El Partido Regionalista de Cantabria celebrará elecciones primarias en la agrupación de Santander para elegir al candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones de mayo de 2027 -igual que ha sucedido a nivel autonómico con la aspirante al Ejecutivo Paula Fernández- a las que podrá presentarse cualquier militante que tenga al menos el aval de seis miembros del Comité Local.

La propuesta, aprobada este miércoles en la Ejecutiva del partido, es una iniciativa del propio Felipe Piña, actual portavoz del Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Santander que fue candidato en los pasados comicios y que busca el aval de los militantes para volver a encabezar el cartel electoral por la capital de Cantabria.

En esta ocasión, Piña ha propuesto al Comité Local de Santander que no haya designaciones automáticas sino que se habra un proceso democrático interno para designar al candidato a la Alcaldía para las elecciones locales de mayo de 2027. La agrupación ha presentado a la Ejecutiva un borrador de reglamento.

A partir de ahora se convocará un Comité Local extraordinario para aprobar el calendario electoral interno y designar un comité electoral. Tras este trámite se abrirá un plazo para presentar candidaturas. Si solo se registra una única candidatura -como es de prever: la de Felipe Piña- se proclamará de manera automática. En caso contrario, se celebrará una campaña electoral previa a la votación de los militantes que elegirán en las urnas al candidato que quieran que les represente.

El secretario de Organización del partido en Santander, Raúl Huerta, que es una iniciativa de “participación y transparencia” que involucra a toda la militancia reigonalistas en sintonía “con la nueva política de elección de candidatos ” iniciada por el PRC a nivel autonómico.

Un proceso interno histórico

Tras el anuncio de la dilatada sucesión de Miguel Ángel Revilla, el PRC abrió por primera vez en su historia, un proceso interno para elegir al candidato al Gobierno de Cantabria que ganó Paula Fernández. La designación se hizo a través de un procedimiento en dos fases. Una primera criba por parte de la Ejecutiva dejó fuera a dos de los cuatro aspirantes -Guillermo Blanco y Javier López Estrada- y llevó a una votación de los militantes para elegir entre Paula Fernández y Pablo Diestro, alcalde de Reocín.

La designación de Fernández se realizó en mayo de 2025, hace un año. Mientras, Revilla se mantiene como secretario general del partido, a la espera de un congreso interno que modifique los estatutos -para hacer oficial esta bicefalia, inédita en el PRC- y separe las figuras de número 1 y candidato electoral que hasta ahora han ido siempre enhebradas, además, al nombre propio del fundador del partido.

Queda también por despejar la incógnita de si Revilla renunciará también a la secretaría o se mantendrá en ella los próximos cuatro años. El Congreso tendrá lugar después del verano.

El movimiento de Felipe Piña pone sobre la mesa la democratización de los procesos de designación de candidatos del partido y abre la puerta a considerar si Santander será una excepción o si de aprobarse, las primarias se implantarían también en otros comités locales, dando más voz a los propios militantes que a la cúpula del partido.

En su caso, hace cuatro años fue elegido por el Comité Local de Santander para sustituir a José María Fuentes-Pila como candidato del PRC a la Alcaldía. Piña era entonces director general de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria y Fuentes-Pila había encabezado la lista en tres ocasiones.

Su estreno como candidato coincidió con la estrepitosa derrota electoral del PRC en mayo de 2023, que dio paso al Gobierno en minoría del Partido Popular en Cantabria. Los resultados de Santander también acusaron ese rechazo en las urnas -a los pocos meses del escándalo de Obras Públicas- y la lista de Piña obtuvo tres concejales con 9.621 votos (11,05% del total): dos menos de los que tenía.

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, ha asegurado este viernes que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), llega al Debate de Orientación Política del Gobierno, previsto para los días 25 y 26 de junio, con “más titulares que resultados” y con la Comunidad Autónoma “completamente paralizada”, después de tres años de “propaganda, anuncios reciclados y problemas sin resolver”. Por ello, ha anunciado propuestas de su partido.

“La vivienda es hoy más cara e inaccesible, tenemos un sector sanitario tensionado y los proyectos estratégicos, que podrían ser transformadores si fueran viables, solo han sido humo”, ha señalado.

Así lo ha manifestado la regionalista en una rueda de prensa, en la que ha adelantado las prioridades a las que espera que la presidenta dé respuesta después de tres años de “humera constante” para “tapar su inacción, incapacidad y falta de respuestas a los desafíos que Cantabria tiene que afrontar”.

Fernández Viaña ha avanzado que el PRC presentará propuestas de resolución para “intentar arreglar el desaguisado”. Entre ellas, un pacto cántabro para financiar el sistema de atención a la dependencia y mejorar las condiciones laborales del personal.

Además, ha defendido la necesidad de un convenio colectivo de ámbito autonómico para actualizar las tablas salariales y “dignificar su profesión y su trabajo con las personas mayores y dependientes, que es fundamental en la sociedad”.

También ha destacado que Cantabria necesita “respuestas y soluciones” en materia de vivienda, un ámbito que, a su juicio, resume “el fracaso social” del Gobierno del PP, con “alquileres disparados, jóvenes expulsados y ausencia de soluciones eficaces”.

“Buruaga habla de vivienda, pero los cántabros pagan más, encuentran menos pisos y se emancipan más tarde”, ha denunciado.

En este sentido, ha detallado que la Comunidad Autónoma ocupa el anteúltimo lugar en el ranking de emancipación juvenil, con una “cifra demoledora”: solo 1 de cada 10 jóvenes se emancipa en esta tierra.

La candidata regionalista ha sido igualmente crítica con la situación sanitaria, “cada vez más tensionada” y marcada por “las demoras, la falta de profesionales y el deterioro de la atención”, “en contra de las promesas de la presidenta”. A Buruaga le ha reprochado que haya pasado de “intentar resolver el déficit de médicos en verano a comunicar qué días van a estar cerrados”.

Precariedad sanitaria

“La presidenta y el consejero de Salud han pasado de buscar soluciones a gestionar directamente la precariedad que ellos mismos han generado”, ha añadido.

En cuanto a los proyectos estratégicos, ha señalado que el Campus Tecnológico Altamira se ha convertido en “el símbolo del modelo Buruaga”, que ha resumido en “grandes anuncios, poca transparencia y demasiadas preguntas sin respuesta”.

De hecho, ha recalcado que lo único que avanza es el polígono de La Pasiega, iniciado por el PRC en la pasada legislatura, aunque ha lamentado que la intermodal haya pasado de contar con financiación asumida íntegramente por el Estado a costar “más de 30 millones de euros a los cántabros”.

También ha cuestionado la falta de capacidad del Ejecutivo para atraer nuevas inversiones, después de que Cantabria haya perdido “la inversión transformadora” del fabricante chino de vehículos MG, que se instalará finalmente en Galicia, con una inversión de 200 millones de euros y 2.300 empleos directos.

En su opinión, Cantabria “está dejando pasar oportunidades: crece menos que España, reduce el paro con menos intensidad y pierde dinamismo productivo, mientras los motores tradicionales de la economía, como la productividad, la tasa de inversión y el tejido empresarial, caen preocupantemente”.

De hecho, ha afirmado que “algunas empresas se plantean abandonar Cantabria” porque el Gobierno “es incapaz de lograr la energía necesaria para desarrollar su actividad”, mientras el consejero de Industria, Eduardo Arasti, “ni está, ni se le espera”.

Ante esta situación, ha concluido que el PRC afronta el debate de la próxima semana con el objetivo de “poner verdad frente a la propaganda”, porque Cantabria “merece un Gobierno que haga menos anuncios y dé más soluciones”.

La figura del franquista Carrero Blanco (1904-1973) está abriendo una brecha en Cantabria. El debate de fondo es qué ley aplicar al monumento que su pueblo natal, Santoña, le hizo ya en democracia: si la de Memoria democrática, que supondría retirar el monumento por su condición de franquista, o la de Víctimas del terrorismo, dado que saltó por los aires en el atentado de la banda terrorista ETA. Víctima o verdugo.

