A las pocas horas de que fuerzas especiales mexicanas abatieran el 22 de febrero a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el país vivió una represalia coordinada: vehículos incendiados, autopistas cortadas con bloqueos y ataques contra fuerzas del orden. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que las autoridades registraron más de 250 bloqueos en 20 estados y que más de 70 personas murieron durante el operativo para capturar a Oseguera y en el violento saldo posterior.

La violencia no fue una sorpresa. Fue el previsible “después”, la fase que sigue a la caída de un capo cuando el Estado no dispone de un plan creíble para lo que viene a continuación.

México ha aprendido esta lección una y otra vez. Los golpes a la cúpula pueden ser necesarios y, sin embargo, rara vez bastan. Un corpus importante de análisis advierte de que la eliminación de los máximos dirigentes criminales puede disparar la violencia: las organizaciones se fragmentan, los rivales irrumpen y los lugartenientes se disputan la sucesión y el territorio. Cuando el Estado no logra estabilizar ese vacío, un operativo contra un capo puede acabar provocando el efecto contrario al buscado: abrir un periodo de disputa interna y desorden todavía mayor.

Cómo mutó “el problema de México”

Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, la economía criminal de México fue profundamente corrupta y, a menudo, tolerada. Pero, a grandes rasgos, seguía siendo un problema centrado en el narcotráfico: mover drogas hacia el norte, pagar por protección y calibrar la violencia para evitar desestabilizar el orden político. Con el tiempo, los cambios en las rutas y en la presión policial ayudaron a que los grupos mexicanos ampliaran su influencia dentro de la cadena de suministro dirigida a Estados Unidos.

Después llegó la ruptura. En 2006, el presidente Felipe Calderón Hinojosa militarizó la confrontación y la lucha contra los cárteles se convirtió en un proyecto nacional definitorio. Lo que México no construyó entonces, ni en los años posteriores, fue una estrategia duradera, de largo aliento, que se ajustara a la naturaleza transnacional del problema. Estados Unidos (demanda, dinero, armas e inteligencia), Guatemala y Centroamérica (la realidad de la frontera sur y los corredores de tránsito), y Colombia y la cadena andina (los flujos de cocaína) no son actores periféricos. Son variables estructurales.

Un planteamiento serio de “día después” habría exigido coordinación internacional sostenida entre los actores clave, además de un compromiso de recursos concebido para sobrevivir a un solo mandato. En su lugar, gobiernos sucesivos ensayaron retóricas y tácticas distintas, incluidas etapas de menor presión sobre los capos, con la esperanza de que regresara una “normalidad” anterior. Pero el reloj no marcha hacia atrás. Cuando las organizaciones criminales se diversifican, se incrustan y escalan, rara vez vuelven a un modelo de negocio más simple.

Esa fue la segunda mutación: la diversificación hacia la depredación interna. Bajo presión y en un contexto de fragmentación, muchos grupos ampliaron su actividad más allá del narcotráfico: extorsión (“derecho de piso”), secuestro, fijación de precios y control de industrias legales, sindicatos y rutas de transporte. En la práctica, esto se traduce en un impuesto informal sobre el comercio, pagado no al Estado, sino a grupos armados.

La tercera mutación es todavía más peligrosa: alcance global y penetración en las instituciones. En un informe de 2025, la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés) subraya que el CJNG se ha expandido más allá de México y ha establecido presencia en más de 40 países, respaldado por vastos recursos financieros, una estructura de franquicia, violencia y corrupción.

Cuando las redes criminales pueden comprar, coaccionar o incrustarse en las policías locales, las fiscalías, los tribunales y los gobiernos municipales, la amenaza deja de parecer "seguridad pública" y empieza a tomar la forma de una degradación institucional profunda: el armazón práctico de un narcoestado

Pero el peligro real no es solo la escala. Es la infiltración ascendente: de las calles y las cadenas de suministro hacia los ayuntamientos y las instituciones estatales. A principios de febrero, las autoridades mexicanas detuvieron a Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila (Jalisco), entre otras acusaciones por presunta extorsión a productores de tequila en un esquema que las autoridades vincularon al CJNG.

La violencia contra cargos locales tampoco es una hipótesis. El 1 de noviembre de 2025, el alcalde de Uruapan (Michoacán), Carlos Manzo Rodríguez, fue asesinado a tiros durante las celebraciones del Día de Muertos. Posteriormente, las autoridades detuvieron a siete de sus escoltas en relación con el homicidio, y el caso se enmarcó públicamente en un contexto de presión e infiltración por parte del CJNG. De forma más amplia, México lleva años soportando un goteo constante de asesinatos y atentados contra candidatos y políticos locales. Tan constante que la campaña electoral de 2024 se convirtió en la más sangrienta de la historia moderna del país, con decenas de candidatos asesinados antes de la votación.

Cuando las redes criminales pueden comprar, coaccionar o infiltrarse en las policías locales, las fiscalías, los tribunales y los gobiernos municipales, la amenaza deja de parecer “seguridad pública” y empieza a tomar la forma de una degradación institucional profunda: el armazón práctico de un narcoestado.

La máquina de reclutamiento y las “madres buscadoras”

A menudo, en Estados Unidos se subestima otra dimensión, más humana: los cárteles mexicanos no son únicamente redes de tráfico. Son una maquinaria de reclutamiento y exterminio. Reuters ha informado de sistemas que atraen a gente con ofertas de empleo y se sostienen en la coacción y la brutalidad, además del reclutamiento de menores por parte de los cárteles para asignarles roles violentos. En algunas regiones, jóvenes son secuestrados, encerrados en campos de entrenamiento (o concentración, según se vea) y obligados a integrarse. Si se niegan, la consecuencia puede ser una bala en la cabeza y una fosa clandestina.

Esa brutalidad desemboca en el trauma nacional de México: las desapariciones. Hoy, el país suma aproximadamente 130.000 personas desaparecidas. Y, en demasiados casos, las familias acaban haciendo lo que el Estado no puede: buscar. Las “madres buscadoras”, madres y familiares organizados en colectivos de búsqueda, han recurrido tanto a herramientas tan elementales como palas como a drones con cámaras térmicas, rastreando enormes extensiones de terreno en busca de anomalías que puedan señalar fosas sin marcar. En un país atravesado por la ausencia, la búsqueda se convierte en una institución paralela.

La estructura que sostiene la violencia

Basta observar cómo el poder de los cárteles se integra en la vida económica legal. En Michoacán, el asesinato de un dirigente destacado del sector limonero, que había denunciado reiteradamente las extorsiones, revela la presión que sufre el mismo ecosistema agrario que incluye la producción de aguacate y sus cadenas asociadas. La misma lógica se extiende a los corredores de transporte y a la logística. Opera no solo mediante bloqueos espectaculares, sino a través de un poder recaudador paralelo, impuesto por las armas, que se impone sobre rutas, trabajo y mercados locales de manera cotidiana.

El sector minero aporta otro ejemplo reciente y tangible. El 28 de enero de 2026, la empresa canadiense Vizsla Silver informó de que diez personas, incluidos geólogos e ingenieros, fueron secuestradas en su proyecto de Concordia (Sinaloa) por una facción de Los Chapitos (Cártel de Sinaloa). Las autoridades identificaron a cinco de los desaparecidos entre diez cadáveres hallados en fosas clandestinas en una comunidad cercana. Todo apunta a que el grupo entero fue asesinado. Sea cual sea el relato final de la Fiscalía, el mensaje comercial ya está escrito: en determinadas regiones, la actividad económica autorizada no puede separarse de forma fiable de la gobernanza criminal.

El error es tratar la captura o eliminación de un capo como si fuera el objetivo definitivo

Y, después, está el punto de presión institucional: el instante en que el miedo se convierte en gobierno. En la mañana del pasado 25 de febrero, el asesinato de Bernardo Soriano Castro, exresponsable de delitos de alto impacto en Baja California Sur, recientemente destituido por “pérdida de confianza”, añadió otro golpe. Iba acompañado de su hija menor, que, de forma sorprendente, sobrevivió. Las autoridades no han establecido públicamente el móvil. Pero la secuencia importa. La prensa local describió sus denuncias de corrupción y críticas públicas poco antes de su muerte. En un sistema que intenta resistir la penetración del crimen organizado, el efecto político es inconfundible: un silenciamiento de alto perfil, o uno percibido como tal, se convierte en una advertencia para quienes se planteen denunciar irregularidades.

La tentación Bukele

La ofensiva de El Salvador contra la delincuencia bajo el presidente Nayib Bukele ha producido resultados llamativos en los homicidios registrados y en la percepción de seguridad. Diversos medios de comunicación han confirmado el mínimo histórico de asesinatos contabilizado en 2024, mientras Gallup ha señalado que el 88 % de los salvadoreños afirmó sentirse seguro al caminar solo de noche en 2023. Esos números ayudan a entender dos cosas: por un lado, que, pese a sus defectos, las altísimas tasas de aprobación del mandatario revelan hasta qué punto la ciudadanía anhela resultados; por otro, por qué el “modelo Bukele” se ha convertido en un atajo político en la región para prometer una solución rápida, dura y visible.

