La Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado el recurso presentado por Vox y por Abogados Cristianos y ha confirmado el archivo de las denuncias contra las colonias de Abaigar y Goñi de Euskal Udalekuak, para las que se pedía una investigación por si se reproducían los presuntos casos de violencia sexual conocidos en el campamento de esta misma asociación en Álava, en Bernedo. Es la tercera resolución en el mismo sentido, después de la inicial del Tribunal de Instancia de Estella y de un recurso de reforma. Por el contrario, el Tribunal de Instancia de Vitoria continúa sin ofrecer avances relevantes en la instrucción de la veintena de denuncias sobre Bernedo.

Según el auto de la Audiencia de Navarra, del pasado 1 de julio y cuya ponente ha sido la magistrada Rebeca Esther Alonso, “no existe” una denuncia concreta sobre posibles casos similares a los de Bernedo en las colonias navarras y “la investigación que se llevara a cabo sería en todo caso prospectiva”, algo expresamente inconstitucional. Afea que la petición de una nueva causa se limita a sostener que, al haber “denuncias por hechos cometidos en otro lugar” organizados por la misma asociación, “debe llevarse a cabo una investigación”. Es lo mismo que manifestó por dos veces la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estella.

En el caso de la denuncia presentada por Vox, que también está personado en el procedimiento penal en Vitoria, “se expone que se han hecho eco los medios de comunicación de testimonios de menores en relación” a las actividades de Bernedo. “Como la misma asociación tiene campamentos en Goñi y Abaigar”, se alude a que también ha podido ocurrir “en estas localidades” algo similar. Se menciona, asimismo, que la Ertzaintza habría podido recibir un caso que sí estaba residenciado en Abaigar en 2021 y 2022. “Ningún hecho se denuncia como ocurrido en Goñi y Abaigar que justifique incoar un procedimiento penal”, frena la Audiencia Provincial.

La celeridad de la Justicia en Navarra contrasta con la de Álava. Las primeras denuncias fueron presentadas por la Ertzaintza en el Tribunal de Instancia de Vitoria en abril de 2025. El expediente recayó en el juez Álvaro Silván, pero no se realizó ninguna actuación hasta que, pasado el mes de agosto y la edición del pasado año de las colonias de Bernedo, se volvieron a reproducir las denuncias. Se investiga al menos una posible agresión sexual, además de presuntas conductas de exhibicionismo. Algunos de sus participantes han relatado que, por ejemplo, chicos y chicas eran obligados a compartir duchas junto a los monitores.

Una nueva instructora ha asumido el caso en Vitoria, Marta Escudero. Tampoco consta que haya tomado declaraciones a posibles imputados cuando ha pasado otro año. En paralelo, la Diputación de Álava sancionó a Euskal Udalekuak y le impidió celebrar el campamento de Bernedo, como pretendía. Incluso mostró su deseo de vetar a una posible nueva entidad organizadora. Sin embargo, un juzgado de lo contencioso-administrativo levantó la suspensión cautelarmente al entender que no estaba suficientemente bien armada la actuación administrativa. Por falta de tiempo no hay colonias en Bernedo, pero sí las está habiendo en Navarra.

Euskal Udalekuak siempre ha denunciado estar siendo víctima de una persecución contra su modelo de campamentos en euskera y transinclusivos que buscan la “desexualización” de la desnudez que en ellos se practica. Un volumen elevado de familias secundaron a la entidad después de la cascada de denuncias conocidas tras el pasado verano, así como personalidades del mundo de la cultura vasca. Ahora, conocidas las resoluciones judiciales en Navarra indican que la extrema derecha está buscando una “represión mediática y judicial”. “Nuestro principal objetivo ahora mismo es ofrecer un ocio educativo a niños y jóvenes. Por eso, tenemos los turnos en marcha y en eso estamos trabajando este verano”, exponen en un comunicado en euskera a raíz de la última resolución judicial.

El caso de Bernedo ha motivado de Bernedo ha motivado la modificación de la ley vasca de Juventud, así como del decreto sobre organización de campamentos. Muchas de las medidas tampoco llegaron a tiempo para el 1 de julio, el momento de inicio de la temporada. Buscan reforzar el control de las actividades.

Por segunda vez en una semana, la magistrada de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Vitoria Rosa Esperanza Sánchez Ruiz-Tello ha tumbado de manera cautelar las medidas impuestas por la Diputación de Álava contra el campamento de Euskal Udalekuak en Bernedo, investigado por otro juzgado de lo penal por denuncias de violencia sexual. Se levanta, ahora ya después de escuchadas las alegaciones forales, la prohibición de la celebración de actividades con menores. Técnicamente, podría celebrarse en 2026 el campamento, aunque por motivos logísticos eso ya no es posible por las fechas en que ha llegado esta resolución. La entidad sí tiene colonias en Navarra.

Fuentes de la Diputación confirman que sí han recibido una resolución desfavorable, pero no se ha hecho público el auto judicial. El diario 'El Correo' sí publica fragmentos y la magistrada desecha en ellos los argumentos forales al entender que acceder a las medidas cautelares sin que haya una resolución sobre el fondo tras el recurso de Euskal Udalekuak, y teniendo en cuenta los hechos denunciados en el otro procedimiento, podrían hacer que si ganaren el pleito los organizadores “no se borrara la impronta en el pensamiento colectivo de que esta asociación no es de fiar porque ha merecido fuertes sanciones”. En concreto, se planteó una suspensión de tres años, 9.000 euros de multa y aviso de que iría la Ertzaintza si se pretendía usar a otra filial de Euskal Udalekuak, Dorrekoa y no Sarrea, para organizar la colonia.

Siempre según 'El Correo', la juez alega que en lo contencioso-administrativo no se puede tratar sobre los posibles delitos sexuales. “En esta jurisdicción no se va a revisar ninguna otra actuación diferente de la reflejada en hechos probados de la resolución sancionadora”, recalca. Y añade: “La Administración sólo puede sancionar la falta de comunicación previa, no posibles irregularidades en la comunicación con las familias, normas irregulares en las duchas, menosprecios de monitores a los campistas, insuficiente alimentación o posibles delitos contra la libertad sexual de un campista sobre otro”.

Sánchez Ruiz-Tello abunda, en todo caso, que la jurisdicción penal ventila posibles responsabilidades individuales y no de la entidad ahora sancionada. “Ni siquiera, respecto de la más grave de las acusaciones de índole penal, se aprecia indiciaria y presuntivamente, a efectos de ponderar los intereses en presencia, que exista responsabilidad de la asociación”, sostiene. “No puede considerarse que la asociación recurrente constituya un riesgo ni un peligro para los niños y adolescentes que participen en sus campamentos o en otras actividades de tiempo libre que organicen en el futuro”, abunda, según recoge el mismo periódico.

La vía contencioso-administrativa no está cerrada, y caben nuevos recursos ante instancias superiores. Asimismo, sigue en marcha la penal, iniciada en la primavera de 2025, sin activarse hasta después de la edición del pasado verano que acumuló nuevas denuncias de presuntos delitos sexuales y que no ha avanzado en nada en este tiempo. No se ha escuchado ni a víctimas ni a imputados y solamente se han tramitado las personaciones de cuatro entidades ultras, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Vox y Manos Limpias. La magistrada responsable es Marta Escudero.

La estrategia institucional de responder por tierra, por mar y por aire, con una nueva ley, un nuevo decreto y sanciones administrativas, al caso de la veintena de denuncias de violencia sexual en el campamento de Euskal Udalekuak en Bernedo ha funcionado a medias. De hecho, si la colonia, bajo investigación penal, no se celebrará es exclusivamente porque los organizadores no tienen capacidad efectiva para mantener el alquiler de las instalaciones, mientras que sí operará con normalidad en dos localizaciones de Navarra, Arbaizar y Goñi.

¿Qué ha pasado en los últimos meses? Se cambió la ley autonómica para endurecer los controles de los campamentos de verano. Fue publicada el 18 de junio en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y, por lo tanto, sí está en vigor. Sin embargo, el 1 de julio llegará en Euskadi sin que esté en vigor el prometido decreto con los mismos objetivos, que actualiza un reglamento de 1985.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto. Dijo el Ejecutivo que se haría antes de que se acabara junio y se ha hecho así. Sin embargo, hay que esperar a su publicación en el BOPV para que entre en vigor, es decir, una vez iniciadas muchas de las actividades programadas. Además, las exigencias de titulaciones o certificaciones para los monitores solamente se exigirán en un 60% este año, en un 70% en 2027 y en un 80% en 2028. Otras medidas sobre ratios de personal, por ejemplo, se demorarán tres meses, es decir, hasta pasada la temporada de verano.

La consejera responsable, Nerea Melgosa, del PNV, ha pedido tranquilidad porque merced al trabajo de cocina con el sector se estaba haciendo la preparación de la campaña estival de 2026 con la previsión de que entraran en vigor los cambios del decreto, dando a entender que muchos ya operarán conforme al nuevo reglamento. De hecho, se publicita que del orden de 300 colonias han operado así.

Ahora bien, la comunicación oficial indica que “las declaraciones responsables” de los organizadores de cara a las actividades de este año “se regirán por el decreto” de 1985. Y es que es inviable cumplir la previsión de que se hagan con al menos un mes de antelación y con margen para la subsanación de posibles problemas antes del inicio efectivo, el nuevo modelo diseñado.

¿Qué busca el decreto? Melgosa ha insistido en que “no va en contra de nadie” ni “pone una diana” contra unas colonias concretas. Insiste en que se buscan “actividades más seguras” y “situar el bienestar de la infancia y la adolescencia”. Se trata de “reforzar” el “modelo vasco” de tiempo libre que, en su “mayoría”, es altamente profesional.

Las medidas pasan también por crear la figura de los inspectores, aunque “ya trabajan”. “Llevan unos meses trabajando”, se garantiza, y se recalca que, en caso de detectar “cualquier situación de riesgo”, informarán de ello “a la Ertzaintza, a URA [Agencia Vasca del Agua], a servicios sociales o al Departamento de Salud”, se indica. Además, se prevé la figura del delegado de “protección a la infancia y a la adolescencia”, una persona de referencia de las entidades organizadoras que, por ejemplo, revisará los certificados de antecedentes por delitos sexuales, ya muy comunes en muchas actividades con menores. El decreto toca también otros ámbitos como el impulso del euskera, el uso responsable de las tecnologías o la integración de la discapacidad.