El Ayuntamiento de Santoña había intentado sin éxito 'resignificar' la estatua para eludir la Ley de Memoria Democrática. Ahora, el debate ha llegado al Parlamento de Cantabria donde todos los partidos políticos representados estiman que debe conservarse, excepto el PSOE. Aunque el anterior alcalde socialista de Santoña también dijo hace unos años que no había que quitar el monumento “sino cambiar su denominación para evitar conductas que promueven la exaltación del franquismo”.

El PP, el PRC, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han unido sus votos para pedir que el Gobierno de la comunidad tramite la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) al monumento al franquista Luis Carrero Blanco en Santoña, su pueblo natal. Una iniciativa impulsada por Vox para salvar la estatua de la Ley de Memoria Histórica que obligaría a retirarla.

Los votos del partido de Miguel Ángel Revilla se han sumado a la operación de la derecha para dar otra lectura a uno de los grandes protagonista de la dictadura que llegó a ser presidente del Gobierno con Franco. El portavoz regionalista Pedro Hernando ha reconocido que Carrero Blanco, cuyo monumento “levantó en su día enormes críticas”, fue un “antimarxista” y un “antidemócrata”, si bien también fue “un benefactor del pueblo de Santoña” y “uno de los principales impulsores de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado”. “Está hecho a un santoñés ilustre”, ha subrayado.

Por ello, el PRC ha defendido que “es el momento de aplicar la ley”, tanto la de Víctimas del Terrorismo como la de Memoria Democrática, que también dice que “hay que trabajar para conseguir que la memoria democrática de este país se difunda y en esa memoria democrática están las víctimas de terrorismo”, ha dicho Hernando. “Miremos hacia adelante, apostemos por la democracia, apostemos por la formación, apostemos por explicarle a nuestros jóvenes y a nuestros mayores todo lo bueno y lo malo que hicieron algunos”, ha defendido.

Hernando ha relatado que cuando el pueblo de Santoña “para congraciarse con él” le ofreció una “estupenda parcela” para construirse un chalet para que veranease allí, Carrero propuso crear una guardería para los niños de las familias marineras. También ha recordado que cedió las marismas de Santoña al municipio y que hizo la traida de aguas. “Era un santoñés que ayudó a los santoñeses”, ha subrayado.

El PSOE se queda solo

El PSOE se ha quedado solo a la hora de rechazar esta proposición no de ley presentada por Vox, que pide paralizar cualquier intento de retirada o demolición de este conjunto escultórico por parte del Gobierno nacional, invocando la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de patrimonio.

Además, la iniciativa reclama aplicar la ley autonómica para declarar este monumento de Santoña como 'Espacio de Memoria y Dignidad de las Víctimas del Terrorismo', que esté debidamente señalizado y se incluya en los programas educativos.

El portavoz socialista Mario Iglesias ha aseverado que no se trata de una “iniciativa de patrimonio”, sino de “blanqueamiento”. Ha pedido retirar la placa que “exalta al dirigente franquista” y ha apuntado que existe “un precedente” del mismo escultor: El monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife que no fue declarado BIC porque los técnicos de Patrimonio del Gobierno de Canarias “concluyeron que su significado político era absolutamente inseparable” porque “la escultura se levantó para exaltar el régimen franquista”.

El cierre del aparcamiento subterráneo de Pombo en el centro de Santander por sus problemas estructurales de manera indirecta ha traido a la memoria el edificio a estrenar propiedad del Ayuntamiento deshabitado desde hace más de una década en la cercana calle de Santa Lucía.

El inmueble de cinco plantas, con diez plazas de garaje, había caído en el olvido ante la indiferencia municipal que lo mantiene cerrado.

Lo destapó hace más de un año el concejal regionalista Felipe Piña, que dio la voz de alarma y reprochó que la alcaldesa popular Gema Igual “permita esta situación mientras presume de que 11.000 personas opten a una vivienda de protección oficial en El Alisal”.

El PRC propuso destinarlo a viviendas en régimen de alquiler para jóvenes santanderinos con un precio que no supere el 30% de los ingresos vinculados al salario mínimo. El edificio continúa vacío un año después en medio de la crisis de vivienda.

Cuando se clausuró el parking de Pombo el Ayuntamiento de Santander ofreció a los propietarios que aparcaban allí sus coches otros aparcamientos gratuitos. Entre ellos 45 plazas en el recinto portuario junto a Comandancia Naval y Sanidad Exterior; entre 25 y 30 plazas en el aparcamiento del Palacio de Festivales; 10 plazas en el parking de Tetuán; 5 plazas en el aparcamiento de Jesús de Monasterio y 20 plazas en el de la Plaza de México.

A la lista se añadieron algunas plazas en el edificio municipal de la calle Santa Lucía -según comunicado oficial- para personas con movilidad reducida. Pero solo se pusieron a disposición de los afectados cuatro de las diez plazas que tiene en propiedad el Ayuntamiento en ese inmueble. No se ha explicado qué sucede con las otras seis, si hay alguna causa que impiden ser utilizadas porque -dado que el edificio está sin uso- lo lógico es que estuviesen todas disponibles.

En abril del año pasado, el portavoz regionalista Felipe Piña preguntó en el Pleno municipal por esas plazas de aparcamiento, después del testimonio de algunos vecinos que sí veían coches aparcados en ellas. “¿Quién y para qué se utilizan las diez plazas de aparcamiento de propiedad municipal que existen bajo el edificio?”, inquirió Piña. “Yo puedo afirmar que no se usan por nadie a la espera de que el edificio entre en funcionamiento”, respondíó el concejal de Patrimonio Daniel Portilla. Extrañamente, un año después solo se han puesto a disposición de los vecinos cuatro de ellas sin que hayan trascendido las razones por las que las otras seis no pueden utilizarse, habida cuenta de que el edificio sigue sin uso.

El inmueble de Santa Lucía 13 fue hasta el año 2005 el colegio religioso Divina Pastora gestionado por religiosas franciscanas. Al cerrar el centro educativo el edificio se derribó y se construyó un bloque de 30 viviendas con un aparcamiento subterráneo de 115 plazas junto a un edificio anexo que la constructora cedió gratis al Ayuntamiento de Santander para facilitar el cambio de uso de la parcela. En teoría, iba a ser destinado a un centro cívico cultural. La operación se hizo mediante un convenio urbanístico.

Una década después, el PRC municipal denunció que seguía cerrado. “Ese inmueble no está abierto porque no tiene un destino actualmente”, argumentó la alcaldesa hace más de un año. “Será una dotación municipal” pero “tenemos que esperar el momento”, añadió. El 'momento' aún no ha llegado y el edificio en pleno centro de Santander sigue cerrado y vacío.

“Tanto el edificio como las plazas responderán a las prioridades de Santander y sus ciudadanos, asegurando un beneficio directo para la ciudad”, fue hace un año la respuesta oficial.

La primavera de Santander se celebra solo cada cuatro años, con el entusiasmo propio de la cercanía de las urnas electorales. El portavoz del Grupo Municipal regionalista, Felipe Piña, ha desvelado que el festival 'Primavera viva', que incluye diferentes actividades gratuitas en el centro de la ciudad durante los meses de abril y mayo, se organiza “exclusivamente en los años electorales”. 

De hecho, solo se ha organizado en 2019 y 2023, coincidiendo con las semanas previas a las elecciones locales. Sin embargo, el resto de la legislatura el programa es “fulminado” de la agenda cultural y de ocio de la ciudad.

En un video difundido en sus redes sociales, Piña acusa a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), de utilizar los recursos municipales de manera “partidista y electoralista”.

En su opinión, esta “intermitencia selectiva” demuestra que Gema Igual “no busca consolidar una oferta de ocio y dinamización estable” para Santander, sino “utilizar los recursos públicos y los eventos gratuitos como una evidente herramienta de campaña electoral en beneficio propio”. 

Para Piña, la cultura y el entretenimiento vecinal no pueden ser un “recurso de quita y pon” que solo interesa poner en marcha en año de elecciones. Por este motivo, el Grupo Municipal Regionalista preguntará en el próximo Pleno por este “apagón cultural”. Asimismo, reclamará que el festival 'Primavera Viva' se convierta en una actividad fija y estable en el calendario anual de Santander.