Es preciso aclararlo: una parte del relato salvadoreño se sostiene sobre mecanismos que, desde el punto de vista del Estado de Derecho, serían difícilmente asumibles y, en muchos casos, indeseables. La lógica de la mano dura se apoya en detenciones masivas, un estado de excepción prolongado y una elasticidad preocupante de las garantías procesales. Human Rights Watch ha documentado preocupaciones graves sobre dichas detenciones masivas, esas garantías procesales y el debilitamiento de los contrapesos institucionales. A eso se añaden riesgos obvios para la libertad de prensa, la supervisión judicial y el control democrático del poder. Que una sociedad agotada por años de terror acepte esos costes no convierte el método en exportable ni en recomendable.

Además, hay un elemento práctico que suele olvidarse cuando se invoca el “modelo Bukele” como receta: la escala y la naturaleza del enemigo. México no está lidiando con bandas callejeras, sino con organizaciones criminales transnacionales, con economías diversificadas, capacidad de fuego que compite con ejércitos, redes de corrupción y control territorial. México es, en población, más de 20 veces mayor que El Salvador, y su territorio es inmensamente más grande. Así, una respuesta burda, basada en mano dura, la emergencia permanente, sin salvaguardas y convertida en norma no solo tensionaría el Estado de Derecho; también correría el riesgo de fabricar agravios, erosionar legitimidad y alimentar la siguiente oleada de reclutamiento. Pretender un “copiar y pegar” no solo sería una temeridad jurídica; sería una simplificación estratégica.

Aun así, El Salvador deja una lección exportable: velocidad y secuenciación. Actuar deprisa para estabilizar el vacío tras un golpe. Y, después, sostener el control con investigación, persecución penal y protección institucional, no con estado de emergencia permanente.

El único camino que puede funcionar

Esto no es “un problema de México”. Es un problema de seguridad norteamericano y hemisférico, con insumos y consecuencias compartidas. La Iniciativa Mérida fue el gran intento de convertir la “responsabilidad compartida” en un marco estable de cooperación entre México y Estados Unidos, combinando apoyo operativo con fortalecimiento institucional. Años después, el Marco Bicentenario amplió el enfoque, pero la lección permanece: sin una estrategia sostenida y medible, los golpes tácticos se los traga el sistema.

La Casa Blanca confirmó el apoyo de inteligencia estadounidense en la operación para capturar a 'El Mencho'. Ese dato debe orientar la política. Washington no puede exigir resultados mientras finge que la solución consiste, sin más, en “más acción militar” al sur de la frontera. Una estrategia eficaz requiere cooperación internacional a la altura de redes transnacionales, incluida la cooperación frente al tráfico de armas, el blanqueo de capitales y los precursores químicos, además de la acción policial. Es imposible pedir a México que resuelva esto en solitario a golpe de fuerza.

El plan de “día después” que México necesita

El error de México nunca ha sido perseguir a los líderes de los cárteles. El error es tratar la captura o eliminación de un capo como si fuera el objetivo definitivo. Puede ser tácticamente necesario, sí, pero solo como parte inicial de una estrategia más sólida, integral y sostenida en el tiempo. Un plan serio de “día después” debe ser un paquete prediseñado que se active automáticamente tras cualquier golpe mayor:

El plazo es real

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha insistido en que “no hay riesgo” para los visitantes del Mundial de 2026 y que existen garantías de seguridad, mientras la FIFA sigue de cerca la evolución de los acontecimientos. En la práctica, el torneo será algo más que un evento deportivo. Será una prueba de estrés bajo la mirada del mundo y un recordatorio de que la soberanía se mide menos por discursos que por la capacidad de mantener las autopistas abiertas, los tribunales operativos, la ciudadanía segura y los gobiernos locales fuera de subasta.

El futuro de México pasa por dejar de tratar la captura de capos como el fin y empezar a verla como lo que realmente es: una pieza táctica dentro de una campaña sostenida contra las redes que hacen duraderos a los cárteles, es decir, el dinero, el territorio, el reclutamiento, la coerción económica y la infiltración institucional. Ahí es donde verdaderamente empieza el combate contra el crimen organizado.

La sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia que ha absuelto a 14 acusados de narcotráfico en el Puerto de València al invalidar la prueba de los chats encriptados de la aplicación SKY ECC ha escandalizado a las autoridades judiciales y policiales europeas, según ha podido saber elDiario.es. Europol (la Oficina Europea de Policía) y Eurojust (la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal) han expresado en privado su incredulidad por la anulación de la prueba, obtenida por investigadores policiales de Bélgica, Holanda y Francia y que ha propiciado decenas de causas en diversos países europeos contra presuntas tramas del crimen organizado, especialmente en materia de narcotráfico y de ajustes de cuentas.

A pesar de que una sentencia del Tribunal Supremo ya avaló la prueba clave, el fallo de la Audiencia de Valencia, que no es firme, la considera insuficiente y da la razón a las defensas de los acusados, que únicamente habían tenido acceso al “filtrado” por parte de la Guardia Civil “del paquete de información de inteligencia policial que recibió a través de Europol relativos a todos los hechos que se consideró de interés para las autoridades españolas”.

Entre los acusados figuraban los dos presuntos jefes del cártel del Puerto de Valencia (Borja M. R. e Iván T. R.), además de Fernando M. S., actualmente en prisión cumpliendo una condena de 19 años por otra causa de narcotráfico y considerado el principal capo, y Onofre G. R., un conocido culturista propietario de un gimnasio en Quart de Poblet. La Fiscalía antidroga pedía penas que oscilaban entre los 16 años (en el caso de Fernando M. S.) y los siete años de prisión.

“En ausencia de otros medios probatorios válidos que acrediten la participación de todos y cada uno de los acusados en los hechos (...) no cabe más que absolverlos de los delitos de que se les acusaba”, afirmaba la sentencia.

Las defensas de los acusados, tal como recuerda la sentencia absolutoria, argumentaron que la información de los chats desencriptados “carecían en origen de firma digital o de determinación de su valor HASH”, el código alfanumérico que se erige en una suerte de huella de un archivo informático.

Los investigadores del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil obtuvieron de las autoridades francesas, mediante una Orden Europea de Investigación (OEI), un enlace para descargar un archivo .zip, formato comprimido, con hojas de Excel que incluían las comunicaciones de los presuntos narcos de la aplicación que las autoridades policiales de Bélgica, Países Bajos y Francia, coordinadas bajo el paraguas de Europol, consiguieron desencriptar.

Poco podía imaginar Mario, nombre ficticio para guardar el anonimato de una víctima real de estafa, que los 20.000 euros que invirtió en una start up del cannabis iban a acabar financiando la fabricación de drones en una fábrica de San Petersburgo, en plena fiebre bélica por la invasión rusa de Ucrania. 

Hablamos con Pol Pareja, periodista de elDiario.es en Catalunya, cuya investigación sobre el negocio de Juicy Fields publicada en 2022 dio las primeras pistas de lo que había detrás de esta empresa que acabó desmoronándose en cuestión de días. Un fraude cocinado al calor de la regulación del cannabis para uso medicinal, y que se considera la mayor estafa piramidal a nivel europeo por cantidad de dinero defraudado y de personas afectadas. 

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A principios de año, un helicóptero lanzó panfletos sobre la capital del estado mexicano de Sinaloa acusando a influencers y a músicos locales de estar al servicio del crimen organizado. Cuatro de las 25 caras que aparecían en los folletos tenían estampada encima la palabra “ELIMINADO”.

Desde entonces, más personas han sido asesinadas, entre ellas el narcotraficante devenido en YouTuber Camilo Ochoa, muerto a tiros en agosto.

Los influencers se han convertido en un objetivo de la guerra entre facciones del cártel de Sinaloa, un reflejo de su supuesto papel en el blanqueo de dinero y en la propaganda del cartel, así como en la guerra que se libra en Internet.

Una cruenta guerra interna

El conflicto dentro del cártel estalló después de que en julio de 2024 las autoridades estadounidenses detuvieran en El Paso (Texas) a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador junto a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán del cártel de Sinaloa, donde su avioneta había aterrizado. Joaquín Guzmán, hijo de ‘El Chapo’, fue detenido en la misma operación.

‘El Mayo’ ha acusado al hijo de ‘El Chapo’ de traicionarlo y entregarlo a las autoridades estadounidenses. Ahora, una facción liderada por el hijo de ‘El Mayo’ está librando una guerra contra la facción liderada por los dos hijos de ‘El Chapo’ que siguen en libertad en México.

Más de 2.500 personas han muerto por esta guerra interna, incluyendo varias personas que aparecían en el panfleto y otras que no figuraban en él. Al parecer, el folleto fue distribuido por la facción de ‘El Mayo’ que acusa a los influencers de blanquear dinero para los hijos de ‘El Chapo’.

Varios integrantes de la lista buscaron refugio en otros estados o países tras una serie de ataques contra influencers de Sinaloa, entre ellos el perpetrado contra el youtuber conocido como ‘El Jasper’, encontrado muerto con 70 heridas de bala. En noviembre, los medios informaron del asesinato a balazos de Gerardo 'El Jerry', creador de contenido.

Pero ya los están persiguiendo más allá de las fronteras de Sinaloa. Antes de que asesinaran a Ochoa en el estado de Morelos, en el estado de Baja California había sido asesinado a tiros Gail Castro, hermano del famoso influencer Markitos Toys.

