Los grupos parlamentarios del PP y de VOX han vetado las comparecencias de expertos para analizar la futura Ley de creación del Consejo LGTBI de Cantabria. Los diputados de ambas formaciones han unido sus votos en la Comisión parlamentaria que tramita la norma para impedir que se escuche al presidente presidente de ALEGA (Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria), del presidente del Consejo de la Juventud de Cantabria y de la coordinadora de ACCAS-Asociación Ciudadana Cántabra Anti Sida y presidenta de CESIDA-Coordinadora estatal de VIH y sida.

Estas comparecencias han sido solicitadas por el PSOE, mientras que el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) no propuso ningún nombre.

En la misma sesión, la Comisión si aprobó comparecencias de expertos para otro proyecto de ley para modificar la Ley de Derechos y Servicios Sociales. Los diputados dieron el visto bueno a citar en el Parlamento a ocho profesionales para debatir el asunto. Al PRC solo le aprobaron uno de los ocho nombres que propuso y al PSOE cinco de 35.

La tramitación de cualquier ley en el Parlamento de Cantabria incluye la participación de expertos sobre el tema. Se conoce como comparecencias. Los grupos parlamentarios proponen nombres de personas relacionadas con la cuestión a debatir, se negocian en la Comisión y se hace un calendario para que expliquen su parecer sobre la futura normativa y respondan a las preguntas de los diputados.

“No tiene sentido aprobar una ley para dar voz al colectivo y, al mismo tiempo, silenciar durante su tramitación parlamentaria a personas que pueden aportar conocimiento, experiencia y propuestas”, reprochan los socialistas en un comunicado.

La iniciativa de crear este Consejo LGBTI partió del propio Gobierno autonómico del Partido Popular que lo anunció como “una iniciativa que refuerza el compromiso del Ejecutivo con la igualdad, la no discriminación y la participación social”. No obstante, según los socialistas, ya parte “de una tramitación que no escucha a sectores relevantes”.

Pero, en realidad, era una obligación que ya llevaba tres años de retraso cuando se planteó. Una cuestión legal que estaba pendiente para completar el desarrollo efectivo de la Ley de Cantabria de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales, en vigor desde diciembre de 2020. Ese texto ya preveía la creación de este instrumento de participación y consulta.

La ley LGTBI de Cantabria establecía que el proyecto de ley de creación del Consejo se debía remitir al Parlamento en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la norma. Es decir, debía haber llegado a la Cámara en diciembre de 2022 como plazo máximo.

El Consejo nace con la voluntad de ser “un órgano estable de representación, consulta y colaboración entre la Administración y la sociedad civil en todas aquellas políticas que afectan a los derechos del colectivo LGTBI” -apuntan desde el Gobierno de la presidenta Buruaga- “consolidando un marco institucional más inclusivo”.

Miembros de la Comisión parlamentaria

La Comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Parlamento de Cantabria está formada por cuatro diputados del Partido Popular -Álvaro Aguirre (presidente), Alejandro Liz, Yolanda García y Alfonso García-, los regionalistas Teresa Noceda y Ana Obregón, los socialistas Joaquín Gómez y Nórak Cruz; Armando Blanco, en representación de Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio que también en origen fue elegido diputado por ese mismo grupo parlamentario.

Lo que ha sucedido ayer en el Parlamento de Cantabria no es -según el PSOE- una situación aislada. Los socialistas sostienen que el PP ha actuado de la misma forma durante la tramitación de la Ley de Vivienda, la Ley de Juventud o la Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar, “bloqueando la mayoría de las comparecencias propuestas por la oposición de la mano de Vox”.

La candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, ha presentado este viernes un paquete de medidas fiscales dirigido a aliviar el impacto del incremento del coste de la vida en las familias y que, según las estimaciones de los regionalistas, permitiría reducir la carga tributaria a más de 250.000 contribuyentes de la comunidad autónoma.

En concreto, plantea aumentar un 10% los mínimos personales y familiares, deflactar un 10% los tramos del IRPF y establecer una cláusula antiinflación permanente.

Fernández Viaña ha avanzado que trasladará estas propuestas el próximo lunes a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), a la que preguntará en el Parlamento si el Gobierno tiene previsto hacer algo “para mejorar la vida de los cántabros ante los problemas que padecen cada día”.

En su intervención, la regionalista pedirá a Buruaga que el Ejecutivo cumpla de manera íntegra los compromisos alcanzados con el PRC y que ponga en marcha estas tres medidas fiscales concretas para compensar el impacto de la escalada de precios en las familias, incrementar su renta disponible y evitar que la inflación se traduzca en una mayor carga tributaria.

“Los regionalistas, si denunciamos un problema, ponemos una solución”, ha asegurado la candidata, quien ha explicado que el objetivo de sus medidas es responder a las dificultades que afrontan los cántabros para asumir gastos cotidianos como la cesta de la compra, la vivienda o los suministros.

Fernández Viaña ha enmarcado estas propuestas en una situación económica que, a su juicio, dista del “triunfalismo” del Gobierno de Buruaga y ha acusado al Ejecutivo de haber “desaprovechado tres años de coyuntura económica favorable” para hacer avanzar a Cantabria y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

En este sentido, ha señalado que la inflación alcanza el 5,1% en Cantabria, la mayor de España, mientras el incremento del precio de la vivienda supera el 14%.

Cumplir lo pactado

Como primera propuesta, Fernández Viaña ha reclamado a Buruaga que ejecute “todo lo pactado con el PRC” durante la legislatura y materialice los compromisos todavía pendientes incluidos en los acuerdos presupuestarios. Entre ellos, ha señalado las obras e inversiones comprometidas, las ayudas a la dependencia y las mejoras en la sanidad pública, un conjunto de actuaciones que tendrán, según ha explicado, un impacto de “decenas de millones de euros” en la economía de Cantabria.

“Tiene que cumplir todo lo que ha pactado con el PRC, porque al final es lo que ha pactado con los cántabros y es lo que afecta al día a día y al bolsillo de las familias”, ha afirmado.

Propuestas fiscales

La candidata ha avanzado una nueva propuesta fiscal con tres medidas para adaptar el IRPF al incremento del coste de la vida y conseguir efectos “visibles en las nóminas” de los contribuyentes. La primera consiste en aumentar un 10% los mínimos personales y familiares, con el objetivo de garantizar que una mayor parte de la renta destinada a cubrir las necesidades básicas del contribuyente y su familia quede libre de tributación.

Así, el mínimo general del contribuyente pasaría de 5.550 a 6.105 euros. La cuantía correspondiente al primer hijo aumentaría de 2.400 a 2.640 euros; la del segundo, de 2.700 a 2.970 euros; la del tercero, de 4.000 a 4.400 euros; y la correspondiente al cuarto y siguientes, de 4.500 a 4.950 euros.

Además, la propuesta contempla mejoras para los contribuyentes con ascendientes y personas con discapacidad a su cargo y para las familias numerosas y monoparentales.

La segunda medida consiste en deflactar un 10% las cantidades correspondientes a los tramos del IRPF, con el propósito de impedir que la inflación genere “subidas encubiertas de impuestos” y compensar el incremento acumulado de los precios, que supera el 10% en los últimos tres años.

De este modo, según los cálculos del PRC, una persona con un salario bruto anual de 22.000 euros podría disponer de hasta 150 euros más al año; con 30.000 euros, hasta 250 euros; con 40.000 euros, hasta 400 euros; y con 50.000 euros, hasta 600 euros.

El efecto sería mayor al combinar la deflactación con el incremento de los mínimos personales y familiares. Como ejemplo, Fernández Viaña ha indicado que una pareja con dos hijos, uno de ellos menor de tres años, con ingresos conjuntos de entre 45.000 y 50.000 euros, podría obtener un ahorro aproximado de casi 700 euros anuales.

Como tercera medida, los regionalistas proponen establecer una cláusula antiinflación permanente para actualizar automáticamente el impuesto cuando el IPC anual supere el 3%. De esta forma, la actualización se aplicaría al ejercicio siguiente sin necesidad de aprobar una nueva ley, con el objetivo de evitar que futuros incrementos del coste de la vida se traduzcan en una mayor carga tributaria para las familias.

Según las estimaciones de los regionalistas, más de 250.000 contribuyentes residentes en Cantabria se beneficiarían de estas medidas mediante una reducción de su carga tributaria.

