La Fiscalía Provincial de Madrid se ha sumado al recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el archivo de la denuncia que presentó contra el agitador ultra Vito Quiles por el incidente en un restaurante de Las Rozas.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el ministerio fiscal se adhiere al recurso presentado por la defensa de Gómez, al entender que todas las partes personadas en el procedimiento “tienen derecho a solicitar la práctica de diligencias de investigación que consideren, en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva”.

El pasado 21 de mayo, un juez de Majadahonda archivó la denuncia que presentó Gómez contra Quiles por un incidente en un restaurante de Las Rozas al considerar que no había delito.

Esta denuncia fue presentada por Begoña Gómez después de que Quiles le impidiera salir de un restaurante, donde la había localizado, y donde, sostenían fuentes del entorno de Gómez, la acosó con preguntas de manera agresiva sin dejarla salir del local mientras la grababa.

En el auto de sobreseimiento, el juez argumentó: “El visionado aportado no ha acreditado que haya existido tal zarandeo o que haya rodeado a la denunciante con el brazo”, como denunciaba la mujer del presidente, sino que entra en el local con la intención de dirigirse a ella “con multitud de cuestiones sin esperar respuestas, pero la denunciante abandona de inmediato el local y es B.M. —su amiga— quien aparta al denunciado”.

Ahora, la Fiscalía se adhiere al recurso presentado por la defensa de Gómez contra el archivo de esta denuncia, al entender que el sobreseimiento es prematuro.

En el recurso, los abogados de Begoña Gómez piden al juez que practique más diligencias, entre ellas que tome declaración tanto a Quiles en calidad de denunciado como a Gómez y a B.M. como denunciantes, así como a L.S. y F.P. en calidad de testigos.

Entre las diligencias también figura un requerimiento al restaurante para que facilite las grabaciones que tenga de la zona de la terraza del día 29 de abril, cuando ocurrió el incidente.

Aunque la Fiscalía considera que el resultado de estas diligencias “no va a ser diferente” a las practicadas en sede policial, el ministerio fiscal no se opone a ellas.

“Las diligencias de investigación deberán practicarse para respetar los derechos del solicitante a la tutela judicial efectiva, y a la práctica de prueba pertinente para la defensa de sus pretensiones”, argumenta en el escrito, enviado al juzgado el pasado viernes 19 de junio.

Es por este motivo que la Fiscalía se adhiere al recurso presentado por Gómez, por entender que sus razones están “plenamente ajustadas a derecho” y al considerar que “se debe realizar la actividad probatoria solicitada”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que la operación policial desarrollada en la comarca de Pamplona la semana pasada y que se saldó con 28 detenciones por los disturbios que se registraron el 30 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Universidad de Navarra tras la convocatoria fallida del agitador de extrema derecha Vito Quiles fue “adecuada y proporcional a las circunstancias”.

“Si alguien duda de esa actuación ejemplar y adecuada a las circunstancias del caso, siempre tiene en un Estado de Derecho los cauces procesales para poder ejercitar sus derechos en cualquier sentido y proceder a la evaluación de una conducta”, ha subrayado.

En respuesta a una pregunta formulada por el senador de EH Bildu Josu Estarrona en la Cámara Alta este martes, Marlaska ha señalado que el 30 de octubre “ocurrieron unos hechos violentos graves, independientemente de cuál fuera el origen o la causa”, que “generaron una violencia grave, donde se quemaron contenedores, se lesionó a cuatro agentes -a cuatro policías nacionales-, donde también resultó gravemente herido un joven que no tenía nada que ver con los hechos, también un periodista”.

“Es decir, una situación de violencia que evidentemente no queda amparada bajo el ejercicio de ningún legítimo derecho como el de oponerse, si se quiere, a un acto que siempre se puede desarrollar en un Estado democrático en parámetros pacíficos, razonables y lógicos”, ha apuntado.

En cuanto al tiempo transcurrido entre los hechos y las detenciones, Marlaska ha explicado que “en ese marco de unos hechos donde participa un conjunto muy relevante y muy importante de personas, primero hay que identificar, identificar con seguridad”. “Y eso lleva un trabajo serio de tiempo y bajo la dirección de la autoridad judicial”, ha apuntado, tras incidir en que esa investigación “ha sido tutelada por una autoridad judicial”.

“Cuando se entendió que se tenían los datos necesarios y precisos de aquellos que habían participado en unos desórdenes públicos, en un atentado a agentes de la autoridad, se procedió a las detenciones indicadas de aquellos que se entendía que habían participado”, ha afirmado.

Algunas de las personas detenidas “quedaron en libertad en la propia comisaría”, y el resto, puestos a disposición judicial, 12, quedaron finalmente en libertad provisional, pero con cargos, imputándoseles delitos de desórdenes públicos y de atentado a agentes de la autoridad, entre otros“. ”Dejemos que el proceso se desarrolle por los trámites oportunos y precisos conforme a la legislación procesal y sustantiva“, ha reivindicado.

Antes de responder a Estarrona, Marlaska ha tenido unas palabras en recuerdo de los cinco policías forales fallecidos en un accidente de tráfico en Guipúzcoa la semana pasada. El ministro ha querido transmitir su “cariño” y “solidaridad” a las familias de los cinco agentes de Policía Foral, “que desarrollan un trabajo ejemplar junto con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Por su parte, Estarrona ha considerado que la operación policial con 28 detenidos fue, “a todas luces, desproporcionada e injustificada”. “Porque, entre otras cuestiones, no existía riesgo de fuga alguno para llevar a cabo una operación de esa magnitud”, ha subrayado. A su juicio, “hemos asistido a un nuevo operativo policial que se suma al llevado a cabo el pasado 28 de abril, tras otros altercados ocurridos en febrero de este mismo año en el entorno del estadio El Sadar”. El senador ha planteado si “se pretende dar una elección ejemplarizante que busca, de alguna manera, disuadir la protesta y generar miedo entre la juventud vasca organizada”.

Según ha subrayado, “no es nueva esta forma de actuar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. “Pero a día de hoy, en el escenario político actual, estas no tienen ningún tipo de cabida, si es que alguna vez la tuvieron”, ha dicho, tras considerar que “estamos ante un intento de volver a tiempos de régimen, a tiempos de confrontación, de erosionar la convivencia en la sociedad navarra”.

Los altercados se produjeron en las inmediaciones de la Universidad de Navarra, privada y del Opus Dei, el 30 de octubre de 2025. Ese día Vito Quiles había anunciado un acto en el campus de este centro para el que no tenía autorización y que canceló unas horas antes de su inicio ante la convocatoria de movilizaciones por parte de grupos antifascistas. Pese a ello, un grupo de manifestantes abertzales encapuchados y vestidos de negro llegaron al campus de la Universidad de Navarra para protestar y comenzaron a corear consignas. Pasados unos minutos se desplazaron hacia el bario aledaño de Iturrama, donde tumbaron y quemaron contenedores y arrojaron botellas y objetos a los agentes de la Policía Nacional. Cuatro agentes resultaron heridos, uno de ellos por impacto de una piedra en la cabeza y dos más por artefactos incendiarios. En los días posteriores se detuvo a cuatro personas por estos sucesos y la semana pasada a otras 28.

EH Bildu ha criticado este lunes las 28 detenciones que llevó a cabo la semana pasada la Policía Nacional por los altercados que se produjeron en los alrededores de la Universidad de Navarra el 30 de octubre de 2025 tras la convocatoria fallida del agitador de extrema derecha Vito Quiles. La coalición abertzale ve “desproporcionadas” estas detenciones e interpelará el martes en el pleno que se celebrará en el Senado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

“Al fascismo hay que hacerle frente también aquí, en las instituciones, pero también, cómo no, en las calles; y no se puede criminalizar”, ha aseverado la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Aznal, que ha explicado que el operativo policial llevó a cabo las detenciones en domicilios y en centros estudiantiles con “presencia masiva” policial y acusaciones “totalmente desproporcionadas”. “Posteriormente, además, todas las personas detenidas fueron puestas en libertad”, ha añadido.

