Agentes de la Policía Foral de Navarra, en colaboración con la Ertzaintza y en el marco de una operación coordinada por la Audiencia Nacional, han acudido esta semana a una sima de la sierra de Urbasa, una zona montañosa próxima a Álava, para intentar localizar el antiguo zulo de ETA cuyas coordenadas fueron halladas en posesión de dos integrantes de la organización Jarki a finales de septiembre. “No había nada”, exponen a este periódico fuentes policiales conocederas del operativo.

Estas dos personas, un varón de 34 años y una mujer de 22, han sido acusados de delitos de terrorismo y están en prisión preventiva desde este martes por orden del magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña. Fueron localizados en septiembre en un control de carretera en compañía de una tercera persona de nacionalidad irlandesa y relacionado con la disidencia del IRA. Pero en ese momento no fueron arrestados. Ellos mismos acudieron la pasada semana a la comisaría de la Ertzaintza de Irún y, posteriormente, fueron trasladados a Madrid.

La Ertzaintza, en la primera información oficial sobre este caso, resaltó que los investigados tenían “antecedentes relevantes” y que poseían coordenadas de posibles depósitos de “armas y explosivos”. Ese supuesto zulo estaba en Urbasa, pero esta semana han acudido allí efectivos de la Policía Foral, han rastreado el lugar identificado en la documentación incautada y “no había nada”, exponen las fuentes consultadas.

Uno de los detenidos por la Ertzaintza acusado de “terrorismo” y ahora en prisión preventiva por orden del magistrado del Tribunal Central de Instancia (la nueva denominación de la Audiencia Nacional) Antonio Piña estaba siendo monitorizado por la Oficina Central de Inteligencia (OCI, la unidad antiterrorista de elite) desde al menos 2015, según fuentes policiales. En aquel momento ni siquiera existía la organización Jarki, de la que es considerado el “motor principal”, que data de 2017.

Según estas mismas fuentes, las actuaciones de la Ertzaintza llegaron a estar bastante elaboradas y se enviaron igualmente a la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz llegó a abrir diligencias de investigación, pero no cristalizaron. En la primera información de este caso, un comunicado de la Ertzaintza, se aludió a “antecedentes relevantes” de los implicados, pero sin más precisiones. También pesa sobre él una petición de “seguimiento discreto” por parte de Francia por razones de “seguridad nacional”.

La OCI es una unidad con base en Erandio. Es una brigada reorganizada precisamente después del final del terrorismo de ETA, del que ahora se cumplen quince años. Lo que antes fue AVCS, UIA o DAI se reestructuró ante la nueva realidad, con más dedicación al yihadismo y nuevas amenazas pero con una parte que siguió analizando casos pendientes o posibles disidencias.

Jarki, la actual organización de este investigado, es una de las patas de la coordinadora Jardun, considerada disidencia de la izquierda abertzale y sin relación orgánica alguna bien con Sortu/EH Bildu o bien con el pujante movimiento GKS. Según el juez Piña, que yerra y llama al colectivo “Jordun Koordinadoro” en el auto de prisión provisional, Jarki es “izquierda radical violenta” y el detenido “participó muy activamente” en su creación. De hecho, antes de 2017 colaboraba con otras personas de Gipuzkoa y Navarra que siguieron otros caminos desde entonces, siempre según las fuentes consultadas.

Se cree que este varón ha ejercido labores de “captación” de militancia, de “elaboración de manuales de seguridad” y “directrices organizativas”, de redacción de “ponencias políticas”, de “gestión de finanzas”, de “organización de actos” o de “interlocución con otras organizaciones”, a la luz de los indicios que maneja el Tribunal Central de Instancia para decretar la privación de libertad. Esto es una medida excepcional y que tiene que estar justificada por la gravedad de los hechos presuntamente cometidos y otros parámetros como el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.

Este hombre, que tiene 34 años, fue identificado a finales de septiembre en un vehículo en el que era el copiloto. La conductora, de 22 años, la otra encarcelada, tenía igualmente una orden de “seguimiento discreto” de Italia, sin que se detalle los hechos concretos que se le imputan. Había un tercer ocupante del coche, un irlandés al que se asocia con la disidencia de la extinta organización terrorista IRA. Su paradero es desconocido.