Un 11% más en altos cargos y personal de confianza

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Fernández Viaña ha denunciado que el Gobierno de Buruaga gasta en altos cargos y personal de confianza un 11% más que el último Ejecutivo bipartito, al haber pasado esta partida de 7,6 millones de euros en 2022 a 8,4 millones en 2025.

Según la candidata regionalista, el PP “pasó años exigiendo reducir el gasto político” y ahora, desde el Gobierno, “hace exactamente lo contrario de lo que defendía”.

El PRC ha criticado que el Gobierno de Cantabria (PP) “funciona más como una diputación provincial llorando” que como un “verdadero” ejecutivo autonómico “con autonomía” para tomar decisiones, gestionar y adoptar medidas para poner remedio a los problemas “reales” y del “día a día” de los ciudadanos, y le ha reclamado que “cambie el rumbo” pues está “muy alejado de la realidad”.

Esta ha sido, precisamente, la petición que ha hecho la diputada del PRC y candidata a la Presidencia de Cantabria en las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández, a la Bien Aparecida, patrona de Cantabria y que se celebra este martes en el santuario de Hoz de Marrón (Ampuero), al que han acudido multitud de fieles y representantes institucionales.

Allí, la regionalista ha instado al Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga que “piense en los cántabros” y se ocupe de adoptar medidas que ayuden a resolver las cuestiones que preocupan a la ciudadanía, como la inflación porque la comunidad “está a al cabeza”; los problemas de la industria, el “desmantelamiento” de los servicios básicos o la vivienda.

En este último ámbito, la candidata regionalista ha criticado el proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria que el Gobierno autonómico ha registrado en el Parlamento regional y que, a su juicio, “no soluciona los problemas” y ha anunciado que el PRC va a presentar enmiendas que “le darán la vuelta totalmente” al texto -el Ejecutivo no tiene mayoría absoluta con lo que necesita a alguno de los grupos para sacarlo adelante-.

También ha defendido la Ley de Convivencia Escolar y protección de la Función Docente que su partido plantea como alternativa a la Ley de Autoridad Docente del Ejecutivo.

Y en relación a la sanidad, ha denunciado su “desmantelamiento”, unas listas de espera “cada vez más largas” y la situación de la Atención Primaria o del Hospital Comarcal de Laredo, “que está dejando de ser un hospital de urgencias 24/7 a uno que ”se dedica a muy poquitas cosas“ ya que ”todo lo demás se deriva a Valdecilla“.

Además, se ha referido al convenio singular del Hospital Santa Clotilde, para el que el PRC ha demandado un control parlamentario.

Por otro lado, la regionalista ha advertido que hay varias compromisos asumidos por el Gobierno en el acuerdo de los Presupuestos de 2026 suscrito con el PRC que aún no se han cumplido, entre otros algunos en materia de dependencia o relacionados con las subvenciones nominativas.

“El Gobierno tiene que hacer los deberes”, ha afirmado Fernández que también ha reclamado al PP que designe ya a sus tres representantes en la comisión independiente que en octubre tendrá que evaluar el cumplimiento el acuerdo presupuestario y para la que el PRC ya ha nombrado a los suyos (el catedrático de Economía José Villaverde, la enfermera María Terán y el ingeniero de Caminos Fernando Saldaña).

Respecto al nuevo curso político que ahora se inicia, Fernández ha avanzado que el PRC se dedicará a trasladar los problemas que realmente tiene el ciudadano en su día a día y ante los que -se ha quejado- el Gobierno del PP no ha adoptado medidas.

“Voy a salir a ganar las elecciones, lo tengo clarísimo. Me voy a dejar la piel”, ha dicho este viernes Felipe Piña, a ocho meses de las elecciones municipales. “Se va a votar es a Santander y no una siglas”, ha lanzado el portavoz del Grupo Municipal Regionalista en Santander, tras anunciar que ha presentado su candidatura a las primarias dentro del PRC para ser el aspirante a la Alcaldía de Santander.

De esta forma, si gana las primarias, competirá frente a la regidora Gema Igual (PP), a la que ha calificado como “probablemente, la peor alcaldesa de toda la historia de la ciudad”.

Piña ha dado declaraciones en la plaza del Ayuntamiento de Santander, en las que ha hablado de un proyecto “transformador” que dará lugar a una “recuperación” de la ciudad, “totalmente abocada a la decepción de los vecinos”. “Hoy se inicia un nuevo ciclo en Santander”, ha defendido tras la apertura del calendario de los comicios internos, del PRC.

“No me presento como un candidato ideológico, sino como -y permitidme que haga esa apreciación- como el candidato de todos los santanderinos”. Piña, que ha creado durante tres años un perfil activo en redes sociales recorriendo los barrios de Santander, ha advertido de que, en este tiempo, ha notado un “tsunami” en contra de la regidora: “Santander era la envidia de cualquier ciudad y se ha convertido en algo que ha decepcionado a los vecinos en cada esquina, en cada barrio”, ha dicho sobre sus visitas a los barrios de la ciudad.

Además, ha calificado de “error” por parte de Génova que sea candidata a continuar en la Alcaldía, después de casi 50 años de gobiernos del PP en la capital de Cantabria: “Sin ningún género de duda, va a bajar” en sus resultados electorales y ha vaticinado que no se repetirá una mayoría absoluta.

Consultado sobre si contemplaría una coalición PRC-PSOE en el futuro equipo de gobierno, se ha circunscrito a su plan: “No podemos hablar de coaliciones, como digo, en una situación de que yo voy a salir a ganar las elecciones”.

Piña ha cuestionado que el Ayuntamiento que dirige Gema Igual haya “creado” un modelo “de ciudad escaparate y masificada”, que ha dado con “la expulsión de los vecinos”. Por todo ello, ha insistido en la necesidad de “recuperar” la ciudad. “La alcaldesa va a bajar por desgaste, por la mala gestión, por la soberbia”, ha vaticinado Piña.

Piña ha asegurado que “estaría contento” si alguien más del partido se presentara como candidato a las primarias -que se celebrarían el 10 de octubre-. El candidato ha dicho que agradece las primarias del PRC, “de la misma manera que mi aterrizaje en 2023 fue un poco abrupto”, ha dicho en referencia a su candidatura en las anteriores municipales.

El PRC ha exigido al ministerio de Transportes del Gobierno de España que aclare cuándo se retomarán las obras del tercer carril de la Autovía de la Meseta (A-67) entre Polanco y Santa Cruz de Bezana y ha reclamado un calendario “actualizado”, “claro y definitivo” de esta actuación. Además, ha advertido que estará “vigilantes” ante cualquier modificación de los plazos y exigirá responsabilidades si la situación actual termina retrasando la finalización de la actuación.

Así lo ha afirmado en un comunicado la diputada y candidata del partido a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, que ve “inaceptable” que, transcurrido “más de un mes” desde que la retirada de buena parte de la maquinaria que estaba ejecutando la obra, el Ministerio “no haya ofrecido todavía una explicación clara sobre cuándo se van a retomar los trabajos con normalidad y qué consecuencias tendrá esta situación sobre los plazos de ejecución”.

Para Fernández, la situación resulta “especialmente preocupante” tras conocerse que la empresa adjudicataria --la UTE San José-Aceinsa-- solicitó el pasado 16 de junio la suspensión temporal de los trabajos para tramitar un modificado del proyecto.

Y después de que el Ministerio negara que la obra estuviera formalmente paralizada y afirmara que se iba a solicitar la “continuidad provisional” de los trabajos al considerar que hay trabajos que la empresa puede ejecutar y no afectan al modificado, el PRC quiere saber por qué esas actuaciones “no se están ejecutando al ritmo previsto”.

“Si existe un problema que impide continuar con normalidad, queremos saber cuál es, cuánto tiempo va a durar y cómo piensa resolverlo el Ministerio”, ha señalado la candidata del PRC.

Asimismo, Fernández ve necesario que el delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), explique “qué ha cambiado” desde el pasado 12 de junio, cuando aseguró públicamente que las obras del tercer carril “van a buen ritmo”, sobre todo teniendo en cuenta que a comienzos de agosto reconoció que el Gobierno estaba negociando con la adjudicataria una revisión de precios y expresó su confianza en que los trabajos recuperasen “pronto” su “velocidad de crucero”.

“Ha pasado más de un mes y seguimos sin saber cuándo va a volver esa velocidad de crucero”, ha aseverado. Fernández ha indicado que el PRC ha venido reclamando la reducción de los plazos de ejecución de esta actuación al considerar “excesivo” el periodo de cinco años previsto, más en una infraestructura situada “en el principal corredor de movilidad de Cantabria”.

