Paralizan la millonaria licitación de ambulancias de Osakidetza tras la lluvia de recursos sindicales

El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, una oficina administrativa dependiente del Gobierno vasco conocida por sus siglas OARC, ha suspendido de manera cautelar la doble licitación abierta por Osakidetza para la regularización del servicio de ambulancias, tanto las urgentes como las programadas. Se trata del mayor contrato de la Sanidad vasca y probablemente de la comunidad autónoma con un coste que el Ejecutivo cifró inicialmente en 650 millones de euros pero que los sindicatos elevan a más de 1.300 incluyendo el IVA y todas las posibles prórrogas.

Los pliegos presentados por el equipo del consejero Alberto Martínez en julio fueron recurridos por hasta cinco sindicatos, LAB, ESK, ELA, UGT y LSB-USO, y fuentes sanitarias añadieron a este periódico que también había llegado otro de empresas del sector, en concreto de la asociación AE Trans Sanit. El Gobierno de Imanol Pradales quería disponer de adjudicatarias del servicio de ambulancias desde el 1 de enero de 2027 y esta resolución, que impide avanzar en el proceso hasta que se resuelva el fondo de las alegaciones de las partes, retrasará esos planes.

Sostiene el OARC, en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, que la suspensión permite que no se “consoliden” actuaciones “procedimientales” que luego podrían quedar anuladas, con el consiguiente desaguisado. Ahora bien, matiza que “la adopción de la suspensión no implica apreciar, siquiera indiciariamente, la procedencia de los motivos de impugnación”. Osakidetza pidió al OARC que no adoptara esa medida por no haber apariencia alguna de “ilegalidad” en la licitación y porque no deseaba prorrogar la provisionalidad del servicio en Álava y en Bizkaia.

Euskadi vive un período de excepcionalidad en este servicio sanitario básico desde noviembre de 2024, cuando Osakidetza rescindió antes de tiempo sus contratos con la catalana Grup La Pau, prestataria del servicio en Bizkaia y en Álava. Se realizaron adjudicaciones directas de emergencia para salvar la situación. Así, Ambulancias Gipuzkoa se mantuvo en ese territorio y pasó también a gestionar Álava, y en Bizkaia se creó 'ad hoc' la marca Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) con Baztan-Bidasoa.

Ahora, con la mirada puesta en 2027, se buscaba regularizar la situación con un doble concurso, por un lado para las ambulancias urgentes (las de color amarillo) y por otro para las programadas (las blancas y azules). El Gobierno vasco mencionó la cifra de 650 millones como presupuesto orientativo, pero es el cálculo sin IVA para los cuatro años estimados para el nuevo servicio, hasta 2030. Los sindicatos, en cambio, lo elevan a 1.359 millones si se tienen en cuenta todos los conceptos y los tres años de posible prórroga, hasta finales de 2033.

Hay un total de 386 ambulancias de Osakidetza externalizadas, 76 amarillas y 310 para servicios programados. Sí son de gestión enteramente pública las denominadas UVI móvil. El Gobierno explicó que de cara al futuro contrato se han introducido importantes mejoras, sobre todo para evitar el pago de servicios retrasados.

El Gobierno pide celeridad

Conocida la resolución, el viceconsejero Aritz Uriarte, que fue quien presentó los pliegos a comienzos de julio, ha urgido al OARC a que “se pronuncie a la mayor brevedad” sobre el fondo para no retrasar más la entrada en servicio de los nuevos contratos de ambulancias. “Lamentamos que esta licitación se vaya a demorar, ya que este pliego no trae sino ventajas, tanto para la calidad del servicio como para las condiciones laborales”, apunta. “Urge que los recursos se resuelvan a la mayor brevedad, de manera que los pacientes puedan beneficiarse de todas las mejoras previstas y acordadas con las asociaciones de pacientes, que han participado de manera activa en la elaboración de los pliegos”, insiste.

Agrega el Ejecutivo que “la resolución del OARC no entra a valorar la motivación de los recursos presentados y se circunscribe estrictamente a las medidas cautelares solicitadas por los recurrentes”. “No se debe, por lo tanto, interpretar como indicio de impugnación del procedimiento, así lo manifiesta expresamente el propio OARC. De hecho, el OARC ya ha inadmitido uno de los recursos presentados. Confiamos en que los recursos se resuelvan cuanto antes para avanzar en la licitación”, estima Uriarte.