El PRC ha condenado la agresión sufrida por el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), a manos de un concejal del PP de Ruesga y alcalde pedáneo de Matienzo, David Setién, durante una visita institucional a Arredondo.

En un comunicado, la formación ha advertido de “las graves consecuencias que puede tener el clima de crispación y enfrentamiento que se está instalando en el debate político”.

Los regionalistas han trasladado su solidaridad al representante del Gobierno de España en Cantabria y han calificado lo ocurrido como un hecho “absolutamente intolerable, que traspasa todos los límites del respeto institucional y la convivencia democrática”.

A su juicio, este episodio debe servir como “una llamada de atención sobre el deterioro del debate público y los riesgos de normalizar la descalificación, el enfrentamiento permanente y los discursos que presentan al adversario político como un enemigo”.

“Cuando la discrepancia se convierte en hostilidad y la confrontación sustituye al diálogo, se genera un caldo de cultivo peligroso que puede desembocar en comportamientos tan inadmisibles como el ocurrido en Arredondo”, han agregado.

En este sentido, el PRC ha apelado a la responsabilidad de todas las formaciones políticas y, especialmente, de quienes ostentan cargos públicos, para “rebajar la tensión y recuperar el respeto como principio básico de las relaciones institucionales”.

“Podemos discrepar profundamente sobre cualquier asunto, incluida la gestión del lobo, pero ninguna diferencia política justifica una agresión, porque la violencia no puede ser nunca la forma de expresar el desacuerdo ni tiene cabida en una sociedad democrática”, han subrayado.

Por último, y además de reclamar “una condena unánime e inequívoca” de lo sucedido, el PRC ha reafirmado su compromiso con la política basada en el diálogo, el respeto y la defensa de las instituciones democráticas.

Miguel Ángel Revilla (Polaciones, 1943) afronta esta recta final de la legislatura como la última en la que ocupará un escaño en el Parlamento de Cantabria, donde tiene acta desde las primeras elecciones autonómicas de 1983. “Yo ya no me presento a nada. Ni de suplente. Es un fin de ciclo biológico. En enero hago 84 años. ¡Ya está bien!”, exclama. Y esta vez sí parece la definitiva. Dará un paso atrás, aunque todavía mantendrá las riendas del partido que puso en pie y que catapultó hasta la Presidencia de Cantabria, ya que tiene previsto continuar “temporalmente” como secretario general del PRC. “Tengo como compromiso el tutelar el partido hasta las elecciones para que no haya ningún tipo de división”, admite el dirigente regionalista, que teme que las primarias que se celebraron para elegir a su relevo como cabeza de lista pasen factura interna sin una figura incontestable como la suya a los mandos.

Pese a que augura unos buenos resultados electorales para su sucesora, Paula Fernández Viaña, y pone en valor a figuras emergentes como el candidato regionalista en Santander, Felipe Piña, al que ve como próximo alcalde de la ciudad, descarta un regreso próximo del PRC al poder en Peña Herbosa. “El próximo Gobierno de Cantabria será mimético al Gobierno de España por orden de Madrid. Van a ser el señor Abascal y el señor Feijóo quienes decidan”, admite el expresidente autonómico. En este momento, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, se muestra “muy preocupado” por los posibles retrocesos democráticos en el país si finalmente la extrema derecha llega al Consejo de Ministros. “Feijóo va a ser un presidente con las manos atadas por Vox”, adelanta. Y sobre uno de los temas candentes de la campaña como es la vivienda, que provocó además la convocatoria anticipada, lo tiene claro: “Por primera vez en España toda una generación no tiene horizonte porque no tiene dónde vivir”.

En un mes se celebrarán las elecciones generales tras el anticipo electoral convocado por Pedro Sánchez y los votantes de Cantabria no tendrán disponible la papeleta del PRC cuando acudan a las urnas. ¿Por qué se ha hecho una renuncia así en un momento como este?

Estas son unas elecciones absolutamente polarizadas como yo no he conocido nunca. La posibilidad de sacar un diputado es muy improbable. Y en el caso de que se sacara, ibas a estar en un Congreso en el que, a diferencia de otras veces en las que hemos tenido representación y el voto podía ser decisivo a la hora de reivindicar para Cantabria, como se hizo en la época de José María Mazón, ahora vaticino que va a haber una mayoría superamplia de Partido Popular y Vox. Eso hace que la presencia de un diputado ahí no tenga trascendencia de cara a la reivindicación de temas para Cantabria. También hemos valorado el hecho de que hay unas elecciones el próximo mes de mayo, y con un mal resultado en las elecciones generales, eso pueda lastrar las aspiraciones de nuestros candidatos municipales y no digamos nada de nuestra candidata a la Presidencia de Cantabria. Hay otro dato que es importante: al no haber concurrido a las últimas elecciones tampoco, no tenemos espacios públicos ni posibilidad de que lleguen las papeletas a todos los domicilios, lo cual nos complica aún más la opción de obtener ese diputado. Con los meses que faltan después de las elecciones generales, creo que estamos en condiciones de reactivar a toda la militancia. La decisión se ha tomado de una forma muy democrática, haciendo consultas a los comités locales y comarcales, y después llevándolo a la Ejecutiva, donde por muy amplia mayoría se decidió no concurrir a estas elecciones. 

Sin embargo, no ha sido una decisión unánime. Este mismo año, en una entrevista en elDiario.es, su candidata a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, fue muy contundente al respecto: “Fue un error que el PRC no se presentara a las elecciones generales en 2023. No puede volver a ocurrir, no podemos dejar huérfanos a nuestros votantes”. ¿Cómo ha sido ese debate interno?

Los argumentos para no concurrir te los acabo de explicar, y los que defendían que sí debíamos presentarnos también son muy respetables, por supuesto. En una elección en la que no tienes la papeleta del PRC se deja huérfanos a miles de militantes y de posibles votantes, no cabe duda. Es un problema que tenemos que intentar por todos los medios reparar en el tiempo que queda de aquí a las elecciones. Debemos explicar a los ciudadanos por qué no hemos ido. Hay una lógica que dice que un partido tiene que ir siempre a unas elecciones, pero cuando las posibilidades son las que son y la situación es de esta confrontación electoral que no tiene nada que ver con ninguna que yo haya conocido hasta la fecha, porque va a ser una campaña terrible, las opciones se diluyen para un partido como el nuestro, que no está en esa dicotomía frontal de izquierda y derecha. Ha habido un debate amplio, sí. Y en la Ejecutiva se tomó la decisión con un resultado de 39-14. Algunos alcaldes sí que eran partidarios de ir, pero hemos actuado de una manera democrática, como es habitual en este partido, donde todas las decisiones se basan en la opinión de los militantes, como fue el caso del proceso que sirvió para dar el relevo en la candidatura que encabezará la lista electoral autonómica en mayo. Se sigue un procedimiento escrupuloso y todo el mundo lo ha acatado, como no puede ser de otra manera.

La libertad de voto, evidentemente, siempre existe, pero en algunas ocasiones los partidos que no se presentan dan indicaciones o señalan la dirección a seguir a sus militantes y simpatizantes. ¿Se va a pronunciar Miguel Ángel Revilla en este sentido antes de las elecciones generales del 29N?

No, no, no. Libertad absoluta, como siempre. No vamos, luego los militantes actuarán en conciencia según su manera de pensar, no puede ser de otra forma. No vamos a dar ninguna indicación de ningún tipo.

Parece muy claro que estas elecciones generales se plantean como un plebiscito sobre Pedro Sánchez. ¿Cómo valora el desempeño de su Gobierno a lo largo de esta legislatura?

Yo tenía una impresión, pero lo que ha ocurrido esta semana en Toledo trastoca bastante las perspectivas. Mi sensación era que el PSOE iba a ganar las elecciones, probablemente. Eso pensaba hasta hace unos días. Es curioso que hay acontecimientos en campañas electorales que cambian de manera decisiva el voto de los ciudadanos. No sé cómo puede afectar esto, pero de alguna manera afectará. Recuerdo el atentado del 11M durante una campaña en la que Mariano Rajoy aventajaba en cuatro puntos a José Luis Rodríguez Zapatero, y cómo la mala gestión que se hizo de la explicación de aquellos hechos provocó un vuelco y que Zapatero ganase por casi cuatro puntos. Yo sí tenía la idea de que el PSOE podía ser el partido más votado, con cerca del 30%, punto arriba o abajo, porque la subida de Vox es imparable y creo que va a superar el 20%. No me parece que la derecha, entre PP y Vox, lleguen al 50%, pero van a estar ahí, en esos números. Lo que está claro es que va a haber un Gobierno presidido por Feijóo y con una Vicepresidencia que será para Abascal. Eso es lo que viene. 

¿Y cree que al PP le puede pasar alguna factura ir tan claramente de la mano de Vox a estas elecciones?

Creo que hay que reseñar que, aunque va a ser el próximo presidente del Gobierno, el liderazgo de Feijóo no se ha consolidado. En unas circunstancias como las que ha pasado Pedro Sánchez en estos últimos cuatro años, donde no ha presentado presupuestos, donde incumplió lo que dijo a los ciudadanos de que no iba a aprobar una amnistía, la dana, los accidentes ferroviarios y con los más incondicionales soportes que tenía de compañeros, uno en la cárcel y otro procesado, su hermano, su mujer… Así se las ponían a Fernando VII. Que Feijóo vaya a tener peor resultado que en las pasadas elecciones significa que su liderazgo está bastante tocado. Por un lado, porque se ha posicionado muy próximo a las teorías de Vox. Muy próximo. Se percibe un volantazo hacia las posiciones de Vox no solo en aceptar sus planteamientos, sino también en el lenguaje. Yo no reconozco al Feijóo que conocí cuando era presidente de la Xunta de Galicia y con el que tengo una buena relación. Hablamos de vez en cuando y se lo he dicho: está posicionado muy próximo a Vox y eso hace que el votante más centrado del PP le deje de votar. O que ya puestos a extremismos, se vaya más al extremo y elija a Vox. Por otro lado, está muy presionado por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso es una Vox de libro. De libro. Está en el PP, pero mantiene postulados incluso más radicales que Vox en temas fundamentales. Estas dos cosas han desdibujado a Feijóo, que podría haber sido un candidato moderado, de centro-derecha del corte de otros presidentes que tenemos en Europa, como es el caso de Alemania, que gobierna con los socialdemócratas. Ha tomado una deriva hacia la derecha que lo ha desdibujado como líder. El gran problema que va a tener cuando forme Gobierno es que se va a encontrar con un partido que va a sacar muchísimos votos, que va a pasar probablemente de los 70 diputados, y que van a hacer valer esa fuerza para darle la Presidencia. Feijóo va a aceptar la Presidencia a cualquier condición. Como si hubiera necesitado los votos de Junts, con todo lo que ha dicho de ellos, se lo hubiese tragado también. Es su última oportunidad, tiene que ser ahora o nunca. Pasó en el caso de Sánchez, que fue capaz de articular una mayoría tan dispar que siempre dije que iba a salir mal. Se ha traducido en una legislatura en la que sus propios socios han sido desleales la mayoría, más allá de los problemas internos del PSOE. Feijóo va a ser un presidente con las manos atadas por Vox y eso me preocupa.

¿Y qué le preocupa más de la probable llegada de la extrema derecha al Gobierno de España? ¿Cuál cree que puede ser el mayor peligro en ese sentido?

Me preocupan temas fundamentales que han asentado el bienestar de este país: la sanidad pública, la educación pública y las pensiones. Y fundamentalmente, esto último: las pensiones. ¿Qué van a decir en campaña electoral si hay más de 10 millones de votantes que son pensionistas? Van a decir que no se tocan, pero hay declaraciones previas y todos sabemos que Vox eso lo tiene clarísimo. El señor Figaredo ya ha hablado de un modelo mixto. Apuestan por una fórmula que ya se aplica en otros países como Estados Unidos donde los ciudadanos van a tener que hacer algún complemento a un seguro privado para tener su pensión. Y ahí ya sabemos que hay entidades financieras y fondos de inversión que vienen presionando a los partidos de derechas para entrar en esa dinámica, igual que en la sanidad, que ya tiene un volumen de atención que ha ido creciendo en los últimos años. En cuanto gobiernen PP y Vox va a incrementarse esa participación privada en la sanidad. Y en el tema de la educación, prácticamente lo mismo. No apuestan por una educación mixta como la que conocemos y consideramos lógica. Es llamativo cómo en los últimos años han proliferado de manera extraordinaria las universidades privadas. Lo que va a venir será una mayor participación de lo privado en la educación. Esos son los tres temas que me hacen estar muy preocupado del Gobierno que vamos a tener. Básicamente, la manera en la que Vox va a condicionar a Feijóo en estas materias. No hablemos ya en asuntos como la inmigración o de derechos que se han venido conquistando con el tiempo, que tienen que ver con la eutanasia, con la libertad de elección de género y cantidad de medidas muy progresistas que se han ido tomando. Igual que está en riesgo la libertad de expresión y la libertad de prensa, porque ya vemos cómo actúan con los periodistas que no les gustan o con los medios de comunicación públicos, que quieren entrar con la motosierra. También sobre el salario mínimo, donde el PP está en la línea de la CEOE de que no se suba, lo que va a afectar a mucha gente. No va a ser un Gobierno del PP. Va a estar muy condicionado por Vox, que va a aceptar todas las reivindicaciones de Vox, como han hecho en todas las comunidades autónomas donde gobiernan juntos. Esa es la preocupación que yo tengo y que traslado a los ciudadanos. Lo que viene no me gusta nada, pero el cambio de ciclo está marcado. 