Ha destacado que se trata de una infraestructura “fundamental” para las comunicaciones entre Santander y Torrelavega y “absolutamente estratégica” para Cantabria, ya que soporta diariamente un elevado volumen de desplazamientos y constituye una “conexión esencial para la actividad económica, industrial y laboral” de la comunidad autónoma.

El último presupuesto de Cantabria se aprobó a finales de abril después de un pacto por sorpresa de última hora con el Partido Regionalista de Cantabria que incluyó subir el sueldo a los profesores que llevaban meses de movilizaciones. Con su apoyo, el PRC salvava así -por tercera vez en la legislatura- las cuentas públicas del Gobierno en minoría del Partido Popular, tras una intensa campaña de presión del PP hacia los alcaldes regionalistas que veían peligrar las inversiones en sus municipios.

Cuatro meses después, los docentes siguen en pie de guerra. Antes de empezar el curso ya han protagonizado una manifestación -a la que acudió el propio PRC- organizada, esta vez, por una Plataforma por la Enseñanza Pública, a semejanza de la Plataforma de apoyo a la sanidad pública que trata de defenderse de las privatizaciones. En el ámbito de la educación pasa lo mismo: este año, según la Consejería de Educación, hay tres mil alumnos menos en las aulas, fruto del descenso demográfico, y 93 profesores menos. 72 aulas y 95 maestros, cifran los sindicatos.

La paz social a la que aspiraban los firmantes de aquel acuerdo no ha llegado. A ello se une el complicado escenario de las privatizaciones sanitarias. El consejero César Pascual -tras otro verano de consultorios cerrados- y con las urgencias los centros de salud y hospitales saturados (se han atendido más de 1.300 consultas diarias a personas de fuera de Cantabria), aspira según todos los indicios a completar ese mapa de privatizaciones con más convenios singulares. Al que se firmó por veinte años -hasta 2046- y 256 millones de euros con el Hospital religioso Santa Clotilde, se proyecta sumar otros con Mutua Montañesa y el Hospital Padre Menni, aunque por el momento se desconocen los términos de los mismos.

Mutua Montañesa es un hospital especializado en medicina traumatológica y rehabilitadora, enfocado a pacientes que han tenido accidentes de trabajo o bajas laborales. El Centro Hospitalario Padre Menni es un hospital privado vinculado a una orden religiosa especializado en la atención integral a personas con enfermedad mental.

En medio de este contexto, el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha anunciado que el proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria para 2027 podría aumentar en casi 300 millones de euros respecto al actual y ha invitado al resto de grupos parlamentarios (PRC, PSOE y Vox) a apoyarlo “con o sin modificaciones” o renunciar a esa subida. Con las elecciones autonómicas y locales de mayo a la vuelta de la esquina no parece el escenario más favorable a que las cuentas pasen la criba del Parlamento cántabro.

En caso de entrar en vigor, Agüeros explica que los presupuestos quieren “hacer un esfuerzo por cuarto año consecutivo en salud, educación y servicios sociales”.

También ha reivindicado los beneficios de la bajada de impuestos del ejecutivo de María José Saénz de Buruaga que, en su opinión, ha logrado “una mayor recaudación” y que deja a Cantabria en una “buena” situación presupuestaria.

El objetivo es que los presupuestos entren en vigor el primer día del año porque el escenario de 2026, cuando el pacto con el PRC se alcanzó en marzo, “sería contraproducente” en un año electoral, considera el consejero.

En torno al 15 de septiembre, con motivo de la fiesta de La Bien Aparecida, el Gobierno de Cantabria anunciará el techo de gasto y después continuará con las políticas de gasto de cada consejería.

En materia de Fondos Europeos, Agüeros ha detallado que a lo largo de este mes de septiembre el Gobierno de Cantabria tendrá una aproximación “casi definitiva” de las cantidades ejecutadas, una vez finalice la recopilación de datos de los proyectos concluidos en la que se encuentra inmersa la Consejería.

En esta línea, ha indicado que cuando comience el curso parlamentario --el primer Pleno se celebrará el día 21 de septiembre-- comparecerá y explicará los datos definitivos de ejecución.

También ha apuntado que el Ministerio ha permitido ampliar el plazo para algunos fondos “hasta final de año e incluso durante el ejercicio que viene”, por lo que, aunque la fecha formal concluyó el 31 de agosto, no ha finalizado “totalmente” para algunas consejerías.

La diputada autonómica y candidata del PRC a la presidencia de Cantabria, Paula Fernández, ha mantenido este domingo un encuentro de trabajo con los concejales regionalistas en el Ayuntamiento de Noja con el objetivo de avanzar en un modelo estratégico municipal que apueste “decididamente” por la defensa del patrimonio costero y el turismo sostenible frente a “proyectos destructivos”, como “el de la piscina de olas artificiales (Ribamontán al Monte) o el destrozo de La Engaña (Vega de Pas)”.

En un comunicado, Fernández ha adelantado que su formación defenderá una estrategia que diversifique la economía local “sin perder la fortaleza turística”, generando nuevas oportunidades “durante todo el año” y protegiendo el entorno natural de la villa costera con proyectos estratégicos e históricos del partido y propuestas de “vanguardia” en economía circular.

El propósito final, ha explicado, es conseguir un equilibrio que “salvaguarde el motor turístico de Noja” y que abra “nuevas vías de desarrollo económico y social que den estabilidad al municipio fuera de la temporada estival”.

La candidata regionalista ha reflexionado sobre los desafíos actuales del sector y ha advertido de que el término 'turismo' ha empezado a “penalizar” entre una parte de la población que ya lo percibe como un “problema a corto y medio plazo”.

A su juicio, fenómenos como “la masificación, la falta de ordenación en los parkings de las playas, la falta de áreas específicas y reguladas para caravanas o el descontrol de los pisos turísticos” están generando “un profundo malestar social”.

“Cuando el vandalismo aparece y nuestros parajes naturales se convierten en vertederos o parques de atracciones, la ciudadanía se indigna de forma totalmente justificada; por eso es tan delicado moverse en este alambre y se hace indispensable un cambio de rumbo inmediato”, ha alertado.

Por su parte, el portavoz municipal del PRC en Noja, Miguel Ángel Ruiz, ha defendido que el “verdadero motor estratégico” de la villa no debe ser el crecimiento desmedido, sino poner en valor “sus fortalezas diferenciales”.

“Nuestro fuerte indiscutible es el paisaje, la belleza natural, la red de rutas senderistas, las marismas, los molinos de marea y nuestro rico patrimonio cultural y tradicional”, ha reivindicado.

Con este enfoque, el grupo municipal ha reafirmado su compromiso de “seguir trabajando incansablemente para definir con claridad dónde está Noja y hacia dónde quiere ir”. Apuesta por una política institucional que “ordene el territorio con rigor en lugar de dejarlo a la improvisación”.

FP, alga asiática y seguridad peatonal

Los regionalistas han exigido al Gobierno de Cantabria (PP) la recuperación y culminación del proyecto de Centro Integrado de FP sanitaria y sociosanitaria de Noja, con “una decisión y un calendario concreto”.

Además, han solicitado que este proyecto debe actualizar su oferta formativa a las necesidades actuales del municipio en sanidad, dependencia, residencias y atención domiciliaria y concebir el centro como uno para generar actividad económica estable fuera de la temporada turística.

También se ha abordado una “propuesta pionera” para hacer frente a la expansión del alga asiática (Rugulopteryx okamurae) y convertir a Noja en un “municipio pionero”. Así, han señalado la “necesidad urgente” de retirar el alga de las playas y, al mismo tiempo, han apostado por estudiar la valorización de la biomasa retirada de sus arenales. Para conseguirlo, han apostado por aprovechar experiencias de éxito ya desarrolladas en Andalucía (como las de la Universidad de Sevilla) y la transferencia de conocimiento de instituciones de prestigio de Cantabria.

Por último, Fernández ha tratado con los concejales nojeños la urgencia de “desatascar” la conexión peatonal segura entre el barrio de Helgueras y el centro urbano de Noja. La dirigente regionalista ha lamentado que actualmente el proyecto técnico continúa “metido en un cajón; sin la autorización definitiva, sin licitación y sin una fecha de inicio en el horizonte”. Por este motivo, desde el PRC han reclamado una “actuación coordinada e inmediata” entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria y la Administración del Estado.