El abogado de los investigados, Aratz Estomba, ha denunciado la “infiltración” policial en los movimientos en los que militaban estas personas. Aske, otra de las patas de Jardun, ha ofrecido este miércoles en Vitoria una rueda de prensa en la que igualmente ha considerado toda esta investigación un “montaje policial”. Han insistido en llamar “cipayos” a la Ertzaintza.

Aske ha demandado la “inmediata puesta en libertad” de ambos presos porque han sido encarcelados “sin ninguna base”, con “pruebas sin ningún valor”. Han asegurado que las referencias a “armas y explosivos” –que según los responsables de la investigación tienen que ver con el conocimiento de zulos de ETA, en plural– se fundamentan en llenar de pintura extintores. Sostienen que si el listón de “terrorismo” se pone ahí “cualquier persona organizada” estaría en riesgo de ser procesada.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), ha comparecido este miércoles por vez primera después de que, hace ya cinco días, la Ertzaintza informara de la detención por delitos de “terrorismo” de dos personas vinculadas con la organización Jarki, disidentes abertzales. El máximo responsable político de la Policía vasca ha defendido el no arresto del hombre y de la mujer ahora encarcelados, de 34 y 22 años, respectivamente, cuando fueron identificados, a finales de septiembre, en un control de carretera. Fueron puestos a disposición judicial cuando ellos mismos se entregaron este fin de semana.

“La Ertzaintza lo que ha hecho es garantizar los derechos de todas las personas, solicitar a la Audiencia Nacional [en referencia al Tribunal Central de Instancia] la autorización correspondiente para analizar los materiales que se habían descubierto, poner en manos de la justicia los indicios que ha encontrado y luego se ha sometido a lo que decidieran el fiscal y el juez correspondiente”, ha explicado Zupiria desde el palacio de Ajuria Enea tras participar en el acto de toma posesión de su nueva compañera de gabinete Cristina González. Ha añadido que en ese momento no estaban cometiendo un delito 'in fraganti' que justificase la medida restrictiva de derechos.

La operación se desató en la madrugada del 26 de septiembre. La Ertzaintza, en un control de carretera, paró un Toyota amarillo en la zona de Eskoriatza, en Gipuzkoa. Iban tres personas, los dos detenidos, conductora y copiloto, y un tercero, de nacionalidad irlandesa y presuntamente relacionado con la disidencia de la banda terrorista extinta IRA. La información oficial indica que portaban mapas de zulos de ETA, en plural, y están acusados de manejo de armas y explosivos, sin que se conozca si esos depósitos han sido localizados o no. También que venían de ver uno de ellos en Navarra con dispositivos de comunicación no rastreables. Llevaban consigo también, siempre según los datos policiales y judiciales, documentación de policías y guardiaciviles —como un dispositivo completo clonado— y fotografías de “entrenamientos” para perpretar supuestas acciones violentas. Mucho de ese material estaba “encriptado” y se ha ido descifrando en los últimos días.

Según Zupiria, es la autoridad judicial la que ha fijado la etiqueta de “terrorismo”. El consejero ha dicho que Jarki, que forma parte de la coordinadora Jardun, al igual que Aske, es una organización “alegal”. “No se encuentran inscritas en el registro de asociaciones políticas o de partidos políticos. Por tanto, hay mucha información sobre estas organizaciones que no es conocida públicamente. Insisto en una idea de la importancia de deslegitimar y condenar el uso de la violencia y su justificación, en cualquier caso, como lo hemos hecho estos dos años [desde que accedió al cargo] y como lo viene haciendo el Gobierno desde hace quince cuando ETA se disolvió”, ha indicado el responsable de Seguridad. Estos hechos han coincidido precisamente con el aniversario.