Está resultando llamativa la batalla por el Senado, que tradicionalmente ha sido una Cámara muy poco competida electoralmente. Ahí sí que se detectan claramente dos bloques antagónicos, con listas conjuntas, renuncias en circunscripciones y decisiones más estratégicas que políticas. Parece que detrás de todo está el futuro control de un órgano como el Tribunal Constitucional, entre otras cosas. ¿Qué le parece?

Tengo que ser consecuente con lo que he dicho toda mi vida: yo no iría al Senado ni obligado con una pistola. El Senado es una cámara inútil, pero ojo, porque tiene alguna competencia terrible. Es una cámara de segunda lectura, no puede echar abajo unos presupuestos, es un cementerio de elefantes, donde los partidos políticos colocan a la gente que se queda descolgada. Están muy bien pagados, tienen sus oficinas, sus empleados, para no hacer nada. Es un chollo. El que no tiene otra cosa, acepta si no tiene escrúpulos. Esta legislatura ha servido para ser un tribunal, para intentar juzgar a unos y a otros, en comisiones de investigación absurdas, pero no se ha demostrado allí nada sustancial. Lo que pasa es que, una cámara inútil como el Senado sí puede nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, y ahí está la gran batalla. Es algo que he venido denunciando, cómo los partidos políticos manejan las instituciones judiciales. Es algo increíble. Algo que todos sabemos. Ahora mismo, la composición del Tribunal Constitucional es un freno para las decisiones del Tribunal Supremo, que está dominado por la derecha. Se ha visto recientemente en algunas resoluciones, como la de la amnistía. Eso es lo que les falta al PP y a Vox para tener a unos jueces nombrados por ellos mismos en el Constitucional. Esto es muy preocupante. La experiencia nos dice que las votaciones en estos órganos judiciales reproducen las mayorías de quienes les han nombrado. Esto es una preocupación que hay que sumar a todo lo que he dicho antes. 

La democracia descansa sobre el poder judicial. Si no es independiente, no hay democracia

Que estemos hablando de esto, ¿no supone ya un retroceso democrático en sí mismo en nuestro país?

Esa preocupación se refleja constantemente en las encuestas. Una amplia mayoría de los ciudadanos consideran que las instituciones judiciales están politizadas. Todos sabemos de antemano lo que se va a votar si una materia se aborda en el Supremo o en el Constitucional. Es algo que responde a la inquietud que tenemos los ciudadanos: que la justicia está condicionada por las decisiones políticas. Y eso es terrible, porque la democracia descansa sobre el poder judicial. Si no es independiente, no hay democracia. 

El anticipo electoral se produjo tras el rechazo a los decretos de vivienda que llevó al Congreso el Gobierno de Pedro Sánchez y las movilizaciones que tuvieron lugar en la calle por la situación de la vivienda en España. ¿Cuál debe ser la receta para abordar esta crisis cada día más profunda?

Tal y como está el panorama en España, que es el más enfrentado que he visto en mi vida, es muy complicado. Cualquier cosa que proponga un partido, por razonable que sea, el otro va a decir que no. Esta es la realidad. Respecto a la vivienda, que en estos ocho últimos años no se ha hecho nada, y en los ocho años anteriores de Mariano Rajoy tampoco, yo recuerdo la época en la que fui consejero de Obras Públicas y vicepresidente del Gobierno de Cantabria y que coincidió en el tiempo con un señor muy sabio y que no me explico que nunca haya sido presidente de España, que es Josep Borrell, que puso en marcha un plan de vivienda que firmamos aquí en Santander, y que me permitió a mí entregar en ocho años 3.500 viviendas públicas. No se ha vuelto a hacer algo así. Ahora mismo en España estamos condenando a tres o cuatro millones de jóvenes a que nunca puedan tener una casa. Imagínate lo que es eso para un país. Ni en alquiler, ni en propiedad. He recuperado mi nómina de 1970. Yo ganaba 14.000 pesetas y un piso en Santander de 80 metros útiles valía 140.000 pesetas. Con el sueldo de un año se compraba un piso. Hoy, un joven, y tengo la experiencia en casa, que gane 1.600 euros y tenga que vivir en otra ciudad, en Madrid o Barcelona, tiene que alquilar una habitación que le cuesta 800 o 900 euros más gastos. Esa persona está condenada a no tener futuro. La juventud no tiene futuro, no se puede ir de casa de sus padres. Y si se va, es para subsistir, pero jamás para tener un horizonte como el que teníamos en mi época. En España, las administraciones deberían ceder suelo gratis para hacer viviendas de protección oficial para personas que lo necesitan y que no puedan vender por lo menos en 30 años. Que no se pueda especular. Otro acuerdo que se puede tomar es quitarle el IVA. Y el impuesto municipal. Haciendo todo eso, se pueden construir viviendas públicas por 100.000 euros, que ya es un precio razonable. Con las nuevas ayudas que ha puesto en marcha el Gobierno, eso ya permitiría a un joven meterse en una hipoteca que pueda pagar y tener un piso. Pero si tiene que pagar 250.000 euros… es imposible. Sobran solares en España para hacerlo. Faltan ganas de ponerse de acuerdo.

Pero las competencias de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas y en todo ese proceso que relata intervienen diferentes administraciones…

Eso es. Las competencias están transferidas y exigen poner de acuerdo a administraciones que muy probablemente son de diferente color político. Tienes que poner de acuerdo al Gobierno de España, a las comunidades, a los ayuntamientos… Hay que poner a todos de acuerdo para hacer casas a tutiplén para personas que lo necesiten, con una serie de condicionantes. Se podrían construir un millón en cuatro años. Pero no se puede porque los partidos no se ponen de acuerdo. Si lo propone el PSOE, va a votar en contra el PP. Y si lo propone el PP, va a votar en contra el PSOE. Este es el drama que estamos viviendo en España, que no hay manera de llegar a un acuerdo en algo tan fundamental. Todo el mundo sabe que la explosión social que hay ahora mismo en España es la vivienda.

Por primera vez en España toda una generación no tiene horizonte porque no tiene dónde vivir

De todas formas, construir vivienda no es algo que se pueda hacer de un día para otro. Está hablando de cuatro años, de una legislatura completa, en el mejor de los casos y con todas las administraciones alineadas, por lo que no daría una respuesta inmediata a un problema que es acuciante. Sin embargo, también hay datos de las miles de viviendas vacías que no están en uso y que sirven como inversión o como segundas residencias y viviendas vacacionales. ¿No sería más rápido empezar por ahí? ¿No es más ágil legislar en ese sentido?

Sí, también. Pero es una respuesta más limitada. Si hacen falta un millón de viviendas, cuanto antes empieces más pronto estarán disponibles. Las cosas que se ponen en marcha tardan en acabarse, pero si no se empieza… no acaban nunca. ¿Vamos a seguir otra legislatura con el mismo problema? Es una explosión. Los jóvenes están indignados. No tienen futuro. Por primera vez en España toda una generación no tiene horizonte porque no tiene dónde vivir.

Aquí en Cantabria estamos viendo una liberalización del suelo rústico para construir vivienda casi en cualquier parte y el impulso a algunos megaproyectos privados como el que se plantea en la zona norte de Santander que generan un importante rechazo social. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cree que es un camino acertado?

Ya estamos viendo lo que se pretende hacer aquí. Megaproyectos que son pelotazos. Utilizan la figura del PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional) que se diseñó para otra cosa. Aquí en Santander se plantea arrasar una zona con 9.000 viviendas, una torre de 30 alturas… eso es un disparate absoluto. Espero que si eso llega a los tribunales, un juez diga que un PSIR se hace por un interés general. Eso es lo que hicimos en el polígono de La Pasiega o en Reinosa para construir un hospital. Eso sí, para eso están. No para dar un pelotazo con un complejo hotelero, una piscina de olas, tiendas y no sé cuántas cosas más. A mí me dicen que allí se van a construir 6.000 viviendas de protección oficial y me parece bien. Si son todas protegidas y dan respuesta a un problema que tenemos. Pero no es eso. Es un proyecto para hacer ricos a muchos, con pisos caros que van a comprar gente de Madrid o Barcelona y van a estar vacíos medio año. ¿Quién va a comprar aquí pisos por 500.000 euros? Nadie. Solo servirá para dar un pelotazo.

El urbanismo está siendo uno de los caballos de batalla de esta legislatura, incluso con movilizaciones sociales como la que se ha celebrado este mismo fin de semana. ¿Cree que puede ir a más?

No podemos destrozar Cantabria. Los mayores problemas que yo tuve, que soporté manifestaciones en contra, fue cuando hicimos el Plan de Ordenación del Litoral, el POL. Lo hizo mi consejero Vicente Mediavilla y protege toda la costa, pero si ahora vienen estos señores y ahí, que no se puede hacer nada porque es un suelo rústico, quieren construir y masificar Cantabria, volvemos a la casilla de salida. Además, como Cantabria se ha convertido en un polo de atracción para toda España, por el clima, por las condiciones sociales, esto es una región paradisíaca. El que tiene dinero sabe que esa vivienda, aunque no la habite, en un año se va a revalorizar un 15%, así que volvemos a la época del ladrillo. Así no se soluciona el problema de la vivienda. Eso es un pelotazo urbanístico y es lo que me preocupa de este Gobierno del PP en Cantabria, que está en una deriva que es muy sospechosa. Pero habrá una gran contestación, porque la gente está pidiendo una región que se desarrolle, pero que sea equilibrada y que esto no se convierta en un Benidorm o en una zona de segundas residencias. Vamos a tener una posición muy firme contra todos estos pelotazos que se quieren dar.

Precisamente el turismo parece que empieza a tener muchos detractores como modelo económico de desarrollo para Cantabria, por las dificultades que genera para los habitantes de la comunidad en aspectos como el acceso a la vivienda. Usted que siempre fue un abanderado del eslogan 'Cantabria Infinita', ¿cree que hay que poner límites y buscar fórmulas para minimizar este impacto?

Eso ya está, se acabó. Hay que poner límites. Cuando yo hablaba de Cantabria era porque no la conocía nadie, porque teníamos que desarrollarnos. Eso nos ha permitido tener un aeropuerto con treinta y pico vuelos, tener la Autovía de la Meseta, mejorar nuestras infraestructuras. Era necesario. Ahora mismo yo digo que hasta aquí hemos llegado. Hay que ordenar Cantabria y evitar que se nos vaya de las manos. 

Ustedes se abstuvieron en la investidura de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, a cambio de que Vox no entrara en el Gobierno. A la vista de los resultados, ¿cree que fue una decisión correcta o piensa que le puede acabar penalizando electoralmente al PRC?

Lo hicimos en conciencia. Creo que se puede ver la diferencia de talante en la oposición. Yo estuve 16 años como presidente y ya saben la leña que me han dado siempre a mí. Ojalá hubiera sido presidente con una oposición como la que está haciendo el PRC, con una actitud como la que estoy teniendo yo. No se ha agradecido nada. Son unos ingratos. Todavía ahora que intuyen que no habrá presupuestos porque lo han incumplido casi todo se permiten decir que somos un partido “sucio”. Ese es el agradecimiento que se tiene con un partido que, a cambio de nada, les ha permitido gobernar con tranquilidad, cosa que yo no he tenido en mis legislaturas como presidente nunca. 

Ojalá hubiera sido presidente con una oposición como la que está haciendo el PRC, con una actitud como la que estoy teniendo yo. No se ha agradecido nada. Son unos ingratos

No solamente apoyaron la investidura. También han sacado adelante tres presupuestos del PP a lo largo de la legislatura y varias de las leyes fundamentales de este Gobierno. Y ustedes mismos dicen que se han incumplido la inmensa mayoría de los acuerdos con el PP…

¡Pero lo hemos hecho en conciencia! Queríamos evitar la entrada de Vox en el Gobierno. Y es verdad que no ha servido para nada, porque estamos abocados a un Gobierno PP-Vox en la próxima legislatura.

¿Cree que no hay otra alternativa?

¡Si ya está hecho! Si les van a aprobar los presupuestos ahora… Por la vía de la abstención o por lo que haga falta, porque va a llegar la orden de Madrid y ya está. Estos partidos no deciden aquí. Abascal va a dar la orden y se acabó.

¿El PRC se siente engañado por el Gobierno de Buruaga?