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PP y la abstención de PSOE y Vox, una moción presentada por el PRC en la que se exige al Gobierno de España (PSOE-Sumar) más recursos y personal en Correos para garantizar un servicio postal de “calidad, eficaz y accesible” para los vecinos. El objetivo de la iniciativa es evitar “el deterioro del servicio y garantizar la adecuada cobertura de bajas y vacantes”.

Durante el debate de la moción, el alcalde, Diego Movellán (PP), ha incidido en que el equipo de Gobierno ya trasladó en 2024 a la Presidencia de Correos “los problemas que estaban sufriendo los usuarios del municipio”. Movellán ha relatado que en septiembre de aquel año, se dirigió por escrito al entonces presidente de la compañía pública para trasladarle el “malestar” de vecinos y empresarios ante los “retrasos considerables” que se estaban produciendo en la distribución de correspondencia y otros envíos y reclamar un servicio “fiable y puntual”.

El regidor hizo hincapié entonces en las consecuencias que las “deficiencias” del servicio estaban teniendo en el día a día de los vecinos, especialmente ante retrasos en cuestiones de especial importancia como la recepción de documentos oficiales, notificaciones, citas médicas, facturas y otros envíos de carácter urgente.

Así, reclamó a Correos la adopción de medidas que permitiesen “asegurar” el correcto funcionamiento del servicio y garantizar los estándares de “calidad y eficacia que nuestros vecinos merecen”.

Movellán también trasladó en aquella ocasión la preocupación existente por la situación de la plantilla y dejó claro que los trabajadores “no son los culpables de la pérdida de calidad del servicio”. El alcalde defendió, según ha dicho durante el Pleno, que Correos constituye “un servicio público esencial y estratégico” y avanzó la voluntad del Ayuntamiento de continuar reclamando “soluciones mientras persistieran las deficiencias detectadas”.

La moción aprobada insta al Gobierno de España a reforzar la financiación del servicio público postal y garantizar los recursos necesarios para ofrecer una atención de calidad a toda la ciudadanía, con especial atención a los núcleos de población dispersa.

Asimismo, reclama una dotación suficiente de personal, la cobertura de los puestos de trabajo estructurales y la adecuada sustitución de bajas y vacantes, así como el pleno cumplimiento de la Ley del servicio postal universal.

La iniciativa recoge también la petición de promover la inclusión del personal laboral de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos en el ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, con el objetivo de avanzar en el reconocimiento de su función y favorecer unas condiciones adecuadas de estabilidad y desarrollo profesional.

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, considera “patético” que el consejero de Salud, César Pascual (PP), “presuma de mantener abiertos consultorios sin médico” e intente “maquillar la realidad falseando los datos de su propia Consejería”.

Así ha rebatido este jueves en un comunicado las declaraciones que realizó este miércoles el consejero en rueda de prensa, en la que aseguró que en Cantabria “no hay ningún consultorio cerrado”.

Sin embargo, Hernando ha destacado que las informaciones publicadas por Salud “constatan que al menos siete permanecerán cerrados durante todo el verano, mientras que en otros 48 ha faltado el médico algún día desde el pasado 1 de junio”.

De hecho, ha recalcado que esta misma semana son “18 los consultorios sin facultativo, que se suman a los siete que permanecen cerrados”.

Para el portavoz regionalista, los datos “desmienten el triunfalismo sin sentido exhibido por Pascual”, a quien ha recomendado que “centre sus esfuerzos en solucionar el caos que su gestión está provocando en la sanidad cántabra, especialmente en la Atención Primaria del mundo rural”.

“Mientras el consejero resta importancia a la ausencia de médicos hablando de uno o dos días sin consulta, hay cientos de cántabros que padecen esa situación durante siete, ocho, diez días e incluso hasta tres semanas consecutivas, como está ocurriendo ahora mismo en el consultorio de Suesa”, ha sostenido.

Además, ha incidido en que para el vecino que acude a su consultorio y no encuentra al facultativo, el resultado es exactamente el mismo: “no recibe la atención que necesita en su pueblo”.

Ante esta situación, el regionalista ha cuestionado “la calidad asistencial decadente que defiende el Gobierno de Cantabria en manos del PP”, y ha considerado “inexplicable” que el consejero de Salud “se dedique a justificar lo injustificable, en un pobre intento de negar la realidad que la propia planificación de su Consejería reconoce”.

“Lo que debería estar haciendo Pascual es ofrecer soluciones para minimizar el impacto de la falta de profesionales durante el verano”, ha opinado.

En este sentido, ha insistido en que un consultorio sin médico “sirve de muy poco a quienes necesitan ser atendidos, especialmente en el medio rural, donde muchas personas mayores o con dificultades de movilidad dependen de la asistencia sanitaria de proximidad”.

Finalmente, tras reconocer el “esfuerzo” de los profesionales sanitarios para “mantener la atención”, Hernando ha lamentado que el consejero intente “desacreditar a la oposición por poner de manifiesto el retroceso que sufre la Atención Primaria cántabra, a partir de los datos que difunde su propio departamento”.

“Los cántabros no necesitan este tipo de debates, lo que quieren es saber que la próxima vez que acudan a su consultorio encontrarán a un médico preparado para atenderles”, ha concluido.

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado este domingo que su candidatura para revalidar el mandato como secretario general de la formación es su “última aportación” al partido, “para no tolerar que este partido se nos fraccione, para unirlo y para apoyar a Paula a tope”, en referencia a la candidata regionalista a las próximas elecciones autonómicas de Cantabria, Paula Fernández.

Así lo ha manifestado este mediodía durante su discurso en la XXXI Fiesta Regionalista, celebrada en el parque Conde de San Diego de Cabezón de la Sal, donde Revilla ha opinado que el PRC está en un momento “complicado”, pero que él se va “a dejar la piel” en la próxima campaña electoral “como si me presentara yo” y se ha mostrado “convencido de que todos los que están aquí van a hacer lo mismo”.

Además, el secretario general del PRC ha afirmado que “si tuviera ahora cuatro años menos y me vuelvo a presentar, gano las elecciones otra vez”.

Sobre su propia continuidad, Revilla ha anunciado que continúa “hasta después de las elecciones”, y que a finales de 2027 habrá un Congreso, en el que “veremos cómo estoy”. Hasta entonces estará “al mando” del partido para mantener la unidad, “porque todavía tengo autoridad moral para exigir a todos los militantes que me hagáis caso”, ha dicho.

“No me puedo imaginar que en los últimos días de mi vida viera un espectáculo de un partido, al que he dedicado mi vida, roto en pedazos. No me lo podría perdonar. No me lo podéis hacer. Nadie. No me lo merezco”, ha clamado.

En este sentido, ha puntualizado que “si este partido está unido, vamos a tener un gran resultado electoral”. Y ha defendido que los militantes han elegido a “la mejor candidata” entre unos aspirantes de “un nivel estratosférico”.

Pelotazo en Ribamontán

Por otro lado, ha puesto en valor que “teníamos Cantabria perfectamente encarrilada”, pero le empieza a preocupar los “pelotazos”, que, según él, “siempre los ha habido cuando ha gobernado el Partido Popular”.

En este punto, ha criticado el proyecto privado para la construcción de una piscina de olas de Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte), para el que el Gobierno de Cantabria (PP) ha iniciado la tramitación del Proyecto Singular de Interés Regional, un requisito imprescindible ya que se ejecutará en una superficie de 100.000 metros cuadrados de suelo rústico, y que prevé una inversión cercana a los 40 millones de euros.

A juicio del regionalista, “no tiene buena pinta” porque cree que no es necesario ya que “todo Cantabria, desde San Vicente a Oriñón, es un parque de olas”.

Revilla cree que es un 'pelotazo' por aprovechar un instrumento “bien pensado” como el PSIR para recalificar suelo rústico “para hacer especulación urbanística”.

Por ello, ha recalcado que el PRC “tiene que ser radical” en este asunto, y debe apostar por una Cantabria “equilibrada” que no viva “solo” del turismo, porque cree que “ya no hace falta promocionar” la región.

Al hilo, ha defendido que el PRC es un partido “limpio” que en los últimos 24 años no tiene “ni un condenado por corrupción”, lo que le convierte en “único, porque aquí no se roba”. Sin embargo, ha dicho que “PP y PSOE están en los tribunales” y que son “unos chorizos, unos, de guante blanco y otros, cutres”.

