Un juzgado paraliza cautelarmente la reclamación de casi un millón de euros de la Diputación Bizkaia a Alonsotegi

La magistrada de lo contencioso-administrativo de Bilbao Patricia Bezos ha suspendido de modo cautelar, a través de dos autos emitidos en mayo y en junio, respectivamente, la solicitud de la Diputación de Bizkaia al municipio de Alonsotegi, ahora en manos de EH Bildu, para que devuelva una ayuda concedida en 2012 (600.000 euros) y los intereses (321.964,49 euros). El Ayuntamiento cree que es una “pequeña victoria” a la espera de que se celebre el juicio y se resuelva sobre el fondo de asunto, que tiene un claro componente político. La cantidad total de ambos conceptos, casi un millón, equivale al 19,6% del presupuesto municipal.

Hace justamente un año, en julio de 2025, este periódico informó del inicio de este tira y afloja entre la Diputación y Alonsotegi. Carambolas de la política, la institución foral, en manos del PNV, pide a los actuales gestores de EH Bildu que devuelvan un dinero cobrado cuando ese partido gobernaba en la localidad y que supuestamente iba a ser destinado a unas obras que nunca se ejecutaron.

EH Bildu, estando en la oposición, denunció este caso. De hecho, ejerció de acusación en el proceso penal al lado de la Fiscalía. El resultado de la causa judicial fue sorprendente. En la investigación, los empresarios Francisco Javier Bediaga y Eduardo Ibarra, de la contratista Laneder, confesaron la falsedad de las obras por las que había cobrado.

Después, todos los implicados llegaron a un principio de acuerdo con las acusaciones en el que admitían nuevamente los delitos y se comprometían a devolver el dinero —entonces, con intereses, rondaba los 900.000 euros— a cambio de no entrar en prisión. Hasta el entonces presidente del PNV, Andoni Ortuzar, habitualmente comedido con los casos que afectaban a su formación, consideró una “chapuza” lo sucedido en Alonsotegi, aunque evitó calificarlo como “corrupción”.

Sin embargo, no terminó de cerrarse un calendario de pagos, el exalcalde imputado José Luis Erezuma falleció por una enfermedad y el resto fue a juicio desde cero, sin que se tuviera en cuenta lo sucedido. En las vistas no se negaron los hechos, pero no hubo condenas y todos quedaron absueltos.

Fue el primer día hábil de 2026 cuando Alonsotegi pidió a la Diputación, antes de presentar un recurso contencioso-administrativo, que anulara o revocara las órdenes forales exigiendo los pagos. Bizkaia mantiene el requerimiento, pero sí accede a tenerlo en suspenso en la vía administrativa hasta que se resuelva el fondo del asunto. No obstante, Alonsotegi da relevancia a que en el juzgado no solamente se paralice cautelarmente la devolución del principal sino que se haya emitido un auto complementario que expresamente bloquea también la parte de los intereses e incluso la “generación” de más deuda.

Según el municipio, las cautelares son “de suma importancia”. La Diputación, por ejemplo, no quería que se suspendieran los intereses, lo que abría la puerta a que la cuantía creciera “de forma exponencial”. Es “una pequeña victoria”, según EH Bildu, que insiste en que hará “todo lo que esté en sus manos” para “evitar” un nuevo perjuicio para la localidad, de unos 3.000 habitantes, después de las “malas prácticas del pasado”.

Además de este caso, en Alonsotegi se abrieron otras dos investigaciones penales. En realidad, quedaron imputados tres exalcaldes consecutivos del PNV. Si Erezuma ocupó el cargo de 2011 a 2015, antes estuvo en la alcaldía Aitor Santisteban de 2007 a 2011 y antes aún Gabino Martínez de Arenaza de 1999 a 2007.

En el caso de Santisteban, los hechos son muy similares a los de la etapa de Erezuma. Se trataba de un presunto desvío de 2,3 millones de euros y las beneficiarias fueron Laneder, nuevamente, pero también Pabisa (Campezo). El dinero procedía igualmente de Bizkaia en su mayoría (1,7 millones), aunque también del Estado a través del 'plan E' de José Luis Rodríguez Zapatero mediante dos asignaciones de 230.000 euros. La Fiscalía pide siete años de cárcel para el exalcalde, los mismos que la Abogacía del Estado. Pero fuentes judiciales explican que no hay avances en la resolución de este proceso, que se está eternizando en la burocracia judicial.

En la tercera causa penal, Santisteban aparece con Martínez de Arenaza. Aquí se analiza el agujero de la sociedad municipal Alonsotegi Eraikiz, cuyo quebranto económico se situaba según algunas fuentes en 15 millones de euros, más de tres veces el presupuesto total actual de la localidad. Tampoco constan avances en este sumario.