Los altercados se produjeron en las inmediaciones de la Universidad de Navarra, privada y del Opus Dei, el 30 de octubre de 2025. Ese día Vito Quiles había anunciado un acto en el campus de este centro para el que no tenía autorización y que canceló unas horas antes de su inicio ante la convocatoria de movilizaciones por parte de grupos antifascistas. Pese a ello, un grupo de manifestantes abertzales encapuchados y vestidos de negro llegaron al campus de la Universidad de Navarra para protestar y comenzaron a corear consignas. Pasados unos minutos se desplazaron hacia el bario aledaño de Iturrama, donde tumbaron y quemaron contenedores y arrojaron botellas y objetos a los agentes de la Policía Nacional. Cuatro agentes resultaron heridos, uno de ellos por impacto de una piedra en la cabeza y dos más por artefactos incendiarios. En los días posteriores se detuvo a cuatro personas por estos sucesos y la semana pasada a otras 28.

La coalición abertzale ve en esta actuación un caso similar al de las cargas de la Policía Nacional en el estadio de El Sadar de Pamplona tras el partido que enfrentó a Osasuna y al Real Madrid esta temporada y ha alertado de que se están “repitiendo con frecuencia” este tipo de actuaciones policiales. “Pensamos que los movimientos y respuestas antifascistas no se pueden criminalizar ni judicializar, como está haciendo la policía española”, ha apostillado.

Así, ha recordado que quién empezó “incumpliendo”, “provocando” y “quebrantando” fue el agitador ultra Vito Quiles, que pretendía llevar a cabo un acto “sin el permiso correspondiente”. “Hay veces que se nos olvida eso. El detonante fue la provocación por parte de un ultraderechista”, ha indicado, para anunciar que el martes interpelarán al ministro Marlaska. “Desde Euskal Herria Bildu queremos denunciar la criminalización del antifascismo y de la protesta social y reivindicamos el derecho a la movilización”, ha continuado, para reclamar que “cesen las actuaciones contra las personas investigadas”. “Trasladamos nuestra solidaridad a las personas afectadas”, ha apuntado.

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha respondido a estas declaraciones diciendo que “el único partido que no puede hablar de fascismo es Euskal Herria Bildu porque ”sigue defendiendo a terroristas, sigue haciendo los homenajes, los sigue integrando en sus listas electorales, sigue participando de ellos y sigue sintiéndose orgulloso de todo lo que ha significado 50 años de terrorismo en España“.

“¿Hay mayor fascismo que asesinar a quien no piensa como tú? Escuchar a la portavoz de EH Bildu hablar de fascismo resulta hiriente”, ha continuado Esparza, para criticar que la presidenta de Navarra, María Chivite, haya dicho que EH Bildu “ha dado pasos”. “Que María Chivite escuche la intervención de la portavoz de EH Bildu y nos diga si han dado pasos o no”, ha apuntado para asegurar que “EH Bildu sigue donde estaba”.

La Policía ha detenido en las últimas horas a 28 personas dentro de la segunda parte de la operación relacionada con los disturbios ocasionados el 30 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Universidad de Navarra con motivo de un acto de Vito Quiles, que finalmente se suspendió. En noviembre fueron detenidas otras cuatro personas por los mismos hechos.

Según ha informado la Policía, los detenidos están acusados de delitos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad. La investigación continúa abierta, pero desde la Policía Nacional el operativo se da por finalizado en estos momentos.

Los incidentes se produjeron en las inmediaciones del campus de la Universidad de Navarra momentos en la tarde del jueves 30 de octubre. Allí, Vito Quiles había anunciado una parada de su gira por las universidades españolas, pero dos horas antes de que comenzase anunció su cancelación ante la convocatoria de movilizaciones por parte de grupos antifascistas. La Universidad de Navarra, a su vez había cancelado todas las clases ante la previsión de que se produjeran altercados.

En torno a las 18:00 horas de la tarde un grupo de manifestantes abertzales encapuchados y vestidos de negro llegaron al campus de la Universidad de Navarra, donde comenzaron a corear consignas. Pasados unos minutos se desplazaron hacia el bario aledaño de Iturrama, donde tumbaron y quemaron contenedores y arrojaron botellas y objetos a los agentes de la Policía Nacional. Cuatro agentes resultaron heridos, uno de ellos por impacto de una piedra en la cabeza y dos más por artefactos incendiarios.

Además, un joven ajeno a los incidentes tuvo que ser trasladado al hospital con lesiones de gravedad, de igual forma que un periodista de El Español, que presentó también lesiones de consideración tras ser golpeado y arrojado al suelo.

La Policía ha impedido este lunes la entrada en el Congreso a los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo, que tienen suspendida su acreditación como periodistas y que habían sido invitados por Vox para participar en la Cámara en un debate sobre libertad de expresión.

La semana pasada, la Mesa del Congreso ya avisó al grupo parlamentario de Vox de que ambos están sancionados por “altercados” en el Congreso y que tienen más expedientes abiertos pendientes de resolver, por lo que no se les iba a dejar pasar a las dependencias del Congreso “por motivos de seguridad”.

Tanto Quiles, que trabaja para Estado de Alarma (EDATV), como Ndongo, que lo hace para Periodista Digital, tienen suspendida su acreditación de prensa por incumplir las normas de la institución, pero este lunes pretendían acudir a estas jornadas de Vox como invitados y no como periodistas.

De hecho, ambos se han acercado hasta las dependencias del Congreso con intención de entrar, si bien los policías que custodian la Cámara les han informado de que no podían acceder al recinto parlamentario por motivos de seguridad.

Así las cosas, y tras unos minutos departiendo con miembros de Vox y otro participantes en la jornada, se han subido a un taxi y han abandonado la zona.

La Mesa del Congreso acordó este martes la suspensión temporal por un plazo de tres meses de la acreditación de prensa utilizada por el agitador ultraderechista Vito Quiles en la institución. El órgano considera probado que Quiles cometió dos infracciones graves del reglamento del Congreso el pasado diciembre por grabar sin permiso y sin atender a su negativa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, posteriormente, por publicar estas imágenes “obtenidas ilícitamente” en sus redes sociales, como revela el informe elaborado por los letrados del Congreso que adelantó elDiario.es. La decisión llega un par de semanas después de que el órgano acordase su expulsión cautelar —junto a la del también activista ultra Bertrand Ndongo— por los reiterados altercados que han provocado y, en particular, por el incremento de su agresividad en los últimos meses.

La retirada de la acreditación a Quiles es la primera sanción que recibe en firme el agitador ultraderechista, que tiene más de una decena de procedimientos abiertos por la presunta comisión de diferentes infracciones del reglamento del Congreso en los últimos meses. La Mesa ha optado por el castigo más grave de los que recoge la normativa para las infracciones graves, atendiendo, según fuentes de la Cámara, a la reiterada conflictividad de Quiles, que en las próximas semanas y meses recibirá —previsiblemente— nuevas sanciones por comportamientos ilícitos, que van desde grabar en zonas sin permiso a torpedear desarrollo de las ruedas de prensa y dificultar el trabajo de los periodistas. La imposición de varias sanciones graves en los próximos meses podría suponer la aplicación de una sanción muy grave, que está castigada incluso con la retirada indefinida de la acreditación de prensa.

El informe del letrado en base al cual la Mesa ha sancionado a Quiles considera probado que, tras un acto institucional en la sala Constitucional del Congreso, el agitador ultra utilizó un teléfono móvil y un micrófono para grabar y perseguir a Zapatero hasta el ascensor, a pesar de que las personas acreditadas como redactores no tienen autorización ni acreditación para realizar grabaciones de vídeo. Asimismo, el informe relata que una funcionaria de la Dirección de Comunicación indicó al activista minutos después de su seguimiento a Zapatero que no podía grabar imágenes y que, en caso de que lo hubiera hecho, no podía publicarlas, a lo que él respondió que solo había tomado un audio. Esa afirmación es falsa, puesto que el letrado señala que Quiles publicó esas imágenes “obtenidas ilícitamente” en su perfil de X, “y no solo eso, sino que las ha comentado y apostillado”.

Además, el informe también considera “claro” que Quiles incumplió la normativa que establece que “las entrevistas o peticiones de declaraciones solo se producirán con el permiso de la persona entrevistada” y que “los representantes de los medios de comunicación deberán respetar dicha decisión, sin que puedan producirse seguimientos una vez que el interpelado lo haya decidido”. Esta conducta, señala el instructor, “no está tipificada como infracción en el reglamento del Congreso”, pero sí en uno de los documentos que desarrollan la reforma del mismo que se llevó a cabo el año pasado —con el voto en contra de PP y Vox— para atajar las actividades de los agitadores de extrema derecha, y “su incumplimiento no puede ignorarse en este procedimiento”.

