Ya hay nueva terna de magistrados para el juicio de las filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) en la Audiencia Provincial de Álava. Tras la recusación del primer tribunal, compuesto por Jesús Poncela, Elena Cabero y Ana Jesús Zulueta, han sido designados Beatriz Eva Román Gobernado, Sara Mallen y Álvaro Silván. Ahora tocará retomar el calendario y celebrar la vista preliminar previa a la celebración del juicio, en el que finalmente solamente se sentarán en el banquillo dos de la veintena de personas que fueron investigadas, los de la prueba de Cirugía Plástica.

Los primeros jueces, sin que ni las acusaciones ni los acusados lo solicitaron, presentaron su renuncia por un conflicto de intereses que se dio por acreditado. Zulueta fue una de las cuatro juezas instructoras del sumario, iniciado hace ahora ocho años. Y Poncela y Cabero enmendaron la decisión de la última de ellas, Blanca Ester Díaz Pulido, de archivar todo el procedimiento sin ninguna consecuencia. Entrando al fondo del asunto, ya que ordenaron juzgar al menos los hechos de Cirugía Plástica, en los que la opositora imputada, Thais Salas, obtuvo una nota alta en la parte del examen hecha por un allegado que era parte del tribunal calificador, el doctor Alfredo Martínez Flórez.

¿Y quiénes son los nuevos magistrado? Román Gobernado es colega de la terna anterior en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Álava, a la que accedió hace unos pocos meses, y será la presidenta de la sala. Antes, fue instructora y, en los últimos años, ha liderado decenas de investigaciones, desde el fallido coche eléctrico Hiriko hasta algunas de las disputas internas en el partido EA, pasando por unas denuncias de sobrecostes en la compra de camiones por parte del equipo de exalcalde del PP, Javier Maroto. También ha sido juez de lo penal en Vitoria, con la vista contra los denunciados por intimidar a mujeres que iban a abortar a una clínica privada de Vitoria como su última gran referencia.

Con ella estará el juez Álvaro Silván, que ahora mismo ejerce en la juridicción civil del Tribunal de Instancia de Vitoria. Silván ha sido instructor hasta hace pocas fechas con dos casos muy significativos. Fue él el que ha liderado la investigación del crimen del joven Kerman Villate en la discoteca Mítika de Vitoria en 2025, aunque finalmente su criterio de que aquello pudo ser un asesinato o al menos un homicidio alevoso ha sido modificado y no podrá haber un juicio en esos términos. También estuvo en el centro de la controversia porque tuvo durante meses parada la causa por denuncias de violencia sexual en un campamento de Euskal Udalekuak en Bernedo. En abril de 2025 recibió los primeros informes y nada se hizo hasta después del verano, cuando las quejas trascendieron. En esas colonias estival hubo más denuncias y la Fiscalía lamentó la falta de diligencia judicial. Completa la terna Sara Mallen, del juzgado de menores de Vitoria.

El último precedente de un caso similar se dio en 2013, antes del juicio de una de las derivadas del 'caso De Miguel' de corrupción de excargos del PNV alavés. Se trataba de una pieza separada por un supuesto caso de espionaje de uno de los imputados, Aitor Tellería, con dos agentes de la unidad de Información de la Ertzaintza. Unos meses antes, el fiscal Josu Izaguirre solicitó la recusación de la terna inicialmente designada, de nuevo Jesús Poncela pero entonces con Jesús Medrano y Jaime Tapia. Como también habían resuelto recursos sobre la instrucción, se entendía que estaban contaminados. Finalmente, se conformó un tribuna con Íñigo Madaria, Íñigo Elizburu y Edmundo Rodríguez. Este tribunal absolvió de todos los cargos a los tres imputados, aunque Tellería acabaría condenado un lustro después en la trama principal.

La comisión de Juventud del Parlamento Vasco ha visado también este miércoles la modificación legislativa para endurecer el control de los campamentos de verano. Finalmente, no introduce cambio alguno con respecto al texto acordado la pasada semana en la ponencia, en la que los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, acordaron dos enmiendas con el PP para incrementar las sanciones hasta los 600.000 euros y que se acompasaran con las existentes en la ley vasca de Infancia y Adolescencia.

A pesar de que los 'populares' querían negociar más ajustes en lo tocante a la declaración responsable que habrán de presentar antes de las actividades los organizadores -es algo que volverán a plantear de cara a la votación definitiva del pleno-, fuentes parlamentarias indican que la ley se aprobará el 11 de junio tal como está ahora y que esos requisitos previos se fijarán 'a posteriori' en un decreto que se aprobará inmediatamente después de la promulgación de la ley. La firmará la consejera Nerea Melgosa.

Es más, la votación del articulado ha sido tan confusa que ha dado la sensación de que EH Bildu, que no ha negociado nada con el Ejecutivo, ha apoyado más apartados que el propio PP. Como anécdota, los 'populares' incluso se han opuesto a la exposición de motivos, sin contenido jurídico y meramente simbólica.

El portavoz del PNV, Ander Añibarro, ha insistido en que la reforma impone más “mecanismos de control” y mayor garantía de “protección de menores de edad”. La propuesta, tramitada por la vía de urgencia, surgió tras la acumulación de denuncias por violencia sexual en la colonia de Euskal Udalekuak en la localidad alavesa de Bernedo.

La portavoz de EH Bildu, Edurne Benito del Valle, ha manifestado que todos los grupos apoyan el objetivo de garantizar el “bienestar” de los menores, pero ha criticado la forma en que se ha tramitado la reforma legislativa. Ha mencionado las “prisas” -aunque finalmente no se hizo por la vía de la lectura única-, los “procedimientos poco garantistas” e incluso las “chapuzas” y “errores jurídicos”. Ha ironizado que el Gobierno ha necesitado las correcciones del PP para evitar el entuerto de tener dos tipos de sanciones diferentes para las mismas conductas. Además, ha apuntado que los grandes cambios llegarán “vía decreto” y no en la ley, aunque ha concedido que el actual reglamento, de la década de 1980, ha de ser actualizado.

El socio minoritario del Gobierno, el PSE-EE, ha defendido la “necesidad” de la reforma porque en Bernedo se vivieron “momentos complicados” y “esto no debe volver a ocurrir”. Itxaso Asensio ha destacado que, con la nueva ley, la entidad organizadora asumirá la plena responsabilidad de lo que pueda suceder. Asensio ha asegurado que el PP ha “enriquecido” la ley, pero ha indicado que no comparten el tono de la justificación de esas enmiendas.

PNV y PSE-EE han pactado con el PP endurecer de modo muy importante el régimen sancionador de los campamentos de verano en Euskadi. El texto definitivo de la reforma urgente de la normativa de Juventud para evitar nuevos casos de posible violencia sexual en la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo, donde el pasado año se acumularon una veintena de denuncias, se remitirá a la tabla de multas de la normativa de Infancia y Adolescencia, de modo que las cuantías máximas para los casos más graves pasarían de 45.000 euros a 600.000 euros.

El PP había registrado una enmienda que consideraba un “despropósto” la propuesta de los partidos del Gobierno en materia sancionadora y PNV y PSE-EE la han aceptado en la ponencia legislativa celebrada este viernes. “Con los menores no se juega”, ha explicado el portavoz nacionalista Ander Añibarro, que ha estimado que el “acuerdo” con los 'populares' se “adecúa” a los objetivos del Ejecutivo de disponer de más “controles” para esta campaña estival, en la que Euskal Udalekuak va a celebrar una nueva edición de su actividad con varios turnos. Según ha indicado Añibarro a los periodistas sobre un pacto algo inhabitual en la dinámica parlamentaria vasca, “no es una cuestión de partidos políticos” sino de preservar los derechos de menores de edad.

Asimismo, PNV y PSE-EE mantiene abierto un canal con el PP para transar una nueva enmienda alrededor de otra propuesta de los 'populares' y que pueda ser introducida en el articulado en la siguiente fase, la de comisión. Se trata de ajustar cómo se hará el control previo de los campamentos. El PP desea que, además de una declaración responsable, se adjunte sí o sí información sobre antecedentes sexuales de los monitores. Como adelantó este periódico, la nueva redacción incorporará también otro ajuste, a instancias del Ararteko, planteado por los propios PNV y PSE-EE.

¿Dará tiempo a aplicar la nueva ley en las colonias de este verano? Será el 27 de mayo cuando la reforma se vote en comisión y en un pleno de la “primera quincena” de junio se elevará a pleno, donde tendrá amplio respaldo con la mayoría absoluta del Gobierno ampliada tras el acuerdo con el PP. En paralelo, el Ejecutivo trabaja en un decreto sobre la misma materia que, igualmente, podría ver la luz el próximo mes según las estimaciones oficiales.

El Parlamento Vasco, fuera del salón de plenos y en apenas unos minutos, ha superado este jueves el que posiblemente sea el trámite más relevante de la jornada. Se ha constituido ya la ponencia legislativa para modificar la normativa de Juventud en busca de endurecer el control de los campamentos de verano. Es una propuesta de PNV y PSE-EE para tratar de evitar que en 2026 se reproduzcan las denuncias de violencia sexual en la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo, un caso actualmente bajo investigación judicial.

Según fuentes parlamentarias, la voluntad es que la ponencia cierre este mismo viernes, a las 9.30 horas, el articulado definitivo. Después, una comisión tendrá que aprobar el dictamen, pero sería perfectamente posible que un pleno de junio apruebe la reforma legislativa. El objetivo siempre fue tenerlo antes del verano, para que las modificaciones surtan efecto en la edición de este año de Euskal Udalekuak.

Entre los cambios previstos, se endurecen las sanciones, se sustituye la comunicación previa de una actividad por una declaración responsable obligatoria siempre que participen menores de edad en una colonia y se refuerza el control para que los trabajadores presenten el certificado de ausencia de antecedentes sexuales. Eso sí, PNV y PSE-EE han presentado una autoenmienda para ajustar la redacción de un artículo sobre las infracciones “muy graves”. Donde antes se hablaba de penalizar actuaciones que “por acción u omisión” implicasen “racismo, xenofobia, violencia machista o cualquier otro tipo de violencia”, se acepta ahora que lo sancionable sean “actuaciones que promuevan actitudes y conductas discriminatorias, limitadoras de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud o promuevan cualquier tipo de violencia”. Es una “mejora” realizada “a instancias del Ararteko”, la Defensoría del Pueblo.

