La Fiscalía de Sevilla ha presentado una denuncia ante el Decanato de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla contra el agitador ultra Vito Quiles para iniciar una investigación por un presunto delito de estafa. El origen de este nuevo caso estaría en la recaudación de donaciones para niños víctimas de la Dana de Valencia y becas para jóvenes.

El escrito, consultado por Europa Press y fechado el pasado 23 de julio, responde a una denuncia inicial de la asociación Facua-Consumidores en Acción, presentada tres días antes, en la que señalaba un posible delito de estafa, apropiación indebida y falsedad documental por parte del comunicador.

Según Facua, el 1 de enero de 2025, Quiles “comenzó a pedir dinero desde su canal de Telegram para repartir juguetes y obsequios a niños de los municipios afectados por la Dana en la Comunidad Valenciana”. Unas donaciones que “iban a parar a la misma cuenta bancaria en la que desde julio de 2022 venía ingresando dinero de sus seguidores para financiar sus propias actividades”.

Confusión en las cuentas

“En los últimos cuatro años, el agitador ha solicitado donaciones desde el citado canal en más de una veintena de ocasiones, en todos los casos con destino a su cuenta y sin que nunca pida que el donante especifique el motivo y destino de la donación”, ha asegurado Facua por medio de su portavoz, Rubén Sánchez.

Asimismo, la entidad indica que Quiles, “a través de la web de su nuevo medio, Combativos, viene captando donaciones desde el pasado junio con el reclamo de que irán destinadas tanto a financiar la publicación de sus contenidos como a becas para jóvenes, sin aclarar cómo determinará que cantidades irán para una y otra finalidad”.

Ante esta situación, la Fiscalía ha afirmado que “el hecho de que las donaciones se deban ingresar en la misma cuenta destinada a la autofinanciación del titular, hace que quien haya realizado tales donaciones, vea frustrado su buen propósito al quedar diluida su donación en el montante del resto de cantidades”.

“A la cuenta bancaria de Quiles”

“Ciertamente, por el mismo mecanismo utilizado para la obtención de tales cantidades, se hace difícil conocer las cuantías en las que se ha lucrado haciéndose preciso la averiguación de los hechos y de las cuantías defraudadas”, ha añadido el escrito.

“Entendemos que no se trataría de iniciar una investigación que pueda entenderse meramente prospectiva, pues en este caso no iría dirigida a desvelar si existe o no delito, sino que por el denunciante se aportan datos inequívocos de que se realizan acciones por parte del denunciado que pudieran ser delictivas”, ha señalado.

Facua ha subrayado que “desveló que esa sociedad no estaba dada de alta en el Registro Mercantil y que el dinero en realidad iba a parar a la cuenta bancaria de Quiles”.

No es la primera causa impulsada por Facua contra Quiles, el secretario general de la entidad, Rubén Sánchez, solicitó el pasado mes de abril nueve años de prisión para el periodista por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico. Asimismo, desde Facua han indicado que el comunicador “está investigado en otro procedimiento por estafa tras una denuncia de Renfe por acceder a sus trenes sin el billete correspondiente”.

Nuevo hito en el proceso para la retirada definitiva de la acreditación de prensa en el Congreso de los agitadores de extrema derecha Bertrand Ndongo y Vito Quiles. La Mesa de la Cámara Baja aprobó este martes una nueva sanción contra ambos activistas, en este caso de un mes, por la interrupción de sendas ruedas de prensa. En el caso de Quiles, es la segunda penalización en firme que recibe por parte de la Mesa, tras la sanción del pasado mayo, cuando se le retiró por un periodo de tres meses la credencial. Por el contrario, es la primera vez que se sanciona a Ndongo en firme.

A principios de mayo, el Congreso impuso la retirada cautelar de la acreditación a ambos agitadores por “el notable deterioro de la situación en las salas de prensa y otras dependencias de la institución, que imposibilita el normal funcionamiento de la Cámara y sus miembros en su relación con los medios de comunicación, pilar esencial de la democracia”. “En las últimas semanas ha habido un crecimiento casi exponencial de las denuncias” contra Ndongo y Quiles “y un aumento de la gravedad de los hechos denunciados”, argumentó la Mesa entonces para imponer una decisión con los votos de PSOE y Sumar y en contra de la cual votó el PP.

Dos semanas después de esa suspensión cautelar, la Mesa resolvió el primer expediente de los más de una decena que acumula Quiles y le impuso la mencionada sanción en firme por tres meses, al considerar probado que cometió dos infracciones graves del reglamento del Congreso el pasado diciembre por grabar sin permiso y sin atender a su negativa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, posteriormente, por publicar estas imágenes “obtenidas ilícitamente” en sus redes sociales. A Ndongo, por el contrario, se le ofreció un último plazo para presentar alegaciones al primero de sus varios procedimientos abiertos, en su caso por interrumpir agresivamente una rueda de prensa de Sumar el 25 de noviembre del año pasado y enzarzarse en una discusión a gritos con las responsables de prensa del grupo parlamentario.

Este último expediente es el que decidió cerrar este martes la Mesa con la retirada de la acreditación al agitador ultraderechista por el plazo de un mes, la primera sanción en firme que recibe Ndongo. El activista se exponía a una sanción de hasta tres meses, si bien la Mesa ha optado por una penalización más suave en atención al informe del letrado que ha instruido el caso, quien, aunque considera probado que el agitador cometió dos infracciones graves del reglamento al boicotear la rueda de prensa, también cree que podría aplicarse como “atenuante” que la interrupción fue “breve” y Ndongo acabó “desistiendo” de su actitud. La normativa permite aplicar sanciones leves a infracciones graves si la Mesa advierte que existen estos atenuantes sobre los que llama la atención el informe del letrado, pero no es el caso: el órgano de gobierno de la Cámara Baja cree “debe aplicarse sanción de gravedad”.

Tanto Ndongo como Quiles tienen varias denuncias aún por resolverse en diferentes puntos de su tramitación, varias de ellas por la supuesta comisión de infracciones graves o muy graves, como los insultos proferidos por Ndongo contra la diputada Aina Vidal (Sumar). Esos expedientes pueden terminar traduciéndose en una expulsión permanente del Congreso incluso si a los dos agitadores no se les encontrara culpables de faltas muy graves —que por sí mismas pueden castigarse con la retirada definitiva de la credencial de prensa—, puesto que la acumulación de sanciones graves se considera motivo suficiente para aplicar el castigo más duro.

El reglamento tipifica como un ilícito de la mayor gravedad “las infracciones graves que se hubieran producido en más de dos ocasiones en el plazo de un año o de modo que se perjudique de manera muy grave el normal funcionamiento de la Cámara”. Y fuentes parlamentarias se muestran convencidas de que este artículo puede aplicarse tanto a Quiles como a Ndongo por algunos de los episodios que han protagonizado y por los que han sido denunciados.

Vito Quiles acumula problemas con la Justicia. En el último mes, un juzgado dictó una orden de detención —ya levantada— contra él, algo que comunicó el propio Quiles a través de sus redes sociales. La Policía intentó localizarle en su lugar de trabajo, sin resultado, para ejecutar esta orden de detención, después de que no compareciera en una causa en la que se le investiga por un presunto delito contra el honor de un funcionario del Ministerio de Trabajo, del que dijo que era asesor de Yolanda Díaz y había salido de prisión gracias a ella. Finalmente, dos días después, la defensa del agitador ultra mandó un escrito de la defensa para informar de su intención de personarse en la causa y la magistrada le citó para el 20 de julio.

Esta no es la primera ocasión en la que la justicia intenta localizar a Quiles para notificarle la apertura de una causa. El año pasado, los funcionarios de un juzgado acudieron a la sede del pseudomedio para el que trabaja Quiles (EDATV) para entregarle la documentación de un caso abierto sobre él. En ese momento, los compañeros del medio donde presta sus servicios Vito Quiles le llamaron por teléfono: “Es contactado telefónicamente por sus compañeros y les manifiesta reiteradamente que no reciban documentación”.

