La causa que dirige la jueza María Tardón por la crisis de Ceuta va camino de convertirse en otro frente judicial para el Gobierno. La autoría de los delitos más graves apunta en dirección a Marruecos, pero esa parte de la instrucción permanece secreta y así seguirá por mucho tiempo, dado el volumen de las diligencias dictadas por la magistrada y la dificultad de que colaboren en ellas el país vecino o las tecnológicas responsables de las redes sociales. Por contra, las presuntas responsabilidades del Ejecutivo central por no haber reaccionado a tiempo a la avalancha de migrantes tendrán una publicidad inmediata: este miércoles inaugura las declaraciones en el juzgado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al día siguiente comparecerá el que fuera jefe de gabinete del recién dimitido delegado del Gobierno.

La jueza Tardón ha citado en primer lugar a Vivas porque la ciudad autónoma está personada en la causa como perjudicada y es habitual que el instructor tome declaración a los afectados en primer lugar. En cualquier caso, la declaración del presidente de Ceuta promete convertirse de inmediato en munición política. Vivas recibió la noticia de su citación concediendo sendas entrevistas a Susanna Griso y Ana Rosa Quintana en las que adelantó que ofrecería a la magistrada todas las alertas que, según él, trasladó al Gobierno central en los días previos a la llegada masiva de migrantes. El presidente ceutí llegó a decir que desde el Ejecutivo le habían contestado que era “muy pesado”, aunque después rectificó esta afirmación.

El jueves está citado a declarar Gonzalo Sanz, jefe de gabinete la Delegación del Gobierno hasta la publicación de las comunicaciones que mantuvo con un oficial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en las horas previas a la riada de migrantes. Sanz dimitió porque considera incompatible su afirmación de que trasladó el aviso al delegado del Gobierno con la postura de su entonces jefe entonces, Miguel Ángel Pérez Triano, quien niega que le hubiera informado.

La citación de Gonzalo Sanz como testigo es una iniciativa de la jueza Tardón que no responde a una propuesta de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Su declaración motivará previsiblemente la de Pérez Triano, toda vez que el exjefe de gabinete mantenga ante la jueza la versión de los hechos que ha ofrecido hasta ahora.

A su vez, un documento que no se encuentra entre los desclasificados por el Gobierno muestra que el delegado del Gobierno avisó a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, del riesgo que vivía Ceuta en los días previos al gran asalto. Aun sin que se pueda determinar el delito que se podría atribuir a las autoridades del Ministerio del Interior, la citación de testigos o investigados dotará de gran relevancia política y mediática al caso.

Un solo párrafo de entre 26 folios sirvió de aviso al Gobierno central de las consecuencias que puede acarrearle la orientación que la jueza Tardón pretende darle a su investigación. Tardón mencionó en su auto de admisión a trámite que “habrán de investigarse todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español relacionadas con la entrada masiva e irregular de decenas de miles de inmigrantes”.

Para ello, despliega la jueza en el mismo párrafo, serán analizadas “la articulación de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva”.

La doctrina de Marchena

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es descartan que la jueza pueda adentrarse en una acusación contra el Gobierno central por el fallecimiento de al menos 83 migrantes que intentaron llegar a Ceuta a nado. Esgrimen la doctrina del Tribunal Supremo durante la Covid-19, expresada en un auto del que fue ponente el entonces presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, por el que se rechazaron las querellas que atribuían las muertes a la actuación, o inacción, del Ejecutivo.

En dicho auto, Marchena escribió: “Nuestro sistema no conoce un tipo penal en el que se castigue a la autoridad o funcionario público que, de forma intencionada o negligente, oculte información relevante para conocer el verdadero alcance de una pandemia que amenaza con causar un grave peligro para la sanidad colectiva”. “La imputación de actos homicidas o lesivos no puede construirse en términos estadísticos, sino estrictamente probatorios, ligados a la muerte o a las lesiones padecidas por cada una de las víctimas”, añadía el auto del Supremo.

En otro auto del pasado 16 de septiembre, dedicado a acordar diligencias, la jueza Tardón acepta, con matices, la propuesta de la Fiscalía para ahondar en el origen de la entrada masiva de migrantes. Una de ellas es la apertura de una pieza separada que se denomine “de investigación tecnológica”.

La Policía deberá identificar los llamamientos originales realizados desde Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram y Telegram para que la Audiencia Nacional pueda dirigirse a través de comisiones rogatorias internacionales y órdenes europeas de investigación a las empresas dueñas de esas redes. La experiencia dicta que las respuestas se eternizarán y su contenido resultará insatisfactorio para la investigación. La jueza Tardón dictó que esa pieza permanezca en secreto y solo la Fiscalía, y no el ramillete de acusaciones populares, conozcan sus avances.