Ndongo, a las puertas de una sanción

Asimismo, este martes la Mesa ha concedido un último plazo de alegaciones a Bertrand Ndongo para que ofrezca sus últimas explicaciones en relación al primero de los procedimientos que tiene abiertos, en su caso por interrumpir agresivamente una rueda de prensa de Sumar el 25 de noviembre del año pasado y enzarzarse en una discusión a gritos con las responsables de prensa del grupo parlamentario. Fuentes de la Mesa explican que, una vez transcurrido este plazo de alegaciones —que durará 15 días—, Ndongo también recibirá una sanción firme de, presumiblemente, tres meses de retirada de su credencial de prensa.

La Mesa ha concedido este último plazo para dar explicaciones a Ndongo en atención al informe del letrado que ha instruido su caso, quien, aunque considera probado que el agitador cometió dos infracciones graves del reglamento al boicotear la rueda de prensa, también cree que podría aplicarse como “atenuante” que la interrupción fue “breve” y Ndongo acabó “desistiendo” de su actitud. La normativa permite aplicar sanciones leves a infracciones graves si la Mesa advierte que existen estos atenuantes sobre los que llama la atención el informe del letrado, pero no es el caso: el órgano de gobierno de la Cámara Baja cree “debe aplicarse sanción de gravedad”.

Hasta que se tome la decisión en firme, al agitador ultraderechista se le seguirá aplicando la expulsión cautelar impuesta hace tres semanas, a diferencia de lo que ocurrirá con Quiles, al cual se le levantará esa sanción para aplicarle la expulsión en firme en cuanto esta última se le notifique oficialmente. Fuentes de la Mesa del Congreso explican que también se está barajando vetar por motivos de “seguridad” la entrada de Quiles y Ndongo en las jornadas sobre “libertad de expresión” organizadas por Vox para el próximo 1 de junio en sede parlamentaria, en las que la formación pretende congregar a representantes de OKDiario, EDATV o El Gato al Agua.

Tres activistas de Revuelta, el grupo juvenil de extrema derecha vinculado a Vox, trataron de boicotear un acto en el que participaban el ministro de Transportes, Óscar Puente; el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias; Sarah Santaolalla y el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. Después de irrumpir en el acto, los activistas de Revuelta fueron grabados yéndose en un coche con el agitador ultra Vito Quiles.

En el vídeo, publicado por IK Press, puede verse el vehículo circulando por las calles aledañas al Ateneo de Madrid, donde se produjo el encuentro 'Frenar a la extrema derecha', organizado por Facua. Mientras Quiles viaja de copiloto, en la parte de atrás puede verse a las activistas de Revuelta. Otro de los pasajeros, al darse cuenta de que están siendo grabados, le hace una peineta a la cámara.

Santaolalla ha publicado el vídeo en sus redes sociales. Además, ha asegurado que las personas que interrumpieron el acto “estaban organizados, financiados y preparados para hacer el ridículo y acosar”: “Pero luego tienes a los buleros profesionales diciendo que eran personas de izquierdas. Mejor que Vito vaya en coche y así no estafa trenes en Renfe”.

En la misma línea se ha pronunciado en X Rubén Sánchez: “Pocas cosas más patéticas que Javier Negre intentando montar un ataque de falsa bandera. Los ultras que entraron a ladrar y llamar putas a las mujeres del acto de Facua en el Ateneo de Madrid fueron abucheados por 350 demócratas y huyeron en un coche con Vito Zoppellari Quiles”.

Las activistas de Revuelta y otra persona aún sin identificar irrumpieron en el acto gritando mientras hablaban los participantes. En una de sus pancartas se podía leer: “Esto es una denuncia falsa”. Una consigna que iba acompañada de una imagen de la propia Santaolalla con el brazo inmovilizado tras su encontronazo con Quiles. Santaolalla denunció entonces el incidente como una agresión, pero la Justicia la archivó.

También se escucharon gritos contra la regularización de migrantes y consignas racistas. Los tres fueron expulsadas del recinto mientras el público gritaba “fuera, fuera”.

Durante la interrupción, también gritaron en contra de la regularización de migrantes, ya que estos “agredían a las mujeres españolas”, y repitieron consignas racistas como que el 90% de los agresores eran migrantes. Además, acusaron a los asistentes al acto de ser “cómplices” de esa situación.

El acto de Madrid forma parte de una iniciativa de Facua que se llevará a cabo en distintas ciudades de España con figuras de la política, la cultura y el periodismo y que tiene la intención de hacer reflexionar sobre el auge de la extrema derecha. El primer evento se celebró en Sevilla el 13 de mayo y contó con la participación del antropólogo y tertuliano Javier Aroca; la periodista Mercedes de Pablos, la presidenta de la Fundación José Saramago y de la asociación Acción contra el Odio, Pilar del Río, y del propio Rubén Sánchez.

Un juzgado madrileño ha archivado la denuncia contra el agitador ultra Vito Quiles por agresión cuando impidió a Begoña Gómez salir de un bar de Las Rozas a finales de abril al entender que no se han podido acreditar “hechos que posean relevancia penal” a la vista de las grabaciones que hay. La decisión es provisional y cabe recurso.

En el auto, fechado del pasado 12 de mayo, recuerda que para que una injerencia en la vida social de un personaje público se considere delito depende de la gravedad y de cómo se produzca esa intromisión. En este caso, las grabaciones aportadas al tribunal no han permitido acreditar que haya existido un “zarandeo” o que “haya rodeado a la denunciante con el brazo”. “Podemos observar cómo efectivamente el denunciado se introduce dentro de un local público, con la clara intención de dirigirse a la denunciante, dirigiendo mutlitud de cuestiones sin esperar respuestas, pero la denunciante abandona el local de inmediato, y es doña Blanca María quien aparta al denunciado”, señala el auto.

Blanca María De Juan de Castro, una de las acompañantes de Gómez en ese momento, denunció unas lesiones que para el juzgado tampoco se han podido acreditar después del visionado de los vídeos. “Consta un forcejeo entre la denunciante y el denunciado, en el que es la denunciante quien sostiene el acometimiento principal (sin relevancia penal) hacia el denunciado con la intención de expulsarlo del local. Es la propia denunciante quien manifiesta que al intentar ayudar a su amiga a que saliera del local ha sufrido lesiones, esto es, faltaría por acreditar el dolo en la causación de tales lesiones”, dice el auto.

No es la primera vez que Gómez es el objetivo de los ataques de la extrema derecha. El mes pasado, la agitadora ultra Pilar Baselga declaraba en un juicio por afirmar en un programa de Distrito TV en noviembre de 2022 que Begoña Gómez era una mujer transexual y la involucró en casos de narcotráfico. A principios de mayo, una jueza la absolvió y argumentó en su sentencia que Baselga no menoscabó el honor de Gómez.

El Congreso acaba de expulsar de forma cautelar a Vito Quiles y Bertrand Ndongo. La Mesa de la Cámara Baja aprobó la semana pasada la retirada cautelar de la credencial a ambos, una expulsión que podría ser definitiva dado que se enfrentan en los próximos meses a un goteo de expedientes, algunos de carácter grave o muy grave.

El grupo parlamentario de Vox ha organizado un evento sobre “libertad de expresión” para colar como invitados a los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo tras haber sido expulsados del Congreso. La Mesa de la Cámara Baja aprobó la semana pasada la retirada cautelar de la credencial a ambos, una expulsión que podría ser definitiva dado que se enfrentan en los próximos meses a un goteo de expedientes, algunos de carácter grave o muy grave.

El acto de Vox tendrá lugar el 1 de junio por la tarde y consta de dos mesas de debate. La bienvenida correrá a cargo de Pepa Millán, portavoz del grupo parlamentario, a la que seguirá una presentación de Manuel Mariscal, diputado y vicesecrario nacional de comunicación de Vox. A continuación se celebrará una mesa sobre “por qué es importante defender la libertad de información en los medios”, a la que están invitados representantes de OKDiario, EDATV o El Gato al Agua, entre otros.

La segunda mesa de debate, titulada 'Por qué es importante defender la libertad de expresión en redes sociales', es la que incluye a Vito Quiles y Bertrand Ndongo como invitados para sortear su expulsión. Ya no pueden entrar con su acreditación como periodistas, pero sí pueden acudir al recinto si lo hacen como invitados por un partido.