Está por ver si las formaciones del Gobierno aceptan enmiendas de la oposición. EH Bildu tiene cuatro presentadas, las mismas que el PP. No constan de Sumar y de Vox. La coalición abertzale pide que los controles sean para actividades de duración “igual o superior” a cuatro días o tres noches, si tienen pernocta, para evitar una “carga burocrática desproporcionada” en el ocio infantil y juvenil. Reclama también rescatar un inciso que eliminaban nacionalistas y socialistas para controlar que haya actividades que “encubran” ánimo de lucro cuando supuestamente no lo tenían. Los 'populares', de su lado, tienen enmiendas para ajustar el papel de las diputaciones o arreglar los “despropósitos” de que la normativa de Juventud previa como sanciones en casos muy graves cuantías mucho más bajas que la de Infancia y Adolescencia para casos muy similares.

La reforma legal se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, aunque en el camino el PP solicitó una ampliación del plazo de presentación de enmiendas. La tramitación fue iniciada en marzo, aunque las denuncias se conocieron en septiembre de 2025. El Gobierno recibió críticas de la oposición tanto por la forma como por el fondo. De hecho, el Ejecutivo intentó hacerlo por lectura única, sin debate de expertos ni ponencia legislativa. Asimismo, se trata de un texto presentado como “proposición” de los partidos del Ejecutivo y no como “proyecto” del Gobierno. Esto permite no elaborar memorias e informes administrativos. Se ha usado más veces a lo largo de la legislatura. En paralelo, el Ejecutivo prepara un decreto en el mismo sentido, de la mano de la consejera Nerea Melgosa, del PNV.

El Parlamento Vasco ha dado inicio finalmente este jueves a la tramitación de la reforma de la ley de Juventud de 2022 para intentar reforzar los controles en los campamentos en los que participen menores a la luz de la veintena de denuncias de presunta violencia sexual en los organizados en la localidad alavesa de Bernedo por la entidad Euskal Udalekuak. Se realizará por la vía de urgencia, con el ánimo de que las medidas entren en vigor en junio, según fuentes parlamentarias. Este mismo jueves se va a celebrar una Mesa para abrir ya el período de comparecencias de expertos y adelantar lo máximo posible el inicio del plazo de enmiendas, que será de solamente una semana, según estas mismas fuentes.

La iniciativa es de PNV y PSE-EE. EH Bildu también ha apoyado la toma en consideración, al igual que Sumar. El PP se ha abstenido y Vox ha sido la única formación en oponerse. La ley se reformará por la vía de urgencia, que acorta a la mitad los trámites ordinarios, pero no por el procedimiento aún más rápido, el de “lectura única”, como pretendían los partidos del Gobierno vasco. Para ello, podía haber optado por registrar la iniciativa como “proyecto de ley”, como le permite el reglamento. Pero se hizo como “proposición de ley”, para lo que se requiere unanimidad en la Mesa, sin ser suficiente la mayoría absoluta. Y EH Bildu, el único partido de la oposición representado en el órgano que dirige la Cámara, se opuso. El PNV ha insistido en las críticas a la coalición abertzale por “retrasar” la ley, pero Nerea Kortajarena, desde la bancada de EH Bildu, ha sido muy crítica. “La unanimidad no es un estado de gracia. Es el fruto del diálogo y la negociación”, ha avisado.

La cronología indica que la ley urgente -para que esté promulgada antes de la ya publicitada nueva edición de las colonias- se registró el 20 de febrero. Las denuncias sobre el campamento de Bernedo se conocieron en septiembre de 2025. De hecho, la Fiscalía lamentó que existiera una investigación de la Ertzaintza y de un juzgado de Vitoria desde la primavera anterior y que se volvieran a celebrar las actividades Euskal Udalekuak con normalidad el pasado verano. Un pequeño retraso en la presentación del preceptivo informe del Gobierno al texto de PNV y PSE-EE, como adelantó este periódico, impidió que esta tramitación se pudiera iniciar el 12 de marzo, cuando se celebró el anterior pleno. La ley llega al Parlamento en una temporada de baja actividad por la sucesión de puentes y parones vacacionales. Serán seis semanas sin sesiones de control después de haber retomado en febrero la actividad después de Navidad; y el próximo pleno ordinario no llegará hasta el 16 de abril.

El representante del PNV Ander Añibarro, exdirector de Juventud del Gobierno vasco, ha insistido en culpar a EH Bildu de los retrasos de la tramitación. “Con los menores no se juega”, ha llegado a decir, insistiendo en que era precisa la “lectura única”. “Un grupo parlamentario decidió impedir esa tramitación. ¿Por qué hicieron eso? La ciudadanía tiene derecho a conocer esas razones”, ha clamado desde la tribuna. “La respuesta legislativa no puede demorarse”, ha señalado, igualmente, el portavoz del PNV.

Kortajarena ha replicado -aunque la presidenta Bakartxo Tejeria le ha recordado que su turno era solamente de “explicación de voto” y no de debate con los otros partidos- que EH Bildu ve como una “prioridad” la defensa de los derechos de los menores, pero ha remarcado que el Gobierno lanza una reforma de una ley de 2022 incluso antes de haber aprobado los reglamentos para desarrollar el texto original. Es más, cuando se inició la discusión política sobre los retrasos en esta tramitación, la consejera del ramo, Nerea Melgosa (PNV), terció garantizando que aprobaría por decreto los controles adicionales para Bernedo. La semana pasada se activó ya la tramitación de ese decreto, según se informó. La consejera Melgosa no ha estado presente este jueves en el Parlamento.

Añibarro y la socialista Itxaso Asensio han explicado los cambios legislativos que se pretenden. Los principales pasan por cambiar la “comunicación” de la celebración de una colonia por una “declaración responsable”, así como por exiger “certificaciones negativas” de antecedentes de delitos sexuales para trabajar con menores y endurecer las sanciones. “Que las familias estén tranquilas”, ha señalado Asensio, que ha añadido que la ley busca “reforzar la función inspectora” igualmente.

El PP, como ya había adelantado, ha criticado la iniciativa al entender que el ordenamiento jurídico vigente en España ya permite actuar en ámbitos como los certificados para quienes desarrollan actividades con niños y adolescentes. Laura Garrido ha considerado que ya el pasado año “no se actuó aun teniendo herramientas”. Garrido ha anunciado enmiendas para “mejorar” la propuesta de PNV y PSE-EE. Sumar, por su parte, se ha dicho partidario de tramitar la reforma, pero no de los procedimientos con los que se quiere hacer. “El Parlamento debería tener derecho a debatir mejor”, ha señalado Jon Hernández, que ha cuestionado también las reformas legislativas 'ad hoc' pensadas para responder a “hechos concretos”. Vox, que está personado en la causa judicial por las denuncias de Bernedo, ha indicado que si una ley de 2022 se quiere retocar en 2026 es porque “nació coja” en lo tocante a “protección de los menores”.

Euskal Udalekuak prepara ya una nueva edición de los campamentos de Bernedo. También tiene actividades en dos localidades de Navarra. El pasado año, varios centenares de familias de usuarios lanzaron un mensaje de apoyo a la entidad frente a la cascada de denuncias de violencia sexual, que un caso tiene la tipificación inicial de agresión. Este año, personalidades del mundo de la cultura están haciendo vídeos animando a mantener las inscripciones.

PNV y PSE-EE han 'perdido', a las primeras de cambio, un par de semanas en su deseada tramitación urgente de la reforma de la ley de Juventud para elevar los controles en los campamentos de verano tras la veintena de denuncias de violencia sexual en las colonias de Bernedo, organizadas por Euskal Udalekuak. El Gobierno vasco quiere llegar al verano con las nuevas medidas aprobadas e incluso mostró su enfado porque EH Bildu, en la Mesa del Parlamento Vasco, rechazara un procedimiento aún más simplificado, el de lectura única, que requiere de unanimidad para su activación.

¿Qué ha ocurrido? El Ejecutivo ha emitido ya su preceptivo informe con su criterio en torno al texto, que es perfectamente favorable. El Consejo de Gobierno lo aprobó este martes. Sin embargo, no ha entrado en la Cámara hasta este miércoles a las 14.28 horas, según los datos oficiales del registro. De este modo, su revisión la realizará la reunión de la Mesa del próximo martes. Hace un año, cuando se presentó una ley de “medidas urgentes” en materia de Vivienda, la Mesa pudo reunirse el mismo día en que se aprobó el informe y en apenas nueve días el asunto saltó a pleno.

Así las cosas, la previsión más optimista es que el pleno en que se vote la admisión a trámite de la iniciativa se celebre el 26 de marzo, ya que la semana previa hay puente festivo por San José y en ningún caso daría tiempo para llegar al 12 de marzo. De hecho, el orden del día de esa sesión ya está establecido. La alternativa es que PNV y PSE-EE, en aplicación del artículo 62.2 del reglamento, fuercen una sesión extraordinaria.

La reforma de la ley de Juventud ha suscitado críticas de la oposición tanto por la forma como por el fondo. Se trata de un texto presentado como “proposición” por los partidos y no como “proyecto” del Gobierno. Esto permite no elaborar memorias e informes administrativos y ganar tiempo. Se ha usado más veces a lo largo de la legislatura. Sin embargo, ha llegado a finales de febrero, cuando el caso de las denuncias de Bernedo trascendió en septiembre. Nacionalistas y socialistas quisieron tramitar la ley por “lectura única”, y finalmente se hará por la vía “urgente”, que reduce los tiempos ordinarios a la mitad pero sí da margen para escuchar a expertos, por ejemplo.

Acceder a la “lectura única” es algo que el Gobierno puede lograr si lo presenta como “proyecto”, pero para las proposiciones se precisa de “unanimidad” en la Mesa, y PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta, con tres de cinco votos. Ambos socios cargaron contra EH Bildu, a quienes acusan de “torpedear” la iniciativa.