Más allá, el líder regionalista ha recordado a compañeros de partido fallecidos como Javier López Marcano, quien “ha sido todo en el partido” y se ha muerto “muy pronto”; Rafa de la Sierra, que hubiera sido el candidato del PRC “ahora”; o José María de Cos, el único alcalde que “resistió” cuando el PP fichó a seis de los siete alcaldes regionalistas que había en 1987, entre otros.

El PRC no ha dado “un cheque en blanco” al PP

Por su parte, Paula Fernández ha afirmado que con su apoyo a los Presupuestos Generales de Cantabria, presentados por los 'populares' durante los últimos tres años, el PRC “no es cómplice de sus errores ni de su nefasta gestión” y que no ha dado “un cheque en blanco”, sino que ha mostrado “responsabilidad” para aprobar medidas “útiles”.

Por ello, han creado una comisión de seguimiento que en octubre realizará un informe “objetivo” del grado de cumplimiento de los acuerdos presupuestarios.

Asimismo, ha adelantado que “hoy empezamos a trabajar para recuperar Cantabria” y que el PRC va a ganar las elecciones de 2027, “porque Cantabria merece más”.

La XXXI Fiesta Regionalista también ha contado con un mercado cántabro, talleres infantiles y exhibiciones de deporte rural, así como un pasacalles con gaitas, pandereteras y tamborileros, una actividad de ilustración en vivo, una comida popular de arroz montañés y té con orujo, una chocolatada con sobaos y las actuaciones de Garabanduya y los Hermanos Cosío.

La secretaria de Igualdad del PRC, Vanesa Montes, ha defendido la necesidad de un modelo de atención itinerante y descentralizada para “combatir el urbanocentrismo” y garantizar que las víctimas de violencia de género residentes en el medio rural puedan acceder a los recursos especializados, en todas sus formas incluidas las digitales, en igualdad de condiciones.

Montes ha realizado esta propuesta tras analizar el Informe Anual en Materia de Violencia de Género en Cantabria, que refleja a su juicio “un excesivo centralismo” en el diseño de los recursos asistenciales que aconseja “avanzar hacia una cobertura más homogénea en todo el territorio de la Comunidad Autónoma”.

En este sentido, ha puesto en valor las enmiendas incorporadas por el PRC a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma con el objetivo de acercar los servicios especializados a las mujeres que residen en municipios alejados de los principales núcleos urbanos.

“El informe refleja una realidad que desde el PRC advertimos hace tiempo y que supone una excesiva concentración de la atención en los entornos más urbanos, cuando la protección de las víctimas no puede depender del lugar de residencia”, ha explicado.

Montes considera por ello “imprescindible” acercar los servicios especializados a las mujeres del medio rural, razón por la que el PRC consignó una partida en el presupuesto para impulsar servicios de atención itinerante y descentralizada y facilitar el desplazamiento de equipos especializados al territorio, con el fin de facilitar el acceso de las víctimas a los recursos asistenciales.

Brecha de género en el medio rural

Asimismo, ha destacado la consignación de 20.000 euros para evaluar la brecha de género en el medio rural y analizar la dependencia económica de las mujeres en los sectores agrario y ganadero, en aras a diseñar políticas públicas adaptadas a las necesidades específicas de estos territorios.

La secretaria de Igualdad del PRC también ha advertido de la necesidad de adaptar los recursos a las nuevas formas de violencia contra las mujeres, especialmente aquellas que se producen a través del entorno digital.

Por ello, ha reclamado que los nuevos recursos itinerantes incorporen protocolos especializados frente a la ciberviolencia y el acoso en redes sociales y ha reivindicado programas de formación específica para los profesionales encargados de atender a las víctimas.

“Las administraciones deben ser capaces de responder a las nuevas manifestaciones de la violencia contra las mujeres y ofrecer una protección eficaz también en el ámbito digital”, ha recalcado.

Por último, Vanesa Montes ha defendido la necesidad de complementar los datos de actividad recogidos en el informe con indicadores que permitan evaluar el impacto real de las políticas públicas y medir la eficacia de los recursos destinados a la recuperación integral de las víctimas.

A su juicio, para mejorar las políticas públicas “no solo es fundamental conocer el volumen de actuaciones realizadas, sino también el grado de autonomía y recuperación alcanzado por las mujeres atendidas”.

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, considera que la piscina de olas privada anunciada por la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, en el debate sobre el estado de la región “huele a pelotazo” y rechaza la tramitación de un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) “a la carta” para permitir su desarrollo en suelo rústico, cuando el interés público de la actuación es “muy cuestionable”.

Fernández ha respondido de este modo a las declaraciones realizadas este lunes por el consejero de Fomento, Roberto Media, a quien el Grupo Regionalista pedirá explicaciones formales en el Parlamento sobre “el supuesto interés público de una piscina de olas en una comunidad autónoma donde lo que sobran son las playas con olas”.

Mientras Media anuncia el inicio de los trámites para permitir esta obra en una superficie de 100.000 metros cuadrados de suelo público el Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte), el Ayuntamiento “solo ha recibido una llamada telefónica y no tiene ni el proyecto ni datos que le permitan valorar la viabilidad de una obra de esta magnitud”, recuerda.

La candidata regionalista ha cuestionado por ello “las prisas” del Gobierno del PP para poner en marcha un PSIR que permita a la empresa promotora construir la piscina en suelo rústico, cuando la legislación urbanística protege este tipo de suelos “precisamente para evitar actuaciones improvisadas y desarrollos ajenos al interés general”.

En este sentido, ha recordado que el PSIR es “un instrumento excepcional” y debe reservarse para “actuaciones de verdadero interés general para los cántabros, no para promover proyectos privados de ocio, con un interés empresarial más que claro”.

Fernández Viaña también ha expresado dudas sobre la capacidad de la empresa promotora -Olucas Surf Center- para llevar adelante una inversión que el Ejecutivo cántabro cuantifica en 40 millones de euros, cuando la sociedad fue constituida hace un año con un capital de apenas 3.000 euros, que ha ampliado recientemente hasta los 88.000.

“Un modelo turístico agresivo con el territorio”

Además, ha indicado que este tipo de piscinas han sido rechazadas por los gobiernos de otras comunidades autónomas, entre las que ha mencionado a Asturias y Galicia, precisamente por las “dudas” sobre su contribución al interés general, su impacto sobre el medio ambiente y su alineación con “un modelo turístico agresivo con el territorio”.

Por todo ello, ha reclamado al Gobierno de Cantabria que dé a conocer “todos los datos relacionados con la demanda hídrica, la afección ambiental, la movilidad, el impacto paisajístico y las necesidades de infraestructuras antes de continuar con la tramitación”.

“Antes de hablar de miles de olas, de cientos de miles de visitantes o de viviendas sociales asociadas al proyecto, lo primero que tienen que hacer la presidenta y el consejero de Fomento es explicar con detalle qué pretenden hacer, por qué consideran que existe interés regional y qué impacto tendrá la obra sobre el suelo rústico de Ribamontán al Monte”, ha recalcado.

Finalmente, la candidata regionalista ha señalado que su partido está a favor de la inversión privada y de la creación de actividad económica, pero “todos los proyectos deben tramitarse con las mismas reglas, por los cauces urbanísticos ordinarios y con pleno respeto a la autonomía municipal, sin privilegios ni trajes a medida”.

Víctor Gómez, concejal del PRC en el Ayuntamiento de Vega de Pas, ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Medio Cudeyo contra el alcalde del municipio, Juan Carlos García Diego (PP) para que investigue la contratación de las principales fiestas municipales entre los años 2017 y 2025 por la posible comisión de un delito de prevaricación y otros que pudieran derivarse de la instrucción.

La denuncia sostiene que, durante ese periodo, el Ayuntamiento habría adjudicado de manera “reiterada” la organización de los eventos festivos a las mismas entidades, sin procedimiento de licitación pública, mediante contratos directos y, fraccionando la facturación entre varias sociedades para presuntamente eludir los límites económicos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público.

En concreto, el escrito señala sobre esas presuntas “irregularidades” que la producción de las fiestas figuraba atribuida de forma continuada a Zebra Publicidad, mientras que la facturación de los trabajos se repartía entre esta citada empresa, Carpe 18 S.L. y la Asociación Aires del Pas. Según la documentación aportada, este sistema se habría repetido durante varios ejercicios y en diferentes celebraciones organizadas por el Ayuntamiento, indica el PRC en nota de prensa.