Además de Quiles y Ndongo, otros de los nombres que componen la mesa son Elena Ramallo, David Santos, Jesús Santorius, Borja Montoro y Rodrigo Villar. Finalmente, el encargado de la despedida es el líder del partido, Santiago Abascal.

Fuentes de la Mesa del Congreso justificaron la decisión de suspender cautelarmente a ambos activistas ultras por “el notable deterioro de la situación en las salas de prensa y otras dependencias de la institución, que imposibilita el normal funcionamiento de la Cámara y sus miembros en su relación con los medios de comunicación, pilar esencial de la democracia”. “En las últimas semanas ha habido un crecimiento casi exponencial de las denuncias” contra Ndongo y Quiles “y un aumento de la gravedad de los hechos denunciados”, sostienen estas fuentes.

Y añaden: “Este desprecio por la libertad de expresión de las diputadas, por su derecho a ejercer sus funciones representativas en sede parlamentaria en un contexto de respeto, constituye una verdadera amenaza al funcionamiento del Congreso y un ataque al Estado social y democrático de Derecho”.

El presidente de la gestora del Partido Popular de Gran Canaria, Carlos Sánchez, se ha estrenado en el cargo invitando al polémico agitador ultra Vito Quiles a visitar las islas como consuelo a su exclusión como periodista del Congreso de los Diputados, que se produjo la semana pasada.

Carlos Sánchez ha publicado en su cuenta en Instagram un remedo de entrevista que hace a Quiles a la puerta del Palacio de las Cortes. En esa conversación, el diputado grancanario recuerda que ambos hablaban a menudo dentro del Congreso, para a continuación lamentar tenerlo que hacer en la calle por la retirada de su acreditación por actuar como agitador obstaculizando el trabajo de los profesionales de la comunicación.

Quiles aprovecha este encuentro para agradecer el gesto del político isleño: “Bueno, es algo que cabe celebrar porque no me hablan muchos políticos a mí, ya por lo que sea”. A Sánchez se le reblandece el corazón y lo invita: “Pues que sepas que en el PP de Gran Canaria estamos abiertos a todo tipo de periodistas, de izquierdas, de derechas, mediopensionistas... de todo tipo”. 

Oportunidad que aprovecha el agitador ultra para hablar de democracia: “Yo creo que eso principalmente es la señal que de alguna forma, en fin, engrandece la democracia. Que haya gente que esté dispuesta a hablar con todo el mundo a pesar de su ideología”.

Y ya metido en faena entusiasta, Vito Quiles aprovecha para reflejar que desde el sitio en que se encuentra charlando con Sánchez ve “cómo mucha gente, políticos del PP, de Vox, pasan por aquí y son abordados por periodistas de la izquierda más radical y no veo que les lancen el micrófono, no veo que les echen, no veo que les empujen, no veo que les insulten. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Y la gran diferencia de talante democrático entre unos y otros”. 

Y remata la entrevista sugiriendo una idea: “Yo creo que ahora que ya me han echado de aquí, me podría ir una temporada a vacacionar a Canarias, ¿no? Pero no sé si soy bienvenido”. “Allí eres bienvenido”, le contesta el presidente del PP de Gran Canaria.

Carlos Sánchez fue elegido la semana pasada presidente de la Comisión Transitoria de Gobierno del PP de Gran Canaria,. es decir, comisión gestora, en un acto al que acudió el secretario general del partido, Miguel Tellado, y otros invitados como José Manuel Soria, quien lo fuera todo en la política canaria y nacional hasta que dimitió tras su aparición en los papeles de Panamá.

En cuanto a las visitas de Vito Quiles a Canarias, siempre han estado rodeadas de polémica. El pasado mes de noviembre protagonizó un acto muy polémico en la Universidad de La Laguna sin autorización de la institución académica y mostrando banderas franquistas.

L’activista Vito Quiles, investigat per part d’una jutgessa d’Alacant per un presumpte delicte d’estafa denunciat per Renfe, també va viatjar amb bitllets fraudulents a Galícia i Saragossa, segons indica la denúncia de l’empresa pública que va propiciar la seua imputació. No sols usava —“de manera habitual i recurrent”, segons Renfe— bitllets de mitjana distància per a viatjar d’Alacant a Madrid (llarga distància), amb la qual cosa s’estalviava el bitllet més car, sinó que la tècnica li va servir per a desplaçar-se a altres punts d’Espanya.

La denúncia de l’empresa pública, a què ha tingut accés aquest diari, sosté que Quiles mantenia el “mateix patró” amb aquestes altres destinacions. A tall d’exemple, segons ha detectat Renfe, l’activista ultra va usar bitllets a Zamora o Calataiud “quan en realitat s’aprecia que la destinació és clarament Madrid o Saragossa”.

La investigació interna de Renfe conclou que l’actuació de Vito Quiles “no constitueix un episodi aïllat ni un error puntual, sinó un patró continuat de conducta dirigit a eludir de manera conscient i reiterada el pagament íntegre del servei ferroviari utilitzat”.

A més, també ha acreditat que l’agitador d’extrema dreta usa aquest “mètode habitual”, almenys, des del 2024.

Pillar ‘in fraganti’

Quiles adquiria bitllets per a trajectes més curts i “sensiblement més econòmics” (com Alacant-Albacete o Madrid-Conca), malgrat utilitzar de manera efectiva serveis de llarg recorregut en la línia Alacant-Madrid i Madrid-Alacant, “amb ple coneixement de la diferència tarifària i de l’obligació de portar un títol vàlid per a la totalitat del recorregut”.

A l’activista ultra el va pillar in fraganti un revisor l’11 d’agost de 2025. Quan va transcendir, Vito Quiles ho va atribuir a un error i fins i tot es va burlar de l’empresa pública en les seues xarxes socials. Renfe, per part seua, va iniciar les perquisicions internes i té “dades objectives i verificables” que indiquen que Quiles usava reiteradament el truc. L’activista ultra fins i tot es va aprofitar de “serveis prèmium”, que en cap cas havia pagat, i va ocupar de manera “il·legítima” places Confort i va accedir a la sala Executive.

Quiles: “És una faula”

“L’impacte reputacional resultant”, assegura la denúncia, “s’ha vist multiplicat per la notorietat pública del denunciat, l’activitat mediàtica del qual en xarxes socials i presència en premsa va amplificar la difusió del missatge, generant un clima de descrèdit cap a l’empresa i cap als seus empleats, comprometent la confiança en la fiabilitat del sistema de control d’accessos, fomentant potencialment la imitació de comportaments fraudulents i obligant Renfe Viajeros a fer actuacions internes de verificació i aclariment públic”.

Quiles, citat a declarar com a investigat per la titular de la Plaça número 5 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància d’Alacant, ha assegurat en el seu compte d’X que “mai” s’ha colat en un tren. “És una faula, com tot”, ha postil·lat.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife intenta enfriar el contrato que suscribió en febrero pasado con Eda Consulting TV, la tele del agitador ultra Vito Quiles, que acaba de ser expulsado temporalmente del Congreso de los Diputados por su mala praxis profesional. El concejal de Fiestas, que a su vez preside la sociedad pública Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, Javier Caballero, dijo este jueves en una comparecencia oficial en el ayuntamiento que “a día de hoy, la empresa que ha prestado el servicio no ha presentado justificación, tampoco ha presentado factura, tampoco ha sido conformada esa factura y tampoco ha sido pagada”. Y añadió: “Hasta que la empresa no justifique los servicios y se comprueben, nosotros no vamos a pagar absolutamente nada”.

Unas afirmaciones que se contradicen con un “informe justificativo” firmado por la gerente de esa sociedad pública y entregada a un concejal socialista el pasado 15 de abril, en el que se incluían “enlaces y vídeo justificativos de la prestación del servicio, relativos al contrato con Eda TV Consulting, S.L., para la campaña publicitaria del Carnaval 2016”, valorada en 5.000 euros mediante un contrato menor.

Sin embargo, en la comparecencia de este jueves, a pesar de que la portavoz socialista, Patricia Hernández, hizo referencia a esa certificación, el concejal se enrocó en que “a día de hoy la empresa no ha prestado el servicio”, lo que equivaldría a cancelar el contrato, porque si no se ha emitido en ese medio ninguna campaña de promoción del Carnaval de 2026, que tuvo lugar en febrero, difícilmente podrá prestarlo ahora. 