Otra instrucción de la jueza va dirigida a que las unidades especializadas de Policía y Guardia Civil identifiquen a los agentes marroquíes que por acción u omisión contribuyeron a la llegada masiva de migrantes. En el remoto caso de que puedan hacerlo su declaración en calidad de investigados por los delitos contra la Nación que se instruyen se antoja imposible.

Algo similar ocurre con la orden de Tardón de que el Centro Nacional de Inteligencia identifique a los “dinamizadores” de la marcha hacia España, supuestos miembros de los servicios de Información marroquíes que se mezclaron entre los migrantes y sobre los que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía dibujó la sospecha. Con esta petición, Tardón está pidiendo al servicio de Inteligencia español que sacrifique la identidad secreta, uno de los secretos mejor guardados por los estados, de los colegas de un país considerado aliado en asuntos tan relevantes como la lucha contra el terrorismo yihadista.

Los tres magistrados de la Sección 8 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional han acordado finalmente este jueves no suspender cautelarmente la instalación y puesta en funcionamiento del campamento con el que el Gobierno busca acoger a los migrantes que llegaron a la Ciudad Autónoma de Ceuta los días 30 y 31 de julio en la entrada masiva desde Marruecos.

En su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, deniegan así la pretensión del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que en su recurso solicitaba la medida cautelarísima -sin escuchar alegaciones del Ejecutivo- de paralizar la instalación de carpas en el Puerto de Ceuta, dependiente del Ministerio de Transportes, hasta que se acrediten las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales.

La Audiencia Nacional explica ahora en la resolución que, sin entrar en cuestiones de fondo, “no está justificada la adopción de la medida solicitada” de paralizar el funcionamiento del campamento porque la resolución de Transportes que habilitaba ese espacio era básicamente “una autorización temporal para ocupar una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público” que previamente había solicitado la Secretaría de Estado de Migraciones.

Añade que la documentación que han revisado enviada por Transportes explica que esa instalación temporal busca el desarrollo de las funciones atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional y subraya que en la resolución “no se hace pronunciamiento alguno sobre las concretas condiciones en que se va a prestar la atención humanitaria ni sobre las condiciones de prestación de servicios por parte de los agentes policiales”.

Al respecto, los magistrados indican que lo único que expone en su decisión el Ministerio de Transportes es que se aprecian “razones de interés general que justifican el otorgamiento de la autorización solicitada” y que se añade que se da la autorización sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto“.

La Audiencia Nacional indica que el ministerio dirigido por Óscar Puente señalaba también en su resolución que se solicitaría al Ministerio del Interior “su colaboración activa y aportación de medios necesarios para reforzar la seguridad”. Así, los magistrados entienden que será Interior quien determine “esas condiciones de seguridad para los agentes que presten servicio en las instalaciones y para los propios migrantes y demás personal allí destinado”.

El freno a los trabajos del miércoles

Previa a esta decisión, los magistrados habían acordado este miércoles frenar de manera momentánea el campamento porque necesitaban que el ministerio les entregara el expediente de creación del asentamiento antes de decidir sobre la paralización. El Ejecutivo entregó esa documentación ese mismo día.

La previsión del Gobierno era que a mitad de esta semana estuvieran por fin disponibles esos emplazamientos del Puerto, un lugar con capacidad para 1.700 personas que supondría un alivio, principalmente, para la playa de El Trampolín, donde miles de personas permanecen en asentamientos improvisados. El Gobierno preveía trasladar este mismo jueves por la mañana a los primeros 800 de la playa a las nuevas carpas, planificación que a partir de ahora sí se puede poner en marcha.

El SUP interpuso ese recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Transportes que permite utilizar aproximadamente 16.000 metros cuadrados del Puerto de Ceuta para instalar un dispositivo temporal de acogida. En su recurso, el sindicato abogaba por alternativas de acogida que redujeran la presión sobre la ciudad, “como la utilización temporal de un buque-hotel, frente a soluciones improvisadas en ubicaciones que pueden generar nuevos problemas de seguridad”.

El SUP aludía a los recientes incendios registrados en distintos asentamientos de Ceuta al entender que evidencian la necesidad de evaluar previamente los riesgos de incendio, evacuación y actuación ante una emergencia, tanto para las personas acogidas y los usuarios y trabajadores del puerto como para los policías que tendrán que intervenir.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado citar como testigos tanto al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, como al ex jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz en el marco de la investigación abierta por la entrada masiva de migrantes en esa ciudad los días 30 y 31 de julio.

Además, la magistrada ha solicitado a diferentes organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que hubieran emitido en relación con los hechos, los destinatarios de los mismos y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar. “Resulta de particular relevancia la diligencia que tiene como finalidad reconstruir el flujo de información previo a los hechos y determinar las actuaciones desarrolladas en respuesta al riesgo detectado”, explica.