Quiles ha estado involucrado en distintas causas que se le atribuyen por distintas razones, tanto penales como civiles, y el Congreso de los Diputados le ha suspendido su acreditación de prensa después de cometer dos infracciones graves del reglamento. Quiles grabó sin permiso y sin atender a su negativa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, posteriormente, publicó estas imágenes “obtenidas ilícitamente” en sus redes sociales. El Congreso también justificó su decisión por el aumento de la agresividad que presentaba durante su actividad Quiles en los últimos meses. No obstante, la Policía tuvo que frenar su entrada en el Congreso a principios del mes de junio, después de que intentase acudir a un debate sobre libertad de expresión al que había sido invitado por Vox.

Facua denuncia a Quiles y a EDATV

La organización de consumidores Facua ha señalado a Vito Quiles esta misma semana por “su nuevo pseudomedio a nombre de una sociedad que no existe”. Desde la organización afirman que el negocio de Quiles, su empresa Combativos SL, solicita donaciones a través de su página web para la “producción de contenido libre y becas para jóvenes”, pero ese dinero no llega a una cuenta bancaria asociada al negocio de Quiles, sino a una personal. Además, dentro de la información del negocio que aparece en su página web, se indica que Combativos SL tiene como actividad principal el “comercio electrónico de productos relacionados con deportes de combate y artes marciales”.

Facua añadía que el negocio Combativos.com es propiedad de una empresa que no está dada de alta en el Registro Mercantil, y que en la web omiten el domicilio y el NIF de su propietario, con lo que vulnera “las leyes de servicios digitales y protección de datos”. Por ello, Facua ha denunciado a Quiles ante la Secretaría de Estado de Digitalización del Ministerio para la Transformación Digital y la Agencia Española de Protección de Datos.

Según detalla la organización de consumidores, como no se facilita la identidad real del propietario, su domicilio ni su NIF, creen que Vito Quiles estaría vulnerando el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Ya fue denunciado por el secretario general de Facua

No es la primera vez que Vito Quiles es señalado desde la organización de consumidores. Dos de las causas que tenía abiertas ante los tribunales surgieron a raíz de denuncias y querellas de Rubén Sánchez, el secretario general de Facua. Sánchez pedía nueve años de cárcel para el agitador de extrema derecha “por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico”.

Rubén Sánchez acusó a Vito Quiles de difundir una lista de bulos sobre él “con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad”. Las acusaciones van desde ser un pederasta, encubrir abusos a menores, extorsionar, amenazar de muerte y defraudar subvenciones hasta desfalcar a Hacienda. Rubén Sánchez, además, mantiene también una causa contra Vito Quiles por la vía civil del derecho al honor.

Desde la defensa de Sánchez creen que estas calumnias “fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad”. Por cada uno de estos delitos, piden 12.000 euros de multa, a razón de 20 euros diarios durante 20 meses. El abogado del secretario de la organización de consumidores, Francisco Tejado, solicitó también que Vito Quiles “sea inhabilitado para desarrollar cualquier actividad vinculada al supuesto ejercicio del periodismo durante el mismo periodo que la condena por las calumnias”. El denunciante pedía también una indemnización de 60.000 euros tanto a Vito Quiles como a EDATV, el pseudomedio para el que trabaja.

El abogado de Vito Quiles, Juan Gonzalo Ospina, anunció que recurriría y que intentaría alcanzar un acuerdo para no llegar a juicio. Sin embargo, la defensa del agitador ultra acusó públicamente a Sánchez de “subir el tono y la confrontación”, y Quiles le llamó “extorsionador”, “sinvergüenza” y “delincuente” en su cuenta de X. “Te prometo que haré todo lo posible para que acabes en la cárcel por dirigir un grupo de acoso en las redes sociales”, escribió Quiles.

Denuncia de la presidenta de Red Eléctrica

Otra causa abierta del agitador es la imputación que se conoció el pasado mes de febrero por difundir la dirección de la casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. La justicia investiga a Vito Quiles por revelación de secretos y acoso a Corredor, después de publicar en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo. Eso provocó que la presidenta de Red Eléctrica recibiera amenazas de usuarios de las redes sociales que llamaban a “quemarle la casa”, lo que le obligó a reforzar su seguridad y limitar sus salidas. Desde la defensa de Quiles consideraron que los hechos no tenían “relevancia penal” y reclamaron el archivo de las diligencias.

Una jueza citó a declarar a Vito Quiles al asumir esta causa, pero el agitador ultra no compareció a la primera citación y el juzgado intentó citarlo en varios domicilios, incluida la sede de Se Acabó La Fiesta. Al no localizarle, la jueza dictó un auto de búsqueda y citación, hasta que el juzgado logró contactar telefónicamente con su madre y fue citado a comparecer para recoger la citación “bajo apercibimiento de detención”.

Acusado de delitos de odio contra una mujer con discapacidad intelectual

El pasado mes de abril, la Fiscalía pidió a Vito Quiles dos años de prisión por delitos de odio y contra la integridad moral después de denigrar en una entrevista a pie de calle a una persona con una discapacidad intelectual del 75% durante unas protestas en Génova en 2024, frente a la sede del PP, “guiado por el ánimo de denigrar” a la mujer “por razón de su discapacidad y por las ideas políticas que le atribuía”.

La organización feminista Libres y Combativas fue la que impulsó la denuncia contra Vito Quiles, además de contra Javier Negre, director del medio para el que presta sus servicios. Las imágenes se difundieron en el propio canal de EDATV y en redes sociales. La asociación considera que fue “un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución en su modalidad de Lesión de la dignidad de las personas previsto y penado en el artículo 510.2.a) y 3 del Código Penal”, y que la situación de la mujer podía “ser advertida por cualquier persona que converse brevemente con ella”.

Imputado por estafa a Renfe

El pasado mes de mayo, Vito Quiles también fue denunciado por un presunto delito de estafa por viajar “de forma habitual y recurrente” a Madrid con un billete con destino a Albacete, a medio camino, para ahorrarse el precio completo del trayecto.

En la denuncia interpuesta por Renfe también le acusaban de utilizar “servicios exclusivos de clases superiores (denominadas confort) a los que obviamente tampoco tenía derecho, ocasionando con ello un directo perjuicio económico a la empresa por falta de abono de dichos costes”, y de mofarse de sus actitudes, además de animar a terceros a realizar las mismas estafas.

Causas archivadas por denuncias de Begoña Gómez y Sarah Santaolalla

Vito Quiles también ha sido denunciado por acoso en varias ocasiones por la periodista Sarah Santaolalla y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Gómez denunció al agitador ultra por perseguirla a la salida de un bar en Las Rozas. El pasado mes de mayo, un juzgado archivó la causa dado que no se podían acreditar “hechos que posean relevancia penal” a la vista de las grabaciones disponibles.

“Podemos observar cómo efectivamente el denunciado se introduce dentro de un local público, con la clara intención de dirigirse a la denunciante, dirigiendo multitud de cuestiones sin esperar respuestas, pero la denunciante abandona el local de inmediato, y es doña Blanca María quien aparta al denunciado”, señalaba el auto.

Por su parte, la periodista Sarah Santaolalla denunció a Vito Quiles por una supuesta agresión física ocurrida en las inmediaciones del Senado el pasado mes de marzo. Tras analizar las pruebas presentadas, incluidas las grabaciones completas de las cámaras de seguridad, la jueza titular de dicho juzgado concluyó que no se apreciaba “agresión alguna por parte del investigado” y archivó el caso.

Denunciado por un funcionario del Ministerio de Trabajo

De la causa por la que fueron a buscarle en esta última ocasión se conoce que el querellante, un funcionario del Ministerio de Trabajo, denunció que Vito Quiles había difundido en redes sociales falsamente que salió “de la cárcel” gracias a la ministra y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. El funcionario, que aseguró que trabajaba desde hace 41 años bajo gobiernos tanto del Partido Popular como del PSOE, razonó que este “bulo” dañaba “gravemente” su reputación personal y profesional en “una trayectoria intachable”, y tachó la información publicada por Quiles como “absolutamente falsa”. En esta información, el agitador le imputaba una serie de delitos por los que “habría entrado en prisión” y posteriormente habría sido puesto en libertad por la entonces vicepresidenta del Gobierno, que “lo encubrió y contrató” en el Ministerio.