La última edición del festival fue en mayo de 2023, cuando se celebraron las elecciones locales y autonómicas. Se programaron actividades de ocio en cinco plazas de Santander y en la calle Juan de Herrera durante varios días: fiestas infantiles, juegos educativos y participativos, talleres y conciertos. Durante un fin de semana previo a la cita con las urnas en la Plaza Alfonso XIII se organizó ‘Callejeando Food Fest’ con gastronomía internacional, actuaciones musicales en directo, exhibiciones de swing, danza, sesiones Dj, pinchadiscos, zona infantil y un 'market' de artesanos.

La diputada y candidata electoral del PRC, Paula Fernández, ha augurado un “colapso” en el Hospital Tres Mares, como consecuencia de “la acumulación de pacientes que se verán obligados a solicitar asistencia de Atención Primaria por la falta de médicos prevista durante todo el verano en ocho de los o11 consultorios rurales de Campoo, ausencias que se prolongarán entre 15 días y más de un mes”.

Así lo ha dado a conocer la regionalista, quien se ha declarado “muy preocupada” por la “sobrecarga” que puede llegar a sufrir el hospital a causa de la falta de médicos en los consultorios, la llegada de visitantes, que llegan a “multiplicar por siete” la población de la comarca, y la ubicación en el propio centro hospitalario del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), trasladado desde el cierre del Centro de Salud de Reinosa por un desplome en el tejado, en septiembre de 2024.

“Buena parte de la población de Campoo no tendrá más forma de acceder a un médico que personarse en el hospital, sobre todo en horario de mañana y antes de la apertura de los SUAPs de Polientes y Mataporquera, que funcionan entre las 15.00 y las 8.00 horas”, ha explicado Fernández.

“Estamos ante una situación muy preocupante y sin precedentes, porque el hospital ya está asumiendo la labor del centro de salud cerrado en Reinosa, a la que tendrá que sumar a partir de ahora la atención a los pacientes procedentes de los consultorios rurales que se quedan sin médico durante el verano”, ha agregado.

La regionalista ha detallado qué falta de facultativos afectará a la práctica totalidad de la comarca, según la información facilitada a los centros por el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

En concreto, obligará al “cierre total” de los consultorios de Polientes y Villanueva de la Nía, que “ya llevan tiempo sin médico titular y solo cuentan con sustituciones parciales del profesional de refuerzo en la zona”.

Además, las “ausencias vacacionales también dejarán sin facultativo durante varias semanas” a los pacientes de Valdeprado del Río, Campoo de Enmedio, Santiurde de Reinosa, Campoo de Suso, Campoo de Yuso y Las Rozas de Valdearroyo.

En total, de los 11 municipios de Campoo solo Mataporquera, San Miguel de Aguayo y Pesquera “lograrán mantener la atención médica, al no estar previstas ausencias por vacaciones durante el verano”.

Fernández ha visitado Reinosa, acompañada por concejales y representantes del PRC en la comarca, para interesarse por la situación sanitaria y las consecuencias que la falta de profesionales está teniendo para los usuarios de Atención Primaria, dado que puede verse “seriamente agravada en las próximas semanas”.

A la vista de las previsiones del Servicio Cántabro de Salud, ha realizado un llamamiento a la “responsabilidad” del Gobierno regional para que “tome medidas extraordinarias y urgentes y comience a cubrir las vacantes para garantizar la cobertura sanitaria en los municipios”.

El exalcalde de Vega de Pas por el PRC Víctor Manuel Gómez ha afirmado conocer “muy bien” a la exconcejala socialista en este municipio cántabro y exmilitante del PSOE Leire Díez, a la que ha tildado de “narcisista, fanática, trepa, poco inteligente y mala hasta decir basta”.

Gómez ha afirmado que se trata de una persona para la que todo es “armar el espectáculo”. “Una fashion, una pequeña Nicolasa o una Antoñita la Fantástica”, sin ninguna “moralidad” y que estaba en el PSOE “pero lo mismo podía haber dado en el PP”.

“El karma existe y lo va a pagar bien”, ha opinado en relación al caso que lleva su nombre y con la que supuestamente se pretende desestabilizar las causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez.

En declaraciones a Europa Press, el exalcalde de Vega de Pas ha detallado que Leire Díez llegó al municipio sobre el año 2007 cuando adquirió una cabaña pasiega que rehabilitó. “Era una de tanta gente que hay aquí que vende y compra cabañas”.

Según ha relatado, antes de ser concejala ya era “un poco exigente” con el exregidor en sus peticiones, tales como que arreglase una carretera por un bache o por problemas con el suministro de agua, “estaba siempre así”.

Y dado que Leire es “muy activa”, “enseguida la captó la oposición” que Gómez tenía en el Ayuntamiento, cuando aquello el PP, junto al médico del pueblo, pero para acabar ambos formando parte de las listas del PSOE. “Eran (los 'populares') la gente pensante que les utilizó; a ella porque era muy revolucionaria y a él porque era una autoridad moral dentro del pueblo”.

Un “infierno” de oposición y fraude electoral

“Me empezaron a hacer una oposición muy dura: muchas denuncias, cualquier cosa que hacíamos estaban en encima, querellas... Un infierno con ellos”, ha lamento Gómez, que, incluso, les ha acusado de realizar fraude electoral en los comicios de 2011, cuando un pacto entre PP y PSOE le arrebató la Alcaldía.

El exalcalde del PRC ha afirmado que Díez y el médico tenían como objetivo a las personas mayores y vulnerables para que emitieran su voto por correo, una práctica que “hacen todos los años” -incluido el PP, ha señalado-.

“Ya veía que me la iban a hacer gordísima”, ha dicho, por lo que puso en conocimiento de estos “movimientos” a la Junta Electoral Central a través de una carta y también lo denunció ante la Guardia Civil, cuerpo que encontró en la papelera del asilo de Vega de Pas “30 solicitudes de voto por correo con la misma letra: la del médico”.

También ha insinuado que tanto Leire como el doctor “estaban compinchados con gente de Correos”. De este modo, este último “era el que llevaba a la oficina como 30 o 40 solicitudes de voto por correo”, algo que ha justificado en que la entrada en Correos fue a las 13.05 horas, las 13.06, las 13.07...“. Sin embargo, ni la Junta Electoral Central ni los tribunales dieron la razón al exalcalde.

“Los tribunales no son Dios, también están hechos por personas”, ha afirmado Gómez para también insinuar que en aquella época Leire Díez “se movía por esferas muy altas”, apuntando al cántabro Alfredo Pérez Rubalcaba, del que “era muy amiga”.

Con todo ello, ha dicho que perdió y que le echaron de la Alcaldía “de malas maneras”, y a día de hoy sigue pensando que aquellas elecciones “fueron fraudulentas” y que se las “robaron”, ha sostenido.

Incluso ha comentado que le condenaron a dos años y cuatro meses de inhabilitaron en 2017 por una querella interpuesta por Leire por contratar como guía del Museo Etnográfico a una amiga suya -la que le vendió la cabaña- “porque no encontrábamos a nadie”, aunque la jueza entendió que la metió “a dedo”.

Así las cosas, Gómez ha aseverado que Leire “ya despuntaba” por lo que no le extraña “lo que está pasando” y ha opinado que “el karma existe y lo va a pagar bien. Ya sería el colmo que la absolvieran”.

En cuanto al ascenso de la exedil en Madrid, a su juicio, se trata de una persona “mala, atrevida y poco inteligente” por lo que ha concluido que “la han utilizado para hacer la labor sucia”, afirmando que la prueba está “en que la han grabado todas las conversaciones”, con lo que “no se fían mucho de ella tampoco”.

Según ha explicado el exalcalde, tras las elecciones del 2011, Leire “salió mal” con el actual regidor del PP de Vega de Pas y también senador, Juan Carlos García, que la expulsó junto al médico del equipo de Gobierno.

A raíz de ahí, se quedó “desamparada” y la “metió” la exvicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, en el PSOE autonómico para hacerse cargo de las redes sociales del partido entre 2015 y 2017. “La pagaban bien, 45.000 euros para llevar cuatro redes y cuatro tweets”, ha enfatizado.