“Yo no voy a decir más de lo que dice el auto de la Audiencia Nacional. Lo que sí voy a recordar es que el Gobierno vasco, desde que hace quince años se produjo la disolución de ETA, lleva lanzando permanentemente el mensaje de que es imprescindible que se condene y se deslegitime el uso de la violencia y la justificación del uso de la violencia. Este Gobierno, que lleva dos años funcionando, también creo que ha repetido insistentemente ante cualquier hecho violento que se ha producido en nuestra comunidad, la necesidad de deslegitimar, denunciar y condenar el uso de la violencia y de su explicación o legitimación. Creo que es un buen momento para volverlo a recordar”, ha insistido.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación, ahora tutelada por el instructor del Tribunal Central de Instancia Antonio Piña y por el fiscal Vicente González Mota. Según Zupiria, la Policía vasca comunicó en la misma noche del 26 de septiembre los datos que disponía a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Asimismo, los investigados estaban fichados al menos por Italia y Francia, según los datos que han trascendido, a causa de conductas de riesgo para la “seguridad nacional”.

El juez del Tribunal Central de Instancia (la nueva denominación de la Audiencia Nacional) Antonio Piña ha enviado este martes a prisión provisional por presuntos delitos de terrorismo a los dos detenidos el pasado sábado por la Ertzaintza. Según la información policial inicial, en septiembre se les intervino información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un depósito de armas y explosivos. El juez Piña, en el auto de encarcelamiento, da por buena esa tesis y concreta que tenían “planos” de “zulos” (en plural) de ETA, “listados” de guardiaciviles, el “contenido íntegro” del móvil clonado de un agente de la Policía Nacional, “fotografías” de vehículos policiales, símbolos de ETA e imágenes de “entrenamientos para la perpetración de actos violentos o contra la paz pública”.

El fiscal Vicente González Mota había solicitado la prisión provisional para ambos detenidos. Es una medida extrema que se adopta si hay riesgo de fuga o un peligro real, y el magistrado ha entendido que las acusaciones son sólidas. Los dos detenidos son un hombre de 34 años y una mujer de 22, a los que se les relaciona con un grupo disidente abertzale que ya estaba siendo investigado, Jarki. Cuando se inició la operación, en septiembre, iban acompañados de un irlandés presuntamente relacionado con la disidencia del IRA.

El grupo fue detectado en un control de carretera en la GI-627, en Eskoriatza. Eran las 4.03 horas del 26 de septiembre, la víspera del Gudari Eguna. Iban en un Toyota Yaris amarillo conducido por ella, con él de copiloto y el irlandés en la parte trasera. Pesaban sobre ellos avisos de Italia y Francia por “razones de seguridad nacional”.

En el asiento del copiloto, el hombre de 34 años, al que se describe como “motor principal” de Jarki, tanto para la “captación” de militantes como para otras tareas, llevaba una mochila con “evidencias sospechosas” de un zulo y otro material, como un listado manuscrito de matrículas de vehículos. Había pendrives de Jardun, la coordinadora de la que forma parte Jarki. Se indicó a los ertzainas que venían de Navarra, de la sierra de Urbasa, la zona de los planos del zulo. La joven llevaba en el bolso dos teléfonos satelitales “que permitían enviar mensajes de texto encriptados sin cobertura de móvil ni internet”. No llevaban móviles normales, para evitar ser localizados, siempre según la versión oficial.

Entre el material recopilado y analizado 'a posteriori' han aparecido símbolos de ETA, fotografías de “entrenamientos” para la “perpetración de actos violentos” y hasta el clonado de un dispositivo de un agente de la Policía Nacional. No se explica por qué quedaron en libertad tras este control y no fueron arrestados hasta este sábado, cuando dos de ellos, los de nacionalidad española, se presentaron con un abogado en la comisaría de Irún de la Ertzaintza.

A una hora inusual de un día inusual, el sábado por la noche, la Ertzaintza ofreció una información inusual. Dos personas, un varón de 34 años y una mujer de 22, estaban siendo investigados por delitos de “terrorismo” luego de que se les hubiera encontrado en un control de carretera de hace unas semanas “información sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos”. Se dejó claro que no era yihadismo, de modo que podría ser la primera vez tras el final de ETA en que se identificaba a un grupo autóctono con esos fines. Y todo en puertas de que, este martes, se cumplan quince años desde que la organización armada decretara el cese del terrorismo.