En cuanto al fondo, el PP ha insistido en que ve innecesarias muchas de las medidas planteadas en la reforma. Particularmente, se presentó como novedad la exigencia de no tener antecedentes penales para trabajar con menores y los 'populares' han asegurado que la normativa estatal en vigor e incluso leyes vascas como la de Infancia ya dan cobertura a esa posibilidad y piden al Gobierno que sea riguroso en su aplicación, a diferencia de lo sucedido en años anteriores.

En su informe, el Gobierno destaca la importancia de los cambios que se adoptarán. Alude a que cambiar la “comunicación previa” de un campamento por una “declaración responsable” garantiza que los organizadores asumen “plena responsabilidad legal”. Asimismo, entre otros puntos, sostiene que la reforma permitirá “clarificar” el régimen de “infracciones y sanciones”.Agrega el Ejecutivo que “parece conveniente el trámite mediante el procedimiento de urgencia”, ya que se busca “revertir” una situación concreta “en el plazo de tiempo más breve posible”.

En medio del debate parlamentario, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, del PNV, aseguró que ella también acelerará una modificación del decreto sobre la materia, que data de 1985, para tenerlo sí o sí antes del verano y para regular ahí todas las cuestiones que son urgentes, si es que el Parlamento no llega a tiempo. Melgosa ha recalcado que no se puede llegar a la temporada estival sin que haya más controles para evitar que Euskal Udalekuak reproduzca las actividades denunciadas de años anteriores, que en algunos casos son prácticas de exhibicionismo y que en al menos un supuesto se investigan como una posible agresión sexual.

Ibone Bengoetxea está reforzando su rol como 'número dos' del Gobierno de Imanol Pradales. La vicelehendakari primera, de la parte del PNV del Ejecutivo de coalición con los socialistas, está empezando a tomar partido en asuntos más allá de su cartera de responsable de Cultura y Política Lingüística (y Deportes), como ya lo venía haciendo desde el inicio de la legislatura el vicelehendakari socialista Mikel Torres. Como ejemplo claro de ello, este jueves, antes del pleno del Parlamento Vasco, ha intercedido en el debate sobre el endurecimiento de los controles de las colonias de verano para evitar casos como el de Bernedo, donde se reprodujeron denuncias de presunta violencia sexual hacia los menores.

Bengoetxea ha insistido -sin mencionar directamente a EH Bildu- que no es procedente bloquear en la Cámara las “respuestas” que pide la “sociedad”. Se da la circunstancia de que este martes PNV y PSE-EE no lograron que se tramite por el procedimiento de “lectura única” una reforma de la normativa de Juventud elaborada 'ad hoc' para elevar los controles. Nacionalistas y socialistas dan mayoría absoluta al Gobierno de Pradales, pero hay trámites que, por ley, requieren otros consensos. Y se precisa de unanimidad en la Mesa para ir a una tramitación legislativa exprés y con menos pasos y margen de maniobra para la oposición, que es lo que implica la “lectura única”. EH Bildu, con dos representantes de cinco en la Mesa, se opuso.

La normativa, en todo caso, sí se tramitará “de urgencia”, es decir, en la mitad de tiempo que una proposición de ley ordinaria, aunque PNV y PSE-EE sostienen que no hay margen para tenerla promulgada y en vigor antes del verano. La vicelehendakari no ha aclarado por qué, si los plazos aprietan, se ha esperado hasta finales de febrero a lanzar la iniciativa. El caso es de dominio público desde septiembre. Antes incluso, en abril del pasado año, eran conocidas ya algunas denuncias y el asunto estuvo en un limbo y se volvieron a celebrar las colonias de Bernedo en verano.

Es más, el Gobierno podía haber logrado la “lectura única” sin necesidad del apoyo de la oposición si hubiese tramitado la reforma como “proyecto”, es decir, como iniciativa propia. Así lo expone el reglamento del Parlamento. EH Bildu ha criticado, como también en otros debates Sumar y PP, que PNV y PSE-EE prefieren las “proposiciones” porque en ellas no son necesarios los informes consultivos y memorias económicas que han de acompañar a las leyes que envía el Ejecutivo.

Sea como fuere, el Gobierno ya ha dicho que adoptará por decreto las medidas que sean necesarias para la “tranquilidad” de las familias. Bengoetxea ha indicado que el Ejecutivo lleva “tiempo” trabajando en ello y en colaboración con las diputaciones, que tienen importantes competencias en la materia. En concreto, se plantea una modificación más rápida de lo previsto del decreto de 1985 sobre campamentos para modificar muchos aspectos pero también los controles, según expuso este martes la consejera del ramo, Nerea Melgosa.

Como las colonias de Bernedo, organizadas por Euskal Udalekuak, abren en breve sus inscripciones para 2026 a falta de normativas en vigor que las bloqueen, los periodistas han preguntado a Bengoetxea si pediría a las familias que no se apunten. La vicelehendakari ha preferido tratarlas como “mayores de edad” y no dirigirlas, pero ha insistido en que hay “información suficiente” sobre lo sucedido en Bernedo para que puedan adoptar sus “decisiones”.

“Propaganda”, según el PP

El líder del PP, Javier de Andrés, también ha terciado el debate sobre la reforma legislativo. Y ha denunciado que el Gobierno quiere hacer “propaganda” para tapar su “pasividad” anterior sobre Euskal Udalekuak. Los 'populares' remontan las responsabilidades incluso más atrás en el tiempo, hasta 2023, porque ya entonces la Diputación de Gipuzkoa detectó algunos casos y dejó de enviar a sus jóvenes tutelados.

Según ha expuesto De Andrés, la exigencia de ausencia de antecedentes sexuales para tratar con menores, algo presentado como novedad en la reforma de PNV y PSE-EE, es un requisito fijado en la normativa estatal desde 2021, y perfectamente vigente en muchas actividades en Euskadi. Además, hasta dos artículos de la normativa autonómica de Infancia de 2024 lo contemplan igualmente. “Lo que no han hecho no ha sido por no tener soporte legislativo”, ha señalado el dirigente del PP.

La Mesa del Parlamento Vasco ha acordado tramitar “de urgencia” la reforma de la ley de Juventud anunciada la pasada semana por PNV y PSE-EE y que busca elevar el control sobre los campamentos estivales a la luz de las denuncias por presuntos casos de violencia sexual en las colonias de Bernedo. Reglamentariamente, esto reduce a la mitad los plazos ordinarios, que a veces duran años en una Cámara acostumbrada a largos parones vacacionales, pero los proponentes consideraban necesario ir aún más rápido y valerse de la fórmula de la “lectura única”, que no permite, por ejemplo, escuchar comparececencias de expertos.

El PNV ha acusado a EH Bildu de torpedear la iniciativa, que se retrasará “al menos dos meses”, “lo que deja en el aire que la normativa pueda estar en vigor en verano”. Sin embargo, la consejera del ramo, Nerea Melgosa, también del PNV, ha confirmado unos pocos minutos después que aprobará las medidas pertinentes “por decreto” para que estén en vigor en tiempo y forma y no haya nuevos riesgos para los menores este verano.

En concreto, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico acelerará la reforma de un decreto de 1985 sobre tiempo libre que ya se inició precisamente a la luz del caso de Bernedo. Será un reglamento más amplio, pero incluirá los puntos principales que iban a ir en la ley, como la declaración responsable que se exigirá a organizadores, indican fuentes muy próximas a Melgosa.

¿Cuál es el histórico de este caso? La Ertzaintza entregó en abril de 2025 a un juzgado de Vitoria un informe de presuntos casos de violencia sexual en las colonias de Euskal Udalekuak, que se celebran en la localidad alavesa de Bernedo y en dos localizaciones navarras. Sin embargo, el expediente quedó en un limbo durante meses, hasta pasada la siguiente edición, en la que se acumularon otra veintena de denuncias de familias. Solamente después de que el asunto trascendiera públicamente se reactivó la causa judicial y se crearon órganos interinstitucionales para adoptar nuevas medidas de protección.

Este foro -que sienta al Ejecutivo autonómico y a las diputaciones, con muchas competencias en la materia- es el que ha alumbrado una reforma legislativa que, para acelerar trámites y evitar informes de organismos de control, no la ha presentado el Gobierno, sino los partidos con forma de propoposición de ley. Fue anunciada este viernes. El Ejecutivo quería que se tramitara como “lectura única”, pero no tenía apoyos asegurados para ello ya que eso exige “unanimidad” en la Mesa, donde la oposición, en este caso EH Bildu, tiene dos representantes.

“¿Por qué quiere [EH] Bildu entorpecer que se refuerce la protección de los menores y el control de los campamentos de verano? No nos cabe en la cabeza que alguien quiera alargar plazos y que estas medidas no estén en marcha para este verano, cuando se celebran la mayoría de estas actividades. ¿Qué oculta [EH] Bildu? ¿Qué hay detrás de este interés en retrasar la aplicación de estas medidas?”, ha lanzado al aire el PNV. Con el reglamento en la mano, los nacionalistas veían perfectamente viable la “lectura única”. “Se justifica en que se proponen modificaciones puntuales que no alteran la estructura básica de la ley, y que no hay complejidad técnica elevada en la tramitación”, apelan.

“En EH Bildu estamos en contra, por principio, de la tramitación por lectura única de cualquier ley porque impide un debate en condiciones normales, con los informes preceptivos del Gobierno y las comparecencias de personas expertas y agentes implicados o afectados por la ley en tramitación. En el caso concreto de esta proposición de ley nos hemos opuesto fundamentalmente porque nos parece muy importante que personas expertas en la materia y agentes sociales con interés en la iniciativa tengan la ocasión de comparecer durante la tramitación parlamentaria y dar su opinión sobre la propuesta de PNV y PSE-EE. De haber aceptado la tramitación por lectura única, eso sería imposible”, responden desde la coalición abertzale. El Gobierno replica que el texto ya ha sido fruto de contraste con expertos y entidades sociales.

