PNV y PSE-EE exprimen la fórmula de legislar sin pasar por el Gobierno frente a las críticas de la oposición

El Gobierno de Imanol Pradales ha pisado el acelerador legislativo, pero no directamente. PNV y PSE-EE están exprimiendo esta legislatura, en la que vuelven a tener mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, el formato de tramitar las reformas como “proposiciones de ley” y no como “proyectos de ley”. El matiz conlleva un ahorro de informes de órganos consultivos, memorias económicas y otros trámites, así como la aceleración de los plazos. La oposición ya se ha quejado en varias ocasiones de este mecanismo.

Esta semana, si no hay sorpresas, la Cámara aprobará el endurecimiento de la normativa de campamentos de verano por esta vía. La pasada, PNV y PSE-EE presentaron también un catálogo de medidas para agilizar la tramitación de proyectos estratégicos por este formato y, al día siguiente, cerraron una modificación de la normativa taurina para impulsar el relevo generacional y la participación de menores en actividades con reses pequeñas. Antes, tocaron la ley de caza también para permitir a los adolescentes ir a las batidas. La reforma 'exprés' de la ley de Vivienda para adoptar algunas medidas urgentes se hizo así en 2025, y ya se ha anunciado que en 2026 se repetirá para dar otros pasos. Incluso la ley electoral ha sido cambiada por esta vía.

“Lo han registrado ustedes como iniciativa de los partidos. Han hecho trampa. ¿Por qué? Para evitar la emisión de determinados informes que son obligatorios. No tenemos encima de la mesa los informes que habrían de emitir un buen número de organismos. Y por eso la ley nace con menos garantías”, expuso Xabier Astigarraga, de EH Bildu, como argumento cuando el 11 de diciembre de 2025 se votó la reforma de la normativa de Vivienda con esta fórmula.

La coalición abertzale llegó a impedir que PNV y PSE-EE dieran un paso más en un caso, el de los campamentos, y lograran tramitarlo por la vía de la “lectura única”, que elimina también las comparecencias de expertos y el debate en ponencia legislativa. Para ellos, es precisa no solamente la mayoría absoluta sino la unanimidad en la Mesa, donde el Gobierno tiene tres asientos y la oposición dos, ambos de EH Bildu.

No ha sido la de EH Bildu la única voz crítica. “El Gobierno es cobarde y no trae [proyectos de ley] para evitarse informes que deberían ser necesarios cuando hablamos de reformar una ley”, apuntó en el debate sobre los menores en monterías Jon Hernández, de Sumar, que ha repetido el calificativo sobre la aparente falta de valentía de PNV y PSE-EE en otras sesiones. “Es evidente que los firmantes de estas modificaciones pretenden evitar cualquier tipo de control y fiscalización”, dijo también Vox en el pleno que visó la reforma electoral, consistente en cambiar el mecanismo para presentar candidaturas de modo que los partidos no tengan que hacer largas colas para ser los primeros. Fuentes del PP consideran también que se está empleando este mecanismo de forma deliberada para saltarse controles.

En datos, en lo que va de legislatura se han tramitado 14 proposiciones de ley, aunque no todas han llevado la firma de los partidos del Gobierno. Y es que es la única vía que tiene la oposición para legislar. El PP, por ejemplo, ha logrado colar una reforma de la ley del juego para autorizar bingos en centros de jubilados aun cuando se apuesten cantidades simbólicas de dinero. Los proyectos de ley, los que registra el Ejecutivo, han sido solamente cuatro. Y con matices. Tres han sido meros trámites (la disolución del colegio de Aduanas de Bilbao y la creación de los colegios de Ciencias Ambientales y de Criminología), aunque el cuarto tenía mucha enjundia. Era la ley de Transparencia, aprobada al fin después de tres intentos anteriores fallidos. Euskadi era la única comunidad autónoma sin un texto de esas características. Pero el proyecto presentado era, en esencia, el mismo que no fructificó en el mandato anterior. Los cambios más sustanciales fueron introducidos por PNV y PSE-EE vía autoenmiendas.

El Ejecutivo de Pradales sí puede presumir de haber ido aprobando puntualmente todos sus presupuestos, que son también leyes. De hecho, ya prepara el de 2027 para tenerlo listo en tiempo y forma. Es un claro contraste con la situación en España. El Congreso tramitó en 2022 las últimas cuentas aprobadas, las de 2023.

El Gobierno tiene publicado un calendario legislativo. Fue aprobado en octubre de 2024. En él, por ejemplo, se menciona para “2025” una ley de “igualdad de trato y lucha contra la discriminación” y otra “agilización y simplificación administrativa”. Sí se han dado detalles ya de lo que serán otras normas, como la de Turismo, Cultura o Universidades, programadas para 2026 ó 2027, aunque aún no están en trámite en la Cámara. También han ido brotando iniciativas no previstas, como la normativa de justicia restaurativa adelantada por este periódico.

Otro asunto de mucha relevancia también se tramita en el Parlamento como “proposición de ley”. Es la reforma de la normativa de empleo público en lo tocante a las exigencias de euskera. En todo caso, este debate es mucho más complejo políticamente. El Gobierno no se ha puesto de acuerdo internamente y lo que se discute es una propuesta del PNV sin el PSE-EE y, en paralelo, otra de EH Bildu desde la oposición. Por el momento, no hay visos de que ninguna de ellas pueda cristalizar, aunque la ponencia legislativa está abierta y no hay un plazo definido para terminar la tramitación.