Nos sentimos dolidos por la ingratitud de quien no sabe reconocer el gesto que ha tenido este partido, único en España, coherente con lo que yo vengo predicando siempre: que en temas importantes hay que llegar a acuerdos. Y que si se puede evitar un mal mayor, cada partido tendría que hacerlo, aunque le pueda perjudicar electoralmente. No se puede pensar solo en tus siglas, sino en el interés general. Nosotros hemos permitido sacar adelante tres presupuestos y que pudieran seguir gobernando. Al menos hemos conseguido que no tumbaran proyectos importantes que pusimos en marcha nosotros. Fuera de eso no veo nada, solo cosas raras. No han parado proyectos de envergadura para Cantabria. Si hemos salvado eso, habrá merecido la pena. Pero no puedo dejar de estar dolido. Yo no valgo para esto. No valgo. A mí si alguien me hace un favor se lo agradezco. Ni me mencionan. Ni eso. Y luego viene gente como Miguel Tellado a insultarme. ¿A cuento de qué? Si ya no pinto nada, olvídame, que ya no voy a ser rival vuestro. Es mala gente, son gente faltona…

Es casi una tradición que le pregunte por su sucesión al frente del partido. ¿Por qué ha decidido finalmente quedarse como secretario general del PRC y apostar por una bicefalia?

Voy a seguir temporalmente. La previsión es que a final de año, después de que conozcamos el resultado electoral, puedan producirse cambios. Se eligió una candidata electoral con un método novedoso, en el que yo no intervine para nada ni me pronuncié a favor de nadie. Yo era el presidente y podría haber elegido a mi sucesor, pero no lo hice. También te digo que si no se hubiera muerto Rafa de la Sierra, lógicamente la transición estaba cantada. Pero aquí hubo hasta cuatro candidatos y nadie sabe a quién voté yo. Ahí apareció un voto en blanco, no sé de quién será… Yo no quise influir en nada. Se hicieron unas primarias para que se pronunciaran los militantes. Hubo cuatro candidatos. Y esto deja siempre alguna secuela, nos guste o no. La deja en todos los partidos. El que no gana… Podría haberse producido un cisma y no estaba dispuesto. Mi figura es respetada todavía en el partido y se me tiene en cuenta. Yo tengo como compromiso el tutelar el partido hasta las elecciones para que no haya ningún tipo de división y vayamos unidos. Todos debemos arrimar el hombro para sacar el mejor resultado para Paula [Fernández Viaña]. Yo he decidido esto, en contra de mis intereses, porque me iba a jubilar. A pesar de mi edad, tengo muchas expectativas, muchos planes, quiero escribir más libros, todo el mundo me llama y voy a muchos sitios, pero mi obligación es no dejar este partido con riesgo de fracturas. Este será mi papel como secretario general. Pasadas las elecciones, a final del año 2027, a ver cómo estoy físicamente... Tengo algún problema que me están tratando. Lo lógico es que a final del año que viene y con un resultado electoral que dura para cuatro años quede todo encarrilado. Pero yo tenía que quedarme ahora por responsabilidad. 

¿No va a ir en las listas? ¿Ni de manera simbólica?

No, no, no. Yo ya no me presento a nada. Ni de suplente. Ahora, con la convocatoria de las elecciones generales, me decían que tenía que ir yo… ¿Yo? De eso nada. Es un fin de ciclo biológico. En enero hago 84 años. Ya está bien. 

¿Cuál debe ser la aspiración del PRC en las próximas elecciones autonómicas en Cantabria? 

Como mínimo, el objetivo tiene que ser mantener el resultado anterior… ¡Que yo tenía las elecciones ganadas en el mes de febrero! Ahí tengo la encuesta. Bajábamos dos diputados, pero con 12 yo era presidente. Destaparon la trama de ese funcionario corrupto y eso nos llevó por delante. La campaña fue feroz. “La corrupción acorrala a Revilla”, decían. A Revilla, que no ha robado nunca, que su imagen es la de la honradez, la austeridad, la de ser un tío normal… ¡Joder! ¿Revilla corrupto? Nos tocan la línea de flotación. Fueron unos meses horrorosos. En el Parlamento, la oposición del PP fue feroz. Sabiendo que en 3.000 folios de la investigación no existe ni una mención a un cargo político. Fue un funcionario, que tiene que vigilarlos a nosotros, el que se corrompió con tres empresarios. Eso puede ocurrir y es indetectable porque es él el que firma el visto bueno a las obras. Es el jefe de servicio el que tiene la potestad de dar las certificaciones. Así funciona la Administración… Yo no puedo entender cómo se resolvió este asunto, con los empresarios prácticamente limpios y el funcionario que va a salir a la calle en cuatro días, ya lo verás…

¿Y se plantearían entrar en un hipotético Gobierno del PP si dan los números o dan por hecho que es improbable porque el pacto con Vox está hecho?

El próximo Gobierno de Cantabria será mimético al Gobierno de España por orden de Madrid. Ni el PP ni Vox tienen capacidad ninguna de decidir aquí: van a ser el señor Abascal y el señor Feijóo quienes decidan. Como comprenderás, no van a consentir que exista un pacto en todas las comunidades autónomas y en el Gobierno central y que Cantabria sea una isla. Estos señores de aquí no pintan nada. Y los señores de Vox son del PP. Yo les he conocido a todos ahí. Son los mismos. Y Abascal era del PP. Si son ellos, que como en un momento determinado no tenían plaza, crearon un partido. Pero no hay grandes diferencias…

El próximo Gobierno de Cantabria será mimético al Gobierno de España por orden de Madrid. Ni el PP ni Vox tienen capacidad ninguna de decidir aquí: van a ser el señor Abascal y el señor Feijóo quienes decidan

¿Cómo puede afectar al regionalismo la competencia electoral de una nueva formación política como Cantabristas, que también apela a la identidad cántabra y a la defensa del territorio como ejes de su propuesta? 

No lo sé, la verdad. Nosotros tenemos una gran fuerza municipal. Tenemos 35 alcaldes. Vamos a tener un extraordinario resultado en Santander, ya te lo adelanto. Ahí no me equivoco, tengo datos. Hay grandes posibilidades de que Felipe Piña sea alcalde. Por primera vez en la historia de Santander puede haber un alcalde del PRC.

¿Y vincula esa posibilidad al salto de Gema Igual a la política nacional como candidata al Senado en las elecciones generales? ¿La alcaldesa tiene los mismos datos que usted?

[Ríe] Es muy probable. Posiblemente los tiene, sí. Felipe Piña está muy fuerte. Sal con él a la calle en Santander… Está haciendo lo mismo que hice yo en Cantabria antes de ser presidente. Barrio a barrio, recorriendo la ciudad. Yo, pueblo a pueblo. De Aldano a Villaverde de Trucíos. Palparlo todo, cada bache, cada carretera. Hablar con todo el mundo. Eso está haciendo él en Santander. Entra en las casas a preguntar, a escuchar los problemas de los vecinos. Recorre los barrios. Todo el mundo está con Piña, que además es un tío muy preparado. Es un líder. Y es una suerte tener a Piña en el PRC. Un ingeniero de Caminos, joven, con ganas…

Un alcalde del PRC en Santander se convertiría directamente en un serio aspirante a la sucesión de Miguel Ángel Revilla…

[Ríe]. Bueno, no lo sé. Pero no cabe duda que Piña tiene cualidades para cualquier cosa. Está muy preparado y es muy amigo mío, lo conozco muy bien. Fui de los que me mojé y le convencí para que fuera candidato. Tenía su vida resuelta y dio el paso. Lo ha cogido con un entusiasmo que le va a llevar muy lejos. No me equivoco si digo que va a ser un pelotazo lo que va a dar. Si ganamos en Santander y conservamos Torrelavega, no es poca cosa… Y vamos a tener un muy buen resultado en Castro Urdiales, la tercera ciudad por población, donde tenemos 600 afiliados nada menos. 

¿Y hay riesgo de fugas? ¿Alcaldes que den el salto a otros partidos?

No, no. Ni lo hubo en la época en la que gobernó Ignacio Diego, que iban a por todos, que llamaron a todos, ni lo habrá ahora. No se va nadie. El partido está firme. Y esa es la labor que yo tengo: que el partido esté firme para apoyar con todas nuestras energías a Paula. Tenemos un balance histórico irrepetible: ni un condenado por corrupción en nuestras filas. Y hemos estado 24 años en el Gobierno. Creo que puede haber un buen resultado y veo buen ambiente, la verdad.

Una última pregunta más personal. Hacía alusión antes a su compañero Rafael de la Sierra, y este año ha fallecido también otro dirigente histórico del PRC como Javier López Marcano, que estuvo siempre junto a usted. ¿Cómo ha superado esas pérdidas?

¡Joder! [Se emociona]. Me entra una angustia… Siento una especie de soledad… Han sido tantas horas compartidas, tantas historias, tantas batallas que hemos librado… Estoy hablando de Santi Revolvo, de José María Cos, de aquellos que estaban ya cuando éramos pocos... y me estoy quedando solo. Hay muy pocos de mi edad. Es una sensación de soledad… Pero soy optimista. Creo que tendremos un buen resultado, a pesar de que está complicado y la polarización que existe entre los grandes partidos. La gente va a saber diferenciar entre las elecciones de mayo y el gallinero que tenemos montado en las generales.

El PRC sostiene que solo el 32,8% de las 131 actuaciones acordadas con el Gobierno de Cantabria (PP) en el pacto presupuestario de 2026 están cumplidas en su totalidad, lo que supone que casi siete de cada diez (67,2%) siguen pendientes.

Así lo indica el primer balance realizado por José Villaverde, María Terán y Fernando Saldaña, los tres consejeros independientes designados por el PRC para la comisión de seguimiento sobre el acuerdo presupuestario que se reunió el pasado martes, 27 de octubre, y en la que, por parte del PP, asistieron la secretaria autonómica del partido, María José González Revuelta; el consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros, y el de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media.

Desde el PRC, que ha hecho suyo este primer balance realizado por estos consejeros independientes -al que seguirá otro en febrero de 2027-, han reconocido que “no esperábamos estos resultados” cuando el partido decidió aprobar los Presupuestos de 2026 (también apoyó los de los dos ejercicios anteriores).

“Los hechos que hoy presentamos indican que queda mucho por hacer y que ya van tarde pero, de verdad, siempre hay tiempo”, ha afirmado la diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, en la rueda de prensa celebrada en el Hotel Bahía para dar a conocer el balance.

La regionalista ha afirmado que “todavía el Gobierno tiene tiempo de actuar, reaccionar y ejecutar” y de “responder a la confianza” que ha recibido por parte del PRC y “transformar los números y las partidas de inversiones en servicios, en obras ejecutadas y en beneficio para los cántabros”.

Balance

En el informe realizado por estos consejeros independientes, las 131 actuaciones pactadas entre PP y PRC, distingue entre 24 medidas, 31 enmiendas y 76 inversiones.

La metodología elegida es de 'tipo semáforo' -en verde para las cumplidas, en amarillo para aquellas en trámite y en rojo para las incumplidas- y se han establecido una serie de criterios o hitos para ser consideradas en uno u otro color.

Así, por ejemplo, para que una inversión se considere cumplida debe estar adjudicada o ya en obras, mientras que se fija que está en trámite cuando está en fase de licitación y se clasifica como incumplida cuando ni siquiera ha llegado a ello.

Según ello, de las 76 inversiones comprometidas, 52 figuran como incumplidas (68,4%), 19 cumplidas (25%) y cinco en trámite (6,6%). Este bloque supone el que peores datos arroja.

Dentro de las pendientes, figura el asfaltado y mejora de la carretera CA-171 Reinosa-Corconte y la finalización de sendas peatonales (Campoo de Yuso), el centro de salud de Comillas y Santillana del Mar, la reparación de la carretera de acceso a El Soplao (Herrerías), el Puente de Ogarrio o el de Carasa (Voto), entre otras.

Mayor grado de cumplimiento hay en lo que respecta a medidas y enmiendas. En las primeras, de las 24 pactadas, 14 -el 58,3%- están cumplidas, como las que tienen que ver con la primera matrícula universitaria gratuita, el acuerdo de mejora salarial del profesorado o el pago de las ayudas que estaban pendientes al sector primario.

Del resto, seis están en trámite (25%) y cuatro incumplidas (16,7%), como los ya citados refuerzos para la Atención Primaria en el mundo rural, los incentivos industriales en el Besaya y Campoo y también la deducción ambiental de hasta 100 euros y los 500.000 euros para programas ambientales municipales.

Y de las 31 enmiendas, 14 están incumplidas, lo que supone el 45,1%; diez están cumplidas (32,3%) y siete en trámite (22,6%).

Entre las pendientes dentro de este bloque figuran, por ejemplo, las ayudas al remo, la dotación para el funcionamiento del Consejo Económico y Social; la naturalizacion de los colegios santanderinos Arce Bodega y Cisneros; el apoyo a las personas con enfermedad celiaca o la prevención y lucha contra la oseidad infantil, entre otras.