Gómez ha continuado con que cuando Pablo Zuloaga ganó en 2017 las primarias en el seno de la formación socialista en la región, “se la quitó de encima. Pienso que sospechaba qué tipo de persona era, que era peligrosa”.

Tras esto, Leire se fue a Madrid y “ya no sé si por Ábalos o Narbona y como es de un carácter muy trepa”, ha ido “subiendo y subiendo”, conociendo gente. “Casi ha tocado al presidente, si no ha tenido reuniones con él”, ha opinado.

Finalmente, por su experiencia, el exalcalde cree que Díez “es de estas personas que vale más que estén lejos y más tenerlas de amigas que de enemigas”.

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, defenderá una iniciativa en el Parlamento para proponer la convocatoria de ayudas nominativas de hasta 4.000 euros, con el fin de fomentar la instalación de establecimientos de hostelería y tiendas de alimentación de proximidad en municipios con alta dispersión territorial y núcleos de población inferiores a 300 habitantes.

Así lo ha dado a conocer este miércoles en Mirones, donde también ha presentado las alegaciones presentadas por el Partido Regionalista al anteproyecto de Ley de lucha contra la Despoblación y el Reto Demográfico, encaminadas a “garantizar los derechos” de la población rural y evitar que la futura norma quede reducida a “un mero instrumento declarativo, sin protección suficiente de servicios como la sanidad, la conectividad o el transporte a demanda”.

Fernández ha comparecido públicamente junto al alcalde de Miera, el también regionalista José Miguel Crespo, para presentar ambas iniciativas, cuyo objetivo es -según ha explicado- continuar las políticas de lucha contra el despoblamiento iniciadas durante la pasada legislatura, gobernada por PRC-PSOE y en la que estas competencias dependían de la Consejería que dirigía la regionalista.

A su juicio, las ayudas para bares impulsadas por el actual Gobierno (PP) resultan “claramente insuficientes”, por sus limitaciones de cuantía, alcance, requisitos y “capacidad real para mantener estos servicios”, en un contexto marcado por el incremento de los costes energéticos, los problemas de relevo generacional, la escasa rentabilidad derivada de la baja densidad poblacional y las dificultades para contratar personal o modernizar las instalaciones.

Su propuesta plantea por ello un cambio de orientación y la concesión de subvenciones nominativas adaptadas a la realidad económica y social del medio rural para aquellos establecimientos que mantengan una actividad efectiva, tanto bares como otros locales de hostelería, cafeterías, tiendas de alimentación y supermercados de proximidad.

Asimismo, defiende “criterios de valoración positiva y líneas de ayuda reforzadas” para los establecimientos que presten servicios complementarios a la población rural, especialmente “reparto a domicilio de productos básicos a personas mayores, dependientes o con dificultades de movilidad”.

16 alegaciones

Por otro lado, la candidata del PRC ha puesto en valor las 16 alegaciones presentadas por el PRC al anteproyecto de Ley de Lucha contra la Despoblación sometido a exposición pública por el Ejecutivo, todas ellas encaminadas a reforzar el carácter “garantista” de la futura norma.

Ese enfoque, prioritario en el proyecto que elaboró el anterior Gobierno en 2023, ha sido sustituido ahora por “un catálogo genérico” de medidas administrativas, por lo que los regionalistas quieren “recuperar el reconocimiento expreso de los derechos de los vecinos” en aras a asegurar “la igualdad real en el acceso a servicios públicos y oportunidades”.

“La ley que han presentado retrocede en derechos y garantías y no incluye suficiente protección de servicios como la sanidad, la conectividad o el transporte a demanda”, ha precisado Fernández.

Por ello, las alegaciones introducen medidas como una cláusula de “no regresión territorial”, para impedir reducciones injustificadas de servicios públicos esenciales en el medio rural, y la obligación de motivar cualquier reorganización administrativa que afecte a los municipios en riesgo de despoblamiento.

También incorporan la exigencia de que todas las iniciativas normativas, presupuestarias o de planificación territorial incluyan una evaluación previa de impacto demográfico cuando puedan afectar al medio rural.

Respecto a los servicios públicos, el PRC defiende el transporte a demanda como garantía específica de movilidad para los municipios sin conexiones suficientes con centros sanitarios, educativos o administrativos y reclama refuerzos para asegurar el acceso a los servicios sanitarios, con criterios específicos para la organización de citas, horarios y desplazamientos, sobre todo en atención primaria, pediatría, enfermería y atención a personas mayores o dependientes.

En el ámbito de la vivienda, pide medidas para facilitar la rehabilitación y recuperación de casas vacías o deterioradas, mediante ayudas, incentivos fiscales, simplificación administrativa y tramitación preferente, así como la adaptación de las políticas de eficiencia energética a las singularidades de la vivienda tradicional de los núcleos rurales.

La conectividad digital es otro de los derechos que los regionalistas quieren preservar por su carácter “esencial” para la cohesión territorial, con medidas que aseguren la cobertura móvil y el acceso a Internet de alta velocidad en todos los municipios.

Las alegaciones defienden además un refuerzo del control parlamentario para asegurar el cumplimiento de la futura ley, mediante un debate anual sobre el grado de ejecución de las medidas, la financiación asignada y la evolución demográfica de los municipios afectados.

Por último, el PRC plantea mecanismos específicos de financiación territorializada y medidas fiscales dirigidas a favorecer la residencia, el emprendimiento, la actividad económica y la rehabilitación de vivienda en los municipios en riesgo de despoblamiento.

La diputada y portavoz del PRC en materia de Inclusión Social, Ana Obregón, defenderá una proposición no de ley en el Parlamento de Cantabria para mejorar las condiciones laborales del personal del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y reforzar el sistema de atención a la dependencia, “ante las carencias estructurales detectadas en el sector”.

La iniciativa responde a “las deficiencias constatadas” en los últimos informes del Observatorio Estatal de la Dependencia, como consecuencia de una financiación “insuficiente” y de un modelo “sostenido, en demasiadas ocasiones, sobre condiciones laborales precarias”.

En una nota de prensa, Obregón ha hecho hincapié en el último informe, que advierte de demoras en la tramitación de los expedientes, pérdida de plazas y un aumento del número de personas en listas de espera.

Esta situación “impacta directamente en las condiciones laborales del personal del sector”, con una repercusión “muy preocupante” en el servicio de ayuda a domicilio, cuya plantilla está integrada en su práctica totalidad por mujeres.

En este sentido, ha afirmado que las trabajadoras del SAD “sufren una situación laboral marcada por la pérdida de poder adquisitivo, con compensaciones por desplazamientos desactualizadas y la ausencia de derechos básicos, como horas médicas retribuidas”.

“Su situación está condicionada por licitaciones públicas que priorizan el precio frente a la calidad y que conllevan insuficiencias en las plantillas, sobrecarga de trabajo y una precarización tal que repercute en la calidad y la dignidad de la atención a las personas dependientes”, ha agregado.

Asimismo, ha denunciado la “elevada siniestralidad y la falta de sustituciones que sufre el sector”, cuyas trabajadoras están impulsando movilizaciones a nivel estatal para exigir mejoras laborales y reconocimiento profesional.

Considera que Cantabria “no puede permanecer ajena a esta realidad y debe avanzar hacia un modelo que garantice los derechos laborales, la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema”, con medidas como la elaboración de un convenio, en el marco del diálogo social, para impulsar mejoras.

Entre ellas, además de actualizar las retribuciones y proteger el poder adquisitivo, reclama cláusulas de revisión salarial ligadas al coste real de la vida, la actualización de las compensaciones por desplazamiento, el reconocimiento de las horas médicas para asistencia a consultas y pruebas y un plan de mejora que garantice la estabilidad en el empleo, la seguridad laboral y ratios adecuadas de personal.

Asimismo, reclama un incremento progresivo de la financiación autonómica del sistema de dependencia, la aprobación en tres meses de un plan de mejora, pliegos de contratación con cláusulas sociales y laborales que eviten bajas temerarias y valoren las condiciones de empleo, y aboga por promover la extensión de estos criterios a las licitaciones municipales, junto con la Federación de Municipios de Cantabria.

