d’amics ha quedat per sopar, en ple agost, al nucli antic de Sant Antoni (Eivissa), molt a prop de la zona d’oci nocturn. Durant la trobada, se’n va la llum durant uns minuts i ho deixa tot a les fosques, sense que es puguin distingir els rostres els uns dels altres. La cambrera els diu que és momentani i els informa que aquest tipus de talls fa tota la temporada que es produeixen. Al cap d’un parell de minuts, torna la llum.

Però al cap de poc pot passar que el mateix succeeixi en una altra localitat propera a aquest nucli poblacional de la costa sud-oest: a Sant Rafel o, una mica més lluny, a Vila o Sant Josep. Eivissa no és una excepció: el fenomen es repeteix a cadascuna de les Illes Balears. Sobretot a les zones turístiques, amb una major dependència d’aquestes fonts d’energia.

Ciutadans, comerciants i hotelers de diferents barris i zones turístiques de l’arxipèlag han viscut una temporada inusual en matèria energètica. Els apagons repetitius han portat empresaris i ciutadans al límit dels nervis, sobretot en el cas dels responsables dels negocis, que s’han vist obligats a abaixar la persiana després de no recuperar el subministrament elèctric, sense possibilitat de continuar amb la seva activitat econòmica.

A l’illa d’Eivissa, on hi ha hagut més problemes de subministrament elèctric ha estat a Talamanca —una badia turística de la ciutat d’Eivissa— i a Sant Antoni, assenyala la presidenta de la Federació Hotelera Pitiüsa, Maria Costa Roig. “S’han causat bastants problemes puntuals, sobretot a Sant Antoni perquè em consta que han estat diverses hores durant alguns dies”, continua la portaveu, que afegeix que aquests incidents no repercuteixen només en la imatge dels negocis, sinó també en la qualitat del servei.

Una avaria en el subministrament va espatllar a mitjan agost un transformador elèctric i va deixar durant quatre hores sense llum un barri de veïns al cor de la turística localitat. El mateix terme municipal va registrar una avaria elèctrica a la zona costanera de Cala Salada, Punta Galera i Cala Gracioneta, on els tècnics van treballar intensament per restablir el subministrament a 800 abonats. La tercera setmana del mateix mes —infernal per als eivissencs per la saturació turística i, per tant, per una gran càrrega laboral— un altre tall a Santa Eulària i un altre a Sant Miquel van deixar a les fosques 600 clients més, segons va publicar Periódico de Ibiza.

Preocupació per l’estiu que ve

L’escena ja s’havia produït abans, durant el mes de juliol, en altres punts de la pitiüsa, com al barri de Can Misses de Vila, on els negocis van haver de tancar temporalment després de comprovar que l’electricitat no tornava i que no era possible continuar atenent els clients. La preocupació va sorgir de seguida entre els comerciants d’Eivissa i Formentera, que l’estiu que ve temen una temporada similar a aquesta si Endesa i l’administració no prenen les mesures necessàries.

Alhora, a Mallorca, l’Associació Balear d’Oci i Entreteniment (ABONE) i l’Associació Hotelers Platja de Palma (AHPP) alçaven la veu conjuntament davant els reiterats i greus talls de subministrament elèctric que patien des de feia setmanes en diferents punts de Platja de Palma.

Assenyalaven també un aspecte rellevant: que aquests apagons es tradueixen en importants pèrdues econòmiques. Incideixen, així mateix, en les possibles afectacions en matèria de seguretat. A principis d’agost, els talls es repetien a la més gran de les Balears, al carrer d’Aragó i al barri de Pere Garau, on els negocis es van veure obligats a cessar els seus serveis.

A Menorca, l’escenari no és diferent. El problema energètic està tensionant la temporada turística, sobretot a Ciutadella, on les reiterades avaries han afectat restaurants del port, comerços del centre i hotels i locals de diverses urbanitzacions, amb talls prolongats en plena hora punta.

La Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca, l’Associació de Restauració de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB) i Ciutadella Antiga denuncien pèrdues econòmiques i reclamen una resposta més ràpida davant les avaries. Adverteixen, a més, del cost reputacional que aquests episodis poden tenir per a una destinació turística en plena temporada alta.

“No creiem que sigui casualitat i esperem que es busquin solucions perquè no torni a passar. Reclamem que els responsables entenguin que això perjudica les seves empreses i que davant un problema així en temporada alta s’han de buscar solucions perquè no passi més o promoure que l’impacte sigui el menor possible”, expressa amb contundència la presidenta de la patronal hotelera pitiüsa.

No creiem que sigui casualitat i esperem que es busquin solucions perquè no torni a passar. Reclamem que els responsables entenguin que això perjudica les seves empreses i que davant un problema així en temporada alta s’han de buscar solucions perquè no passi més o promoure que l’impacte sigui el menor possible

Maria Costa Roig — Presidenta de la Federació Hotelera pitiüsa

Els consells insulars d’Eivissa i de Formentera han volgut saber, com han comunicat a aquest diari, quins són els plans de la subministradora elèctrica tot i no tenir competències en matèria energètica, que recauen sobre el Govern. Tot i així, es reuniran amb la companyia coincidint amb l’inici del curs acadèmic amb la finalitat de conèixer quines són les causes d’aquests talls i el full de ruta que seguirà l’elèctrica per resoldre el problema davant la “preocupació” de la ciutadania.

Pel que fa als consells de Mallorca i Menorca, queden al marge de la situació i deixen que sigui l’administració autonòmica, dins les seves competències, qui dialogui amb Endesa.

Culpa del canvi climàtic

Des de la companyia elèctrica han assenyalat a elDiario.es que l’estrès tèrmic que ha portat l’arxipèlag sovint a l’apagada ha estat provocat per les recurrents onades de calor —transformades en una onada de calor sostinguda— que han patit les illes aquest estiu.

Aquests períodes de temperatures extremadament altes són cada vegada més “freqüents, intensos, duradors i extensos”, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Espanya figura entre els països més afectats, tot i que les condicions meteorològiques han canviat a tot Europa, especialment al sud-oest. De fet, l’estiu extrem ha costat al país més de 20.000 milions d’euros, posant en risc el futur de la seva economia.

La megonada de calor és una de les possibles causes de les avaries registrades aquest estiu a la xarxa elèctrica de Balears, segons assenyala la subministradora. De moment, en un laboratori s’està duent a terme una anàlisi detallada de les peces que podrien estar presentant problemes, per la qual cosa encara no es pot afirmar amb rotunditat la causa general.

Tanmateix, tot apunta a un canvi en el clima. Des de la portavocia balear de l’Aemet apunten que la temperatura mitjana d’agost ha estat de 28,8 graus —extremadament càlid—, fet que representa un increment anòmal de 3,5 graus. Juliol també va ser extremadament càlid, amb una temperatura mitjana de 28 graus i una anomalia de 2,9, convertint-se en el juliol més càlid des de fa 65 anys, assenyalen des de l’Aemet.

La temperatura mitjana d’agost ha estat de 28,8 graus —extremadament càlid—, fet que representa un increment anòmal de 3,5 graus

Pel que fa a les onades de calor, solen durar quatre dies i se’n registren dues o tres com a màxim durant l’any. Però aquest any se n’han registrat quatre en total: una al juny, de tres dies de durada; dues al juliol, de vuit i sis dies, i una a l’agost, de tretze dies.

Les onades de calor solen durar quatre dies i se’n registren dues o tres com a màxim durant l’any. Però enguany se n’han registrat quatre en total i una d’elles ha durat 13 dies

Un augment del consum

Així, el canvi climàtic és de moment una de les hipòtesis amb més pes: les altes temperatures —que s’han mantingut durant setmanes al juliol i l’agost— han sotmès les infraestructures a un estrès tèrmic que, segons apunten des d’Endesa, no havien vist “mai”.

El fenomen afecta especialment els cables elèctrics subterranis. El corrent que hi circula genera calor mitjançant l’anomenat efecte Joule, que normalment es dissipa cap al terreny, però aquest estiu el sòl no s’ha refredat i, per tant, aquesta calor no s’ha absorbit amb normalitat, fet que ha incrementat l’estrès tèrmic dels cables conductors.

A aquest factor s’hi suma l’augment de la demanda elèctrica, especialment durant les tardes i nits, la majoria tropicals (per sobre dels 20 graus) o tòrrides (per sobre dels 25), fet que ha incrementat el consum d’energia. Davant possibles noves incidències, a les Pitiüses, per exemple, des de l’última setmana d’agost, la subministradora ha previst plans de contingència als municipis de Vila —com es coneix la ciutat d’Eivissa—, Sant Rafel, Sant Antoni i la Savina, a Formentera, per resoldre-les amb la “major rapidesa possible”.

El fenomen afecta especialment els cables elèctrics subterranis, que generen molta calor. El sòl sol absorbir-la, però aquest estiu no ho ha fet a causa de les altes temperatures. A aquest factor s’hi suma l’augment de la demanda elèctric

Això és el que demanen ara els empresaris i els abonats en general. Entre ells, les petites i mitjanes empreses de les Pitiüses, el representant de les quals, Alfonso Rojo, assenyala que s’han quedat durant tardes i nits senceres sense llum. Explica que cal diferenciar entre els microtalls per reparacions de línies i els talls realment “perniciosos i perjudicials”. En aquests darrers casos, considera que es tracta d’“un problema important que ha deixat botigues i restaurants sense poder atendre”.

En el cas dels microtalls que afecten particulars, comerços i restaurants, Endesa fa maniobres de localització i realimentació amb la finalitat de subministrar electricitat, sempre que sigui possible, a través de vies alternatives, han detallat a elDiario.es. Si es produeixen en cables subterranis, són més complexes de reparar —indiquen—, ja que requereixen mobilitzar un laboratori mòbil per localitzar el punt exacte de la incidència. Una vegada identificat, cal obrir una rasa submarina i desplaçar una unitat d’intervenció tècnica elèctrica, que fa l’empalmament per reparar el cable.

Pel que fa a les avaries en línies aèries, la resolució sol ser més senzilla perquè no cal submergir-se per solucionar-les. La gestió, tot i així, de vegades es complica, com va ser el cas d’un tall fa dues setmanes a la localitat de Sant Rafel, en una finca particular, a les nou del matí, que no es va poder solucionar fins a les tres de la matinada perquè els tècnics no podien accedir al lloc. A Can Pastilla (Palma), la companyia va haver d’instal·lar vuit grups electrògens per restablir provisionalment el servei a uns 2.000 clients afectats.

Des de PIMEEF han demanat participar en la reunió que se celebrarà entre el Consell d’Eivissa i la subministradora per abordar el problema a les Pitiüses. “La incertesa és bastant gran perquè el problema no és puntual ni en una zona concreta. Temem que les estructures de generació d’energia estiguin tensionades, que els transformadors encarregats de distribuir l’electricitat estiguin obsolets o que hàgim arribat a uns topalls d’energia inassumibles”, expressa Rojo.

Un grupo de amigos ha quedado para cenar, en pleno agosto, en el casco antiguo de Sant Antoni (Eivissa), muy cerca de la zona de ocio nocturno. Durante el encuentro, se va la luz durante unos minutos, dejándolo todo a oscuras, sin que se puedan divisar los rostros de unos y otros. La camarera les dice que es momentáneo y les informa de que este tipo de cortes llevan sucediendo durante toda la temporada. Al cabo de un par de minutos, la luz vuelve.

Pero al poco rato puede ser que lo mismo suceda en otra localidad cercana a este núcleo poblacional de la costa suroeste: en Sant Rafel o un poco más lejos, en Vila o Sant Josep. Eivissa no es una excepción: el fenómeno se repite en todas y cada una de las Illes Balears. Sobre todo en las zonas turísticas, con mayor dependencia de estas fuentes energéticas.

Ciudadanos, comercios y hosteleros de distintos vecindarios y zonas turísticas del archipiélago han vivido una temporada inusual en materia de energía. Los repetitivos apagones han llevado a empresarios y ciudadanos al borde de los nervios, sobre todo en el caso de los gerentes de negocios, que se han tenido que ver en la situación de echar el cerrojo después de no recuperar la corriente eléctrica, sin posibilidad de seguir con su actividad económica.

En la isla de Eivissa, donde ha habido más problemas de suministro eléctrico ha sido en Talamanca -una bahía turística de la ciudad de Eivissa- y en Sant Antoni, señala la presidenta de la Federación Hotelera pitiusa, Maria Costa Roig. “Se han causado bastantes problemas puntuales, sobre todo en Sant Antoni porque me consta que han sido varias horas durante algunos días”, sigue la portavoz, que añade que estos incidentes no repercute solo en la imagen de los negocios, sino también en la calidad del servicio.

Un fallo en el suministro estropeó a mitades de agosto un transformador eléctrico dejando durante cuatro horas sin luz a un barrio de vecinos en el corazón de la turística localidad. El mismo término municipal registró una avería eléctrica en la zona costera de Cala Salada, Punta Galera y Cala Gracioneta, donde los técnicos trabajaron con esfuerzos para devolver el suministro a 800 abonados. La tercera semana del mismo mes -infernal para los ibicencos por la saturación turística y, por ende, de una gran carga laboral- otro corte en Santa Eulària y otro en Sant Miquel dejaron a oscuras a 600 clientes más, según publicó Periódico de Ibiza.