La otra pata, la tercera, ha sido la foral. La Diputación de Álava, que también tiene competencias en esta materia, aplicó una suspensión de la actividad por tres años y planteó una sanción económica de 9.000 euros. Incluso cerró la apuerta a que otra entidad relacionada con Euskal Udalekua, Dorrekoa y no Sarrea, se subrogara la actividad en fraude de ley.

Sin embargo, Euskal Udalekuak ha conseguido levantar la prohibición con un proceso de cautelares en una sala de lo contencioso-administrativo de Vitoria que cuestiona el expediente foral. Esto ha sucedido en los últimos días y técnicamente permite la celebración de la actividad, aunque no hay margen para ello por diferentes razones logísticas. Ahora, la Diputación presentará alegaciones para salvar su armazón argumental.

En paralelo, la investigación penal iniciada en otro juzgado de Vitoria antes incluso del turno del verano de 2025 no ha emitido ningún tipo de conclusión. Ya suscitó polémica en otoño que algunas de las denuncias fueran previas a la edición de 2025 del campamento y que ni siquiera se analizaran, como denunció la Fiscalía. Pero es que desde entonces la instrucción apenas se ha movido.

La nueva juez responsable es Marta Escudero, que relevó a Álvaro Silván. Sin embargo, ni se ha tomado declaración a las víctimas ni tampoco a los posibles responsables de los hechos denunciados, que son una agresión sexual y, en el resto de supuestos, tocamientos o exhibicionismo. El único 'avance' ha sido la aceptación de la personación de cuatro entidades de ultraderecha, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos y Manos Limpias, según la Cadena Ser.

Euskal Udalekuak, en estos meses, ha mentenido fuertes apoyos entre quienes sostienen que defiende un modelo transfeminista y que buscar superar la sexualización de los cuerpos. Por el contrario, un grupo de familias han hecho pública una carta en la que lamentan las consecuencias para los menores que sufrieron los hechos presuntamente abusivos que se están investigando. La consejera Melgosa ha insistido en que nadie pone en duda ni la igualdad de género ni la coeducación, pero que sí es importante atajar las “conductas sexistas”.

Llevamos diez meses calladas.

Diez meses escuchando cómo otras personas hablan por nosotras. Diez meses oyendo versiones que no reconocemos, opiniones de gente que no sabe lo que pasó y afirmaciones que no encajan con lo que vivimos. Mientras tanto, nosotras hemos estado en silencio. No porque no tuviéramos nada que decir, sino porque confiábamos en que las instituciones y las personas responsables harían lo que les correspondía: escucharnos.

Pero no fue así.

Antes de que esto llegara a los medios, seguimos todos los pasos que creíamos que había que seguir. Presentamos una reclamación ante la asociación, y la respuesta que recibimos nos decepcionó profundamente. Después acudimos a distintas instituciones: Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco, Gazteria, Emakunde y Ararteko. Pedimos que nos escucharan, que investigaran y que analizaran unas situaciones que nos preocupaban.

Cuando el caso se hizo público, la única institución que nos recibió y nos escuchó fue la Diputación Foral de Álava, y queremos agradecer esa disposición. Queremos agradecer que nos recibiera, nos escuchara y nos acompañara con respeto desde ese momento.

Hay algo que, diez meses después, seguimos sin entender. Todo esto pudo haber sido muy diferente. Bastaba con que, al recibir nuestras reclamaciones, alguien hubiera decidido sentarse con nosotras. Escucharnos. Escuchar a nuestras hijas. Hacer preguntas. Compartir información. Explicarnos qué medidas se iban a tomar. Reflexionar sobre lo ocurrido.

En lugar de eso, nos encontramos con demasiadas puertas cerradas.

Nos dejaron ante una decisión muy dura: callarnos y asumir el riesgo de que pudiera volver a pasar, o hacerlo público. Elegimos hablar y algunas interponer denuncia formal. No porque fuera lo que queríamos, sino porque sentimos que ya no nos quedaba otra.

Desde entonces, el foco se ha ido a otro lado. Lo que empezó siendo una preocupación por unas menores ha terminado convertido en un debate político e ideológico en el que parece que todo el mundo tiene algo que decir, menos quienes lo hemos vivido.

Se ha hablado de transfeminismo, de cultura, de ideologías y de intereses políticos. Nos han metido en bandos que nunca hemos elegido. Como si hubiera que escoger entre proteger un proyecto o escuchar a unas niñas. Como si contar unas vivencias significara atacar ideas o colectivos.

Queremos decirlo con toda claridad: nunca hemos apoyado que la experiencia de nuestras hijas se utilice para atacar a nadie, ni a ningún movimiento, ni a ningún proyecto político o social. Tampoco aceptamos que ese argumento se utilice para desviar la atención de lo verdaderamente importante.

Nosotras no hemos denunciado una ideología. Hemos denunciado unos hechos y hemos pedido que se escuchara a nuestras hijas.

El silencio que elegimos durante estos meses fue una forma de protegerlas. Pero ese silencio no puede confundirse con conformidad. Durante diez meses hemos tenido que escuchar cómo se construían relatos parciales sobre lo ocurrido sin contar con quienes lo vivimos. Ha sido un ejercicio de contención muy duro. Hoy hablamos porque sentimos que seguir calladas ya no protege a nuestras hijas; al contrario, contribuye a que sus voces sigan quedando en un segundo plano.

Precisamente porque existe un procedimiento judicial en curso, no pretendemos sustituir con este comunicado el trabajo que corresponde a la justicia. Nuestro objetivo no es debatir sobre lo que deberá esclarecerse en ese ámbito, sino explicar por qué hemos permanecido en silencio durante tanto tiempo y por qué hoy sentimos la necesidad de alzar la voz.

Nosotras no hemos denunciado una ideología. Hemos denunciado unos hechos y hemos pedido que se escuchara a nuestras hijas

Detrás de todo este ruido hay personas. Hay familias. Hay menores que han tenido que ver cómo se ponían en duda sus vivencias mientras los adultos discutían de todo menos de ellas.

Mientras muchas personas han convertido este asunto en un debate político e ideológico, nuestras hijas siguen viviendo las consecuencias. El sufrimiento emocional y psicológico que algunas de ellas están atravesando es real. También lo es el desgaste que estamos viviendo sus familias. Por respeto a su intimidad no daremos más detalles, pero pedimos que nadie olvide que detrás de esta historia hay menores, no argumentos.

Muchas de nosotras somos vascas, feministas y abertzales. Por eso nos ha dolido especialmente que se nos haya querido situar en un lugar que no reconocemos. Nunca quisimos formar parte de una batalla política o ideólogica. Solo quisimos que nuestras hijas fueran escuchadas y protegidas.

No queremos más etiquetas. No queremos que nadie utilice a nuestras hijas para ganar debates que no les pertenecen. Queremos que se reconozca que hubo cosas que se hicieron mal, que se asuman las responsabilidades que correspondan y que se adopten las medidas necesarias para que ninguna otra familia tenga que pasar por lo mismo.

Queremos terminar dando las gracias a todas las personas que, durante estos diez meses, nos han acompañado de una forma u otra. A quienes nos han escuchado sin juzgar, a quienes nos han tendido la mano, a quienes han respetado el silencio de nuestras hijas y a quienes, desde la discreción o dando un paso al frente, nos han ayudado a no sentirnos solas.

Somos conscientes de que, en algunos casos, escuchar nuestra voz o apoyarnos también ha tenido consecuencias personales. Precisamente por eso, vuestro compromiso y vuestra humanidad tienen para nosotras un valor aún mayor. Gracias por no mirar hacia otro lado cuando lo más fácil habría sido hacerlo.

Mirando atrás, no podemos evitar pensar que todo esto pudo ser diferente. Bastaba con sentarse con nosotras. Escucharnos. Escuchar a nuestras hijas. Tratar de entender qué había ocurrido y actuar en consecuencia. Ojalá esa sea la lección que quede de todo esto. Por nuestras hijas. Y por todas las menores que puedan venir después.

Una jueza ha levantado la prohibición que impedía a la entidad Sarrea Euskal Udalekua organizar campamentos de verano. Después de que se presentase una veintena de denuncias por presunta violencia sexual contra los menores que participaban en las colonias organizadas por esta entidad en el municipio alavés de Bernedo, la Diputación de Álava sancionó a la entidad con la imposibilidad de organizar actividades de tiempo libre infantiles y juveniles durante al menos tres años. El auto, adelantado por el periódico 'Berria', viene firmado con fecha de 25 de junio por la magistrada Rosa Esperanza Sánchez Ruiz, de la plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Vitoria y señala que, “aunque aún quepa debate”, ha existido “despropoción de la actuación administrativa”. No aprecia, además, “riesgo o peligro real” para los menores.

“De forma intuitiva, apreciamos la desproporción de la actuación administrativa tanto en la tipificación como grave de la infracción como en la individualización de la sanción, con arreglo a lo previsto en el artículo 62 y 63 de la Ley 2/2022, aunque aún quepa el debate. Las razones de buen derecho son muchas, pero, entre ellas, estaría la ausencia de riesgo o peligro real para menores de edad derivada de la infracción presuntamente cometida los años 2023 y 2024; la ausencia de antecedentes sancionadores y el cumplimiento material durante cincuenta años de los fines preventivos y organizativos de la actividad desarrollada”, recoge el auto.

A raíz de este auto, la organización ha comunicado que dispone de “autorización legal” para organizar de nuevo este tipo de actividades, pero, en cualquier caso, la entidad ve “difícil” que los campamentos se puedan volver a celebrar este verano, hecho que achacan al “acoso” de “partidos políticos y medios de comunicación”. “A pesar de las garantías legales, hemos querido actuar con responsabilidad en todo este proceso”, abunda.

La Diputación había prohibido la celebración de los campamentos y, además, había sancionado a la entidad organizadora con una multa de 9.000 euros y la imposibilidad de organizar y realizar actividades de tiempo libre infantil y juvenil durante tres años, así como de recibir ayudas públicas durante el mismo periodo de tiempo. El expediente se tramitó por la “no comunicación” a la institución foral por parte de la entidad organizadora, Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, de la existencia de estos campamentos y por no facilitar información sobre ellos, lo que constituye “dos infracciones graves administrativas”, tras conocerse las denuncias ante los tribunales de 21 familias por actos contra la libertad sexual contra menores en este espacio.