Además, Vito Quiles difundió una fotografía del querellante y su nombre completo, lo que, según el funcionario, “incrementó exponencialmente el daño causado” al provocar “una persecución pública” después de recibir “insultos, vejaciones y amenazas” en redes sociales: “Cada visualización reproduce la lesión al honor de mi mandante, con riesgo cierto de nuevas difusiones, reproducciones o republicaciones”. Desde la defensa del funcionario del Ministerio de Trabajo, sostienen que Quiles ha cometido un delito continuado de calumnias al haber difundido públicamente “expresiones gravemente atentatorias contra la dignidad y reputación” del querellante, y le reclaman 50.000 euros.

La organización de consumidores Facua ha señalado a Vito Quiles por “su nuevo seudomedio a nombre de una sociedad que no existe”. Según explican, Quiles pide donaciones para su empresa Combativos SL —que se presenta como “la comunidad políticamente incorrecta más influyente del país”— para la “producción de contenido libre y becas para jóvenes”, pero ese dinero no va directamente a una cuenta bancaria asociada al negocio de Quiles, señala Facua.

Desde Facua afirman que el negocio del agitador ultra (Combativos.com) es propiedad de una empresa que no está dada de alta en el Registro Mercantil. Además, en la web omiten el domicilio y el NIF de su propietario, con lo que vulnera “las leyes de servicios digitales y protección de datos”. Por ello, Facua afirma que ha denunciado a Quiles ante la Secretaría de Estado de Digitalización del Ministerio para la Transformación Digital y la Agencia Española de Protección de Datos.

Según detalla la organización, como no se facilita la identidad real del propietario, su domicilio ni su NIF, Vito Quiles estaría vulnerando el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Además, dentro de la información del negocio que aparece en su página web, se indica que Combativos SL tiene como actividad principal el “comercio electrónico de productos relacionados con deportes de combate y artes marciales”. En el momento en que un usuario quiere realizar una donación desde la web del agitador ultra e introduce sus datos, la política de privacidad a la que se remite indica que el dinero va a la supuesta sociedad limitada de Quiles, pero la cuenta bancaria en la que después se invita a realizar el ingreso está a nombre del influencer y agitador.

El propio Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ha comunicado la denuncia de la organización en la red social X. Sánchez ya emprendió acciones legales contra Vito Quiles el pasado mes de abril, cuando reclamó nueve años de cárcel, 24.000 euros de multa y 60.000 euros de indemnización, acusándole de tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico en concurso con dos de injurias graves con publicidad. Rubén Sánchez señalaba a Quiles por acusarle de pederasta, proxeneta y líder mafioso.

La orden de detención contra Vito Quiles dada a conocer este miércoles ha sido dictada por un juzgado madrileño después de que no compareciera en una causa en la que se le investiga por un “bulo” sobre un funcionario del Ministerio de Trabajo del que dijo que era asesor de Yolanda Díaz y había salido de prisión gracias a ella, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

[En una primera versión de esta información se mencionaba a María Jesús Montero porque fuentes de los juzgados madrileños así se lo habían indicado a EFE]

Este miércoles la Policía acudió a la oficina del medio Estado de Alarma (EDATV), donde trabaja el agitador ultra, para ejecutar una orden de detención sobre Vito Quiles dictada por un juzgado de instrucción de Madrid en el marco de una investigación por un presunto delito contra el honor. Esta medida cautelar está motivada porque Quiles ha desatendido dos citaciones de la jueza en este procedimiento iniciado tras la demanda de un funcionario del Ministerio de Trabajo al que presentó en redes sociales como un asesor de la exministra que había salido de la cárcel gracias a la intervención de ésta.

En concreto, Quiles estaba citado en primer lugar para prestar declaración el pasado 9 de junio y posteriormente el 25, pero, al no acudir, el pasado lunes la jueza dictó un auto en el que ordenaba su detención por “sustraerse a la acción de la Justicia”. Quiles, según han confirmado a EFE fuentes de su defensa, tiene previsto acudir voluntariamente este jueves a la comisaría de policía más cercana a su domicilio, por lo que se prevé que se le tome declaración y sea puesto en libertad.

El querellante, que asegura que trabaja desde hace 41 años bajo gobiernos tanto del Partido Popular como del PSOE, argumenta en su demanda que la propagación en redes sociales de este “bulo” daña “gravemente” su reputación personal y profesional en “una trayectoria intachable”. A través de sus perfiles en Telegram y TikTok Quiles difundió información “absolutamente falsa” en la que le imputaba una serie de delitos por los que “habría entrado en prisión” y posteriormente habría sido puesto en libertad por la entonces vicepresidenta del Gobierno, que “lo encubrió y contrató” en el Ministerio.

Además, Quiles difundió su nombre completo y una fotografía, que puso en riesgo al demandante e “incrementó exponencialmente el daño causado” al provocar “una persecución pública” con cientos de reacciones y comentarios de usuarios de estas redes profiriendo “insultos, vejaciones y amenazas”, según consta en la demanda.

El daño ocasionado a este funcionario, insiste la querella, es “constante y continuado en el tiempo”, puesto que las publicaciones siguen estando disponibles en la red: “Cada visualización reproduce la lesión al honor de mi mandante, con riesgo cierto de nuevas difusiones, reproducciones o republicaciones”.

Por estos hechos, la representación legal del querellante sostiene que Quiles ha cometido un delito continuado de calumnias al emplear públicamente “expresiones gravemente atentatorias contra la dignidad y reputación” de este funcionario, por lo que le reclama 50.000 euros por daños morales y profesionales.

La Policía Nacional tiene una orden judicial de detención contra el comunicador Vito Quiles, que ha vinculado esa decisión a sus “denuncias masivas” contra el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El propio Quiles ha comunicado este miércoles en la red social 'X' que un juzgado, sin precisar cuál de los que siguen causas judiciales sobre él, ha acordado su detención. Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que la Policía ha recibido esa orden aunque por el momento no ha podido ser ejecutada al no localizarle en su lugar de trabajo.

“Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás”, ha expresado Quiles en su perfil.

Fuentes del despacho de Ospina Abogados que representa a Quiles ha asegurado a la agencia EFE que no tiene constancia oficial de esa orden de detención pero conocen que la Policía ha acudido al lugar de trabajo de Vito Quiles para arrestarle, si bien no se encontraba en ese lugar en ese momento. Desde el despacho han asegurado que Vito Quiles se encontraría en su domicilio y que tiene previsto acudir mañana a una comisaría para aclarar este asunto.

Las mismas fuentes han precisado que el agitador tiene abiertas varias causas en diferentes puntos de España, como en Madrid, donde se le investiga por presuntos delitos de revelación de secreto y acoso a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y en Sevilla, donde una jueza le procesó por supuestas calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.

No necesitó Feijóo más que unas horas para ofrecer el pasado miércoles una demostración antológica de su método político: quejarse de lo que él mismo ha institucionalizado. Ese día denunció en el Congreso que Pedro Sánchez hubiese difundido la zona en la que vive, invocando la protección de la familia como un derecho inviolable, mientras mentaba al fallecido padre de Patxi López —encarcelado y represaliado por el franquismo— llegando a asegurar que, si se levantara de su tumba y viera lo que ha hecho su hijo en política, no le perdonaría jamás.

El método, en realidad, se comenzó a intuir hace unos veinte años cuando aspiraba a gobernar en Galicia. Era el año 2009 y José Luis Baltar era el hombre fuerte del PP en Ourense y, por extensión, una pieza central del engranaje que llevó a Feijóo a la presidencia de la Xunta, ese trampolín desde el que se construyó la imagen ficticia de gestor moderado alejado de las guerras sucias. Baltar insinuó en esa campaña atroz que Anxo Quintana, candidato del BNG, maltrataba a su mujer. Lo hizo basándose en “lo que se comentaba por todo Allariz”, rumores sin prueba, sugiriendo que alguien con responsabilidades en materia de igualdad no podía tener “los problemas de convivencia que tenía con su mujer”, y rematando la imprudencia con una frase que sigue produciendo bastante estupor: “Pusimos al ratón a cuidar del queso”. Es decir, el PP convirtió la vida privada de Quintana y de su familia en munición electoral lanzada desde el aparato del partido, sin que nadie allí le pusiera freno.