La denuncia incorpora relaciones de pagos, facturas y cartelería correspondientes a las fiestas celebradas entre 2017 y 2025 y detalla diversos ejemplos en los que, según el denunciante, se habría dividido el coste de un mismo evento entre varias entidades. Asimismo, sostiene que existen facturas que superarían individualmente el importe máximo previsto para la contratación menor y apunta a posibles vínculos entre las tres entidades, al compartir características en la documentación aportada y, en algunos casos, el mismo domicilio social.

Ante estos hechos, el edil regionalista solicita al juzgado que requiera al Ayuntamiento toda la documentación relativa a los contratos y facturas de las fiestas municipales durante el periodo investigado, así como información sobre la constitución y actividad de las empresas implicadas.

El secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que la mayoría de los militantes y alcaldes le han pedido que continúe al frente del partido al menos hasta las próximas elecciones para garantizar su unidad y respaldar la candidatura de Paula.

“Me piden que, por lo menos, un año más hasta las elecciones, yo sea el secretario general para que no haya ningún tipo de escisión en el partido”, ha explicado Revilla, quien considera que cuenta con la autoridad necesaria para cohesionar a la formación durante esta nueva etapa.

El fundador del PRC ha asegurado que tiene la “certeza absoluta” de que el partido se mantendrá unido en torno a Paula y que su trabajo se centrará en conseguir el mejor resultado posible en las elecciones de mayo. “Yo a eso me voy a dedicar: a cohesionar el partido, a animarle —yo, a la cabeza— a intentar que tengamos el mejor resultado en las elecciones”, ha señalado.

Revilla ha reconocido que su continuidad al frente de la formación no era una situación prevista inicialmente, ya que está próximo a cumplir 84 años y desarrolla otras actividades que considera “muy gratificantes”. Sin embargo, ha defendido que no puede rechazar la petición de los afiliados. “El partido me lo ha pedido y no puedo negarme a esa petición”, ha manifestado. Según ha indicado, los miembros de la formación le han trasladado su apoyo a Paula, por lo que encabezará la operación de respaldo a la candidata.

El secretario general ha explicado que ha solicitado la celebración de un congreso extraordinario a finales de año, una vez que hayan pasado las elecciones. El encuentro serviría, en primer lugar, para analizar los resultados electorales y, en segundo, para valorar su estado y decidir si continúa en el cargo o se abre un nuevo proceso de elección. Revilla ha señalado que el partido ha optado por un modelo de “bicefalia”, similar al del PNV, en el que la candidatura electoral y la Secretaría General recaen en personas diferentes.

“Es un compromiso más que me viene encima, pero nunca me he negado a lo que me pidan los afiliados”, ha afirmado. El líder regionalista ha recordado que durante años solicitó a numerosos miembros de la formación que se presentaran como candidatos, alcaldes o integrantes de las listas electorales. “Yo no me puedo negar a que, si una mayoría me dice: 'Revilla, no te puedes ir, tienes que seguir de secretario general', pues aquí estoy”, ha añadido.

Preguntado por la posibilidad de que concurran más aspirantes a la Secretaría General, Revilla ha asegurado que el congreso estará abierto y que cualquier persona que cumpla las condiciones podrá presentarse. “Yo me presento; si va alguno, encantado de la vida. Está bien que haya discusión, igual que hubo en las primarias tres o cuatro candidatos. Eso es democracia pura”, ha sostenido.

No obstante, ha afirmado que existe “un clamor entre la militancia” para que continúe al frente del partido. “No me puedo negar. ¿Cómo les voy a decir que no cuando a esas personas les he suplicado hasta de rodillas que se presenten? Si me dicen que me presente, lo tengo que hacer”, ha declarado.

Sobre el borrador de los nuevos Estatutos del partido que presumiblemente se aprobarán en el congreso de otoño , Revilla ha reconocido que contiene aspectos que le gustan y otros que no convencen a una parte de los militantes. En cualquier caso, ha recalcado que se trata únicamente de un documento inicial. “Es un borrador que sirve de punto de partida. Hay cosas muy interesantes ahí”, ha indicado. Además, ha explicado que se ha nombrado una comisión encargada tanto de trabajar en los Estatutos como de preparar el congreso.

“De este partido no se va nadie, ni un solo alcalde ni un solo concejal”

Revilla también ha rechazado los rumores sobre posibles abandonos y ha defendido que existe una unidad total. “Frente a rumores que ha habido por ahí de que hay gente que a lo mejor abandona el partido, digo taxativamente: de este partido no se va nadie, ni un solo alcalde ni un solo concejal”, ha asegurado. A su juicio, su responsabilidad consiste en preservar esa cohesión para que el PRC llegue a las próximas elecciones “perfectamente activado y volcado” en conseguir el mejor resultado posible.

Revilla ha recordado que fundó el partido y que, hasta ahora, no se habían producido discrepancias en los congresos en torno a su figura. Sin embargo, ha reconocido que ha llegado el momento de abordar una transición después de haber anunciado que no volverá a presentarse a ningún tipo de elección.

El secretario general ha valorado el proceso de primarias utilizado por primera vez por el partido para elegir a su candidata y ha destacado que la transición se ha producido sin “grandes convulsiones”, pese a la existencia de varios aspirantes a la Presidencia de Cantabria. “Estoy muy contento de cómo el partido está respondiendo y, en agradecimiento a ese comportamiento, también atiendo la demanda que se me hace de que siga por lo menos un año más tutelando esta transición y motivando a los militantes”, ha manifestado.

Revilla ha reiterado que el objetivo será volcar a los militantes en el respaldo a Paula, a quien ha definido como “una gran candidata”, y trabajar durante el próximo año para que sea conocida por más personas y obtenga un buen resultado electoral.

Por último, preguntado por un posible adelanto de las elecciones generales, Revilla ha respondido: “Las elecciones van a ser en febrero, ¿no lo sabéis?”.

El Partido Regionalista de Cantabria celebrará elecciones primarias en la agrupación de Santander para elegir al candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones de mayo de 2027 -igual que ha sucedido a nivel autonómico con la aspirante al Ejecutivo Paula Fernández- a las que podrá presentarse cualquier militante que tenga al menos el aval de seis miembros del Comité Local.

La propuesta, aprobada este miércoles en la Ejecutiva del partido, es una iniciativa del propio Felipe Piña, actual portavoz del Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Santander que fue candidato en los pasados comicios y que busca el aval de los militantes para volver a encabezar el cartel electoral por la capital de Cantabria.

En esta ocasión, Piña ha propuesto al Comité Local de Santander que no haya designaciones automáticas sino que se habra un proceso democrático interno para designar al candidato a la Alcaldía para las elecciones locales de mayo de 2027. La agrupación ha presentado a la Ejecutiva un borrador de reglamento.

A partir de ahora se convocará un Comité Local extraordinario para aprobar el calendario electoral interno y designar un comité electoral. Tras este trámite se abrirá un plazo para presentar candidaturas. Si solo se registra una única candidatura -como es de prever: la de Felipe Piña- se proclamará de manera automática. En caso contrario, se celebrará una campaña electoral previa a la votación de los militantes que elegirán en las urnas al candidato que quieran que les represente.

El secretario de Organización del partido en Santander, Raúl Huerta, que es una iniciativa de “participación y transparencia” que involucra a toda la militancia reigonalistas en sintonía “con la nueva política de elección de candidatos ” iniciada por el PRC a nivel autonómico.

Un proceso interno histórico

Tras el anuncio de la dilatada sucesión de Miguel Ángel Revilla, el PRC abrió por primera vez en su historia, un proceso interno para elegir al candidato al Gobierno de Cantabria que ganó Paula Fernández. La designación se hizo a través de un procedimiento en dos fases. Una primera criba por parte de la Ejecutiva dejó fuera a dos de los cuatro aspirantes -Guillermo Blanco y Javier López Estrada- y llevó a una votación de los militantes para elegir entre Paula Fernández y Pablo Diestro, alcalde de Reocín.

La designación de Fernández se realizó en mayo de 2025, hace un año. Mientras, Revilla se mantiene como secretario general del partido, a la espera de un congreso interno que modifique los estatutos -para hacer oficial esta bicefalia, inédita en el PRC- y separe las figuras de número 1 y candidato electoral que hasta ahora han ido siempre enhebradas, además, al nombre propio del fundador del partido.

Queda también por despejar la incógnita de si Revilla renunciará también a la secretaría o se mantendrá en ella los próximos cuatro años. El Congreso tendrá lugar después del verano.