Patricia Hernández, en referencia a los enlaces y el vídeo con los que en abril el Ayuntamiento de Santa Cruz dio por buenos los servicios prestados, recordó a los presentes que esos elementos fueron “una noticia de 2025” y otra titulada “la eficacia de la limpieza devuelve la normalidad”, incluyendo una entrevista al concejal de Servicios, Carlos Tarife, del Partido Popular, “explicando cómo se limpia el Carnaval a posteriori” más un vídeo 2.06 minutos “con tres gallegos borrachos y un estadounidense sin disfraz”. Nada de eso, dijo la portavoz socialista, “es la mejor forma de promocionar el carnaval”.

Cuando el debate se adentró en la consideración de los Eda TV como un “medio local”, donde lo encuadró el concejal de Fiestas, o el calificativo de pseudomedio, como lo llamó Patricia Hernández, por ser especialista en difundir bulos y generar odio, hizo despertar de su letargo al concejal de Vox, Alejandro Gómez, que invocó el derecho a “la libertad de expresión, de comunicación y de prensa”, y defendió “la difusión de un evento internacional que se por todos los medios de comunicación posibles”, para añadir que el medio de Javier (García) Negre y Vito Quiles sea un creador de bulos. “Podemos empezar por otros medios con mayor difusión…”, dejó caer Gómez.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del que es alcalde José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), que gobierna con el apoyo del Partido Popular, aceptó el 6 de febrero pasado una propuesta enviada tres días antes a la entidad pública empresarial Fiestas de Santa Cruz de Tenerife por Eda TV Consulting para promocionar el Carnaval de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo, Fitur. Lo malo es que el 6 de febrero ya el Carnaval estaba oficialmente iniciado y Fitur ya clausurada. 

La oferta tenía un enunciado perfectamente definido: “Propuesta acción publicitaria Fitur. Propuesta publicidad. Santa Cruz de Tenerife”. Es decir, el pseudomedio ultra proponía una campaña de publicidad para promocionar la principal fiesta de la ciudad y una de las más destacadas de Canarias durante la celebración en Madrid de Fitur 2026, una feria que se extendió entre el 21 y el 25 de enero.

Como adelantó este periódico, la propuesta aceptada por el Ayuntamiento de Santa Cruz debía consistir en un reportaje “sobre la gran oferta de ocio del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025 (sic), que se publicará en edatv.news (sic), con los materiales facilitados por el anunciante”. Además, debía incluir “un paquete de 150 cuñas facilitadas por el anunciante que se emitirán durante un mes en la radio digital Informa Radio y su aplicación móvil en formato mp3 128kb”, a lo que habría que añadir una “campaña display de una semana de duración en EDATV.News (sic)”. La oferta se completaba con “cuatro emisiones de un spot facilitado por el cliente, que se emitirá en el canal de YouTube de EDA y en audio en la radio digital Informa Radio y su aplicación móvil (sólo audio)” y “la promoción de los contenidos en las principales redes sociales del grupo EDA”.

De momento, tres meses después de enterrada la sardina, el proveedor no ha cumplido con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, según ha reconocido este jueves su concejal de Fiestas.

El activista Vito Quiles, investigado por parte de una jueza de Alicante por un presunto delito de estafa denunciado por Renfe, también viajó con billetes fraudulentos a Galicia y Zaragoza, según indica la denuncia de la empresa pública que propició su imputación. No solo usaba —“de forma habitual y recurrente”, según Renfe— billetes de media distancia para viajar de Alicante a Madrid (larga distancia), con lo que se ahorraba el billete más caro, sino que la técnica le sirvió para desplazarse a otros puntos de España.

La denuncia de la empresa pública, a la que ha tenido acceso este diario, sostiene que Quiles mantenía el “mismo patrón” con esos otros destinos. A título de ejemplo, según ha detectado Renfe, el activista ultra usó billetes a Zamora o Calatayud “cuando en realidad se aprecia que el destino es claramente Madrid o Zaragoza”.

La investigación interna de Renfe concluye que la actuación de Vito Quiles “no constituye un episodio aislado ni un error puntual, sino un patrón continuado de conducta dirigido a eludir de forma consciente y reiterada el pago íntegro del servicio ferroviario utilizado”.

Además, también ha acreditado que el agitador de extrema derecha usa ese “método habitual”, al menos, desde 2024.

Pillado “in fraganti”

Quiles adquiría billetes para trayectos más cortos y “sensiblemente más económicos” (como Alicante-Albacete o Madrid-Cuenca), pese a utilizar de forma efectiva servicios de largo recorrido en la línea Alicante-Madrid y Madrid-Alicante, “con pleno conocimiento de la diferencia tarifaria y de la obligación de portar un título válido para la totalidad del recorrido”.

Al activista ultra lo pilló “in fraganti” un revisor el 11 de agosto de 2025. Cuando trascendió, Vito Quiles lo atribuyó a un error e incluso se burló de la empresa pública en sus redes sociales. Renfe, por su parte, inició las pesquisas internas y cuenta con “datos objetivos y verificables” que indican que Quiles usaba reiteradamente el truco. El activista ultra incluso se aprovechó de “servicios premium”, que en ningún caso había pagado, y ocupó de manera “ilegítima” plazas Confort y accedió a la sala Executive.

Quiles: “Es un bulo”

“El impacto reputacional resultante”, asegura la denuncia, “se ha visto multiplicado por la notoriedad pública del denunciado, cuya actividad mediática en redes sociales y presencia en prensa amplificó la difusión del mensaje, generando un clima de descrédito hacia la empresa y hacia sus empleados, comprometiendo la confianza en la fiabilidad del sistema de control de accesos, fomentando potencialmente la imitación de comportamientos fraudulentos y obligando a Renfe Viajeros a realizar actuaciones internas de verificación y aclaración pública”.

Quiles, citado a declarar en condición de investigado por la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, ha asegurado en su cuenta de X que “nunca” se ha colado en un tren. “Es un bulo como todo”, ha apostillado.

Una jueza de Alicante ha requerido a Renfe los vídeos de las cámaras de videovigilancia de los viajes en AVE del activista ultra Vito Quiles, al que ha imputado por un presunto delito de estafa, según ha adelantado El Plural. Quiles, afirma la denuncia de Renfe, viajaba “de forma habitual y recurrente” a Madrid con un billete con destino a Albacete, a medio camino, para ahorrarse el precio completo del trayecto. Hasta que lo pillaron.

El auto de la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, al que ha tenido acceso elDiario.es, cita a declarar a Quiles en condición de investigado, previa averiguación de su domicilio.

La resolución solicita a Adif que busque en sus sistemas de videovigilancia si aparece Quiles en las imágenes en las fechas en que Renfe ha detectado que el activista ultra viajó desde Alicante con un billete con destino a Albacete, aunque situándose en la cafetería para llegar a Madrid.

La denuncia de Renfe, a la que también ha tenido acceso este diario, afirma que Quiles “de forma habitual y recurrente”, viajaba en trayectos de media o larga distancia abonando un billete mucho más económico (con un destino notoriamente más próximo) y, “además, utilizaba servicios exclusivos de clases superiores (denominadas confort) a los que obviamente tampoco tenía derecho, ocasionando con ello un directo perjuicio económico a la empresa por falta de abono de dichos costes”. 

La denuncia de la empresa pública apostilla que el investigado reconoció en redes sociales los “actos fraudulentos” supuestamente cometidos. Por otro lado, “aprovechando su notoria presencia pública e influencia digital, se jactó abiertamente de haber disfrutado reiteradamente de los servicios de primera clase sin abonar su coste, mofándose de la empresa denunciante y animando a terceros a realizar conductas similares”, agrega la denuncia.

El “potencial efecto multiplicador” entre los usuarios

La repercusión de la conducta de Quiles provocó un “grave perjuicio reputacional” a Renfe, al “proyectar públicamente una imagen de impunidad frente al fraude, afectando a su credibilidad como operadora de transporte público y generando un potencial efecto multiplicador entre usuarios”.