Lo mismo ocurre con Begoña Gómez. Cuando Vito Quiles la siguió hasta un restaurante en Las Rozas mientras comía con unas amigas, el PP no salió a defender el derecho a la privacidad de la mujer de Sánchez, sino el derecho del agitador a hacer preguntas (aunque aquí resultó una defensa comprensible si se recuerda que ese mismo Vito Quiles había sido invitado a un acto de campaña del PP en Aragón como estrella del evento). O cuando Feijóo habló del negocio familiar de Begoña Gómez para acusar a Sánchez de haber “vivido de prostíbulos”, la línea roja también se desdibujó por completo porque la línea roja, se entiende ya a estas alturas, no es un principio articulado sobre una convicción política, sino una posición táctica que se despliega o se recoge según sea conveniente. La familia del adversario es legítima cuando sirve al argumentario; la propia es sagrada en cualquier circunstancia. 

Esta asimetría se basa en la construcción deliberada de un marco moral que solo genera obligaciones en una dirección. Personalmente estoy de acuerdo en eso de que la familia debe ser una línea roja en la política, pero quien lleva años convirtiendo la biografía familiar del adversario en munición de trinchera casi que renuncia al derecho moral de indignarse cuando alguien le devuelve el proyectil con el mismo calibre.

La Fiscalía Provincial de Madrid se ha sumado al recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el archivo de la denuncia que presentó contra el agitador ultra Vito Quiles por el incidente en un restaurante de Las Rozas.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el ministerio fiscal se adhiere al recurso presentado por la defensa de Gómez, al entender que todas las partes personadas en el procedimiento “tienen derecho a solicitar la práctica de diligencias de investigación que consideren, en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva”.

El pasado 21 de mayo, un juez de Majadahonda archivó la denuncia que presentó Gómez contra Quiles por un incidente en un restaurante de Las Rozas al considerar que no había delito.

Esta denuncia fue presentada por Begoña Gómez después de que Quiles le impidiera salir de un restaurante, donde la había localizado, y donde, sostenían fuentes del entorno de Gómez, la acosó con preguntas de manera agresiva sin dejarla salir del local mientras la grababa.

En el auto de sobreseimiento, el juez argumentó: “El visionado aportado no ha acreditado que haya existido tal zarandeo o que haya rodeado a la denunciante con el brazo”, como denunciaba la mujer del presidente, sino que entra en el local con la intención de dirigirse a ella “con multitud de cuestiones sin esperar respuestas, pero la denunciante abandona de inmediato el local y es B.M. —su amiga— quien aparta al denunciado”.

Ahora, la Fiscalía se adhiere al recurso presentado por la defensa de Gómez contra el archivo de esta denuncia, al entender que el sobreseimiento es prematuro.

En el recurso, los abogados de Begoña Gómez piden al juez que practique más diligencias, entre ellas que tome declaración tanto a Quiles en calidad de denunciado como a Gómez y a B.M. como denunciantes, así como a L.S. y F.P. en calidad de testigos.

Entre las diligencias también figura un requerimiento al restaurante para que facilite las grabaciones que tenga de la zona de la terraza del día 29 de abril, cuando ocurrió el incidente.

Aunque la Fiscalía considera que el resultado de estas diligencias “no va a ser diferente” a las practicadas en sede policial, el ministerio fiscal no se opone a ellas.

“Las diligencias de investigación deberán practicarse para respetar los derechos del solicitante a la tutela judicial efectiva, y a la práctica de prueba pertinente para la defensa de sus pretensiones”, argumenta en el escrito, enviado al juzgado el pasado viernes 19 de junio.

Es por este motivo que la Fiscalía se adhiere al recurso presentado por Gómez, por entender que sus razones están “plenamente ajustadas a derecho” y al considerar que “se debe realizar la actividad probatoria solicitada”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que la operación policial desarrollada en la comarca de Pamplona la semana pasada y que se saldó con 28 detenciones por los disturbios que se registraron el 30 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Universidad de Navarra tras la convocatoria fallida del agitador de extrema derecha Vito Quiles fue “adecuada y proporcional a las circunstancias”.

“Si alguien duda de esa actuación ejemplar y adecuada a las circunstancias del caso, siempre tiene en un Estado de Derecho los cauces procesales para poder ejercitar sus derechos en cualquier sentido y proceder a la evaluación de una conducta”, ha subrayado.

En respuesta a una pregunta formulada por el senador de EH Bildu Josu Estarrona en la Cámara Alta este martes, Marlaska ha señalado que el 30 de octubre “ocurrieron unos hechos violentos graves, independientemente de cuál fuera el origen o la causa”, que “generaron una violencia grave, donde se quemaron contenedores, se lesionó a cuatro agentes -a cuatro policías nacionales-, donde también resultó gravemente herido un joven que no tenía nada que ver con los hechos, también un periodista”.

“Es decir, una situación de violencia que evidentemente no queda amparada bajo el ejercicio de ningún legítimo derecho como el de oponerse, si se quiere, a un acto que siempre se puede desarrollar en un Estado democrático en parámetros pacíficos, razonables y lógicos”, ha apuntado.

En cuanto al tiempo transcurrido entre los hechos y las detenciones, Marlaska ha explicado que “en ese marco de unos hechos donde participa un conjunto muy relevante y muy importante de personas, primero hay que identificar, identificar con seguridad”. “Y eso lleva un trabajo serio de tiempo y bajo la dirección de la autoridad judicial”, ha apuntado, tras incidir en que esa investigación “ha sido tutelada por una autoridad judicial”.

“Cuando se entendió que se tenían los datos necesarios y precisos de aquellos que habían participado en unos desórdenes públicos, en un atentado a agentes de la autoridad, se procedió a las detenciones indicadas de aquellos que se entendía que habían participado”, ha afirmado.

Algunas de las personas detenidas “quedaron en libertad en la propia comisaría”, y el resto, puestos a disposición judicial, 12, quedaron finalmente en libertad provisional, pero con cargos, imputándoseles delitos de desórdenes públicos y de atentado a agentes de la autoridad, entre otros“. ”Dejemos que el proceso se desarrolle por los trámites oportunos y precisos conforme a la legislación procesal y sustantiva“, ha reivindicado.

Antes de responder a Estarrona, Marlaska ha tenido unas palabras en recuerdo de los cinco policías forales fallecidos en un accidente de tráfico en Guipúzcoa la semana pasada. El ministro ha querido transmitir su “cariño” y “solidaridad” a las familias de los cinco agentes de Policía Foral, “que desarrollan un trabajo ejemplar junto con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Por su parte, Estarrona ha considerado que la operación policial con 28 detenidos fue, “a todas luces, desproporcionada e injustificada”. “Porque, entre otras cuestiones, no existía riesgo de fuga alguno para llevar a cabo una operación de esa magnitud”, ha subrayado. A su juicio, “hemos asistido a un nuevo operativo policial que se suma al llevado a cabo el pasado 28 de abril, tras otros altercados ocurridos en febrero de este mismo año en el entorno del estadio El Sadar”. El senador ha planteado si “se pretende dar una elección ejemplarizante que busca, de alguna manera, disuadir la protesta y generar miedo entre la juventud vasca organizada”.

Según ha subrayado, “no es nueva esta forma de actuar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. “Pero a día de hoy, en el escenario político actual, estas no tienen ningún tipo de cabida, si es que alguna vez la tuvieron”, ha dicho, tras considerar que “estamos ante un intento de volver a tiempos de régimen, a tiempos de confrontación, de erosionar la convivencia en la sociedad navarra”.

Los altercados se produjeron en las inmediaciones de la Universidad de Navarra, privada y del Opus Dei, el 30 de octubre de 2025. Ese día Vito Quiles había anunciado un acto en el campus de este centro para el que no tenía autorización y que canceló unas horas antes de su inicio ante la convocatoria de movilizaciones por parte de grupos antifascistas. Pese a ello, un grupo de manifestantes abertzales encapuchados y vestidos de negro llegaron al campus de la Universidad de Navarra para protestar y comenzaron a corear consignas. Pasados unos minutos se desplazaron hacia el bario aledaño de Iturrama, donde tumbaron y quemaron contenedores y arrojaron botellas y objetos a los agentes de la Policía Nacional. Cuatro agentes resultaron heridos, uno de ellos por impacto de una piedra en la cabeza y dos más por artefactos incendiarios. En los días posteriores se detuvo a cuatro personas por estos sucesos y la semana pasada a otras 28.