“Máquina de propaganda”

Markitos Toys, de 26 años, comenzó a ganar muchos seguidores hace unos seis años. Ha estado en el centro de la polémica por sus amistades con gente cercana a los hijos de ‘El Chapo’ y por su estilo de vida de lujo, con coches deportivos y marcas de diseño. Su rostro era el primero en los panfletos distribuidos en enero.

Según el periódico Milenio, Markitos Toys es uno de los 64 influencers de Sinaloa bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de México. La sospecha es que grupos del crimen organizado inflan artificialmente el número de seguidores. Parte del dinero ‘lícito’ que reciben de las plataformas por su contenido podría terminar en manos de los cárteles.

El crimen organizado siempre está buscando nuevas formas de blanquear dinero, con sus expertos en finanzas explorando cada milímetro del ecosistema

Salvador Mejía — Abogado

Markitos Toys niega las acusaciones, pero desde que estalló la guerra ha estado en todas partes menos en Sinaloa. La casa en Culiacán de sus padres fue acribillada y en la acera alguien grabó las letras MF, iniciales de Mayito Flaco (hijo de El Mayo).

“El crimen organizado siempre está buscando nuevas formas de blanquear dinero, con sus expertos en finanzas explorando cada milímetro del ecosistema”, dice Salvador Mejía, abogado especializado en finanzas ilegales.

En opinión de Mejía, los influencers siguen siendo un canal de blanqueo relativamente menor, mientras que su verdadera utilidad reside en la propaganda. “Los cárteles tienen sus propios departamentos de relaciones públicas”, dice Mejía. “Lo que tenemos es una maquinaria de propaganda”.

Los grupos del crimen organizado llevan mucho tiempo grabando espeluznantes vídeos de torturas, confesiones y ejecuciones, o garabateando mensajes en pancartas junto a los cadáveres, para enviar mensajes y manipular a la opinión pública. En los últimos tiempos han recurrido también a las redes sociales, donde los narcoinfluencers promocionan un determinado estilo de vida y cercanía al crimen organizado, a menudo en tono aspiracional y con contenidos diseñados para atraer a los adolescentes.

Ahora, estos influencers se han visto envueltos ahora en una guerra paralela de propaganda en Sinaloa, donde les piden que transmitan ciertos mensajes y donde ellos mismos se convierten en el objetivo, explica Javier Llausas, que en Sinaloa es director de la ONG Construyendo Espacios para la Paz. “Esto es una guerra”, dice Llausas. “Como en cualquier guerra, la propaganda es importante”.

Traducción de Francisco de Zárate.

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Este artículo ha sido editado y actualizado por la redacción de elDiario.es.

Wilmer Chavarría ('Pipo'), el máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa actualmente de Ecuador, fue detenido este domingo en España, tras haberse convertido en el delincuente más buscado por el país andino después de la recaptura del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar ('Fito'), principal líder de Los Choneros, según anunció el Gobierno ecuatoriano.

A través de un mensaje en redes sociales, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, indicó que 'Pipo' fue capturado en una operación conjunta entre las policías de Ecuador y de España -en los últimos años se rumoreaba que el capo de Los Lobos dirigía las operaciones de la organización criminal desde España-.

Noboa no especificó que la detención se había realizado en España, dato que fue posteriormente confirmado por el ministro del Interior, John Reimberg.

El presidente ecuatoriano hizo el anuncio de la captura al mismo tiempo que se inauguraba la jornada electoral en Ecuador para el referéndum convocado por el jefe de Estado para decidir, entre otras cuestiones, si se establece una Asamblea Constituyente que permita combatir con mayor “mano dura” al crimen organizado, así como más flexibilidad para la llegada de inversiones y creación de empleo.

“Hoy capturamos a 'Pipo' Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al (mexicano) cártel Jalisco Nueva Generación”, señaló Noboa.

“Los unos lo dieron por muerto; nosotros lo buscamos en su mismísimo infierno. Esa es la diferencia cuando hay voluntad de luchar por tu país. Reconozco y agradezco el trabajo conjunto de la Policía Nacional ecuatoriana y española”, añadió.

Tras emitir su voto en la comuna costera de Olón de la provincia de Santa Elena, donde tiene su residencia de playa, Noboa declaró que la captura de 'Pipo' fue posible “gracias a la cooperación internacional con España y Estados Unidos”.

“Hemos hecho una operación bastante eficaz y muy bien coordinada. La cooperación internacional es la mejor forma de combatir estos grupos”, apuntó Noboa, que entre sus planteamientos para este referéndum también propone volver a permitir la instalación de bases militares extranjeras.

Fingió su muerte

Por su parte, Reimberg, que se encuentra actualmente en España, detalló que “Chavarría es responsable de al menos 400 muertes”.

“Este individuo —para quien 'Fito' no es más que un aprendiz— fingió su muerte en 2021 y luego sacó una nueva identidad en Venezuela, y después se registra y obtiene pasaporte colombiano, con el cual viaja en el 2022 a España para evadir la ley y trasladar su base de operaciones a Europa”, señaló el ministro.

Desde España, de acuerdo al ministro, 'Pipo' “dirigía un amplio esquema de narcotráfico y delictivo en Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia, con conexiones directas al cártel Nueva Generación Ecuador y alianzas con carteles mexicanos, colombianos y europeos”.

Reimberg también declaró al canal TC Televisión que 'Pipo' residía habitualmente en Dubai y que viajaba con frecuencia a España, se alojaba los hoteles más lujosos con el dinero procedente del narcotráfico y de la minería ilegal, y se había realizado hasta siete cirugías estéticas para cambiar su rostro y no ser reconocido.

Narcotráfico y minería ilegal

Los Lobos se habían constituido en la banda criminal con mayor poder en Ecuador, al protagonizar la guerra de organizaciones criminales que se registra en el país desde finales de 2020, causante de la ola de violencia sin precedentes que atraviesa el país.

La banda liderada por 'Pipo' buscó emanciparse de Los Choneros y fue la que más éxito tuvo hasta lograr desplazarlos al crear, según las autoridades, una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación para el envío de cocaína a México, procedente principalmente de Colombia, en contraste con sus rivales, que están aliados con el cártel de Sinaloa.

Los Lobos incrementaron su radio de acción y diversificaron sus actividades al incursionar también con fuerza en la minería ilegal y crear, también de acuerdo a las autoridades, alianzas con disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la explotación de enclaves mineros ilegales en zonas fronterizas de la Amazonía. 

Disimulando con roces o caricias, la mujer aprovechaba para extraer las joyas o relojes y el hombre preparaba el vehículo para la huida. La Policía Nacional ha detenido a 12 personas en una operación conjunta con la Agregaduría de Interior de Rumanía y Europol que investigaba a un clan familiar en Madrid que usaba la técnica del abrazo cariñoso: una treta para robar joyas o relojes de alta gama mientras se distrae a su dueño con gestos afectuosos.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los agentes han realizado 25 entradas y dos registros en España y 23 en Rumanía, donde se han intervenido más de 22.900 euros, 7.150 leis de moneda rumana, 1.850 libras, 26 relojes de alta gama y se bloquearon inmuebles y vehículos. Los detenidos han ingresado en prisión acusados de pertenecer a una organización criminal y por 45 delitos contra el patrimonio.

En el inicio de la investigación a principios de 2024, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid y tutelada y apoyada por la Fiscalía contra el crimen organizado de Madrid, la Policía detectó en Madrid un clan familiar que se podría estar dedicando de manera itinerante al hurto de joyas y relojes de alta gama por el método del “abrazo cariñoso” o “hurto amoroso”.

Robos y hurtos por toda la geografía española

Las primeras averiguaciones dieron como resultado que este clan estaba afincado en Madrid pero que desarrollaba su actividad delictiva por toda la geografía española, centrándose en los últimos meses en las provincias de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Granada y Murcia.

Según ha informado la Policía, los robos se cometían en parejas formadas por un hombre y una mujer, siendo el varón quien conducía el vehículo en el que se aproximaban a las víctimas. La mujer entablaba una conversación con las víctimas, engatusándolas con caricias y abrazos para, mientras tanto, sustraer joyas o relojes a la vez que el hombre prepara la huida del lugar una vez lograban el botín. Para organizar los atracos se seleccionaban centros de operaciones en zonas alejadas, en entornos rurales, donde alquilaban viviendas de seguridad desde donde distribuían a los equipos criminales a cientos de kilómetros para la búsqueda de víctimas potenciales a las que abordar.

Viajes exprés a Rumanía, el destino final para el material robado

Las investigaciones y vigilancias de los agentes pudieron determinar que, con este modus operandi, habían cometido 45 delitos contra el patrimonio constatando que los efectos sustraídos tenían como destino final Rumanía. Para ello, otros miembros de la organización eran los encargados de realizar viajes exprés a las ciudades donde estaban ubicados los equipos criminales y recogían los efectos sustraídos en los robos.

Posteriormente, realizaban envíos de paquetería a través de distintas empresas especializadas ocultando los relojes y las joyas en el interior de electrodomésticos. En Rumanía eran recibidas por los patriarcas y líderes de los clanes, quienes llevaban un alto nivel de vida contando con un gran número de propiedades y vehículos de alta gama.Durante el transcurso de la investigación se constituyó en el seno de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) un Equipo Conjunto de Investigación entre las autoridades fiscales y judiciales de España y Rumanía. En este marco se han emitido varias órdenes europeas de investigación a Italia.

