El Gobierno vasco se persona en el concurso de acreedores de ambulancias La Pau y le reclama 13,6 millones

Los servicios jurídicos del Gobierno vasco han dirigido un escrito al juez Raúl Nicolás García Orejudo, titular de la plaza 7 de lo mercantil del Tribunal de Instancia de Barcelona, para poder estar personados en el concurso de acreedores de la empresa de ambulancias Grup La Pau, que fue contratista de Osakidetza hasta finales de 2024. Según la documentación oficial presentada, la cooperativa de Badalona adeuda a la Administración vasca 13,6 millones de euros.

Grup La Pau era la adjudicataria del servicio de ambulancias externalizadas de Osakidetza en Bizkaia y Álava, tanto las urgentes como las programadas. A finales de 2024 el Ejecutivo rescindió antes de tiempo los vínculos contractuales con la compañía por la acumulación de deudas, sanciones y otras irregularidades, aunque solamente unos meses antes insistía en poner en valor su solvencia. El Gobierno vasco tuvo que formalizar dos contratos de urgencia, uno para Álava y otro para Bizkaia, para garantizar la continuidad de un servicio esencial. Se eligió a Ambulancias Gipuzkoa, la contratista en ese territorio, para que expandiera su rango a territorio alavés y, para Bizkaia, se optó por una nueva marca, Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) con Baztan-Bidasoa. Es precisamente ahora cuando se ha abierto una licitación ordinaria para regularizar la situación.

En paralelo, los antecedentes de Grup La Pau no impidieron que accediera a una adjudicación en Catalunya, aunque en junio entró ya en concurso de acreedores, un escenario que se venía barruntando ya desde sus últimos meses en Euskadi. El administrador concursal es Jordi Albiol y el juzgado responsable es el 7 de la sección mercantil de Barcelona, ya que la compañía siempre ha estado domiciliada en Badalona.

En el marco de este proceso y según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico, el 15 de julio una letrada de los servicios jurídicos del Gobierno vasco dirigió un escrito al juzgado y, en él, insistía en que la cooperativa “figura como deudora” de la Administración autonómica. La “cuantía total” supera los 13,6 millones de euros, que se desglosan en 9 millones en impagos al personal, 0,9 en “penalidades”, 1,6 en reclamaciones judiciales pendientes y más dinero en otro montón de conceptos que abarcan desde multas de los vehículos hasta 71.063 euros en alquileres pendientes por el uso de una base de los Bomberos de Álava.

Los informes adjuntos al escrito de personación recuerdan que uno de los puntos críticos llegó en el verano de 2024 cuando Grup La Pau no abonó la paga extraordinaria de julio a la plantilla. También hubo impagos de complementos de antigüedad o en períodos de bajas laborales. Ahora, hay un goteo de reclamaciones judiciales contra la empresa de sus antiguos trabajadores. Según los datos de los servicios jurídicos vascos, las peticiones ascienden ya a 1,7 millones y, sin excepción, los juzgados de lo social están condenando al Ejecutivo a pagar como responsable solidario. De momento, las arcas públicas han adelantado ya 141.559,54 euros sólo por estos procedimientos y el resto se tendrá que abonar igualmente.

Sumados todos los conceptos, Salud ha tenido que poner más de 10 millones de euros para ir tapando los agujeros que dejó Grup La Pau. En su momento, se habló de unos 12 millones en avales y garantías constituidos a la firma de las diferentes adjudicaciones para hacer frente a posibles eventualidades, pero ahora se rebaja esa cifra a 8,9 millones. Ahora, el Gobierno vasco se siente con “legitimación activa” para “personarse en el procedimiento concursal” en “defensa” del “crédito” de 13,6 millones.