EH Bildu agrega que “más allá de este caso concreto” ven que PNV y PSE-EE “se están acostumbrando a retorcer el reglamento para promover iniciativas legislativas hurtando al Parlamento el debate normalizado y con garantías”. “Y lo hacen porque su Gobierno está siendo incapaz de afrontar las necesidades del país en tiempo y forma, de manera que luego se ven abocados a plantear deprisa y corriendo leyes o reformas de leyes sin cumplir las condiciones mínimas que exige el debate parlamentario. Lo hicieron con la ley de medidas sobre Vivienda y ahora lo hacen con la ley de Juventud. EH Bildu no va a ser cómplice de la degradación del parlamentarismo. Es incompatible promover, por un lado, una ponencia de calidad democrática y, por otro, pretender hurtar al Parlamento el debate normalizado de una ley”, exponen fuentes de la principal fuerza de la oposición.

En esta legislatura, PNV y PSE-EE han tirado de propuestas propias para hacer ajustes en otras dos leyes que afectan a menores. Por un lado, hicieron una reforma 'exprés' de la normativa de caza para permitir que adolescentes puedan asistir a batidas. Y, por otro lado, ahora se tramita una nueva reforma para que los menores participen en festejos de 'sokamuturra'.

PNV y PSE-EE han registrado en el Parlamento Vasco una proposición de ley de modificación de la Ley 2/2022 de Juventud con el objetivo de “reforzar la protección de las personas menores de edad” en las actividades de tiempo libre infantil y juvenil, y aumentar los mecanismos de control administrativo, además de “endurecer” las sanciones ante posibles irregularidades, con el fin de evitar que se reproduzcan casos como el del udaleku de Bernedo.

Entre las principales medidas del texto legal reformado, destaca la sustitución de la comunicación previa por una declaración responsable obligatoria antes del inicio de las actividades de tiempo libre en las que participen menores de edad, según han explicado en un comunicado conjunto socialistas y jeltzales. Este documento se deberá presentar ante Juventud del Gobierno vasco o ante la Diputación correspondiente al territorio histórico en el que se vaya a realizar la actividad. De este modo, las entidades organizadoras asumirán la responsabilidad del cumplimiento de todos los requisitos legales desde el primer momento.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha defendido la “tolerancia cero” para los campamentos de verano, y tras decir que “no pondría el foco en el udaleku de Bernedo”, ha explicado que la propuesta de cambio de la Ley de Juventud registrada este viernes busca que esas actividades de ocio “tengan los certificados sexuales al día” entre otros documentos, lo que es “transparencia, rigor y sobre todo de fortalecer al ocio y tiempo libre”, ya que “ponemos un determinado caso para poder manchar todo el tiempo y no es así”.

PNV y PSE-EE han subrayado que su reforma “refuerza de manera clara” las garantías frente a delitos de naturaleza sexual, estableciendo la obligación de acreditar el certificado negativo para todo el personal que tenga contacto habitual con menores. El texto deberá renovarse anualmente. La proposición de ley también introduce mejoras en el reconocimiento oficial de servicios y equipamientos juveniles, que deberán contar con resolución administrativa expresa, y clarifica el régimen de infracciones para “reforzar la seguridad, la responsabilidad y la calidad en la prestación de los servicios”.

“Tolerancia cero”, ha dicho Melgosa, para añadir que se trata de que las entidades que puedan conformar cualquier espacio o actividad de ocio y tiempo libre “tengan los certificados sexuales al día además de tipo de formaciones”, como 'tratu on' y “otro tipo que se irán regulando”. Por otra parte ha destacado la importancia del registro de entidades que surge de una “coordinación exhaustiva entre las diputaciones, Gobierno vasco y Eudel”. Además, se realizarán “determinadas informaciones pedagógicas a las familias para que sepan y que se queden más tranquilas”, ha añadido.

Endurecimiento de sanciones

De la misma forma, jeltzales y socialistas han “revisado y endurecido el régimen de sanciones ante posibles irregularidades, incluyendo nuevas infracciones graves o muy graves”. De esta forma, “se castigará o se castigará más duramente carecer de seguro de responsabilidad civil y de certificado negativo de delitos sexuales, no disponer de medidas de seguridad en instalaciones y equipamientos, llevar a cabo actuaciones que promuevan el racismo, la xenofobia, la violencia machista o cualquier tipo de violencia”.

PNV y PSE-EE han solicitado la tramitación por el procedimiento de urgencia y lectura única, al tratarse de “una reforma técnica, acotada y centrada en la protección inmediata de los derechos de la infancia y la adolescencia que no supone una alteración del modelo general de políticas de juventud”.

El Gobierno vasco y las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han recordado a la entidad Euskal Udalekuak que debe “comunicar” cualquier campamento de verano que desee organizar este año en la localidad alavesa de Bernedo para su correspondiente aprobación previa. Las instituciones, que han constituido un órgano de coordinación en materia de colonias y tiempo libre, recuerdan a esa asociación que está siendo doblemente investigada, tanto en vía judicial como en vía administrativa, después de que se hayan recibido una veintena de denuncias por posibles delitos relacionados con la violencia sexual en sus instalaciones.

Las instituciones han notificado a Euskal Udalekuak que han tenido conocimiento a través de su página web de que tienen intención de hacer nuevas actividades en Bernedo este año. En concreto, se prevén cinco turnos en la casa de Álava desde el 1 de julio y hasta el 23 de agosto, con un coste de entre 200 y 375 euros. La entidad también organiza campamentos en dos localidades de Navarra, Arbaizar y Goñi. Eso sí, la información pública sobre este requerimiento ha llegado después de que 'El Correo' informara de la nueva oferta de colonias.

En un comunicado, el Gobierno autonómico y las tres diputaciones recalcan que la normativa en vigor permite a las instituciones “controlar” y “supervisar” las actividades de tiempo libre con menores participantes. En este sentido, indican que “expresamente” se le ha recordado a Euskal Udalekuak que tiene abierto un expediente administrativo “por la presunta comisión de infracciones graves”. En paralelo, hay en marcha una investigación penal en el Tribunal de Instancia de Vitoria, ahora comandada por una nueva magistrada, Marta Escudero, como ha adelantado este periódico.

Tras los turnos del verano de 2025, se sucedieron las denuncias por presuntas prácticas de violencia sexual en Bernedo. La polémica surgió porque la Ertzaintza había enviado al juzgado de Vitoria en primavera un informe con casos similares de años anteriores y nunca se llegó a analizar la cuestión. La Fiscalía formuló una dura crítica a todas las partes conocedoras de este expediente porque no pudo pedir medidas cautelares para evitar la celebración de las colonias del pasado año. En paralelo, se conoció con las instituciones tampoco estaban supervisando estas actividades y, de hecho, ése fue el motivo de la creación del órgano de coordinación, que sienta al Gobierno vasco y a las diputaciones.

En el Parlamento Vasco, la fiscal superior vasca, Carmen Adán, ha insistido este jueves en declaraciones a RTVE en que la vía penal está aún en una “fase inicial” y que aún no se han podido concretar los hechos. En todo caso, ha remarcado que “está vigente el ámbito administrativo” y que, en aplicación de la máxima del “interés superior del menor”, las instituciones tienen capacidad para “adoptar las medidas preventivas de control adecuadas”.

Euskal Udalekuak ha denunciado en todo momento estar siendo víctima de una persecución contra su modelo de campamentos en euskera y transinclusivos que buscan la “desexualización” de la desnudez que en ellos se practica. Un volumen elevado de familias secundaron a la entidad después de la cascada de denuncias conocidas tras el pasado verano.

Cambios de relevancia en el Tribunal de Instancia de Vitoria. El magistrado Álvaro Silván Hernández, responsable de dos de las investigaciones penales más relevantes en la ciudad, el crimen de Kerman Villate en la discoteca Mítika y las denuncias por presunta violencia sexual en los campamentos de Euskal Udalekuak en la localidad de Bernedo, abandonará de forma inminente su puesto y será sustituido por otra instructora, Marta Escudero Muñoz.

Según explican fuentes judiciales, Silván Hernández no era el titular de la plaza 3 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vitoria, la nueva denominación del antiguo juzgado de Instrucción 3, y la que sí lo era ha solicitado ya su incorporación. Las mismas fuentes indican que el juez pasará a una plaza de la sección civil, a la sala especializada en reclamaciones a la banca y que antes ocupaba José Luis Núñez Corral, el nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Álava.

El magistrado Silván Hernández, que apenas llevaba un año como instructor en Vitoria, había adquirido notoriedad pública por dos casos. Por un lado, ha liderado la investigación del crimen ocurrido en febrero de 2025 en el exterior de la sala Mítika, en el centro comercial Dendaraba. El asunto ha estado envuelto en polémica porque el magistrado, alineado con las tesis de los abogados de la familia de la víctima, había tipificado inicialmente el caso como “asesinato” o, al menos homicidio “doloso”, ya que la cadena de los hechos ya constatados y la envergadura del agresor, así como sus antecedentes penales, hacían interpretar el golpe letal como algo no fortuito.

Sin embargo, aunque la investigación no está cerrada, la defensa y la Fiscalía lograron de la Audiencia Provincial una rebaja del grado a homicidio “imprudente”. Esto hace que el juicio, cuando se celebre, sea con un tribunal profesional y no con jurado. No obstante, los letrados de los Villate ya han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para tratar de revertir esta resolución. Eso sí, en el entretanto el acusado ha podido salir del régimen de prisión preventiva, previo abono de una fianza.

Por otro lado, el magistrado estuvo en el ojo del huracán porque en septiembre se sucedieron denuncias de familias de menores que habían participado en verano en las colonias de Euskal Udalekuak en Bernedo y que relataban episodios de presunta violencia sexual. La cuestión es que las quejas ya venían de otros años y que, en abril, la Ertzaintza ya había presentado un informe al respecto en la sección de Instrucción de Silván Hernández, sin que se tramitara durante meses y sin que se pudieran adoptar medidas cautelares antes de la nueva edición del campamento.

Ese expediente, que generó las quejas airadas de la Fiscalía por lo que pudo implicar en lo tocante a la protección de menores y comparecencias políticas en el Parlamento Vasco y en las Juntas Generales de Álava, llegó primero a la plaza 1 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vitoria, el antiguo juzgado de Instrucción 1. La magistrada María Antonia Blanco, sustituta al frente de esa sala, fue la primera que recibió el atestado.