Las medidas y enmiendas se consideran cumplidas cuando la partida está ejecutada en el fin para que fue consignada, en trámite si está en proceso de ejecución e incumplidas en caso de no que no se haya iniciado.

A preguntas de los periodistas, Fernández también ha señalado que, por ahora, también está pendiente la rendición de cuentas sobre el Convenio Singular de Santa Clotilde, algo que también recogía el pacto entre populares y regionalistas.

En ese sentido, Fernández ha explicado que el PRC ya ha solicitado la comparecencia parlamentaria del consejero de Salud, César Pascual, y espera que pueda producirse en noviembre. Ha insistido en que ello es algo “obligatorio por ley” y debe hacerlo antes de que se aprueben los Presupuestos de Cantabria de 2027.

Cuentas 2027

Precisamente, en cuanto a las cuentas para el próximo año, Fernández ha señalado que su partido solo sabe sobre este asunto lo que se ha publicado en la prensa.

Cuestionada por la posibilidad de un nuevo acuerdo con el PP para sacar adelante las últimas cuentas de la legislatura, ha apuntado que como los regionalistas “no sabemos nada, no se pueden tomar decisiones”.

Además, ha añadido que tampoco se pueden adoptar “si no hay diálogo”, “si no se negocia” y “si no te llaman para sentarte en una mesa.

Así ha hecho referencia a que desde el Gobierno ni desde el PP se les haya contactado por el momento para hablar de esas cuentas. De hecho, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, confirmó que las negociaciones se plantearían con posterioridad al registro del proyecto de Presupuestos en el Parlamento, que está previsto que se produzca este viernes, 30 de octubre.

Buruaga achacó que no haya negociación previa por el contexto electoral y cree que, si se llevara a cabo, estaría irremediablemente abocada al fracaso“

Sin embargo, a la candidata regionalista no le sirve “para nada” esa justificación y ha subrayado que en el PRC “en todo momento hemos demostrado que si hay voluntad política, se negocia, se acuerda y uno se sienta en una mesa”.

“Creo que los hemos demostrado sobradamente en tres ocasiones, aprobando tres presupuestos, permitiendo también la investidura de la presidenta”, ha añadido Fernández, que ha asegurado que el PRC seguirá ejerciendo, “como ha hecho toda la legislatura”, una oposición “responsable, constructiva y exigente”.

Además, ha apuntado que el Gobierno “ya vio el resultado que había cunado no hubo diálogo”. “Si no hay diálogo, si no hay acuerdos pues es imposible que podamos aprobar esas cuentas”, ha sentenciado.

También ha apuntado que con los incumplimientos de los acuerdos presupuestarios, “no es el escenario más propicio para volver a sentarnos”. Pese a ello, Fernández ha señalado que apoyar o no estas cuentas lo decidirá una ejecutiva del partido.

Y sobre la reforma fiscal para 2027 presentada el martes por Buruaga, y que se incluirá en la ley de acompañamiento a los presupuestos, la regionalista considera que “para el contexto actual que tiene la economía de Cantabria y la situación de muchas familias vulnerables no es la más adecuada”.

El Grupo Parlamentario Regionalista ha anunciado que votará en contra de la Ley de Autoridad Docente impulsada por el PP y Vox en el Pleno del Parlamento de este lunes porque “no ofrece garantías suficientes para prevenir los conflictos escolares, proteger a las víctimas de acoso y asegurar el respaldo que el profesorado necesita de la Administración”.

Así lo ha adelantado en nota de prensa la diputada y portavoz de Educación del PRC, Teresa Noceda, quien ha augurado que esta ley “no resolverá los problemas de convivencia”.

Además, ha cuestionado que el Gobierno de Cantabria (PP) pretenda reforzar la autoridad de los docentes sin establecer obligaciones concretas de prevención, asistencia y seguimiento de los conflictos.

“Una ley destinada a mejorar la convivencia escolar no puede conformarse con reconocer la autoridad del profesorado y ordenar las consecuencias de los conflictos sin establecer cómo prevenirlos, cómo acompañar a quienes los padecen y cuáles son las responsabilidades concretas que debe asumir la Administración”, ha explicado la diputada.

Según ha detallado, las 34 enmiendas parciales presentadas por el PRC después de que PP y Vox rechazaran su enmienda a la totalidad con texto alternativo “pretendían evitar esas carencias”, con una regulación “integral” de la convivencia escolar, la protección del profesorado y la responsabilidad compartida de toda la comunidad educativa.

Sin embargo, ha lamentado Noceda, “nos hemos topado con el rodillo de la derecha”.

Entre las medidas planteadas por los regionalistas figuran sendos planes de Convivencia Escolar y Apoyo y Protección del Ejercicio de la Función Docente, asistencia jurídica y psicológica al profesorado, protocolos comunes de actuación ante las agresiones y situaciones de acoso, formación permanente y mecanismos de evaluación.

También apuestan por reforzar la detección temprana del acoso y el ciberacoso, la protección inmediata de las víctimas, la participación de las familias y el seguimiento de los casos para evitar que vuelvan a producirse.

Al respecto, la regionalista ha criticado que el PP haya optado por relegar a un desarrollo reglamentario posterior medidas que, a su juicio, deberían estar garantizadas en la ley.

“El reglamento debe desarrollar las obligaciones legales, no puede sustituirlas ni dejar su cumplimiento a la voluntad del Gobierno”, ha precisado.

Asimismo, Noceda ha cuestionado el acuerdo de PP y Vox sobre las medidas disciplinarias, la mediación y las conductas digitales, porque “no resuelve las principales carencias de la ley”.

“Ampliar de cuatro a cinco días determinadas medidas provisionales o tipificar nuevas conductas relacionadas con el uso de las tecnologías no garantiza por sí solo una mejora de la convivencia, al igual que sancionar tampoco asegura por sí solo que el daño no vuelva a producirse”, ha asegurado.

Respaldo institucional a los docentes

Finalmente, ha insistido en que la autoridad del profesorado “debe estar respaldada con recursos, prevención y respaldo institucional, sin descargar exclusivamente sobre los docentes la responsabilidad de resolver los problemas de convivencia escolar”.

“Dejar solos a los docentes ante los problemas no es reconocer su autoridad”, ha subrayado la regionalista, quien también ha recalcado que la convivencia escolar “tampoco se garantiza únicamente con sanciones”, por lo que ha lamentado la negativa de PP y Vox a incorporar las garantías propuestas por el PRC.

El diputado y portavoz del PRC en materia de vivienda, Javier López Estrada, ha urgido al Gobierno de Cantabria (PP) a concretar antes del 30 de noviembre las condiciones de la Cuenta Vivienda para jóvenes que el consejero del área, Roberto Media, afirmó en la sesión del 19 de octubre del Parlamento que se pondrá en marcha en 2027.

En concreto, el Grupo Regionalista ha presentado una moción para agilizar los trámites y asegurar que la medida, que el PRC incluyó en el acuerdo presupuestario, esté plenamente operativa el 1 de enero.

En nota de prensa, la formación ha detallado que la propuesta pretende fomentar el ahorro para facilitar el acceso de los menores de 36 años a su primera vivienda, mediante una cuenta con condiciones ventajosas y una aportación de 200 euros anuales por parte del Gobierno, a fondo perdido.

Con la moción que defenderá en el Pleno de este lunes, 26 de octubre, López Estrada quiere “reforzar el compromiso del Ejecutivo con un amplio acuerdo parlamentario” para acelerar los trámites administrativos, cuyos plazos, “avanzado el mes de octubre, son cada vez más ajustados”.

“Hay que acelerar las negociaciones para que el compromiso, que fue aprobado en abril, pueda cumplirse desde el inicio de 2027”, ha subrayado.

El PRC considera que una cuenta de estas características, que ya existe en otras comunidades autónomas, puede contribuir a facilitar el acceso a la primera vivienda en la actual situación del mercado, en el que los elevados precios inmobiliarios dificultan especialmente la emancipación de los jóvenes.

En este sentido, López Estrada ha abogado por combinar los incentivos al ahorro con otras actuaciones para aumentar la oferta de vivienda asequible y ha reclamado “un papel más activo” de la Administración autonómica en la puesta a disposición de suelo para la construcción de viviendas protegidas.

A su juicio, la Cuenta Vivienda debe formar parte de “una política más amplia” que facilite el acceso de los cántabros a una vivienda habitual, especialmente en los municipios donde la presión inmobiliaria y la subida constante de los precios hacen “prácticamente imposible la adquisición de la primera residencia”.

Finalmente, el diputado del PRC ha tendido la mano al resto de los grupos parlamentarios para que respalden su moción y contribuyan a concretar los compromisos anunciados por el consejero y establecer un calendario que garantice que los jóvenes puedan empezar a beneficiarse de la Cuenta Vivienda “desde el primer día de 2027”.

El portavoz parlamentario y coordinador del PP en Cantabria, Juan José Alonso, ha reiterado este jueves los argumentos esgrimidos en las últimas horas por su partido respecto al posible incumplimiento de las leyes de Régimen Jurídico e Igualdad en el que el Gobierno autonómico incurriría al nombrar a Juan Ignacio Sáez Bereciartu como consejero de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplicación Administrativa en sustitución de Isabel Urrutia. Esto supondría reducir la presencia femenina en el Consejo de Gobierno del Ejecutivo por debajo del 40 por ciento que exige la ley.

Alonso ha incidido en que “el Partido Popular demuestra la igualdad con hechos, no con declaraciones vacías” y que “la igualdad y la capacidad, el mérito y la responsabilidad de las mujeres en el Partido Popular es algo que está fuera de toda duda”. El portavoz popular ha insistido en que “no hay ninguna duda que en el Partido Popular y en el PP de Cantabria valoramos y colocamos a la mujer, evidentemente, en el puesto que merece por su valía, por su capacidad y por el mérito”.

A la pregunta de cómo el Ejecutivo autonómico que preside María José Sáenz de Buruaga prevé sortear la presunta ilegalidad que supondría el nombramiento del sustituto de la consejera Urrutia anunciado este miércole, el portavoz de los populares cántabros ha asegurado: “Yo lo único que puedo decir es que con respecto a la igualdad y al respeto a la mujer, este Gobierno y el Partido Popular de Cantabria es el más feminista de la historia de Cantabria. Repito, presidenta del Gobierno, secretaria general, presidenta del Parlamento...”.

A preguntas de los periodistas estrictamente por el aspecto legal, Juan José Alonso ha reiterado que “la posición del PP con respecto a la mujer es indiscutible y los aspectos legales los resolverán los técnicos a los que les corresponde”.

“Es una cuestión de legalidad”

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha comparecido minutos después para repetir igualmente la denuncia realizada por su formación en la jornada precedente. “Yo pensé que hoy iba a ser un día para la rectificación y del reconocimiento de los errores por parte del Partido Popular y me temo que no ha sido así”, ha comenzado.

“Esto no es una cuestión de igualdad, que también, es una cuestión de legalidad”, ha subrayado. “La señora Urrutia no se puede presentar a las elecciones siendo consejera por una cuestión de legalidad, una ley lo dice así. Se la podía haber saltado a la torera, pero no se podría presentar. Ocurre lo mismo con esto”, ha ironizado.

“La Ley de Régimen Jurídico establece que tiene que existir una paridad en todos los órganos de gobierno y el Consejo de Gobierno de Cantabria lo es, una paridad de 40-60 y 3 de 7 no lo cumple”. Hernando ha insisitido en que “si no les gusta la ley, que la cambien, pero si esa ley está en vigor, que lo está, que la cumplan”.

“Si vamos a tener un consejero que el primer hecho que va a hacer es incumplir la ley en su nombramiento, que nos avisen qué más leyes van a incumplir”, ha remarcado el portavoz regionalista. Para Hernando, “Juan Ignacio Sáez Bereciartu es un hombre con una trayectoria impecable, que tiene unos conocimientos jurídicos suficientemente demostrados, que es una persona que conoce perfectamente la Administración y estoy convencido que sería mejor consejero que la actual, pero hay un problema de legalidad”.

Posible delito de prevaricación

Preguntado por qué va a hacer el PRC al respecto, el portavoz ha explicado que “cualquier asociación, ciudadano, partido puede ir a los tribunales a determinar la legalidad o ilegalidad de la medida” Igualmente ha recordado que la fase de nombramiento consta de dos fases y que “habrá un control político sobre el mismo si los tribunales determinaran que ese nombramiento es ilegal porque no ha cumplido el artículo 19 de la Ley de Régimen Jurídico”.

“Se abrirían después otras vías como las penales. Todos sabemos qué dice el 404 del Código Penal -referente al delito de prevaricación-. Quien dicta a sabiendas una resolución injusta está cometiendo un delito, pero eso sería después del contencioso” ha explicado. “Yo espero que se imponga la racionalidad, que se imponga el criterio y la pausa en estas decisiones”, ha añadido.