Entre esos organismos incluye a la Delegación del Gobierno en Ceuta y al Ministerio del Interior: quiere que aporten “todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de entrada masiva” y que detallen que respuesta se dio.

Por otro lado, la jueza, en su auto, atiende a la práctica totalidad de la batería de diligencias que ha solicitado recientemente en un informe el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. Las considera necesarias para el esclarecimiento de los hechos y para arrojar luz sobre quién está detrás de esa entrada masiva de migrantes. Así, explica que con la finalidad de identificar el origen de la convocatoria, reconstruir el proceso de difusión y coordinación y determinar la existencia de una dirección organizada de la movilización, se reclama al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) que aporte su informe íntegro sobre la organización digital de esa entrada con una relación completa de números telefónicos detectados como administradores, dinamizadores, difusores o participantes relevantes.

También quiere la geolocalización y la identificación de los perfiles usados de Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram y cualquier otra plataforma analizada. En este sentido, ya adelanta que será necesario emitir las pertinentes comisiones rogatorias internaciones y las órdenes europeas de investigación a las propietarias de esos datos sensibles y personales: “Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google, Apple y cualquier otra plataforma digital identificada durante la investigación”. Quiere dar así con los números de teléfono usados, los canales, su contenido y los perfiles utilizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 2026. Para esas indagaciones concretas acuerda formar una pieza separada tecnológica que mantendrá bajo secreto.

Tardón, también quiere dar con los agentes dinamizadores que sobre el terreno pudieron alentar la entrada de migrantes en Ceuta, tal y como destacaba el informe del Cenif. Así, pide a la Comisaría General de Información y a la Unidad Central de Inteligencia Criminal de la Comisaría General de Policía Judicial que procedan “al análisis biométrico y reconocimiento facial de todas las personas identificadas en las fichas de agentes dinamizadores”. Quiere un informe individual de cada uno de los sujetos identificado. Esta diligencia se la remite, también, al CNI, al Cenif y a la Policía Científica por si pueden ayudar a la detección con sus bases de datos.

Por otro lado, sobre los uniformados que aparecen en las fotografías anexadas al informe principal de la Cenif, Tardón quiere conocer también sus identidades, el cuerpo concreto al que pertenecen, su unidad operativa, su graduación, las funciones desarrolladas y la actuación observada en cada uno de los episodios documentados. Quiere conocer, en lo posible, la cadena de mando operativa de las fuerzas marroquíes que estaba presente en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio de 2026.

El brazo financiero de la operación

Tanto Alonso como la jueza ven conveniente también que la UDEF elabore un informe financiero y patrimonial sobre la posible financiación de la movilización investigada. A su juicio, ese documento debe analizar los movimientos económicos relevantes detectados en la zona, la utilización de sistemas informales de transferencia de fondos (como el sistema hawala, habitual en financiación de terrorismo yihadista), la contratación de medios de transporte colectivos y cualquier otra operación que pudiera guardar relación con la logística necesaria para la movilización masiva investigada.

Y considera también necesario la elaboración de un informe relativo “a los traslados irregulares de inmigrantes desde Ceuta a la Península efectuados con posterioridad a los hechos investigados”. Quiere tener sobre su mesa la identificación de las embarcaciones utilizadas, los propietarios, patrones, y financiadores, las rutas empleadas y las personas beneficiadas por dichos traslados. Quiere también tener identificados los inmuebles, locales, garajes y viviendas utilizados como lugares de “alojamiento, ocultación o tránsito” de migrantes.

La magistrada, con el objetivo de dar con los planificadores de esa entrada masiva, acuerda que la Comisaría General de Información, la Jefatura de Información de la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cnif) emitan un informe en el que que arrojen luz sobre “qué personas, grupos u organizaciones pudieran disponer de capacidad real para planificar y coordinar una movilización de las dimensiones investigadas, quiénes pudieron diseñar la operación, qué vínculos pudieran existir entre los diferentes niveles de actuación”. Quiere que ese informe se extienda en analizar “las similitudes existentes entre los acontecimientos ocurridos en Ceuta con otras entradas masivas, saltos o avalanchas acaecidos en los años 2021, 2024 y 2026, así como los vínculos que pudieran existir entre ellos”.

Sobre la petición de la Fiscalía de que se cite a otros “responsables y mandos operativos”, la magistrada entiende que ese testimonio puede resultar más útil y esclarecedor una vez se disponga de los informes que ha solicitado. Por eso, solo acuerda citar como testigos a Vivas para el 30 de septiembre y al ex jefe de Gabinete para el 1 de octubre. El mismo día 1 de octubre acuerda tomar declaración también como testigo al jefe de la Policía Local de Ceuta.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es destacan que en el informe presentado por el Ministerio Público en ningún momento se incluía la petición de la testifical de Vivas o del ex jefe de Gabinete, por lo que Tardón ha adoptado esta decisión sin contar previamente con el criterio del fiscal jefe Jesús Alonso.