Preocupación por el próximo verano

La escena ya se había dado antes, durante el mes de julio, en otros puntos de la pitiusa, como en el barrio de Can Misses de Vila, donde los negocios tuvieron que cerrar temporalmente después de ver que la electricidad no volvía y que no era posible seguir atendiendo a los clientes. La preocupación surgió enseguida entre los comerciantes pitiusos que el verano que viene temen una temporada similar a esta si no se toman las medidas necesarias por parte de Endesa y de la administración.

A la vez, en Mallorca, la Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento (ABONE) y la Asociación Hoteleros Playa de Palma (AHPP) alzaban la voz de forma conjunta ante los reiterados y graves cortes de suministro eléctrico que venían sufriendo desde hacía semanas en distintos puntos de Playa de Palma.

Señalaban también un aspecto relevante: que estos apagones se traducen en importantes pérdidas económicas. Inciden asimismo en las posibles afectaciones en materia de seguridad. A principios de agosto los cortes se repetían en la más grande de las Balears en la céntrica calle Aragón y en el barrio de Pere Garau, donde los negocios se vieron obligados a cesar sus servicios.

En Menorca el escenario no es distinto, el problema energético está tensionando la temporada turística, sobre todo en Ciutadella, donde las reiteradas averías han afectado a restaurantes del puerto, comercios del centro y hoteles y locales de varias urbanizaciones, con cortes prolongados en plena hora punta.

La Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca, la Asociación de Restauración de Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y Ciutadella Antiga denuncian pérdidas económicas y reclaman una respuesta más rápida ante las averías. Advierten, además, del coste reputacional que estos episodios pueden tener para un destino turístico en plena temporada alta.

“No creemos que sea casualidad y esperamos que se busquen soluciones para que no vuelva a pasar. Reclamamos que los responsables entiendan que esto agravia a sus empresas y que ante un problema así en temporada alta se tienen que buscar soluciones porque no pase mes o promover que el impacto sea el menor posible”, expresa con contundencia la presidenta de la patronal hotelera pitiusa.

No creemos que sea casualidad y esperamos que se busquen soluciones para que no vuelva a pasar. Reclamamos que los responsables entiendan que esto agravia a sus empresas y que ante un problema así en temporada alta se tienen que buscar soluciones porque no pase mes o promover que el impacto sea el menor posible

Maria Costa Roig — Presidenta de la Federación Hotelera pitiusa

Los consells insulares de Eivissa y de Formentera han querido saber, como han comunicado a este diario, cuáles son los planes de la suministradora eléctrica a pesar de no tener competencias en materia energética, que recaen sobre el Govern. Aún así, se reunirán coincidiendo con el inicio del curso académico con la compañía con la finalidad de conocer cuáles son las causas de estos cortes y la hoja de ruta que seguirá la eléctrica para solventar el problema ante la “preocupación” de la ciudadanía.

En cuanto al Consell de Mallorca y de Menorca quedan al margen de la situación y dejan que sea la administración autonómica, dentro de sus competencias, quien dialogue con Endesa.

Culpa del cambio climático

Desde la compañía eléctrica han señalado a elDiario.es que el estrés térmico que ha llevado al archipiélago con frecuencia al apagón ha sido provocado por las recurrentes olas de calor -transformadas en una ola de calor sostenida- sufridas por las islas este verano.

Estos periodos de temperaturas extremadamente altas son cada vez más “frecuentes, intensos, duraderos y extensos”, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). España figura entre los países más afectados. Aunque las condiciones meteorológicas han cambiado en todo Europa, especialmente en el suroeste. De hecho, el verano extremo ha costado al país más de 20.000 millones de euros, poniendo en jaque el futuro de su economía.

La mega ola de calor es una de las posibles causas de las averías registradas este verano en la red eléctrica en Balears, según señala la suministradora. De momento, se está llevando a cabo en un laboratorio un análisis detallado de las piezas que podrían estar presentando problemas, por lo que la causa general no se puede afirmar aún con rotundidad.

Sin embargo, todo apunta a un cambio en el clima. Desde la portavocía balear de la Aemet apuntan que la temperatura media de agosto ha sido de 28.8 grados -extremadamente cálido-, lo que representa un incremento anómalo de 3.5 grados. Julio también fue extremadamente cálido con una temperatura media de 28 grados y una anomalía 2.9, convirtiéndose en el julio más cálido desde hace 65 años, señalan desde la Aemet.

La temperatura media de agosto ha sido de 28.8 grados -extremadamente cálido-, lo que representa un incremento anómalo de 3.5 grados

En cuanto a las olas de calor, suelen durar cuatro días y registrarse dos o tres como máximo en el año. Pero este se han registrado cuatro en total: una en junio de duración tres días, dos en julio de duración 8 y 6 días y una en agosto de duración 13 días.

Las olas de calor suelen durar cuatro días y registrarse dos o tres como máximo en el año. Pero este se han registrado cuatro en total y una de ellas ha durado 13 días

Un aumento del consumo

Así, el cambio climático es de momento una de las hipótesis con más peso: las altas temperaturas -que se han mantenido durante semanas en julio y agosto- han sometido a las infraestructuras a un estrés térmico que, según apuntan desde Endesa, no habían visto “nunca”.

El fenómeno afecta especialmente a los cables eléctricos subterráneos. La corriente que circula por ellos genera calor mediante el denominado efecto Joule, que normalmente se disipa hacia el terreno, pero este verano el suelo no se ha enfriado y, por lo tanto, ese calor no se ha absorbido con normalidad, incrementando el estrés térmico de los cables conductores.

A este factor se suma el aumento de la demanda eléctrica, especialmente durante las tardes y noches, la mayoría tropicales (por encima de los 20 grados) o tórridas (por encima de los 25), lo que ha incrementado el consumo de energía. Ante posibles nuevas incidencias, en las Pitiusas, por ejemplo, desde la última semana de agosto, la suministradora previó planes de contingencia en los municipios de Vila -como se conoce a la ciudad de Eivissa-, Sant Rafel, Sant Antoni y la Savina, en Formentera, para resolverlas con la “mayor rapidez posible”.

El fenómeno afecta especialmente a los cables eléctricos subterráneos, que generan mucha calor. El suelo suele absorberla, pero este verano no lo ha hecho por las altas temperaturas. A este factor se suma el aumento de la demanda eléctrica

Esto es lo que piden ahora empresarios y abonados en general. Entre ellos las pequeñas y medianas empresas de las Pitiusas, cuyo representante, Alfonso Rojo, indica que se han quedado durante tardes y noches enteras sin luz. Traslada que es necesario diferenciar entre los microcortes por reparaciones de líneas y cortes realmente “perniciosos y perjudiciales”. Entre estos últimos casos, se trata, considera, de “un problema importante que ha dejado a tiendas y restaurantes sin poder atender”.

En el caso de los microcortes que afectan a particulares, comercios y restaurantes, Endesa realiza maniobras de localización y realimentación con el fin de suministrar electricidad, siempre que sea posible, a través de vías alternativas, han detallado a elDiario.es. Si se dan en cables subterráneos son más complejas de reparar -indican-, ya que requieren movilizar un laboratorio móvil para localizar el punto exacto de la incidencia. Una vez identificado, es necesario abrir una zanja submarina y desplazar una unidad de intervención técnica eléctrica realiza el empalme para reparar el cable.

En cuanto a las averías en líneas aéreas, la resolución suele ser más sencilla porque no hay que sumergirse para solucionarlas. La gestión aún así a veces se complica, como fue el caso de un corte hace dos semanas en la localidad de Sant Rafel en una finca particular a las nueve de la mañana que no se pudo solucionar hasta las tres de la mañana porque los técnicos no podían acceder al lugar. En Can Pastilla (Palma), la compañía tuvo que instalar ocho grupos electrógenos para reestablecer provisionalmente el servicio a unos 2.000 clientes afectados.

Desde PIMEEF han pedido ser partícipes en la reunión que se celebrará entre el Consell d'Eivissa y la suministradora para abarcar el problema en las Pitiusas. “La incertidumbre es bastante grande porque el problema no es puntual ni en una zona concreta. Tememos que las estructuras de generación de energías estén tensionadas, que los transformadores encargados de distribuir la electricidad estén obsoletos o que hayamos llegado a unos topes de energía inasumibles”, expresa Rojo.

Una subestación eléctrica próxima a una central térmica en el estado federado oriental de Brandeburgo fue objeto este martes de un presunto atentado. Aunque en un primer momento trascendió que la instalación había sido alcanzada por varios cohetes de fabricación casera, la policía estatal lo ha descartado, según el informativo Tagesschau, de la cadena pública ARD.

La Policía de Brandeburgo informó en su cuenta de X de que se habían encontrado “varios artefactos no detonados” después de que a las 8 horas las fuerzas del orden fueran informadas de un “posible daño material en una línea de una subestación eléctrica en Tornow-Preilack (SPN)”. “Se trata de una tentativa de atentado”, ha dicho el presidente del estado, Dietmar Woidke.

“Los artificieros se encuentran en el lugar”, agregó la publicación de la Policía en esa red social, en la que precisó que “no hay repercusiones para la población”.

Según habían indicado fuentes del operador de red 50Hertz y de la Policía al diario regional Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ), el incidente produjo en una subestación situada a unos cinco kilómetros de la central eléctrica de Jänschwalde, y los servicios de emergencia que acudieron al lugar hallaron y desactivaron, además, varios “artefactos explosivos e incendiarios no convencionales”.

Medios como el Süddeutsche Zeiting o Bild indicaban que el operador 50Hertz había asegurado a través de un portavoz que el ataque se lanzó con cohetes caseros “como los que se tiran en fin de año” y que en el lugar del suceso se encontraron otros que todavía no se habían lanzado. Sin embargo, una portavoz de la policía estatal lo ha negado posteriormente.

El presunto objetivo era, supuestamente, provocar un apagón a gran escala en la cercana central térmica de carbón.

“Personas por el momento desconocidas infligieron esta mañana presuntamente daños materiales en varias líneas de la red de transmisión de 50Hertz” y se registró una “breve interrupción del suministro”, indicó el operador, consultado por el diario.

El operador agregó que todas las líneas ya vuelven a estar en funcionamiento y aseguró que el suministro eléctrico general no está afectado.

“50Hertz colabora estrechamente con las autoridades de seguridad competentes para esclarecer la situación”, afirmó una portavoz del operador de red, quien pidió a la población estar especialmente alertas y denunciar a la Policía cualquier persona o suceso sospechoso.

Leag, la empresa operadora de la central térmica aludió en declaraciones al MAZ a una avería técnica en el bloque B de sus instalaciones y agregó que se está investigando si se trata de una coincidencia o si está relacionada con lo que calificó de atentado contra la subestación eléctrica, a través de la cual la electricidad que produce la planta de Jänschwalde se vierte en la red de transmisión de 50Hertz.

“Estamos en coordinación con 50Hertz y, paralelamente a la reparación de los daños en Preilack, trabajamos en la puesta en marcha de la unidad B”, que tiene una potencia de 500 megavatios, indicó Leag.

La central térmica de lignito de Jänschwalde es la cuarta más grande de Alemania y con una potencia de 2.000 megavatios, de los cuales una unidad de 500 megavatios se encuentra en reserva, suministra electricidad a varios millones de hogares.

El Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE), suman ya más de veinte medidas aprobadas o en trámite para intentar reforzar el control de la tensión eléctrica, clave en el histórico apagón peninsular del 28 de abril de 2025.

El despliegue se ha acelerado este verano y el esfuerzo regulatorio apuntala la idea de que había un vacío legal en esta materia en el momento del apagón. Justo lo que negó en abril la entonces presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en una de sus últimas comparecencias en el Congreso de los Diputados, tras advertir de ello tanto REE como las grandes eléctricas, los dos bandos que se culpan del peor incidente de este tipo en Europa.

El Ministerio para la Transición Ecológica cerró hace unos días una consulta para la reforma “urgente” de un decreto de 2000 que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas, que entre otras cosas, actualiza el marco aplicable al control de tensión de las instalaciones de producción y permite a las renovables participar activamente en este servicio.

El objetivo es que la configuración “por defecto” de estas plantas haga “una mayor contribución al control de tensión del sistema, aprovechando las capacidades técnicas con las que ya cuentan estas tecnologías en cumplimiento de la normativa europea y nacional, y reduciendo con ello la necesidad de uso de centrales fósiles”. Así “se reduce el recurso a la generación convencional para el control de tensión y se refuerza la seguridad del sistema eléctrico, lo que resulta especialmente urgente a medida que se incrementa la penetración de renovables”, justifica la propuesta.

El último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto aprobó, a propuesta de Transición Ecológica, el Real Decreto con los planes de inversión de las redes de transporte y distribución: hasta 17.900 millones de euros adicionales hasta 2030, y uno de los aspectos que condicionan el incremento del tope de inversiones de las distribuidoras (hasta 10.200 millones) es que se destinen “exclusivamente” a, entre otras cuestiones, control de tensión. Es el primer aspecto que se contempla, junto a otros como mejorar la observabilidad de las instalaciones y ciberseguridad.