La causa está ahora en manos del instructor Antonio Piña del Tribunal Central de Instancia, la nueva denominación de la Audiencia Nacional. Esto es lo que se sabe (y lo que no) de un caso al que la Policía vasca le da máxima gravedad y que también se ha colado en la agenda política en puertas de unas elecciones generales. “Esto no es una chiquillada”, insisten las fuentes consultadas, que piden no relativizar sobre el caso ni alentar teorías de la conspiración.

Quiénes son los detenidos

Los hechos se remontan al 26 de septiembre, víspera del denominado Gudari Eguna por ser el aniversario de los fusilamientos de Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi justo al final de la dictadura franquista. En un control de carretera nocturno en Eskoriatza, una localidad de Gipuzkoa pero más próxima a Vitoria que a Donostia, la Ertzaintza detuvo un vehículo de color amarillo e “identificó” a tres personas “que portaban diverso material muy sensible”. Todas ellas, al parecer, tenían “antecedentes relevantes” que no se han detallado.

Esas personas eran los dos acusados ahora de terrorismo, de nacionalidad española. Pero había un tercero de nacionalidad irlandesa. Algunos medios han referido que podría estar vinculado con la disidencia del IRA, grupo terrorista de ese país, pero es un dato no ratificado oficialmente. Esa noche, la Ertzaintza les tomó fotografías de pie fuera del coche y con el portón del maletero abierto.

A qué grupo pertenecen

Desde un inicio, las fuentes consultadas ubican a los dos detenidos como “disidentes” abertzales. Esto encierra muchos matices. En principio, estarían vinculados al grupo Jarki, una organización autodefinida como “revolucionaria”, “independentista” y “socialista” y que forma parte de la coordinadora Jardun. No tiene ningún tipo de vinculación orgánica con Sortu, la principal fuerza política de la coalición EH Bildu, como tampoco con el entorno de GKS, el movimiento juvenil de corte comunista que está ganando peso en movilizaciones sociales en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, capitalizando por ejemplo las protestas universitarias o por la vivienda.

Jarki nació en marzo de 2017. En 2019, portavoces de la organización dieron una entrevista a 'Berria'. “Es pregunta de algunos si Jarki va a hacer ataques callejeros, y la respuesta es negativa. Nuestra estrategia estará encaminada a la construcción nacional”, manifestaron. En 2020, en La Haine, se incidía en la cuestión:

—A la par del proceso que terminó con la disolución de ETA, la izquierda abertzale realizó un cambio de estrategia que se plasmó en el documento “Zutik Euskal Herria” del cual ahora se cumplen diez años. ¿Qué opinión os merece ese cambio de estrategia y la actividad política del partido Sortu y la coalición EH Bildu?

—[...] La creación de Jarki se enmarca en las carencias que han surgido en el contexto político de Euskal Herria, derivadas de aquel cambio de estrategia. De hecho, creemos que ha de responderse a dichas carencias en parámetros revolucionarios. Ya que opinamos que el actor principal del ciclo de confrontación anterior, la izquierda abertzale, hoy en día está agotada en parámetros revolucionarios, habiéndose sumido completamente en la vía institucional. Aun así, más allá de las críticas, tenemos claro que los enemigos principales del pueblo trabajador vasco son la burguesía vasca y los Estados burgueses español y francés. Por lo tanto, no nos empecinaremos en el choque o la confrontación con la izquierda abertzale, o con los demás grupos que comparten nuestro espectro político. Ya que nuestro objetivo es conformar de una manera constructiva la nueva alternativa política que debe responder a los intereses del pueblo trabajador.

En los últimos años, Jarki ha reivindicado sabotajes como pintadas en la sede de la patronal de Gipuzkoa, Adegi, o en medios de comunicación de Vocento y Prisa. En 2023, el entonces vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, les señaló como presuntos responsables de un intento de sabotaje al Tour de Francia, que ese verano pasó por las carreteras vascas. La firma de Jarki ha aparecido también en otras movilizaciones, como las relacionadas con el quincuagésimo aniversario de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

Aske es otra de las patas de Jardun, y es una organización que defiende la amnistía para los presos, “refugiados” y fugados de ETA. El sábado, informó de que los “cipayos” —con una fotografía de una patrulla de la Ertzaintza— habían arrestado a dos personas en Irún. En un comunicado, manifestaron al mismo tiempo que las detenciones “nada tenían que ver con la coordinadora” y denunciaban la “criminalización” de su organización pero, a la vez, mostraban su total “respaldo y solidaridad” a los detenidos y a sus allegados. Aske fue también la organización que protestó por otra operación en la que la Policía Nacional vio “terrorismo” en dos vizcaínos a los que se relacionaba con Hizbulá y con el manejo de “armas largas”.