EH Bildu ha criticado este lunes las 28 detenciones que llevó a cabo la semana pasada la Policía Nacional por los altercados que se produjeron en los alrededores de la Universidad de Navarra el 30 de octubre de 2025 tras la convocatoria fallida del agitador de extrema derecha Vito Quiles. La coalición abertzale ve “desproporcionadas” estas detenciones e interpelará el martes en el pleno que se celebrará en el Senado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

“Al fascismo hay que hacerle frente también aquí, en las instituciones, pero también, cómo no, en las calles; y no se puede criminalizar”, ha aseverado la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Aznal, que ha explicado que el operativo policial llevó a cabo las detenciones en domicilios y en centros estudiantiles con “presencia masiva” policial y acusaciones “totalmente desproporcionadas”. “Posteriormente, además, todas las personas detenidas fueron puestas en libertad”, ha añadido.

Los altercados se produjeron en las inmediaciones de la Universidad de Navarra, privada y del Opus Dei, el 30 de octubre de 2025. Ese día Vito Quiles había anunciado un acto en el campus de este centro para el que no tenía autorización y que canceló unas horas antes de su inicio ante la convocatoria de movilizaciones por parte de grupos antifascistas. Pese a ello, un grupo de manifestantes abertzales encapuchados y vestidos de negro llegaron al campus de la Universidad de Navarra para protestar y comenzaron a corear consignas. Pasados unos minutos se desplazaron hacia el bario aledaño de Iturrama, donde tumbaron y quemaron contenedores y arrojaron botellas y objetos a los agentes de la Policía Nacional. Cuatro agentes resultaron heridos, uno de ellos por impacto de una piedra en la cabeza y dos más por artefactos incendiarios. En los días posteriores se detuvo a cuatro personas por estos sucesos y la semana pasada a otras 28.

La coalición abertzale ve en esta actuación un caso similar al de las cargas de la Policía Nacional en el estadio de El Sadar de Pamplona tras el partido que enfrentó a Osasuna y al Real Madrid esta temporada y ha alertado de que se están “repitiendo con frecuencia” este tipo de actuaciones policiales. “Pensamos que los movimientos y respuestas antifascistas no se pueden criminalizar ni judicializar, como está haciendo la policía española”, ha apostillado.

Así, ha recordado que quién empezó “incumpliendo”, “provocando” y “quebrantando” fue el agitador ultra Vito Quiles, que pretendía llevar a cabo un acto “sin el permiso correspondiente”. “Hay veces que se nos olvida eso. El detonante fue la provocación por parte de un ultraderechista”, ha indicado, para anunciar que el martes interpelarán al ministro Marlaska. “Desde Euskal Herria Bildu queremos denunciar la criminalización del antifascismo y de la protesta social y reivindicamos el derecho a la movilización”, ha continuado, para reclamar que “cesen las actuaciones contra las personas investigadas”. “Trasladamos nuestra solidaridad a las personas afectadas”, ha apuntado.

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha respondido a estas declaraciones diciendo que “el único partido que no puede hablar de fascismo es Euskal Herria Bildu porque ”sigue defendiendo a terroristas, sigue haciendo los homenajes, los sigue integrando en sus listas electorales, sigue participando de ellos y sigue sintiéndose orgulloso de todo lo que ha significado 50 años de terrorismo en España“.

“¿Hay mayor fascismo que asesinar a quien no piensa como tú? Escuchar a la portavoz de EH Bildu hablar de fascismo resulta hiriente”, ha continuado Esparza, para criticar que la presidenta de Navarra, María Chivite, haya dicho que EH Bildu “ha dado pasos”. “Que María Chivite escuche la intervención de la portavoz de EH Bildu y nos diga si han dado pasos o no”, ha apuntado para asegurar que “EH Bildu sigue donde estaba”.

La Policía ha detenido en las últimas horas a 28 personas dentro de la segunda parte de la operación relacionada con los disturbios ocasionados el 30 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Universidad de Navarra con motivo de un acto de Vito Quiles, que finalmente se suspendió. En noviembre fueron detenidas otras cuatro personas por los mismos hechos.

Según ha informado la Policía, los detenidos están acusados de delitos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad. La investigación continúa abierta, pero desde la Policía Nacional el operativo se da por finalizado en estos momentos.

Los incidentes se produjeron en las inmediaciones del campus de la Universidad de Navarra momentos en la tarde del jueves 30 de octubre. Allí, Vito Quiles había anunciado una parada de su gira por las universidades españolas, pero dos horas antes de que comenzase anunció su cancelación ante la convocatoria de movilizaciones por parte de grupos antifascistas. La Universidad de Navarra, a su vez había cancelado todas las clases ante la previsión de que se produjeran altercados.

En torno a las 18:00 horas de la tarde un grupo de manifestantes abertzales encapuchados y vestidos de negro llegaron al campus de la Universidad de Navarra, donde comenzaron a corear consignas. Pasados unos minutos se desplazaron hacia el bario aledaño de Iturrama, donde tumbaron y quemaron contenedores y arrojaron botellas y objetos a los agentes de la Policía Nacional. Cuatro agentes resultaron heridos, uno de ellos por impacto de una piedra en la cabeza y dos más por artefactos incendiarios.

Además, un joven ajeno a los incidentes tuvo que ser trasladado al hospital con lesiones de gravedad, de igual forma que un periodista de El Español, que presentó también lesiones de consideración tras ser golpeado y arrojado al suelo.

La Policía ha impedido este lunes la entrada en el Congreso a los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo, que tienen suspendida su acreditación como periodistas y que habían sido invitados por Vox para participar en la Cámara en un debate sobre libertad de expresión.

La semana pasada, la Mesa del Congreso ya avisó al grupo parlamentario de Vox de que ambos están sancionados por “altercados” en el Congreso y que tienen más expedientes abiertos pendientes de resolver, por lo que no se les iba a dejar pasar a las dependencias del Congreso “por motivos de seguridad”.

Tanto Quiles, que trabaja para Estado de Alarma (EDATV), como Ndongo, que lo hace para Periodista Digital, tienen suspendida su acreditación de prensa por incumplir las normas de la institución, pero este lunes pretendían acudir a estas jornadas de Vox como invitados y no como periodistas.

De hecho, ambos se han acercado hasta las dependencias del Congreso con intención de entrar, si bien los policías que custodian la Cámara les han informado de que no podían acceder al recinto parlamentario por motivos de seguridad.

Así las cosas, y tras unos minutos departiendo con miembros de Vox y otro participantes en la jornada, se han subido a un taxi y han abandonado la zona.

La Mesa del Congreso acordó este martes la suspensión temporal por un plazo de tres meses de la acreditación de prensa utilizada por el agitador ultraderechista Vito Quiles en la institución. El órgano considera probado que Quiles cometió dos infracciones graves del reglamento del Congreso el pasado diciembre por grabar sin permiso y sin atender a su negativa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, posteriormente, por publicar estas imágenes “obtenidas ilícitamente” en sus redes sociales, como revela el informe elaborado por los letrados del Congreso que adelantó elDiario.es. La decisión llega un par de semanas después de que el órgano acordase su expulsión cautelar —junto a la del también activista ultra Bertrand Ndongo— por los reiterados altercados que han provocado y, en particular, por el incremento de su agresividad en los últimos meses.

La retirada de la acreditación a Quiles es la primera sanción que recibe en firme el agitador ultraderechista, que tiene más de una decena de procedimientos abiertos por la presunta comisión de diferentes infracciones del reglamento del Congreso en los últimos meses. La Mesa ha optado por el castigo más grave de los que recoge la normativa para las infracciones graves, atendiendo, según fuentes de la Cámara, a la reiterada conflictividad de Quiles, que en las próximas semanas y meses recibirá —previsiblemente— nuevas sanciones por comportamientos ilícitos, que van desde grabar en zonas sin permiso a torpedear desarrollo de las ruedas de prensa y dificultar el trabajo de los periodistas. La imposición de varias sanciones graves en los próximos meses podría suponer la aplicación de una sanción muy grave, que está castigada incluso con la retirada indefinida de la acreditación de prensa.