El decreto se anunció en septiembre junto a la Propuesta de planificación de la red de transporte hasta 2030, pendiente de aprobarse, y que también prioriza el control de tensión y la integración de renovables, incluidas en un conjunto de actuaciones de más de 4.440 millones para reducir las denominadas restricciones técnicas: el coste de resolver congestiones de la red al margen del mercado mayorista diario que incluye la denominada “operación reforzada” que aplica REE desde el apagón; este colchón extra de seguridad, con más gas (y que las generadoras trasladan a los consumidores), ha tenido un coste de 666 millones solo en un año, según Redeia (matriz de REE).

El último Consejo de Ministros de julio también modificó aspectos puntuales de la Planificación vigente de la red de alta tensión (2021-2026): 615 millones de inversión (instalación de reactancias, compensadores…) para aumentar la resiliencia del sistema, abaratar la factura y reducir las importaciones de energía y las emisiones. Una medida en respuesta a una solicitud de REE, en línea con las recomendaciones de Entso-e (la asociación europea de transportistas que elaboró el informe sobre el apagón) y ACER (regulador europeo), para “complementar y mitigar la aplicación del mecanismo de restricciones técnicas para controlar la tensión y amortiguar las oscilaciones”.

Ya en julio de 2025, tras el informe del comité de investigación del Gobierno que repartió culpas sobre el apagón, Transición Ecológica aprobó otra modificación puntual con 65 actuaciones urgentes por importe de 750 millones para “incorporar herramientas adicionales a las redes que faciliten el control de tensión, la estabilidad ante oscilaciones y en general, el refuerzo del sistema”.

Decretos ley

A finales de junio, el Real Decreto-ley 18/2026 de respuesta a la guerra en Irán introdujo novedades en este aspecto. Reforzó el papel operativo de las distribuidoras, permitiéndoles impartir instrucciones directas para controlar tensión y operar sus redes. Un cambio en la Ley del Sector Eléctrico incorporó expresamente el control de tensión entre las funciones que se les encomiendan en el ámbito de las redes que gestionan.

El aluvión normativo comenzó en junio de 2025. Semanas después del apagón, Transición Ecológica impulsó otro decreto-ley (luego lo tumbó el Congreso) con 24 medidas para incrementar la resiliencia del sistema. Tras decaer el texto, el ministerio aprobó en noviembre un Real Decreto urgente (997/2025) que, sin pasar por el Congreso, recogía buena parte y obligó a la CNMC a realizar informes trimestrales sobre el control de tensión que el organismo se resistía a elaborar.

Además, el decreto emplazó a REE a proponer modificaciones normativas para reforzar todo lo que falló ese fatídico día: amortiguamiento frente a oscilaciones, velocidad de cambios de tensión en el sistema, calidad en la inyección de potencia activa por parte de las instalaciones de producción, funcionamiento de los servicios de ajuste, requisitos de monitorización y remisión de datos para análisis de incidentes.

Tras ese encargo, el operador del sistema pidió a la CNMC cambiar seis procedimientos de operación (1.1, 1.4, 8.2, 11.2, SENP 1 y 8.2) y aprobar otro (el 1.7), con medidas como desconectar instalaciones “cuyo comportamiento pueda comprometer la seguridad del sistema eléctrico”. REE cita “la inyección de potencia reactiva que pueda comprometer de forma significativa el cumplimiento de los umbrales de tensión en nudos de la red de transporte, así como la introducción en el sistema de oscilaciones de cualquier naturaleza”, como la que produjo antes del apagón una gran fotovoltaica de Iberdrola.

Esta “medida extraordinaria” para “preservar la seguridad del sistema eléctrico”, “por la naturaleza de las situaciones que pueden requerir su aplicación, no resulta posible establecer una relación exhaustiva de supuestos”. Su adopción “no responde a criterios discrecionales y podrá resultar de aplicación a cualquier instalación cuyo comportamiento genere un riesgo potencial relevante”, según REE.

El texto que acaba de publicar señala que los umbrales de referencia de variabilidad de tensión “se han determinado a partir del análisis histórico de un conjunto representativo de nudos de la red del Sistema Peninsular” y tras “un seguimiento diario de los niveles de tensión y de su variabilidad en dichos nudos” realizado desde otoño. REE trabaja en otro PO para los centros de control. Cuando esté vigente supondrá derogar uno de los que ahora se reformarán (el 8.2).

Esos PO los debe aprobar Competencia, que tras el apagón ha dado luz verde a una cascada de regulaciones sobre control de tensión. Semanas después del histórico colapso energético, tras cinco años analizándolo, actualizó (junto a otros cuatro PO) el ya famoso PO 7.4, específico sobre esta cuestión y que databa de 2000, cuando las renovables eran testimoniales. El pasado 25 de junio volvió a actualizar el 7.4 junto al PO 14.4, para incentivar que las energías limpias participen en el control de tensión de forma dinámica, como hacen desde 2020 en Portugal, que comparte su mercado eléctrico con el español.

En octubre, tras más variaciones bruscas de tensión en las semanas previas, Competencia aprobó a petición de REE y ante “los riesgos para la seguridad del suministro”, cambios urgentes en tres PO (3.1, 3.2 y 7.2) que luego prorrogó sucesivamente “para facilitar la estabilización de la tensión en el sistema eléctrico peninsular”. También se modificaron las rampas de incorporación de las renovables.

La CNMC creó en febrero, en el marco de un plan de actuación para asegurar la estabilidad del sistema, tres grupos de trabajo sobre control de tensión, a corto plazo y para las redes de transporte y distribución, por lo que son esperables más cambios normativos en las áreas que competen al organismo que desde hace unas semanas preside el catedrático Juan José Ganuza. Este martes se publicaba en el BOE la nueva regulación de la CNMC para facilitar la conexión de nuevos consumidores a la red eléctrica mediante permisos de acceso flexible.

Y para los permisos destinados a los consumidores más grandes, los denominados de “tipo 3”, para las instalaciones de consumo conectadas directamente a la red de transporte peninsular con capacidad flexible superior a 1 MW, el texto señala que deberán “cumplir los requisitos de reactiva o, en su caso, de control de tensión que se establezcan”. Los titulares de estos puntos deberán estar preparados para reducir su consumo cuando el operador del sistema lo solicite por razones estrictas de seguridad.

Competencia tiene abiertos 64 expedientes sancionadores por supuestos incumplimientos relacionados con el apagón. Ha cifrado en 39 millones el coste de reponer el servicio tras el cero energético. Su informe de marzo con recomendaciones sobre el incidente concluyó que uno de los factores que contribuyó al “fenómeno de sobretensiones” fue “que el sistema mostraba una insuficiencia de capacidades de control dinámico de tensión”.

El documento reclamó medidas para mitigar “los cambios bruscos de tensión y que refuercen la coordinación entre los gestores de red y la visibilidad de sus redes” y avanzar en la armonización normativa a nivel europeo y nacional en materia de límites de tensión y temporalidad de las sobretensiones, garantizando márgenes adecuados de seguridad. Aunque, según la CNMC, “en el momento del incidente, el sistema disponía de herramientas normativas y regulatorias, así como de mecanismos para garantizar el suministro”.

En 1993, en pleno asedio de Sarajevo, la directora Susan Sontag organizó en la ciudad una representación de la obra Esperando a Godot, de Samuel Beckett, bajo la amenaza de las bombas. Los actores, desnutridos y debilitados por la falta de suministros, actuaron entre escombros iluminados por velas y linternas. La historia resuena hoy en Cuba, que sufre un brutal asedio económico, pero donde el arte resiste, todavía y siempre, a quien lo amenaza. Mientras la falta de combustible vacía las calles y sigue provocando apagones de días y noches, los cubanos mantienen viva la escena cultural aunque haya que cargar los instrumentos a pie de un lado a otro de la ciudad y tocarlos a la luz de las velas.

La falta de electricidad ha cerrado casi todos los cines, y la escasez de recursos ha cancelado obras de teatro, conciertos y festivales. Músicos, bailarines, actores y otros artistas dedican su arte a levantar el ánimo y abrir espacios de apoyo mutuo para seguir adelante. “Se hace como se puede. Si hay electricidad proyectamos alguna película, y si se va la luz siempre hay por ahí algún instrumento para sacarnos de la desesperación. No se trata de evadirse o de olvidar los problemas, sino de recordar que la vida no se limita a ellos, que se merece que luchemos por ella” explica Robertico, del centro cultural La Marca de La Habana Vieja. El centro, que es también el primer estudio de tatuajes de Cuba, organiza talleres y eventos para financiar proyectos comunitarios, como el comedor social de la iglesia vecina dedicado a los jubilados, cuyas pensiones de cuatro euros mensuales no alcanzan para sobrevivir.

La penuria, a la que los cubanos ya estaban acostumbrados, se ha agravado a niveles insufribles desde enero, cuando Estados Unidos intensificó las medidas coercitivas unilaterales impuestas sobre la isla. Un solo buque de petróleo, enviado por Rusia en abril, ha logrado atracar en un puerto cubano en lo que va de año. Los apagones son diarios y pueden durar más de 24 horas. Las caídas del SEN (sistema eléctrico nacional) se hacen cada vez más frecuentes, y dejan a más de un 70% de la isla sin acceso a la electricidad. La falta de combustible ha afectado gravemente al sistema de bombeo hidráulico del país: cerca de 2,7 millones de cubanos no tienen acceso diario al agua potable y la cifra total de afectados por el suministro intermitente es de 10 millones de personas, prácticamente toda la población cubana, según datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

La inflación y los aranceles han disparado los precios de los productos más básicos y reducido a miseria los salarios estatales. El salario mínimo mensual de 3.210 pesos, alrededor de 4 euros, equivale al precio de un cartón de huevos. A los cubanos que viven de su trabajo les cuesta pagar más de un plato de arroz con frijoles al día.

A la asfixia energética se ha sumado una escalada en la retórica belicista. Donald Trump ha multiplicado en los últimos meses las amenazas de intervención militar, ha incluido a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y la ha acusado de ser una amenaza para Estados Unidos. La combinación de bloqueo económico y amenaza geopolítica ha generado en la isla una sensación de asedio despiadado.

Pedro Franco, director del grupo teatral El Portazo, tenía previsto estrenar su adaptación de Casandra, de Sergio Blanco, el fin de semana del 11 de julio de 2026, pero tres caídas del SEN en una misma semana lo han obligado a posponer el estreno hasta septiembre. En la obra, Casandra, pitonisa condenada a no ser creída, advierte de la destrucción de Troya sin poder evitarla.

Cuba es Troya. Estamos sitiados en el siglo XXI, y hacer teatro en una plaza sitiada es un honor

Pedro Franco — Director del grupo teatral El Portazo

Franco explica: “Cuba es Troya. Estamos sitiados en el siglo XXI, y hacer teatro en una plaza sitiada es un honor. El colapso ya es una certidumbre, la conversación que hay que tener ahora es la de la reconstrucción. La verdadera victoria es sobrevivir. Crear arte es un deber cívico porque tiene la capacidad de sobrevivir al momento. Ellos cuentan con que bajes los brazos, con que desaparezcas, y por eso hay que quedarse”.

Si no es la Cuba de sus sueños

El Gobierno paga un salario fijo a los trabajadores de arte y cultura, pero por culpa de la devaluación del peso este ya no supera los cinco euros mensuales. Con tal de sobrevivir sin dejar a nadie atrás, los artistas buscan diversificar y poner en común sus fuentes de ingreso. La Burbuja Lab, una residencia artística para “obreras, artistas y mujeres de cine”, nace con la iniciativa de crear una red de apoyo para repartir los fondos de solidaridad extranjeros y dar visibilidad a narrativas femeninas de la región. A través de talleres, clases magistrales, y distribución de fondos, el colectivo se asegura la ayuda mutua necesaria para seguir viviendo y creando.

Su directora, la cineasta y productora Rosa María Rodríguez, declara: “Ahora lo que más temo es que esta miseria nos quite el alma, que el dolor ajeno nos sea indiferente. Está pereciendo la solidaridad que caracterizaba al pueblo cubano; debemos hacer todo lo posible para salvaguardar lo que queda de fe en la humanidad, para restaurar la empatía. El arte es ese refugio donde dejamos nuestras angustias cotidianas para conmovernos por algo que nos supera. Hoy es más necesario que nunca”.

El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos se dedica a financiar películas que romantizan la realidad, mientras que los independientes tenemos que filmar con cámaras escondidas o con el teléfono

Rosa María Rodríguez — Cineasta

Rodríguez forma también parte de la Asamblea de Cineastas Cubanos, un conjunto de directores de cine independientes que reivindican una mayor libertad a la hora de expresar el disentimiento. “El ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) se dedica últimamente a financiar sobre todo películas que romantizan la realidad, donde todo es lindo y reinan el amor y la unidad, mientras que los independientes tenemos que filmar con cámaras escondidas o con el teléfono por lo difícil que es obtener permisos de filmación para trabajos críticos”, explica la directora. “Ahora te exigen pagar tasas desorbitadas por grabar en la calle, si es que te lo autorizan. Si la Cuba que representas no es la que existe solo en sus sueños, te tumban la luz durante las proyecciones, eliminan la película de los festivales, prohíben hablar de ella en medios estatales y te dicen que los trapos sucios se lavan en casa, que le estás haciendo el juego al enemigo”, añade.