La denuncia reseña el incidente del 11 de agosto de 2025, cuando Quiles fue detectado “in fraganti” viajando en AVE a Madrid con un título de transporte de Alicante a Albacete, por un precio con tarifa joven por importe de 6,15 euros. El activista ultra fue pillado en la cafetería una vez el convoy traspasó Albacete en dirección a Madrid.

Vito Quiles, según la denuncia, trató de “esquivar el abono del billete y viajar gratuitamente”. Solo abonó el precio del billete cuando faltaban 20 minutos para la llegada a Madrid, habiendo sido previamente advertido por el revisor de que se procedería a su identificación policial en caso contrario.

La denuncia detalla que Quiles acabó pagando 89,71 euros, además del 3,5% de los gastos de gestión (un importe notablemente superior a los 6,15 euros que había abonado). Posteriormente, el activista ultra arguyó en sus redes sociales que se había tratado de un error, una “apariencia exculpatoria incompatible con la realidad comprobada”, según Renfe.

Un “patrón de comportamiento” desde “al menos” 2024

A raíz del incidente y de su amplificación por parte de Quiles en redes sociales, la empresa pública comprobó que la conducta del imputado, lejos de ser una pauta “aislada y casual”, respondía a un “patrón de comportamiento” del activista ultra, “al menos” desde 2024.  

La denuncia cruza los viajes abonados hasta Albacete con las ubicaciones físicas exhibidas en redes por Quiles en Madrid. A su vuelta desde la capital, según la denuncia, también recurría a billetes con destino a Albacete, a pesar de que habría alargado el trayecto hasta Alicante, su lugar de residencia.

“En ninguna ocasión se ha realizado publicación alguna por parte del denunciado en Albacete el mismo día en que efectúa el viaje”, afirma la denuncia. 

Renfe advierte de que la jugada de Quiles es fácilmente contrastable con las imágenes de las cámaras de seguridad. De hecho, la empresa pública pidió a Adif el “bloqueo” de las imágenes de los andenes de Albacete y Madrid.

Tras el análisis, Renfe cifra el perjuicio ocasionado por Quiles en un importe “no inferior a 850 euros”. Aunque también advierte de que podría incrementarse “en función de las diligencias que se practiquen”.

Diez meses después de que se aprobase —pese al rechazo de PP y Vox— la reforma del reglamento del Congreso para poder sancionar las prácticas agresivas de los agitadores con acreditación de prensa, la Mesa de la Cámara Baja aprobó este miércoles —también con la oposición del PP— la retirada cautelar de la credencial a dos de los máximos exponentes de este activismo de extrema derecha: Vito Quiles y Bertrand Ndongo. La decisión, por ahora, es tan solo provisional y será notificada a los sancionados durante este jueves, lo que permitió a Ndongo aparecer por el Congreso horas después de aprobarse su expulsión. Pero fuentes parlamentarias se muestran convencidas de que, en las próximas semanas, la sanción se convertirá en definitiva ante la decena larga de denuncias contra ambos agitadores que se encuentran en diferentes fases de su tramitación, puesto que en varias de ellas se investigan infracciones graves o muy graves que pueden terminar traduciéndose en una expulsión permanente del Congreso.

La decisión de aprobar este miércoles una suspensión provisional de las acreditaciones de Quiles y Ndongo —que representan, respectivamente, a los pseudomedios EDA TV y Periodista Digital— es fruto de un cambio de planes de última hora, puesto que lo inicialmente previsto era que la Mesa analizara este miércoles los primeros informes jurídicos emitidos por los letrados sobre tres de los 11 expedientes abiertos contra los agitadores (ocho contra Quiles y tres contra Ndongo). Esos informes, finalmente, no se analizaron en la reunión de este miércoles, por lo cual no se ha podido aprobar aún una sanción definitiva. Pero los servicios jurídicos del Congreso han entendido que estaba justificado emplear la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas para aprobar la expulsión cautelar de los activistas “ante la reiteración de altercados y notable deterioro de la convivencia” en las últimas semanas, especialmente después de que la semana pasada Ndongo llamara “idiota” a la diputada Aina Vidal.

Esa decisión provisional, no obstante, es tan solo el primer paso para la retirada definitiva y permanente de la credencial de periodistas que han utilizado en los últimos años Quiles y Ndongo para provocar altercados, boicotear el funcionamiento ordinario del Congreso y el trabajo de los periodistas y difundir el argumentario de la ultraderecha camuflándolo de preguntas. Fuentes parlamentarias explican que en un plazo de días o pocas semanas la Mesa adoptará las primeras sanciones firmes. Varios de los expedientes abiertos lo son por infracciones graves que el reglamento del Congreso establece que “se sancionarán con una suspensión de la credencial de entre once días y tres meses”. Pero también hay algunas por faltas muy graves, que “se sancionarán con una suspensión de la credencial de entre tres meses y un día a tres años o, en su caso, con la revocación definitiva de la credencial”.

Incluso si no se les encontrara culpables de faltas muy graves, la mera acumulación de sanciones por infracciones graves contra Quiles y Ndongo podría traducirse en que perdieran permanentemente la acreditación. El reglamento tipifica como un ilícito de la mayor gravedad “las infracciones graves que se hubieran producido en más de dos ocasiones en el plazo de un año o de modo que se perjudique de manera muy grave el normal funcionamiento de la Cámara”. Y fuentes parlamentarias se muestran convencidas de que este artículo puede aplicarse tanto a Quiles como a Ndongo por algunos de los episodios que han protagonizado y por los que han sido denunciados.

Fuentes de la Mesa del Congreso justifican la decisión de suspender cautelarmente a ambos activistas ultras adoptada este miércoles por “el notable deterioro de la situación en las salas de prensa y otras dependencias de la institución, que imposibilita el normal funcionamiento de la Cámara y sus miembros en su relación con los medios de comunicación, pilar esencial de la democracia”. “En las últimas semanas ha habido un crecimiento casi exponencial de las denuncias” contra Ndongo y Quiles “y un aumento de la gravedad de los hechos denunciados”, y “tan solo en su reunión de hoy, la Mesa ha tenido que tramitar cuatro informes” por “episodios de intolerable nivel de violencia verbal, e incluso de ataques físicos a diputadas de esta Cámara”, argumentan las fuentes consultadas, que sostienen que “este desprecio por la libertad de expresión de las diputadas, por su derecho a ejercer sus funciones representativas en sede parlamentaria en un contexto de respeto, constituye una verdadera amenaza al funcionamiento del Congreso y un ataque al Estado social y democrático de Derecho”.

Tres expedientes muy avanzados

A día de hoy son tres los expedientes cuya tramitación está más avanzada, dos contra Quiles y uno contra Ndongo, por infracciones tipificadas como graves. Pero el segundo tiene pendiente también —aunque aún al inicio de su instrucción y, por tanto, con semanas o meses por delante hasta que sea resuelta— la denuncia interpuesta la semana pasada por Sumar por los insultos a Vidal. Ese episodio podría suponerle la expulsión directa del Congreso, dado que la normativa recoge expresamente como infracción muy grave “la falta de respeto o a las reglas de cortesía en el recinto parlamentario y zonas o edificios adscritos al Congreso” y, “en todo caso”, “proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas”.

A Quiles, por su parte, se le investiga por haber grabado sin autorización, presuntamente, tanto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como al presidente Pedro Sánchez en las dependencias del Congreso, algo que solo están autorizados a hacer los camarógrafos debidamente acreditados por los medios de comunicación, y no las personas con credencial de redactor. En los informes que ha redactado tras escuchar a todas las partes, el letrado que ha instruido los casos propone expulsar entre 11 días y tres meses —la horquilla que determina el reglamento de la Cámara Baja para infracciones graves— al agitador ultra por grabar a Zapatero “ilícitamente” y publicar el vídeo en sus redes sociales. Por el contrario, la propuesta del instructor es exonerar a Quiles en el segundo caso, el de Sánchez, porque entiende que “no se puede probar con certeza” que esa grabación se produjera al no existir pruebas documentales que así lo avalen.

Los agitadores ultraderechistas Vito Quiles y Bertrand Ndongo ya tienen prohibida su entrada en el Congreso, aunque aún de manera cautelar. Este miércoles, la Mesa de la Cámara dio luz verde a las primeras sanciones contra ambos activistas por los reiterados altercados que han provocado y decidió retirarles provisionalmente la acreditación de prensa. Fuentes del Congreso explican que, en las próximas semanas, se empezarán a resolver de manera definitiva algunas de las más de una decena de denuncias que acumulan ambos activistas, lo que previsiblemente conllevará la imposición de más sanciones. Si se demuestra que ha existido acumulación de faltas graves, como las fuentes consultadas prevén que ocurrirá, estas sanciones podrían derivar en la expulsión permanente de ambos de la Cámara Baja.