Silvia Rojas, la fiscal de Ceuta asignada a la causa abierta en esa ciudad autónoma para investigar los fallecimientos de migrantes durante la entrada masiva del pasado 30 julio emitió un informe el pasado 9 de septiembre en el que apoyaba que el asunto recayera en la Audiencia Nacional. En ese escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la fiscal se muestra favorable a que se investigue la conducta en esos días críticos del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, para conocer la información de la que disponían las autoridades españolas y las medidas que se adoptaron. Cree que se debe indagar en “la relación causal” que puede haber “entre tales decisiones u omisiones y los fallecimientos, lesiones u otros resultados investigados”.

La fiscal considera que la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón y el fiscal jefe de ese tribunal especial, Jesús Alonso, deben poner el foco no solo en quién está detrás de que se produjera esa entrada masiva de migrantes (la cifra que se baraja es de 80.000 personas) sino también en la conducta del delegado del Gobierno. En concreto, cree necesario conocer “las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de las personas a la costa de Ceuta, la organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción, las órdenes, instrucciones o decisiones impartidas por las autoridades competentes”.

Para la fiscal, las diligencias abiertas en Ceuta relativas a los fallecimientos producidos durante la travesía a nado desde la playa de Fnideq hasta la de El Tarajal “no pueden valorarse de manera completamente desvinculada de la investigación sobre la organización, convocatoria y ejecución del flujo masivo de personas”. Explica que determinar las circunstancias de tales fallecimientos “puede exigir esclarecer, entre otros extremos, cómo se produjo la movilización, quiénes la promovieron o facilitaron, qué instrucciones se impartieron, qué medios se utilizaron y cuál fue la incidencia de las actuaciones desarrolladas en el territorio español”.

Entiende así que todo tiene una relación directa con el objeto de la investigación asumida por Tardón y, tras citar el auto por el que la magistrada asumía la competencia, explica que la investigación “no se limita a los actos de convocatoria o planificación desarrollados fuera de España, sino que comprende también las actuaciones realizadas en territorio español y las conductas relacionadas con el desarrollo y las consecuencias de la entrada masiva”.

“Por ello, las denuncias presentadas en las presentes Diligencias Previas no se limitan a poner en conocimiento hechos aislados relacionados con la entrada masiva de personas a nado, sino que se refieren también a la conducta, intervención y eventual responsabilidad del Sr. Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, en relación con las decisiones adoptadas, las instrucciones impartidas, la organización de los dispositivos de seguridad y recepción, la gestión de la situación creada y la eventual omisión de medidas que pudieran haber resultado necesarias para prevenir o evitar el resultado lesivo”, abunda.

La fiscal considera que esas decisiones u omisiones producidas en Ceuta por Delegación del Gobierno “pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos”. “La actuación de las autoridades españolas, incluida la del delegado del Gobierno, forma parte de la respuesta institucional a ese mismo acontecimiento y puede resultar relevante para determinar si el riesgo era conocido, previsible, evitable o susceptible de agravación”, señala en los razonamientos jurídicos.

Entre los documentos desclasificados por el Gobierno sobre la crisis de Ceuta existe una comunicación vía mensajería entre el CNI y la Delegación del Gobierno en la que se alertaba el 29 de julio de una convocatoria por redes sociales para una entrada masiva. “En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h. Aprovechando fiesta del trono y q [sic] sus FCS estarán liados. Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores”, explicaba un agente del CNI al Gabinete de la Delegación en una sucesión de tres mensajes.

A los dos días de que trascendieran esos mensajes, Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta presentó su dimisión. Según los documentos secretos desclasificados Sanz fue quien recibió esos mensajes de WhatsApp de un miembro del CNI.

Fue el pasado 7 de septiembre cuando la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón acordó aceptar la competencia para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la Ciudad Autónoma de Ceuta al entender que se trata de un ataque contra la integridad territorial de España y afecta a la paz o independencia del Estado.

Tardón señalaba que, a tenor de lo recogido por el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), es evidente que se está “ante unas actuaciones que no tienen una naturaleza incidental, de generación ocasional o espontánea, sino de un proceso que presenta determinados hitos previos, coetáneos y posteriores”.

Precisamente, este martes se conoció que el juzgado de Ceuta acordaba inhibirse de la causa que investiga la actuación del delegado del Gobierno en relación con la entrada de migrantes de los días 30 y 31 de julio, y remitir las actuaciones a la Audiencia Nacional, que instruye la investigación principal sobre estos hechos.