En las últimas semanas, las condiciones extremas han avivado un hartazgo social cada vez más desinhibido. Caceroladas, pintadas, basuras quemadas… pero no sin miedo, pues la policía ha podido presentarse en la puerta de quien haya sido denunciado por un vecino para llevárselo a comisaría, según señalan varios artistas entrevistados. No suele ser hasta que se pone el sol que en las calles oscuras empiezan a resonar las cacerolas y a surgir las llamas de los montones de basura.

Ese margen, por estrecho que sea, del que goza el arte para clamar la palabra prohibida ha depositado sobre los hombros de la escena artística una responsabilidad colosal. Si las caceroladas solo pueden expresar la exasperación, el arte abre un espacio en el que la rebeldía afirma reivindicaciones concretas e imagina alternativas deseables.

Pedro Franco, el director de teatro, añade: “El contrato entre el pueblo y el Gobierno está roto. Ya no existe espacio de diálogo; por eso los cubanos estamos ciegos y sordos, y algunos llegan hasta a desear la intervención estadounidense. El arte, al poder preservar la ambigüedad interpretativa, tiene el poder de provocar conversaciones políticas que saquen a la luz el disentimiento. El teatro, en particular, hace del público el centro del discurso, lo cual, junto con su cinismo, lo convierte en especialmente detestable para los poderosos. Para que no muera la expresión artística y política, a mí me gusta recordar el teorema de Thomas: 'Define las cosas como reales y comenzarán a serlo en sus consecuencias'. Actuemos como si fuéramos libres, y enfrentémonos a quien nos diga lo contrario”.

Los eventos culturales sirven a menudo de excusa para debatir libremente las maneras de ayudarse, las soluciones a nivel colectivo o los errores que han debilitado la capacidad de resistencia. Conciertos y exposiciones acaban convirtiéndose en pequeñas asambleas a través de las cuales individuos desamparados restablecen su poder político, vuelven a sentirse pueblo, y se organizan para hacer frente común a la miseria y a quienes la orquestan. Si la estrategia estadounidense consiste en colapsar un Estado sumiendo a su pueblo en la desesperación, el arte se erige como la trinchera en la que este último puede reagruparse y reclamar el derecho a forjar su propio destino.

Al convertir la escasez en un lenguaje y la alegría en rebeldía, los artistas cubanos demuestran que el arte es una cuestión de fuerza vital antes que de medios materiales. Como los actores bosnios, no se preguntan por qué hacer arte durante un asedio, sino por qué un asedio mientras hacen arte. Cuando la supervivencia se convierte en suplicio, es fácil olvidar que la vida puede ser más. Celebrarla es el recordatorio constante de que las razones para seguir luchando superan siempre a las de rendirse.

Una incidencia durante unos trabajos de mantenimiento en la subestación de Treto ha provocado la interrupción temporal del suministro eléctrico de unas 27.000 personas en Laredo y alrededores.

En declaraciones a Europa Press, fuentes de EDP Energía han explicado que la incidencia se registró en torno a las 12.00 horas y que los equipos de operación de la red actuaron “de forma inmediata”, y ya han conseguido recuperar el servicio para más del 80 por ciento de los clientes afectados mediante maniobras de telecontrol realizadas desde el centro de operaciones.

Además, han señalado que, en estos momentos, EDP mantiene movilizados a sus equipos para restablecer el suministro a los clientes afectados, y se espera que en menos de una hora esté todo repuesto. Finalmente, EDP ha apuntado que los técnicos siguen analizando las circunstancias concretas que originaron el incidente.

El Gobierno exigirá a las compañías de telecomunicaciones una garantía de al menos cuatro horas de cobertura móvil para el 75% de la población española en caso de apagón. Así lo ha anunciado este jueves el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante el encuentro DigitalES Summit, organizado por una de las principales patronales de las empresas de tecnología y telecomunicaciones.

La medida formará parte del Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales, que está preparando su Ministerio, y cuyo texto definitivo se espera para antes de que concluya este año 2026.

Según ha explicado López, las normas del Real Decreto entrarán en vigor de manera paulatina para facilitar que las operadoras instalen las baterías de respaldo necesarias progresivamente. Durante el primer año de vigencia, las compañías tendrán la obligación de contar con baterías para mantener la señal móvil durante cuatro horas para, al menos, la mitad de la población del país. En el segundo año, ese porcentaje mínimo aumentará al 65%, llegando al 75% final durante el tercero.

El Ejecutivo y las telecos llevan un año negociando cómo asegurar la cobertura móvil durante el máximo tiempo posible en caso de un apagón como el de 2025. En este sentido, las operadoras han expresado los problemas de masificar el uso de baterías en las antenas e instalaciones de red, debido al peso (muchas están colocadas en tejados de edificios) y a los posibles robos en zonas rurales menos transitadas.

Finalmente, la normativa establecerá obligaciones diferenciadas según el nivel estratégico de la instalación, ha informado el ministro. Las infraestructuras de nivel intermedio, como los centros de gestión cuyo fallo afecte a varias comunidades autónomas, tendrán que permanecer operativas un mínimo de 12 horas en caso de fallo del suministro eléctrico. Los centros de control esenciales de primer nivel, que concentran la inteligencia centralizada de las redes y donde un fallo afectaría a todo el país, deberán asegurar una autonomía de funcionamiento de al menos 24 horas.

López ha especificado a su vez que el Real Decreto contendrá medidas especiales sobre las comunicaciones de emergencia de los centros del 112 y las alertas públicas. Las compañías que provean la red de estos servicios estarán obligadas a confeccionar planes de seguridad y a disponer de estrategias de redundancia, como sistemas que combinen el uso de redes fijas y móviles para evitar la caída total.

Estas medidas afectarán a los operadores en España y a los gestores de infraestructuras digitales como cables submarinos, satélites, centros de datos y puntos de intercambio de internet que cuenten con más de medio millón de usuarios o superen los 50 millones de euros en ingresos. La regulación se extenderá a operadores críticos y servicios de emergencia, quedando excluidas las redes vinculadas con la Defensa y la Seguridad Nacional.

La presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), Marina Serrano, ha negado este martes en el Congreso incumplimientos de sus asociadas en el histórico apagón del 28 de abril de 2025 y ha dicho que “posiblemente” el colapso se habría “atemperado” si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hubiera actualizado el obsoleto procedimiento de control de tensión (conocido como 7.4) que el organismo no puso al día hasta semanas después de ese histórico cero energético.

Serrano, abogada del Estado en excedencia que antes de presidir aelēc fue secretaria del consejo, consejera y directora de los Servicios Jurídicos de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE), ha comparecido este martes en la Comisión de Investigación del Congreso sobre el apagón. Ha insistido en que las centrales de sus asociadas “estaban operando de acuerdo a las indicaciones y contribuyendo al control de tensión” y ha asegurado que “no se ha acreditado” que hubiera incumplimientos por su parte. Sí ha subrayado que la CNMC “debe supervisar a todos los agentes”, aunque “es verdad que tiene una ingentísima tarea” y “a lo mejor no tiene medios suficientes”. 

En su opinión, “el procedimiento 7.4 tenía que haber sido reformado” para permitir controlar tensión a las renovables. Portugal o Francia “lo tenían”, ha recordado. “Posiblemente deberíamos haberlo tenido antes del incidente”. Y ha pedido que “se implante cuanto antes” porque es “un avance en la robustez del sistema” y todavía hay pocas plantas habilitadas para prestar ese servicio.

“Si hubiéramos tenido más recursos, si hubiéramos tenido control dinámico de tensión pues posiblemente se podría haber atemperado las funciones del apagón”, ha dicho. Respecto a las decenas de expedientes sancionadores incoados por la CNMC a sus asociadas, por ahora “no podemos considerar que se hayan producido posibles infracciones por las empresas”. Falta “un largo proceso” y “algunos” expedientes “no están relacionados con el apagón”. “No ha habido ninguna desconexión intempestiva de las centrales de las empresas asociadas en aelēc”, ha afirmado.

El colapso fue consecuencia de “un problema sistémico de control de tensión que se venía manifestando desde meses antes”, y que los incidentes registrados durante esa mañana (ha omitido la oscilación anómala generada por una gran fotovoltaica de Iberdrola) “pudieron ser relevantes, pero no suficientes” para explicar un evento que se produjo por una “insuficiente dotación de recursos” para controlar tensión y una planificación con márgenes de seguridad insuficientes de Red Eléctrica de España (REE).

La presidenta de aelēc ha insistido en que en “años, días y meses anteriores” hubo “episodios recurrentes” de “dificultades” para controlar la tensión con los momentos “más delicados”, con mayor número de horas con tensiones elevadas, en primavera; y que entre 2021 y 2023 las desconexiones se multiplicaron por 4,5, “existían señales previas de vulnerabilidad” y ese día la generación síncrona estaba en mínimos del año. El análisis del apagón “no puede limitarse a los minutos o segundos previos al colapso”.

“Lo importante ahora es extraer las lecciones adecuadas”, como la de que España “unico país” europeo que permite operar con tensiones de hasta 435 kV, un margen “particularmente reducido”. Ha subrayado que el regulador era “perfectamente conocedor” de las limitaciones de las nucleares para controlar tensión. “Se comunicó así en 2000-2001”, cuando se aprobó el 7.4 vigente hasta el apagón. Los reactores pueden controlar tensión de forma “manual” si se lo pide REE, y en septiembre del 2024 se dio una instrucción así a la nuclear de Almaraz, pero “no se hizo” el día del apagón. El operador del sistema “nunca había mencionado estos incumplimientos”. 

Ha negado “falta de cooperación” de las asociadas de aelēc, que “han aportado toda la información que les ha sido requerida” por el comité de expertos europeos y la CNMC. Una de las lecciones aprendidas, ha dicho, es la necesidad de “transparencia del sector”. Algo que han pedido a REE “desde el mismo día del apagón. Cada empresa tiene los datos de su red, de su zona. La única que tiene los datos del conjunto, porque la ley le ha atribuido esa función, es Red Eléctrica”. 

Serrano ha señalado que el sector, que “técnicamente es muy complejo”, quiere “trabajar conjuntamente” en el análisis del incidente, como se está haciendo en los grupos de trabajo que ha creado la CNMC para “avanzar” en la modificación del 7.4. Las empresas están “dispuestas a contribuir y a que se trabaje conjuntamente para que el sistema sea más seguro”.

Y preguntada por si hay que separar las funciones de transportista y operador del sistema que ejerce REE, como está reclamando Iberdrola, es un “viejo debate”. El modelo español “no es el único”, es “una opción” que tiene “ventajas e inconvenientes”, y “corresponde al legislador” decidir.

Sebastian Brandt, jefe de mantenimiento del hospital Immanuel, en el frondoso y acomodado barrio berlinés de Wannsee, supo que algo iba mal en cuanto abrió la ventana de su casa, situada frente al hospital, y olió a gasóleo. Era el 3 de enero, una gélida mañana de sábado, y por suerte el hospital tenía pocos pacientes aquel fin de semana después de las fiestas navideñas. Al asomarse a la ventana, comprendió enseguida lo que ocurría: el generador de emergencia —una máquina enorme, ensordecedora y con varias décadas a sus espaldas, instalada en el sótano— se había puesto en marcha. El hospital había dejado de recibir suministro eléctrico de la red. Y Brandt entendió al instante que no iba a tener un fin de semana tranquilo.

Aunque un generador de emergencia permite mantener operativo un hospital, tiene sus limitaciones. Las intervenciones quirúrgicas deben suspenderse y, si bien estos sistemas se revisan de forma periódica, nadie sabe con certeza cómo responderán tras varios días funcionando sin interrupción. El depósito del generador del hospital Immanuel contenía unos 3.000 litros de gasóleo, y Brandt había calculado que consumiría alrededor de 550 litros diarios. Cuando el operador de la red eléctrica advirtió al hospital de que el apagón podría prolongarse hasta finales de la semana siguiente, Brandt salió de inmediato en busca de más combustible en la gasolinera más cercana que todavía seguía conectada a la red. Mientras tanto, recibió la noticia de que un hospicio cercano también iba a trasladar allí a sus pacientes.

Lo que Brandt no sabía —y lo que le habría empeorado aún más el día— era que el hospital se había quedado sin suministro porque un par de horas antes, hacia las seis de la mañana, y a unos 12 kilómetros de allí, alguien había incendiado cinco cables de alta tensión sujetos a la parte inferior de un puente sobre el canal de Teltow, una larga vía fluvial que atraviesa el sur de la capital alemana.

Prácticamente los 36.000 kilómetros de cables eléctricos de Berlín están enterrados bajo tierra, pero existen puntos vulnerables, especialmente en los cruces sobre cursos de agua. Estos cinco cables, de 10 centímetros de grosor cada uno, procedían de una central eléctrica de gas natural y suministraban electricidad a unos 45.000 hogares, 2.200 empresas y cuatro hospitales. Una imagen difundida más tarde ese mismo día por Stromnetz Berlin, el operador estatal de la red eléctrica de la ciudad, los mostraba ardiendo intensamente mientras colgaban sobre un montón de escombros en llamas.

Cuatro distritos de la ciudad se vieron afectados —algunos de los barrios más acomodados de Berlín, aunque no exclusivamente— y, aunque al día siguiente se restableció el suministro eléctrico a 10.000 hogares, los otros 35.000 permanecieron sin electricidad durante cinco días más. Quien estuviera detrás de aquello había provocado el apagón más prolongado que había sufrido Berlín desde la Segunda Guerra Mundial.