En concreto, llegó a las 10.51 horas del 30 de abril de 2025 y le correspondió el asunto por estar de guardia. Esa sala no hizo nada con el informe policial, con código 575A2500033, y consta que “redirigió” la causa al “decanato” el 9 de mayo a las 15.04 horas. No se explican los motivos. Tres días después, el 12 de ese mes, fue cuando el asunto, ya con código 4250/2025, llegó a a la plaza 3. Su titular, Silván Hernández, no realizó actuaciones hasta el 26 de septiembre a las 12.07 horas, cuando el tema había estallado ya en los medios de comunicación.

La magistrada María Antonia Blanco, sustituta al frente del juzgado de Instrucción 1 de Vitoria, fue la primera que recibió el atestado con las primeras denuncias de presuntos casos de violencia sexual a menores en el campamento de Euskal Udalekuak en Bernedo. En concreto, llegó a las 10.51 horas del 30 de abril y le correspondió el asunto por estar de guardia. Esa sala no hizo nada con el informe policial, con código 575A2500033, y consta que “redirigió” la causa al “decanato” el 9 de mayo a las 15.04 horas. No se explican los motivos. Tres días después, el 12 de ese mes, fue cuando el asunto, ya con código 4250/2025, llegó al juzgado de Instrucción 3 de Vitoria. Su titular, Álvaro Silván Hernández, no realizó actuaciones hasta el 26 de septiembre a las 12.07 horas, cuando el tema había estallado ya en los medios de comunicación.

En medio, se celebró otro turno en las colonias estivales y de allí surgieron nuevas denuncias por posibles casos que la Policía describe como “exhibicionismo”, “vejaciones”, “coacciones”, “provocación sexual” o “conductas contrarias a la integridad moral”. Asimismo, uno de los supuestos podría tipificarse, indiciariamente, como “agresión sexual”. Esa nueva batería de denuncias mientras la investigación judicial estaba en el “limbo”, en palabras de la fiscal superior vasca, Carmen Adán, alcanza las 21. Una se interpuso el 29 de agosto, tres el 26 de septiembre, una el 30 de septiembre, cinco el 1 de octubre, dos el 2 de octubre, una el 4 de octubre, tres el 7 de octubre, dos el 9 de octubre, una el 10 de octubre, una el 13 de octubre y la última el 15 de octubre. Eso sí, no todas se refieren al campamento del verano de 2025 y, de hecho, hay hechos descritos de hace doce años, de 2013. La Ertzaintza, desde “enero” de 2025 y hasta “septiembre”, realizó “diversas llamadas” a los juzgados para “interesarse por el estado de las diligencias remitidas”, pero no hay “constancia documental”.

La secuencia judicial ha sido detallada en el Parlamento Vasco por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, que ha respondido por escrito a una solicitud de catorce puntos del representante del PP Santiago López Céspedes. Y la cronología policial la ha aportado igualmente a la Cámara el responsable de Seguridad, Bingen Zupiria, también a instancias del PP.

Euskal Udalekuak organizaba en la pequeña localidad alavesa de Bernedo desde hace lustros una colonia de verano, como también en dos localidades de Navarra. Sus organizadores sostienen que ofertaban un modelo feminista, transinclusivo y que “desexualizaba” la desnudez. Por el contrario, los denunciantes interpretan que se han cometido prácticas contra la libertad sexual con menores. Un voluminoso grupo de familias que han enviado a sus hijos a estos campamentos, asimismo, firmó una carta de apoyo a la entidad promotora.

¿Y qué ha ocurrido después de que se iniciara la causa el 26 de septiembre, cinco meses después? Ese mismo día era el día de la apertura del año judicial en Euskadi, un evento que tiene lugar en Bilbao. Allí, el intendente jefe de la división de Investigación de la Policía vasca, en aquel momento Roberto Álava, que esta semana ha pasado a ser jefe de la Policía local de Vitoria, se reunió con la fiscal Adán. Pactaron que “con carácter mensual” la Policía le enviaría un reporte “de los datos relevantes” de causas con menores víctimas de presuntos delitos.

El 1 de octubre hubo una nueva reunión. Participaron la fiscal-jefe de Álava, Carmen Cotelo, el fiscal de menores de la plaza, Manuel Pedreira, y el jefe de la sección central de Investigación de la Ertzaintza, presumiblemente Hugo Prieto. Buscaron “coordinar las actuaciones”. Después, el 13 de octubre, hubo otro encuentro más. Participaron Pedreira, el juez instructor, Silván Hernández, y de nuevo el jefe de la sección central de Investigación. Acordaron “ampliar la comunicación directa entre las tres instituciones a fin de coordinar las investigaciones”.

La Diputación de Álava ha iniciado expediente sancionador contra la asociación Sarrera Euskal Udaleku Elkartea, que organiza los campamentos de Bernedo, sobre los que, hasta el momento, se han presentado 21 denuncias por presuntos delitos de agresión sexual, de exhibicionismo y de coacción a los menores que participaban en ellos. Así lo ha señalado el diputado general de Álava, Ramiro González, durante su comparecencia este lunes ante las Juntas Generales a petición del PP.

González ha anunciado que la institución foral ha incoado expediente sancionador a la asociación, tras evidenciarse “dos incumplimientos graves de obligaciones” de la normativa. En primer lugar, incumplimiento de la obligación de realizar una comunicación previa de la actividad al departamento competente de la Diputación Foral de Álava y, en segundo lugar, incumplimiento de la obligación de facilitar las funciones de inspección de la administración competente consistente a facilitar la documentación que le fue requerida y a la que “no respondió”. Este expediente tendrá su tramitación administrativa correspondiente, según recoge Europa Press.

Ramiro González ha relatado los hechos desde que el pasado 15 de septiembre la Diputación tuviera conocimiento de los 'udalekus' a raíz de un correo de una madre, ya que la actividad “no ha estado nunca inscrita en la Diputación Foral de Álava ni fue comunicada al Departamento de Juventud”, por lo que “se trataba de una actividad desconocida”. Asimismo, ha indicado que, “desde el primer momento, la prioridad del Departamento fue atender a las familias, conocer de primera mano la situación generada en el 'udaleku' de Bernedo y dar respuesta con responsabilidad institucional”, así como “dar traslado a la Fiscalía de toda la documentación administrativa recopilada sobre el caso”. “Ha habido preocupación, implicación y actuación, y se ha hecho con la mayor celeridad posible, y teniendo siempre en cuenta el interés superior de los y las menores”, ha defendido.

González ha comentado que, “durante años han existido unas colonias con unas prácticas absolutamente inadmisibles y que, en algunos casos y a la vista de los hechos que hemos ido conociendo, podrían ser constitutivas de delito”. “Estos campamentos no se tenían que haber producido de esta manera, a tenor de la cantidad de las denuncias que se han producido por parte de las familias”, ha añadido. Además, ha denunciado que se trata de “actuaciones absolutamente inadmisibles que se han repetido durante años sin que nadie lo haya conocido y, por lo tanto, lo haya podido impedir”.

Por ello, González ha abogado por “investigar hasta el fondo” y “actuar con la máxima transparencia, para trasladar absolutamente toda la información a la opinión pública” y “poner en conocimiento de los juzgados cualquier situación en la que se pueda apreciar cualquier indicio de delito”, tal y como ha secundado, “ha hecho la Diputación”.

El diputado general de Álava ha resaltado la creación de la mesa entre las tres diputaciones forales, Eudel y el Gobierno vasco para “mejorar los mecanismos de coordinación y control” en el ámbito de las actividades privadas de tiempo libre, marchas volantes, campamentos y albergues. En este sentido, ha informado que se ha identificado “la necesidad prioritaria de desarrollar reglamentariamente varios puntos de la Ley Vasca de Juventud”, incluyendo comunicaciones previas, declaraciones responsables, servicios e instalaciones y régimen disciplinario.

También y, en paralelo al trabajo normativo, se ha acordado impulsar medidas inmediatas para “cuidar la calidad de la oferta de tiempo libre”, por lo que de cara al periodo navideño se lanzará una campaña de sensibilización conjunta para la ciudadanía, poniendo en valor el voluntariado y el ocio educativo. En tercer lugar, se ha establecido que las reuniones de estas mesas sean cada 15 días, para “garantizar una coordinación efectiva y una oferta de tiempo libre más segura, cohesionada y de calidad para la juventud”.

El Gobierno de Imanol Pradales ha enviado al Parlamento Vasco la información que obra en su poder sobre el caso de los campamentos de la localidad alavesa de Bernedo, organizados por la entidad Euskal Udalekuak, a raíz de una petición realizada por el PP. En las respuestas facilitadas por cuatro consejeros se confirma que son 21 las denuncias registradas y que esas colonias no han contado con financiación pública, aunque se aporta el dato de que las primeras sospechas de presunta violencia sexual se remontan a 2013. Un juez de Vitoria, Álvaro Silván, tiene abierta una investigación por si pudiesen haberse producido allí delitos contra la libertad sexual de menores que, al menos en un caso, podrían llegar a ser considerados como agresión.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, indica que las denuncias se refieren “hechos ocurridos en los campamentos de Euskal Udalekuak desde el año 2013”. Este dato no se había aportado. La entidad también gestiona otras dos actividades similares en Navarra. Zupiria defiende que “desde el primer momento en que tuvo conocimiento de los hechos” la Policía inició “diligencias de investigación” y señala que “actualmente” están en manos de la Justicia. La Fiscalía, sin embargo, denunció que el caso llegó en primavera al magistrado de Vitoria y que el expediente se mantuvo meses en el “limbo”, impidiendo adoptar medidas cautelares en este verano, cuando se han celebrado nuevamente los campamentos y de nuevo han llegado denuncias de violencia sexual.

Zupiria insiste en el “interés superior de los menores” y apela al “deber de sigilo” para no dar datos del caso. Los organizadores, de su lado, han explicado que las duchas mixtas y otras actividades formaban parte de un modelo para “desexualizar” los cuerpos desde una perspectiva feminista y transinclusiva. Un grupo numeroso de familias suscribió también un comunicado de apoyo a este modelo.

