Competencia multa con 20,5 millones a varias empresas de Repsol y les prohíbe participar en contratos públicos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 20,5 millones de euros a varias empresas del Grupo Repsol y les ha prohibido participar en contratos públicos, tras constatar que efectuaron una política abusiva de estrechamiento de márgenes en 2022, coincidiendo con la subida de los precios del petróleo tras el estallido de la guerra en Ucrania.

Según ha informado Competencia en una nota de prensa, el organismo ha sancionado a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio por aplicar una política comercial “de estrechamiento de márgenes abusivo”, en perjuicio de las estaciones de servicio independientes que compiten con las de Repsol.

La CNMC ha constatado que Repsol —con una posición de dominio en el suministro de combustible a estaciones de servicio— incrementó los precios de manera generalizada “aguas arriba” (es decir, en el reparto mayorista), al tiempo que aplicó un descuento adicional de 5 céntimos al aprobado por el Ejecutivo en 2022 para los clientes que repostasen gasóleo A.

Estas prácticas derivaron en un estrechamiento de márgenes -prohibido por la Ley de Defensa de la Competencia y el derecho europeo- llevada a cabo entre abril y diciembre de 2022, que coincidió con subidas en el precio de los carburantes por la invasión de Ucrania por Rusia. Estas afectaron especialmente al GOA, cuyo precio, durante seis meses de 2022, superó por primera vez al de la gasolina en España.

Ganaron cuota de mercado a costa de las low cost

La CNMC ha acreditado que varias sociedades del Grupo Repsol desplegaron una estrategia “incompatible” con su posición de dominio para ganar volumen a sus competidores —estaciones de servicio independientes o de bajo coste—, y revertir así la pérdida de ventas y de cuota de mercado que sufrían desde 2019.

Determinadas estaciones de servicio independientes redujeron “drásticamente” su volumen de ventas de combustible GOA a profesionales, mientras que Repsol incrementaba sus ventas y su cuota de mercado.

La conducta, apunta la CNMC, es “especialmente grave” porque los competidores eran estaciones de servicio de bajo coste, que contribuían a dinamizar el mercado en zonas de alta demanda, situadas en áreas fronterizas y/o corredores estratégicos de transporte por carretera.

Además de la multa de 20,5 millones, RSE, Campsa y Solred tendrán prohibido presentarse a licitaciones públicas para el suministro de combustibles para automoción 'Gasóleo A' por un periodo de seis meses. Contra la decisión de la CNMC podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación, algo a lo que la compañía se acogerá.

Repsol ha rechazado “de forma tajante” la sanción a sus filiales, al considerar que se apoya “en un relato parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho, que ignora el contexto excepcional de 2022”, marcado por la crisis tras la invasión rusa de Ucrania. Así, ha anunciado ya que recurrirá ante la jurisdicción contencioso-administrativa para hacer “valer todo estos argumentos en su impugnación”.

En un comunicado, la energética consideró que la decisión de la CNMC no acredita ni posición de dominio, ni efecto de exclusión en el mercado y defendió que actuó “con transparencia y en beneficio de los consumidores en el peor momento de la crisis inflacionaria”. Además, asegura que es la primera vez en la historia del derecho de la competencia nacional y comunitaria que la CNMC sanciona a una compañía por aplicar descuentos, “en este caso superiores a 450 millones de euros, comunicados públicamente y supervisados por la propia Administración, para aliviar la delicada situación de familias y profesionales, todo ello en un contexto excepcional de mercado”.

A este respecto, advirtió de que “sancionar una conducta legal y supervisada por la propia CNMC desnaturaliza el sentido de la norma, limitará los descuentos futuros de las compañías en numerosos sectores y desincentivará respuestas empresariales responsables ante crisis futuras”, recordando que los descuentos minoristas “fueron exigidos” por el Real Decreto-ley 6/2022, “cuya aplicación la propia CNMC supervisó a través de su Dirección de Energía durante todo 2022”.

El grupo dirigido por Josu Jon Imaz calificó la resolución de la CNMC de “arbitraria” y denunció que el regulador “infla artificialmente la cuota de mercado, mezclando productos y clientes”, ya que, en su opinión, si se considera el segmento correcto, su cuota se situó en torno al 25% en 2022, existiendo numerosos competidores en este mercado.

“Nunca en la historia del derecho de la competencia se ha sancionado a una empresa por abuso de posición de dominio con cuotas de mercado por debajo del 30% y menos en un periodo tan corto de tiempo (9 meses) y en condiciones excepcionales”, añadió al respecto.

Por otra parte, Repsol lamentó que la CNMC esté “más preocupada por los resultados de esos competidores que por los ahorros que los descuentos supusieron para clientes y consumidores” y mostró su sorpresa por el hecho de que esta decisión se dé “en un contexto de crecimiento continuo de la cuota de mercado de los operadores de estaciones de servicio independientes, frente a la de los operadores tradicionales”.

Igualmente, consideró “sorprendente” que no haya ninguna referencia al fraude en el expediente, pese a las dos denuncias presentadas por Repsol, sin que se haya tenido noticia alguna sobre las mismas, ya que en la distribución mayorista de carburante es indiscutible el incumplimiento masivo de las obligaciones regulatorias y fiscales, así como su afectación a la competencia.