En una comparecencia celebrada de urgencia en la mañana de este lunes, la diputada foral de Cultura y Deporte, la socialista Ana del Val, ha aludido al hecho de que el auto se ha adoptado “de inaudita parte”, sin que se haya escuchado a la Diputación, que ahora dispone de un plazo de dos días para aportar la documentación que considere pertinente. En más de una ocasión ha reiterado que la Diputación “aún no ha sido escuchada”. Y ha asegurado también que es la primera vez en que se ha adoptado una medida cautelar tan urgente ante un procedimiento sancionador.

“Ahora mismo nos toca esperar, presentar ante el juzgado estas alegaciones con toda la documentación y ver qué dice”, ha explicado Del Val, que ha dicho que ya desde el viernes pasado se vienen celebrando reuniones con los letrados de la Diputación para preparar el caso. A preguntas de los periodistas, la diputada ha recalcado que hay puntos del auto que no se entendían y que, por ese motivo, van a afanarse en explicar “de arriba abajo” todo el expediente sancionador.

Sobre la posibilidad de que Sarrea Euskal Udalekua organice algún campamento este verano, Del Val ha subrayado que carecen de autorización para ello. Mirando al calendario, y con este auto que tumba por el momento la prohibición, ha aseverado que aún estarían a tiempo de llegar a organizar un campamento para la última semana de agosto. “Es muy precipitado ahora mismo determinar nada”, ha dicho la diputada. En cualquier caso, ha hecho hincapié en que de momento no cuentan ni con autorización ni con local, dado que, según ha indicado, la junta administrativa de Bernedo les ha retirado el alquiler.

El Parlamento Vasco ha aprobado, este jueves, la reforma de la normativa autonómica de Juventud para endurecer los controles a los campamentos de verano tras el caso aún bajo investigación penal de una veintena de denuncias por presunta violencia sexual en la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo, conocidos en 2025. Pocos minutos de terminar la sesión, la consejera Nerea Melgosa, del PNV, ha anunciado también que está ya listo el decreto sobre actividades de tiempo libre con el mismo objetivo de subir la exigencia: se aprobará en junio sí o sí. En realidad, el campamento ya está prohibido de antemano porque la Diputación de Álava, la pasada semana, anunció un expediente sancionador a la entidad organizadora y a posibles otras vinculadas con Euskal Udalekuak que pudieran sustituirla.

La votación ha sido extraña. La nueva ley ha contado con el voto a favor general de PNV y PSE-EE, los partidos del Gobierno que tienen mayoría absoluta y no precisan de más apoyos. El PP ha apoyado los artículos pactados con ellos y se ha abstenido y votado en contra en otros. EH Bildu ha dicho 'sí' a algunas partes y ha optado por la abstención en el resto. Vox y Sumar han tirado de abstención general. Nacionalistas y socialistas han tramitado la reforma como proposición de ley y no como proyecto del Ejecutivo, con todo lo que eso comporta de no emisión de informes de control. Es algo que está siendo recurrente esta legislatura y las críticas de la oposición son crecientes, también este jueves.

Buena parte de las medidas han sido pactadas con el PP, principalmente el endurecimiento de las sanciones con respecto a la redacción original. Las cuantías máximas para los casos más graves pasarían de 45.000 euros a 600.000 euros. Los 'populares', con todo, han criticado que lo aprobado sigue teniendo lagunas. Según Laura Garrido, la reforma sólo busca “lavar la cara” de la “dejación” de la Administración en años anteriores. Ha mencionado que antes de la edición de 2025 ya había sospechas que no se atendieron. Y ha añadido que PNV y PSE-EE no podían no aceptar las enmiendas del PP porque, jurídicamente, no hacerlo habría generado una grave inseguridad jurídica, ya que por ejemplo las sanciones en la normativa de infancia sí alcanzan los 600.000 euros por hechos muy similares. Ha criticado, igualmente, que el Gobierno presente como novedoso que se exija la ausencia de antecedentes sexuales a los monitores cuando es algo ya previsto en la ley estatal desde hace años y cuando la Diputación de Álava ya lo reclama sin esperar a que entre en vigor la nueva reforma y el decreto.

Edurne Benito del Valle, de EH Bildu, ha reconocido que las enmiendas del PP han corregido las “chapuzas jurídicas” de la iniciativa inicial y ha criticado que nacionalistas y socialistas les hayan acusado a ellos de tener escaso rigor jurídico en las enmiendas. También ha apuntado que la reforma ofrece “cambios muy limitados”. Opina que PNV y PSE-EE sólo han buscado dar “imagen de que se actúa”, más que actuar. “Los supuestos endurecimientos no existen. Son cosas ya recogidas en otras normas”, ha denunciado. Entiende Benito del Valle que “se ha perdido una oportunidad” para abordar una reforma más profunda. “No suele ser conveniente legislar en caliente, haciendo las cosas de manera apresurada e impulsiva”, ha concluido. Y ha añadido, mirando al calendario, que ya es junio y que adoptar cambios de cara al verano en esta época del año “genera nerviosismo” en los organizadores de actividades.

Desde los partidos del Gobierno, Ander Añibarro del PNV, que fue director de Juventud, ha explicado que los “acontecimientos recientes exigen respuestas contundentes”. “Nos obligan a dar un paso más adelante”, ha solemnizado. Y ha añadido: “Cuando hablamos de menores, la seguridad está por encima de cualquier otra consideración”. Ha rogado también “que no se quite importancia” a las novedades de la ley, como la exigencia de una declaración responsable a los organizadores“. En este sentido, ha considerado Garrido y Benito del Valle han hecho discursos ”iguales“ y alarmistas. ”Esto va a ser bueno. Le pese a quien le pese“, ha prometido Añibarro. El PSE-EE, por boca de Itxaso Asensio, ha destacado que el texto ”refuerza la protección“ de los menores y que garantiza un ”mayor control previo“ de los campamentos. Estas modificaciones ”son muy necesarias“ para que las colonias sean ”espacios seguros“, ha apostillado.

Sumar se ha abstenido. También lo ha hecho Vox. Falsamente, la portavoz de la formación de ultraderecha, Amaia Martínez Grisaleña, ha acusado a EH Bildu de “frenar la tramitación urgente” de esta reforma. Sin embargo, la ley sí se ha tramitado por la vía de la urgencia, como constaba en el orden del día. De hecho, ha sido resuelta en unos pocos meses. En la votación no ha participado el lehendakari, Imanol Pradales. Está de viaje oficial en Canarias para asistir a los actos con motivo de la visita del papa de la Iglesia católica, León XIV, invitado por el presidente autonómico, Fernando Clavijo. La presidenta, Bakartxo Tejeria, ha señalado que Javier de Andrés, del PP, no tenía derecho a intervenir para dar la réplica a un comentario de Añibarro.

Tras el debate, ha tomado la palabra la consejera Melgosa. Ha dicho que “Euskadi ha dado un paso necesario” y que “esto no acaba aquí”. “En breve”, este mismo mes, estará listo el decreto con más medidas. Ha puesto en valor también que tiene “tres inspectoras” para garantizar la seguridad de los menores. “Con eso no puede haber zonas grises”, ha señalado. Asimismo, ha confiado que con todo el armazón jurídico en vigor no haya conflicto en julio cuando estaba prevista una nueva edición del campamento de Bernedo. En los últimos meses, Euskal Udalekuak ha recibido un buen número de apoyos, también de rostros conocidos de la cultura. Asimismo, ellos siempre han sostenido que defienden un modelo que naturalice la sexualidad y la desnudez y han rechazado las acusaciones de violencia sexual. La investigación penal sigue su curso en el Tribunal de Instancia de Vitoria.

La Diputación de Álava ha prohibido la celebración de los campamentos de Bernedo, en Álava, y ha sancionado a la entidad organizadora, Euskal Udalekuak, con una multa de 9.000 euros y la imposibilidad de organizar y realizar actividades de tiempo libre infantil y juvenil durante tres años, así como de recibir ayudas públicas durante el mismo periodo de tiempo. La entidad, por el contrario, ha manifestado que desea mantener sus colonias este año. Todo se enmarca en la investigación por presuntos casos de violencia sexual.

La “sanción firme” la ha dado a conocer, este viernes en una comisión en las Juntas Generales, la diputada foral de Cultura y Deporte, y responsable del área de Juventud, Ana del Val, del PSE-EE, quien ha explicado las conclusiones del expediente administrativo abierto contra la organización de estas colonias el pasado mes de noviembre, informa Europa Press.

El expediente se ha tramitado por la “no comunicación” a la institución foral por parte de la entidad organizadora, Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, de la existencia de estos campamentos y por no facilitar información sobre ellos, lo que constituye “dos infracciones graves administrativas”, tras conocerse las denuncias ante los tribunales de 21 familias por actos contra la libertad sexual contra menores en este espacio.

Estas denuncias, que llevan su proceso judicial en los tribunales, están relacionadas con conductas de exhibicionismo, vejaciones, coacciones, provocación sexual, conductas contrarias a la integridad moral y agresión sexual, en unos campamentos en los que algunos de sus participantes han relatado que, por ejemplo, chicos y chicas eran obligados a compartir duchas junto a los monitores.

La institución foral ha comunicado la sanción a las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, así como al Departamento de Juventud del Gobierno vasco, a la comunidad autónoma de Navarra (donde Euskal Udalekuak tiene otras dos colonias), a la Junta Administrativa de Bernedo, al Ayuntamiento de Bernedo, al presidente de la Cuadrilla de Montaña Alavesa, al Registro de Asociaciones de Gobierno Vasco, a la jefatura provincial de la Ertzaintza y a las familias afectadas. Una vez finalizado el expediente, el Instituto Foral de la Juventud ha presentado escrito de personación ante el Tribunal de Instancia de Vitoria, donde se siguen diligencias previas de este caso.

“La Diputación Foral de Álava ha actuado con contundencia y transparencia, aplicando la ley y defendiendo la seguridad jurídica en todas sus actuaciones. Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso de velar por el interés superior de los mayores y garantizar que nuestros espacios de ocio y aprendizaje sean seguros y de calidad”, ha manifestado Del Val.

Asimismo, la diputada foral ha garantizado que la Diputación no permitirá la realización de los campamentos este verano ante la petición de otra asociación “instrumental”. En este sentido, ha explicado que Dorrekoa Kultur Elkartea ha solicitado la realización de los campamentos, pero que “los indicios recabados apuntan a que la entidad que presenta la comunicación no actúa como un tercero independiente, sino vinculada a la actividad previamente sancionada”, Euskal Udalekuak.