La titular de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, de cuya cartera depende la normativa de 2022 que obligaba a comunicar este tipo de actividades, se limita a recalcar que “no tiene consignado prespuesto alguno” para las colonias de Bernedo. En su caso, se ha creado una mesa interinstitucional con las diputaciones, competentes de estas actividades en sus territorios, para mejorar los protocolos de control. Melgosa ya dijo que eran “clandestinas” dado que nunca atendieron la obligación legal de notificar a la Administración la actividad.

Es la misma postura que mantiene la Diputación alavesa. La responsable de Cultura y Deporte, Ana del Val, informó en las Juntas Generales, igualmente a instancias del PP, que la entidad promotora del campamento “no ha presentado ninguna comunicación de actividad en 2025 ni en años anteriores”. Sin embargo, otras empresas privadas que hacen actividades estivales tampoco las notifican. En las últimas semanas se han citado los casos de los clubes deportivos de elite Athletic Club o Saski Baskonia, por ejemplo.

Se da la circunstancia de que otro consejero, Javier Hurtado, responsable de Turismo, Comercio y Consumo, ha informado al Parlamento de que sí tiene constancia de otra denuncia por los mismos hechos. Se trata de una “reclamación del importe pagado a la colonia” presentada en la oficina de Consumo de Eibar. El asunto se trasladó a Kontsumobide, el organismo competente para este tipo de materias, pero al ver que se apuntaba a la “posible existencia de acto constitutivo de delito” el “expediente íntegro” terminó en la Ertzaintza. Otra ventanilla de la Administración, el Instituto de la Mujer (Emakunde), recibió otras tres quejas por estas colonias.

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves una resolución que expresa un “absoluto rechazo y condena” a los hechos relatados en 21 denuncias de menores, que han trasladado a la Ertzaintza la existencia de presuntos delitos de violencia sexual sufridos durante su estancia en campamentos de Euskal Udalekuak, principalmente el de la localidad alavesa de Bernedo. La Cámara, sin embargo, ha rechazado la moción del PP para ir un paso más allá y promover una comisión de investigación parlamentaria sobre un asunto que ha copado debates en medios de comunicación, instituciones y redes sociales en las últimas semanas. El juez de Vitoria Álvaro Silván Hernández está investigando los hechos en la vía penal.

La iniciativa aprobada es un texto únicamente respaldado por PNV y PSE-EE, los partidos del Gobierno y que gozan de mayoría en el hemiciclo. Sumar se ha abstenido y EH Bildu, PP y Vox han votado 'no'. La enmienda alude al “firme compromiso con la protección de los derechos” de los menores y a evitar su “revictimización”. También se plantea mejorar el control de este tipo de colonias. La ley de 2022 y un decreto de 1985 obligaban a comunicar estas actividades, pero no fue el caso de la de Bernedo.

El debate, el primer punto de la sesión ordinaria de este jueves en el Parlamento, ha arrancado en Bernedo. Pero ha acabado con un cruce de reproches por variados temas, desde la visita de la Falange a Vitoria, la ley del 'sí es sí' o el 'caso Bidegi' recientemente cerrado en los tribunales hasta ETA o la decisión de la Ertzaintza de ofrecer ahora la procedencia de los criminales en sus notas de prensa.

El punto la había incluido el PP en el orden del día. Su moción perseguía una comisión de investigación sobre el asunto. “Indudablemente, habrá responsabilidades penales. Pero, indudablemente también, tiene que haber responsabilidades políticas de lo sucedido aquí”, ha manifestado la portavoz conservadora, Laura Garrido, que ha contado con el apoyo de Vox. Garrido ha puesto de manifiesto que la Ertzaintza tenía denuncias al menos desde 2024 y que las diputaciones también habían recibido avisos de posibles situaciones anómalas en torno a Euskal Udalekuak. Entiende que la actividad de 2025 nunca se tuvo que haber celebrado. Tras ella, se han multiplicado las denuncias, que en un caso refiere hechos que podrían constituir un delito de agresión sexual y en otros podrían tipificarse como coacciones o exhibicionismo, principalmente por la existencia de duchas compartidas. Los promotores, por el contrario, han insistido en que su modelo feminista y transinclusivo busca “desexualizar” los cuerpos desnudos.

El caso, ahora mismo, está en un juzgado de Vitoria. La causa, como tal, llegó en abril pero no se activó hasta septiembre, cuando la polémica ya estaba instalada en los medios de comunicación. La Fiscalía se quejó que el expediente quedó meses “en el limbo” y que ellos no tuvieron conocimiento para poder haber activado medidas cautelares y evitado que nuevos turnos de menores acudieran a las colonias si se estimaban que podría haber algún riesgo de ser víctimas de delitos contra la libertad sexual.

Los argumentos de los partidos

“Pasividad cero, connivencia cero y tolerancia cero”, ha señalado, desde la bancada del PNV, Aitor Urrutia sobre el papel del Gobierno vasco. A su juicio, posicionarse de un modo crítico con Euskal Udalekuak es correr el riesgo de ser llamado “fascista” -“No tenga miedo”, le ha tentado Amaia Martínez Grisaleña, de Vox- y también cree que ha habido “sordina” en los medios de comunicación porque la entidad promotora es abertzale y, según ha dado a entender, próxima a EH Bildu. Ha culpado incluso a EiTB de tener “perfil bajo” con el asunto. Ha ironizado que si el caso estuviera relacionado con la Iglesia católica o con el PNV habría sido un escándalo mucho mayor.

Ha aprovechado también para criticar las comisiones de investigación como figura. Urrutia ha señalado que habitualmente llegan por motivos políticos y con las conclusiones prelaboradas. En el caso vasco, en todo caso, el Ejecutivo dispone de mayoría para aprobar todas las medidas y dictámenes que estime oportunas y la oposición nunca podría condicionar ese tipo de ponencias.

Pau Blasi, socialista, ha considerado “evidente” que se han producido “fallos” pero igualmente ha descartado la propuesta del PP. Ha mencionado que no había control alguno para la colonia, si bien ha remarcado que el Athletic Club o el Baskonia también hacen ese tipo de actividades sin comunicarlo tampoco a la Administración. “Estamos tomando medidas para aclarar lo ocurrido y, lo que es más importante, impedir que vuelva a ocurrir”, ha apuntado. El Gobierno y las diputaciones han creado una mesa 'ad hoc'. Y ha agregado Blasi: “Se ha llegado tarde. Se han detectado errores. Hay mucho que corregir. Pero cuando hablamos de menores no todo vale. Ojo con revictimizar y ojo con usar estas cosas para la disputa política de vuelo bajo. Dejemos a los menores en paz y trabajemos de verdad en su protección”.

Desde EH Bildu, Eraitz Sáez de Egilaz ha mostrado su malestar con el PNV por las insinuaciones de la responsabilidad de su familia política en el caso y ha remarcado que sí respetan a los denunciantes y su derecho a acudir a la Justicia. “Estamos en un Parlamento, no en un plató de televisión”, le ha afeado a Urrutia. “Deberíamos pensar muy bien las declaraciones que se hacen y, sobre todo, las consecuencias que estas pueden tener sobre los menores y las partes. Sobre todas las partes implicadas”, ha apostillado pidiendo orillar comentarios “morbosos” o que generen “miedo”. Ha habido “criminalización” y “odio” hacia un modelo, ha considerado.

El caso de los campamentos de Bernedo ha sido “instrumentalizado como pretexto para reactivar marcos ideológicos de extrema derecha y difundir una retórica tránsfoba y homófoba profundamente organizada, que combina elementos de conspiración política, fundamentalismo moral y manipulación mediática”. “Estas dinámicas no sólo afectan a las personas directamente agredidas, sino que deterioran el espacio público y la cultura democrática en su conjunto, generando un clima social donde la intolerancia se disfraza de opinión legítima y el acoso se normaliza como debate”. Esa es la conclusión principal a la que ha llegado el Observatorio LGTBIQ+ de Vitoria (Ikusgune) tras analizar decenas de mensajes en redes sociales y los artículos tanto informativos como de opinión de varios medios de comunicación.

Según señala la investigación, gran parte de estos ataques provienen de sectores de la ultraderecha. “Desde estos sectores ultraderechistas y conservadores se despliega una intensa campaña de odio focalizada en las personas trans. Su retórica se basa en la asociación constante entre el colectivo y conceptos como la pederastia o el adoctrinamiento, buscando generar una reacción social inmediata, emocional y visceral”, recoge el estudio, que sostiene que “este tipo de mensajes no sólo persigue desacreditar el trabajo o la legitimidad de las personas trans, sino también cuestionar su propia identidad”. Se pasa así del ataque individual a la persecución colectiva. En este proceso de deshumanización se construye una “figura pública diana” sobre la que concentrar el miedo y el odio generados. En el caso analizado, dicha carga recae casi exclusivamente sobre una persona de la asociación organizadora de los udalekus, visiblemente disidente de género y que se expresa abiertamente sobre sus experiencias. Esto pone de relieve la intencionalidad tránsfoba del acoso dirigido hacia ella“. En este caso la figura pública diana ha sido Aner Peritz, bertsolari y responsable de la entidad de Euskal Udalekuak.

Debido a que el campamento de verano de Euskal Udalekuak acumula 21 denuncias en la Ertzaintza y tres quejas en Emakunde por supuesta violencia sexual, los organizadores fueron acusados de pederastia en algunos medios de comunicación y en redes sociales. Para Ikusgune este no es un fenómeno nuevo. “La acusación de pederastia o pedofilia dirigida hacia el colectivo LGTBIQ+ no es un fenómeno nuevo. Desde hace décadas, los movimientos conservadores y ultras han utilizado este recurso retórico para intentar frenar el avance de derechos, apelando a una supuesta protección de la infancia. En la actualidad, estas narrativas encuentran un refuerzo adicional en los movimientos transodiantes. En diversas publicaciones analizadas se observan imágenes manipuladas o simbólicas en las que se representa, por ejemplo, a una persona adulta con aspecto desaliñado, vestida con los colores de las banderas trans o LGTBIQ+, invitando a una niña a entrar a un baño, insinuando intenciones de abuso. En otras, un hombre aparece protegiendo a menores con un escudo con un crucifijo frente a un arcoíris, reforzando la idea de ”defensa moral“ frente a la diversidad sexual y de género. Paralelamente, las personas o medios que denuncian el odio tránsfobo o ponen en duda la narrativa dominante son a su vez acusados de pederastia”, indica la investigación.