El movimiento de Felipe Piña pone sobre la mesa la democratización de los procesos de designación de candidatos del partido y abre la puerta a considerar si Santander será una excepción o si de aprobarse, las primarias se implantarían también en otros comités locales, dando más voz a los propios militantes que a la cúpula del partido.

En su caso, hace cuatro años fue elegido por el Comité Local de Santander para sustituir a José María Fuentes-Pila como candidato del PRC a la Alcaldía. Piña era entonces director general de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria y Fuentes-Pila había encabezado la lista en tres ocasiones.

Su estreno como candidato coincidió con la estrepitosa derrota electoral del PRC en mayo de 2023, que dio paso al Gobierno en minoría del Partido Popular en Cantabria. Los resultados de Santander también acusaron ese rechazo en las urnas -a los pocos meses del escándalo de Obras Públicas- y la lista de Piña obtuvo tres concejales con 9.621 votos (11,05% del total): dos menos de los que tenía.

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, ha asegurado este viernes que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), llega al Debate de Orientación Política del Gobierno, previsto para los días 25 y 26 de junio, con “más titulares que resultados” y con la Comunidad Autónoma “completamente paralizada”, después de tres años de “propaganda, anuncios reciclados y problemas sin resolver”. Por ello, ha anunciado propuestas de su partido.

“La vivienda es hoy más cara e inaccesible, tenemos un sector sanitario tensionado y los proyectos estratégicos, que podrían ser transformadores si fueran viables, solo han sido humo”, ha señalado.

Así lo ha manifestado la regionalista en una rueda de prensa, en la que ha adelantado las prioridades a las que espera que la presidenta dé respuesta después de tres años de “humera constante” para “tapar su inacción, incapacidad y falta de respuestas a los desafíos que Cantabria tiene que afrontar”.

Fernández Viaña ha avanzado que el PRC presentará propuestas de resolución para “intentar arreglar el desaguisado”. Entre ellas, un pacto cántabro para financiar el sistema de atención a la dependencia y mejorar las condiciones laborales del personal.

Además, ha defendido la necesidad de un convenio colectivo de ámbito autonómico para actualizar las tablas salariales y “dignificar su profesión y su trabajo con las personas mayores y dependientes, que es fundamental en la sociedad”.

También ha destacado que Cantabria necesita “respuestas y soluciones” en materia de vivienda, un ámbito que, a su juicio, resume “el fracaso social” del Gobierno del PP, con “alquileres disparados, jóvenes expulsados y ausencia de soluciones eficaces”.

“Buruaga habla de vivienda, pero los cántabros pagan más, encuentran menos pisos y se emancipan más tarde”, ha denunciado.

En este sentido, ha detallado que la Comunidad Autónoma ocupa el anteúltimo lugar en el ranking de emancipación juvenil, con una “cifra demoledora”: solo 1 de cada 10 jóvenes se emancipa en esta tierra.

La candidata regionalista ha sido igualmente crítica con la situación sanitaria, “cada vez más tensionada” y marcada por “las demoras, la falta de profesionales y el deterioro de la atención”, “en contra de las promesas de la presidenta”. A Buruaga le ha reprochado que haya pasado de “intentar resolver el déficit de médicos en verano a comunicar qué días van a estar cerrados”.

Precariedad sanitaria

“La presidenta y el consejero de Salud han pasado de buscar soluciones a gestionar directamente la precariedad que ellos mismos han generado”, ha añadido.

En cuanto a los proyectos estratégicos, ha señalado que el Campus Tecnológico Altamira se ha convertido en “el símbolo del modelo Buruaga”, que ha resumido en “grandes anuncios, poca transparencia y demasiadas preguntas sin respuesta”.

De hecho, ha recalcado que lo único que avanza es el polígono de La Pasiega, iniciado por el PRC en la pasada legislatura, aunque ha lamentado que la intermodal haya pasado de contar con financiación asumida íntegramente por el Estado a costar “más de 30 millones de euros a los cántabros”.

También ha cuestionado la falta de capacidad del Ejecutivo para atraer nuevas inversiones, después de que Cantabria haya perdido “la inversión transformadora” del fabricante chino de vehículos MG, que se instalará finalmente en Galicia, con una inversión de 200 millones de euros y 2.300 empleos directos.

En su opinión, Cantabria “está dejando pasar oportunidades: crece menos que España, reduce el paro con menos intensidad y pierde dinamismo productivo, mientras los motores tradicionales de la economía, como la productividad, la tasa de inversión y el tejido empresarial, caen preocupantemente”.

De hecho, ha afirmado que “algunas empresas se plantean abandonar Cantabria” porque el Gobierno “es incapaz de lograr la energía necesaria para desarrollar su actividad”, mientras el consejero de Industria, Eduardo Arasti, “ni está, ni se le espera”.

Ante esta situación, ha concluido que el PRC afronta el debate de la próxima semana con el objetivo de “poner verdad frente a la propaganda”, porque Cantabria “merece un Gobierno que haga menos anuncios y dé más soluciones”.

La figura del franquista Carrero Blanco (1904-1973) está abriendo una brecha en Cantabria. El debate de fondo es qué ley aplicar al monumento que su pueblo natal, Santoña, le hizo ya en democracia: si la de Memoria democrática, que supondría retirar el monumento por su condición de franquista, o la de Víctimas del terrorismo, dado que saltó por los aires en el atentado de la banda terrorista ETA. Víctima o verdugo.

El Ayuntamiento de Santoña había intentado sin éxito 'resignificar' la estatua para eludir la Ley de Memoria Democrática. Ahora, el debate ha llegado al Parlamento de Cantabria donde todos los partidos políticos representados estiman que debe conservarse, excepto el PSOE. Aunque el anterior alcalde socialista de Santoña también dijo hace unos años que no había que quitar el monumento “sino cambiar su denominación para evitar conductas que promueven la exaltación del franquismo”.

El PP, el PRC, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han unido sus votos para pedir que el Gobierno de la comunidad tramite la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) al monumento al franquista Luis Carrero Blanco en Santoña, su pueblo natal. Una iniciativa impulsada por Vox para salvar la estatua de la Ley de Memoria Histórica que obligaría a retirarla.

Los votos del partido de Miguel Ángel Revilla se han sumado a la operación de la derecha para dar otra lectura a uno de los grandes protagonista de la dictadura que llegó a ser presidente del Gobierno con Franco. El portavoz regionalista Pedro Hernando ha reconocido que Carrero Blanco, cuyo monumento “levantó en su día enormes críticas”, fue un “antimarxista” y un “antidemócrata”, si bien también fue “un benefactor del pueblo de Santoña” y “uno de los principales impulsores de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado”. “Está hecho a un santoñés ilustre”, ha subrayado.

Por ello, el PRC ha defendido que “es el momento de aplicar la ley”, tanto la de Víctimas del Terrorismo como la de Memoria Democrática, que también dice que “hay que trabajar para conseguir que la memoria democrática de este país se difunda y en esa memoria democrática están las víctimas de terrorismo”, ha dicho Hernando. “Miremos hacia adelante, apostemos por la democracia, apostemos por la formación, apostemos por explicarle a nuestros jóvenes y a nuestros mayores todo lo bueno y lo malo que hicieron algunos”, ha defendido.

Hernando ha relatado que cuando el pueblo de Santoña “para congraciarse con él” le ofreció una “estupenda parcela” para construirse un chalet para que veranease allí, Carrero propuso crear una guardería para los niños de las familias marineras. También ha recordado que cedió las marismas de Santoña al municipio y que hizo la traida de aguas. “Era un santoñés que ayudó a los santoñeses”, ha subrayado.

El PSOE se queda solo

El PSOE se ha quedado solo a la hora de rechazar esta proposición no de ley presentada por Vox, que pide paralizar cualquier intento de retirada o demolición de este conjunto escultórico por parte del Gobierno nacional, invocando la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de patrimonio.

Además, la iniciativa reclama aplicar la ley autonómica para declarar este monumento de Santoña como 'Espacio de Memoria y Dignidad de las Víctimas del Terrorismo', que esté debidamente señalizado y se incluya en los programas educativos.

El portavoz socialista Mario Iglesias ha aseverado que no se trata de una “iniciativa de patrimonio”, sino de “blanqueamiento”. Ha pedido retirar la placa que “exalta al dirigente franquista” y ha apuntado que existe “un precedente” del mismo escultor: El monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife que no fue declarado BIC porque los técnicos de Patrimonio del Gobierno de Canarias “concluyeron que su significado político era absolutamente inseparable” porque “la escultura se levantó para exaltar el régimen franquista”.

