Colectivos vulnerables y de difícil reinserción tras pasar por prisión: “Muchos piden volver a la cárcel”

Las prisiones, al igual que la sociedad, están compuestas por personas de distintos colectivos, siendo identificados como vulnerables o de “difícil reinserción” las personas migrantes, las personas que pertenecen a la comunidad gitana y las mujeres, quienes sufren un mayor estigma que los hombres cuando salen de prisión. Con el objetivo de explicar el trabajo específico en las cárceles con estos colectivos, las oportunidades de inserción y la multifactorialidad, Josune Carramiñana, responsable del programa de atención a mujeres en prisión Adap Elkartea, Alberto Ríos, de la asociación Gao Lacho Drom y responsable de programas en las cárceles con el colectivo gitano, y Brais Varela, responsable de programas de personas extranjeras en prisión de la Cruz Roja, se han reunido en el Curso de Verano de la EHU sobre inclusión sociolaboral en las prisiones de Euskadi.

Carramiñana ha comenzado su intervención contando casos reales de mujeres a las que han atendido desde que comenzaron en el año 1996. En su mayoría son mujeres que sufren un doble estigma de género una vez consiguen abandonar la prisión: por un lado, la discriminación por ser mujer, mientras que por el otro, la de haber sido reclusa, todo ello sumado a las cargas y responsabilidades familiares, que principalmente recaen en ellas. Así, suelen ser personas con múltiples vulnerabilidades, como la coexistencia de la pobreza, baja cualificación y, en muchas ocasiones, problemas de salud mental también derivados a la violencia de género.

“Tenemos el ejemplo de una mujer gitana que llega a la cárcel con 42 años y nos cuenta que desde que tenía nueve es violada sistemáticamente todas las noches por su padre. Con 12 dice que su padre la vende a un hombre 14 años mayor que ella, que la tiene encerrada en una habitación. Con esa persona tiene cinco hijos. Logra escaparse de la casa, pero empieza con adicciones y para pagarlas roba. Esta mujer, por suerte, acaba en prisión y es por suerte porque ahí comienza un proceso de inserción laboral. Empieza a trabajar en una empresa que colabora con la cárcel y que tiene mucha flexibilidad para ella. Cuando analizamos las dificultades del acceso al empleo, debemos hacerlo desde una perspectiva amplia, entendiendo que las barreras son múltiples, se entrecruzan entre sí”, ha explicado Carramiñaga.

Por ello, ha insistido en que “es importante contar con políticas y programas de reinserción con perspectiva de género”. “Las mujeres en prisión suponen solo el 7% de la población reclusa, por eso las cárceles están hechas por y para hombres. También es importante tener en cuenta que la mayoría de delitos provocados por mujeres no crean la peligrosidad que los provocados por hombres, ya que generalmente son delitos por pobreza, por supervivencia, por mantenimiento de la familia, hurtos, tráfico en cantidades pequeñas de drogas o impagos”, ha aclarado.

Nuestro reto es contribuir a que las personas salgan en mejores condiciones de las que entraron

En el caso de las personas migrantes, Brais Varela, responsable de programas de personas extranjeras en prisión de la Cruz Roja, ha explicado que dentro del programa en el que él trabaja, a lo largo de 2025 han acompañado a 655 personas extrajeras en las prisiones vascas, de 48 nacionalidades diferentes a las que, antes del proceso de reinserción laboral, ayudan con trámites administrativos como expedientes de Extranjería (a 45 personas), autorizaciones de trabajo (a 40 personas), trámites consulares (62 personas) y acompañamientos a 198 personas.