La propuesta también quiere impulsar una declaración institucional de reconocimiento al personal del sector, y especialmente del SAD, además de campañas de sensibilización que visibilicen el valor social y profesional del trabajo de cuidados.

El tercer y quizá el último presupuesto de Cantabria entrará en vigor con cuatro meses de retraso tras un final feliz después de la escenificación de un desacuerdo que se zanjó de repente, con una inesperada reconciliación. Una maniobra de reanimación del PRC al Gobierno del Partido Popular que se precipitó por sorpresa. No vamos a malpensar que para satisfacer los intereses políticos personales de quienes lo rubrican más que los intereses públicos de todos los cántabros.

Nos dicen que se invertirá más dinero. Otra cosa es que sirva para las prioridades que necesitan los cántabros. En Sanidad, por ejemplo, se va a invertir más que nunca. Resulta curioso que cada vez nos salga más caro tener un peor servicio con las privatizaciones, las listas de espera y las demoras en las consultas de atención primaria. Es más, ni siquiera están contentos los propios sanitarios. 

Hay, además, un contraste absoluto entre la gravedad con la que se toman los presupuestos en el ámbito político y la absoluta indiferencia que provoca en los ciudadanos. Tal vez porque las cuentas públicas no van a cambiar sustancialmente nada. Quizá haya un poco más de dinero para poder cortar algunas cintas inaugurales y colocar placas memorialistas antes de las elecciones de mayo del 27 en las que quedan grabados en letras doradas los nombres de los alcaldes, consejeros y presidentes. 

Resulta curioso que cada vez nos salga más caro tener un peor servicio con las privatizaciones, las listas de espera y las demoras en las consultas de atención primaria

El pacto retrata la tibieza de las exigencias del PRC respecto a un Ejecutivo popular que ahora abraza la xenófoba 'prioridad nacional' para cerrar acuerdos de gobierno en otras comunidades y que aquí ya se aplicó al principio de legislatura. Cuando la presidenta Buruaga rechazó un centro de acogida para extranjeros en Camargo porque era mejor hacer algo -que no se ha hecho- para los de aquí. 

También se abraza a la ultraderecha cada vez que recurre la llegada de un menor extranjero a Cantabria. Lo hace con todos. Hasta se ha subido al carro de la mal entendida 'okupación' para justificar erróneamente la subida de los alquileres. Aunque los datos desmienten que sea un problema en Cantabria con cifras insignificantes, nuestros gobernantes insisten en el discurso del miedo.

El PRC hizo presidenta a Buruaga para evitar que pactase con Vox y neutralizar sus políticas ultraderechistas, pero ha resultado un rotundo fracaso. Paradójicamente el Partido Popular ha asumido sus discursos sin ninguna necesidad, lo cual resulta más inquietante. 

A su vez, es preocupante que los sucesivos acuerdos de los regionalistas pasen por alto estas cuestiones y algunas otras exigencias. A la privatización sanitaria -un procedimiento dudoso e incompatible con la defensa de la sanidad pública- se une la descarada impunidad urbanística ninguneando a los expertos de la comisión de urbanismo, y alentando a los ayuntamientos a ir más allá de la ley con ese llamamiento a no poner trabas a los alojamientos turísticos hasta en la línea de costa. Hasta se pretender aprobar el PROT por la puerta de atrás sin el consenso de los colegios profesionales.

La protección del territorio, el freno a la masificación turística y la vivienda son los verdaderos desafíos, que no se resuelven con algunas tiritas como el acuerdo salarial con los docentes, exigir que se paguen las subvenciones a los ganaderos o los cinco millones de euros para proyectos estratégicos, cuando el primero de ellos -el centro de datos Altamira- ya despierta notorios recelos porque ni siquiera tiene todavía el enchufe eléctrico que necesita.  

Aparcamientos de caravanas en los parques naturales, a los pies de la playa. Construcciones turísticas en suelo rústico. Mientras las personas que residen en Cantabria -esto ya no es una prioridad sino una emergencia- no pueden acceder a un alquiler ni comprar un piso. Un urbanismo prácticamente a la carta hace que Cantabria esté en riesgo de convertirse en un gigantesco escaparate turístico que deteriore su territorio y su paisaje natural. 

La aprobación de los presupuestos de manera tácita o indiferente bendice o encubre estas políticas. No cambia el rumbo. Quizá hubiese sido deseable algo más de ambición. 

El diputado del PRC y exconsejero del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco, sustituirá a Francisco Javier López Marcano como vicepresidente segundo del Parlamento de Cantabria, según ha comunicado el grupo regionalista, que ha notificado ya esa designación a la presidenta de la Cámara, María José González Revuelta (PP).

Según informa el PRC en una nota de prensa, Guillermo Blanco tomará el relevo de López Marcano, fallecido el pasado 2 de abril, en el próximo pleno del Parlamento, este próximo lunes 20.

Nacido en Ongayo (Suances) en marzo de 1965 y graduado en Relaciones Laborales por la Universidad de Cantabria, Blanco fue elegido diputado en las elecciones autonómicas de mayo de 2023, después de haber sido consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente durante la pasada legislatura.

Persona de la máxima confianza del expresidente y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, fue su director de Gabinete tanto en la Vicepresidencia y Consejería de Obras Públicas (1999-2003) como en la Presidencia (2003-2011 y 2015-2019). En su trayectoria política también ha sido concejal del Ayuntamiento de Suances (1995-2007) y alcalde pedáneo de Ongayo (1995-2011).

A nivel profesional, Guillermo Blanco ha trabajado como agente de seguridad, técnico de deportes en el Ayuntamiento de Suances y policía local en Santander. En la actualidad compatibiliza su labor en el Parlamento con la docencia en la Universidad Europea del Atlántico, como profesor de comunicación política y dirección estratégica.

También el PRC ha comunicado la reorganización de su representación en las comisiones parlamentarias, ya que Rosa Díaz sustituye como miembro de la Comisión de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente a Pedro Hernando, que a partir de ahora se hará cargo de la Portavocía en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ocupada hasta ahora por Paula Fernández.

La candidata regionalista a la Presidencia en las próximas elecciones relevará a Javier López Marcano en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte, mientras que Ana Obregón lo hará en la de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y Javier López Estrada, en la de Industria, Empleo, Innovación y Comercio.

Ana Obregón tomará el testigo de Rosa Díaz en las comisiones de Inclusión Social, Familias e Igualdad y en la no permanente sobre Discapacidad y de Guillermo Blanco en la Comisión de Peticiones, mientras que Pedro Hernando sucederá a López Marcano en la Comisión sobre Financiación Autonómica y Paula Fernández, en la Diputación Permanente, con Javier López Estrada como suplente. 

El PRC propondrá limitar la construcción de segundas residencias en suelo rústico en Cantabria, en el proceso de aprobación de la Ley de Vivienda. Así lo ha avanzado este miércoles el portavoz regionalista, Pedro Hernando, en una comparecencia ante los medios en el Parlamento, sin adelantar detalles de su futura enmienda, justo antes de advertir que el turismo no puede convertirse en un “elemento disfuncional” del mundo rural.

“Convertir el mundo rural en una segunda residencia de las comunidades autónomas cercanas y de la gente que viene a utilizar Cantabria como un elemento vacacional no es el modelo”, ha señalado ante las medidas que está tomando en este sentido el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP).

La reacción de Hernando responde a la reciente petición del Ejecutivo del PP a los ayuntamientos para que faciliten las autorizaciones de uso turístico en las viviendas construidas en suelo rústico. Tal y como ha publicado El Diario Montañes, esa orden llegó específicamente desde la Consejería de Urbanismo, en la última reunión de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).

El departamento que dirige Roberto Media (PP) instó a los ayuntamientos de Cantabria a no denegar permisos de actividad turística a las viviendas levantadas en suelo rústico con licencias de construcción de la CROTU, propuesta que fue autorizada por la comisión.