La Mesa ha tomado esta decisión con el apoyo de la mayoría que reúnen PSOE y Sumar, mientras el PP —que se ha mostrado cercano en los últimos tiempos a Quiles y que incluso le invitó a su cierre de campaña en Aragón en febrero— ha decidido levantarse del órgano para no votar. La suspensión aprobada este miércoles es provisional y debe ir renovándose, pero como ambas formaciones progresistas tienen mayoría asegurada en el órgano de gobierno del Congreso, podrán ir extendiendo la sanción hasta que empiecen a llegar las resoluciones definitivas. Fuentes de la Cámara Baja aseguran que la suspensión cautelar se adopta “ante la reiteración de altercados y notable deterioro de la convivencia” en las últimas semanas, y “a la espera de la resolución definitiva de los numerosos expedientes que [Quiles y Ndongo] tienen abiertos por altercados de distinta índole y que están en tramitación”.

“La Mesa se ve obligada a tomar esta medida cautelar por el notable deterioro de la situación en las salas de prensa y otras dependencias de la institución, que imposibilita el normal funcionamiento de la Cámara y sus miembros en su relación con los medios de comunicación, pilar esencial de la democracia”, argumentan las fuentes de la Mesa consultadas. ⁠La suspensión provisional se ampara en el artículo 56.2 de la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, que dispone que “antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas”.

Los altercados que se produjeron la semana pasada han sido el detonante que ha llevado a que este miércoles se adoptara la suspensión cautelar de Ndongo y Quiles. Fuentes de la Mesa denuncian que, tan solo en esta última reunión, el órgano “ha tenido que tramitar cuatro informes emitidos por el Consejo Consultivo de Comunicación, formado por funcionarios, políticos y periodistas” contra los dos agitadores ultraderechistas “por episodios de intolerable nivel de violencia verbal, e incluso de ataques físicos a diputadas de esta Cámara”. En concreto, esa mención a la violencia verbal y física se refiere a los insultos proferidos por Ndongo el martes de la semana pasada contra la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, a quien llamó “idiota” y, posteriormente, acosó en las inmediaciones de la Cámara Baja, llegando a impedirle durante unos momentos acceder a un taxi.

Las fuentes parlamentarias consultadas concretan que, en menos de diez meses que lleva vigente la reforma del reglamento del Congreso que permite sancionar los altercados provocados por pseudoperiodistas, Quiles cuenta con ocho expedientes abiertos, dos de ellos con una propuesta de sanción ya emitida. Ndongo, por su parte, tiene tres procedimientos pendientes, uno de ellos con propuesta de sanción y en fase de alegaciones finales por parte del afectado antes de que la Mesa resuelva definitivamente.

Todo listo para que esta misma semana los agitadores de extrema derecha Vito Quiles y Bertrand Ndongo reciban su primera sanción por su conducta en el Congreso. Fuentes parlamentarias dan por hecho que la Mesa de la Cámara Baja aprobará este miércoles retirar la acreditación de prensa a ambos activistas —que representan a los pseudomedios Periodista Digital y EDA TV— por un periodo máximo de tres meses, al haber quedado demostrados los hechos relatados en las dos primeras denuncias que se han instruido contra ellos. En concreto, la Mesa plantea sancionar a Quiles por haber grabado con su teléfono móvil en dos ocasiones en lugares en los que no está permitido y a Ndongo por torpedear a gritos una rueda de prensa de Sumar.

Diferentes fuentes explican que está previsto que el letrado del Congreso que ha instruido las investigaciones sobre los dos agitadores entregue esta semana a la Mesa —el órgano de gobierno de la Cámara— su informe jurídico. En dicho documento, el instructor señalará que, a su juicio, las conductas de Quiles y Ndongo que ha investigado son constitutivas de sendas infracciones graves del reglamento, penadas con la retirada de la acreditación por un periodo de entre 11 días y tres meses. Esa conclusión coincide con la que emitió en enero el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, un órgano que cuenta con representación de todos los grupos políticos y también de asociaciones de periodistas y de la dirección de comunicación del Congreso. De ser finalmente castigados, EDA TV y Periodista Digital no podrán enviar a otros activistas a sustituir a los sancionados.

En concreto, a Quiles se le ha investigado por dos denuncias presentadas por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) a finales de 2025, cuando el agitador grabó sin permiso tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en dependencias del Congreso de acceso restringido, ignorando su negativa a responder a sus argumentarios de extrema derecha disfrazados de preguntas. Posteriormente, el activista difundió estas grabaciones en sus redes sociales. Desde que se reformó en julio del año pasado —con el voto en contra de PP y Vox—, el reglamento del Congreso prohíbe expresamente “la grabación de imágenes o audios fuera de los espacios habilitados para ello o sin la preceptiva autorización o credencial” y “la publicación en medios y redes sociales de imágenes o audios obtenidos vulnerando lo dispuesto” en la normativa.

Por su parte, la denuncia que se ha instruido contra Ndongo la presentó Sumar en diciembre, unos días después de que el agitador interrumpiera una rueda de prensa de la portavoz parlamentaria de la formación, Verónica Martínez, y se enfrentara a gritos tanto con ella como con las responsables de prensa y varios periodistas que le recriminaron su actitud. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria estimó hace unos meses que la conducta de Ndongo, además de haber obstaculizado el desarrollo de la comparecencia, había implicado “una visible violencia verbal” sobre Martínez y también sobre la periodista a la que Ndongo no permitió hacer uso de la palabra que tenía concedida, “que fueron interpeladas de manera completamente inapropiada”.

Las fuentes consultadas explican que ambos procedimientos se han alargado tanto (cinco meses desde que fueron registradas las denuncias) porque el procedimiento que se estableció tras la reforma del reglamento del año pasado es muy garantista y se ha seguido con mucho celo. Tras registrarse las denuncias, la Mesa incoó los expedientes y dio traslado de los mismos al Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria para que emitiera su informe. Después comenzó la fase de instrucción, que es la que más se ha extendido: el letrado de las Cortes designado para llevarla ha dado amplios plazos de alegaciones a Quiles y Ndongo y, además, ha tenido que acreditar la existencia de pruebas suficientes para sancionar a los dos agitadores.

El objetivo, explican las fuentes consultadas, ha sido que el procedimiento sea impecablemente escrupuloso para evitar que, en el futuro, pueda ser tumbado por el Tribunal Supremo. Así ocurrió en 2019, cuando el Alto Tribunal anuló la expulsión temporal de un redactor de OK Diario que se coló sin permiso en el despacho de Irene Montero en el Congreso y publicó fotografías realizadas en el mismo. Entonces, el Supremo estimó su recurso ante la decisión de la Mesa de retirarle la acreditación por entender que esa actitud no estaba tipificada como infracción en el reglamento de la Cámara Baja, algo que no ocurre en esta ocasión, puesto que la reforma de la normativa el año pasado ya especificó tanto una serie de conductas prohibidas como un catálogo de sanciones para castigar su incumplimiento.

11 denuncias contra los ultras

Los dos expedientes sobre los que la Mesa emitirá un veredicto el próximo miércoles son tan solo una pequeña fracción de las denuncias que tienen pendientes los agitadores de extrema derecha. Desde que se aprobó la reforma del reglamento en julio, se ha dado trámite a un total de ocho denuncias contra Quiles y otras tres contra Ndongo, la última de ellas cursada esta misma semana por Sumar después de que el segundo llamara “idiota” a la portavoz adjunta de la formación, Aina Vidal, y la abordara a la salida del Congreso para impedirle acceder a un taxi. 

Fuentes parlamentarias, de hecho, no descartan que lo garantista del procedimiento que se ha diseñado para castigar este tipo de infracciones provoque la exoneración de los dos activistas en alguno de los procesos que tienen pendientes si no se puede acreditar la existencia de suficientes pruebas para castigarlos. Pero también señalan que ese supuesto, de producirse, únicamente revelaría la escrupulosidad con la que se ha diseñado el reglamento para no interferir con el derecho a la libertad de prensa.