Los medios actúan, en ocasiones, como amplificadores involuntarios del discurso tránsfobo

Lo que supone que en lugar de críticas o ataques individuales, lo ocurrido con Bernedo es, según el estudio, “una campaña estructurada, sostenida y multicanal de discurso de odio tránsfobo y LGTBI+fóbico, en la que confluyen actores vinculados a la ultraderecha, movimientos transodiantes —conocidos también como TERF— y determinados espacios mediáticos que, de forma directa o indirecta, contribuyen a la amplificación del mensaje”. “Lejos de tratarse de una serie de episodios aislados, el estudio permite observar una coordinación discursiva y simbólica que responde a una estrategia común: la de erosionar los derechos de las personas trans, socavar los marcos de igualdad y diversidad y reinstalar valores excluyentes bajo la apariencia de defensa moral o protección de la infancia”, asevera.

Las publicaciones analizadas en la investigación, según Ikusgune, “muestran una clara intención de construir un relato basado en el miedo y la desinformación”. “A través de mensajes repetitivos, imágenes manipuladas y material gráfico de alto impacto emocional, se busca asociar las identidades y derechos LGTBIQ+ con la pederastia, la corrupción o la amenaza hacia los menores. Estas narrativas apelan al instinto de protección social para legitimar la exclusión y la discriminación, transformando el rechazo en una supuesta obligación moral. En este proceso, la infancia se convierte en un instrumento retórico utilizado para justificar el odio y dar apariencia de legitimidad a prácticas que, en esencia, constituyen formas de violencia simbólica y social”, recoge el documento que asegura que “la reiteración de insultos, acusaciones de pederastia, alusiones sexuales y descalificaciones políticas demuestra una intencionalidad clara de humillación y deslegitimación pública, que trasciende el debate de ideas para situarse en el terreno del hostigamiento y la incitación al odio, comportamientos que, de acuerdo con el marco legal vigente, podrían constituir ilícitos penales en la medida en que fomentan la discriminación y la violencia contra un grupo protegido por razón de identidad o expresión de género”.

Otra de las cuestiones que analizan desde el Observatorio LGTBIQ+ de Vitoria es que hay un efecto de “retroalimentación” entre redes sociales y medios de comunicación, donde determinados titulares o enfoques contribuyen involuntariamente a reforzar los marcos de odio presentes en el entorno digital. “Los picos de actividad detectados tras la publicación de determinadas noticias confirman que los medios actúan, en ocasiones, como amplificadores involuntarios del discurso tránsfobo, generando un ecosistema comunicativo en el que la desinformación y la hostilidad encuentran terreno fértil para su expansión”, señala.

La identificación temprana de patrones de odio y la aplicación efectiva de los instrumentos legales contra la incitación a la violencia son pasos necesarios

En este sentido, la investigación plantea la posibilidad de que haya repercusiones legales por delitos de odio por estas publicaciones y comentarios. “Resulta imprescindible señalar que la difusión intencionada y reiterada de mensajes que incitan al odio, promueven la hostilidad o justifican la exclusión de un grupo por motivos de identidad o expresión de género puede tener relevancia penal de acuerdo con la legislación vigente sobre delitos de odio. La frontera entre la libertad de expresión y la incitación a la violencia se traspasa cuando el discurso no busca el debate, sino la humillación, la deslegitimación o el daño hacia todo un colectivo vulnerable. Estas prácticas no solo vulneran derechos fundamentales, sino que socavan los principios básicos de convivencia democrática al normalizar el acoso, la desinformación y la estigmatización pública de los colectivos minorizados”, indica el estudio.

En definitiva, la investigación sostiene que el caso analizado “ha sido instrumentalizado como pretexto para reactivar marcos ideológicos de extrema derecha y difundir una retórica tránsfoba y homófoba profundamente organizada, que combina elementos de conspiración política, fundamentalismo moral y manipulación mediática”. “Estas dinámicas no solo afectan a las personas directamente agredidas, sino que deterioran el espacio público y la cultura democrática en su conjunto, generando un clima social donde la intolerancia se disfraza de opinión legítima y el acoso se normaliza como debate”. Para evitar que este tipo de sucesos ocurran, desde Ikusgune defienden que “el reconocimiento, la denuncia y el seguimiento institucional de este tipo de prácticas resultan imprescindibles”. “La identificación temprana de patrones de odio y la aplicación efectiva de los instrumentos legales contra la incitación a la violencia son pasos necesarios para proteger tanto los derechos de las personas trans y LGTBIQ+ como la integridad democrática del espacio público”, concluye el estudio.

A raíz del caso de Bernedo, el campamento de verano de Euskal Udalekuak que acumula 19 denuncias en la Ertzaintza y tres quejas en Emakunde por supuesta violencia sexual, estudiantes de la facultad de Comunicación de la Universidad del País Vasco (EHU) han denunciado que varios de sus profesores han aprovechado lo que ha ocurrido para lanzar a través de sus redes sociales mensajes tránsfobos y contra las personas LGTBIQ+. Tras las quejas de los alumnos, la Universidad pública está “analizando” lo ocurrido, según han informado fuentes de la EHU a este periódico.

Desde Eiki, el grupo feminista del campus de Leioa de la EHU, han denunciado los mensajes de los profesores colocando carteles por la facultad. Es una acción a la que, según han criticado, uno de los dos profesores ha respondido con amenazas y gritos. “Queremos denunciar mensajes tránsfobos de dos profesores en sus redes sociales. Por ello, hemos colocado carteles en la facultad, pero uno de esos profesores se ha acercado gritando 'sois unos pederastas y fascistas'”, han lamentado en un comunicado, tras señalar que la actitud del profesor, cuyo nombre no han querido hacer público, ha sido violenta de manera que los alumnos han visto “amenazada su integridad física”.

Este periódico ha accedido a uno de los dos perfiles que lanzan los mensajes en contra de las personas trans, en los que se lee críticas al campamento “trans neoliberal de Bernedo” al “adoctrinamiento en el transgenerismo” y a los “efectos del movimiento queer”. “No sabía que implicaran a los curas en el campamento trans neoliberal yanki de #Bernedo. Ya todos se han vuelto trans. Es orden de la UE, adoctrinamiento en el transgenerismo para acabar con el feminismo. El próximo año lo impone Von der Leyen”, sostiene una de las publicaciones en las redes sociales.

A principios de año otro profesor, en concreto un docente de la facultad de Farmacia, fue investigado por lanzar en sus redes sociales mensajes “fascistas, racistas, tránsfobos y franquistas”. No obstante, denunció ante la Ertzaintza un delito de “suplantación de identidad y usurpación de redes sociales”. Después de la denuncia y de la pertinente investigación de la Ertzaintza, el juzgado de Gernika terminó archivando el caso por falta de pruebas que identifiquen al docente como el autor de los mensajes. Desde la Universidad explicaron a este periódico que teniendo en cuenta que él negó ser el autor de los mensajes en todo momento y la resolución judicial no veían motivos suficientes para apartarlo de las clases.

En un debate de muy alto voltaje político, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, del PNV, ha dado explicaciones a instancias del PP en el Parlamento Vasco por las denuncias de presunta violencia sexual que se acumulan en torno a los campamentos organizados por Euskal Udalekuak, particularmente la colonia en la pequeña localidad alavesa de Bernedo. La primera constatación es que son ya 19 las recogidas por la Ertzaintza y que siguen subiendo constantamente, a lo que se suman tres quejas en Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer). Melgosa, que ha calificado de “clandestina” esta actividad porque nunca fue comunicada como exige la normativa, ha intervenido en lugar del lehendakari, Imanol Pradales, que se ha ausentado del debate. Desde el escaño ha seguido la sesión el titular de Seguridad, Bingen Zupiria, cuya dimisión ha pedido el PP.

Melgosa ha señalado que Euskal Udalekuak, la entidad privada organizadora, “ocultó” a la Administración que organizaba esa actividad, “impidiendo su trazabilidad”. La ley de 2022 y un decreto de 1985 obligan a comunicar las actividades con menores que incluyan pernocta. Era una “iniciativa clandestina”, en palabras de la consejera, aunque la entidad es conocida, con perfiles en redes sociales activos y con financiación pública en Navarra, donde gestiona dos colonias más, Goñi y Abaigar. La Diputación de Álava, con competencias en organización de colonias, también ha insistido en la misma tesis. Pero la Diputación de Gipuzkoa enviaba allí a menores tutelados, por ejemplo.

Para la consejera, que se ha hecho acompañar de otras entidades que gestionan campamentos, como los 'scouts' y Aisialdi Sarea, la “prioridad absoluta” es analizar lo ocurrido y proteger a los menores. Es una “línea roja” la integridad de “niños y niñas” y nunca tenían que haber vivido lo que vivieron, ha señalado. “Pondremos todo nuestro empeño en que no vuelva a ocurrir”, ha indicado. Se están revisando protocolos.

De fondo, sobrevuela que ya en primavera había unas primeras denuncias y que no se atendieron. La Fiscalía se ha quejado de que quedaron en un “limbo” y que no pudo adoptar medidas cautelares para evitar los turnos de este verano, donde aparentemente se han reproducido los mismos comportamientos. Álava ha indicado que la Diputación de Bizkaia tuvo también una queja en 2019. La de Gipuzkoa, de su lado, dejó de enviar a menores tutelados este año tras las quejas recibidas.

De las 19 denuncias, al menos una de ellos refiere una agresión sexual a un menor. El resto tienen que ver con exhibicionismo o coacciones en actividades como duchas mixtas, aunque la información oficial es escasa en ese sentido. Un juzgado de Vitoria ya gestiona estas comunicaciones desde la pasada semana y se ha citado a declarar a algunos de los menores. Entretanto, los monitores de Bernedo han lamentado públicamente la persecución y explicado que usan un modelo de “desexualización” de la desnudez, con principios “transfeministas”. Asimismo, dos centenares de familias también han apoyado esta iniciativa frente a las denuncias.