Por ello y al alegar que Dorrekoa “estaría actuando como una entidad instrumental, con el objetivo de dar continuidad a una actividad que ha sido objeto de inhabilitación”, el Instituto Foral de Juventud ha resuelto “declarar la ineficacia de la comunicación previa de actividad presentada”, al apreciar un “supuesto de fraude de ley mediante la utilización de una persona jurídica vinculada, con la finalidad de eludir la inhabilitación vigente de Sarrea Euskal Udalekua”.

Así, Juventud ha declarado “la imposibilidad de llevar a cabo la actividad”, de acuerdo con el artículo 69.4 de la ley 39/2015 que establece que “cualquier inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en una comunicación impide su realización desde el momento en que tenga conocimiento de dicha circunstancia”. Al respecto, ha advertido a la entidad Dorrekoa de que la realización de actividades juveniles “sin una comunicación válida o en contra de las resoluciones administrativas” podrá dar lugar a las responsabilidades sancionadoras correspondientes y, en su caso, a la adopción de medidas de “clausura o desalojo” por razones de seguridad jurídica y protección.

Según ha desarrollado la diputada foral, Dorrekoa no tiene “título jurídico habilitante” y Sarrea Euskal Udalekuak ostenta una “exclusividad del derecho de uso” de la instalación propiedad de la junta administrativa de Bernedo, a través de un contrato de alquiler que tiene “expresamente prohibido el subarriendo”, por lo que Dorrekoa “no puede adquirir ni regularizar un derecho de uso que no puede serle otorgado conforme a dicho contrato”. “Los indicios recabados apuntan a que la entidad que presenta la comunicación no actúa como un tercero independiente, sino vinculada a la actividad previamente sancionada”, ha reiterado Del Val, para resaltar que, por todo ello, la institución foral ha “invalidado y no autorizado” la realización de estos 'udalekus' este verano en Bernedo.

Por otra parte, la responsable foral ha dado cuenta de la reunión que la Diputación ha mantenido con Bernedo para recordarle que tiene un contrato de alquiler con la asociación Sarrea Euskal Udalekua con vigencia hasta el año 2030, así como se le ha informado que había una petición de una asociación para realizar colonias este verano. En este sentido y “ante las injusticias jurídicas que pudieran sobrevenir posteriormente y con el fin de darle una solución”, el Instituto Foral de la Juventud le ha ofrecido a la junta administrativa “apoyo jurídico para anular el contrato”. Asimismo, le ha propuesto iniciar un proceso de cesión del local al Instituto Foral de la Juventud, a partir de septiembre, con el objeto de desarrollar en ese espacio “actividad propia”.

“Estamos tristes y preocupados por todo lo que está pasando. Nuestro proyecto está siendo atacado constantemente. Quieren impedir las actividades estivales una y otra vez. Anoche recibimos las últimas noticias. A pesar de cumplir todos los requisitos legales, la Diputación nos impone una prohibición. Ante ello, estamos analizando qué se puede hacer. Muchas gracias por el apoyo recibido. Gracias a todos vosotros el proyecto sigue vivo. Nosotros seguiremos trabajando”, han respondido desde la cuenta de Instagram de Euskal Udalekuak.

Ya hay nueva terna de magistrados para el juicio de las filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) en la Audiencia Provincial de Álava. Tras la recusación del primer tribunal, compuesto por Jesús Poncela, Elena Cabero y Ana Jesús Zulueta, han sido designados Beatriz Eva Román Gobernado, Sara Mallen y Álvaro Silván. Ahora tocará retomar el calendario y celebrar la vista preliminar previa a la celebración del juicio, en el que finalmente solamente se sentarán en el banquillo dos de la veintena de personas que fueron investigadas, los de la prueba de Cirugía Plástica.

Los primeros jueces, sin que ni las acusaciones ni los acusados lo solicitaron, presentaron su renuncia por un conflicto de intereses que se dio por acreditado. Zulueta fue una de las cuatro juezas instructoras del sumario, iniciado hace ahora ocho años. Y Poncela y Cabero enmendaron la decisión de la última de ellas, Blanca Ester Díaz Pulido, de archivar todo el procedimiento sin ninguna consecuencia. Entrando al fondo del asunto, ya que ordenaron juzgar al menos los hechos de Cirugía Plástica, en los que la opositora imputada, Thais Salas, obtuvo una nota alta en la parte del examen hecha por un allegado que era parte del tribunal calificador, el doctor Alfredo Martínez Flórez.

¿Y quiénes son los nuevos magistrado? Román Gobernado es colega de la terna anterior en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Álava, a la que accedió hace unos pocos meses, y será la presidenta de la sala. Antes, fue instructora y, en los últimos años, ha liderado decenas de investigaciones, desde el fallido coche eléctrico Hiriko hasta algunas de las disputas internas en el partido EA, pasando por unas denuncias de sobrecostes en la compra de camiones por parte del equipo de exalcalde del PP, Javier Maroto. También ha sido juez de lo penal en Vitoria, con la vista contra los denunciados por intimidar a mujeres que iban a abortar a una clínica privada de Vitoria como su última gran referencia.

Con ella estará el juez Álvaro Silván, que ahora mismo ejerce en la juridicción civil del Tribunal de Instancia de Vitoria. Silván ha sido instructor hasta hace pocas fechas con dos casos muy significativos. Fue él el que ha liderado la investigación del crimen del joven Kerman Villate en la discoteca Mítika de Vitoria en 2025, aunque finalmente su criterio de que aquello pudo ser un asesinato o al menos un homicidio alevoso ha sido modificado y no podrá haber un juicio en esos términos. También estuvo en el centro de la controversia porque tuvo durante meses parada la causa por denuncias de violencia sexual en un campamento de Euskal Udalekuak en Bernedo. En abril de 2025 recibió los primeros informes y nada se hizo hasta después del verano, cuando las quejas trascendieron. En esas colonias estival hubo más denuncias y la Fiscalía lamentó la falta de diligencia judicial. Completa la terna Sara Mallen, del juzgado de menores de Vitoria.

El último precedente de un caso similar se dio en 2013, antes del juicio de una de las derivadas del 'caso De Miguel' de corrupción de excargos del PNV alavés. Se trataba de una pieza separada por un supuesto caso de espionaje de uno de los imputados, Aitor Tellería, con dos agentes de la unidad de Información de la Ertzaintza. Unos meses antes, el fiscal Josu Izaguirre solicitó la recusación de la terna inicialmente designada, de nuevo Jesús Poncela pero entonces con Jesús Medrano y Jaime Tapia. Como también habían resuelto recursos sobre la instrucción, se entendía que estaban contaminados. Finalmente, se conformó un tribuna con Íñigo Madaria, Íñigo Elizburu y Edmundo Rodríguez. Este tribunal absolvió de todos los cargos a los tres imputados, aunque Tellería acabaría condenado un lustro después en la trama principal.

La comisión de Juventud del Parlamento Vasco ha visado también este miércoles la modificación legislativa para endurecer el control de los campamentos de verano. Finalmente, no introduce cambio alguno con respecto al texto acordado la pasada semana en la ponencia, en la que los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, acordaron dos enmiendas con el PP para incrementar las sanciones hasta los 600.000 euros y que se acompasaran con las existentes en la ley vasca de Infancia y Adolescencia.

A pesar de que los 'populares' querían negociar más ajustes en lo tocante a la declaración responsable que habrán de presentar antes de las actividades los organizadores -es algo que volverán a plantear de cara a la votación definitiva del pleno-, fuentes parlamentarias indican que la ley se aprobará el 11 de junio tal como está ahora y que esos requisitos previos se fijarán 'a posteriori' en un decreto que se aprobará inmediatamente después de la promulgación de la ley. La firmará la consejera Nerea Melgosa.

Es más, la votación del articulado ha sido tan confusa que ha dado la sensación de que EH Bildu, que no ha negociado nada con el Ejecutivo, ha apoyado más apartados que el propio PP. Como anécdota, los 'populares' incluso se han opuesto a la exposición de motivos, sin contenido jurídico y meramente simbólica.

El portavoz del PNV, Ander Añibarro, ha insistido en que la reforma impone más “mecanismos de control” y mayor garantía de “protección de menores de edad”. La propuesta, tramitada por la vía de urgencia, surgió tras la acumulación de denuncias por violencia sexual en la colonia de Euskal Udalekuak en la localidad alavesa de Bernedo.

La portavoz de EH Bildu, Edurne Benito del Valle, ha manifestado que todos los grupos apoyan el objetivo de garantizar el “bienestar” de los menores, pero ha criticado la forma en que se ha tramitado la reforma legislativa. Ha mencionado las “prisas” -aunque finalmente no se hizo por la vía de la lectura única-, los “procedimientos poco garantistas” e incluso las “chapuzas” y “errores jurídicos”. Ha ironizado que el Gobierno ha necesitado las correcciones del PP para evitar el entuerto de tener dos tipos de sanciones diferentes para las mismas conductas. Además, ha apuntado que los grandes cambios llegarán “vía decreto” y no en la ley, aunque ha concedido que el actual reglamento, de la década de 1980, ha de ser actualizado.

El socio minoritario del Gobierno, el PSE-EE, ha defendido la “necesidad” de la reforma porque en Bernedo se vivieron “momentos complicados” y “esto no debe volver a ocurrir”. Itxaso Asensio ha destacado que, con la nueva ley, la entidad organizadora asumirá la plena responsabilidad de lo que pueda suceder. Asensio ha asegurado que el PP ha “enriquecido” la ley, pero ha indicado que no comparten el tono de la justificación de esas enmiendas.

PNV y PSE-EE han pactado con el PP endurecer de modo muy importante el régimen sancionador de los campamentos de verano en Euskadi. El texto definitivo de la reforma urgente de la normativa de Juventud para evitar nuevos casos de posible violencia sexual en la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo, donde el pasado año se acumularon una veintena de denuncias, se remitirá a la tabla de multas de la normativa de Infancia y Adolescencia, de modo que las cuantías máximas para los casos más graves pasarían de 45.000 euros a 600.000 euros.