“Las personas que atendemos no llegan únicamente con una condena, llegan con una acumulación de vulnerabilidades previas que condicionan el proceso. Son perfiles de personas que vienen con situaciones administrativas inciertas, escasa red familiar y social y trayectorias migratorias complejas, además de vulnerabilidades acumuladas como la exclusión residencial, las barreras idiomáticas y problemas de salud física o mental. La prisión suele ser el último recurso del sistema penal, pero para muchas personas también es la última expresión de una exclusión social previa no resuelta. Tenemos a muchas personas que vienen de largas temporadas e incluso toda su vida sin tener un hogar, sin dormir bajo un techo. Personas que están acostumbradas a dormir en casas abandonadas en las que conviven con ratas y suciedad. Para todas ellas, por difícil que sea entenderlo, la prisión puede resultar una solución. Muchos incluso piden volver a la cárcel o no quieren salir y volver a enfrentarse solos al sistema. Por ello nuestro reto es contribuir a que las personas salgan en mejores condiciones de las que entraron”, ha asegurado.

“No se puede intervenir con las personas migrantes privadas de libertad desde una mirada penitenciaria clásica o habitual. Tienen una especificidad muy concreta por su situación migrante, por el proceso migratorio que tienen, por la situación administrativa que tienen, por la documentación o la ausencia de la documentación o ausencia de la red familiar o social. En el caso de estas personas, lo más importante es conseguir la documentación, porque la documentación es la puerta de acceso a todos los derechos. Sin documentación estás invisible civilmente, pero existes aunque quedas fuera de todos los sistemas”, ha destacado.

En el caso de las personas gitanas, Alberto Ríos, de la asociación Gao Lacho Drom y responsable de programas en las cárceles con el colectivo gitano, ha explicado que aunque la población gitana en Euskadi suponga el 0,9% de la población total, supone el 10% de las personas internas en las cárceles. “Las minorías étnicas tienen un acceso más restringido a los programas de rehabilitación, lo que agrava su posición ante las decisiones de clasificación o libertad condicional. Si no participas en los programas, no progresas. Si los programas no están adaptados, no pueden participar. Es una trampa circular que el propio sistema produce y que después atribuye la falta de motivación del recluso”, ha detallado.

Ríos ha destacado la desconfianza que de forma general tiene la población gitana hacia las instituciones. “No es algo que surja por un simple desconocimiento, por ignorancia. Esa desconfianza está vinculada a una larga historia de discriminación, exclusión y experiencias negativas con los organismos públicos. La educación que los expulsó, los servicios sociales que los controló, las fuerzas de seguridad que los persiguieron y la justicia que los trató de forma desproporcionada”, ha apuntado.

El diferente también tiene derecho a una respuesta por parte de la Administración que se ajuste a su idiosincrasia y a su cultura

Preguntado por este periódico por cómo lograr la inserción al mercado laboral de estas personas en un contexto de desconfianza a las instituciones, Ríos ha insistido en que es algo que se consigue “a través de facilitar la participación de los gitanos en todos los espacios de decisión que influyen en los programas de reinserción”. “No se puede pensar que la población mayoritaria debe hacer prevalecer su cultura y sus valores con respecto al resto. Es un trabajo que debemos hacer todos, también las personas que trabajamos en prisión. Debemos respetar al diferente y saber que el diferente también tiene derecho a una respuesta por parte de la Administración que se ajuste a su idiosincrasia, a su cultura, es la clave para esto. En el caso de las mujeres gitanas nos encontramos a menudo mucho empeño en que sigan un itinerario que podría cursar una mujer paya, que trabaje y que gane su dinero, pero dentro de las familias gitanas no es algo que siempre se encarrile bien, aunque sea algo que lo podamos buscar también nosotros”, ha aclarado Ríos.

Sobre esta cuestión, Carramiñana ha aportado que, desde su experiencia con mujeres gitanas, es importante “trabajar desde su cultura”. “No vamos como las 'súper payas' que te vamos a decir lo que está bien o está mal. Trabajamos con ellas desde esa cultura. Por eso el acceso al mercado laboral es más complicado para las mujeres porque también desde la cultura gitana está mejor visto que sean las encargadas del cuidado familiar, del cuidado de las personas mayores o los hijos a que vayan a trabajar. Esto lo trabajamos con ellas porque muchas veces ellas mismas lo ven de esa manera. Nosotras intentamos que vean que existe otra posibilidad además de dedicarse exclusivamente a los cuidados, que es la de trabajar, pero sin influenciar, desde el respeto a su cultura”, ha concluido.