Javier de Andrés, líder del PP, ha considerado “impresentable” que el lehendakari haya renunciado a dar explicaciones y delegado en Melgosa. “Podrían haberme mandado a la de Agricultura o al de Cambio Climático”, ha ironizado, visiblemente enojado. Para De Andrés es “repugnante” lo que se ha conocido y ha asegurado que la respuesta ha sido más tibia porque la entidad es “woke” y abertzale. Ha añadido que había también consumo abusivo de alcohol y drogas. “Si en lugar de borrokas fueran frailes... Pero esto es construcción nacional y entonces las cosas cambian”, ha señalado. El PP insiste en que la Ertzaintza lo sabía y no paralizó la edición de 2025 de esta colonia. Es por ello que considera que Zupiria, el titular de Seguridad, debería irse “a casa” y sin que el partido le procure una “puerta giratoria”.

Tras esta intervención, Melgosa ha alertado del riesgo de “revictimizar” a los menores con el tratamiento de este asunto, plagado de detalles íntimos en algunos casos. Asimismo, ha instado a “respetar el trabajo de la Justicia”, a mantener la “presunción de inocencia” y a no “buscar titulares” morbosos. Igualmente, ha recordado que De Andrés fue diputado general de Álava entre 2011 y 2015 y director de Juventud de 1999 a 2000. “Usted tampoco hizo ada. No tomó ninguna medida. Quizás nos hubiéramos ahorrado esta situación”, ha zanjado.

La diputada foral de Cultura y Deporte de Álava, la socialista Ana del Val, ha explicado este jueves que la Diputación “no tiene ni ha tenido nunca” registrados los campamentos de Bernedo organizados por Euskal Udalekuak contra los que se han interpuesto diecisiete denuncias por posible violencia sexual a pesar de llevar décadas celebrándose en territorio alavés. Se recibieron a mediados de septiembre de este año dos quejas de una misma madre, primero a través de un correo electrónico y después mediante llamada telefónica. Sin embargo, hasta que asociaciones feministas remitieron unos escritos en los que “se narraban unos presuntos hechos muy graves”, la Diputación no se puso en contacto con las familias afectadas, según la cronología de los hechos que ha trazado la diputada foral. A partir de ese momento, se concertó una reunión con ellas para recabar más información acerca de lo sucedido y “darles máximo apoyo y ayudarles a gestionar esta situación”. “Ha habido preocupación, implicación y actuación, y lo hemos hecho con la mayor celeridad posible, teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”, ha defendido Del Val. Por el contrario, ha indicado que Gipuzkoa y Bizkaia sí conocían presuntas incidencias con anterioridad, incluso desde 2019.

La diputada foral ha comparecido este jueves en comisión ante las Juntas Generales a petición propia. Ana Salazar, procuradora del PP, le ha acusado de “mirar para otro lado” y ha pedido su dimisión. Del Val ha dicho que la comparecencia era “para rendir cuentas del trabajo realizado, reafirmar el compromiso de [la Diputación de Álava] con la transparencia, el apoyo a las familias y la mejora de los protocolos para que situaciones como estas no se vuelvan a repetir”. En Euskadi, son las diputaciones las que tienen competencia sobre las colonias de verano salvo que se celebren en más de un territorio.

Del Val ha relatado cómo a mediados de septiembre el Instituto Foral de la Juventud alavés recibió un correo electrónico de la madre de una menor inscrita en el campamento de Bernedo. La madre, ha explicado, “relataba ciertas actuaciones que consideraba inadecuadas durante la estancia de su hija”. La institución foral, ha proseguido, le recomendó a la madre que la queja la elevase “directamente” a los responsables del campamento, a la asociación responsable de los Euskal Udalekuak. La madre volvió a ponerse en contacto con el Instituto Foral de la Juventud al día siguiente, esta vez a través de una llamada. “Se le indicó que, si consideraba que se trataba de hechos presuntamente delictivos, la única vía para esclarecerlos era interponer una denuncia ante la Ertzaintza. Este es el procedimiento establecido para este tipo de situaciones”, ha aseverado Del Val.

Fue el 25 de septiembre, según la cronología esbozada por la diputada foral, cuando recibieron dos escritos formales de asociaciones feministas en los que “se narraban unos presuntos hechos muy graves”. La Diputación, ha dicho, se puso en contacto con las familias afectadas esa misma tarde y concertó una reunión para dos días después. El objetivo, además de recabar información sobre lo sucedido, era “darles máximo apoyo y ayuda y ayudarles a gestionar esta situación”. “Entendíamos y entendemos que, más allá de las competencias administrativas, están las personas, sus familias y sus hijos, quienes han sido desde el principio nuestra prioridad”, ha sostenido. Esta semana, el Gobierno vasco y las tres diputaciones, la de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, han activado una mesa de “coordinación” para analizar los “errores” que hayan podido cometerse.

“Necesitábamos constatar los hechos concretos y les solicitamos [a las familias] que proporcionaran toda la documentación de que dispusieran”, ha dicho Del Val sobre la primera reunión con las familias. “Además, les transmitimos nuestro más firme rechazo [a los] hechos que se estaban relatando y nuestra solidaridad con las familias, dejándoles claro que estaríamos a su lado, acompañándoles en este proceso y verificando los hechos ocurridos, siempre dentro de nuestras competencias”, ha abundado la diputada foral. Se les insistió, ha explicado, en la necesidad de que formalizasen las denuncias ante la Ertzaintza, “para que los hechos pudieran ser investigados adecuadamente”. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha cifrado este miércoles en diecisiete las denuncias recogidas en comisarías de la Ertzaintza por supuestas prácticas de violencia sexual contra menores de edad en campamentos de Euskal Udalekuak. Aunque sí la mayoría, no todas guardan relación con el de Bernedo. Solamente uno de esos casos denunciados puede recibir, por el momento, la consideración de “agresión sexual” como tal, según el consejero.

A raíz de los hechos, la Diputación ha solicitado información adicional tanto al Ayuntamiento de Bernedo como a la asociación que organiza los campamentos. La asociación, ha lamentado, ni siquiera ha recogido el acuse de recibo ni el requerimiento. La ley de Juventud de 2022 establece, además, que aquellas actividades con pernoctación fuera del domicilio familiar en las que participen menores de 18 años “deberán ser comunicadas previamente a la Diputación Foral correspondiente al territorio en el que se vayan a realizar o al departamento del Gobierno vasco competene en materia de Juventud en caso de que se realicen en más de un territorio”. Previamente existía un decreto de 1985 en términos similares. Los organizadores de los campamentos de Bernedo, sin embargo, no informaron.

A comienzos de la semana pasada, la fiscal superior vasca, Carmen Adán, criticó con dureza que un juzgado de Vitoria hubiera tenido parada durante meses la investigación sobre los supuestos casos de violencia sexual.Además, según ha explicado Del Val, la Diputación de Bizkaia le ha hecho llegar información sobre la queja de una madre, mientras que la de Gipuzkoa le ha trasladado la existencia de una denuncia de un campamento en el que participaron menores tutelados. La portavoz de la Diputación de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, ha hablado este mismo jueves de la queja recibida en 2019. Según recoge Europa Press, ha explicado que el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación recibió “una queja y una solicitud de información”, a la que se respondió “diciendo que el órgano competente en este caso es el Departamento [de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico]”. La Diputación, por tanto, no canalizó la queja hacia el Ejecutivo, sino que se limitó a indicarle a aquella persona que debía hacerlo. “[No sabemos] después qué ocurrió con esa queja o con esa petición de solicitud. No sabemos si esta persona la reenvió a ese departamento del Gobierno vasco y la trazabilidad se pierde”, ha admitido.

Del Val ha aseverado que la Diputación de Álava, después de los supuestos hechos acaecidos en Bernedo, “ha liderado la necesidad de que las tres diputaciones y el Gobierno vasco [empiecen] a trabajar para mejorar los mecanismos de coordinación y control interinstitucional en el ámbito de actividades privadas del tiempo libre”. “Salvo que exista una denuncia previa o una comunicación formal de incidencia, las administraciones no tenemos posibilidad de intervención directa en el desarrollo diario de las actividades privadas”, ha matizado.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha indicado en Euskadi Irratia que ascienden ya a 17 las denuncias recogidas en comisarías de la Ertzaintza por supuestas prácticas de violencia sexual contra menores de edad en los campamentos de verano de la entidad Euskal Udalekuak, principalmente en los de Bernedo, en Álava, pero también en las dos localizaciones en Navarra, Abaigar y Goñi. Son cinco más las que se han acumulado en lo que va de semana y hay otros casos de familias que se han dirigido a la Policía sin terminar de formalizar una denuncia.

Por el momento, siempre según Zupiria, únicamente consta que uno de esos casos denunciados pueda recibir la consideración de “agresión sexual” como tal. El resto de hechos comunicados podrían encajar con prácticas de “exhibicionismo” o “coacciones”, aunque la investigación está en una fase muy inicial. Los responsables del campamento han negado tajantemente estas acusaciones y afirman que defienden un modelo “feminista” que “desexualiza” los cuerpos desnudos, lo que implica duchas mixtas y otras prácticas no convencionales. Igualmente, un número más elevado de familias ha firmado una carta de apoyo a este tipo de colonias.

Euskal Udalekuak es una entidad privada que organiza tres campamentos cada verano, uno en Álava y dos en Navarra. Los casos denunciados no son solamente de este 2025. De hecho, un juzgado tenía encima de la mesa un informe inicial de la Ertzaintza en primavera y no abrió diligencias hasta que estallaron las quejas por lo sucedido este año. El consejero Zupiria ha vuelto a pedir prudencia en torno a este asunto pero sí ha indicado que las familias tienen “derecho” a conocer el modelo de una actividad a la que envían a pernoctar a menores de edad, que siempre merecen “protección especial”.

Estos campamentos no tenían ninguna relación con el catálogo público de actividades, habitualmente coordinado por las Diputaciones. La normativa autonómica de Juventud de 2022 sí obliga a su comunicación y al cumplimiento de unos requisitos mínimos, pero no consta que eso se produjera. Gobierno y diputaciones han creado una mesa para analizar posibles errores en torno a este caso.