El PP había registrado una enmienda que consideraba un “despropósto” la propuesta de los partidos del Gobierno en materia sancionadora y PNV y PSE-EE la han aceptado en la ponencia legislativa celebrada este viernes. “Con los menores no se juega”, ha explicado el portavoz nacionalista Ander Añibarro, que ha estimado que el “acuerdo” con los 'populares' se “adecúa” a los objetivos del Ejecutivo de disponer de más “controles” para esta campaña estival, en la que Euskal Udalekuak va a celebrar una nueva edición de su actividad con varios turnos. Según ha indicado Añibarro a los periodistas sobre un pacto algo inhabitual en la dinámica parlamentaria vasca, “no es una cuestión de partidos políticos” sino de preservar los derechos de menores de edad.

Asimismo, PNV y PSE-EE mantiene abierto un canal con el PP para transar una nueva enmienda alrededor de otra propuesta de los 'populares' y que pueda ser introducida en el articulado en la siguiente fase, la de comisión. Se trata de ajustar cómo se hará el control previo de los campamentos. El PP desea que, además de una declaración responsable, se adjunte sí o sí información sobre antecedentes sexuales de los monitores. Como adelantó este periódico, la nueva redacción incorporará también otro ajuste, a instancias del Ararteko, planteado por los propios PNV y PSE-EE.

¿Dará tiempo a aplicar la nueva ley en las colonias de este verano? Será el 27 de mayo cuando la reforma se vote en comisión y en un pleno de la “primera quincena” de junio se elevará a pleno, donde tendrá amplio respaldo con la mayoría absoluta del Gobierno ampliada tras el acuerdo con el PP. En paralelo, el Ejecutivo trabaja en un decreto sobre la misma materia que, igualmente, podría ver la luz el próximo mes según las estimaciones oficiales.

El Parlamento Vasco, fuera del salón de plenos y en apenas unos minutos, ha superado este jueves el que posiblemente sea el trámite más relevante de la jornada. Se ha constituido ya la ponencia legislativa para modificar la normativa de Juventud en busca de endurecer el control de los campamentos de verano. Es una propuesta de PNV y PSE-EE para tratar de evitar que en 2026 se reproduzcan las denuncias de violencia sexual en la colonia de Euskal Udalekuak en Bernedo, un caso actualmente bajo investigación judicial.

Según fuentes parlamentarias, la voluntad es que la ponencia cierre este mismo viernes, a las 9.30 horas, el articulado definitivo. Después, una comisión tendrá que aprobar el dictamen, pero sería perfectamente posible que un pleno de junio apruebe la reforma legislativa. El objetivo siempre fue tenerlo antes del verano, para que las modificaciones surtan efecto en la edición de este año de Euskal Udalekuak.

Entre los cambios previstos, se endurecen las sanciones, se sustituye la comunicación previa de una actividad por una declaración responsable obligatoria siempre que participen menores de edad en una colonia y se refuerza el control para que los trabajadores presenten el certificado de ausencia de antecedentes sexuales. Eso sí, PNV y PSE-EE han presentado una autoenmienda para ajustar la redacción de un artículo sobre las infracciones “muy graves”. Donde antes se hablaba de penalizar actuaciones que “por acción u omisión” implicasen “racismo, xenofobia, violencia machista o cualquier otro tipo de violencia”, se acepta ahora que lo sancionable sean “actuaciones que promuevan actitudes y conductas discriminatorias, limitadoras de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud o promuevan cualquier tipo de violencia”. Es una “mejora” realizada “a instancias del Ararteko”, la Defensoría del Pueblo.

Está por ver si las formaciones del Gobierno aceptan enmiendas de la oposición. EH Bildu tiene cuatro presentadas, las mismas que el PP. No constan de Sumar y de Vox. La coalición abertzale pide que los controles sean para actividades de duración “igual o superior” a cuatro días o tres noches, si tienen pernocta, para evitar una “carga burocrática desproporcionada” en el ocio infantil y juvenil. Reclama también rescatar un inciso que eliminaban nacionalistas y socialistas para controlar que haya actividades que “encubran” ánimo de lucro cuando supuestamente no lo tenían. Los 'populares', de su lado, tienen enmiendas para ajustar el papel de las diputaciones o arreglar los “despropósitos” de que la normativa de Juventud previa como sanciones en casos muy graves cuantías mucho más bajas que la de Infancia y Adolescencia para casos muy similares.

La reforma legal se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, aunque en el camino el PP solicitó una ampliación del plazo de presentación de enmiendas. La tramitación fue iniciada en marzo, aunque las denuncias se conocieron en septiembre de 2025. El Gobierno recibió críticas de la oposición tanto por la forma como por el fondo. De hecho, el Ejecutivo intentó hacerlo por lectura única, sin debate de expertos ni ponencia legislativa. Asimismo, se trata de un texto presentado como “proposición” de los partidos del Ejecutivo y no como “proyecto” del Gobierno. Esto permite no elaborar memorias e informes administrativos. Se ha usado más veces a lo largo de la legislatura. En paralelo, el Ejecutivo prepara un decreto en el mismo sentido, de la mano de la consejera Nerea Melgosa, del PNV.

El Parlamento Vasco ha dado inicio finalmente este jueves a la tramitación de la reforma de la ley de Juventud de 2022 para intentar reforzar los controles en los campamentos en los que participen menores a la luz de la veintena de denuncias de presunta violencia sexual en los organizados en la localidad alavesa de Bernedo por la entidad Euskal Udalekuak. Se realizará por la vía de urgencia, con el ánimo de que las medidas entren en vigor en junio, según fuentes parlamentarias. Este mismo jueves se va a celebrar una Mesa para abrir ya el período de comparecencias de expertos y adelantar lo máximo posible el inicio del plazo de enmiendas, que será de solamente una semana, según estas mismas fuentes.

La iniciativa es de PNV y PSE-EE. EH Bildu también ha apoyado la toma en consideración, al igual que Sumar. El PP se ha abstenido y Vox ha sido la única formación en oponerse. La ley se reformará por la vía de urgencia, que acorta a la mitad los trámites ordinarios, pero no por el procedimiento aún más rápido, el de “lectura única”, como pretendían los partidos del Gobierno vasco. Para ello, podía haber optado por registrar la iniciativa como “proyecto de ley”, como le permite el reglamento. Pero se hizo como “proposición de ley”, para lo que se requiere unanimidad en la Mesa, sin ser suficiente la mayoría absoluta. Y EH Bildu, el único partido de la oposición representado en el órgano que dirige la Cámara, se opuso. El PNV ha insistido en las críticas a la coalición abertzale por “retrasar” la ley, pero Nerea Kortajarena, desde la bancada de EH Bildu, ha sido muy crítica. “La unanimidad no es un estado de gracia. Es el fruto del diálogo y la negociación”, ha avisado.

La cronología indica que la ley urgente -para que esté promulgada antes de la ya publicitada nueva edición de las colonias- se registró el 20 de febrero. Las denuncias sobre el campamento de Bernedo se conocieron en septiembre de 2025. De hecho, la Fiscalía lamentó que existiera una investigación de la Ertzaintza y de un juzgado de Vitoria desde la primavera anterior y que se volvieran a celebrar las actividades Euskal Udalekuak con normalidad el pasado verano. Un pequeño retraso en la presentación del preceptivo informe del Gobierno al texto de PNV y PSE-EE, como adelantó este periódico, impidió que esta tramitación se pudiera iniciar el 12 de marzo, cuando se celebró el anterior pleno. La ley llega al Parlamento en una temporada de baja actividad por la sucesión de puentes y parones vacacionales. Serán seis semanas sin sesiones de control después de haber retomado en febrero la actividad después de Navidad; y el próximo pleno ordinario no llegará hasta el 16 de abril.

El representante del PNV Ander Añibarro, exdirector de Juventud del Gobierno vasco, ha insistido en culpar a EH Bildu de los retrasos de la tramitación. “Con los menores no se juega”, ha llegado a decir, insistiendo en que era precisa la “lectura única”. “Un grupo parlamentario decidió impedir esa tramitación. ¿Por qué hicieron eso? La ciudadanía tiene derecho a conocer esas razones”, ha clamado desde la tribuna. “La respuesta legislativa no puede demorarse”, ha señalado, igualmente, el portavoz del PNV.

Kortajarena ha replicado -aunque la presidenta Bakartxo Tejeria le ha recordado que su turno era solamente de “explicación de voto” y no de debate con los otros partidos- que EH Bildu ve como una “prioridad” la defensa de los derechos de los menores, pero ha remarcado que el Gobierno lanza una reforma de una ley de 2022 incluso antes de haber aprobado los reglamentos para desarrollar el texto original. Es más, cuando se inició la discusión política sobre los retrasos en esta tramitación, la consejera del ramo, Nerea Melgosa (PNV), terció garantizando que aprobaría por decreto los controles adicionales para Bernedo. La semana pasada se activó ya la tramitación de ese decreto, según se informó. La consejera Melgosa no ha estado presente este jueves en el Parlamento.

Añibarro y la socialista Itxaso Asensio han explicado los cambios legislativos que se pretenden. Los principales pasan por cambiar la “comunicación” de la celebración de una colonia por una “declaración responsable”, así como por exiger “certificaciones negativas” de antecedentes de delitos sexuales para trabajar con menores y endurecer las sanciones. “Que las familias estén tranquilas”, ha señalado Asensio, que ha añadido que la ley busca “reforzar la función inspectora” igualmente.

El PP, como ya había adelantado, ha criticado la iniciativa al entender que el ordenamiento jurídico vigente en España ya permite actuar en ámbitos como los certificados para quienes desarrollan actividades con niños y adolescentes. Laura Garrido ha considerado que ya el pasado año “no se actuó aun teniendo herramientas”. Garrido ha anunciado enmiendas para “mejorar” la propuesta de PNV y PSE-EE. Sumar, por su parte, se ha dicho partidario de tramitar la reforma, pero no de los procedimientos con los que se quiere hacer. “El Parlamento debería tener derecho a debatir mejor”, ha señalado Jon Hernández, que ha cuestionado también las reformas legislativas 'ad hoc' pensadas para responder a “hechos concretos”. Vox, que está personado en la causa judicial por las denuncias de Bernedo, ha indicado que si una ley de 2022 se quiere retocar en 2026 es porque “nació coja” en lo tocante a “protección de los menores”.

Euskal Udalekuak prepara ya una nueva edición de los campamentos de Bernedo. También tiene actividades en dos localidades de Navarra. El pasado año, varios centenares de familias de usuarios lanzaron un mensaje de apoyo a la entidad frente a la cascada de denuncias de violencia sexual, que un caso tiene la tipificación inicial de agresión. Este año, personalidades del mundo de la cultura están haciendo vídeos animando a mantener las inscripciones.