El desarrollo de la investigación

Ante la aparente gravedad que revisten los hechos investigados, la Ertzaintza ha trasladado el caso al Tribunal Central de Instancia, competente en materia de posibles delitos de terrorismo. A nivel interno, las pesquisas las dirige la Oficina Central de Inteligencia (OCI), que es como se llama la unidad antiterrorista de elite de la Policía vasca. Su base está en Erandio, en Bizkaia, y su máximo responsable es el veterano agente Juan Vicente Bilbao. Fuentes internas dicen que el atestado está custodiado “bajo siete llaves” para que no haya filtraciones.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención del proceder de la Ertzaintza es que esas personas quedaran libres en su momento y ahora dos de ellas estén detenidas con graves acusaciones, sin que del tercero se haya dicho nada. La única explicación oficial es que “en los últimos días, tanto la investigación como los contactos con la Audiencia Nacional han avanzado de manera muy relevante”. Así se llega al sábado, cuando “dos de las personas investigadas”, dando a entender que hay más, se personaron en la comisaría de la Ertzaintza en Irún con un abogado. Hay un plazo de 72 horas para su puesta a disposición judicial, por lo que previsiblemente este martes serán trasladados a Madrid y el juez Piña procederá a tomarles declaración.

¿Y los explosivos?

Desde el primer momento se ha indicado que los investigados tenían información sobre la ubicación de un 'zulo' con “armas y explosivos”. Sobre esto, no se ha indicado dónde estaba y si ha sido o no localizado y con qué material en su interior. Asimismo, no se ha precisado de quién era en origen ese presunto arsenal. Fuentes policiales sí reconocen que el final de ETA, que se escenificó años después con un desarme, no supuso la recuperación de todo su inventario, pero no hay ningún dato para dar contexto al supuesto depósito de este grupo.

Nada se conoce tampoco de la documentación sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado que portaban, ni si era material elaborado o simplemente copias de documentos abiertos. La Ertzaintza insiste en que mantiene “abierta” la investigación. Se valoró que el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, compareciera públicamente para informar sobre el tema, pero se ha optado por la “prudencia”. No consta tampoco que la oposición quiera preguntar sobre ello en la sesión de control al Gobierno que se celebrará este viernes en el Parlamento Vasco, la penúltima antes del parón por las elecciones generales.

La derivada política

La noticia, en todo caso, sí ha generado reacciones políticas. La dirección nacional del PNV, que es el partido que controla la Ertzaintza, emitió una nota también el sábado por la noche con “absoluta preocupación”. “De confirmarse estos hechos, que están siendo investigados por la Audiencia Nacional, estaríamos ante conductas que nos retrotraen a tiempos pasados que creíamos superados [...]. La paz, la libertad y la convivencia han costado demasiado a la sociedad vasca como para volver a situaciones que creíamos terminadas”, diagnosticó la formación nacionalista. Como ha coincidido con el aniversario del final de ETA, el lehendakari Imanol Pradales tenía programada una carta para el diario 'El Correo' y, en ella, señalaba: “No podemos cambiar el pasado, pero está en nuestras manos extraer enseñanzas de nuestra historia. Nos corresponde fortalecer la convivencia y los valores democráticos todos los días”.

“Años de desidia e inacción institucional ante la evidente radicalización violenta de una parte de la sociedad en Euskadi, especialmente entre los más jóvenes, han traído este resultado”, sostiene Consuelo Ordóñez, de la asociación de víctimas Covite. “No vamos a permitir ningún paso atrás en la convivencia, en la paz y en la libertad porque son el resultado del esfuerzo sostenido de muchas personas e instituciones que desde ámbitos muy distintos han trabajado y siguen trabajando para preservar los valores que hacen posible una sociedad abierta y democrática”, ha manifestado en Basauri el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, que ha participado en la festividad del cuerpo. Allí mismo, la delegada del Gobierno de España, la socialista Marisol Garmendia ha pedido que nadie juegue “con fuego”.