El informe del letrado en base al cual la Mesa ha sancionado a Quiles considera probado que, tras un acto institucional en la sala Constitucional del Congreso, el agitador ultra utilizó un teléfono móvil y un micrófono para grabar y perseguir a Zapatero hasta el ascensor, a pesar de que las personas acreditadas como redactores no tienen autorización ni acreditación para realizar grabaciones de vídeo. Asimismo, el informe relata que una funcionaria de la Dirección de Comunicación indicó al activista minutos después de su seguimiento a Zapatero que no podía grabar imágenes y que, en caso de que lo hubiera hecho, no podía publicarlas, a lo que él respondió que solo había tomado un audio. Esa afirmación es falsa, puesto que el letrado señala que Quiles publicó esas imágenes “obtenidas ilícitamente” en su perfil de X, “y no solo eso, sino que las ha comentado y apostillado”.

Además, el informe también considera “claro” que Quiles incumplió la normativa que establece que “las entrevistas o peticiones de declaraciones solo se producirán con el permiso de la persona entrevistada” y que “los representantes de los medios de comunicación deberán respetar dicha decisión, sin que puedan producirse seguimientos una vez que el interpelado lo haya decidido”. Esta conducta, señala el instructor, “no está tipificada como infracción en el reglamento del Congreso”, pero sí en uno de los documentos que desarrollan la reforma del mismo que se llevó a cabo el año pasado —con el voto en contra de PP y Vox— para atajar las actividades de los agitadores de extrema derecha, y “su incumplimiento no puede ignorarse en este procedimiento”.

Ndongo, a las puertas de una sanción

Asimismo, este martes la Mesa ha concedido un último plazo de alegaciones a Bertrand Ndongo para que ofrezca sus últimas explicaciones en relación al primero de los procedimientos que tiene abiertos, en su caso por interrumpir agresivamente una rueda de prensa de Sumar el 25 de noviembre del año pasado y enzarzarse en una discusión a gritos con las responsables de prensa del grupo parlamentario. Fuentes de la Mesa explican que, una vez transcurrido este plazo de alegaciones —que durará 15 días—, Ndongo también recibirá una sanción firme de, presumiblemente, tres meses de retirada de su credencial de prensa.

La Mesa ha concedido este último plazo para dar explicaciones a Ndongo en atención al informe del letrado que ha instruido su caso, quien, aunque considera probado que el agitador cometió dos infracciones graves del reglamento al boicotear la rueda de prensa, también cree que podría aplicarse como “atenuante” que la interrupción fue “breve” y Ndongo acabó “desistiendo” de su actitud. La normativa permite aplicar sanciones leves a infracciones graves si la Mesa advierte que existen estos atenuantes sobre los que llama la atención el informe del letrado, pero no es el caso: el órgano de gobierno de la Cámara Baja cree “debe aplicarse sanción de gravedad”.

Hasta que se tome la decisión en firme, al agitador ultraderechista se le seguirá aplicando la expulsión cautelar impuesta hace tres semanas, a diferencia de lo que ocurrirá con Quiles, al cual se le levantará esa sanción para aplicarle la expulsión en firme en cuanto esta última se le notifique oficialmente. Fuentes de la Mesa del Congreso explican que también se está barajando vetar por motivos de “seguridad” la entrada de Quiles y Ndongo en las jornadas sobre “libertad de expresión” organizadas por Vox para el próximo 1 de junio en sede parlamentaria, en las que la formación pretende congregar a representantes de OKDiario, EDATV o El Gato al Agua.

Tres activistas de Revuelta, el grupo juvenil de extrema derecha vinculado a Vox, trataron de boicotear un acto en el que participaban el ministro de Transportes, Óscar Puente; el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias; Sarah Santaolalla y el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. Después de irrumpir en el acto, los activistas de Revuelta fueron grabados yéndose en un coche con el agitador ultra Vito Quiles.

En el vídeo, publicado por IK Press, puede verse el vehículo circulando por las calles aledañas al Ateneo de Madrid, donde se produjo el encuentro 'Frenar a la extrema derecha', organizado por Facua. Mientras Quiles viaja de copiloto, en la parte de atrás puede verse a las activistas de Revuelta. Otro de los pasajeros, al darse cuenta de que están siendo grabados, le hace una peineta a la cámara.

Santaolalla ha publicado el vídeo en sus redes sociales. Además, ha asegurado que las personas que interrumpieron el acto “estaban organizados, financiados y preparados para hacer el ridículo y acosar”: “Pero luego tienes a los buleros profesionales diciendo que eran personas de izquierdas. Mejor que Vito vaya en coche y así no estafa trenes en Renfe”.

En la misma línea se ha pronunciado en X Rubén Sánchez: “Pocas cosas más patéticas que Javier Negre intentando montar un ataque de falsa bandera. Los ultras que entraron a ladrar y llamar putas a las mujeres del acto de Facua en el Ateneo de Madrid fueron abucheados por 350 demócratas y huyeron en un coche con Vito Zoppellari Quiles”.

Las activistas de Revuelta y otra persona aún sin identificar irrumpieron en el acto gritando mientras hablaban los participantes. En una de sus pancartas se podía leer: “Esto es una denuncia falsa”. Una consigna que iba acompañada de una imagen de la propia Santaolalla con el brazo inmovilizado tras su encontronazo con Quiles. Santaolalla denunció entonces el incidente como una agresión, pero la Justicia la archivó.

También se escucharon gritos contra la regularización de migrantes y consignas racistas. Los tres fueron expulsadas del recinto mientras el público gritaba “fuera, fuera”.

Durante la interrupción, también gritaron en contra de la regularización de migrantes, ya que estos “agredían a las mujeres españolas”, y repitieron consignas racistas como que el 90% de los agresores eran migrantes. Además, acusaron a los asistentes al acto de ser “cómplices” de esa situación.

El acto de Madrid forma parte de una iniciativa de Facua que se llevará a cabo en distintas ciudades de España con figuras de la política, la cultura y el periodismo y que tiene la intención de hacer reflexionar sobre el auge de la extrema derecha. El primer evento se celebró en Sevilla el 13 de mayo y contó con la participación del antropólogo y tertuliano Javier Aroca; la periodista Mercedes de Pablos, la presidenta de la Fundación José Saramago y de la asociación Acción contra el Odio, Pilar del Río, y del propio Rubén Sánchez.

Un juzgado madrileño ha archivado la denuncia contra el agitador ultra Vito Quiles por agresión cuando impidió a Begoña Gómez salir de un bar de Las Rozas a finales de abril al entender que no se han podido acreditar “hechos que posean relevancia penal” a la vista de las grabaciones que hay. La decisión es provisional y cabe recurso.

En el auto, fechado del pasado 12 de mayo, recuerda que para que una injerencia en la vida social de un personaje público se considere delito depende de la gravedad y de cómo se produzca esa intromisión. En este caso, las grabaciones aportadas al tribunal no han permitido acreditar que haya existido un “zarandeo” o que “haya rodeado a la denunciante con el brazo”. “Podemos observar cómo efectivamente el denunciado se introduce dentro de un local público, con la clara intención de dirigirse a la denunciante, dirigiendo mutlitud de cuestiones sin esperar respuestas, pero la denunciante abandona el local de inmediato, y es doña Blanca María quien aparta al denunciado”, señala el auto.

Blanca María De Juan de Castro, una de las acompañantes de Gómez en ese momento, denunció unas lesiones que para el juzgado tampoco se han podido acreditar después del visionado de los vídeos. “Consta un forcejeo entre la denunciante y el denunciado, en el que es la denunciante quien sostiene el acometimiento principal (sin relevancia penal) hacia el denunciado con la intención de expulsarlo del local. Es la propia denunciante quien manifiesta que al intentar ayudar a su amiga a que saliera del local ha sufrido lesiones, esto es, faltaría por acreditar el dolo en la causación de tales lesiones”, dice el auto.