PNV y PSE-EE han 'perdido', a las primeras de cambio, un par de semanas en su deseada tramitación urgente de la reforma de la ley de Juventud para elevar los controles en los campamentos de verano tras la veintena de denuncias de violencia sexual en las colonias de Bernedo, organizadas por Euskal Udalekuak. El Gobierno vasco quiere llegar al verano con las nuevas medidas aprobadas e incluso mostró su enfado porque EH Bildu, en la Mesa del Parlamento Vasco, rechazara un procedimiento aún más simplificado, el de lectura única, que requiere de unanimidad para su activación.

¿Qué ha ocurrido? El Ejecutivo ha emitido ya su preceptivo informe con su criterio en torno al texto, que es perfectamente favorable. El Consejo de Gobierno lo aprobó este martes. Sin embargo, no ha entrado en la Cámara hasta este miércoles a las 14.28 horas, según los datos oficiales del registro. De este modo, su revisión la realizará la reunión de la Mesa del próximo martes. Hace un año, cuando se presentó una ley de “medidas urgentes” en materia de Vivienda, la Mesa pudo reunirse el mismo día en que se aprobó el informe y en apenas nueve días el asunto saltó a pleno.

Así las cosas, la previsión más optimista es que el pleno en que se vote la admisión a trámite de la iniciativa se celebre el 26 de marzo, ya que la semana previa hay puente festivo por San José y en ningún caso daría tiempo para llegar al 12 de marzo. De hecho, el orden del día de esa sesión ya está establecido. La alternativa es que PNV y PSE-EE, en aplicación del artículo 62.2 del reglamento, fuercen una sesión extraordinaria.

La reforma de la ley de Juventud ha suscitado críticas de la oposición tanto por la forma como por el fondo. Se trata de un texto presentado como “proposición” por los partidos y no como “proyecto” del Gobierno. Esto permite no elaborar memorias e informes administrativos y ganar tiempo. Se ha usado más veces a lo largo de la legislatura. Sin embargo, ha llegado a finales de febrero, cuando el caso de las denuncias de Bernedo trascendió en septiembre. Nacionalistas y socialistas quisieron tramitar la ley por “lectura única”, y finalmente se hará por la vía “urgente”, que reduce los tiempos ordinarios a la mitad pero sí da margen para escuchar a expertos, por ejemplo.

Acceder a la “lectura única” es algo que el Gobierno puede lograr si lo presenta como “proyecto”, pero para las proposiciones se precisa de “unanimidad” en la Mesa, y PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta, con tres de cinco votos. Ambos socios cargaron contra EH Bildu, a quienes acusan de “torpedear” la iniciativa.

En cuanto al fondo, el PP ha insistido en que ve innecesarias muchas de las medidas planteadas en la reforma. Particularmente, se presentó como novedad la exigencia de no tener antecedentes penales para trabajar con menores y los 'populares' han asegurado que la normativa estatal en vigor e incluso leyes vascas como la de Infancia ya dan cobertura a esa posibilidad y piden al Gobierno que sea riguroso en su aplicación, a diferencia de lo sucedido en años anteriores.

En su informe, el Gobierno destaca la importancia de los cambios que se adoptarán. Alude a que cambiar la “comunicación previa” de un campamento por una “declaración responsable” garantiza que los organizadores asumen “plena responsabilidad legal”. Asimismo, entre otros puntos, sostiene que la reforma permitirá “clarificar” el régimen de “infracciones y sanciones”.Agrega el Ejecutivo que “parece conveniente el trámite mediante el procedimiento de urgencia”, ya que se busca “revertir” una situación concreta “en el plazo de tiempo más breve posible”.

En medio del debate parlamentario, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, del PNV, aseguró que ella también acelerará una modificación del decreto sobre la materia, que data de 1985, para tenerlo sí o sí antes del verano y para regular ahí todas las cuestiones que son urgentes, si es que el Parlamento no llega a tiempo. Melgosa ha recalcado que no se puede llegar a la temporada estival sin que haya más controles para evitar que Euskal Udalekuak reproduzca las actividades denunciadas de años anteriores, que en algunos casos son prácticas de exhibicionismo y que en al menos un supuesto se investigan como una posible agresión sexual.

Ibone Bengoetxea está reforzando su rol como 'número dos' del Gobierno de Imanol Pradales. La vicelehendakari primera, de la parte del PNV del Ejecutivo de coalición con los socialistas, está empezando a tomar partido en asuntos más allá de su cartera de responsable de Cultura y Política Lingüística (y Deportes), como ya lo venía haciendo desde el inicio de la legislatura el vicelehendakari socialista Mikel Torres. Como ejemplo claro de ello, este jueves, antes del pleno del Parlamento Vasco, ha intercedido en el debate sobre el endurecimiento de los controles de las colonias de verano para evitar casos como el de Bernedo, donde se reprodujeron denuncias de presunta violencia sexual hacia los menores.

Bengoetxea ha insistido -sin mencionar directamente a EH Bildu- que no es procedente bloquear en la Cámara las “respuestas” que pide la “sociedad”. Se da la circunstancia de que este martes PNV y PSE-EE no lograron que se tramite por el procedimiento de “lectura única” una reforma de la normativa de Juventud elaborada 'ad hoc' para elevar los controles. Nacionalistas y socialistas dan mayoría absoluta al Gobierno de Pradales, pero hay trámites que, por ley, requieren otros consensos. Y se precisa de unanimidad en la Mesa para ir a una tramitación legislativa exprés y con menos pasos y margen de maniobra para la oposición, que es lo que implica la “lectura única”. EH Bildu, con dos representantes de cinco en la Mesa, se opuso.

La normativa, en todo caso, sí se tramitará “de urgencia”, es decir, en la mitad de tiempo que una proposición de ley ordinaria, aunque PNV y PSE-EE sostienen que no hay margen para tenerla promulgada y en vigor antes del verano. La vicelehendakari no ha aclarado por qué, si los plazos aprietan, se ha esperado hasta finales de febrero a lanzar la iniciativa. El caso es de dominio público desde septiembre. Antes incluso, en abril del pasado año, eran conocidas ya algunas denuncias y el asunto estuvo en un limbo y se volvieron a celebrar las colonias de Bernedo en verano.

Es más, el Gobierno podía haber logrado la “lectura única” sin necesidad del apoyo de la oposición si hubiese tramitado la reforma como “proyecto”, es decir, como iniciativa propia. Así lo expone el reglamento del Parlamento. EH Bildu ha criticado, como también en otros debates Sumar y PP, que PNV y PSE-EE prefieren las “proposiciones” porque en ellas no son necesarios los informes consultivos y memorias económicas que han de acompañar a las leyes que envía el Ejecutivo.

Sea como fuere, el Gobierno ya ha dicho que adoptará por decreto las medidas que sean necesarias para la “tranquilidad” de las familias. Bengoetxea ha indicado que el Ejecutivo lleva “tiempo” trabajando en ello y en colaboración con las diputaciones, que tienen importantes competencias en la materia. En concreto, se plantea una modificación más rápida de lo previsto del decreto de 1985 sobre campamentos para modificar muchos aspectos pero también los controles, según expuso este martes la consejera del ramo, Nerea Melgosa.

Como las colonias de Bernedo, organizadas por Euskal Udalekuak, abren en breve sus inscripciones para 2026 a falta de normativas en vigor que las bloqueen, los periodistas han preguntado a Bengoetxea si pediría a las familias que no se apunten. La vicelehendakari ha preferido tratarlas como “mayores de edad” y no dirigirlas, pero ha insistido en que hay “información suficiente” sobre lo sucedido en Bernedo para que puedan adoptar sus “decisiones”.

“Propaganda”, según el PP

El líder del PP, Javier de Andrés, también ha terciado el debate sobre la reforma legislativo. Y ha denunciado que el Gobierno quiere hacer “propaganda” para tapar su “pasividad” anterior sobre Euskal Udalekuak. Los 'populares' remontan las responsabilidades incluso más atrás en el tiempo, hasta 2023, porque ya entonces la Diputación de Gipuzkoa detectó algunos casos y dejó de enviar a sus jóvenes tutelados.

Según ha expuesto De Andrés, la exigencia de ausencia de antecedentes sexuales para tratar con menores, algo presentado como novedad en la reforma de PNV y PSE-EE, es un requisito fijado en la normativa estatal desde 2021, y perfectamente vigente en muchas actividades en Euskadi. Además, hasta dos artículos de la normativa autonómica de Infancia de 2024 lo contemplan igualmente. “Lo que no han hecho no ha sido por no tener soporte legislativo”, ha señalado el dirigente del PP.

La Mesa del Parlamento Vasco ha acordado tramitar “de urgencia” la reforma de la ley de Juventud anunciada la pasada semana por PNV y PSE-EE y que busca elevar el control sobre los campamentos estivales a la luz de las denuncias por presuntos casos de violencia sexual en las colonias de Bernedo. Reglamentariamente, esto reduce a la mitad los plazos ordinarios, que a veces duran años en una Cámara acostumbrada a largos parones vacacionales, pero los proponentes consideraban necesario ir aún más rápido y valerse de la fórmula de la “lectura única”, que no permite, por ejemplo, escuchar comparececencias de expertos.

El PNV ha acusado a EH Bildu de torpedear la iniciativa, que se retrasará “al menos dos meses”, “lo que deja en el aire que la normativa pueda estar en vigor en verano”. Sin embargo, la consejera del ramo, Nerea Melgosa, también del PNV, ha confirmado unos pocos minutos después que aprobará las medidas pertinentes “por decreto” para que estén en vigor en tiempo y forma y no haya nuevos riesgos para los menores este verano.

En concreto, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico acelerará la reforma de un decreto de 1985 sobre tiempo libre que ya se inició precisamente a la luz del caso de Bernedo. Será un reglamento más amplio, pero incluirá los puntos principales que iban a ir en la ley, como la declaración responsable que se exigirá a organizadores, indican fuentes muy próximas a Melgosa.

¿Cuál es el histórico de este caso? La Ertzaintza entregó en abril de 2025 a un juzgado de Vitoria un informe de presuntos casos de violencia sexual en las colonias de Euskal Udalekuak, que se celebran en la localidad alavesa de Bernedo y en dos localizaciones navarras. Sin embargo, el expediente quedó en un limbo durante meses, hasta pasada la siguiente edición, en la que se acumularon otra veintena de denuncias de familias. Solamente después de que el asunto trascendiera públicamente se reactivó la causa judicial y se crearon órganos interinstitucionales para adoptar nuevas medidas de protección.