Una vez identificados los integrantes de la organización, se llevó a cabo un dispositivo policial simultáneo el pasado 4 de septiembre realizando el registro de un total de 25 domicilios (2 en Madrid y 23 en Rumanía) donde se han intervenido dinero en efectivo en varias divisas y varios objetos de valor.

“La libertad de expresión no es la capacidad de decir, escribir o comunicar; lo que es un derecho es poder seguir en el camino después de hacerlo. Y en el caso de México, la posibilidad de seguir viviendo y seguir contándolo”, señala Arturo Landeros, arquitecto mexicano y coordinador del programa Barcelona Protege a Periodistas de México, creado hace casi una década por la plataforma de periodistas Taula per Mèxic y auspiciado por el Ayuntamiento de Barcelona.

Tal vez esa sea la diferencia entre muchos periodistas mexicanos y sus colegas del otro lado del Atlántico: que mientras en España y Europa contar la verdad, denunciar los abusos del poder y del crimen organizado puede suponer juicios y demandas, en México el precio muchas veces es la propia vida del periodista.

De eso va Seguir contándolo (Ajuntament de Barcelona, 2025), una conmovedora crónica en forma de libro sobre un grupo de 32 periodistas que en su país natal, México, tienen que mirar debajo de su auto cada vez que suben a él, sentarse siempre de espaldas a un muro o una pared, o mirando continuamente a todos lados cuando caminan por la calle.

Pero tras esta triste realidad, Seguir contándolo, escrito por las periodistas Sandra Vicente Barreira y Majo Siscar Banyuls, ambas participantes de Taula per Mèxic, es un testimonio de rebelión y esperanza plasmada en un proyecto en que ha logrado sacar durante la última década a estos mismos 32 periodistas de sus entornos hostiles para acogerlos en Barcelona por periodos de entre tres y seis meses. El libro, ya disponible en librerías, se presentará el día 30 de octubre en la biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona.

El asesinato de Rubén Espinosa, punto de inflexión

Tanto Siscar como Vicente han tenido contacto previo con la realidad del periodismo mexicano. Siscar por haber trabajado ocho años en diversos medios del país y Vicente que, tras más de una década como activista por los derechos humanos en México, también ha podido reportear desde allí. Esta experiencia les ha impedido ignorar la creciente violencia que ha sufrido el país norteamericano en las últimas tres décadas y que se expresa de un modo especialmente dramático en las desapariciones y asesinatos de civiles, entre los que hay numerosos periodistas, más de 200 en la última década.

“El punto de inflexión fue el caso de Ayotzinapa [la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural en la población de Ayotzinapa la noche del 25 al 26 de septiembre de 2014, cuyos cuerpos no han sido aún encontrados]”, apunta Vicente en conversación con elDiario.es, que se ha reunido con ambas autoras. “Es entonces cuando empezamos a pensar que hay que hacer algo, y llegamos al hartazgo con el asesinato, el verano siguiente, de Rubén Espinosa [reportero gráfico asesinado en Ciudad de México por sicarios en Colonia Navarte, un barrio de clase media normalmente ajeno a la violencia del narco]”, dice Siscar.

Siempre es complicado escoger quien viene a Barcelona y quién no, porque los candidatos no son pocos, hay muchos periodistas bajo amenaza

Sandra Vicente

Explica que decidieron salir a la plaza Sant Jaume con velas y allí comenzó a germinar lo que pronto sería Taula per Mèxic, que tantos años después cuenta con otros y diversos proyectos para proteger los derechos humanos en México. En aquél momento, aquello era impensable y, en la medida de lo posible, el objetivo era evitar futuros asesinatos como el de Espinosa. Tras la conformación de la Taula [“mesa” en castellano], llevaron el proyecto al Ayuntamiento de Barcelona. “Desde el primer momento en 2015 lo vieron con muy buenos ojos y se implicaron; con el nuevo consistorio no ha habido variaciones y esperemos que siga igual gobierne quien gobierne, porque los derechos humanos no deberían tener color político”, apunta la periodista.

“La idea era acoger al máximo posible de periodistas amenazados durante unos meses en Barcelona, de modo que se alejaran por un tiempo de la zona de peligro para que disminuyeran las amenazas y, a la vez, ellos mismos pudieran salir de la situación de estrés postraumático en la que viven después de haber estado expuestos a tanta violencia”, explica Vicente. Al o la periodista acogida se le ofrece una habitación en un piso que gestiona la Taula, además de una asignación económica mensual para que pueda vivir con independencia y, no menos importante, sesiones de apoyo psicológico para desescalar la situación de estrés y paranoia en la que han vivido.

Una vida de estrés bajo amenaza de muerte

“La gente llega muy afectada”, desvela Siscar, si bien reconoce que tras los meses de acogida, que normalmente son seis, “se logra que sean conscientes del estrés postraumático que arrastran y qué mecanismos tienen para cuidarse y protegerse”, apunta. Las amenazas cuando en México se es periodista pueden llegar por muchos cauces y desde muchos remitentes, tanto de los cárteles de la droga como del poder municipal o del empresarial cuando se denuncian irregularidades en adjudicaciones o delitos ecológicos, por ejemplo.

Una vez la persona es amenazada, ya sea con un mensaje en un grupo de Whatsapp o en papel, una llamada telefónica o la mención en un discurso del nombre del o la reportera por parte de un político local, comienza el calvario y la paranoia, que no hace más que crecer: cualquier motocicleta, cualquier persona, cualquier movimiento no previsto en la calle parece sospechoso en la mente del amenazado. Vicente explica que “siempre es complicado escoger quien viene a Barcelona y quién no, porque los candidatos no son pocos, hay muchos periodistas bajo amenaza”, por eso se apoyan en el triaje que hacen ogranizaciones locales mexicanas que conocen a los candidatos y el contexto.

Respecto al perfil del y la periodista que se acoge al programa, tanto Siscar como Vicente aclaran que no hay unos rasgos definitorios claros salvo el hecho de su gran compromiso con el periodismo y la libertad de información. “Son personas que viven el periodismo las 24 horas del día, y más cuando se sienten bajo amenaza y entran en modo estrés”, apostilla Vicente, que revela que en Barcelona “sufren una suerte de duelo” cuando se dan cuenta de que han vivido bajo presión tanto tiempo.

“Esta toma de conciencia muchas veces también les sirve para darse cuenta que en la vida hay más cosas que el periodismo y muchas y muchos descubren nuevas facetas de ellos mismos durante la acogida”, apunta Siscar. La relación con los miembros de la Taula, así como con las votanas –personas voluntarias que acompañan y ayudan a los acogidos durante su permanencia en el programa– es intensa, y no se ciñe a los meses en Barcelona, sino que continúa después a distancia en un monitoreo que, según las autoras, “les sirve una vez de vuelta en México para saber que no están solas ni solos y pueden pedir ayuda en cualquier momento”.

Periodismo en México, una profesión maldita

Para terminar, conviene incidir en uno de los aspectos más impactantes para lectoras y lectores de Seguir contándolo, que es la sorpresa experimentada al descubrir un México muy diferente al de la imagen que solemos tener, no porque se ignore el nivel de violencia del país, sino por la constatación del grado de vulnerabilidad de uno de los pilares del estado democrático en nuestro país como es el periodismo. Lo que en España es una profesión respetable a pesar de todo, en México es un oficio de riesgo e incluso maldito, hasta el punto de que cuando un o una periodista es amenazada, en lugar de encontrar la solidaridad de la profesión puede llegar a caer en el ostracismo e incluso en la precariedad económica.

Al final es un tema del mundo en el que vivimos, donde damos la espalda a todas las vulneraciones de derechos humanos que suceden, en México igual que en Palestina

Majo Siscar

“Solemos pensar en México como un país de colores y aromas, que es lo que nos venden sus campañas turísticas. Y lo es, pero la realidad es mucho más compleja; se trata de un país profundamente corrompido hasta las más altas esferas”, reflexiona Vicente, que asegura que los cárteles han infiltrado el poder político como solo lo han hecho los narcos en Colombia y las mafias en Italia, países que afortunadamente han conseguido en mayor o menos medida salir de las garras del crimen organizado, lo que supone un rayo de esperanza para el futuro.

Majo Siscar añade otra reflexión muy oportuna: “Al final es un tema del mundo en el que vivimos, donde damos la espalda a todas las vulneraciones de derechos humanos que suceden, en México igual que en Palestina, donde en dos años Israel ha asesinado a 200 periodistas”. Y concluye Vicente al respecto: “Lo que se quiere tanto en México como en Palestina es silenciar a los que cuentan lo que está sucediendo, y si dejamos que silencien a los periodistas, permitiéremos que silencien México”. Eso justifica, por tanto, la existencia del programa Barcelona Protege a Periodistas de México. Y también la publicación del muy necesario Seguir contándolo, cabe añadir.

Agentes de la Policía Nacional han esclarecido el asesinato de un ciudadano holandés de 25 años cometido en Fuengirola (Málaga) en diciembre de 2024. La investigación, desarrollada en cooperación con las autoridades de Países Bajos y Bélgica, ha culminado con la detención en los tres países de seis personas, entre ellas un menor en ese momento, que sería el presunto autor material y fue contratado en Holanda para llevar a cabo el crimen.