Un apagón provocado

A pocos kilómetros del Immanuel, el ataque también provocó graves problemas a Michael Schmidt, director del hospital Hubertus. Se trataba de un centro de salud mucho mayor y para aquella mañana había varias operaciones programadas. “Fue una suerte que ocurriera antes de las 8.00 de la mañana, porque todavía no había nadie tumbado en la mesa de operaciones”, me cuenta unas semanas después, sentado en su despacho.

En cuestión de horas, Schmidt se vio haciendo planes para evacuar a los 150 pacientes que tenía en el edificio, porque, aunque el generador se había puesto en marcha, el sistema de calefacción había fallado. Resultó que las bombas de gas que lo abastecían estaban fuera del recinto y no estaban conectadas al generador. “La temperatura exterior aquella mañana rondaba los -1 °C. Si la temperatura hubiera bajado demasiado, habríamos tenido un problema”, explica Schmidt.

Al final, los técnicos del hospital encontraron la manera de desviar la corriente hacia los surtidores. El operador de la red eléctrica de la ciudad logró utilizar líneas de emergencia para restablecer el suministro eléctrico en los cuatro hospitales a la mañana siguiente, y Brandt no tuvo que pasar la semana yendo a buscar bidones de gasóleo. Las viviendas de los alrededores, sin embargo, permanecieron a oscuras durante otros cinco días. Algunos vecinos mayores fueron trasladados a alojamientos de emergencia, y los informativos de las televisiones locales se llenaron de testimonios de personas indignadas por la falta de información y por la forma en que las autoridades habían gestionado la situación. “Se respiraba una atmósfera un poco distópica”, recuerda Schmidt.

Un apagón que se prolonga durante varios días puede hacer que la gente se sienta menos segura —el hospital llegó a contratar temporalmente personal adicional de seguridad— pero también refuerza el sentimiento de comunidad: los vecinos empezaron a acercarse a la puerta del hospital para cargar todo tipo de aparatos, y la cantina acabó convirtiéndose en un improvisado punto de encuentro.

Sabían desde el principio lo que estaban haciendo, y esa es la gran diferencia con, por ejemplo, los radicales de extrema derecha o los islamistas

Felix Neumann — Investigador sobre radicalismo y prevención del terrorismo en la Fundación Konrad Adenauer

Al día siguiente, Schmidt supo que el apagón había sido provocado deliberadamente, al parecer por motivos políticos. Hace una pausa cuando le pregunto qué piensa de ello. “Creo que las personas o la organización que hicieron esto quizá no anticiparon lo que ocurriría en este distrito supuestamente rico; no todo el mundo que vive aquí es rico”, dice pensativo. “Aquí hay personas mayores que necesitan ayuda, en los hospitales, pero también en sus casas. Esto no golpeó al sistema, golpeó a personas corrientes, y tuvimos suerte de que todo quedara en un susto”.

El misterioso Grupo Volcán

La forma en que se llevó a cabo este sabotaje estaba relativamente clara, pero la autoría sigue siendo un misterio y sus motivos continúan siendo objeto de controversia. Unas 24 horas después de que se apagaran las luces, varios medios de comunicación recibieron una reivindicación que también fue publicada en plataformas de izquierda como Indymedia.org, donde pueden subirse y difundirse textos anónimos e imposibles de rastrear. El comunicado, un texto divagante de casi 4.500 palabras, llevaba por título “Cerrar las centrales eléctricas de combustibles fósiles es un trabajo de artesanía. Tened valor. Saludos militantes de Año Nuevo”. El autor del sabotaje se identificaba como “Grupo Volcán: cortad la corriente a los poderosos”.

Esta firma situaba el apagón en el contexto de una serie de ataques esporádicos contra infraestructuras críticas de Berlín llevados a cabo durante los últimos 15 años. Desde 2011 se han registrado al menos siete ataques atribuidos al Grupo Volcán en Berlín y sus alrededores. El primero de ellos se inspiró en las alteraciones provocadas por el volcán islandés Eyjafjallajökull en 2010, que interrumpió durante varios días el tráfico aéreo en gran parte del norte y el centro de Europa.

El Grupo Volcán ha causado muchos menos daños y molestias, y no ha provocado heridos ni muertes directamente atribuibles a sus acciones. La primera oleada de ataques, entre 2011 y 2013, tuvo como objetivo las líneas eléctricas ferroviarias y las cajas de cables, y cada una de las primeras confesiones mencionaba un volcán islandés diferente: primero fue “El rugido del Eyjafjallajökull”, seguido de “El Comité de Bienvenida del Hekla — Iniciativa para más erupciones sociales” y “Anónimo/Volcán Katla”.

El nombre Vulkangruppe, o Grupo Volcán, se adoptó a partir de 2018 e incluso entonces las denominaciones variaban: “Grupo Volcán contra la destrucción continua” o “Grupo Volcán: acabar con la autoridad de la red”. En 2021 y 2024 se produjeron dos nuevos ataques del colectivo contra las líneas eléctricas que abastecen a la Gigafábrica de Tesla, situada a las afueras de la ciudad. Este último sabotaje fue reivindicado por el “Grupo Volcán: apagad Tesla” y dejó sin suministro eléctrico la fábrica durante varios días, lo que provocó a la empresa automovilística de Elon Musk pérdidas económicas superiores a los 90 millones de euros, según declaró entonces uno de sus responsables.

Las investigaciones sobre todos estos actos han pasado a manos de la Fiscalía Federal de Alemania y se están investigando como delitos que ponen en peligro el funcionamiento del Estado alemán, es decir, como terrorismo. La policía y la Fiscalía federal alemana nunca conceden entrevistas ni hacen declaraciones sobre indagatorias en curso, pero según las respuestas dadas a los diputados del Partido Verde en febrero, hay cuatro investigaciones federales independientes abiertas sobre el Grupo Volcán, la más antigua se remonta a los ataques iniciales de 2011.

Por lo poco que están dispuestas a revelar, las autoridades parecen desconocer quiénes son realmente los miembros del Grupo Volcán. No se ha producido ni una sola detención relacionada con los ataques. Ha habido otros casos sospechosos: en 2023, dos personas vinculadas al entorno de la izquierda radical fueron detenidas con material inflamable cerca de unas vías ferroviarias en el distrito berlinés de Adlershof, pero el juicio posterior terminó cuando un juez concluyó que el Estado no tenía pruebas sólidas contra ellas. Por lo demás, la respuesta de las autoridades ha parecido amplia y especulativa: el 24 de marzo, unos 500 agentes registraron 14 propiedades vinculadas a la izquierda berlinesa en relación con un ataque incendiario contra dos torres de alta tensión en septiembre de 2025 que dejó sin electricidad a un parque tecnológico —de nuevo en el distrito de Adlershof— donde tienen su sede varias empresas de ciberseguridad.

Sin embargo, aunque el comunicado de reivindicación publicado unos días después se parecía a los anteriores en estilo e ideología, no estaba firmado por nadie que se identificara como “Grupo Volcán”. En cualquier caso, no se emitió ninguna orden de detención.

Según el profesor especializado en radicalismo político en la Universidad Federal de Ciencias Administrativas Aplicadas de Alemania, Hendrik Hansen, hay buenas razones para ello. “Simplemente no hay indicios materiales sobre quiénes son los autores”, afirma, aunque eso en sí mismo es revelador: “No es tan fácil cometer un delito sin dejar rastros de ADN en la escena”.

Felix Neumann, investigador sobre radicalismo y prevención del terrorismo en la Fundación Konrad Adenauer, un think tank vinculado a la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU), también cree que los responsables del apagón de Berlín eran personas altamente cualificadas. “Sabían desde el principio lo que estaban haciendo, y esa es la gran diferencia con, por ejemplo, los radicales de extrema derecha o islamistas, entre quienes a menudo nos encontramos con autores que hacen este tipo de cosas por primera vez y no se informan lo suficiente sobre cómo llevarlas a cabo”, afirma.

Llamada a la acción

Gran parte de estos conocimientos “profesionales” están disponibles en Internet. Incluso sin adentrarse en la dark web, se pueden encontrar manuales que explican no solo cómo fabricar artefactos incendiarios rudimentarios con piezas baratas disponibles en tiendas de electrónica y ferreterías, sino también cómo evitar ser captado por las cámaras de seguridad, cómo comprar y pasar herramientas y materiales sin llamar la atención, cómo sincronizar los ataques e incluso cómo quitarse los guantes de plástico sin dejar ADN en ellos. Estos manuales también ofrecen consejos sobre cómo reclutar a personas con el perfil psicológico idóneo y cómo organizar células de tan solo dos o tres personas en estructuras que ofrezcan un alto grado de autonomía con un mínimo de jerarquía.

Dado lo pública que es toda esta información, Hansen sostiene que es imposible saber siquiera si los miembros de estos grupos se conocen personalmente. Podría ocurrir simplemente que alguien tomara la etiqueta (la marca Grupo Volcán) y decidiera hacer algo parecido.

Hasta ahí el quién. En cuanto al porqué, la reivindicación del apagón publicada en Internet el 4 de enero se parecía menos a un manifiesto que a una entrada de blog inconexa, llena de resentimiento y saltos argumentales. Planteaba tantas preguntas como respuestas ofrecía, aunque sí dejaba clara una idea: “Ya no podemos permitirnos a los ricos”, comenzaba. “Podemos provocar el fin del estilo de vida imperial. Podemos detener el saqueo de la Tierra”.

Continuaba declarando: “El ataque a la central de gas es un acto de autodefensa y solidaridad internacional con todos aquellos que defienden la Tierra y la vida misma”. A diferencia de quienes llevaron a cabo los ataques originales en 2011, cuya queja se centraba en la participación de Alemania en guerras en el extranjero, este Grupo Volcán tenía claramente una vocación ecologista.

La declaración de enero enumeraba actos de violencia ecológica que el sistema capitalista inflige al planeta (“aquellos que nos llaman ecoterroristas son ellos mismos los verdaderos ecoterroristas”), y mencionaba el daño que la tecnología digital ha infligido a nuestras vidas: “Estamos al servicio de nuestra propia vigilancia, y esta es total… Nos alimentamos de las imágenes coloridas que las máquinas filtran y ponen ante nosotros, mientras contemplamos nuestras pantallas en soledad y alienados”.

Lo que le faltaba a la declaración era cualquier intento de formular un conjunto de principios. Pero definir una ideología no era realmente el objetivo del texto; su propósito era una llamada a la acción: “Sabotear la infraestructura de combustibles fósiles, las redes eléctricas, el saqueo de la Tierra, los centros de servidores, la industria de los chips y sus operaciones de suministro, destruir las condiciones previas de la industria automovilística y la industria armamentística, de los viajes en avión, las villas, los yates, las naves espaciales y los campos de golf. Destruyamos las comisarías de policía, garantes de las relaciones patriarcales de propiedad, porque la Tierra se pertenece a sí misma y a todas sus criaturas, y no a las personas; o mejor dicho, solo a los hombres, y ni siquiera a los más ricos entre ellos”.

La policía de Berlín dijo que la declaración era auténtica y tanto el Gobierno federal como el de Berlín se apresuraron a demostrar con qué vigor perseguían el radicalismo de izquierda. El ministro federal del Interior, Alexander Dobrindt, ofreció una recompensa de un millón de euros por cualquier información que condujera a la detención de los autores del apagón.

Esta cantidad era 10 veces mayor que la recompensa ofrecida para capturar al hombre que mató a 13 personas en el atentado del mercado navideño berlinés de 2016, y unas 40 veces mayor que la recompensa pagada por la detención de una de las últimas integrantes del grupo Baader-Meinhof, Daniela Klette, que fue detenida en la ciudad en 2024, tras más de tres décadas fugada. El grupo, también conocido como Fracción del Ejército Rojo (RAF), fue apoyado y entrenado en su momento por la Stasi de Alemania Oriental y llevó a cabo más de 30 asesinatos y secuestros. A pesar de haberse disuelto a finales de la década de 1990, sigue proyectando una pesada sombra sobre la psique alemana y ya se ha invocado en el debate sobre el clima: en 2022, Dobrindt, entonces en la oposición, exigió castigos más duros para los manifestantes por el clima que bloqueaban las carreteras, y declaró al periódico Bild am Sonntag: “Hay que impedir el surgimiento de una RAF climática”.

Según Hansen, este tipo de comparaciones con los activistas climáticos son descabelladas: “Solo desde el punto de vista ideológico, la RAF era marxista-leninista-maoísta y defendía la idea de que la revolución desembocaría en una dictadura del proletariado”. Según él, se trata de una corriente ideológica “completamente distinta” porque, además, la RAF cometió “asesinatos selectivos con armas de fuego y atentados con bomba”. “Nada de eso lo hemos visto en los ataques recientes”, añade. Sin embargo, tras el apagón de Berlín, el Gobierno estaba convencido de que había ecoterroristas de izquierda sueltos.

Teorías conspirativas

Pero los internautas no estaban tan convencidos. Los lingüistas analizaron el comunicado del Grupo Volcán y concluyeron que parte del alemán sonaba extraña. Señalaron errores ortográficos en nombres conocidos —JD Vance, el nombre del vicepresidente de Estados Unidos, por ejemplo, aparecía escrito como “Vans”—. En Reddit empezaron a proliferar hilos en los que usuarios analizaban el texto mediante programas de traducción con IA y aseguraban que originalmente había sido escrito en ruso.

