La Abogacía del Estado ha solicitado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón personarse en la causa en la que se investiga la entrada masiva de migrantes en la Ciudad Autónoma de Ceuta en las jornadas del 30 y 31 de julio. Los servicios jurídicos del Estado argumentan que, puesto que la magistrada en el auto por el que declaraba su competencia indicaba que los hechos pudieron suponer “una violación de la integridad territorial de España”, el Estado se ve concernido de manera “incuestionable”.

En el escrito presentado ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, la abogada del Estado jefe, Zaida Isabel Fernández, explica que los hechos que se investigan “revestirían una clara afectación a la salvaguarda estatal y a la seguridad nacional”. Entiende que es “innegable” que los bienes jurídicos susceptibles de protección de acuerdo con la resolución de la jueza serían “la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado, su integridad territorial, la defensa nacional, la seguridad exterior y la estabilidad del Estado de Derecho”: “todos ellos se tratan de bienes jurídicos institucionales cuya titularidad corresponde, de manera incuestionable, al propio Estado”.

Además, recuerda también que los hechos pudieron afectar al orden público, pudieron producir un deterioro de la seguridad pública, e incluso pudieron causar “un impacto en el sistema sanitario”. Suma a esto que, según el relato de hechos recogido por Tardón en su auto, se habrían producido también “perjuicios económicos innegables sufragados en parte, sin duda, por la Administración General del Estado”.

La abogada del Estado jefe recoge varias citas de la resolución de la jueza para abundar en la necesidad de constar como personada. Así, recuerda que Tardón explica que se ha de investigar “una intencionalidad de atentar contra el Estado” y menciona expresamente que la magistrada se refería a la 'guerra híbrida' o 'zona gris', que son acciones “propias de estados, organizaciones criminales u organizaciones terroristas cometidas contra estados”. Recuerda, además, que Tardón explicaba que se estaba ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la “integridad territorial de España”.

Fue este lunes 7 de septiembre cuando la jueza acordó aceptar la competencia para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la Ciudad Autónoma de Ceuta al entender que se trató de un ataque contra la integridad territorial de España y que afectó a la paz o independencia del Estado.

Emitió ese auto tras recibir el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, quien el pasado viernes señaló que este tribunal especial sí era competente para quedarse con la causa porque, de acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica de esa entrada se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado este lunes aceptar la competencia para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la Ciudad Autónoma de Ceuta al entender que se trata de un ataque contra la integridad territorial de España y afecta a la paz o independencia del Estado.

Da este paso tras recibir el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, quien el pasado viernes señaló que este tribunal especial sí es competente para quedarse con la causa porque, de acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica de esa entrada se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español.

En su informe, el fiscal jefe también solicitaba a la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que decretara el secreto parcial de la investigación, algo que Tardón también acuerda en un auto fechado este 7 de septiembre. A juicio del fiscal, los hechos investigados serían constitutivos, a priori, de delitos cuya investigación “corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados”. Entiende el fiscal que pueden encajar en esta fase inicial en un delito de favorecimiento de la inmigración irregular agravado por la posible comisión en el seno de una organización y por en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas. Ese delito se daría en concurso con delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, con un delito de organización o grupo criminal.

Asimismo, consideraba Alonso que la investigación debe determinar si los hechos pueden integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado. No obstante, en la nota facilitada por la Fiscalía no se indica que el fiscal jefe haya solicitado por el momento ninguna diligencia adicional a la del secreto parcial.

Tardón señala ahora que, a tenor de lo recogido por el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), es evidente que se está “ante unas actuaciones que no tienen una naturaleza incidental, de generación ocasional o espontánea, sino de un proceso que presenta determinados hitos previos, coetáneos y posteriores”. Y resalta que el informe policial sustenta sus pesquisas “en un minucioso, preciso y detallado análisis del abundante material gráfico, documentos, infografías, cuadros y esquemas analíticos e informes técnicos sobre diferentes extremos relevantes”.