No es la primera vez que Gómez es el objetivo de los ataques de la extrema derecha. El mes pasado, la agitadora ultra Pilar Baselga declaraba en un juicio por afirmar en un programa de Distrito TV en noviembre de 2022 que Begoña Gómez era una mujer transexual y la involucró en casos de narcotráfico. A principios de mayo, una jueza la absolvió y argumentó en su sentencia que Baselga no menoscabó el honor de Gómez.

El Congreso acaba de expulsar de forma cautelar a Vito Quiles y Bertrand Ndongo. La Mesa de la Cámara Baja aprobó la semana pasada la retirada cautelar de la credencial a ambos, una expulsión que podría ser definitiva dado que se enfrentan en los próximos meses a un goteo de expedientes, algunos de carácter grave o muy grave.

El grupo parlamentario de Vox ha organizado un evento sobre “libertad de expresión” para colar como invitados a los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo tras haber sido expulsados del Congreso. La Mesa de la Cámara Baja aprobó la semana pasada la retirada cautelar de la credencial a ambos, una expulsión que podría ser definitiva dado que se enfrentan en los próximos meses a un goteo de expedientes, algunos de carácter grave o muy grave.

El acto de Vox tendrá lugar el 1 de junio por la tarde y consta de dos mesas de debate. La bienvenida correrá a cargo de Pepa Millán, portavoz del grupo parlamentario, a la que seguirá una presentación de Manuel Mariscal, diputado y vicesecrario nacional de comunicación de Vox. A continuación se celebrará una mesa sobre “por qué es importante defender la libertad de información en los medios”, a la que están invitados representantes de OKDiario, EDATV o El Gato al Agua, entre otros.

La segunda mesa de debate, titulada 'Por qué es importante defender la libertad de expresión en redes sociales', es la que incluye a Vito Quiles y Bertrand Ndongo como invitados para sortear su expulsión. Ya no pueden entrar con su acreditación como periodistas, pero sí pueden acudir al recinto si lo hacen como invitados por un partido.

Además de Quiles y Ndongo, otros de los nombres que componen la mesa son Elena Ramallo, David Santos, Jesús Santorius, Borja Montoro y Rodrigo Villar. Finalmente, el encargado de la despedida es el líder del partido, Santiago Abascal.

Fuentes de la Mesa del Congreso justificaron la decisión de suspender cautelarmente a ambos activistas ultras por “el notable deterioro de la situación en las salas de prensa y otras dependencias de la institución, que imposibilita el normal funcionamiento de la Cámara y sus miembros en su relación con los medios de comunicación, pilar esencial de la democracia”. “En las últimas semanas ha habido un crecimiento casi exponencial de las denuncias” contra Ndongo y Quiles “y un aumento de la gravedad de los hechos denunciados”, sostienen estas fuentes.

Y añaden: “Este desprecio por la libertad de expresión de las diputadas, por su derecho a ejercer sus funciones representativas en sede parlamentaria en un contexto de respeto, constituye una verdadera amenaza al funcionamiento del Congreso y un ataque al Estado social y democrático de Derecho”.

El presidente de la gestora del Partido Popular de Gran Canaria, Carlos Sánchez, se ha estrenado en el cargo invitando al polémico agitador ultra Vito Quiles a visitar las islas como consuelo a su exclusión como periodista del Congreso de los Diputados, que se produjo la semana pasada.

Carlos Sánchez ha publicado en su cuenta en Instagram un remedo de entrevista que hace a Quiles a la puerta del Palacio de las Cortes. En esa conversación, el diputado grancanario recuerda que ambos hablaban a menudo dentro del Congreso, para a continuación lamentar tenerlo que hacer en la calle por la retirada de su acreditación por actuar como agitador obstaculizando el trabajo de los profesionales de la comunicación.

Quiles aprovecha este encuentro para agradecer el gesto del político isleño: “Bueno, es algo que cabe celebrar porque no me hablan muchos políticos a mí, ya por lo que sea”. A Sánchez se le reblandece el corazón y lo invita: “Pues que sepas que en el PP de Gran Canaria estamos abiertos a todo tipo de periodistas, de izquierdas, de derechas, mediopensionistas... de todo tipo”. 

Oportunidad que aprovecha el agitador ultra para hablar de democracia: “Yo creo que eso principalmente es la señal que de alguna forma, en fin, engrandece la democracia. Que haya gente que esté dispuesta a hablar con todo el mundo a pesar de su ideología”.

Y ya metido en faena entusiasta, Vito Quiles aprovecha para reflejar que desde el sitio en que se encuentra charlando con Sánchez ve “cómo mucha gente, políticos del PP, de Vox, pasan por aquí y son abordados por periodistas de la izquierda más radical y no veo que les lancen el micrófono, no veo que les echen, no veo que les empujen, no veo que les insulten. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Y la gran diferencia de talante democrático entre unos y otros”. 

Y remata la entrevista sugiriendo una idea: “Yo creo que ahora que ya me han echado de aquí, me podría ir una temporada a vacacionar a Canarias, ¿no? Pero no sé si soy bienvenido”. “Allí eres bienvenido”, le contesta el presidente del PP de Gran Canaria.

Carlos Sánchez fue elegido la semana pasada presidente de la Comisión Transitoria de Gobierno del PP de Gran Canaria,. es decir, comisión gestora, en un acto al que acudió el secretario general del partido, Miguel Tellado, y otros invitados como José Manuel Soria, quien lo fuera todo en la política canaria y nacional hasta que dimitió tras su aparición en los papeles de Panamá.

En cuanto a las visitas de Vito Quiles a Canarias, siempre han estado rodeadas de polémica. El pasado mes de noviembre protagonizó un acto muy polémico en la Universidad de La Laguna sin autorización de la institución académica y mostrando banderas franquistas.

L’activista Vito Quiles, investigat per part d’una jutgessa d’Alacant per un presumpte delicte d’estafa denunciat per Renfe, també va viatjar amb bitllets fraudulents a Galícia i Saragossa, segons indica la denúncia de l’empresa pública que va propiciar la seua imputació. No sols usava —“de manera habitual i recurrent”, segons Renfe— bitllets de mitjana distància per a viatjar d’Alacant a Madrid (llarga distància), amb la qual cosa s’estalviava el bitllet més car, sinó que la tècnica li va servir per a desplaçar-se a altres punts d’Espanya.

La denúncia de l’empresa pública, a què ha tingut accés aquest diari, sosté que Quiles mantenia el “mateix patró” amb aquestes altres destinacions. A tall d’exemple, segons ha detectat Renfe, l’activista ultra va usar bitllets a Zamora o Calataiud “quan en realitat s’aprecia que la destinació és clarament Madrid o Saragossa”.

La investigació interna de Renfe conclou que l’actuació de Vito Quiles “no constitueix un episodi aïllat ni un error puntual, sinó un patró continuat de conducta dirigit a eludir de manera conscient i reiterada el pagament íntegre del servei ferroviari utilitzat”.

A més, també ha acreditat que l’agitador d’extrema dreta usa aquest “mètode habitual”, almenys, des del 2024.

Pillar ‘in fraganti’

Quiles adquiria bitllets per a trajectes més curts i “sensiblement més econòmics” (com Alacant-Albacete o Madrid-Conca), malgrat utilitzar de manera efectiva serveis de llarg recorregut en la línia Alacant-Madrid i Madrid-Alacant, “amb ple coneixement de la diferència tarifària i de l’obligació de portar un títol vàlid per a la totalitat del recorregut”.

A l’activista ultra el va pillar in fraganti un revisor l’11 d’agost de 2025. Quan va transcendir, Vito Quiles ho va atribuir a un error i fins i tot es va burlar de l’empresa pública en les seues xarxes socials. Renfe, per part seua, va iniciar les perquisicions internes i té “dades objectives i verificables” que indiquen que Quiles usava reiteradament el truc. L’activista ultra fins i tot es va aprofitar de “serveis prèmium”, que en cap cas havia pagat, i va ocupar de manera “il·legítima” places Confort i va accedir a la sala Executive.