Este foro -que sienta al Ejecutivo autonómico y a las diputaciones, con muchas competencias en la materia- es el que ha alumbrado una reforma legislativa que, para acelerar trámites y evitar informes de organismos de control, no la ha presentado el Gobierno, sino los partidos con forma de propoposición de ley. Fue anunciada este viernes. El Ejecutivo quería que se tramitara como “lectura única”, pero no tenía apoyos asegurados para ello ya que eso exige “unanimidad” en la Mesa, donde la oposición, en este caso EH Bildu, tiene dos representantes.

“¿Por qué quiere [EH] Bildu entorpecer que se refuerce la protección de los menores y el control de los campamentos de verano? No nos cabe en la cabeza que alguien quiera alargar plazos y que estas medidas no estén en marcha para este verano, cuando se celebran la mayoría de estas actividades. ¿Qué oculta [EH] Bildu? ¿Qué hay detrás de este interés en retrasar la aplicación de estas medidas?”, ha lanzado al aire el PNV. Con el reglamento en la mano, los nacionalistas veían perfectamente viable la “lectura única”. “Se justifica en que se proponen modificaciones puntuales que no alteran la estructura básica de la ley, y que no hay complejidad técnica elevada en la tramitación”, apelan.

“En EH Bildu estamos en contra, por principio, de la tramitación por lectura única de cualquier ley porque impide un debate en condiciones normales, con los informes preceptivos del Gobierno y las comparecencias de personas expertas y agentes implicados o afectados por la ley en tramitación. En el caso concreto de esta proposición de ley nos hemos opuesto fundamentalmente porque nos parece muy importante que personas expertas en la materia y agentes sociales con interés en la iniciativa tengan la ocasión de comparecer durante la tramitación parlamentaria y dar su opinión sobre la propuesta de PNV y PSE-EE. De haber aceptado la tramitación por lectura única, eso sería imposible”, responden desde la coalición abertzale. El Gobierno replica que el texto ya ha sido fruto de contraste con expertos y entidades sociales.

EH Bildu agrega que “más allá de este caso concreto” ven que PNV y PSE-EE “se están acostumbrando a retorcer el reglamento para promover iniciativas legislativas hurtando al Parlamento el debate normalizado y con garantías”. “Y lo hacen porque su Gobierno está siendo incapaz de afrontar las necesidades del país en tiempo y forma, de manera que luego se ven abocados a plantear deprisa y corriendo leyes o reformas de leyes sin cumplir las condiciones mínimas que exige el debate parlamentario. Lo hicieron con la ley de medidas sobre Vivienda y ahora lo hacen con la ley de Juventud. EH Bildu no va a ser cómplice de la degradación del parlamentarismo. Es incompatible promover, por un lado, una ponencia de calidad democrática y, por otro, pretender hurtar al Parlamento el debate normalizado de una ley”, exponen fuentes de la principal fuerza de la oposición.

En esta legislatura, PNV y PSE-EE han tirado de propuestas propias para hacer ajustes en otras dos leyes que afectan a menores. Por un lado, hicieron una reforma 'exprés' de la normativa de caza para permitir que adolescentes puedan asistir a batidas. Y, por otro lado, ahora se tramita una nueva reforma para que los menores participen en festejos de 'sokamuturra'.

PNV y PSE-EE han registrado en el Parlamento Vasco una proposición de ley de modificación de la Ley 2/2022 de Juventud con el objetivo de “reforzar la protección de las personas menores de edad” en las actividades de tiempo libre infantil y juvenil, y aumentar los mecanismos de control administrativo, además de “endurecer” las sanciones ante posibles irregularidades, con el fin de evitar que se reproduzcan casos como el del udaleku de Bernedo.

Entre las principales medidas del texto legal reformado, destaca la sustitución de la comunicación previa por una declaración responsable obligatoria antes del inicio de las actividades de tiempo libre en las que participen menores de edad, según han explicado en un comunicado conjunto socialistas y jeltzales. Este documento se deberá presentar ante Juventud del Gobierno vasco o ante la Diputación correspondiente al territorio histórico en el que se vaya a realizar la actividad. De este modo, las entidades organizadoras asumirán la responsabilidad del cumplimiento de todos los requisitos legales desde el primer momento.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha defendido la “tolerancia cero” para los campamentos de verano, y tras decir que “no pondría el foco en el udaleku de Bernedo”, ha explicado que la propuesta de cambio de la Ley de Juventud registrada este viernes busca que esas actividades de ocio “tengan los certificados sexuales al día” entre otros documentos, lo que es “transparencia, rigor y sobre todo de fortalecer al ocio y tiempo libre”, ya que “ponemos un determinado caso para poder manchar todo el tiempo y no es así”.

PNV y PSE-EE han subrayado que su reforma “refuerza de manera clara” las garantías frente a delitos de naturaleza sexual, estableciendo la obligación de acreditar el certificado negativo para todo el personal que tenga contacto habitual con menores. El texto deberá renovarse anualmente. La proposición de ley también introduce mejoras en el reconocimiento oficial de servicios y equipamientos juveniles, que deberán contar con resolución administrativa expresa, y clarifica el régimen de infracciones para “reforzar la seguridad, la responsabilidad y la calidad en la prestación de los servicios”.

“Tolerancia cero”, ha dicho Melgosa, para añadir que se trata de que las entidades que puedan conformar cualquier espacio o actividad de ocio y tiempo libre “tengan los certificados sexuales al día además de tipo de formaciones”, como 'tratu on' y “otro tipo que se irán regulando”. Por otra parte ha destacado la importancia del registro de entidades que surge de una “coordinación exhaustiva entre las diputaciones, Gobierno vasco y Eudel”. Además, se realizarán “determinadas informaciones pedagógicas a las familias para que sepan y que se queden más tranquilas”, ha añadido.

Endurecimiento de sanciones

De la misma forma, jeltzales y socialistas han “revisado y endurecido el régimen de sanciones ante posibles irregularidades, incluyendo nuevas infracciones graves o muy graves”. De esta forma, “se castigará o se castigará más duramente carecer de seguro de responsabilidad civil y de certificado negativo de delitos sexuales, no disponer de medidas de seguridad en instalaciones y equipamientos, llevar a cabo actuaciones que promuevan el racismo, la xenofobia, la violencia machista o cualquier tipo de violencia”.

PNV y PSE-EE han solicitado la tramitación por el procedimiento de urgencia y lectura única, al tratarse de “una reforma técnica, acotada y centrada en la protección inmediata de los derechos de la infancia y la adolescencia que no supone una alteración del modelo general de políticas de juventud”.

El Gobierno vasco y las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han recordado a la entidad Euskal Udalekuak que debe “comunicar” cualquier campamento de verano que desee organizar este año en la localidad alavesa de Bernedo para su correspondiente aprobación previa. Las instituciones, que han constituido un órgano de coordinación en materia de colonias y tiempo libre, recuerdan a esa asociación que está siendo doblemente investigada, tanto en vía judicial como en vía administrativa, después de que se hayan recibido una veintena de denuncias por posibles delitos relacionados con la violencia sexual en sus instalaciones.

Las instituciones han notificado a Euskal Udalekuak que han tenido conocimiento a través de su página web de que tienen intención de hacer nuevas actividades en Bernedo este año. En concreto, se prevén cinco turnos en la casa de Álava desde el 1 de julio y hasta el 23 de agosto, con un coste de entre 200 y 375 euros. La entidad también organiza campamentos en dos localidades de Navarra, Arbaizar y Goñi. Eso sí, la información pública sobre este requerimiento ha llegado después de que 'El Correo' informara de la nueva oferta de colonias.

En un comunicado, el Gobierno autonómico y las tres diputaciones recalcan que la normativa en vigor permite a las instituciones “controlar” y “supervisar” las actividades de tiempo libre con menores participantes. En este sentido, indican que “expresamente” se le ha recordado a Euskal Udalekuak que tiene abierto un expediente administrativo “por la presunta comisión de infracciones graves”. En paralelo, hay en marcha una investigación penal en el Tribunal de Instancia de Vitoria, ahora comandada por una nueva magistrada, Marta Escudero, como ha adelantado este periódico.

Tras los turnos del verano de 2025, se sucedieron las denuncias por presuntas prácticas de violencia sexual en Bernedo. La polémica surgió porque la Ertzaintza había enviado al juzgado de Vitoria en primavera un informe con casos similares de años anteriores y nunca se llegó a analizar la cuestión. La Fiscalía formuló una dura crítica a todas las partes conocedoras de este expediente porque no pudo pedir medidas cautelares para evitar la celebración de las colonias del pasado año. En paralelo, se conoció con las instituciones tampoco estaban supervisando estas actividades y, de hecho, ése fue el motivo de la creación del órgano de coordinación, que sienta al Gobierno vasco y a las diputaciones.

En el Parlamento Vasco, la fiscal superior vasca, Carmen Adán, ha insistido este jueves en declaraciones a RTVE en que la vía penal está aún en una “fase inicial” y que aún no se han podido concretar los hechos. En todo caso, ha remarcado que “está vigente el ámbito administrativo” y que, en aplicación de la máxima del “interés superior del menor”, las instituciones tienen capacidad para “adoptar las medidas preventivas de control adecuadas”.

Euskal Udalekuak ha denunciado en todo momento estar siendo víctima de una persecución contra su modelo de campamentos en euskera y transinclusivos que buscan la “desexualización” de la desnudez que en ellos se practica. Un volumen elevado de familias secundaron a la entidad después de la cascada de denuncias conocidas tras el pasado verano.

Cambios de relevancia en el Tribunal de Instancia de Vitoria. El magistrado Álvaro Silván Hernández, responsable de dos de las investigaciones penales más relevantes en la ciudad, el crimen de Kerman Villate en la discoteca Mítika y las denuncias por presunta violencia sexual en los campamentos de Euskal Udalekuak en la localidad de Bernedo, abandonará de forma inminente su puesto y será sustituido por otra instructora, Marta Escudero Muñoz.

Según explican fuentes judiciales, Silván Hernández no era el titular de la plaza 3 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vitoria, la nueva denominación del antiguo juzgado de Instrucción 3, y la que sí lo era ha solicitado ya su incorporación. Las mismas fuentes indican que el juez pasará a una plaza de la sección civil, a la sala especializada en reclamaciones a la banca y que antes ocupaba José Luis Núñez Corral, el nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Álava.