“Ha sido una decisión muy precipitada. Yo no entiendo tampoco por qué ayer se anunció el nombramiento de un miembro del Gobierno en la sede del Partido Popular. Creo que lo razonable sería pausar, tomar decisiones y adecuarlas a la ley”, ha argumentado.

Parece llamativo que un letrado prestigioso, de largo recorrido, con un fuerte conocimiento de la Administración como es el señor Sáez Bereciartu, vaya a iniciar su recorrido político como consejero con un asunto de este tipo

Pedro Hernando — Portavoz parlamentario del PRC

“Parece llamativo que un letrado prestigioso, de largo recorrido, con un fuerte conocimiento de la Administración como es el señor Sáez Bereciartu, vaya a iniciar su recorrido político como consejero con un asunto de este tipo. Tengo serias dudas porque, además, creo que es una persona con una valía en lo personal, en lo jurídico y en lo administrativo muy importante”, ha apostillado Hernando, confiando en que se produzca una reconsideranción por parte del Ejecutivo que preside Buruaga.

“Va a tener que rectificar”

También se ha pronunciado al respecto el secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares, que ha sido cuestionado en una rueda de prensa sobre el nombramiento de Juan Ignacio Sáez Bereciartu como sustituto de Isabel Urrutia en la Consejería de Presidencia, una designación que rompe la paridad exigida por ley en el seno del Consejo de Gobierno de Cantabria.

En este sentido, Casares ha pedido “una reflexión general” y ha vaticinado que Buruaga “va a tener que rectificar” porque “no va a poder nombrar a ese nuevo consejero”, puesto que “incumpliría” con el 40% mínimo de mujeres que establece la ley. Al respecto, ha apuntando que cree, “sinceramente”, que se trata de un “desconocimiento” de la legislación ya que “lo que no puede ser es que el Partido Popular abiertamente diga que va a incumplir una ley”.

El candidato del PRC a la Alcaldía de Santander, Felipe Piña, se ha comprometido este miércoles, en su presentación oficial como candidato a las elecciones municipales, a “reconstruir” Santander y ha pedido el apoyo de todos los vecinos para “recuperar” un Ayuntamiento “roto, abandonado y físicamente apuntalado”. “Creen que Santander les pertenece, pero os pertenece a vosotros, a todos los vecinos que vivís y hacéis ciudad”, ha resaltado.

En el acto, que se ha celebrado en el Gran Casino Sardinero con la asistencia de cerca de 450 personas, entre las que se encontraban numerosos vecinos y representantes de colectivos e instituciones, ha comenzado con un vídeo con testimonios de quince santanderinos que han expuesto los principales problemas de sus barrios, así como un coloquio con tres de ellos que han expuesto sus preocupaciones y cómo podría solucionarse esta situación.

En su intervención, Piña ha defendido un proyecto centrado en las necesidades reales de los barrios y sus vecinos que debe pivotar en la “ilusión” y un Plan de Choque “urgente” con cuatro ejes: vivienda, movilidad, limpieza y mantenimiento y familia.

Así, el regionalista se ha reivindicado como un “vecino más”, que ha nacido y ha desarrollado toda su vida en Santander y ha destacado el aprendizaje acumulado en su etapa profesional antes de su salto a la política como concejal en el año 2023, la cual ha definido como la “más maravillosa” de todas.

Sobre la legislatura actual, Piña ha señalado que ha sido “difícil” y ha estado marcado por el “rodillo” y la “soberbia” por parte de quien gobierna. Ante esta situación, el portavoz municipal de los regionalistas ha explicado que entendió que la manera de canalizar las necesidades de los vecinos era a través de las redes sociales, una herramienta que le ha permitido criticar y abrir un canal de comunicación directa con los vecinos, que se ha traducido en cerca de 250 propuestas a lo largo de estos tres años, aunque prácticamente el 95% han sido rechazadas por el equipo de gobierno.

Sobre la designación de Gema Igual como cabeza de lista para el Senado en las elecciones generales del 29N, ha señalado que “Madrid siempre premia al que destroza la ciudad” y ha calificado esta noticia como el “mayor desprecio” hacia los vecinos.

Asimismo, ha enumerado alguno de los grandes problemas que tiene que afrontar en el futuro la ciudad como la suciedad, la falta de mantenimiento, la pérdida de identidad y destrucción del patrimonio, la dificultad para acceder a una vivienda, la falta de aparcamiento y los problemas de movilidad y la inseguridad en diferentes zonas, y ha calificado como “inaudito” que de cada diez euros del presupuesto municipal apenas se gasten tres en el capítulo de inversiones.

Ante este escenario crítico, ha defendido que la “reconstrucción” de Santander exige “ilusión” y un Plan de Choque articulado en cuatro ejes prioritarios (vivienda, movilidad y aparcamiento, limpieza y mantenimiento y familias), que debe involucrar a todas las administraciones: Estado, Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento, quien primero tendrá que resolver problemas internos en la plantilla municipal, Policía Local y Bomberos.

En primer lugar, ha denunciado los problemas de acceso a la vivienda debido, en gran medida, al encarecimiento de los alquileres por la proliferación de pisos turísticos ilegales. En este sentido, ha criticado que el Consistorio priorice el “sarao” frente a la gestión municipal y ha lamentado su “inacción” ante los 480 solares vacíos del centro. Por ello, ha apostado por potenciar el papel de la Sociedad de Vivienda y Suelo para ofrecer “alternativas reales” y desechar los “megaproyectos que agotan suelo” y ha anunciado que en el próximo Pleno los regionalistas presentarán una propuesta “real”.

En movilidad, Piña ha tildado la situación como un “auténtico caos circulatorio” ante la falta de alternativas reales y ha destacado la deficiencia de frecuencias de autobús en zonas como Peñacastillo, San Román, Monte o Cueto o los carriles bici “pensados para el turista”. Para solucionarlo, ha defendido resolver las conexiones Norte-Sur, impulsar el parking de Varadero en Castilla-Hermida, garantizar el mantenimiento de las rampas y escaleras mecánicas y abordar la comarcalización del transporte en el Arco de la Bahía.

También ha reafirmado su compromiso con las familias santanderinas para frenar el éxodo de jóvenes y eliminar las barreras de los mayores en los barrios. Así, ha prometido cubrir los parques infantiles de la ciudad, empezando por los de Peñacastillo y Mendicouague, ha reivindicado el mantenimiento continuo de los itinerarios mecánicos y ha reiterado la propuesta de crear un aula de estudio 24 horas.

Por último, ha denunciado que Santander está “más sucia que nunca” y ha exigido auditar la recogida neumática en Castilla-Hermida y la calle Alta y llevar a cabo un mantenimiento diario que devuelva el cuidado a todos los barrios.

El PRC ha denunciado un “recorte del 40 por ciento” en la financiación de las agrupaciones de Protección Civil en lo que va de legislatura y propone reforzarlas mediante una actualización del decreto que regula el voluntariado.

Con este fin, la diputada regionalista Rosa Díaz defenderá el próximo lunes en el Pleno del Parlamento de Cantabria una proposición no de ley (PNL) orientada a reforzar las agrupaciones y asociaciones de voluntarios de Protección Civil, mejorar su financiación, formación y equipamiento y garantizar una mayor participación en los dispositivos de emergencia.

La parlamentaria ha presentado la iniciativa este jueves en rueda de prensa junto a la candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, después de reunirse con representantes del voluntariado para conocer sus necesidades y trasladar sus demandas al Gobierno autonómico (PP).

Díaz ha explicado que la iniciativa plantea modificar antes de que finalice el año el Decreto 90/2021, que regula el voluntariado de Protección Civil en Cantabria, y recuperar, “como mínimo”, las ayudas consignadas en el último presupuesto del anterior Gobierno de coalición PRC-PSOE, el de 2023.

La diputada ha denunciado que estas líneas de financiación han disminuido un 40% durante la presente legislatura y ha considerado que no es “razonable exigirles cada vez más respuesta ante las emergencias mientras se recortan sus recursos”.

Por su parte, Fernández ha cuestionado el compromiso del Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga con este colectivo, que “sufre retrasos en las ayudas, problemas de coordinación, falta de protocolos y carencias formativas”, a pesar de que, según ha valorado, “cuando Cantabria les necesita, ellos están”.

La candidata regionalista ha agradecido el compromiso de quienes dedican su tiempo libre a proteger a los demás y ha puesto en valor su experiencia y conocimiento del territorio. También ha destacado su participación en emergencias como las inundaciones de Reinosa de 2019 o la DANA de Valencia.

Sin embargo, ha advertido de que actualmente “pierden funciones y voluntarios” y no encuentran soluciones a sus problemas. Asimismo, ha señalado que estas “carencias reducen la capacidad de respuesta” de las agrupaciones y que “la voluntad no paga el mantenimiento de sus vehículos, no renueva sus equipos y no sustituye la formación que necesitan”.

Por ello, ha reclamado al Gobierno decisiones concretas, financiación y plazos para atender estas demandas. “Quienes cuidan de Cantabria merecen que Cantabria cuide de ellos”, ha sentenciado.

Recuperar la financiación y reducir la burocracia

En cuanto a las principales medidas de la PNL, elaborada a partir de las aportaciones de representantes de agrupaciones y asociaciones de Protección Civil de toda Cantabria, y además de recuperar las cuantías del presupuesto de 2023, el PRC reclama establecer líneas de financiación “suficientes y diferenciadas” de las destinadas a la Policía Local, que esta legislatura se han agrupado, “dificultando conocer los recursos asignados a cada colectivo”.

La iniciativa también propone distinguir las subvenciones destinadas a los ayuntamientos de las dirigidas a asociaciones con personalidad jurídica propia, atendiendo a sus diferentes necesidades administrativas y económicas, así como reducir la burocracia para facilitar su funcionamiento.

Otro de los objetivos es simplificar los procedimientos de incorporación de nuevos voluntarios y favorecer el relevo generacional en unas agrupaciones que, según Díaz, están “cada vez más envejecidas” y tienen “dificultades” para atraer a jóvenes.

En materia de equipamiento, el PRC solicita actualizar la regulación de la uniformidad conforme a las actuales exigencias de seguridad, identificación y alta visibilidad, y garantizar que todas las agrupaciones puedan disponer de ella.

La PNL contempla también reforzar la formación especializada, actualizar las funciones preventivas y operativas del voluntariado y definir con mayor precisión su participación en la planificación y coordinación de las emergencias.

Por último, la propuesta regionalista reclama aplicar a los voluntarios de Protección Civil los beneficios previstos en la legislación autonómica, sobre todo los recogidos en la Ley del Voluntariado de Cantabria de 2025. También incluye una campaña autonómica de información, sensibilización y captación de voluntarios, así como el refuerzo de la colaboración con los ayuntamientos y la posibilidad de establecer acuerdos entre agrupaciones y municipios próximos que compartan riesgos o dispongan de recursos limitados.

El Pleno del Parlamento de Cantabria debatirá este martes, 13 de octubre, sobre el complejo logístico e industrial de La Pasiega (Piélagos) y el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) del proyecto 'Olucas Surf Center', con la comparecencia sobre este asunto del consejero de Fomento, Roberto Media (PP), cuya reprobación y petición de cese propuesta por el PSOE se abordará también en la sesión, entre otros asuntos.

La sesión cambia esta semana de día -normalmente se celebra los lunes- por la festividad el 12 de octubre del Día de la Hispanidad.

Comenzará a las 10.30 con una proposición no de ley (PNL) del PRC en la que insta al Gobierno regional (PP) a presentar en un mes ante la Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Cámara el Plan de Aparcamientos Disuasorios que, según una iniciativa aprobada por unanimidad en junio de 2024 y a la que hacen mención los regionalistas, debía estar finalizado en 2025.

En la misma iniciativa se pide al Ejecutivo que ceda los terrenos del aparcamiento del Palacio de Festivales al Ayuntamiento de Santander, para que éste lo transforme antes de finales de año, en un parking en altura.

A su vez, le insta a requerir a la Autoridad Portuaria de Santander a firmar los convenios de cesión de las parcelas de La Marga y Varadero para la puesta en marcha “de manera inmediata” de los proyectos de aparcamientos disuasorios y de residentes “necesarios” en esa zona de la ciudad.

Vox, por su parte, presentará una iniciativa, del mismo rango que la anterior, en la que, entre otras cuestiones, propone rendir homenaje los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por su “servicio abnegado en defensa de la soberanía e independencia de la patria, y más militares en Ceuta y Melilla.

Mientras, se abordará la propuesta del PSOE de reprobación de la gestión del consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, y se instará a la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, a cesarlo.

A continuación, el propio Media comparecerá para informar sobre el PSIR del proyecto privado 'Olucas' para crear en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte) un complejo deportivo y turístico con una piscina de olas para favorecer la práctica del surf. Se trata de una comparecencia que se realiza tanto a petición del Grupo Regionalista, como del propio consejero, ha informado el Parlamento.

La Pasiega y Santa Clotilde

La parte del Pleno de control al Gobierno arrancará con una interpelación del PRC sobre los proyectos industriales en torno al centro logístico de La Pasiega y seguirá con otra de Vox relativa al absentismo laboral.