Quiles: “És una faula”

“L’impacte reputacional resultant”, assegura la denúncia, “s’ha vist multiplicat per la notorietat pública del denunciat, l’activitat mediàtica del qual en xarxes socials i presència en premsa va amplificar la difusió del missatge, generant un clima de descrèdit cap a l’empresa i cap als seus empleats, comprometent la confiança en la fiabilitat del sistema de control d’accessos, fomentant potencialment la imitació de comportaments fraudulents i obligant Renfe Viajeros a fer actuacions internes de verificació i aclariment públic”.

Quiles, citat a declarar com a investigat per la titular de la Plaça número 5 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància d’Alacant, ha assegurat en el seu compte d’X que “mai” s’ha colat en un tren. “És una faula, com tot”, ha postil·lat.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife intenta enfriar el contrato que suscribió en febrero pasado con Eda Consulting TV, la tele del agitador ultra Vito Quiles, que acaba de ser expulsado temporalmente del Congreso de los Diputados por su mala praxis profesional. El concejal de Fiestas, que a su vez preside la sociedad pública Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, Javier Caballero, dijo este jueves en una comparecencia oficial en el ayuntamiento que “a día de hoy, la empresa que ha prestado el servicio no ha presentado justificación, tampoco ha presentado factura, tampoco ha sido conformada esa factura y tampoco ha sido pagada”. Y añadió: “Hasta que la empresa no justifique los servicios y se comprueben, nosotros no vamos a pagar absolutamente nada”.

Unas afirmaciones que se contradicen con un “informe justificativo” firmado por la gerente de esa sociedad pública y entregada a un concejal socialista el pasado 15 de abril, en el que se incluían “enlaces y vídeo justificativos de la prestación del servicio, relativos al contrato con Eda TV Consulting, S.L., para la campaña publicitaria del Carnaval 2016”, valorada en 5.000 euros mediante un contrato menor.

Sin embargo, en la comparecencia de este jueves, a pesar de que la portavoz socialista, Patricia Hernández, hizo referencia a esa certificación, el concejal se enrocó en que “a día de hoy la empresa no ha prestado el servicio”, lo que equivaldría a cancelar el contrato, porque si no se ha emitido en ese medio ninguna campaña de promoción del Carnaval de 2026, que tuvo lugar en febrero, difícilmente podrá prestarlo ahora. 

Patricia Hernández, en referencia a los enlaces y el vídeo con los que en abril el Ayuntamiento de Santa Cruz dio por buenos los servicios prestados, recordó a los presentes que esos elementos fueron “una noticia de 2025” y otra titulada “la eficacia de la limpieza devuelve la normalidad”, incluyendo una entrevista al concejal de Servicios, Carlos Tarife, del Partido Popular, “explicando cómo se limpia el Carnaval a posteriori” más un vídeo 2.06 minutos “con tres gallegos borrachos y un estadounidense sin disfraz”. Nada de eso, dijo la portavoz socialista, “es la mejor forma de promocionar el carnaval”.

Cuando el debate se adentró en la consideración de los Eda TV como un “medio local”, donde lo encuadró el concejal de Fiestas, o el calificativo de pseudomedio, como lo llamó Patricia Hernández, por ser especialista en difundir bulos y generar odio, hizo despertar de su letargo al concejal de Vox, Alejandro Gómez, que invocó el derecho a “la libertad de expresión, de comunicación y de prensa”, y defendió “la difusión de un evento internacional que se por todos los medios de comunicación posibles”, para añadir que el medio de Javier (García) Negre y Vito Quiles sea un creador de bulos. “Podemos empezar por otros medios con mayor difusión…”, dejó caer Gómez.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del que es alcalde José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), que gobierna con el apoyo del Partido Popular, aceptó el 6 de febrero pasado una propuesta enviada tres días antes a la entidad pública empresarial Fiestas de Santa Cruz de Tenerife por Eda TV Consulting para promocionar el Carnaval de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo, Fitur. Lo malo es que el 6 de febrero ya el Carnaval estaba oficialmente iniciado y Fitur ya clausurada. 

La oferta tenía un enunciado perfectamente definido: “Propuesta acción publicitaria Fitur. Propuesta publicidad. Santa Cruz de Tenerife”. Es decir, el pseudomedio ultra proponía una campaña de publicidad para promocionar la principal fiesta de la ciudad y una de las más destacadas de Canarias durante la celebración en Madrid de Fitur 2026, una feria que se extendió entre el 21 y el 25 de enero.

Como adelantó este periódico, la propuesta aceptada por el Ayuntamiento de Santa Cruz debía consistir en un reportaje “sobre la gran oferta de ocio del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025 (sic), que se publicará en edatv.news (sic), con los materiales facilitados por el anunciante”. Además, debía incluir “un paquete de 150 cuñas facilitadas por el anunciante que se emitirán durante un mes en la radio digital Informa Radio y su aplicación móvil en formato mp3 128kb”, a lo que habría que añadir una “campaña display de una semana de duración en EDATV.News (sic)”. La oferta se completaba con “cuatro emisiones de un spot facilitado por el cliente, que se emitirá en el canal de YouTube de EDA y en audio en la radio digital Informa Radio y su aplicación móvil (sólo audio)” y “la promoción de los contenidos en las principales redes sociales del grupo EDA”.

De momento, tres meses después de enterrada la sardina, el proveedor no ha cumplido con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, según ha reconocido este jueves su concejal de Fiestas.

El activista Vito Quiles, investigado por parte de una jueza de Alicante por un presunto delito de estafa denunciado por Renfe, también viajó con billetes fraudulentos a Galicia y Zaragoza, según indica la denuncia de la empresa pública que propició su imputación. No solo usaba —“de forma habitual y recurrente”, según Renfe— billetes de media distancia para viajar de Alicante a Madrid (larga distancia), con lo que se ahorraba el billete más caro, sino que la técnica le sirvió para desplazarse a otros puntos de España.

La denuncia de la empresa pública, a la que ha tenido acceso este diario, sostiene que Quiles mantenía el “mismo patrón” con esos otros destinos. A título de ejemplo, según ha detectado Renfe, el activista ultra usó billetes a Zamora o Calatayud “cuando en realidad se aprecia que el destino es claramente Madrid o Zaragoza”.

La investigación interna de Renfe concluye que la actuación de Vito Quiles “no constituye un episodio aislado ni un error puntual, sino un patrón continuado de conducta dirigido a eludir de forma consciente y reiterada el pago íntegro del servicio ferroviario utilizado”.

Además, también ha acreditado que el agitador de extrema derecha usa ese “método habitual”, al menos, desde 2024.

Pillado “in fraganti”

Quiles adquiría billetes para trayectos más cortos y “sensiblemente más económicos” (como Alicante-Albacete o Madrid-Cuenca), pese a utilizar de forma efectiva servicios de largo recorrido en la línea Alicante-Madrid y Madrid-Alicante, “con pleno conocimiento de la diferencia tarifaria y de la obligación de portar un título válido para la totalidad del recorrido”.

Al activista ultra lo pilló “in fraganti” un revisor el 11 de agosto de 2025. Cuando trascendió, Vito Quiles lo atribuyó a un error e incluso se burló de la empresa pública en sus redes sociales. Renfe, por su parte, inició las pesquisas internas y cuenta con “datos objetivos y verificables” que indican que Quiles usaba reiteradamente el truco. El activista ultra incluso se aprovechó de “servicios premium”, que en ningún caso había pagado, y ocupó de manera “ilegítima” plazas Confort y accedió a la sala Executive.

Quiles: “Es un bulo”

“El impacto reputacional resultante”, asegura la denuncia, “se ha visto multiplicado por la notoriedad pública del denunciado, cuya actividad mediática en redes sociales y presencia en prensa amplificó la difusión del mensaje, generando un clima de descrédito hacia la empresa y hacia sus empleados, comprometiendo la confianza en la fiabilidad del sistema de control de accesos, fomentando potencialmente la imitación de comportamientos fraudulentos y obligando a Renfe Viajeros a realizar actuaciones internas de verificación y aclaración pública”.

Quiles, citado a declarar en condición de investigado por la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, ha asegurado en su cuenta de X que “nunca” se ha colado en un tren. “Es un bulo como todo”, ha apostillado.