La juez explica que, si bien “no ha sido posible aún determinar el número de personas (...) que entraron en la Ciudad de Ceuta” los días 30 y 31 de julio ni el de las que aún permanecen en ella, se habla de que accedieron entre 75.000 y 85.000 personas, sí pone sobre la mesa que el censo de esa población es de 83.595 habitantes. Y subsubraya que la finalidad migratoria de esa entrada masiva “opera sólo como cobertura formal que sirve para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la frontera de Ceuta”. Fundamenta esta tesis en el “hecho incontestable de que el perfil de la mayoría de los inmigrantes no buscaba (...) permanecer en territorio español”.

Al hilo, explica que las redes sociales tuvieron un papel preeminente en la movilización masiva y apunta a una “utilización y manipulación” de la sentencia del Tribunal Supremo que acotaba los casos en los que se podían llevar a cabo devoluciones en caliente. Entiende que no puede ser considerada “como un elemento narrativo dinamizador de la convocatoria”, pero lamenta que su contenido “se distorsiona y traduce a lenguaje viral como: 'Si entras nadando, no pueden devolverte'”.

Sobre lo que ocurrió durante la movilización masiva, la magistrada explica que se produjeron “oleadas de diferente intensidad y perfil que provocan un colapso de las capacidades de respuesta por parte del sistema de control fronterizo español”. Y recalca que se dio “una violación masiva de la soberanía territorial de España”.

La juez detecta que tras esos días hubo “efectos de desestabilización en el sistema de respuesta de España” que se proyectaron en planos como la seguridad pública, la sanidad, los servicios sociales o la defensa. Y añade que huno también casos de desinformación y contranarrativa con efectos de perfil internacional o geopolítico así como efectos en la política interna.

La “guerra híbrida”

Por otro lado, tras recoger párrafos del informe policial, explica que se dio “una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos”, y hace alusión expresa al comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos. Recoge que en las manifestaciones de los inmigrantes entrevistados en medios de comunicación se relata “de forma prácticamente unánime que los efectivos policiales -marroquíes- no sólo permanecían en actitud pasiva antes los intentos de entrada, sino que les ofrecían indicaciones para que accediesen a través del agua por la zona del Espigón de El Tarajal y no por otros accesos”.

Así, la juez explica que del examen provisional de los hechos se deduce que pudo existir un delito que compromete la paz o la independencia del Estado y resalta que hubo “una intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial como bien señaló el presidente del Gobierno” en su visita a Ceuta del 31 de julio cuando definió los hechos como “un ataque, una violación de la integridad territorial de España”. Considera que el método, un flujo migratorio masivo, constituye “uno de los métodos característicos de la guerra híbrida o zona gris, con la finalidad de alterar la vida y derechos de ciudadanos españoles”. Y puesto que el origen de ese método está en el extranjero “la competencia para investigarlos corresponde a la Audiencia Nacional”.

Además, también coincide con la Fiscalía en que los hechos también encajan en el delito contra ciudadanos extranjeros y en el delito de homicidio imprudente por el fallecimiento de al menos 83 personas cuyos cadáveres fueron recuperados en aguas españolas. Y añade que también se debe averiguar si los hechos encajan en el delito de organización criminal achacable a las mafias que operan en la zona. Si bien descarta que se esté “ante la autoría directa de ninguna de las organizaciones criminales de tráfico de inmigrantes (...) más allá del mero aprovechamiento oportunista por su parte de algunos de los efectos de la crisis sobrevenida”. Y esto porque “carecen de la capacidad de organizar un proceso de estas dimensiones, ni de movilizar, gestionar para convocar de forma efectiva e inmediata a tal inmenso volumen de personas”.

En definitiva, explica que en el presente caso las conductas objeto de investigación “sin duda han atentado contra la forma de Gobierno, ya que han supuesto un ataque, una violación de la integridad territorial de España”.

