Puesta a punto de la nueva cárcel de Donostia: dos kilómetros de concertinas, 45 vacantes y casi un 70% de interinos

El Gobierno vasco ha entregado ya al Parlamento Vasco un primer balance de la puesta en marcha de la nueva cárcel de Zubieta, en Donostia, adonde han sido trasladados los presos del antiguo penal de Martutene. A 21 de julio, eran ya 291 los ocupantes del presidio, una treintena más que los que llegaron en junio con la inauguración. La capacidad operativa real actual es de 407 plazas, lejos de las 653 que podría ofrecer. En cuanto al personal, hay 255 dotaciones previstas, pero hay 45 vacantes. Otro dato llamativo es que de los 210 trabajadores apenas hay 63 funcionarios y cinco laborales; el resto, el 67,6%, es personal interino.

El parlamentario del PP Santiago López Céspedes había solicitado a la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, del PSE-EE, una serie de datos sobre la puesta en marcha de Zubieta, muy criticada por los sindicatos por precipitada. Se trata de una cárcel construida por el Estado —de hecho, la UCO de la Guardia Civil acaba de manifestar en un informe las sospechas de que pudieron pagarse comisiones ilegales a la trama de Antxon Alonso y Santos Cerdán— pero cedida ya al Ejecutivo autonómico, que desde 2021 tiene las competencias de Prisiones. Martutene, de su lado, ha sido devuelta al Estado para que sea derribada y se construyan viviendas.

En el apartado de “capacidad oficial”, San José indica que es una prisión con once módulos. Son seis residenciales —uno de mujeres y cinco de varones—, otro de madres, otro para ingresos, uno de “limitaciones regimentales”, otro de enfermería y uno último como “centro de inserción social”, un espacio más abierto. Hay 332 celdas, 56 de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida, y 653 plazas totales. En relación con la “capacidad operativa”, la que permiten las instalaciones y el personal disponible, baja a 407, 374 varones y 33 mujeres.

El 17 de junio fue la fecha de puesta en servicio y el 25 se produjo ya el cierre de Martutene, que ha estado operativa casi 80 años. Según San José, “la puesta en marcha del nuevo equipamiento no ha impedido la prestación normalizada de los servicios”, contradiciendo las críticas sindicales. Con el estreno, se empezó con 262 presos. Ahora ya son 291 y el 80% comparte celda. Han llegado once desde Zaballa o Basauri, las otras cárceles vascas, y es previsible que haya más movimientos.

Durante años se había confiado en la apertura de Zubieta para aliviar el tensionamiento de la pequeña red autonómica. Señala San José que “no es posible ofrecer una previsión objetiva” de la evolución de la ocupación de aquí a final de año porque operan “múltiples variables”. En cuanto a los presos de ETA, hay 33 internos en diferentes modalidades (13 de ellos en segundo grado sin flexibilizar) y otros tantos en semilibertad, tanto en tercer grado (17) como en libertad condicional (16).

San José informa también de los gastos que ha supuesto la puesta en marcha. Esto son partidas al margen de las propias obras de construcción adjudicadas por el Gobierno central a la UTE de Acciona, Murias y Cycasa. Según el portal de transparencia del Estado, el valor estimado inicial del trabajo eran 41,3 millones, el importe de adjudicación fue de 38,8 y acabaron costando 44,5 millones tras una modificación de 1,8 millones, siempre con impuestos incluidos, acordada en 2023. El Ejecutivo vasco, preguntado por las sospechas de corrupción, indica que solamente se han hecho cargo del centro ahora y nada tuvieron que ver con la licitación.

Las obras actuales sí salen de las arcas autonómicas. Con un presupuesto de 267.177,71 euros sin IVA, está la instalación de más de dos kilómetros de “concertinas” en los muros exteriores e interiores. Por 478.938,09 euros sin IVA se están haciendo otros servicios de “acondicionamiento”. Se han contratado trabajos de “herrería” por 16.517.70 más IVA, además. Son barrotes en la cafetería, en la jefatura o en la paquetería. También “se instalarán protecciones sobre garitas” en los módulos de aislamiento e ingresos y “se han modificado dos camas añadiendo barra perimetral de sujeción”.

El traslado como tal lo hizo la Ertzaintza, pero se pagaron 10.111,97 euros en maquinaria de limpieza, 598,95 para mover los televisores, 834,5 en consultoría de seguridad laboral y, en lo tocante a “transportistas”, se abonaron 293,84 euros a una empresa de grúas, 3.158,10 a una particular y 701,80, 4.213,22 y 2.207,04 a diferentes empresas del sector. En relación con el apartado de recursos humanos, se tuvieron que pagar 6.165 euros en horas extraordinarias durante la primera semana de julio.

Las 45 vacantes existentes en la plantilla representan el 17,67% del total. ¿Qué puestos están sin cubrir? Son un gestor de servicios, dos jefes de servicio, seis coordinadores, trece “gestores de control de la convivencia”, seis “agentes de control de la convivencia” y diez agentes de apoyo, así como tres administrativos, un coordinador de intervención tratamental, un psicólogo, un trabajador social y un jurista. Se ha tirado de bolsas para encontrar a 103 trabajadores para Zubieta, sobre todo agentes de control y de apoyo, que son 86 de todos ellos. Fuentes oficiales indican que “está a punto de convocarse” una OPE de Prisiones para estabilizar la plantilla.