Así lo han informado desde el Cuerpo Nacional de Policía en una nota, en la que han indicado que también se ha identificado un séptimo supuesto implicado que murió en un intercambio de disparos con la policía neerlandesa.

El crimen se produjo la madrugada del 7 de diciembre de 2024 en Fuengirola, cuando la víctima fue asesinada en plena vía pública con múltiples disparos cometidos con un fusil de asalto. Junto al cadáver, se recuperó el arma utilizada y los casquillos, lo que evidenciaba el uso de munición de guerra.

Según han informado, las primeras indagaciones permitieron conocer que la víctima trabajaba en un club cannábico situado junto al lugar del crimen. Esa madrugada se encontraba en el interior con otros dos colaboradores del club, momento en el que el autor, vestido de negro y con la cara cubierta, ya esperaba apostado en las inmediaciones.

Posible ajuste de cuentas

Aprovechando la salida del último cliente, disparó en varias ocasiones contra la víctima en la puerta de acceso al establecimiento, logrando este cerrarla y salvar su vida de forma momentánea. Durante el ataque, la víctima recibió múltiples disparos al ser sorprendido por el agresor, quien posteriormente arrojó el fusil bajo un vehículo cercano y huyó en una bicicleta que tenía preparada en las inmediaciones.

Han indicado que se desconoce la motivación concreta, aunque han apuntado que los indicios permitieron a los agentes relacionar los hechos con un posible ajuste de cuentas dentro del crimen organizado neerlandés, lo que condujo a que, en apenas cuatro días, pudieran identificar a los autores.

En este punto, han señalado que el presunto autor material sería un menor de edad y de nacionalidad belga, que había sido contratado en Países Bajos para ejecutar el crimen en España. Otros dos ciudadanos neerlandeses supuestamente actuaron como cooperadores directos.

Según ha informado la Policía Nacional, el 11 de diciembre de 2024, apenas cuatro días después del asesinato, fruto de un fuerte operativo desplegado con apoyo del GOES de Málaga, se logró la detención en Torremolinos (Málaga) de uno de los implicados neerlandeses, decretándose su ingreso en prisión.

Cambio de apariencia

Además, los agentes comprobaron que el menor belga, supuesto autor de los disparos, había cambiado su apariencia y huido a Países Bajos junto a otro cómplice. Posteriores investigaciones confirmaron que, tras el asesinato, dos de los implicados huyeron de España hacia Francia y Países Bajos.

Han significado que la cooperación con la policía neerlandesa y el establecimiento de un grupo de trabajo para localizar a todos los implicados, permitió relacionar a uno de ellos con otro asesinato cometido en Ámsterdam semanas después. En el operativo para detenerlo abrió fuego contra los agentes, resultando abatido tras herir de gravedad a un policía y a una mujer ajena a los hechos.

Asimismo, han incidido en que la investigación internacional permitió acreditar que tanto el asesinato en España como el posterior en Países Bajos fueron presuntamente organizados por un varón neerlandés, detenido el 3 de enero de 2025 y actualmente en prisión en Holanda como instigador de ambos crímenes. Asimismo, se comprobó que tres mujeres neerlandesas trasladaron el fusil utilizado en Fuengirola desde París, colaborando en la logística de la ejecución.

En un centro de menores

Por ello, el pasado 17 de junio de este año fueron detenidas en Ámsterdam. Finalmente, el menor belga autor de los disparos fue localizado y detenido en Gante (Bélgica) el 20 de junio en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega, siendo entregado a España el 11 de julio e ingresado en un Centro de Menores en régimen cerrado.

La investigación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Fuengirola y con la participación de Eurojust, ha permitido esclarecer plenamente el crimen en todos sus niveles de responsabilidad.

Almenys 10 persones han estat detingudes aquest dimecres en un nou operatiu contra la trama de narcotràfic que desenvolupen conjuntament la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Mallorca, entre els investigats de la qual es troben Faustino Nogales, conegut inspector de la Policia Nacional i excap del Grup II d'Estupefaents de la Prefectura Superior de Balears, Stefan Milojevic, líder de la banda ultra United Tribuns a Espanya, l'advocat Ignacio Gonzalo Márquez i un policia portuari acusat de col·laborar amb la suposada organització criminal.

De moment s'han dut a terme 16 registres a alguns carrers del centre de Palma, així com als barris de Corea, La Soledat, Verge de Lluc i als municipis de Manacor i Llucmajor. El dispositiu d'aquest matí s'emmarca en l'operació batejada com a 'Enroque Bal, Manso i Primo', dirigida contra una banda criminal suposadament dedicada al narcotràfic. Els nous sospitosos arrestats aquest dimecres estarien vinculats a la venda i distribució de les substàncies estupefaents.

La macrocausa, que està essent instruïda pel Jutjat d'Instrucció número 7 de Palma i continua sota secret de sumari, investiga la suposada comissió de delictes de blanqueig de capitals, contra la salut pública, grup criminal, tinença il·lícita d'armes i suborn. D'acord amb les investigacions de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, la banda va introduir diverses tones d'haixix i centenars de quilos de cocaïna procedents del nord d'Àfrica a bord d'embarcacions pneumàtiques de gran potència.

Primer concertaven un punt de recollida en algun punt del Mediterrani, on realitzaven el transbordament dels estupefaents des de les conegudes com a 'gomes' a altres embarcacions. D'allà portaven la mercaderia fins a Eivissa, on l'emmagatzemaven un temps fins a traslladar-la a la resta de les Balears ia la península.

La d'aquest dimecres és, en concret, la quarta fase d'una macrooperació que va arrencar l'11 d'agost passat i en què van ser detinguts, entre d'altres, el suposat capitost de la banda, Stefan Milojevic, i l'inspector Faustino Nogales. Així mateix, van ser intervinguts quatre armes de foc, sis rellotges de luxe i 1,4 milions d'euros.

Un altre dels investigats és el conductor d'un camió interceptat el 9 de juliol passat al port de València amb 675 quilos de cocaïna ocults al seu interior. El vehicle acabava d'arribar a bord d'un ferri procedent d?Eivissa. Un operatiu conjunt entre la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Vigilància Duanera de l'Agència Tributària va permetre intervenir la droga en una acció emmarcada dins de l''Operació Estiu'.

En total, durant l'operació 'Enroque Bal, Manso i Primo' han estat arrestades, sense tenir en compte les d'aquest dimecres, 35 persones suposadament vinculades a la trama. Diumenge passat, la titular del Jutjat d'Instrucció número 6 de Palma, en funcions de guàrdia, va ordenar presó provisional, comunicada i sense fiança per a tres de les 17 persones que van ser arrestades divendres. Vuit més, per la seva banda, van quedar en llibertat amb l'obligació de comparèixer davant el jutge de forma periòdica. El 26 d'agost passat van caure tres sospitosos més que suposadament actuaven com a testaferros.

Al menos 10 personas han sido detenidas este miércoles en un nuevo operativo contra la trama de narcotráfico que desarrollan conjuntamente la Policía Nacional y la Guardia Civil en Mallorca y entre cuyos investigados se encuentran Faustino Nogales, conocido inspector de la Policía Nacional y exjefe del Grupo II de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Balears, Stefan Milojevic, líder de la banda ultra United Tribuns en España, el abogado Ignacio Gonzalo Márquez y un policía portuario acusado de colaborar con la supuesta organización criminal. 

Por el momento se han llevado a cabo 16 registros en algunas calles del centro de Palma, así como en los barrios de Corea, La Soledad, Verge de Lluc y en los municipios de Manacor y Llucmajor. El dispositivo de esta mañana se enmarca en la operación bautizada como 'Enroque Bal, Manso y Primo', dirigida contra una banda criminal supuestamente dedicada al narcotráfico. Los nuevos sospechosos arrestados este miércoles estarían vinculados a la venta y distribución de las sustancias estupefacientes.

La macrocausa, que está siendo instruida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma y continúa bajo secreto de sumario, investiga la supuesta comisión de delitos de blanqueo de capitales, contra la salud pública, grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho. De acuerdo a las investigaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional, la banda introdujo varias toneladas de hachís y cientos de kilos de cocaína procedentes del norte de África a bordo de embarcaciones neumáticas de gran potencia.

Primero concertaban un punto de recogida en algún punto del Mediterráneo, donde realizaban el transbordo de los estupefacientes desde las conocidas como 'gomas' a otras embarcaciones. De allí llevaban la mercancía hasta Eivissa, donde la almacenaban un tiempo hasta trasladarla al resto de Balears y a la península.

La de este miércoles es, en concreto, la cuarta fase de una macrooperación que arrancó el pasado 11 de agosto y en la que fueron detenidos, entre otros, el supuesto cabecilla de la banda, Stefan Milojevic, y el inspector Faustino Nogales. Asimismo, fueron intervenidos cuatro armas de fuego, seis relojes de lujo y 1,4 millones de euros. 

Otro de los investigados es el conductor de un camión interceptado el pasado 9 de julio en el puerto de València con 675 kilos de cocaína ocultos en su interior. El vehículo acababa de llegar a bordo de un ferry procedente de Eivissa. Un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria permitió intervenir la droga en una acción enmarcada dentro de la 'Operación Verano'.