La Consejería presentó la aclaración para los alcaldes, después de comprobar que algunos secretarios y técnicos municipales se negaban a autorizar las licencias o mostraban dudas al respecto porque consideraban que contravenía el sentido de fijar población en las zonas rurales que tiene la Ley del Suelo —modificada en 2024 con el apoyo del PRC—.

Un año después, el Gobierno aprobó otra modificación clave: la del decreto de viviendas turísticas, dejando en manos de los municipios las autorizaciones para que un propietario inscribiese su vivienda en el registro autonómico. Por lo tanto, sin la aprobación, la actividad de vivienda turistica sería ilegal. En la actualidad, la Consejería de Turismo analiza las peticiones, mientras la de Urbanismo pide ahora a los ayuntamientos que relajen las autorizaciones para uso turístico para construcciones legales.

Los tres colegios profesionales que recientemente se negaron a votar el futuro Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) rechazaron la iniciativa de Urbanismo, aprobada en la CROTU gracias a la mayoría con la que cuenta el Gobierno en este órgano.

El argumento que utiliza el Gobierno de Buruaga es que, si el inmueble se ha construido legalmente, su uso es secundario. Consultado sobre si esta situación no pervertiría el sentido de la Ley del Suelo pactada con el PP, el portavoz regionalista ha elegido enfocarse en el decreto y ha reconocido que es “llamativo” que el Gobierno de Cantabria haya aprobado un decreto para limitar las viviendas turísticas y por “inacción”, lo anule mediante una orden: “Resulta que todas las viviendas que hayan pedido un informe al ayuntamiento, se haya emitido o no, van a poder ser este verano viviendas turísticas. Ese no era el objetivo del decreto”, ha recordado.

La regionalista Ana Obregón ha tomado posesión este lunes de su escaño en el grupo del PRC en el Parlamento de Cantabria en sustitución de su compañero de partido Javier López Marcano, fallecido el pasado 2 de abril.

Obregón ha prometido acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cantabria al inicio de la habitual sesión plenaria de los lunes en la Cámara regional.

La nueva diputada regionalista ha ocupado la vacante dejada por López Marcano al haber concurrido como número nueve en la lista del PRC a las elecciones autonómicas de 2023, en las que su partido obtuvo ocho diputados.

Ana Obregón es titulada en ingeniería química y ya fue parlamentaria regional con el PRC en la anterior legislatura.

Tras las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2023 no repitió escaño en la Cámara pero entró en el equipo de gobierno de su ayuntamiento, Santa María de Cayón, en un pacto con el PSOE y con Pilar del Río, que se presentó como independiente y fue elegida alcaldesa.

Tras dimitir a finales de agosto de 2024 la alcaldesa, Del Río pactó con el PP e hizo regidor a Francisco Viar, pasando ella a ser concejal, y los regionalistas y los socialistas salieron del gobierno municipal.

López Marcano era además vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento, por lo que queda por resolver quién le relevará en ese puesto.

Varios cientos de personas entonando la canción ‘Viento del Norte’, cantada por Nando Agüeros, han despedido este lunes al histórico miembro del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) Francisco Javier López Marcano, que falleció el jueves a los 71 años víctima de un infarto.

Al acto religioso celebrado en la iglesia de La Asunción, a pocos metros del domicilio familiar del fallecido, han asistido el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla; la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, y el delegado del Gobierno, Pedro Casares.

También han acudido al funeral consejeros del Gobierno de Cantabria, compañeros del PRC y diputados, alcaldes y representantes políticos de diversas formaciones junto a ciudadanos de Torrelavega.

Además, no han faltado representantes de diversas agrupaciones gastronómicas de la comunidad como las del hojaldre, la anchoa, la nécora o el bonito, para despedir a López Marcano en su calidad de fundador y Gran Maestre de la Cofradía del Hojaldre de Torrelavega.

Desde horas antes del funeral, decenas de personas ya se habían concentrado en los alrededores de la iglesia de La Asunción para dar el último adiós a López Marcano, ya que el interior del templo se quedó pequeño para acoger a tantas personas que acudieron al oficio religioso.

“Memoria de elefante y palabra de tratante”, predicaba de sí mismo. Francisco Javier López Marcano (Torrelavega, 26 de enero de 1955 - 2 de abril de 2026) era capaz de recitar de memoria el primer capítulo de 'Cien años de soledad'. Le bastaba rozar un papel con la mirada para retener su contenido. A su prodigiosa memoria se le unían otras cualidades como una imaginación extrema para concebir grandes proyectos, como la cueva de El Soplao, un éxito turístico para Cantabria. Fue un político ambicioso que pensaba en grande. Se fue a Roma para promocionar el turismo religioso y habló con el Papa Benedicto XVI en latín, mientras le entregaba un ejemplar del Beato de Liébana ilustrado por el pintor José Ramón Sánchez.

El nombre del político que sabía latín, y que ha ilustrado durante cuatro décadas sus intervenciones con reflexiones de los clásicos, ha quedado asociado especialmente a la cultura cántabra que concibió como un todo, como una fusión de naturaleza, recursos turísticos, gastronomía y arte.

Marcano, gran conversador, lector empedernido, amante y coleccionista de arte, se despidió de la vida en la madrugada del Jueves Santo, en el simbólico momento que antecede a la pasión para los cristianos. El corazón, que ya había sido reparado hace unos años, dejó de latir en la misma ciudad que le vio nacer y a la que se entregó con la misma devoción religiosa que tenía. Vivía en Torrelavega con su mujer, Pilar Estrada, y el cariño de sus tres hijos -Leticia, Javier y Alba- y de sus nietos, de los que hablaba siempre que podía.

Le gustaba presumir de sus orígenes. Nació en Tanos y su padre desempeñó todos los oficios posibles para salir adelante: minero, tendero, jardinero. Él solo abandonó Torrelavega en un breve paréntesis vital para estudiar Filología Hispánica en la Universidad de Valladolid y hacer la mili, etapa que coincidió con los excitantes años de la transición. Curiosamente, mientras opositaba, estuvo a punto de ser uno de los primeros croupiers del Casino del Sardinero, pero en una carambola el día antes de vestirse el esmoquín consiguió una plaza de profesor en el Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega donde ha enseñado Latín a varias generaciones de torrelaveguenses.

Carrera política fulgurante

La influencia política de Marcano ha sido determinante en las últimas décadas. Se entregó a ella con pasión y entusiasmo desde el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) hasta los cargos que ha desempeñado en el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Torrelavega, donde fue alcalde. Siempre al lado de Miguel Ángel Revilla, Marcano ha ejercido una extraordinaria influencia como uno de los padres del regionalismo cántabro y el poderoso líder del PRC en la comarca del Besaya. Si hay una palabra que le ha definido es lealtad, la que él profesaba hacia los demás y la que exigía hacia sí mismo.

Tenía 24 años cuando en 1979 ingresó en ADIC, la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria. Ocho años después se afilió al PRC y comenzó, como concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Torrelavega, una carrera política que suma casi cuatro décadas en primera línea con un solo breve paréntesis.

En alguna ocasión su hijo, Javier López Estrada, actual alcalde de Torrelavega y diputado autonómico durante las dos últimas legislaturas compartiendo bancada con su padre, ha narrado una anécdota que ilustra el carácter pícaro de su progenitor. Cuando aún era novato, al acceder al Ayuntamiento el policía de la entrada le pregunto: “¿Y usted quién es?”. “Vasco Núñez de Balboa”, respondió. Así lo apuntó el agente, con lo que el conquistador español se ha convertido en el personaje mas ilustre que ha visitado la Casa Consistorial de la capital del Besaya.

En el año 1995 llegó por primera vez a la Consejería de Cultura y Deporte, en el Gobierno de José Joaquín Martínez Sieso (PP). Posteriormente fue alcalde de Torrelavega y, tras esa etapa, regresó a la Consejería engordada con las competencias en Turismo.

La mano derecha de Revilla también atravesó épocas amargas cuando tuvo que ser sacrificado por su propio partido a consecuencia de los procesos judiciales que inició el Partido Popular contra él. Causas que hicieron mucho ruido y quedaron en agua de borrajas, pero que convirtieron a Marcano en mártir regionalista, tras varios años de fogosa artillería judicial. Procesos, como aquella fabulada desaparición de cuadros, El Soplao, el molino de Vestas, la Casa de los Gorilas de Cabárceno o la causa del Racing que esquivó con veredictos de inocencia.