Además, los diputados socialistas pedirán explicaciones al Gobierno sobre la situación laboral de la plantilla de los sanitarios vinculado al Hospital Santa Clotilde tras la entrada en vigor del convenio con el Servicio Cántabro de Salud.

Este bloque se cerrará con una segunda interpelación de Vox respecto a la política de ayudas de la Consejería de Inclusión Social.

La sesión plenaria se completará con preguntas del PRC relacionadas con el impacto de la tasa de gestión de residuos y del PSOE sobre el estado de la colegiata de San Martín de Elines, en Valderredible, y la falta de aula de un año en el colegio de Infantil y Primaria 'Eugenio Perojo' de Liérganes.

Vox, por su parte, cuestionará al Gobierno por los planes para el proyecto de La Pasiega, la Ley de Startups y la prioridad de gasto en la Consejería de Inclusión Social.

La candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, defenderá este lunes, 28 de septiembre, en el pleno del Parlamento de Cantabria una proposición no de ley para reclamar al Gobierno de España (PSOE-Sumar) que refuerce la financiación y la plantilla de Correos y garantice la prestación de un servicio postal público “de calidad, eficaz, eficiente y accesible” en todo el territorio de Cantabria.

Fernández ha reivindicado en un comunicado la importancia de Correos como “elemento de cohesión y vertebración territorial” y ha advertido de las consecuencias de la falta de recursos y personal que sufre actualmente el servicio, con “repercusiones tanto en las condiciones laborales de los trabajadores como en la calidad de la atención que reciben los ciudadanos”.

“No podemos permitir que la falta de personal acabe debilitando un servicio público que es esencial y especialmente necesario para quienes viven en nuestros pueblos”, ha subrayado la regionalista, quien ha exigido “una cobertura adecuada con independencia del lugar de residencia”.

En este sentido, ha puesto en valor la labor que realizan los carteros en los municipios rurales y en riesgo de despoblamiento, donde su presencia “trasciende la prestación del propio servicio postal”.

“Son una pieza fundamental para mantener vivos nuestros pueblos, donde cumplen también una importante función de acompañamiento a los vecinos, especialmente a las personas mayores y más vulnerables”, ha detallado.

Así, la iniciativa que llega al Pleno del lunes reclama al Gobierno de Cantabria (PP) que inste al Ejecutivo central a reforzar la financiación del servicio público postal para garantizar su calidad y contribuir a la cohesión social y económica de todos los territorios.

Asimismo, plantea la convocatoria de una oferta de empleo público “suficiente” para cubrir los puestos estructurales y reducir la temporalidad y la parcialidad existentes actualmente en Correos.

En este sentido, Fernández ha advertido de las consecuencias de “la insuficiente reposición de las plazas que quedan vacantes y la falta de sustitución de las bajas”, que se traducen en “una sobrecarga de trabajo creciente” y una temporalidad que “supera el 30 por ciento de la plantilla”.

“No se puede exigir un servicio público de calidad si no dotamos a quienes tienen que prestarlo de los medios y del personal necesarios”, ha recalcado la dirigente del PRC.

En su opinión, reforzar la plantilla permitirá mejorar las condiciones de los trabajadores, pero también garantizar que Correos “pueda cumplir adecuadamente su función y ofrecer el mismo servicio a los ciudadanos de las zonas rurales que a quienes residen en los principales núcleos de población”.

Estabilidad para el personal laboral

Por otra parte, la proposición regionalista reclama además el cumplimiento de la Ley del Servicio Postal Universal, especialmente en lo relativo al mantenimiento de un servicio de calidad y accesible a toda la población, y plantea promover la inclusión del personal laboral de Correos en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

La candidata del PRC ha explicado que los trabajadores de Correos desarrollan su actividad en una empresa pública y desempeñan tareas esenciales, pero están encuadrados como personal laboral, lo cual genera “incertidumbre e inestabilidad” y “limita” sus posibilidades de promoción interna y de desarrollo de una carrera profesional.

Por último, Fernández espera el respaldo del resto de los grupos parlamentarios a una iniciativa que, a su juicio, “no pretende otra cosa que asegurar que Correos siga llegando a todos los cántabros, vivan donde vivan, con los recursos humanos y económicos que necesita”.

El PRC ha advertido del “tufillo extraño” que a su juicio desprende el proyecto Olucas Surf Center para la creación de una piscina de olas en Villaverde de Pontones y asegura que este proyecto no reúne las condiciones para ser declarado “estratégico” y plantea además problemas, de suelo, agua, energía y accesos.

Así lo ha avisado el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, este jueves en una rueda de prensa sobre “el anuncio estrella” de la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), en el último Debate sobre la Orientación Política del Gobierno, celebrado el pasado mes de junio.

Hernando, que ha hablado de “proyectos estrellados” al referirse tanto a éste como al Centro de Datos Altamira, ha pedido al Ejecutivo que aclare “qué hay detrás” de Olucas, porque vista la documentación remitida al Parlamento por la Consejería de Fomento “no cumple los requisitos” de la Ley de Simplificación Administrativa para ser declarado proyecto empresarial estratégico.

Entre las principales carencias, ha destacado que el documento “reconoce la inadecuación de la iniciativa al planeamiento urbanístico vigente; cifra la inversión prevista en 43 millones de euros, por debajo de los 50 millones que exige la ley; no acredita la creación de un mínimo de 100 puestos de trabajo, ni justifica su pertenencia a un sector estratégico para Cantabria”.

“Tampoco justifica el impacto económico, social y paisajístico ni la titularidad de los terrenos donde se pretende desarrollar la actuación”, ha añadido Hernando, que ha asegurado que a día de hoy “no existe ni compra ni opción de compra sobre al menos tres de las parcelas” incluidas en la actuación.

Además de cuestionar que el proyecto pueda tramitarse como estratégico en estas condiciones, también ha destacado el “rechazo”, según ha aseverado, del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte y ha dado a conocer un informe técnico municipal que “no ha sido remitido al Parlamento”.

Según ha explicado, ese informe indica que no puede acometerse un proyecto de esas características en los suelos previstos sin solucionar tres cuestiones “fundamentales”: el sistema de accesos, la gestión interna de la circulación de los visitantes y el abastecimiento y saneamiento de agua.

También ha puesto “en duda” la viabilidad económica de Olucas y, sobre todo, la estimación de 4,8 millones de potenciales usuarios, una cifra que contabiliza como mercado potencial a toda la población de Cantabria entre 5 y 65 años, “excluyendo a las personas en riesgo de pobreza y a quienes no tengan capacidad económica suficiente”; a los residentes en una distancia de entre 60 y 90 minutos en coche, los turistas nacionales e internacionales y los estudiantes y universitarios.

Sin embargo, la misma documentación reduce a 47.000 los residentes con vinculación directa al surf y cifra en 50.000 los turistas relacionados con este deporte. “Espero que no hayan hecho las cuentas sobre 4,8 millones, sino sobre 120.000”, ha recalcado Hernando. De no ser así, “las cuentas no salen y es imposible que una instalación de este tipo se sostenga”.

60 millones de litros de agua

Otro de los reparos del PRC tiene que ver con el consumo de agua, porque de acuerdo con Hernando la piscina requiere 60 millones de litros anuales (30 para el llenado y otros 30 para atender la evaporación, cambios y evacuación de las aguas) “en una zona como el Aguanaz, que ya ha tenido problemas de abastecimiento este año”.

Y ha apuntado el problema que representa el suministro de energía y las previsiones de movilidad, dado que el proyecto contempla solo 159 plazas de aparcamiento vinculadas a la actividad y 32 públicas, cifras que ha contrapuesto con los 4,8 millones de potenciales usuarios.

Para Hernando, las dudas sobre la viabilidad de la actividad deportiva explican el peso que tiene en el proyecto la construcción de viviendas, a las que la documentación se refiere como “cabañas de lujo para surfistas” y que aparecen en infografías.

En el plano de ordenación, esas viviendas ocupan “una superficie superior a la reservada para parques públicos”. “Evidentemente ahí está el negocio. Porque en lo demás es imposible que salgan los números”, ha apostillado.

Más transparencia en el proyecto Altamira

Por otro lado, Hernando se ha referido al Centro de Datos Altamira, sobre el que defenderá una moción en el Pleno del próximo lunes para reclamar al Gobierno que cumpla, en el plazo máximo de un mes, la resolución aprobada por la Cámara el pasado 4 de mayo y facilite toda la documentación pendiente sobre el proyecto.

El portavoz ha dejado claro que el PRC “está a favor” de este proyecto, pero ha exigido “coherencia, transparencia y una marca clara de cuál es el objetivo” antes de avanzar en su tramitación.

Los grupos parlamentarios del PP y de VOX han vetado las comparecencias de expertos para analizar la futura Ley de creación del Consejo LGTBI de Cantabria. Los diputados de ambas formaciones han unido sus votos en la Comisión parlamentaria que tramita la norma para impedir que se escuche al presidente presidente de ALEGA (Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria), del presidente del Consejo de la Juventud de Cantabria y de la coordinadora de ACCAS-Asociación Ciudadana Cántabra Anti Sida y presidenta de CESIDA-Coordinadora estatal de VIH y sida.

Estas comparecencias han sido solicitadas por el PSOE, mientras que el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) no propuso ningún nombre.

En la misma sesión, la Comisión si aprobó comparecencias de expertos para otro proyecto de ley para modificar la Ley de Derechos y Servicios Sociales. Los diputados dieron el visto bueno a citar en el Parlamento a ocho profesionales para debatir el asunto. Al PRC solo le aprobaron uno de los ocho nombres que propuso y al PSOE cinco de 35.

La tramitación de cualquier ley en el Parlamento de Cantabria incluye la participación de expertos sobre el tema. Se conoce como comparecencias. Los grupos parlamentarios proponen nombres de personas relacionadas con la cuestión a debatir, se negocian en la Comisión y se hace un calendario para que expliquen su parecer sobre la futura normativa y respondan a las preguntas de los diputados.

“No tiene sentido aprobar una ley para dar voz al colectivo y, al mismo tiempo, silenciar durante su tramitación parlamentaria a personas que pueden aportar conocimiento, experiencia y propuestas”, reprochan los socialistas en un comunicado.

La iniciativa de crear este Consejo LGBTI partió del propio Gobierno autonómico del Partido Popular que lo anunció como “una iniciativa que refuerza el compromiso del Ejecutivo con la igualdad, la no discriminación y la participación social”. No obstante, según los socialistas, ya parte “de una tramitación que no escucha a sectores relevantes”.

Pero, en realidad, era una obligación que ya llevaba tres años de retraso cuando se planteó. Una cuestión legal que estaba pendiente para completar el desarrollo efectivo de la Ley de Cantabria de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales, en vigor desde diciembre de 2020. Ese texto ya preveía la creación de este instrumento de participación y consulta.

La ley LGTBI de Cantabria establecía que el proyecto de ley de creación del Consejo se debía remitir al Parlamento en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la norma. Es decir, debía haber llegado a la Cámara en diciembre de 2022 como plazo máximo.

El Consejo nace con la voluntad de ser “un órgano estable de representación, consulta y colaboración entre la Administración y la sociedad civil en todas aquellas políticas que afectan a los derechos del colectivo LGTBI” -apuntan desde el Gobierno de la presidenta Buruaga- “consolidando un marco institucional más inclusivo”.

Miembros de la Comisión parlamentaria

La Comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Parlamento de Cantabria está formada por cuatro diputados del Partido Popular -Álvaro Aguirre (presidente), Alejandro Liz, Yolanda García y Alfonso García-, los regionalistas Teresa Noceda y Ana Obregón, los socialistas Joaquín Gómez y Nórak Cruz; Armando Blanco, en representación de Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio que también en origen fue elegido diputado por ese mismo grupo parlamentario.

Lo que ha sucedido ayer en el Parlamento de Cantabria no es -según el PSOE- una situación aislada. Los socialistas sostienen que el PP ha actuado de la misma forma durante la tramitación de la Ley de Vivienda, la Ley de Juventud o la Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar, “bloqueando la mayoría de las comparecencias propuestas por la oposición de la mano de Vox”.

La candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, ha presentado este viernes un paquete de medidas fiscales dirigido a aliviar el impacto del incremento del coste de la vida en las familias y que, según las estimaciones de los regionalistas, permitiría reducir la carga tributaria a más de 250.000 contribuyentes de la comunidad autónoma.

En concreto, plantea aumentar un 10% los mínimos personales y familiares, deflactar un 10% los tramos del IRPF y establecer una cláusula antiinflación permanente.

Fernández Viaña ha avanzado que trasladará estas propuestas el próximo lunes a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), a la que preguntará en el Parlamento si el Gobierno tiene previsto hacer algo “para mejorar la vida de los cántabros ante los problemas que padecen cada día”.