En total, durante la operación 'Enroque Bal, Manso y Primo', han sido arrestadas, sin tener en cuenta las de este miércoles, 35 personas supuestamente vinculadas a la trama. El pasado domingo, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, en funciones de guardia, ordenó prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres de las 17 personas que fueron arrestadas el viernes. Otras ocho, por su parte, quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante el juez de forma periódica. El pasado 26 de agosto cayeron otros tres sospechosos que supuestamente actuaban como testaferros.

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut a Stefan Milojevic, líder de la banda motera neonazi United Tribuns a Espanya, en el marc de la macrooperació conjunta iniciada aquest dilluns a Mallorca. En concret, sobre ell pesen delictes de blanqueig de capitals, tràfic de drogues, possessió d'armes i pertinença a organització criminal, tal com han informat a elDiario.es fonts de la investigació.

La macrooperació d'aquest dilluns, que no està centrada únicament en el blanqueig de capitals malgrat les informacions errònies publicades en la premsa local, ha suposat la detenció de moment de 13 persones per presumptes delictes de blanqueig, tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. Un jutjat de Palma dirigeix des de fa més d'un any les investigacions, que es troben sota secret sumarial.

Entre els arrestats es troba també l'advocat de Milojevic, Ignacio Gonzalo Márquez, per presumptament blanquejar diners procedents del narcotràfic. En la web del despatx registrat, Gonzalo Márquez, de 43 anys, assegura haver nascut “en una distingida família de l'alta noblesa europea, amb arrels en la Dinastia Grimaldi”.

Durant aquest dilluns la Policia Nacional també va detenir a Faustino Nogales, conegut inspector del cos i excap del Grup II d'Estupefaents de la Prefectura Superior de les Illes Balears, en la macrooperació conjunta amb la Guàrdia Civil que ha tingut lloc aquest dilluns a Mallorca. Actualment, exerceix de cap de torn del Grup d'Atenció al Ciutadà, conegut com a 'ZETAS'.

Nogales, feia temps que era investigat per Assumptes Interns, està acusat de col·laboració amb una organització criminal vinculada al narcotràfic.

Desmantellament dels United Tribuns Spain

Milojevic ja va ser detingut en 2020 a Mallorca, quan va ser desmantellada en 2020 la cúpula de la banda motera neonazi dels United Tribuns Nomads Spain, dedicats fins llavors a controlar el tràfic de drogues en locals d'oci nocturn, festes clandestines i clubs de prostitució. Amb forts vincles amb organitzacions alemanyes d'extrema dreta, al gener d'aquest any fins a 16 dels seus integrants eren detinguts per la Policia Nacional en una operació coordinada amb Europol i la BKA alemanya.

Els agents donaven així per desarticulada la branca espanyola dels Street Gang United Tribuns, una àmplia estructura internacional amb tentacles als EUA, Alemanya, Àustria, Bòsnia, Bulgària, Dinamarca, França, Itàlia, Suïssa, Tailàndia i Turquia i més de 1.700 membres a tot el món vinculats al tràfic de drogues, a l'explotació de dones per a la prostitució i a l'ajust de comptes amb bandes rivals.

Control de locals d'oci i prostíbuls

Des de l'illa, els membres del grup controlaven la seguretat de locals d'oci, prostíbuls i festes clandestines per a facilitar el tràfic de drogues en aquests ambients, aprofitant el buit que van deixar a l'illa els Àngels de l'Infern després de la seva desintegració.

En el curs de les investigacions, la Policia Nacional va detectar que l'organització blanquejava els beneficis procedents de les seves activitats il·lícites mitjançant un entramat empresarial dedicat a proporcionar als membres contractes i nòmines fraudulentes. Part del lucre econòmic de l'activitat delictiva es destinava a finançar accions dins de diferents grups vinculats amb l'extrema dreta radical i violenta, concretament, relacionats amb grups ultres esportius de futbol i organitzacions neonazis.

La seva actuació en Balears va arrencar en 2018 amb la inauguració del 'Clubhouse' d'United Tribuns Nomads Spain a Mallorca. L'organització criminal funcionava sota l'aparença de legalitat d'una associació legalment constituïda, amb jerarquia piramidal i estètica (rituals, cuir i tatuatges). Després de la creació de la primera branca espanyola a Palma va anar succeint-se la fundació d'altres grups de simpatitzants ('supporters') al llarg de la Península, amb un creixement exponencial. Els investigadors van detectar l'expansió del grup a Barcelona, Lleida, Girona, Madrid, València i Tenerife.

Finalment, els cinc responsables de l'organització van ser condemnats, l'any passat, a penes que sumen més de quinze anys de presó i al pagament de multes de més de 170.000 euros. Com en el cas dels Hells Angels, les acusacions contra tots ells van quedar reduïdes a un delicte de tràfic de drogues enfront dels d'associació il·lícita i organització criminal que se'ls imputava inicialment.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a Stefan Milojevic, líder de la banda motera neonazi United Tribuns en España y peleador de MMA, en el marco de la macrooperación conjunta iniciada este lunes en Mallorca. En concreto, sobre él pesan delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas, posesión de armas y pertenencia a organización criminal, tal como han informado a elDiario.es fuentes de la investigación.

La macrooperación de este lunes, que no está centrada únicamente en el blanqueo de capitales a pesar de las informaciones erróneas publicadas en la prensa local, ha supuesto la detención por el momento de 13 personas por presuntos delitos de blanqueo, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Un juzgado de Palma dirige desde hace más de un año las investigaciones, que se encuentran bajo secreto sumarial.

Entre los arrestados se encuentra también el abogado de Milojevic, Ignacio Gonzalo Márquez, por presuntamente blanquear dinero procedente del narcotráfico. En la web del despacho registrado, Gonzalo Márquez, de 43 años, asegura haber nacido “en una distinguida familia de la alta nobleza europea, con raíces en la Dinastía Grimaldi”.

Durante este lunes la Policía Nacional también detuvo a Faustino Nogales, conocido inspector del cuerpo y exjefe del Grupo II de Estupefacientes de la Jefatura Superior de las Illes Balears, en la macrooperación conjunta con la Guardia Civil que ha tenido lugar este lunes en Mallorca. Actualmente, ejerce de jefe de turno del Grupo de Atención al Ciudadano, conocido como 'ZETAS'.

Nogales, que llevaba tiempo siendo investigado por Asuntos Internos, está acusado de colaboración con una organización criminal vinculada al narcotráfico.

Desmantelamiento de los United Tribuns Spain

Milojevic ya fue detenido en 2020 en Mallorca, cuando fue desmantelada en 2020 la cúpula de la banda motera neonazi de los United Tribuns Nomads Spain, dedicados hasta entonces a controlar el tráfico de drogas en locales de ocio nocturno, fiestas clandestinas y clubes de alterne. Con fuertes vínculos con organizaciones alemanas de extrema derecha, en enero de ese año hasta 16 de sus integrantes eran detenidos por la Policía Nacional en una operación coordinada con Europol y la BKA alemana.

Los agentes daban así por desarticulada la rama española de los Street Gang United Tribuns, una amplia estructura internacional con tentáculos en EE.UU., Alemania, Austria, Bosnia, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Italia, Suiza, Tailandia y Turquía y más de 1.700 miembros en todo el mundo vinculados al tráfico de drogas, a la explotación de mujeres para la prostitución y al ajuste de cuentas con bandas rivales.

Control de locales de ocio y prostíbulos

Desde la isla, los miembros del grupo controlaban la seguridad de locales de ocio, prostíbulos y fiestas clandestinas para facilitar el tráfico de drogas en esos ambientes, aprovechando el vacío que dejaron en la isla los Ángeles del Infierno tras su desintegración.

En el curso de las investigaciones, la Policía Nacional detectó que la organización blanqueaba los beneficios procedentes de sus actividades ilícitas mediante un entramado empresarial dedicado a proporcionar a los miembros contratos y nóminas fraudulentas. Parte del lucro económico de la actividad delictiva se destinaba a financiar acciones dentro de diferentes grupos vinculados con la extrema derecha radical y violenta, concretamente, relacionados con grupos ultra deportivos de fútbol y organizaciones neonazis.

Su actuación en Balears arrancó en 2018 con la inauguración del 'Clubhouse' de United Tribuns Nomads Spain en Mallorca. La organización criminal funcionaba bajo la apariencia de legalidad de una asociación legalmente constituida, con jerarquía piramidal y estética (rituales, chalecos de cuero, parches militares y tatuajes). Tras la creación de la primera rama española en Palma fue sucediéndose la fundación de otros grupos de simpatizantes ('supporters') a lo largo de la Península, con un crecimiento exponencial. Los investigadores detectaron la expansión del grupo en Barcelona, Lleida, Girona, Madrid, València y Tenerife.

Finalmente, los cinco cabecillas de la organización fueron condenados, el pasado año, a penas que suman más de quince años de cárcel y al pago de multas de más de 170.000 euros. Como en el caso de los Hells Angels, las acusaciones contra todos ellos quedaron reducidas a un delito de tráfico de drogas frente a los de asociación ilícita y organización criminal que se les imputaba inicialmente.

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut un total de 13 persones per presumptes delictes de blanqueig, tràfic de drogues i pertinença a organització criminal en el marc d'una macrooperació duta a terme aquest dilluns a Mallorca.