“No se ha detectado reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación”, “las autoridades marroquíes van a aceptar las devoluciones de los migrantes” o “las autoridades marroquíes parecen mostrarse razonablemente colaborativas”. Estas son algunas de las frases clave de los diferentes informes de Inteligencia elaborados por los servicios españoles sobre la crisis de Ceuta del pasado 30 y 31 de julio que, a pesar de realizar análisis detallados de lo ocurrido, no logran despejar la duda de si el Reino de Marruecos tuvo una participación directa en la entrada de más de 70.000 migrantes.

Entre la documentación reservada que el Gobierno de Pedro Sánchez hizo pública este miércoles se incluyen varios informes de los servicios de Inteligencia españoles que destacan que durante lo que llaman la “avalancha migratoria” del 30 de julio detectaron que las fuerzas destacadas por Marruecos en la zona crítica tenían una actitud de “pasividad” que permitía “la transgresión de la frontera tanto por mar como por tierra”.

Esa cita corresponde al informe clasificado del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), fechado a las 13.00 horas del 30 de julio. En el mismo se indica, no obstante, que la actitud de las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes ante los intentos de acceso a España “son contradictorios” porque en Melilla tuvieron “una actitud activa en el mantenimiento de la seguridad”.

El CIFAS explicaba en esa hora crítica de la entrada de migrantes que ese incremento de intentos de accesos a Ceuta coincidía con la celebración de la Festividad del Trono de la corona marroquí. Esto, añadía, había provocado “un desplazamiento del dispositivo de seguridad” de Marruecos a otras ciudades en detrimento de las proximidades de Ceuta. En el mismo informe, el servicio de inteligencia del Ejército matizaba que, aunque los gendarmes hubieran actuado hasta ahora “de forma negligente y pasiva”, era muy probable que “las autoridades marroquíes no estén favoreciendo activamente la oleada migratoria”. Los testimonios de los migrantes entrevistados por elDiario.es en los días posteriores respaldaron la idea de la “permisividad” de los gendarmes en la frontera, pero a su vez negaron que fueran “enviados” por el régimen.

Ese mismo 30 de julio a las 21.20 horas, en una nota informativa del CNI remitida al Gobierno, se explicaba que en días previos ya se había detectado “una aceleración progresiva del ritmo de llegadas, pasando de decenas a centenares de migrantes diarios”. Y advertía de que las autoridades del país vecino parecían mostrarse “razonablemente colaborativas, aunque saturadas ante el número tan elevado de operaciones de rescate”.

Los gendarmes marroquíes “sobrepasados”

El CNI explica que el 29 de julio por la noche “varias centenas de migrantes pasaron a nado” y ya el 30 de julio el refuerzo de gendarmes marroquíes “resultó insuficiente para controlar a la muchedumbre”: se vieron “sobrepasados” y no intervinieron para impedir el acceso al mar. “Los migrantes comenzaron a acceder de manera incontrolada, bordeando por vía marítima el espigón fronterizo”.

En la descripción de lo ocurrido, el CNI relata que a lo largo de la jornada las columnas de personas se aproximaron al litoral fronterizo desde las laderas de las montañas y que se produjeron embotellamientos en la carretera que une Tetuán y Castillejos. Ante una situación que desbordaba a las autoridades locales marroquíes se desplegaron los primeros efectivos de antidisturbios en las inmediaciones de Bab Sebta —nombre del paso fronterizo entre Marruecos y España en Ceuta—. La actuación de esos antidisturbios generó, según el CNI, que “una parte importante de los migrantes se arrojaran al mar y comenzaran a atravesar a nado bordeando el Espigón”.

Para el Centro Nacional de Inteligencia, ese gran volumen de migrantes magrebíes excedió la capacidad de control de las pocas unidades en la zona, por lo que entiende que “el control eficaz de la situación hubiese requerido del despliegue de un mayor número de efectivos especializados en el control de grandes masas de personas”, como el activado con éxito en la crisis en Ceuta del 15 de septiembre de 2024.

Además, desde su punto de vista y a nivel operativo, dice la nota que “no se ha detectado reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación, más allá del despliegue de algunas unidades de antidisturbios en la frontera tres horas después del desbordamiento del espigón”. Y recalca que la participación de las autoridades marroquíes “es esencial para restablecer el control de la frontera de Ceuta”.

Para el CNI, desde un punto de vista de imagen exterior, la crisis de Ceuta deja patente “la profunda distorsión entre la visión del monarca marroquí Mohamed VI durante su discurso anual a la nación del 29 de julio y la realidad vivida sobre el terreno”. No obstante, añadía la nota que habían tenido conocimiento de que las autoridades marroquíes iban a aceptar “las devoluciones de los migrantes” que accedieron a la ciudad durante ese día y de quienes ya tenían expedientes cerrados de expulsión.