Todo esto puede parecer poco probable, pero, un mes después, el Gobierno federal admitió que los investigadores no habían descartado ninguna hipótesis. “Las fuerzas de seguridad federales suelen investigar todas las pistas… incluidas aquellas que apuntan a otros posibles grupos de autores, así como a la posible autoría rusa de la carta de confesión”, declaró el Ministerio del Interior, en respuesta a las preguntas presentadas por los diputados del Partido Verde.

“Nos parece indignante que, después de 15 años, no hayan avanzado ni un paso en la identificación de estas personas”, lamenta la diputada ecologista Irene Mihalic. “Las autoridades encargadas deberían tener poderes suficientes para arrojar algo de luz sobre el caso. Resulta llamativo que sepan tan poco”.

La opinión pública se ha mostrado hostil hacia el Grupo Volcán, sobre todo porque, en los días posteriores al apagón de enero, los informativos de la televisión local se llenaron de imágenes de jubilados obligados a acampar en refugios de emergencia. La izquierda berlinesa, un caleidoscopio de diferentes corrientes políticas, también se mostró prácticamente unánime a la hora de desmarcarse del grupo. “Históricamente, nunca se ve a un grupo clandestino de izquierdas sin algún tipo de entorno de apoyo visible. Pero aquí, absolutamente nadie en la izquierda los defiende. Eso es inusual”, explica el periodista e historiador berlinés Nathaniel Flakin.

Inspirados por los rumores sobre Rusia, algunos llegaron a la conclusión de que quienes estaban detrás del Grupo Volcán ni siquiera eran de izquierdas. Dos meses antes del apagón de Berlín, los medios alemanes habían informado de que Alternativa para Alemania (AfD), el partido de extrema derecha al que a menudo se acusa de simpatizar con Rusia, había presentado una sospechosa e intensa batería de preguntas al Gobierno sobre las infraestructuras críticas del país. ¿Podría tratarse de un ataque de falsa bandera llevado a cabo por agentes rusos con la ayuda del principal partido de extrema derecha alemana? El diputado de AfD en el Parlamento regional de Berlín Frank-Christian Hansel, dice que la idea es “ridícula”.

Fueron precisamente las preguntas formuladas por Hansel en 2024 sobre la seguridad de la red eléctrica berlinesa las que desencadenaron una pequeña oleada de teorías conspirativas en internet tras el apagón. “Era mi deber como parlamentario preguntar por la resiliencia de la red. Es absurdo culparnos a nosotros, que queremos que [Berlín] sea resiliente, y sugerir que pretendíamos facilitar información sobre cómo atacar”.

El Grupo Volcán pareció ofendido ante la idea de que pudieran ser rusos o sus agentes de extrema derecha en Alemania. El 8 de enero apareció una segunda declaración en Indymedia, en la que se afirmaba que tales especulaciones se habrían tratado en el pasado como “basura irrelevante”, pero que ahora “las noticias falsas, los informes generados por IA y los ataques híbridos han causado incertidumbre”.

Confusión

En ese momento, la situación ya habría empezado a volverse realmente confusa. El 7 de enero apareció en Indymedia un comunicado que afirmaba proceder de otro Grupo Volcán. El texto, titulado “Contra la apropiación y las falsas continuidades”, aseguraba haber sido escrito por el grupo responsable de los ataques originales de 2011 y se desmarcaba del apagón de este año. Según sus autores, su conflicto entonces era con la implicación de Alemania en guerras en el extranjero y con la industria armamentística del país. Nunca habrían intentado provocar un apagón: “Queríamos una interrupción, no una escalada. La alteración de la normalidad, no su destrucción”.

El Grupo Volcán del 3 de enero se molestó y respondió con sarcasmo que la declaración anterior era obviamente falsa, posiblemente difundida por “agencias de inteligencia y/o fascistas”. Señaló que probablemente “quería desorientar, sembrar confusión y división”.

No obstante, también había un extraño tono de remordimiento en esta última declaración y daba la impresión de que todo el asunto se les había ido completamente de las manos. El Grupo Volcán 3 de enero parecía lamentar haber causado una perturbación tan importante en la vida de las personas. El objetivo había sido la economía de los combustibles fósiles, afirmaron, no la población de Berlín, y su intención había sido simplemente desconectar de la red una central que quemaba combustibles fósiles. “El alcance del impacto sobre unos 40.000 hogares particulares ni era intencionado ni se había previsto”, afirmaban. “Con lo que sabemos ahora sobre las consecuencias para determinados sectores de la población, habríamos llevado a cabo la acción en una época del año más cálida”, escribieron, en un tono casi avergonzado.

En otras palabras, parecía que todo había sido un gran error. “Bueno, claro”, pensó el veterano del movimiento climático de izquierdas de Berlín Tadzio Müller. “Este acto era indefendible”, me dice. Se enteró del apagón al día siguiente, mientras volvía en tren a Berlín. “Oí ‘apagón’, oí ‘ataque incendiario’, y pensé: ‘Por favor, no, por favor, no’… y entonces escuché ‘Grupo Volcán’. Y pensé: ‘Joder”.

¿Una fórmula legítima?

Cuando leyó la confesión inicial del Grupo Volcán, Müller también sintió que había algo que no cuadraba en el lenguaje, pero no cree que esto signifique necesariamente que el apagón fuera orquestado por agentes rusos. “Creo que fue una acción de la izquierda, y creo que salió terriblemente mal”, afirma el cofundador del grupo de acción ecologista Ende Gelände, la más militante de las organizaciones de protesta climática de Alemania.

Al reunirme con él en su piso repleto de libros mientras tomamos una infusión, comprendo por qué Müller se ha convertido en una figura destacada: tiene una presencia intensa y locuaz, es un hombre de 49 años con aspecto atlético y una energía hiperactiva. Su conversación es un torrente agitado de historias de guerra de tres décadas de lucha, salpicadas de alusiones a un siglo de pensadores de izquierda y anarquistas. Y tiene las cicatrices que lo demuestran: Müller ha sido golpeado por la policía en Praga y ha llorado de rabia e impotencia junto a la valla de un aeródromo militar británico mientras los aviones despegaban para sumarse al bombardeo de Irak a principios de la década de 2000.

Llevo años diciendo que tenemos que pensar en la posibilidad de algún tipo de sabotaje que pueda legitimarse públicamente

Tadzio Müller — Veterano del movimiento climático de izquierdas de Berlín

Müller, autor del libro Entre el sabotaje pacífico y el colapso: cómo volví a amar el futuro, sobre su viaje a través del duelo climático hacia la acción renovada, insiste en que el Grupo Volcán no está compuesto únicamente por activistas climáticos frustrados, personas que solían formar parte de grupos como Fridays for Future, Extinction Rebellion, Just Stop Oil o Last Generation y que luego decidieron volverse más radicales, sino que sitúa al grupo dentro de una corriente concreta de la izquierda radical denominada anarcoprimitivismo, que lleva mucho tiempo abogando por desestabilizar la economía mediante el sabotaje físico y que, en los últimos años, ha adoptado un tono más ecoactivista. Hansen parece estar de acuerdo: puede que sean activistas climáticos descontentos, me dice por teléfono, pero cree que “es más probable que sean personas del ámbito de la izquierda radical”.

Müller dice que nunca se ha planteado actuar en la clandestinidad, pero cree que existe un espacio fértil entre lo legal y lo legítimo. “Llevo años diciendo que tenemos que pensar en la posibilidad de algún tipo de sabotaje que pueda legitimarse públicamente”, afirma. “Por ejemplo, cortar unas vías para bloquear un tren que transporta residuos nucleares. Claro que es ilegal, pero el país, hasta cierto punto, acepta que se trata de una forma legítima de protesta”.

La zona gris legal de la desobediencia civil es precisamente el espacio que ocupa Ende Gelände (el final del camino), un movimiento que combina ecologismo y anticapitalismo. Desde 2024, la agencia de inteligencia interna alemana ha calificado al grupo de “sospechoso” de radicalismo de izquierda (en lugar de radicalismo de izquierda real, como el Grupo Volcán). Ende Gelände organizó varias intervenciones masivas a finales de la década de 2010, en las que miles de personas ocuparon las minas de carbón de Alemania. A diferencia de los Grupos Volcán, las acciones de Ende Gelände son públicas y a veces involucran a miles de manifestantes, ya que son capaces de atraer a muchos de sus activistas del movimiento climático en general.

A pesar de que también tiene como objetivo las centrales eléctricas de combustibles fósiles, Ende Gelände se abstuvo de manera notable de expresar su apoyo al Grupo Volcán. Pero una activista de Ende Gelände está dispuesta a mostrar al menos cierta simpatía por la causa, si no un respaldo al método. Scully, que no quiere dar su nombre completo y que ha participado en varias acciones de Ende Gelände, se muestra ambivalente sobre el acto de sabotaje. “No diría que me alegré”, me dice por teléfono cuando le pregunto qué le pareció el apagón. “Pero soy partidaria de debatir si queremos llevar a cabo sabotajes y cómo llevarlo a cabo”.

Scully cree que el caos del 3 de enero no habría ocurrido si el movimiento climático “oficial” hubiera ofrecido un espacio para debatir esas tácticas dentro de sus filas, de modo que los planes malos se descartaran antes de llevarse a cabo. Está convencida de que la amenaza de la acción militante directa tiene cabida en la lucha por la justicia climática. Al igual que el grupo anarquista Kommando Angry Birds, al que se atribuyen al menos siete ataques contra el sistema ferroviario alemán desde 2023 e inspirado en el discurso de Nelson Mandela sobre los actos de sabotaje contra infraestructuras críticas, Scully establece una comparación con el movimiento antirracista. “Es el argumento clásico: Martin Luther King no habría tenido tanto éxito sin Malcolm X”.

Traducción de Emma Reverter

La Comisión Europea ha anunciado este viernes la aprobación de una ayuda de estado de 9.000 millones de euros para que España ponga en marcha el sistema antiapagones que el Ministerio para la Transición Ecológica planteó a principios de 2025 y “garantizar que exista capacidad suficiente para producir, almacenar o consumir electricidad de manera flexible y que la producción de electricidad satisfaga la demanda prevista”. La propuesta permitirá que el Gobierno conceda subvenciones millonarias a las compañías energéticas para garantizar el suministro eléctrico en momentos de desajuste entre oferta y demanda y a la gran industria para que reduzca su consumo energético en momentos de pico de demanda.

Meses antes del histórico apagón generalizado que dejó a la Península Ibérica sin energía el pasado 28 de abril de 2025, Transición Ecológica diseñó la puesta en marcha de un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español para asegurar el suministro eléctrico por unas centrales que puedan inyectar energía cuando quieran, recurrir a electricidad almacenada o reducir el consumo de la gran industria, todo ello bajo pago. Meses después del apagón, que según todos los informes estuvo relacionado con problemas en el control de tensión, Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico español, también pidió a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) cambios “urgentes” en cuatro procedimientos de operación del sistema eléctrico tras detectar “variaciones bruscas de tensión” y “ante el riesgo para la seguridad del suministro”. 

El mecanismo de capacidad que ha aprobado Bruselas estará abierto a proyectos que “abarcan la generación de electricidad, la respuesta de la demanda (partes que reducen su consumo en respuesta a la reducción del suministro) y el almacenamiento (sujeto a criterios de admisibilidad medioambiental)”. El presupuesto de la medida, calculado a partir de las estimaciones de la Comisi´no Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se estima en unos 900 millones de euros al año, lo que supone un total aproximado de 9.000 millones de euros durante el período de diez años, en función de los resultados de cada subasta de capacidad.

En este nuevo mercado participarán la generación, el almacenamiento y la demanda –consumidores y agregadores–, que percibirán una retribución por aportar firmeza al sistema eléctrico, bien por estar disponibles para inyectar electricidad o bien por reducir el consumo. Su coste recaerá financiará principalmente en la comercialización de electricidad, con mayor peso en las horas de mayor estrés del sistema eléctrico, con el consiguiente traspaso a la factura final.

La Comisión ha evaluado la medida española con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE y ha constatado que “es necesaria y adecuada para alcanzar el objetivo perseguido, en consonancia con el Reglamento de la UE sobre la electricidad”.

Además se trata de una medida “proporcionada, ya que su cuantía corresponde a las necesidades de financiación reales” y “se concederá a proyectos seleccionados mediante un procedimiento de licitación transparente y no discriminatorio, con salvaguardias para garantizar una competencia efectiva”.

“Los beneficiarios competirán en función del importe de la ayuda solicitada por MW de capacidad disponible durante una situación de escasez. Como consecuencia de ello, la medida tendrá efectos limitados en la competencia y el comercio entre los Estados miembros. La medida se ajusta a la mayoría de las mejores prácticas en materia de mecanismos de capacidad establecidas en el Marco de ayudas estatales del Pacto por una Industria Limpia”, concluye la institución europea.