El cierre del aparcamiento subterráneo de Pombo en el centro de Santander por sus problemas estructurales de manera indirecta ha traido a la memoria el edificio a estrenar propiedad del Ayuntamiento deshabitado desde hace más de una década en la cercana calle de Santa Lucía.

El inmueble de cinco plantas, con diez plazas de garaje, había caído en el olvido ante la indiferencia municipal que lo mantiene cerrado.

Lo destapó hace más de un año el concejal regionalista Felipe Piña, que dio la voz de alarma y reprochó que la alcaldesa popular Gema Igual “permita esta situación mientras presume de que 11.000 personas opten a una vivienda de protección oficial en El Alisal”.

El PRC propuso destinarlo a viviendas en régimen de alquiler para jóvenes santanderinos con un precio que no supere el 30% de los ingresos vinculados al salario mínimo. El edificio continúa vacío un año después en medio de la crisis de vivienda.

Cuando se clausuró el parking de Pombo el Ayuntamiento de Santander ofreció a los propietarios que aparcaban allí sus coches otros aparcamientos gratuitos. Entre ellos 45 plazas en el recinto portuario junto a Comandancia Naval y Sanidad Exterior; entre 25 y 30 plazas en el aparcamiento del Palacio de Festivales; 10 plazas en el parking de Tetuán; 5 plazas en el aparcamiento de Jesús de Monasterio y 20 plazas en el de la Plaza de México.

A la lista se añadieron algunas plazas en el edificio municipal de la calle Santa Lucía -según comunicado oficial- para personas con movilidad reducida. Pero solo se pusieron a disposición de los afectados cuatro de las diez plazas que tiene en propiedad el Ayuntamiento en ese inmueble. No se ha explicado qué sucede con las otras seis, si hay alguna causa que impiden ser utilizadas porque -dado que el edificio está sin uso- lo lógico es que estuviesen todas disponibles.

En abril del año pasado, el portavoz regionalista Felipe Piña preguntó en el Pleno municipal por esas plazas de aparcamiento, después del testimonio de algunos vecinos que sí veían coches aparcados en ellas. “¿Quién y para qué se utilizan las diez plazas de aparcamiento de propiedad municipal que existen bajo el edificio?”, inquirió Piña. “Yo puedo afirmar que no se usan por nadie a la espera de que el edificio entre en funcionamiento”, respondíó el concejal de Patrimonio Daniel Portilla. Extrañamente, un año después solo se han puesto a disposición de los vecinos cuatro de ellas sin que hayan trascendido las razones por las que las otras seis no pueden utilizarse, habida cuenta de que el edificio sigue sin uso.

El inmueble de Santa Lucía 13 fue hasta el año 2005 el colegio religioso Divina Pastora gestionado por religiosas franciscanas. Al cerrar el centro educativo el edificio se derribó y se construyó un bloque de 30 viviendas con un aparcamiento subterráneo de 115 plazas junto a un edificio anexo que la constructora cedió gratis al Ayuntamiento de Santander para facilitar el cambio de uso de la parcela. En teoría, iba a ser destinado a un centro cívico cultural. La operación se hizo mediante un convenio urbanístico.

Una década después, el PRC municipal denunció que seguía cerrado. “Ese inmueble no está abierto porque no tiene un destino actualmente”, argumentó la alcaldesa hace más de un año. “Será una dotación municipal” pero “tenemos que esperar el momento”, añadió. El 'momento' aún no ha llegado y el edificio en pleno centro de Santander sigue cerrado y vacío.

“Tanto el edificio como las plazas responderán a las prioridades de Santander y sus ciudadanos, asegurando un beneficio directo para la ciudad”, fue hace un año la respuesta oficial.

La primavera de Santander se celebra solo cada cuatro años, con el entusiasmo propio de la cercanía de las urnas electorales. El portavoz del Grupo Municipal regionalista, Felipe Piña, ha desvelado que el festival 'Primavera viva', que incluye diferentes actividades gratuitas en el centro de la ciudad durante los meses de abril y mayo, se organiza “exclusivamente en los años electorales”. 

De hecho, solo se ha organizado en 2019 y 2023, coincidiendo con las semanas previas a las elecciones locales. Sin embargo, el resto de la legislatura el programa es “fulminado” de la agenda cultural y de ocio de la ciudad.

En un video difundido en sus redes sociales, Piña acusa a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), de utilizar los recursos municipales de manera “partidista y electoralista”.

En su opinión, esta “intermitencia selectiva” demuestra que Gema Igual “no busca consolidar una oferta de ocio y dinamización estable” para Santander, sino “utilizar los recursos públicos y los eventos gratuitos como una evidente herramienta de campaña electoral en beneficio propio”. 

Para Piña, la cultura y el entretenimiento vecinal no pueden ser un “recurso de quita y pon” que solo interesa poner en marcha en año de elecciones. Por este motivo, el Grupo Municipal Regionalista preguntará en el próximo Pleno por este “apagón cultural”. Asimismo, reclamará que el festival 'Primavera Viva' se convierta en una actividad fija y estable en el calendario anual de Santander.

La última edición del festival fue en mayo de 2023, cuando se celebraron las elecciones locales y autonómicas. Se programaron actividades de ocio en cinco plazas de Santander y en la calle Juan de Herrera durante varios días: fiestas infantiles, juegos educativos y participativos, talleres y conciertos. Durante un fin de semana previo a la cita con las urnas en la Plaza Alfonso XIII se organizó ‘Callejeando Food Fest’ con gastronomía internacional, actuaciones musicales en directo, exhibiciones de swing, danza, sesiones Dj, pinchadiscos, zona infantil y un 'market' de artesanos.

La diputada y candidata electoral del PRC, Paula Fernández, ha augurado un “colapso” en el Hospital Tres Mares, como consecuencia de “la acumulación de pacientes que se verán obligados a solicitar asistencia de Atención Primaria por la falta de médicos prevista durante todo el verano en ocho de los o11 consultorios rurales de Campoo, ausencias que se prolongarán entre 15 días y más de un mes”.

Así lo ha dado a conocer la regionalista, quien se ha declarado “muy preocupada” por la “sobrecarga” que puede llegar a sufrir el hospital a causa de la falta de médicos en los consultorios, la llegada de visitantes, que llegan a “multiplicar por siete” la población de la comarca, y la ubicación en el propio centro hospitalario del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), trasladado desde el cierre del Centro de Salud de Reinosa por un desplome en el tejado, en septiembre de 2024.

“Buena parte de la población de Campoo no tendrá más forma de acceder a un médico que personarse en el hospital, sobre todo en horario de mañana y antes de la apertura de los SUAPs de Polientes y Mataporquera, que funcionan entre las 15.00 y las 8.00 horas”, ha explicado Fernández.

“Estamos ante una situación muy preocupante y sin precedentes, porque el hospital ya está asumiendo la labor del centro de salud cerrado en Reinosa, a la que tendrá que sumar a partir de ahora la atención a los pacientes procedentes de los consultorios rurales que se quedan sin médico durante el verano”, ha agregado.

La regionalista ha detallado qué falta de facultativos afectará a la práctica totalidad de la comarca, según la información facilitada a los centros por el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

En concreto, obligará al “cierre total” de los consultorios de Polientes y Villanueva de la Nía, que “ya llevan tiempo sin médico titular y solo cuentan con sustituciones parciales del profesional de refuerzo en la zona”.

Además, las “ausencias vacacionales también dejarán sin facultativo durante varias semanas” a los pacientes de Valdeprado del Río, Campoo de Enmedio, Santiurde de Reinosa, Campoo de Suso, Campoo de Yuso y Las Rozas de Valdearroyo.

En total, de los 11 municipios de Campoo solo Mataporquera, San Miguel de Aguayo y Pesquera “lograrán mantener la atención médica, al no estar previstas ausencias por vacaciones durante el verano”.

Fernández ha visitado Reinosa, acompañada por concejales y representantes del PRC en la comarca, para interesarse por la situación sanitaria y las consecuencias que la falta de profesionales está teniendo para los usuarios de Atención Primaria, dado que puede verse “seriamente agravada en las próximas semanas”.

A la vista de las previsiones del Servicio Cántabro de Salud, ha realizado un llamamiento a la “responsabilidad” del Gobierno regional para que “tome medidas extraordinarias y urgentes y comience a cubrir las vacantes para garantizar la cobertura sanitaria en los municipios”.