La Guardia Civil no cree que Marruecos “incentivara”

Por su parte, el 30 de julio, los servicios de inteligencia de la Guardia Civil informaron a su cadena de mando que les constaban interceptaciones de “nadadores” por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes en días precedentes, por lo que entendían que era “poco probable” que la aproximación “en masa” que se producía al Tarajal se debiera “a una dejación evidente de funciones de las autoridades marroquíes”.

Ese informe, emitido el 30 de julio a las 13.50 horas, concluye señalando que “dada la idiosincrasia de Marruecos puede resultar difícil pensar que nada suceda sin el conocimiento la aprobación o el consentimiento del régimen”. Pero, añade, “sin descartar ninguna opción, y siendo Marruecos la principal amenaza no compartida de España, no se valora como probable que en este caso concreto haya sido así y que el paso masivo de nadadores sea consentido o incentivado”.

Horas más tarde, a las 21.21 horas del 30 de julio la Jefatura de Información informaba al Estado Mayor de la Guardia Civil de que entre las hipótesis que barajaban relacionadas por orden de probabilidad sobre la incapacidad de las autoridades marroquíes para contener la entrada masiva destacaba “el desbordamiento y sorpresa operativa” que hizo que fueran “incapaces de contener la avalancha de candidatos”. Como segunda hipótesis consideraron que la Fiesta del Trono que celebraba Marruecos produjo una minoración de efectivos en el control fronterizo. Un tercer detonante de la crisis pudo ser el “cambio de actitud” de las fuerzas de seguridad de Marruecos con los migrantes “evitando adoptar actitudes de represión contra los mismos en un día tan señalado como el de la citada fiesta”.

Tras esto consideran otras posibilidades, como que hubiera una “dinamización” de los migrantes por un “actor externo”; que se produjera la crisis migratoria con la “connivencia de las autoridades marroquís como reacción ante los eventos políticos recientes”, cita la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez con autoridades argelinas; y po rúltimo señala como posible detonante la sentencia del Tribunal Supremo relativa a las devoluciones en caliente.

Ya el 31 de julio consta la emisión de nuevos informes sobre la crisis por parte de la Benemérita. Destaca uno elaborado para la Jefatura de Información de la Guardia Civil a primera hora de la mañana en el que sostiene que las fuerzas marroquíes habían comenzado “a realizar ciertas detenciones en localidades próximas a la frontera (...) lo que iría en concordancia con la disminución de la intensidad del flujo de inmigrantes”. Además, resaltaba que en la ciudad de Castillejos durante la noche del 30 al 31 de julio “habría habido una situación de caos y alteración de orden público, con gran cantidad de candidatos, y unidades policiales desplegadas tratando de restaurar la normalidad”.

La Abogacía del Estado ha solicitado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón personarse en la causa en la que se investiga la entrada masiva de migrantes en la Ciudad Autónoma de Ceuta en las jornadas del 30 y 31 de julio. Los servicios jurídicos del Estado argumentan que, puesto que la magistrada en el auto por el que declaraba su competencia indicaba que los hechos pudieron suponer “una violación de la integridad territorial de España”, el Estado se ve concernido de manera “incuestionable”.

En el escrito presentado ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, la abogada del Estado jefe, Zaida Isabel Fernández, explica que los hechos que se investigan “revestirían una clara afectación a la salvaguarda estatal y a la seguridad nacional”. Entiende que es “innegable” que los bienes jurídicos susceptibles de protección de acuerdo con la resolución de la jueza serían “la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado, su integridad territorial, la defensa nacional, la seguridad exterior y la estabilidad del Estado de Derecho”: “todos ellos se tratan de bienes jurídicos institucionales cuya titularidad corresponde, de manera incuestionable, al propio Estado”.

Además, recuerda también que los hechos pudieron afectar al orden público, pudieron producir un deterioro de la seguridad pública, e incluso pudieron causar “un impacto en el sistema sanitario”. Suma a esto que, según el relato de hechos recogido por Tardón en su auto, se habrían producido también “perjuicios económicos innegables sufragados en parte, sin duda, por la Administración General del Estado”.

La abogada del Estado jefe recoge varias citas de la resolución de la jueza para abundar en la necesidad de constar como personada. Así, recuerda que Tardón explica que se ha de investigar “una intencionalidad de atentar contra el Estado” y menciona expresamente que la magistrada se refería a la 'guerra híbrida' o 'zona gris', que son acciones “propias de estados, organizaciones criminales u organizaciones terroristas cometidas contra estados”. Recuerda, además, que Tardón explicaba que se estaba ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la “integridad territorial de España”.

Fue este lunes 7 de septiembre cuando la jueza acordó aceptar la competencia para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la Ciudad Autónoma de Ceuta al entender que se trató de un ataque contra la integridad territorial de España y que afectó a la paz o independencia del Estado.