Entre els arrestats hi ha l'advocat Ignacio Gonzalo Márquez per presumptament blanquejar diners procedents del narcotràfic. En el marc del dispositiu policial, els agents han practicat 16 registres, entre ells al despatx palmesà del lletrat detingut -situat al número 8 del Passeig Mallorca- així com en altres immobles de la capital balear, Binissalem, Pollença i Inca.

Als registres, els funcionaris han confiscat gran quantitat de substàncies estupefaents, tal com han informat fonts de la investigació a elDiario.es.

A la web del despatx registrat, Gonzálo Márquez, de 43 anys, assegura haver nascut “en una distingida família de l'alta noblesa europea, amb arrels a la Dinastia Grimaldi”. I prossegueix: “Gonzalo va demostrar des de jove una gran capacitat intel·lectual. Va completar els seus estudis a la Universitat Complutense de Madrid, destacant per finalitzar els dos últims cursos en un sol any i obtenint reconeixements acadèmics. Posteriorment, va ampliar la seva formació amb un Màster en Empresa i Finances al prestigiós Centre d'Estudis Garrigues de Madrid”.

Fundador de GM Business Law i GM Apex Hospitality, compta -segons afegeix a la mateixa pàgina- “amb una trajectòria excepcional que abasta el dret, la consultoria i el sector hoteler”.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a un total de 13 personas por presuntos delitos de blanqueo, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal en el marco de una macrooperación llevada a cabo este lunes en Mallorca.

Entre los arrestados se encuentra el abogado Ignacio Gonzalo Márquez por presuntamente blanquear dinero procedente del narcotráfico. En el marco del dispositivo policial, los agentes han practicado 16 registros, entre ellos en el despacho palmesano del letrado detenido -situado en el número 8 del Paseo Mallorca- así como en otros inmuebles de la capital balear, Binissalem, Pollença e Inca.

En los registros, los funcionarios se han incautado de gran cantidad de sustancias estupefacientes, tal como han informado fuentes de la investigación a elDiario.es.

En la web del despacho registrado, Gonzálo Márquez, de 43 años, asegura haber nacido “en una distinguida familia de la alta nobleza europea, con raíces en la Dinastía Grimaldi”. Y prosigue: “Gonzalo demostró desde joven una gran capacidad intelectual. Completó sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, destacando por finalizar los dos últimos cursos en un solo año y obteniendo reconocimientos académicos. Posteriormente, amplió su formación con un Máster en Empresa y Finanzas en el prestigioso Centro de Estudios Garrigues de Madrid”.

Fundador de GM Business Law y GM Apex Hospitality, cuenta -según añade en la misma página- “con una trayectoria excepcional que abarca el derecho, la consultoría y el sector hotelero”.

Hoy te traemos un podcast producido por una colaboración entre Sonoro y Revista Factum. Está narrado por el periodista salvadoreño-estadounidense Daniel Alvarenga en cooperación con Bryan Avelar. Juntos, exponen la cruda verdad sobre las pandillas, la corrupción y la lucha por el poder en El Salvador.

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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que, presuntamente, explotaba sexualmente a mujeres de origen colombiano en pisos de seis comunidades autónomas. Las víctimas eran captadas en su país de origen mediante falsas ofertas de trabajo en España, y después de facilitar su traslado, el entramado las imponía una deuda de hasta 8.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución. Hay 18 mujeres liberadas y cinco personas han sido detenidas en Bilbao tres y en Gijón otras dos, dos de las cuales han ingresado en prisión provisional. Además, se han realizado siete registros domiciliarios y se ha ordenado la clausura judicial de seis inmuebles.

La investigación policial que ha logrado desarticular la organización criminal que operaba en seis comunidades autónomas comenzó en septiembre de 2024, a raíz del testimonio de una víctima que denunció haber sido engañada y traficada desde Colombia hasta Santander, donde terminó siendo explotada sexualmente. A partir de esta declaración, los agentes iniciaron numerosas pesquisas que permitieron identificar una estructura criminal inicialmente compuesta por cinco individuos que, con el tiempo, evolucionó hacia tres ramas independientes, cada una con autonomía para continuar las actividades delictivas, pero manteniendo colaboración entre ellas. Su actividad era itinerante, gestionando pisos de forma temporal o estable en las comunidades autónomas de Galicia (A Coruña), Cantabria (Santander), Asturias (Oviedo) y (Gijón), Euskadi (Bilbao, Donostia, Vitoria), Navarra (Pamplona) y Castilla y León (Burgos, León y Ponferrada).

Las víctimas, en situación de extrema vulnerabilidad, eran captadas en Colombia por una de las principales investigadas. El entramado les prometía trabajos bien remunerados o mejoras económicas en nuestro país, y una vez aceptaban, les facilitaban los billetes de avión y una cantidad de dinero para sortear el control fronterizo haciéndoles pasar por turistas.

Al llegar a España, las mujeres recibían instrucciones precisas para llegar a las ciudades donde serían explotadas. Allí, les retiraban el pasaporte e inmediatamente eran informadas de una supuesta deuda contraída con la organización, que oscilaba entre 3.000 y 4.500 euros —aunque una de las víctimas llegó a pagar hasta 8.000 euros—, y que debía ser saldada a través de servicios sexuales. Tras pagar la deuda, y sin otra alternativa de subsistencia, las víctimas continuaban ejerciendo la prostitución con un reparto del 50% del beneficio, motivo por el cual no llegaban a desvincularse de la organización.

Las víctimas, en situación de extrema vulnerabilidad, eran captadas en Colombia por una de las principales investigadas. El entramado les prometía trabajos bien remunerados o mejoras económicas en nuestro país, y una vez aceptaban, les facilitaban los billetes de avión y una cantidad de dinero para sortear el control fronterizo haciéndoles pasar por turistas.

Al llegar a España, las mujeres recibían instrucciones precisas para llegar a las ciudades donde serían explotadas. Allí, les retiraban el pasaporte e inmediatamente eran informadas de una supuesta deuda contraída con la organización, que oscilaba entre 3.000 y 4.500 euros —aunque una de las víctimas llegó a pagar hasta 8.000 euros—, y que debía ser saldada a través de servicios sexuales. Tras pagar la deuda, y sin otra alternativa de subsistencia, las víctimas continuaban ejerciendo la prostitución con un reparto del 50% del beneficio, motivo por el cual no llegaban a desvincularse de la organización.

Durante la operación policial se llevaron a cabo registros en siete inmuebles, donde se intervinieron 12.245 euros en efectivo, nueve teléfonos móviles y abundante documentación incriminatoria. Además, fueron bloqueadas 10 cuentas bancarias utilizadas por los delincuentes para canalizar los beneficios obtenidos de la explotación sexual.

En la misma fecha en la que se desarrolló el operativo que ha desmantelado esta organización criminal, agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con la Ertzaintza, pusieron en marcha un dispositivo que ha permitido la desarticulación de otro entramado criminal dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En este caso la organización contaba con ramificaciones en Bilbao, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Santander, Logroño, Figueras e Irún. Los explotadores captaban a sus víctimas en Brasil y las imponían una deuda que debían saldar ejerciendo la prostitución en condiciones infrahumanas en inmuebles que utilizaban como prostíbulos. Fruto de esta operación se logró la liberación de nueve mujeres y 21 personas fueron arrestadas en Vizcaya (6), Álava (5), Zaragoza (3), Navarra (2), Gerona (2), Barcelona (1), Guipúzcoa y La Rioja (1).

La Policía Nacional, en una macroperación internacional contra la explotación sexual y la trata de seres humanos, ha detenido a cinco personas, entre ellas al administrador de un conocido club de alterne, y ha liberado a una víctima de explotación sexual en Asturias.

La operación, que se enmarca en la 'Jad Global Chain 2025', ha permitido la identificación de más de un centenar de personas.

Golpe al crimen organizado

La intervención policial se ha desarrollado del 2 al 6 de junio en una acción conjunta liderada por Austria y que contó con la colaboración de Frontex, Interpol y Europol.

Durante los cinco días de operativo, se llevaron a cabo inspecciones en siete clubes de alterne y otros negocios en Asturias, con el objetivo de desarticular grupos de crimen organizado, incautar bienes y, fundamentalmente, proteger a las posibles víctimas.

En la operación participaron funcionarios/as policiales de la Jefatura Superior de Asturias y del resto de Comisarías locales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los resultados de la operación incluyen la detención del administrador de un establecimiento de hostelería y club de alterne, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores (artículo 311.bis del Código Penal), así como la detención de otras cuatro personas por estancia irregular en el país.

Se detectaron 61 mujeres ejerciendo la prostitución, de las cuales 20 se encontraban en situación irregular.

Rescatada una víctima de trata

El hallazgo más significativo fue el rescate de una víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, a quien ya se le están aplicando las medidas de protección y asistencia del protocolo marco contra esa especialidad delictiva.

Esta operación reafirma el compromiso de las autoridades españolas en la lucha contra la trata de personas y la protección de las víctimas, reforzando la indispensable colaboración internacional para combatir este grave delito.

Dos episodios aparentemente inconexos en menos de una semana han vuelto a poner bajo la lupa la criminalidad en Málaga y la Costa del Sol y el riesgo que supone para la población. El sábado un encapuchado ajustició a dos ciudadanos escoceses en Fuengirola. Y este jueves, antes del amanecer, tres atracadores acabaron una persecución embistiendo en dirección contraria el coche de un subinspector de policía de 48 años que regresaba de su turno de noche. Los cuatro murieron en el accidente.