“Tranquilo, sereno, equilibrado y confiado”. Así respondía cada vez que le preguntaban en aquella época por su futuro judicial. Después, volvió con plenos poderes. Miguel Ángel Revilla recuperó al hombre que siempre había estado a su lado y restituyó su honor nombrándole nuevamente consejero de Industria, Turismo, Innovación y Comercio en la pasada legislatura. “Estás limpio”, le dijo en un acto multitudiario ante cientos de simpatizantes. Ahora ocupaba un escaño como diputado en el Parlamento de Cantabria y vivía muy pendiente de los cambios en la cúpula de su partido y de la carrera política de su hijo, en quien ha sembrado su ambición política.

Cantabria infinita

Soñó con una 'Cantabria infinita', el lema que se popularizó bajo su mandato como reclamo turístico que aún pervive, fue un político impetuoso y creativo que a las siete de la mañana ya estaba en el despacho y que era capaz de improvisar una visita a cualquier obra en marcha. A sus colaboradores les costaba seguir el ritmo de este seductor de modales elegantes que vestía cuellos cisne, trajes a rayas e incluso sombrero y gabardina y que tenía una colección de un centenar de corbatas.

Marcano ha sido un politico con un elevado perfil intelectual y cultural que abrazaba con idéntica pasión la ópera -la gestión de oro del Palacio de Festivales puso en escena espectaculos de alto nivel que no se han vuelto a repetir- y un partido del Tropezón de Tanos, su primer equipo. Porque acostumbraba a recitar como una letanía que era del Trope, de la Gimnástica, del Racing, del Real Madrid y de España. A la vez era un enamorado del ciclismo y los bolos. Y, sobre todo, de la gastronomía. Como buen goloso que era defendió y promoció el hojaldre de su ciudad dentro de la Cofradía que ensalza este producto típico.

El histórico trío de dirigentes del regionalismo cántabro se ha quedado huérfano. Únicamente queda Revilla de aquella alineación simbólica del PRC: Rafael de la Sierra, falllecido en 2019 y Javier López Marcano, que se despidió en la madrugada de este 2 de abril de 2026 de la vida también a una edad muy temprana. Tenía solo 71 años.

'Las valquirias' de Wagner, su pieza favorita, cantan su grito de guerra mientras llevan a los héroes caídos al valle Valhalla, donde los difuntos preparan junto a Odin la batalla del fin del mundo. Hasta allí viaja el político infinito que ha sido Marcano.

El diputado regionalista Francisco Javier López Marcano ha fallecido este jueves 2 de abril de 2026 a los 71 años víctima de un infarto. Nacido en Torrelavega el 26 de enero de 1955, a lo largo de su larga trayectoria política ha sido consejero del Gobierno de Cantabria en diferentes etapas y con distintas responsabilidades, siempre como hombre de confianza de Miguel Ángel Revilla, además de alcalde y concejal de su ciudad natal y dirigente histórico del PRC, partido en el que militaba desde hace cuatro décadas.

Licenciado en Filosofía y Letras, rama Hispánicas, por la Universidad de Valladolid, ejerció durante años como profesor de Latín en el Instituto de Educación Secundaria Marqués de Santillana de Torrelavega y seguía al frente del PRC en la comarca del Besaya. Esta legislatura era diputado autonómico y vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento de Cantabria.

Casi toda su carrera política ha transcurrido como mano derecha de Miguel Ángel Revilla, con quien comparte militancia desde 1987. Con anterioridad había formado parte de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC), germen del actual PRC y escuela de algunos de sus líderes más carismáticos, como el propio Marcano, Revilla o el también fallecido Rafael de la Sierra.

A lo largo de su dilatada carrera ha ejercido como concejal y alcalde de Torrelavega de 1999 a 2003, diputado autonómico, director general y consejero del Gobierno de Cantabria en dos etapas, con responsabilidades en las áreas de Cultura, Turismo, Deporte, Industria, Innovación y Comercio.

Política en dos etapas

Aunque Marcano nunca dejó la política desde que comenzara su militancia en el PRC, siempre ocupando puestos destacados en diferentes instituciones públicas, su paso por la primera línea sí tuvo dos etapas bien diferenciadas. Primero como director general de Cultura en un Gobierno de coalición con el PP y después como consejero de Cultura, Turismo y Deporte en dos legislaturas en el bipartito que los regionalistas formaron con el PSOE bajo la Presidencia de Miguel Ángel Revilla.

En 2015, inmerso en diversas causas judiciales de su paso por el Gobierno de Cantabria de las que finalmente salió absuelto, la necesidad del PRC de alcanzar un acuerdo con Podemos para una nueva investidura de Revilla le obligó a dar un paso a un lado y entregar su acta de diputado como exigencia de la formación morada. Sin embargo, tras ser declarado inocente, el líder regionalista lo recuperó para su Ejecutivo en 2021 y fue nombrado otra vez consejero.

El PRC ha dado un plazo de ocho días a la Consejería de Desarrollo Rural para cumplir su parte del acuerdo, en referencia al pago de ayudas al sector primario, por el que los regionalistas apoyarán el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026 del Gobierno del PP.

En concreto, los regionalistas solicitan que antes del 9 de abril el Ejecutivo se comprometa a pagar las ayudas pendientes de 2024 y 2025 y a elaborar un calendario anual de la convocatoria y pago de las subvenciones al sector, como recoge el acuerdo presupuestario entre ambos partidos.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha recalcado este miércoles, en su comparecencia en el Parlamento de Cantabria para presentar su presupuestos, que van a cumplir, pero el portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha asegurado sentirse “enormemente decepcionado y muy preocupado”.

Hernando ha dado de plazo hasta el 9 de abril, fecha en la que se debaten las enmiendas a la totalidad, para aportar los documentos que acrediten esos compromisos.

“No me vale con que usted diga que están todas pagadas (las ayudas), porque me lo dijo en octubre y no era verdad; me lo dijo en noviembre y no era verdad, y me lo dijo en diciembre y no era verdad”, ha afeado Hernando.

“Por mucho que alguna persona insista en trasladar la idea de que no pagamos o que debemos ayudas a los ganaderos, vuelvo a reiterar con absoluta claridad y responsabilidad, que el Gobierno de Cantabria no tiene pendiente de pago ninguna subvención fuera de los plazos establecidos por la normativa”, ha recalcado la consejera, quien ha recordado que en 2026 el presupuesto de su departamento será de 197,3 millones de euros, un 3,47 % más que en 2025.

Susinos ha dicho que, a día de hoy, el Ejecutivo ha abonado en ayudas más de 36 millones de euros, correspondientes a distintas líneas de apoyo al sector ganadero.

Según ha dicho, las que restan por pagar se encuentran dentro del plazo marcado por la normativa vigente y los representantes del sector ya tienen conocimiento de las fechas aproximadas en que se les abonarán. “No obstante, nuestro compromiso es claro: intentar acelerar la gestión todo lo posible y, si es viable, adelantarnos incluso a las fechas establecidas”, ha agregado. Y ha subrayado que ya están convocadas todas las ayudas de Desarrollo Rural correspondientes al año 2026.

Además, la consejera ha explicado que, “gracias a la buena gestión” del Ejecutivo, Cantabria va a recibir casi 400.000 euros adicionales, que se destinarán a reforzar otras ayudas.

PSOE y Vox reclaman más medidas

PSOE y Vox han señalado que este presupuesto “no cambia ni una coma” el presentado en noviembre y han echado en falta medidas destinadas a paliar los efectos del conflicto en Irán o más ayudas para afrontar las enfermedades animales.

“Se podía haber aprovechado para incluir de manera preventiva alguna partida que pueda paliar los efectos de los factores que están alterando el contexto global y que van a afectar al sector”, ha apuntado la socialista Eva Salmón, a lo que Susinos ha contestado que el Gobierno de Cantabria “no se va a apartar de articular las medidas que sean necesarias”.