Emitió ese auto tras recibir el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, quien el pasado viernes señaló que este tribunal especial sí era competente para quedarse con la causa porque, de acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica de esa entrada se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado este lunes aceptar la competencia para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la Ciudad Autónoma de Ceuta al entender que se trata de un ataque contra la integridad territorial de España y afecta a la paz o independencia del Estado.

Da este paso tras recibir el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, quien el pasado viernes señaló que este tribunal especial sí es competente para quedarse con la causa porque, de acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica de esa entrada se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español.

En su informe, el fiscal jefe también solicitaba a la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que decretara el secreto parcial de la investigación, algo que Tardón también acuerda en un auto fechado este 7 de septiembre. A juicio del fiscal, los hechos investigados serían constitutivos, a priori, de delitos cuya investigación “corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados”. Entiende el fiscal que pueden encajar en esta fase inicial en un delito de favorecimiento de la inmigración irregular agravado por la posible comisión en el seno de una organización y por en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas. Ese delito se daría en concurso con delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, con un delito de organización o grupo criminal.

Asimismo, consideraba Alonso que la investigación debe determinar si los hechos pueden integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado. No obstante, en la nota facilitada por la Fiscalía no se indica que el fiscal jefe haya solicitado por el momento ninguna diligencia adicional a la del secreto parcial.

Tardón señala ahora que, a tenor de lo recogido por el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), es evidente que se está “ante unas actuaciones que no tienen una naturaleza incidental, de generación ocasional o espontánea, sino de un proceso que presenta determinados hitos previos, coetáneos y posteriores”. Y resalta que el informe policial sustenta sus pesquisas “en un minucioso, preciso y detallado análisis del abundante material gráfico, documentos, infografías, cuadros y esquemas analíticos e informes técnicos sobre diferentes extremos relevantes”.

La juez explica que, si bien “no ha sido posible aún determinar el número de personas (...) que entraron en la Ciudad de Ceuta” los días 30 y 31 de julio ni el de las que aún permanecen en ella, se habla de que accedieron entre 75.000 y 85.000 personas, sí pone sobre la mesa que el censo de esa población es de 83.595 habitantes. Y subsubraya que la finalidad migratoria de esa entrada masiva “opera sólo como cobertura formal que sirve para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la frontera de Ceuta”. Fundamenta esta tesis en el “hecho incontestable de que el perfil de la mayoría de los inmigrantes no buscaba (...) permanecer en territorio español”.

Al hilo, explica que las redes sociales tuvieron un papel preeminente en la movilización masiva y apunta a una “utilización y manipulación” de la sentencia del Tribunal Supremo que acotaba los casos en los que se podían llevar a cabo devoluciones en caliente. Entiende que no puede ser considerada “como un elemento narrativo dinamizador de la convocatoria”, pero lamenta que su contenido “se distorsiona y traduce a lenguaje viral como: 'Si entras nadando, no pueden devolverte'”.

Sobre lo que ocurrió durante la movilización masiva, la magistrada explica que se produjeron “oleadas de diferente intensidad y perfil que provocan un colapso de las capacidades de respuesta por parte del sistema de control fronterizo español”. Y recalca que se dio “una violación masiva de la soberanía territorial de España”.

La juez detecta que tras esos días hubo “efectos de desestabilización en el sistema de respuesta de España” que se proyectaron en planos como la seguridad pública, la sanidad, los servicios sociales o la defensa. Y añade que huno también casos de desinformación y contranarrativa con efectos de perfil internacional o geopolítico así como efectos en la política interna.

La “guerra híbrida”

Por otro lado, tras recoger párrafos del informe policial, explica que se dio “una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos”, y hace alusión expresa al comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos. Recoge que en las manifestaciones de los inmigrantes entrevistados en medios de comunicación se relata “de forma prácticamente unánime que los efectivos policiales -marroquíes- no sólo permanecían en actitud pasiva antes los intentos de entrada, sino que les ofrecían indicaciones para que accediesen a través del agua por la zona del Espigón de El Tarajal y no por otros accesos”.

Así, la juez explica que del examen provisional de los hechos se deduce que pudo existir un delito que compromete la paz o la independencia del Estado y resalta que hubo “una intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial como bien señaló el presidente del Gobierno” en su visita a Ceuta del 31 de julio cuando definió los hechos como “un ataque, una violación de la integridad territorial de España”. Considera que el método, un flujo migratorio masivo, constituye “uno de los métodos característicos de la guerra híbrida o zona gris, con la finalidad de alterar la vida y derechos de ciudadanos españoles”. Y puesto que el origen de ese método está en el extranjero “la competencia para investigarlos corresponde a la Audiencia Nacional”.