Pedro Fernández, delegado del Gobierno central en Andalucía, apuntó a “atracadores de Europa del Este” como responsables del accidente, mientras el Gobierno andaluz remarcaba el mensaje que trasladó tras los asesinatos en Fuengirola: urgen refuerzos para atajar la violencia creciente de grupos organizados en la zona.

La tipología y los autores no tienen relación aparente, pero la continuidad de hechos alimenta la tesis de que la zona es cada vez más insegura y abona el terreno para la gresca política, con los alcaldes de la costa malagueña y la Junta de Andalucía (en manos del PP) apuntando al Gobierno central por la supuesta carencia de medios.

Además de estos dos sucesos mortales, en apenas mes y medio se han producido al menos media docena de incidentes graves con armas de fuego. Por ejemplo: un hombre fue acribillado en Mijas al salir de un partido de fútbol; varios discutieron a tiros en una discoteca de Puerto Banús; un padre y sus dos hijos mataron a un hombre e hirieron a su madre en Humilladero; ha habido reyertas con armas de fuego en Portada Alta y Carretera de Cádiz, en Málaga capital. A todos subyace el hecho de que abundan más que nunca las armas, y se usan.

Bronca política

Este mismo jueves, apenas pasadas unas horas del accidente mortal, Carolina España (portavoz del Gobierno andaluz) sugirió que Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, no se toma en serio el problema y opinó que “se le ha ido de las manos”. España lamentó que estos sucesos crean una “enorme inseguridad y están dañando la imagen de nuestra tierra”.

La criminalidad en la Costa del Sol ya provocó una bronca política a principios de semana, cuando la alcaldesa de Fuengirola Ana Mula pidió policías “especializados”. El subdelegado en Málaga, Javier Salas, la acusó de colarse en una reunión técnica entre cuerpos policiales para “salir en la foto”. Hay un malestar latente entre los alcaldes, todos del PP, porque entienden que el Gobierno evita inversiones esenciales (transporte e infraestructuras hidráulicas) en una zona en continuo crecimiento, y ahora se suma la petición de un refuerzo policial.

Desde el Gobierno central subrayan la efectividad del Plan Costa del Sol, puesto en marcha en abril del año pasado para atajar las balaceras protagonizadas por bandas internacionales, y observan que, a diferencia de lo que pasó en 2024, la mayoría de los tiroteos recientes (a excepción del de Fuengirola) no son ajustes de cuentas de estos grupos criminales, sino que obedecen a una casuística variada, como reyertas de clanes locales, rencillas personales o disputas vecinales.

Sin embargo, los dos últimos episodios sí tienen en común el protagonismo de criminales extranjeros. La Costa del Sol es vista como una especie de “ONU de las mafias”, donde pululan elementos de origen albanés, marroquí, serbio, escandinavo, ruso y de casi cualquier lugar del mundo, aprovechando para el negocio las buenas comunicaciones internacionales y la cercanía a Gibraltar y al norte de África. Fuentes penitenciarias explican que cárceles como la de Alhaurín de la Torre acogen una desproporcionada representación de este tipo de recluso, con el riesgo de conflicto o de fuga en los desplazamientos a los juzgados.

Mientras, los juzgados no dan abasto. En una comparecencia ante el Parlamento Andaluz este martes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, pidió un aumento de juzgados y jueces en la Costa del Sol y Campo de Gibraltar ante el “claro” aumento de la “criminalidad violenta”. Puso el ejemplo de Marbella, con cinco juzgados de instrucción que deben asumir una ingente cantidad de papeleo (comisiones, euroórdenes, órdenes de protección, órdenes de investigación europeas) o los de Estepona, donde hay seis juzgados mixtos, cuando haría falta al menos ocho o nueve y especializados.

Preocupación por la imagen de la Costa del Sol

El tiroteo del sábado ocurrió en la terraza y el interior de un pub irlandés del paseo marítimo a las 23:30, mientras se celebraba la final de la Liga de Campeones. Se han producido tiroteos a plena luz del día, en lugares muy concurridos, y empieza a asumirse que es cuestión de tiempo que alguna bala perdida acabe dañando a quien solo pasaba por allí.

Al Ejecutivo andaluz y a los alcaldes les preocupa el asunto, “no solo por lo que supone de imagen para nuestro turismo, sino también por tener que lamentar, cómo no, esas pérdidas de vidas humanas”, aclaró Carolina España. “No es solo en Málaga, lo hemos visto en Cádiz, lo hemos visto en Sevilla con las narcolanchas”, añadió la portavoz del Gobierno andaluz, a pesar de que los dos incidentes han ocurrido en Málaga. También el presidente Juan Manuel Moreno aludió el lunes al Campo de Gibraltar.

Apuntar sólo a Málaga como foco del problema es señalar a la joya de la corona del turismo andaluz a las puertas de la temporada veraniega. Lo cierto es que el balance de criminalidad que elabora el Ministerio del Interior refleja un aumento de criminalidad del 3,9% en esta provincia en 2024 y, sobre todo, un notable incremento de los homicidios dolosos y asesinatos: de 15 en 2023 a 22 en 2024 (+46,7%). También aumentaron las tentativas, 64, un 14,3% más. Las cifras, en cambio, reflejan estabilidad en Cádiz: 12 homicidios dolosos y asesinatos tanto en 2023 como en 2024.

Sin aportar cifras concretas, fuentes de Subdelegación inciden que se había logrado una aparente calma tras aplicar el Plan Costa del Sol, que llevó a la detención de gran parte de los implicados en los tiroteos de 2024. Sin embargo, los datos del balance no recogen la sucesión de tiroteos de las últimas fechas.

La ejecución por un encapuchado

Entre el pub Monaghan’s, en el paseo marítimo de Fuengirola, y la farmacia Rodulfo, en el barrio Puerto de la Torre de Málaga capital, hay apenas 30 kilómetros. Son los dos escenarios que han sacudido el entusiasmo pre estival. El sábado, un encapuchado bajó de un coche con una pistola, apuntó al pecho de un hombre en la puerta del local y lo mató de un tiro. Después entró al pub y persiguió al otro mientras lo baleaba y los parroquianos buscaban refugio. Luego huyó.

Los dos fallecidos son Ross Monaghan y Eddie Lyons Jr., a quienes la prensa británica rápidamente vinculó con la mafia escocesa. Se habían refugiado en la Costa del Sol tras sobrevivir a sendos intentos de asesinato en Escocia. También aquí los buscaron, aunque no hay datos que vincule su ejecución con la guerra de clanes que estos meses asola Glasgow y Edimburgo, según los medios británicos.

La crónica de la BBC muestra el desconcierto del reportero por cómo se gestiona el suceso en España, y cómo esto ya afecta a la imagen de la Costa del Sol. “Los turistas, 'asustados' por las surrealistas consecuencias del tiroteo entre bandas” (Holidaymakers 'frightened' in surreal gang shooting aftermath) es el titular de la pieza, en la que el reportero dice no entender cómo 36 horas después del tiroteo el pub no está acordonado ni hay signos de investigación policial.

“En el país de origen de los dos hombres que fueron asesinados a tiros, el caso estaría clasificado como homicidio de ”categoría A“ de alto nivel y el bar permanecería sellado y patas arriba durante días”, señala el texto. “Pero sin duda es un error suponer que la falta de presencia visible implica falta de interés por parte de la Policía Nacional española”, concede luego.

El atraco de una farmacia por “europeos del este”

Horas después del intento de atraco, tampoco había presencia policial visible en la farmacia Rodulfo, en la avenida Lope de Vega de Puerto de la Torre (en Málaga capital), que seguía cerrada mientras sus dueños no respondían ni a las llamadas de amigos y conocidos. Desde hace meses, las farmacias son objetivo prioritario de los ladrones en Málaga, casi siempre mediante alunizaje. Hace un mes ya robaron en una farmacia del barrio. Este último intento ni siquiera ha dejado huella en el exterior: accedieron a la botica sin forzar la persiana ni alunizar el local e intentaron llevarse la caja.

Puerto de la Torre es una barriada en el extrarradio de Málaga. Por su propia historia y morfología, es casi un pueblo aislado del resto de la ciudad. En los últimos meses han sido frecuentes los robos en viviendas y establecimientos. A primeros de abril la alarma cundió por cuatro episodios seguidos de robos a punta de pistola y otro más con un machete. Los vecinos se movilizaron y pidieron más seguridad al Ayuntamiento para disuadir a los ladrones.

Fue aquí donde empezó la persecución, inicialmente por parte de agentes de la Policía Local, que acabó con cuatro muertos tras una huida por la A-7 de poco más de siete kilómetros, culminada en sentido contrario.

Los tres asaltantes embistieron contra el vehículo de un agente policial fuera de servicio, de 48 años. Volvía de su turno de noche. No hay constancia de que tuviera alguna participación en el intento de detener a los presuntos ladrones. Deja viuda y dos hijos, y este viernes se le impondrá la Cruz al mérito policial con distintivo rojo a titulo póstumo, en una ceremonia en la que está prevista la presencia del Director General de la Policía y el Director Adjunto Operativo.

Fueron los últimos muertos de una racha que amenaza no sólo la seguridad, sino también la imagen de la Costa del Sol.