En el informe final de ENTSO-E, los expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, sobre el apagón que sufrió España y Portugal el 28 de abril de 2025 reveló que fue provocado por “un aumento rápido y descontrolado de la tensión del sistema y la consecuente pérdida del control de tensión” y concluye que el apagón fue el resultado de múltiples factores interactuantes y una reacción en cadena. El colapso del sistema fue un fallo sistémico impulsado por una combinación de problemas técnicos, operativos y regulatorios, aunque se confirmó que las compañías eléctricas fallaron en el control de la tensión y en la capacidad de respuesta.

Tras el visto bueno de Bruselas, Transición Ecológica ha agradecido a la Comisión Europea “el intenso trabajo realizado para comprobar que la propuesta de Mercado de Capacidad para el sistema eléctrico es acorde con la normativa europea en materia de ayudas de Estado y del mercado interior de la electricidad”.

El departamento de Sara Aagesen subraya que “con el nuevo mercado se conseguirán dos objetivos: asegurar la cobertura de la demanda y ofrecer señales de inversión para que el almacenamiento y la gestión de la demanda se incorporen definitivamente al sistema y se avance ordenadamente hacia una economía neutra en emisiones de carbono”. El ministerio ha avanzado en la tramitación de la propuesta normativa en paralelo a las conversaciones con la Comisión Europea y espera aprobarla durante las próximas semanas.

La patronal eléctrica aelēc ha valorado “muy positivamente” la aprobación del mecanismo por parte de la Comisión Europea, y confía en que se puedan lanzar “cuanto antes las subastas” de capacidad, “tanto a largo plazo” como las de corto. Este visto bueno “supone un paso decisivo para garantizar la seguridad de suministro eléctrico y avanzar en la descarbonización del sistema energético”. “Ahora es prioritario avanzar con la máxima agilidad en la aprobación y desarrollo normativo del mecanismo en España”.

Según la asociación a la que pertenecen Iberdrola y Endesa, “el mecanismo de capacidad constituye una herramienta imprescindible para garantizar que el sistema eléctrico disponga de los recursos firmes, flexibles y gestionables necesarios para acompañar el despliegue masivo de energías renovables y asegurar el suministro en todo momento”.

Y es “especialmente positivo que España cuente ya con luz verde europea para implantar un esquema de pagos por capacidad alineado con el marco comunitario y con los objetivos de transición energética”. “Ahora es prioritario avanzar con la máxima agilidad en la aprobación y desarrollo normativo del mecanismo en España, de forma que pueda entrar en funcionamiento cuanto antes y aportar señales de inversión claras y estables que aseguren el suministro”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado el nuevo sistema autonómico de comunicación para emergencias, que se ha denominado NEXO-CM, una red propia y autónoma diseñada - una especie de teléfono rojo- para “garantizar la conectividad y la comunicación” entre todos los centros de mando provinciales y el 112, que se constituyen ante una emergencia extraordinaria.

En la presentación, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que este nuevo servicio, que ya se encuentra en funcionamiento, ha surgido de “las lecciones aprendidas” a consecuencia de “hechos inéditos” registrados en el ámbito de las emergencias, especialmente el apagón nacional del 28 de abril de 2025, cuando el fallo del suministro eléctrico provocó graves interrupciones en las telecomunicaciones comerciales.

En este sentido, Ruiz Molina ha señalado que esa situación evidenció la necesidad de contar con “un respaldo propio, como es el de la red IP de Telecom Castilla-La Mancha, autónomo y alternativo” a las redes de comunicación comercial, que garantice la continuidad de la coordinación en cualquier circunstancia, ha informado la Junta en nota de prensa.

Intercambio seguro de voz, datos y vídeos

En este contexto, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha explicado que esta nueva red, que ha contado con una inversión de unos 300.000 euros, conecta de forma segura a los cinco Centros de Coordinación Operativa provinciales y la sala CECOP/CECOPI del 112, una vez activado el correspondiente plan autonómico de Protección Civil, desde donde se centraliza la dirección y coordinación de la emergencia, reforzando así la toma de decisiones en situaciones críticas.

El sistema incorpora conexión satelital para la “transmisión de voz, datos y video”; red Wifi de emergencia, y está compuesto, por unidades portátiles, esto es, maletines de categoría militar que pueden transportarse en vehículos todoterreno y que permiten su despliegue en cualquier ubicación, en un tiempo estimado de entre cinco y ocho minutos.

Asimismo, el consejero ha destacado que “gracias a esa fácil portabilidad”, la capacidad de despliegue sobre el terrero es una de las principales innovaciones de NEXO-CM.

Aunque el sistema está concebido para coordinar los centros operativos, también se pueden establecer puestos de mando en zonas afectadas donde las comunicaciones convencionales hayan quedado inutilizadas. Así, aunque no haya cobertura, y fallen los sistemas habituales, la comunicación seguirá funcionando y, por tanto, quedará garantizada la coordinación de medios humanos y materiales.

La red también garantiza el suministro eléctrico mediante sistemas autónomos, como baterías o grupos electrógenos, y cuenta con una supervisión y control permanente las 24 horas, los siete días de la semana.

Una futura Escuela de Protección Ciudadana

Con la puesta en marcha de esta nueva Red de Comunicación Satelital, el consejero ha subrayado que se cumple el compromiso adquirido por el presidente García-Page, durante el último Debate sobre el Estado de la Región, de garantizar la coordinación entre todos los grupos intervinientes en materia de protección ciudadana, en cualquier circunstancia.

Una actuación que se enmarca en el “proceso de modernización y fortalecimiento” del sistema regional de emergencias, que va a permitir seguir “mejorando la operatividad del Servicio 1-1-2”, que en breve va a contar con unas “magníficas instalaciones, más amplias, modernas, funcionales y energéticamente sostenibles”. A la que se va a sumar la futura Escuela de Protección Ciudadana, cuya primera piedra se ha estimado colocar a finales de este año.

En la presentación, el consejero ha estado acompañado por el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles; el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig; la delegada de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo, María Castaño y el responsable de Telecom Castilla-La Mancha, Wenceslao Sánchez.

La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor, ha cifrado este miércoles en 711 millones de euros el coste de la denominada operación reforzada que Red Eléctrica de España (REE) aplica desde el apagón del pasado 28 de abril, con más uso del gas, y ha pedido la “nulidad” del expediente sancionador incoado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Durante su intervención en la junta de accionistas de Redeia, Corredor ha defendido las alegaciones “y pruebas rotundas” que ha expuesto la compañía ante ese expediente y ha reprochado a la CNMC su “conflicto de interés” en este asunto, como responsable de aprobar una normativa sobre control de tensión que se retrasó durante cinco años y no se aprobó hasta después del apagón.

El expediente de Competencia, según Corredor, tiene “defectos de forma y de fondo” y adolece de una “indeterminación de los hechos imputados” que ha calificado de “incompresible”, lo que provocaría “la nulidad” del procedimiento.

Corredor ha subrayado que “el sistema eléctrico es más que Red Eléctrica” y requiere “que todos los agentes cumplan” para ser “más seguro”. Según la exministra socialista, “el tiempo nos ha dado la razón” sobre las razones de un apagón que fue “inédito, imprevisible y multifactorial”, según “todos los expertos”, y “especialmente” el informe “encargado por la comisión europea” que se presentó en marzo tras diez meses de investigación, que demuestra que REE “no falló” y avala “punto por punto” el primer análisis del histórico cero energético que publicó el operador del sistema español en junio de 2025.

Corredor, que ha dicho que esperaba “otro tipo de señales regulatorias” de la CNMC respecto a la retribución de la actividad de transporte de electricidad, ha insistido en que “los mismos que incumplieron” sus obligaciones en el control de tensión, las generadoras de electricidad, son ahora “los que perciben” los ingresos extra de la denominada operación reforzada, para la que no ha puesto fecha de retirada y cuyo coste ha cifrado en 711 millones hasta el 30 de abril (frente a los 666 millones que alcanzó hasta marzo), el 2% de los costes totales del sistema, con un impacto de unos cuatro céntimos al día para un consumidor acogido a la tarifa regulada (PVPC).

La exministra de Vivienda ha destacado el valor de las energías renovables para proteger a España de la disrupción provocada por crisis energética derivada de la guerra en Irán. Ha subrayado que España es el segundo país europeo en potencia y generación eólica y solar, solo por detrás de Alemania, con 150 GW instalados, incluyendo el autoconsumo, y las renovables sumando ya el 70% del parque de generación.

Corredor, que ha recordado que fue renovada en la junta del año pasado y ha dicho que se siente “plenamente legitimada” para seguir presidiendo la compañía, ha calificado de “descripción interesada” el retrato de una red de alta tensión colapsada por la avalancha de proyectos, pero ha reconocido que existe “acaparamiento” de proyectos.

En la junta de este miércoles se ha aprobado entre otros asuntos el nombramiento como consejero de Redeia del anterior presidente de Enresa, José Luis Navarro Ribera, en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), primer accionista del grupo (20%). Ha sido una asamblea más tranquila que la de 2025, en la que ha vuelto a intervenir un concejal del PP en Asturias para cargar contra la gestión de Corredor.

La presidenta de Redeia ha justificado la celebración de la asamblea de forma exclusivamente telemática (como la del año pasado, semanas después del apagón) en que “favorece una asignación mas eficiente de los recursos” y permite otorgar “igualdad de trato” a los accionistas, independientemente de donde se encuentren.

“No somos la única compañía cotizada que lo ha hecho” y “la ley y los estatutos lo permiten”.

No es que no fuera esperable dada la polarizante realidad de esta época, pero ver cómo el apagón, un evento meramente técnico, se ha convertido en un artefacto de la batalla cultural y política no deja de apenarme profundamente y nos muestra lo tóxico que se ha convertido nuestro debate social.

Dejen que les cuente la última muestra de esto. Hace unos días aparecí en el programa de TVE 'Se nos ha ido de las manos', para el que fui entrevistado hace un tiempo. El programa trata el apagón desde un punto de vista desenfadado y se focaliza mucho en los bulos y la desinformación que siguió al evento, dado el perfil de su presentador, Carles Tamayo. Esto, por supuesto, ha soliviantado a algunos propagandistas disfrazados de divulgadores que se han visto indirectamente interpelados por sus bulos posteriores al apagón y, como reacción, han soltado alguna embestida en redes sociales contra el programa. Ver tus acciones comparadas con los bulos sobre el parking de Bonaire después de la dana de Valencia obviamente no es del agrado de nadie. 

El otro día un amigo me mandó un tuit de la cuenta de TVE en X donde se compartía un trocito del programa en el que aparecí. Hace año y medio que no participo en aquella siniestra plataforma, pero entré para ver qué era y, por curiosidad, me puse a leer los comentarios. Cuando te desinfectas de X y ya solo entras puntualmente, la sensación que te provoca es como si estuvieses viendo una película de zombis de serie B: Todo se ve falso, excesivo y con un punto ridículo. El cuñadismo premium, la violencia gratuita o ver cómo los pocos que no tienen una cuenta anónima hunden su imagen participando en la turba violenta, no deja de ser antropológicamente curioso. Sin embargo, X sigue siendo relevante en el debate público, de ahí el enorme esfuerzo y dinero invertido para dominar lo que se ve en ella. Negarlo sería autoengañarse.

Volviendo al tuit, los comentarios eran tremendos. Una turba atacaba al programa por ser “propaganda sanchista”, por estar mintiendo y atacaban a los que participamos por, según ellos, “blanquear” al gobierno, a REE y ¡¡a la CNMC!! El 95% de los comentarios era pura bilis, pero me fijé más el 5% restante, aquellos que pretendían rebatir lo que defendíamos los participantes, todos profesionales del sector de la energía, que era que a las renovables se las había responsabilizado injustamente del apagón y que no fueron las responsables. Con estrategias propias del ilusionismo y la prestidigitación, pretendían defender que, aunque las renovables no tenían permitido controlar tensión por la regulación vigente entonces, eran de alguna manera las causantes. Algunos de estos comentarios debían de estar hechos con IA: “Hazme una argumentación que parezca convincente para acusar a las renovables de ser las responsables del apagón a pesar de no haber podido controlar tensión”.

Ustedes imagínense que mañana hay un gran incendio que se descontrola y arrasa decenas de miles de hectáreas. Y que después de la extinción, el Gobierno hace una ley que permite que las policías locales de España puedan ser movilizadas contra los incendios. Pues bien, para estas personas la culpa del incendio y su descontrol la tendrían las policías locales. No las administraciones, ni la falta de medios, ni los incendios de nueva generación, el cambio climático o las condiciones adversas. No, la culpa sería de las policías locales que no podían ir a ayudar. Este era el mejor argumento de los comentarios. Imagínense el resto. 

No perdería ni un céntimo si apostase a que ninguno de los comentaristas en X se habrá leído las 470 páginas del informe de ENTSO-E, ni quizá tan solo una parte de ellas. La inmensísima mayoría de ellos no tenía siquiera el criterio técnico más básico sobre un sistema eléctrico, pero esto no se trata de hechos, se trata de fabricar un relato. Por haber, había hasta una nota de la comunidad “validada” que negaba lo que decíamos los tres especialistas que estábamos allí y que, por supuesto, era equivocada y estaba mal referenciada. Lo de las notas de la comunidad es un invento fantástico para engañar a la gente simulando un fast check que, en el fondo, no es más que la autovalidación de los propios prejuicios de los comentaristas. Es el doble bulo: el del comentario y el de la supuesta validación.