En su intervención, la regionalista pedirá a Buruaga que el Ejecutivo cumpla de manera íntegra los compromisos alcanzados con el PRC y que ponga en marcha estas tres medidas fiscales concretas para compensar el impacto de la escalada de precios en las familias, incrementar su renta disponible y evitar que la inflación se traduzca en una mayor carga tributaria.

“Los regionalistas, si denunciamos un problema, ponemos una solución”, ha asegurado la candidata, quien ha explicado que el objetivo de sus medidas es responder a las dificultades que afrontan los cántabros para asumir gastos cotidianos como la cesta de la compra, la vivienda o los suministros.

Fernández Viaña ha enmarcado estas propuestas en una situación económica que, a su juicio, dista del “triunfalismo” del Gobierno de Buruaga y ha acusado al Ejecutivo de haber “desaprovechado tres años de coyuntura económica favorable” para hacer avanzar a Cantabria y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

En este sentido, ha señalado que la inflación alcanza el 5,1% en Cantabria, la mayor de España, mientras el incremento del precio de la vivienda supera el 14%.

Cumplir lo pactado

Como primera propuesta, Fernández Viaña ha reclamado a Buruaga que ejecute “todo lo pactado con el PRC” durante la legislatura y materialice los compromisos todavía pendientes incluidos en los acuerdos presupuestarios. Entre ellos, ha señalado las obras e inversiones comprometidas, las ayudas a la dependencia y las mejoras en la sanidad pública, un conjunto de actuaciones que tendrán, según ha explicado, un impacto de “decenas de millones de euros” en la economía de Cantabria.

“Tiene que cumplir todo lo que ha pactado con el PRC, porque al final es lo que ha pactado con los cántabros y es lo que afecta al día a día y al bolsillo de las familias”, ha afirmado.

Propuestas fiscales

La candidata ha avanzado una nueva propuesta fiscal con tres medidas para adaptar el IRPF al incremento del coste de la vida y conseguir efectos “visibles en las nóminas” de los contribuyentes. La primera consiste en aumentar un 10% los mínimos personales y familiares, con el objetivo de garantizar que una mayor parte de la renta destinada a cubrir las necesidades básicas del contribuyente y su familia quede libre de tributación.

Así, el mínimo general del contribuyente pasaría de 5.550 a 6.105 euros. La cuantía correspondiente al primer hijo aumentaría de 2.400 a 2.640 euros; la del segundo, de 2.700 a 2.970 euros; la del tercero, de 4.000 a 4.400 euros; y la correspondiente al cuarto y siguientes, de 4.500 a 4.950 euros.

Además, la propuesta contempla mejoras para los contribuyentes con ascendientes y personas con discapacidad a su cargo y para las familias numerosas y monoparentales.

La segunda medida consiste en deflactar un 10% las cantidades correspondientes a los tramos del IRPF, con el propósito de impedir que la inflación genere “subidas encubiertas de impuestos” y compensar el incremento acumulado de los precios, que supera el 10% en los últimos tres años.

De este modo, según los cálculos del PRC, una persona con un salario bruto anual de 22.000 euros podría disponer de hasta 150 euros más al año; con 30.000 euros, hasta 250 euros; con 40.000 euros, hasta 400 euros; y con 50.000 euros, hasta 600 euros.

El efecto sería mayor al combinar la deflactación con el incremento de los mínimos personales y familiares. Como ejemplo, Fernández Viaña ha indicado que una pareja con dos hijos, uno de ellos menor de tres años, con ingresos conjuntos de entre 45.000 y 50.000 euros, podría obtener un ahorro aproximado de casi 700 euros anuales.

Como tercera medida, los regionalistas proponen establecer una cláusula antiinflación permanente para actualizar automáticamente el impuesto cuando el IPC anual supere el 3%. De esta forma, la actualización se aplicaría al ejercicio siguiente sin necesidad de aprobar una nueva ley, con el objetivo de evitar que futuros incrementos del coste de la vida se traduzcan en una mayor carga tributaria para las familias.

Según las estimaciones de los regionalistas, más de 250.000 contribuyentes residentes en Cantabria se beneficiarían de estas medidas mediante una reducción de su carga tributaria.

Un 11% más en altos cargos y personal de confianza

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Fernández Viaña ha denunciado que el Gobierno de Buruaga gasta en altos cargos y personal de confianza un 11% más que el último Ejecutivo bipartito, al haber pasado esta partida de 7,6 millones de euros en 2022 a 8,4 millones en 2025.

Según la candidata regionalista, el PP “pasó años exigiendo reducir el gasto político” y ahora, desde el Gobierno, “hace exactamente lo contrario de lo que defendía”.

El PRC ha criticado que el Gobierno de Cantabria (PP) “funciona más como una diputación provincial llorando” que como un “verdadero” ejecutivo autonómico “con autonomía” para tomar decisiones, gestionar y adoptar medidas para poner remedio a los problemas “reales” y del “día a día” de los ciudadanos, y le ha reclamado que “cambie el rumbo” pues está “muy alejado de la realidad”.

Esta ha sido, precisamente, la petición que ha hecho la diputada del PRC y candidata a la Presidencia de Cantabria en las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández, a la Bien Aparecida, patrona de Cantabria y que se celebra este martes en el santuario de Hoz de Marrón (Ampuero), al que han acudido multitud de fieles y representantes institucionales.

Allí, la regionalista ha instado al Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga que “piense en los cántabros” y se ocupe de adoptar medidas que ayuden a resolver las cuestiones que preocupan a la ciudadanía, como la inflación porque la comunidad “está a al cabeza”; los problemas de la industria, el “desmantelamiento” de los servicios básicos o la vivienda.

En este último ámbito, la candidata regionalista ha criticado el proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria que el Gobierno autonómico ha registrado en el Parlamento regional y que, a su juicio, “no soluciona los problemas” y ha anunciado que el PRC va a presentar enmiendas que “le darán la vuelta totalmente” al texto -el Ejecutivo no tiene mayoría absoluta con lo que necesita a alguno de los grupos para sacarlo adelante-.

También ha defendido la Ley de Convivencia Escolar y protección de la Función Docente que su partido plantea como alternativa a la Ley de Autoridad Docente del Ejecutivo.

Y en relación a la sanidad, ha denunciado su “desmantelamiento”, unas listas de espera “cada vez más largas” y la situación de la Atención Primaria o del Hospital Comarcal de Laredo, “que está dejando de ser un hospital de urgencias 24/7 a uno que ”se dedica a muy poquitas cosas“ ya que ”todo lo demás se deriva a Valdecilla“.

Además, se ha referido al convenio singular del Hospital Santa Clotilde, para el que el PRC ha demandado un control parlamentario.

Por otro lado, la regionalista ha advertido que hay varias compromisos asumidos por el Gobierno en el acuerdo de los Presupuestos de 2026 suscrito con el PRC que aún no se han cumplido, entre otros algunos en materia de dependencia o relacionados con las subvenciones nominativas.

“El Gobierno tiene que hacer los deberes”, ha afirmado Fernández que también ha reclamado al PP que designe ya a sus tres representantes en la comisión independiente que en octubre tendrá que evaluar el cumplimiento el acuerdo presupuestario y para la que el PRC ya ha nombrado a los suyos (el catedrático de Economía José Villaverde, la enfermera María Terán y el ingeniero de Caminos Fernando Saldaña).

Respecto al nuevo curso político que ahora se inicia, Fernández ha avanzado que el PRC se dedicará a trasladar los problemas que realmente tiene el ciudadano en su día a día y ante los que -se ha quejado- el Gobierno del PP no ha adoptado medidas.

“Voy a salir a ganar las elecciones, lo tengo clarísimo. Me voy a dejar la piel”, ha dicho este viernes Felipe Piña, a ocho meses de las elecciones municipales. “Se va a votar es a Santander y no una siglas”, ha lanzado el portavoz del Grupo Municipal Regionalista en Santander, tras anunciar que ha presentado su candidatura a las primarias dentro del PRC para ser el aspirante a la Alcaldía de Santander.

De esta forma, si gana las primarias, competirá frente a la regidora Gema Igual (PP), a la que ha calificado como “probablemente, la peor alcaldesa de toda la historia de la ciudad”.

Piña ha dado declaraciones en la plaza del Ayuntamiento de Santander, en las que ha hablado de un proyecto “transformador” que dará lugar a una “recuperación” de la ciudad, “totalmente abocada a la decepción de los vecinos”. “Hoy se inicia un nuevo ciclo en Santander”, ha defendido tras la apertura del calendario de los comicios internos, del PRC.

“No me presento como un candidato ideológico, sino como -y permitidme que haga esa apreciación- como el candidato de todos los santanderinos”. Piña, que ha creado durante tres años un perfil activo en redes sociales recorriendo los barrios de Santander, ha advertido de que, en este tiempo, ha notado un “tsunami” en contra de la regidora: “Santander era la envidia de cualquier ciudad y se ha convertido en algo que ha decepcionado a los vecinos en cada esquina, en cada barrio”, ha dicho sobre sus visitas a los barrios de la ciudad.

Además, ha calificado de “error” por parte de Génova que sea candidata a continuar en la Alcaldía, después de casi 50 años de gobiernos del PP en la capital de Cantabria: “Sin ningún género de duda, va a bajar” en sus resultados electorales y ha vaticinado que no se repetirá una mayoría absoluta.

Consultado sobre si contemplaría una coalición PRC-PSOE en el futuro equipo de gobierno, se ha circunscrito a su plan: “No podemos hablar de coaliciones, como digo, en una situación de que yo voy a salir a ganar las elecciones”.

Piña ha cuestionado que el Ayuntamiento que dirige Gema Igual haya “creado” un modelo “de ciudad escaparate y masificada”, que ha dado con “la expulsión de los vecinos”. Por todo ello, ha insistido en la necesidad de “recuperar” la ciudad. “La alcaldesa va a bajar por desgaste, por la mala gestión, por la soberbia”, ha vaticinado Piña.

Piña ha asegurado que “estaría contento” si alguien más del partido se presentara como candidato a las primarias -que se celebrarían el 10 de octubre-. El candidato ha dicho que agradece las primarias del PRC, “de la misma manera que mi aterrizaje en 2023 fue un poco abrupto”, ha dicho en referencia a su candidatura en las anteriores municipales.

El PRC ha exigido al ministerio de Transportes del Gobierno de España que aclare cuándo se retomarán las obras del tercer carril de la Autovía de la Meseta (A-67) entre Polanco y Santa Cruz de Bezana y ha reclamado un calendario “actualizado”, “claro y definitivo” de esta actuación. Además, ha advertido que estará “vigilantes” ante cualquier modificación de los plazos y exigirá responsabilidades si la situación actual termina retrasando la finalización de la actuación.

Así lo ha afirmado en un comunicado la diputada y candidata del partido a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, que ve “inaceptable” que, transcurrido “más de un mes” desde que la retirada de buena parte de la maquinaria que estaba ejecutando la obra, el Ministerio “no haya ofrecido todavía una explicación clara sobre cuándo se van a retomar los trabajos con normalidad y qué consecuencias tendrá esta situación sobre los plazos de ejecución”.

Para Fernández, la situación resulta “especialmente preocupante” tras conocerse que la empresa adjudicataria --la UTE San José-Aceinsa-- solicitó el pasado 16 de junio la suspensión temporal de los trabajos para tramitar un modificado del proyecto.

Y después de que el Ministerio negara que la obra estuviera formalmente paralizada y afirmara que se iba a solicitar la “continuidad provisional” de los trabajos al considerar que hay trabajos que la empresa puede ejecutar y no afectan al modificado, el PRC quiere saber por qué esas actuaciones “no se están ejecutando al ritmo previsto”.

“Si existe un problema que impide continuar con normalidad, queremos saber cuál es, cuánto tiempo va a durar y cómo piensa resolverlo el Ministerio”, ha señalado la candidata del PRC.

Asimismo, Fernández ve necesario que el delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), explique “qué ha cambiado” desde el pasado 12 de junio, cuando aseguró públicamente que las obras del tercer carril “van a buen ritmo”, sobre todo teniendo en cuenta que a comienzos de agosto reconoció que el Gobierno estaba negociando con la adjudicataria una revisión de precios y expresó su confianza en que los trabajos recuperasen “pronto” su “velocidad de crucero”.

“Ha pasado más de un mes y seguimos sin saber cuándo va a volver esa velocidad de crucero”, ha aseverado. Fernández ha indicado que el PRC ha venido reclamando la reducción de los plazos de ejecución de esta actuación al considerar “excesivo” el periodo de cinco años previsto, más en una infraestructura situada “en el principal corredor de movilidad de Cantabria”.

Ha destacado que se trata de una infraestructura “fundamental” para las comunicaciones entre Santander y Torrelavega y “absolutamente estratégica” para Cantabria, ya que soporta diariamente un elevado volumen de desplazamientos y constituye una “conexión esencial para la actividad económica, industrial y laboral” de la comunidad autónoma.