La Fiscalía informará en las próximas horas a favor de que la Audiencia Nacional investigue los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio en Ceuta. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, trasladará a la juez María Tardón que el tribunal especializado es competente para esclarecer la llegada de más de 70.000 personas a la ciudad autónoma procedente de Marruecos, según avanzan a elDiario.es fuentes jurídicas.

El Ministerio Público esgrimirá en su informe el carácter transnacional de los presuntos delitos cometidos, ya que los migrantes partieron de Marruecos y acabaron en España. Para defender la competencia de la Audiencia Nacional, Alonso también aludirá a la afectación a las instituciones españolas de los hechos y a que, al verse afectada una de sus fronteras, todo el territorio español acoge los presuntos delitos, precisan las fuentes consultadas.

El informe irá firmado por Jesús Alonso, quien ha asumido la actuación de la Fiscalía “dada la singularidad y trascendencia del mismo y en cumplimiento de su responsabilidad como jefe de la Audiencia Nacional”, ha informado este jueves el Ministerio Público.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) recoge en su artículo 23 que la jurisdicción española es competente para investigar hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando pueden ser tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado.

Precisamente, el partido extraparlamentario Iustitia Europa -quien presentó la denuncia ante la Audiencia Nacional- señaló en un último escrito tras conocerse el contenido del informe policial remitido a la juez que el asunto era competencia de la Audiencia Nacional porque se habían aportado indicios “de una actuación planificada y dirigida desde territorio marroquí, con posible intervención de agentes o estructuras estatales extranjeras y con incidencia directa sobre la seguridad, la paz o la independencia del Estado español”.

A su juicio, esa circunstancia conecta el artículo 23 de esa norma con el artículo 65 de la misma ley que atribuye a la Audiencia Nacional el conocimiento de los delitos cometidos fuera de España cuando corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles.

La Audiencia Nacional abrió el pasado 31 de julio diligencias previas sobre la entrada a nado de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos. En el marco de esas pesquisas previas, el tribunal especial solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional un informe para averiguar si se trató de “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”.

La respuesta llegó esta misma semana en forma de un oficio del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la citada Comisaría General de Extranjería. En él, los agentes analizan una serie de vídeos y fotografías obtenidas de fuentes abiertas sin llegar a señalar la “autoría material e intelectual” del asalto, pero atribuyéndoselo a una entidad centralizada, con intereses distintos a los migratorios y que contó con la ayuda de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes.

En su denuncia, Iustitia Europa exponía que los hechos podían ser constitutivos de delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, de favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, de organización criminal y de omisión del deber de perseguir delitos. La denuncia iba dirigida “contra las personas físicas, integrantes de organizaciones criminales, funcionarios, autoridades, agentes, estructuras estatales o paraestatales extranjeras y autoridades de Marruecos o Españolas que resulten identificados”.

La misma denuncia pedía librar oficios al Ministerio del Interior, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Departamento de Seguridad Nacional y Ministerio de Defensa para obtener informes de entradas, análisis de redes sociales y posibles injerencias extranjeras; así como requerir a la Guardia Civil las grabaciones de cámaras térmicas y radares de la frontera del Tarajal.

La Guardia Civil solicitará a la jueza la práctica de diligencias

El auto de la jueza optó únicamente por reclamar a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que realizara el citado informe. Unos días después dictó otro auto dirigiéndose a la Guardia Civil para que le informara del dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que hubieran realizado en aguas territoriales españolas.

El Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) última el oficio que entregará a la jueza. En el mismo debe incluir la información sobre personas fallecidas, si consta la causa y la data de la muerte y, en el caso de las personas supervivientes, su identidad y datos de localización que se hubiesen podido recabar. Información de la Guardia Civil también propondrá a la juez Tardón diligencias concretas que practicar para averiguar la autoría de la acción en Ceuta, precisan fuentes próximas al caso.