La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha sostenido que esta Consejería debería tener más recursos y ha reclamado una mayor cuantía para las enfermedades animales y una menor carga burocrática. Susinos ha coincidido en que hace falta rebajar la burocracia, porque “asfixia” a ganaderos y administraciones, y ha lamentado que se está trabajando con “una PAC muy compleja”. También está de acuerdo en que hace falta más dinero para el sector primario, pero ha recordado que “las necesidades son infinitas y el presupuesto limitado”.

El portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, ha denunciado este lunes el “total abandono” del equipo de gobierno con el vial de Corcho y ha exigido a la alcaldesa, Gema Igual (PP), una “fecha definitiva” para su construcción “tras más de 30 años de promesas”.

Piña ha recordado en un comunicado que la ejecución de este proyecto es “fundamental” para mejorar la movilidad, accesibilidad y seguridad en el entorno de San Martín del Pino y que esta obra ya estaba incluida en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997.

Ha señalado también que el pleno municipal ha acordado en varias ocasiones el inicio de este proyecto, la última en septiembre de 2023, “hace más de dos años”, cuando el Partido Popular “se comprometió a ejecutar estas obras a la mayor brevedad”.

Se trata, ha defendido, de una “demanda histórica” de los vecinos que cuenta con el “respaldo unánime” de todos los grupos políticos de la ciudad.

Según ha explicado, su construcción solucionará “considerablemente” el “caos circulatorio” que se produce en las calles Francisco Rivas Moreno, María Sanz de Sautuola, Francisco Rivero Gil y San Martín del Pino hasta Hermanos Calderón, coincidiendo sobre todo con el horario de entrada y salida del colegio Elena Quiroga y los institutos de Secundaria y Formación Profesional.

Además, se evitaría a los vehículos realizar un “rodeo innecesario” hasta la Avenida Primero de Mayo y también se incrementaría la seguridad para los peatones, “que actualmente atraviesan por un sendero sin acondicionar” para llegar a La Reyerta.

El regionalista ha criticado la “incapacidad manifiesta” de la alcaldesa para materializar un proyecto que “acumula años de incumplimientos” y ha asegurado que el retraso acumulado “no responde a cuestiones técnicas”, si no a una “evidente ausencia de gestión y compromiso real” con los barrios de Santander por parte del equipo de gobierno.

“Esta es otro ejemplo más del modus operandi del gobierno de Gema Igual: aprobar mociones para llevarse el mérito y luego guardarlas en un cajón”, ha subrayado Piña

De esta manera, ha adelantado que los regionalistas preguntarán en el próximo pleno municipal por este asunto y pedirán explicaciones a Igual ante sus “reiterados incumplimientos” con los vecinos de esta zona.

En este sentido, el portavoz del PRC ha recordado otros “proyectos olvidados” en Peñacastillo, como la residencia de mayores o el centro cívico del 1º de mayo.

El PRC pedirá este lunes en el pleno del Parlamento al Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) que aplique medidas para paliar los efectos en los cántabros de la guerra de Irán, dirigidas al sector pesquero, al agrario, a la reducción del precio del combustible o ayudas al tejido productivo.

La diputada regionalista Paula Fernández, candidata del partido a la Presidencia en las próximas elecciones de 2027, ha dado a conocer en rueda de prensa qué va a solicitar su partido al Gobierno, al que también va a pedir impulsar la convocatoria de las becas universitarias de excelencia María Blanchard.

“No podemos esperar a que el Gobierno ejerza su deber y por eso los regionalistas, una vez más, nos adelantamos y le pedimos que ponga en marcha medidas”, ha asegurado Fernández, según informa en una nota de prensa el PRC.

La moción que va a defender el grupo regionalista el lunes plantea actuaciones para compensar el impacto del sobrecoste del combustible en el transporte profesional, apoyar al sector pesquero para evitar paradas de la actividad y pérdida de rentabilidad y medidas para el sector agrario, orientadas a sostener los márgenes ante el incremento de costes.

Asimismo, propone ayudas al conjunto del tejido productivo, con subvenciones a pymes y autónomos y bonificaciones sobre el coste energético, así como medidas dirigidas a las familias para compensar la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación energética y alimentaria.

“Se puede y se debe hacer”, ha enfatizado la regionalista, quien ha reivindicado el ejercicio del autogobierno para “adelantarse a los problemas”.

Fernández Viaña ha cuestionado la respuesta dada por el Ejecutivo, de que se está estudiando, y ha recordado que ya lo están haciendo otras comunidades autónomas como Asturias, el País Vasco y Aragón.

“Las empresas pagan más por la energía, los autónomos ven cómo se disparan sus costes, el transporte, el sector primario, la industria y el sector pesquero pierden competitividad, por no hablar de las familias y de todos los consumidores que ven cómo suben los precios, pero el Gobierno de Cantabria permanece impasible”, ha lamentado Fernández.

Y ha contrastado la reacción del Gobierno del PP con la del anterior Ejecutivo PRC-PSOE cuando se inició la guerra de Ucrania. “El Ejecutivo (PRC-PSOE) habilitó más de 11 millones de euros en subvenciones directas a los sectores más afectados”, ha recordado Fernández, quien era consejera de Presidencia con ese gobierno.

Fernández ha señalado que en la sesión plenaria del lunes su partido también va a pedir al Gobierno que se cree y regule un programa de becas de excelencia académica, incluido en el presupuesto de este año a propuesta del PRC, con el nombre de la pintora cántabra María Blanchard.

Ha recordado que el objetivo de ese programa es que cada año, a partir del curso 2026-2027, los 500 estudiantes con mejor expediente académico pueden tener una ayuda no inferior a 1.000 euros y la exención de la matrícula universitaria en el curso siguiente.

Paula Fernández ha explicado que la idea es promover la igualdad de oportunidades y reconocer el esfuerzo, el talento y la dedicación del talento de Cantabria. 

El PRC y el PSOE han registrado la moción de censura conjunta en el Ayuntamiento de Reinosa después de que, hace una semana, los regionalistas pidieran al portavoz socialista, Sergio Balbontín, que aclarase si finalmente estaba interesado en encabezar un nuevo proyecto de gobernabilidad en el municipio “o si, por el contrario, continuará apoyando al actual alcalde en minoría, José Luis López Vielba, del Partido Popular”.

La corporación de Reinosa tiene 13 concejales: cuatro del PP, cuatro del PSOE, 3 del PRC, uno de Vox y otro de Reinosa en Común.

El PRC reaccionaba así después de semanas de dilaciones, contradicciones y frenos a la moción por parte de Balbontín que tiene mala relación con el portavoz regionalista y que no parecía mostrar entusiasmo por convertirse en alcalde.

El líder del PSOE en Reinosa, que encabezó la lista más votada en las últimas elecciones municipales, es uno de los asesores del equipo del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, cargo que ya desempeñaba con la anterior delegada, Eugenia Gómez de Diego.

“Nos tememos que quien realmente quiere una nueva Alcaldía en Reinosa es el PSOE y no el candidato Balbontin, por lo que es hora de que diriman sus diferencias, acaben con esta indefinición y nos digan claramente a los reinosanos cuáles son sus verdaderas intenciones”, pidieron desde el PRC de Reinosa.

Balbontín reaccionó asegurando que la moción se presentaría el pasado lunes 6 de marzo, algo que no sucedió. Finalmente se ha firmado el día después de que el alcalde de Reinosa haya presentado este jueves a los demás grupos municipales el borrador del presupuesto de la ciudad para 2026, que asciende a 10.790.000 euros.

El acuerdo al que han llegado establece que el PRC -con tres concejales- apoyará la moción de censura del PSOE -que tiene cuatro ediles- sin entrar en el gobierno, como había ofrecido desde el primer momento. Hasta el pasado 26 de enero el Ayuntamiento estaba gestionado por el alcalde del Partido Popular con el apoyo de concejales del PRC que formaban parte del equipo de gobierno. Ese día fueron destituidos en un movimiento que provocó una enorme polémica y el alcalde popular quedó en minoría. Tras esta situación fue cuando se planteó la moción de censura.