El último presupuesto de Cantabria se aprobó a finales de abril después de un pacto por sorpresa de última hora con el Partido Regionalista de Cantabria que incluyó subir el sueldo a los profesores que llevaban meses de movilizaciones. Con su apoyo, el PRC salvava así -por tercera vez en la legislatura- las cuentas públicas del Gobierno en minoría del Partido Popular, tras una intensa campaña de presión del PP hacia los alcaldes regionalistas que veían peligrar las inversiones en sus municipios.

Cuatro meses después, los docentes siguen en pie de guerra. Antes de empezar el curso ya han protagonizado una manifestación -a la que acudió el propio PRC- organizada, esta vez, por una Plataforma por la Enseñanza Pública, a semejanza de la Plataforma de apoyo a la sanidad pública que trata de defenderse de las privatizaciones. En el ámbito de la educación pasa lo mismo: este año, según la Consejería de Educación, hay tres mil alumnos menos en las aulas, fruto del descenso demográfico, y 93 profesores menos. 72 aulas y 95 maestros, cifran los sindicatos.

La paz social a la que aspiraban los firmantes de aquel acuerdo no ha llegado. A ello se une el complicado escenario de las privatizaciones sanitarias. El consejero César Pascual -tras otro verano de consultorios cerrados- y con las urgencias los centros de salud y hospitales saturados (se han atendido más de 1.300 consultas diarias a personas de fuera de Cantabria), aspira según todos los indicios a completar ese mapa de privatizaciones con más convenios singulares. Al que se firmó por veinte años -hasta 2046- y 256 millones de euros con el Hospital religioso Santa Clotilde, se proyecta sumar otros con Mutua Montañesa y el Hospital Padre Menni, aunque por el momento se desconocen los términos de los mismos.

Mutua Montañesa es un hospital especializado en medicina traumatológica y rehabilitadora, enfocado a pacientes que han tenido accidentes de trabajo o bajas laborales. El Centro Hospitalario Padre Menni es un hospital privado vinculado a una orden religiosa especializado en la atención integral a personas con enfermedad mental.

En medio de este contexto, el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha anunciado que el proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria para 2027 podría aumentar en casi 300 millones de euros respecto al actual y ha invitado al resto de grupos parlamentarios (PRC, PSOE y Vox) a apoyarlo “con o sin modificaciones” o renunciar a esa subida. Con las elecciones autonómicas y locales de mayo a la vuelta de la esquina no parece el escenario más favorable a que las cuentas pasen la criba del Parlamento cántabro.

En caso de entrar en vigor, Agüeros explica que los presupuestos quieren “hacer un esfuerzo por cuarto año consecutivo en salud, educación y servicios sociales”.

También ha reivindicado los beneficios de la bajada de impuestos del ejecutivo de María José Saénz de Buruaga que, en su opinión, ha logrado “una mayor recaudación” y que deja a Cantabria en una “buena” situación presupuestaria.

El objetivo es que los presupuestos entren en vigor el primer día del año porque el escenario de 2026, cuando el pacto con el PRC se alcanzó en marzo, “sería contraproducente” en un año electoral, considera el consejero.

En torno al 15 de septiembre, con motivo de la fiesta de La Bien Aparecida, el Gobierno de Cantabria anunciará el techo de gasto y después continuará con las políticas de gasto de cada consejería.

En materia de Fondos Europeos, Agüeros ha detallado que a lo largo de este mes de septiembre el Gobierno de Cantabria tendrá una aproximación “casi definitiva” de las cantidades ejecutadas, una vez finalice la recopilación de datos de los proyectos concluidos en la que se encuentra inmersa la Consejería.

En esta línea, ha indicado que cuando comience el curso parlamentario --el primer Pleno se celebrará el día 21 de septiembre-- comparecerá y explicará los datos definitivos de ejecución.

También ha apuntado que el Ministerio ha permitido ampliar el plazo para algunos fondos “hasta final de año e incluso durante el ejercicio que viene”, por lo que, aunque la fecha formal concluyó el 31 de agosto, no ha finalizado “totalmente” para algunas consejerías.

La diputada autonómica y candidata del PRC a la presidencia de Cantabria, Paula Fernández, ha mantenido este domingo un encuentro de trabajo con los concejales regionalistas en el Ayuntamiento de Noja con el objetivo de avanzar en un modelo estratégico municipal que apueste “decididamente” por la defensa del patrimonio costero y el turismo sostenible frente a “proyectos destructivos”, como “el de la piscina de olas artificiales (Ribamontán al Monte) o el destrozo de La Engaña (Vega de Pas)”.

En un comunicado, Fernández ha adelantado que su formación defenderá una estrategia que diversifique la economía local “sin perder la fortaleza turística”, generando nuevas oportunidades “durante todo el año” y protegiendo el entorno natural de la villa costera con proyectos estratégicos e históricos del partido y propuestas de “vanguardia” en economía circular.

El propósito final, ha explicado, es conseguir un equilibrio que “salvaguarde el motor turístico de Noja” y que abra “nuevas vías de desarrollo económico y social que den estabilidad al municipio fuera de la temporada estival”.

La candidata regionalista ha reflexionado sobre los desafíos actuales del sector y ha advertido de que el término 'turismo' ha empezado a “penalizar” entre una parte de la población que ya lo percibe como un “problema a corto y medio plazo”.

A su juicio, fenómenos como “la masificación, la falta de ordenación en los parkings de las playas, la falta de áreas específicas y reguladas para caravanas o el descontrol de los pisos turísticos” están generando “un profundo malestar social”.

“Cuando el vandalismo aparece y nuestros parajes naturales se convierten en vertederos o parques de atracciones, la ciudadanía se indigna de forma totalmente justificada; por eso es tan delicado moverse en este alambre y se hace indispensable un cambio de rumbo inmediato”, ha alertado.

Por su parte, el portavoz municipal del PRC en Noja, Miguel Ángel Ruiz, ha defendido que el “verdadero motor estratégico” de la villa no debe ser el crecimiento desmedido, sino poner en valor “sus fortalezas diferenciales”.

“Nuestro fuerte indiscutible es el paisaje, la belleza natural, la red de rutas senderistas, las marismas, los molinos de marea y nuestro rico patrimonio cultural y tradicional”, ha reivindicado.

Con este enfoque, el grupo municipal ha reafirmado su compromiso de “seguir trabajando incansablemente para definir con claridad dónde está Noja y hacia dónde quiere ir”. Apuesta por una política institucional que “ordene el territorio con rigor en lugar de dejarlo a la improvisación”.

FP, alga asiática y seguridad peatonal

Los regionalistas han exigido al Gobierno de Cantabria (PP) la recuperación y culminación del proyecto de Centro Integrado de FP sanitaria y sociosanitaria de Noja, con “una decisión y un calendario concreto”.

Además, han solicitado que este proyecto debe actualizar su oferta formativa a las necesidades actuales del municipio en sanidad, dependencia, residencias y atención domiciliaria y concebir el centro como uno para generar actividad económica estable fuera de la temporada turística.

También se ha abordado una “propuesta pionera” para hacer frente a la expansión del alga asiática (Rugulopteryx okamurae) y convertir a Noja en un “municipio pionero”. Así, han señalado la “necesidad urgente” de retirar el alga de las playas y, al mismo tiempo, han apostado por estudiar la valorización de la biomasa retirada de sus arenales. Para conseguirlo, han apostado por aprovechar experiencias de éxito ya desarrolladas en Andalucía (como las de la Universidad de Sevilla) y la transferencia de conocimiento de instituciones de prestigio de Cantabria.

Por último, Fernández ha tratado con los concejales nojeños la urgencia de “desatascar” la conexión peatonal segura entre el barrio de Helgueras y el centro urbano de Noja. La dirigente regionalista ha lamentado que actualmente el proyecto técnico continúa “metido en un cajón; sin la autorización definitiva, sin licitación y sin una fecha de inicio en el horizonte”. Por este motivo, desde el PRC han reclamado una “actuación coordinada e inmediata” entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria y la Administración del Estado.

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PP y la abstención de PSOE y Vox, una moción presentada por el PRC en la que se exige al Gobierno de España (PSOE-Sumar) más recursos y personal en Correos para garantizar un servicio postal de “calidad, eficaz y accesible” para los vecinos. El objetivo de la iniciativa es evitar “el deterioro del servicio y garantizar la adecuada cobertura de bajas y vacantes”.

Durante el debate de la moción, el alcalde, Diego Movellán (PP), ha incidido en que el equipo de Gobierno ya trasladó en 2024 a la Presidencia de Correos “los problemas que estaban sufriendo los usuarios del municipio”. Movellán ha relatado que en septiembre de aquel año, se dirigió por escrito al entonces presidente de la compañía pública para trasladarle el “malestar” de vecinos y empresarios ante los “retrasos considerables” que se estaban produciendo en la distribución de correspondencia y otros envíos y reclamar un servicio “fiable y puntual”.

El regidor hizo hincapié entonces en las consecuencias que las “deficiencias” del servicio estaban teniendo en el día a día de los vecinos, especialmente ante retrasos en cuestiones de especial importancia como la recepción de documentos oficiales, notificaciones, citas médicas, facturas y otros envíos de carácter urgente.

Así, reclamó a Correos la adopción de medidas que permitiesen “asegurar” el correcto funcionamiento del servicio y garantizar los estándares de “calidad y eficacia que nuestros vecinos merecen”.

Movellán también trasladó en aquella ocasión la preocupación existente por la situación de la plantilla y dejó claro que los trabajadores “no son los culpables de la pérdida de calidad del servicio”. El alcalde defendió, según ha dicho durante el Pleno, que Correos constituye “un servicio público esencial y estratégico” y avanzó la voluntad del Ayuntamiento de continuar reclamando “soluciones mientras persistieran las deficiencias detectadas”.

La moción aprobada insta al Gobierno de España a reforzar la financiación del servicio público postal y garantizar los recursos necesarios para ofrecer una atención de calidad a toda la ciudadanía, con especial atención a los núcleos de población dispersa.

Asimismo, reclama una dotación suficiente de personal, la cobertura de los puestos de trabajo estructurales y la adecuada sustitución de bajas y vacantes, así como el pleno cumplimiento de la Ley del servicio postal universal.

La iniciativa recoge también la petición de promover la inclusión del personal laboral de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos en el ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, con el objetivo de avanzar en el reconocimiento de su función y favorecer unas condiciones adecuadas de estabilidad y desarrollo profesional.

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, considera “patético” que el consejero de Salud, César Pascual (PP), “presuma de mantener abiertos consultorios sin médico” e intente “maquillar la realidad falseando los datos de su propia Consejería”.

Así ha rebatido este jueves en un comunicado las declaraciones que realizó este miércoles el consejero en rueda de prensa, en la que aseguró que en Cantabria “no hay ningún consultorio cerrado”.

Sin embargo, Hernando ha destacado que las informaciones publicadas por Salud “constatan que al menos siete permanecerán cerrados durante todo el verano, mientras que en otros 48 ha faltado el médico algún día desde el pasado 1 de junio”.

De hecho, ha recalcado que esta misma semana son “18 los consultorios sin facultativo, que se suman a los siete que permanecen cerrados”.

Para el portavoz regionalista, los datos “desmienten el triunfalismo sin sentido exhibido por Pascual”, a quien ha recomendado que “centre sus esfuerzos en solucionar el caos que su gestión está provocando en la sanidad cántabra, especialmente en la Atención Primaria del mundo rural”.

“Mientras el consejero resta importancia a la ausencia de médicos hablando de uno o dos días sin consulta, hay cientos de cántabros que padecen esa situación durante siete, ocho, diez días e incluso hasta tres semanas consecutivas, como está ocurriendo ahora mismo en el consultorio de Suesa”, ha sostenido.

Además, ha incidido en que para el vecino que acude a su consultorio y no encuentra al facultativo, el resultado es exactamente el mismo: “no recibe la atención que necesita en su pueblo”.

Ante esta situación, el regionalista ha cuestionado “la calidad asistencial decadente que defiende el Gobierno de Cantabria en manos del PP”, y ha considerado “inexplicable” que el consejero de Salud “se dedique a justificar lo injustificable, en un pobre intento de negar la realidad que la propia planificación de su Consejería reconoce”.

“Lo que debería estar haciendo Pascual es ofrecer soluciones para minimizar el impacto de la falta de profesionales durante el verano”, ha opinado.

En este sentido, ha insistido en que un consultorio sin médico “sirve de muy poco a quienes necesitan ser atendidos, especialmente en el medio rural, donde muchas personas mayores o con dificultades de movilidad dependen de la asistencia sanitaria de proximidad”.

Finalmente, tras reconocer el “esfuerzo” de los profesionales sanitarios para “mantener la atención”, Hernando ha lamentado que el consejero intente “desacreditar a la oposición por poner de manifiesto el retroceso que sufre la Atención Primaria cántabra, a partir de los datos que difunde su propio departamento”.

“Los cántabros no necesitan este tipo de debates, lo que quieren es saber que la próxima vez que acudan a su consultorio encontrarán a un médico preparado para atenderles”, ha concluido.