En cualquier caso, la reiteración de estas conductas por parte de Quiles y Ndongo —que se juzgará en los próximos meses, a medida que vaya avanzando la instrucción del resto de los expedientes que tienen abiertos— es muy clara, y el reglamento establece que la comisión de tres o más infracciones graves en el periodo de un año se considerará una falta muy grave. Estas infracciones están castigadas con “una suspensión de la credencial de entre tres meses y un día a tres años o, en su caso, con la revocación definitiva de la credencial”.

La decisión que, con toda probabilidad, adoptará este miércoles la Mesa en base al informe del instructor también revelará la división política que provoca este asunto. PSOE y Sumar, víctimas directas del hostigamiento de Ndongo y Quiles —al igual que dirigentes de partidos como Podemos, ERC o EH Bildu—, tienen mayoría en el órgano que debe tomar la decisión sobre la sanción a los activistas ultras. Pero el PP, que está en minoría en la Mesa, lleva meses apoyando y financiando las prácticas de los agitadores, y parece muy complicado que vaya a votar a favor de su sanción.

La dirección popular no solo se ha negado a condenar el último episodio de acoso de Quiles contra Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, sino que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, se preguntó “quiénes son los que han tenido algún tipo de actitud violenta”. El propio Quiles, al día siguiente del episodio, utilizó el despacho de una diputada del PP para grabar un vídeo contra Sánchez y Gómez, un episodio denunciado ya por el PSOE. Además, el presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, invitó a Quiles a participar en su acto de cierre de campaña en las elecciones autonómicas del pasado febrero.

Asistimos a lo que algunos consideran un apasionante debate sobre quién es periodista y quién no. Debería ser una cuestión gremial, como si acaso procediera el debate sobre quién sea médico, abogado, militar o lo que fuere. Cosas de la mediatización de casi todo. En lo que a mi opinión concierne, en relación con la conducta de ciertos agitadores mediáticos, es un debate falso o, en todo, caso, invasivo. Creo que lo relevante es si hay un periodismo democrático o no.

Pero ocurre que se da una cierta iluminación y cierto postureo en la profesión, de ahí lo de invasivo, como si no hubiera periodistas en las dictaduras; en la nuestra reciente, señalados periodistas pasaron del régimen anterior al nuevo sin despeinarse e, incluso, algunos han tenido la habilidad de figurar en los anaqueles de la admiración de la profesión.

Puestos de todas formas a decidir quién es periodista, qué decir de aquellos que desde que se levantan hasta que se acuestan -elijan la franja horaria- no apean al presidente del gobierno de hijo de puta e incluso al líder de la oposición de otras lindezas y groserías, según la línea editorial-nutritiva, es un decir, del reconocido o temido periodista del que se trate. ¿Periodismo?

La fidelidad a los hechos es una obligación profesional y democrática, solo factible de ser socavada por la ignorancia, el sesgo o el engaño

El debate último es sobre el acoso pero qué decir de la mentira sostenida, habitualmente a sueldo o subvencionada. Azorado por el auge de los totalitarismos de su tiempo, George Orwell exclamó, gritó, que no había controversia sobre la libertad de expresión, “la controversia es sobre si mentir es deseable o no en democracia”. O acosar, añadiría,

La fidelidad a los hechos es una obligación profesional y democrática, solo factible de ser socavada por la ignorancia, el sesgo o el engaño, al que, sostiene Orwell, todo observador es vulnerable, periodista o no. La honestidad intelectual del periodista- sigue- consiste en informar de lo que ha visto, sin inventar hechos o imaginar situaciones, sin ser cautivo de la propia ideología ni la del medio que le paga. La inestabilidad, la precariedad, son una realidad que golpea la libertad de informar pero se convierte con frecuencia en la coartada personal para el engaño, un intento imposible de lavar la mala conciencia.

George Orwell afirmó con contundencia —noten que escribió estas reflexiones en los treinta—: “El periodista no es libre cuando se ve obligado a escribir mentiras o a silenciar lo que parece una noticia de importancia; el redactor o editor que piensa que trabaja con libertad, que opina libremente, no es libre tampoco cuando tiene que falsificar sus verdaderas sensaciones subjetivas”.

El debate puede seguir, es bueno que lo tengan los periodistas, pero sería bueno que amplíen el campo, no es solo periodismo, no son ellos el centro, se trata del periodismo y los periodistas en una sociedad democrática, ampliando el foco más allá de la singularidad de prácticas absolutamente despreciables que no se anulan con reacciones gremiales.

Nos va mucho, nos va que la mentira, la manipulación, el acoso, se conviertan en la excusa para hablar poco de democracia y mucho de los que se consideran elegidos no sé por quién.

Nos engañan con la mentira, el engaño, más que con la fuerza; la frase es de Simón Bolívar. Espero que el desenfoque de la cuestión no nos desvíe de lo fundamental: defender la democracia.

(Los textos y reflexiones completas aparecen en Democracia en alerta, del que soy autor)

Me he reído mucho este fin de semana repasando “los mejores memes de la agresión de Vito Quiles a Begoña Gómez”. Bueno, en realidad las noticias que así figuraban en varios medios no decían “agresión” sino “altercado”, “incidente” o “enfrentamiento”; pero da igual, las risas son las mismas. Es ya una costumbre de cierto periodismo hacer recopilación de los chistes y fotomontajes que cualquier asunto provoca en redes sociales, y no iba a ser menos una agresión de un activista ultraderechista a la mujer del presidente del Gobierno. Total, tenemos ya muy normalizado que políticos, sus familias, periodistas, activistas de izquierda (curiosamente siempre de izquierda) sean señalados, insultados, acosados, amenazados y tarde o temprano agredidos. Vengan memes.

También me he reído mucho leyendo columnas de prensa y escuchando a presentadores de radio y tertulianos televisivos que estos días han hecho burla también de la agresión, cuando no la han convertido en sospechosa: ¿no sería una cortina de humo de Moncloa para tapar las acusaciones de Aldama contra Sánchez? ¿Dónde estaban los escoltas de la mujer del presidente? ¿Habrá sido todo un montaje para desviar la atención? ¿No será que Begoña Gómez llevaba la falda muy corta e iba provocando? Otra forma graciosa de normalizar que políticos, sus familias, periodistas, activistas de izquierda (curiosamente siempre de izquierda) sean señalados, insultados, acosados, amenazados y tarde o temprano agredidos. Vengan columnas y tertulianeo.

Las risas han sido ya de convulsión cuando he escuchado a dirigentes y portavoces del Partido Popular, con Feijóo a la cabeza, considerar “periodista” al agresor, comentar que el agredido en realidad era él, arrojar sospechas sobre lo sucedido, y recordar que Begoña Gómez tiene problemas con la justicia, es decir que va con la falda muy corta. Otra forma insuperable de normalizar que políticos, sus familias, periodistas, activistas de izquierda (curiosamente siempre de izquierda) sean señalados, insultados, acosados, amenazados y tarde o temprano agredidos. Vengan declaraciones de miembros del PP, y venga conchabeo.

Cuenta nuestro compañero Antonio Maestre, en su muy recomendable libro Me crie como un fascista, la “devastación psicológica” que ha sufrido en los últimos años por “el acoso fascista al que llevo sometido más de una década”. Un acoso que incluye insultos, amenazas, violencia verbal, en redes pero también en la calle, incluido un intento de agresión por parte de un neonazi mientras paseaba por su barrio. Y cuando Antonio dice “neonazi” no es una licencia ni una forma de hablar: el que fue a por él era un neonazi violento, que había pasado por la cárcel, miembro de grupos criminales y vinculado al narcotráfico.

Antes de que un neonazi le intentase agredir en su barrio, Antonio había sido señalado, insultado, acosado y amenazado por matones como Vito Quiles que tanta risa y tanta sospecha y tanta comprensión reciben por parte de algunos medios, columnistas, tertulianos y políticos. Lo mismo que Antonio pueden contar otros que se han visto acosados en sus casas, en sus trabajos, en la calle y por supuesto en redes sociales. Incluidos periodistas que hacen su trabajo en el Congreso y que, por quejarse del matonismo disfrazado de periodismo que hace Quiles, se han visto también señalados, insultados, acosados y amenazados.

Pero nada, sigamos recopilando memes, escribiendo columnas ingeniosas y soltando declaraciones miserables en los pasillos del Congreso.