Además, también coincide con la Fiscalía en que los hechos también encajan en el delito contra ciudadanos extranjeros y en el delito de homicidio imprudente por el fallecimiento de al menos 83 personas cuyos cadáveres fueron recuperados en aguas españolas. Y añade que también se debe averiguar si los hechos encajan en el delito de organización criminal achacable a las mafias que operan en la zona. Si bien descarta que se esté “ante la autoría directa de ninguna de las organizaciones criminales de tráfico de inmigrantes (...) más allá del mero aprovechamiento oportunista por su parte de algunos de los efectos de la crisis sobrevenida”. Y esto porque “carecen de la capacidad de organizar un proceso de estas dimensiones, ni de movilizar, gestionar para convocar de forma efectiva e inmediata a tal inmenso volumen de personas”.

En definitiva, explica que en el presente caso las conductas objeto de investigación “sin duda han atentado contra la forma de Gobierno, ya que han supuesto un ataque, una violación de la integridad territorial de España”.

La Fiscalía informará en las próximas horas a favor de que la Audiencia Nacional investigue los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio en Ceuta. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, trasladará a la juez María Tardón que el tribunal especializado es competente para esclarecer la llegada de más de 70.000 personas a la ciudad autónoma procedente de Marruecos, según avanzan a elDiario.es fuentes jurídicas.

El Ministerio Público esgrimirá en su informe el carácter transnacional de los presuntos delitos cometidos, ya que los migrantes partieron de Marruecos y acabaron en España. Para defender la competencia de la Audiencia Nacional, Alonso también aludirá a la afectación a las instituciones españolas de los hechos y a que, al verse afectada una de sus fronteras, todo el territorio español acoge los presuntos delitos, precisan las fuentes consultadas.

El informe irá firmado por Jesús Alonso, quien ha asumido la actuación de la Fiscalía “dada la singularidad y trascendencia del mismo y en cumplimiento de su responsabilidad como jefe de la Audiencia Nacional”, ha informado este jueves el Ministerio Público.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) recoge en su artículo 23 que la jurisdicción española es competente para investigar hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando pueden ser tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado.

Precisamente, el partido extraparlamentario Iustitia Europa -quien presentó la denuncia ante la Audiencia Nacional- señaló en un último escrito tras conocerse el contenido del informe policial remitido a la juez que el asunto era competencia de la Audiencia Nacional porque se habían aportado indicios “de una actuación planificada y dirigida desde territorio marroquí, con posible intervención de agentes o estructuras estatales extranjeras y con incidencia directa sobre la seguridad, la paz o la independencia del Estado español”.

A su juicio, esa circunstancia conecta el artículo 23 de esa norma con el artículo 65 de la misma ley que atribuye a la Audiencia Nacional el conocimiento de los delitos cometidos fuera de España cuando corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles.

La Audiencia Nacional abrió el pasado 31 de julio diligencias previas sobre la entrada a nado de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos. En el marco de esas pesquisas previas, el tribunal especial solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional un informe para averiguar si se trató de “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”.

La respuesta llegó esta misma semana en forma de un oficio del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la citada Comisaría General de Extranjería. En él, los agentes analizan una serie de vídeos y fotografías obtenidas de fuentes abiertas sin llegar a señalar la “autoría material e intelectual” del asalto, pero atribuyéndoselo a una entidad centralizada, con intereses distintos a los migratorios y que contó con la ayuda de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes.

En su denuncia, Iustitia Europa exponía que los hechos podían ser constitutivos de delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, de favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, de organización criminal y de omisión del deber de perseguir delitos. La denuncia iba dirigida “contra las personas físicas, integrantes de organizaciones criminales, funcionarios, autoridades, agentes, estructuras estatales o paraestatales extranjeras y autoridades de Marruecos o Españolas que resulten identificados”.

La misma denuncia pedía librar oficios al Ministerio del Interior, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Departamento de Seguridad Nacional y Ministerio de Defensa para obtener informes de entradas, análisis de redes sociales y posibles injerencias extranjeras; así como requerir a la Guardia Civil las grabaciones de cámaras térmicas y radares de la frontera del Tarajal.

La Guardia Civil solicitará a la jueza la práctica de diligencias

El auto de la jueza optó únicamente por reclamar a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que realizara el citado informe. Unos días después dictó otro auto dirigiéndose a la Guardia Civil para que le informara del dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que hubieran realizado en aguas territoriales españolas.

El Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) última el oficio que entregará a la jueza. En el mismo debe incluir la información sobre personas fallecidas, si consta la causa y la data de la muerte y, en el caso de las personas supervivientes, su identidad y datos de localización que se hubiesen podido recabar. Información de la Guardia Civil también propondrá a la juez Tardón diligencias concretas que practicar para averiguar la autoría de la acción en Ceuta, precisan fuentes próximas al caso.