Esta anécdota, de la que fui consciente de casualidad, es un ejemplo del intento de fabricación de una verdad alternativa sobre el apagón. Esto no ha salido de los usuarios anónimos de esa red social, sino que es producto de toda la desinformación, bulos y medias verdades interesadas que se llevan diciendo desde el mismo día del apagón, cuando aun no se sabía nada, pero recordemos, ya había gente diciendo que sabían lo que había pasado. Esa gente mentía entonces y sigue mintiendo ahora al defender su propio relato, de ahí su desairada reacción hacia el programa.

Lo que pasó el día del apagón se conoce casi al milímetro, está en los diferentes informes que se han ido conociendo. No fueron las renovables, no fue la falta de inercia, no fue que hubiese pocas nucleares ni que hubiese demasiadas renovables ese día. Eso es falso y ha sido demostrado reiteradamente por todos los informes. Quien diga lo contrario está mintiendo y quien haga trilerismo con los hechos está intentando manipular. El apagón fue un evento en cadena, por tanto, multifactorial, con 17 factores que contribuyeron a la cascada de incremento de tensión y a que no se pudiese controlar. Hay cuestiones de regulación desactualizada, eventos inesperados, centrales que no cumplieron con sus obligaciones y desconexiones inadecuadas. Lo que no hay por ningún rincón de ningún informe es un exceso de renovables.

Durante este año hemos visto como, con el apagón, se ha utilizado el manual sobre cómo difundir desinformación: Medias verdades, uso de mitología previa, falsos expertos en los medios, uso del miedo para coaccionar a la sociedad y paralizar los cambios, informes pagados, bombardeo con información anecdótica para generar un estado de ánimo, expertos “sugeridos” por interesados en los medios, filtraciones maliciosas, y, sobre todo, la gran estrategia para ganar una batalla por el relato: Ser el primero en presentarlo, aunque no tengas evidencia alguna. 

Aun así, dos tercios de la población no se ha creído que las renovables sean las causantes, según una encuesta reciente. A veces los buenos también ganan. A pesar de X.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) redujo a mínimos el importe de las sanciones que impuso en el ejercicio 2025, el que previsiblemente será el último año completo en el cargo de la actual presidenta, Cani Fernández, que acaba su mandato de seis años al frente del organismo el 16 de junio.

Los datos de la memoria anual que acaba de publicar la CNMC reflejan que el importe de las sanciones impuestas en 2025 por el denominado 'súperregulador' fue de poco más de 18 millones de euros. Esta cifra supone un drástico descenso del 96% respecto a los 444,7 millones de 2024, el año de la histórica sanción de 413,2 millones que Competencia impuso al portal de viajes online Booking por abuso de posición de dominio en España entre 2019 y 2024.

Si se exceptúan los apenas 6,6 millones en multas de 2020, que fue un año excepcional por la pandemia y porque buena parte del pleno del organismo (incluida la presidencia) estuvo en funciones, esos 18 millones de 2025 en sanciones (de todas áreas: Competencia, Energía, Telecomunicaciones...) son un mínimo anual desde que a finales de 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha la CNMC al fusionar los antiguos reguladores de la Competencia, Energía, Telecomunicaciones, Transporte o sector postal.

Un modelo polémico y poco habitual en el mundo que el Gobierno trató de revertir en parte con un proyecto de ley aprobado en 2024 para intentar recuperar la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y crear un regulador especializado en esta materia. La norma está empantanada en el Congreso por falta de apoyos.

En estos seis años de mandato de Cani Fernández, se han sucedido la pandemia global, una crisis energética sin precedentes derivada de la invasión rusa de Ucrania en 2022, la irrupción de la inteligencia artificial, el histórico apagón del 28 de abril de 2025 y ahora, otra guerra en Irán, que amenaza con derivar en la peor crisis energética en décadas.

Fuentes del organismo niegan que el dato de reducción de las sanciones de 2025 indique una disminución de la actividad de la CNMC. Recuerdan que hasta 2021 (y en una tendencia que no afecta solo a España) se sucedieron expedientes únicos a cárteles en los que se sancionaba a muchas empresas (caso del famoso cártel del AVE y el de comunicaciones y señalización ferroviaria), mientras que en los últimos años se ha pasado a abusos de posición de dominio cometidos por una sola empresa. Y en esos expedientes las sanciones pueden ser menores en función de la cifra de negocios de la infractora (la referencia que se toma para poner las multas). 

Las mismas fuentes insisten en que no hay ninguna explicación concreta para ese descenso de las multas, que varían en función de las empresas expedientadas en los procedimientos. Estos, recuerdan, tienen su origen en investigaciones que pueden prolongarse años desde que los incoa la dirección correspondiente hasta que llegan al pleno para su resolución.

Según esas fuentes, es “más relevante” analizar cuántos expedientes incoa cada dirección en cada ejercicio. En la de Competencia, que históricamente ha concentrado el grueso de las multas, en 2025 se incoaron 6 expedientes sancionadores, uno más que un año antes. También se llevaron a cabo seis inspecciones, una más que en 2024.

En 2025, el importe de las sanciones del área de Competencia de la CNMC fue de solo 10,1 millones. Esta cifra, la más baja desde 2020, se va a superar con toda seguridad este año, después de que en enero pasado el organismo impusiera una sanción de 20,5 millones a varias empresas del Grupo Repsol y les prohibiera participar en contratos públicos. 

De esos 10,1 millones de multas por prácticas colusorias en 2025, la mitad correspondió al expediente a Unión Fenosa Distribución, de Naturgy, por restringir la competencia en el mercado de contadores. En este ámbito, el organismo sancionó en 2025 con 2,9 millones a varias agencias de viajes que manipularon contratos convocados por el Banco de España y la Universidad Complutense de Madrid; a una empresa de peluquería profesional y a la empresa renovable Eólica de Alfoz, a la que fijó por primera vez la prohibición de contratar, sin esperar a la intervención de otras Administraciones.

En la pata de Energía, las multas ascendieron en 2025 a 4,85 millones con 17 expedientes sancionadores resueltos, la cifra más baja desde 2020 y muy por debajo de los 17,4 millones de 2024, cuando se resolvieron 28 expedientes.

Este área es la que deberá resolver en los próximos meses la batería de expedientes sancionadores incoados en las últimas semanas en el marco de la investigación del apagón y que ha anunciado recientemente la CNMC. Por ahora son 56 expedientes, aunque previsiblemente habrá más. Las sanciones que pueden imponerse con los que se han comunicado hasta ahora ascenderían como máximo a 474 millones, aunque es prácticamente imposible que la CNMC aplique el tipo máximo en cada caso.

Confirmadas el 71% de las decisiones

Hace unos días, en la que previsiblemente habrá sido su última comparecencia en el Congreso para presentar el último informe anual del organismo, la presidenta de la CNMC desmontó con datos la “percepción” de que tras imponerse, las resoluciones de Competencia “se pierden más que se ganan” en los tribunales de justicia.

Como prueba, blandió un informe del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid que ha revisado cien resoluciones y actos administrativos de la CNMC objeto de revisión jurisdiccional en los últimos tres años. “El 71% fueron confirmadas expresamente; un resultado cuantitativo excepcional si se compara con el de autoridades análogas a la CNMC”, dijo Fernández.

La todavía presidenta de la comisión, que deseó a los diputados “mucho tino en la elección de mi sucesor y otros consejeros de la CNMC”, expuso en el Congreso que “queda pendiente introducir en nuestra Ley de Defensa de la Competencia la terminación transaccional como forma de finalización de expedientes sancionadores ―en concreto, de cárteles―, que permitiría una mayor eficiencia y eficacia de nuestra capacidad de sanción”. 

También pidió al Congreso “una reflexión sobre el equilibrio entre las crecientes responsabilidades y los medios de los que dispone la Comisión”. Con una plantilla de medio millar de personas para vigilar el funcionamiento de sectores clave de la economía, el papel del organismo en el apagón ha sido cuestionado por no aprobar un procedimiento de control de tensión que demoró durante años y que, según muchos expertos, habría evitado ese histórico cero nacional.

Un “vacío legal” que Fernández ha negado y sobre el que han coincidido dos bandos opuestos en la batalla post apagón, en la que hay en juego multas e indemnizaciones multimillonarias: tanto la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, como Endesa e Iberdrola. La todavía presidenta de la CNMC también insistió en su última comparecencia en la necesidad de habilitar legalmente al organismo para que pueda desarrollar la efectiva aplicación en España de la Ley de Servicios Digitales de la UE.

Esta semana se ha cumplido un año del gran apagón que dejó a España y a Portugal sin luz, sin conexión a Internet y provocó una alteración total de la normalidad en la vida de los ciudadanos de toda la Península Ibérica. Nosotros queremos recordarlo juntando los dos episodios que preparamos en su momento, tanto el que hicimos ese mismo día como otro, con más calma y reflexión. 

En el primero, el equipo de Un tema Al día, junto a la redacción de elDiario.es, se lanzó a la calle para buscar los sonidos de un apagón que ya forma parte de la historia de nuestro país.  

En el segundo, nos paramos a pensar qué nos pasó… Y hablamos con compañeros de elDiario.es y con otras personas sobre nuestra vulnerabilidad. Conocimos muchas historias, ninguna grave, ninguna acabó mal, pero que cuentan muchas emociones. Son Begoña, Sergio, Andrea, María y Margarita. 

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El Gobierno de Castilla-La Mancha adquirirá la próxima semana un modelo de “garantía de comunicaciones” para mantener comunicados los grandes centros ante casos como el del apagón.

Así lo ha explicado este viernes el presidente de la región, Emiliano García-Page, durante la inauguración del Centro de Talento y Tecnología de Telefónica en Toledo, donde ha asemejado este sistema al antiguo concepto del “teléfono rojo”.

García-Page ha explicado que la región ya contaba con uno de estos “modelos de reaseguro” pero ha reconocido que tuvo “elementales carencias”.

“Tener que suspender operaciones o dejar de hacer transfusiones de sangre es de altísimo riesgo. Mejor aprender de los defectos”, ha abundado.

El apagón peninsular de hace un año se incorporó desde el primer minuto a la lista de fechas “dónde estabas”, un selecto club de momentos históricos en los que todos, absolutamente, todos, recordamos dónde estábamos, haciendo qué y con quién: el 11-S, el 11-M, el inicio del confinamiento, el gol de Iniesta, la muerte de Franco, de Kurt Cobain o de Lady Di -que el tema necrológico va por gustos-… Momentos todos de los que muchos años después, si nos preguntan “dónde estabas” cuando sucedieron, podemos responder sin titubeos, y no solo eso: con un recuerdo muy vivo, que revive con fuerza en cada aniversario.

Lo mismo con el apagón que ahora cumple un año: todos recordamos con precisión dónde estábamos aquel 28 de abril a las 12h32m, haciendo qué, con quién, y lo que hicimos a continuación. Yo estaba aparcando el coche en mi calle, y lo noté en que se me fue la música, y en seguida vi los comercios de mi barrio a oscuras y la gente asomándose a los balcones y saliendo a las puertas para ver si era en su bloque, su calle, su barrio, su ciudad o el país entero al final.

No había pasado ni media hora de apagón, cuando toda la prensa -aunque pocos pudiesen leerla, lo sabríamos después- ya lo bautizó con algo de grandilocuencia como “el gran apagón”, y así quedó para la historia. No sé tú, pero en mi recuerdo el “gran apagón” fue solo grande por su extensión y su complicación técnica, no por su duración ni sus consecuencias: unas horas sin luz -a la noche ya había vuelto en casi todo el país, y en zonas del norte duró minutos-, que la mayoría nos tomamos con mucha calma, con paciencia, sin matarnos por una linterna como suele pasar en el cine catastrofista de Hollywood, con buena organización y autocuidado -vecinos dirigiendo el tráfico sin semáforos-.

También con mucho humor -los memes circulaban hasta sin luz-, con ganas de socializar -los bares agotaron los botellines, que se iban a calentar-, y hasta con fantasías anticapitalistas (quién no deseó que el apagón durase un poco más, y con él se parase la rueda de hámster en que vivimos), o echando un ratito bueno en la cama para aumentar los nacimientos de tu pueblo nueve meses después.

No quito gravedad a que todo un país se vaya a negro, y sé que hay servicios críticos que no habrían aguantado muchas más horas, además del miedo que algunos pudieron sentir y la incertidumbre de no poder localizar a tus seres queridos. Pero no creo exagerar si digo que muchos recordamos el gran apagón, más con una sonrisa que con estrés postraumático, y en nuestra memoria es más bien “el pequeño gran apagón”. La prueba es que, un año después, la mayoría seguimos sin tener en casa linternas, radios con pilas, agua ni alimentos para sobrevivir varios días, que también nos quisieron vender entonces el kit del fin del mundo.

Un año después, políticos y medios subrayan la gravedad del episodio, la falta de explicaciones y de responsables, las dudas de si podría volver a suceder, el coste económico, y hasta el apagón democrático del que el apagón eléctrico fue otra prueba (Feijóo, por supuesto). Y de verdad que no me lo tomo a guasa, pero no conozco muchos acontecimientos históricos del tipo “dónde estabas” en el que la distancia entre el relato oficial y el de la calle sean tan grandes. A años luz, ya que estamos eléctricos.