El magistrado Silván Hernández, que apenas llevaba un año como instructor en Vitoria, había adquirido notoriedad pública por dos casos. Por un lado, ha liderado la investigación del crimen ocurrido en febrero de 2025 en el exterior de la sala Mítika, en el centro comercial Dendaraba. El asunto ha estado envuelto en polémica porque el magistrado, alineado con las tesis de los abogados de la familia de la víctima, había tipificado inicialmente el caso como “asesinato” o, al menos homicidio “doloso”, ya que la cadena de los hechos ya constatados y la envergadura del agresor, así como sus antecedentes penales, hacían interpretar el golpe letal como algo no fortuito.

Sin embargo, aunque la investigación no está cerrada, la defensa y la Fiscalía lograron de la Audiencia Provincial una rebaja del grado a homicidio “imprudente”. Esto hace que el juicio, cuando se celebre, sea con un tribunal profesional y no con jurado. No obstante, los letrados de los Villate ya han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para tratar de revertir esta resolución. Eso sí, en el entretanto el acusado ha podido salir del régimen de prisión preventiva, previo abono de una fianza.

Por otro lado, el magistrado estuvo en el ojo del huracán porque en septiembre se sucedieron denuncias de familias de menores que habían participado en verano en las colonias de Euskal Udalekuak en Bernedo y que relataban episodios de presunta violencia sexual. La cuestión es que las quejas ya venían de otros años y que, en abril, la Ertzaintza ya había presentado un informe al respecto en la sección de Instrucción de Silván Hernández, sin que se tramitara durante meses y sin que se pudieran adoptar medidas cautelares antes de la nueva edición del campamento.

Ese expediente, que generó las quejas airadas de la Fiscalía por lo que pudo implicar en lo tocante a la protección de menores y comparecencias políticas en el Parlamento Vasco y en las Juntas Generales de Álava, llegó primero a la plaza 1 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vitoria, el antiguo juzgado de Instrucción 1. La magistrada María Antonia Blanco, sustituta al frente de esa sala, fue la primera que recibió el atestado.

En concreto, llegó a las 10.51 horas del 30 de abril de 2025 y le correspondió el asunto por estar de guardia. Esa sala no hizo nada con el informe policial, con código 575A2500033, y consta que “redirigió” la causa al “decanato” el 9 de mayo a las 15.04 horas. No se explican los motivos. Tres días después, el 12 de ese mes, fue cuando el asunto, ya con código 4250/2025, llegó a a la plaza 3. Su titular, Silván Hernández, no realizó actuaciones hasta el 26 de septiembre a las 12.07 horas, cuando el tema había estallado ya en los medios de comunicación.

La magistrada María Antonia Blanco, sustituta al frente del juzgado de Instrucción 1 de Vitoria, fue la primera que recibió el atestado con las primeras denuncias de presuntos casos de violencia sexual a menores en el campamento de Euskal Udalekuak en Bernedo. En concreto, llegó a las 10.51 horas del 30 de abril y le correspondió el asunto por estar de guardia. Esa sala no hizo nada con el informe policial, con código 575A2500033, y consta que “redirigió” la causa al “decanato” el 9 de mayo a las 15.04 horas. No se explican los motivos. Tres días después, el 12 de ese mes, fue cuando el asunto, ya con código 4250/2025, llegó al juzgado de Instrucción 3 de Vitoria. Su titular, Álvaro Silván Hernández, no realizó actuaciones hasta el 26 de septiembre a las 12.07 horas, cuando el tema había estallado ya en los medios de comunicación.

En medio, se celebró otro turno en las colonias estivales y de allí surgieron nuevas denuncias por posibles casos que la Policía describe como “exhibicionismo”, “vejaciones”, “coacciones”, “provocación sexual” o “conductas contrarias a la integridad moral”. Asimismo, uno de los supuestos podría tipificarse, indiciariamente, como “agresión sexual”. Esa nueva batería de denuncias mientras la investigación judicial estaba en el “limbo”, en palabras de la fiscal superior vasca, Carmen Adán, alcanza las 21. Una se interpuso el 29 de agosto, tres el 26 de septiembre, una el 30 de septiembre, cinco el 1 de octubre, dos el 2 de octubre, una el 4 de octubre, tres el 7 de octubre, dos el 9 de octubre, una el 10 de octubre, una el 13 de octubre y la última el 15 de octubre. Eso sí, no todas se refieren al campamento del verano de 2025 y, de hecho, hay hechos descritos de hace doce años, de 2013. La Ertzaintza, desde “enero” de 2025 y hasta “septiembre”, realizó “diversas llamadas” a los juzgados para “interesarse por el estado de las diligencias remitidas”, pero no hay “constancia documental”.

La secuencia judicial ha sido detallada en el Parlamento Vasco por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, que ha respondido por escrito a una solicitud de catorce puntos del representante del PP Santiago López Céspedes. Y la cronología policial la ha aportado igualmente a la Cámara el responsable de Seguridad, Bingen Zupiria, también a instancias del PP.

Euskal Udalekuak organizaba en la pequeña localidad alavesa de Bernedo desde hace lustros una colonia de verano, como también en dos localidades de Navarra. Sus organizadores sostienen que ofertaban un modelo feminista, transinclusivo y que “desexualizaba” la desnudez. Por el contrario, los denunciantes interpretan que se han cometido prácticas contra la libertad sexual con menores. Un voluminoso grupo de familias que han enviado a sus hijos a estos campamentos, asimismo, firmó una carta de apoyo a la entidad promotora.

¿Y qué ha ocurrido después de que se iniciara la causa el 26 de septiembre, cinco meses después? Ese mismo día era el día de la apertura del año judicial en Euskadi, un evento que tiene lugar en Bilbao. Allí, el intendente jefe de la división de Investigación de la Policía vasca, en aquel momento Roberto Álava, que esta semana ha pasado a ser jefe de la Policía local de Vitoria, se reunió con la fiscal Adán. Pactaron que “con carácter mensual” la Policía le enviaría un reporte “de los datos relevantes” de causas con menores víctimas de presuntos delitos.

El 1 de octubre hubo una nueva reunión. Participaron la fiscal-jefe de Álava, Carmen Cotelo, el fiscal de menores de la plaza, Manuel Pedreira, y el jefe de la sección central de Investigación de la Ertzaintza, presumiblemente Hugo Prieto. Buscaron “coordinar las actuaciones”. Después, el 13 de octubre, hubo otro encuentro más. Participaron Pedreira, el juez instructor, Silván Hernández, y de nuevo el jefe de la sección central de Investigación. Acordaron “ampliar la comunicación directa entre las tres instituciones a fin de coordinar las investigaciones”.

La Diputación de Álava ha iniciado expediente sancionador contra la asociación Sarrera Euskal Udaleku Elkartea, que organiza los campamentos de Bernedo, sobre los que, hasta el momento, se han presentado 21 denuncias por presuntos delitos de agresión sexual, de exhibicionismo y de coacción a los menores que participaban en ellos. Así lo ha señalado el diputado general de Álava, Ramiro González, durante su comparecencia este lunes ante las Juntas Generales a petición del PP.

González ha anunciado que la institución foral ha incoado expediente sancionador a la asociación, tras evidenciarse “dos incumplimientos graves de obligaciones” de la normativa. En primer lugar, incumplimiento de la obligación de realizar una comunicación previa de la actividad al departamento competente de la Diputación Foral de Álava y, en segundo lugar, incumplimiento de la obligación de facilitar las funciones de inspección de la administración competente consistente a facilitar la documentación que le fue requerida y a la que “no respondió”. Este expediente tendrá su tramitación administrativa correspondiente, según recoge Europa Press.

Ramiro González ha relatado los hechos desde que el pasado 15 de septiembre la Diputación tuviera conocimiento de los 'udalekus' a raíz de un correo de una madre, ya que la actividad “no ha estado nunca inscrita en la Diputación Foral de Álava ni fue comunicada al Departamento de Juventud”, por lo que “se trataba de una actividad desconocida”. Asimismo, ha indicado que, “desde el primer momento, la prioridad del Departamento fue atender a las familias, conocer de primera mano la situación generada en el 'udaleku' de Bernedo y dar respuesta con responsabilidad institucional”, así como “dar traslado a la Fiscalía de toda la documentación administrativa recopilada sobre el caso”. “Ha habido preocupación, implicación y actuación, y se ha hecho con la mayor celeridad posible, y teniendo siempre en cuenta el interés superior de los y las menores”, ha defendido.

González ha comentado que, “durante años han existido unas colonias con unas prácticas absolutamente inadmisibles y que, en algunos casos y a la vista de los hechos que hemos ido conociendo, podrían ser constitutivas de delito”. “Estos campamentos no se tenían que haber producido de esta manera, a tenor de la cantidad de las denuncias que se han producido por parte de las familias”, ha añadido. Además, ha denunciado que se trata de “actuaciones absolutamente inadmisibles que se han repetido durante años sin que nadie lo haya conocido y, por lo tanto, lo haya podido impedir”.

Por ello, González ha abogado por “investigar hasta el fondo” y “actuar con la máxima transparencia, para trasladar absolutamente toda la información a la opinión pública” y “poner en conocimiento de los juzgados cualquier situación en la que se pueda apreciar cualquier indicio de delito”, tal y como ha secundado, “ha hecho la Diputación”.

El diputado general de Álava ha resaltado la creación de la mesa entre las tres diputaciones forales, Eudel y el Gobierno vasco para “mejorar los mecanismos de coordinación y control” en el ámbito de las actividades privadas de tiempo libre, marchas volantes, campamentos y albergues. En este sentido, ha informado que se ha identificado “la necesidad prioritaria de desarrollar reglamentariamente varios puntos de la Ley Vasca de Juventud”, incluyendo comunicaciones previas, declaraciones responsables, servicios e instalaciones y régimen disciplinario.

También y, en paralelo al trabajo normativo, se ha acordado impulsar medidas inmediatas para “cuidar la calidad de la oferta de tiempo libre”, por lo que de cara al periodo navideño se lanzará una campaña de sensibilización conjunta para la ciudadanía, poniendo en valor el voluntariado y el ocio educativo. En tercer lugar, se ha establecido que las reuniones de estas mesas sean cada 15 días, para “garantizar una coordinación efectiva y una oferta de tiempo libre más segura, cohesionada y de calidad para la juventud”.