“Ni un paso atrás. Nunca más”, se podía leer también en el comunicado de las juventudes del PSE-EE, donde se “agradecía” el trabajo de la Ertzaintza. El PP también ha encajado con “inquietud” los acontecimientos. EH Bildu no se ha pronunciado —indican que faltan datos para hacer un análisis completo— pero en el pasado sí ha mostrado su “rechazo” a acciones de Jarki. En este contexto, el Gobierno de PNV y PSE-EE leerá este martes una declaración institucional quince años después del final de ETA. En ella, se reseñará la relevancia de no repetir errores del paso como sociedad. Euskadi, en todo caso, lleva once años y cuatro meses en nivel 4 de 5 de alerta antiterrorista, como el resto de España, por el “alto” riesgo de atentados yihadistas.

La Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza, la unidad antiterrorista de elite del cuerpo, ha informado este sábado por la noche de una operación policial de gravedad en la que se investigan, en coordinación con el Tribunal Central de Instancia (actual denominación de la Audiencia Nacional), posibles delitos de “terrorismo” y en la que hay implicadas dos personas de “nacionalidad española”, un hombre y una mujer de 34 y 22 años, respectivamente. “No es yihadismo”, aclaran las fuentes consultadas.

“La información oficial de la Ertzaintza indica que el sábado 26 de septiembre, ”durante un control en Eskoriatza“, una localidad de Gipuzkoa, se ”identificó a tres personas que portaban diverso material muy sensible y, respecto a las cuales, ya se contaba con antecedentes relevantes“. ”Entre el material ocupado se ha encontrado información sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos“, siempre según la información oficial.

“La Ertzaintza inició una investigación y, como consecuencia de ella, procedió a abrir los correspondientes cauces de comunicación con la Audiencia Nacional, teniendo en cuenta que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de terrorismo. A lo largo de las siguientes fechas, la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza ha avanzado con la investigación y se han llegado a entablar diversos encuentros con las autoridades judiciales de la Audiencia Nacional dirigidos a posibilitar las actuaciones, si así se estimaran pertinentes, por la autoridad judicial”, prosigue la Policía vasca.

Y agrega: “En los últimos días, tanto la investigación como los contactos con la Audiencia Nacional han avanzado de manera muy relevante. Hoy, dos de las personas investigadas se han personado en la ertzain-etxea [comisaría] de Irún, acompañadas por su abogado, y han resultado detenidas a la vista del desarrollo de las investigaciones y de las propias gestiones con la Audiencia Nacional. Se trata de un hombre de 34 años y una mujer de 22, ambos de nacionalidad española, investigados por un presunto delito de terrorismo”.

La información indica que “tras la toma de declaración de ambos, y la realización de las diligencias de investigación pertinentes, las dos personas detenidas serán puestas a disposición de la Audiencia Nacional a la mayor brevedad posible”. La OCI de la Ertzaintza mantiene abierta la investigación. Hasta ahora no se habían realizado operaciones policiales-judiciales de estas características.

Da la medida de la gravedad, la nota de última hora que también ha emitido la dirección nacional del PNV. “EAJ-PNV quiere mostrar su 'absoluta preocupación' por la detención por parte de la Ertzaintza de dos personas por presunto delito de terrorismo. De confirmarse estos hechos, que están siendo investigados por la Audiencia Nacional, estaríamos ante conductas que nos retrotraen a tiempos pasados que creíamos superados. En este sentido, EAJ-PNV hace un llamamiento al conjunto de la sociedad vasca para no dar un paso atrás en la preservación de la paz. La paz, la libertad y la convivencia han costado demasiado a la sociedad vasca como para volver a situaciones que creíamos terminadas”, sostiene el partido de Aitor Esteban, que es el que dirige la Ertzaintza en la coalición con el PSE-EE en Euskadi. El PNV ha demandado también “respeto” por la investigación y ha puesto en valor el trabajo de la Ertzaintza.

Jarki, un grupo político crítico con la izquierda abertzale oficial y disidente de EH Bildu y Sortu, ha atacado en la madrugada de este martes las sedes de 'El Correo' en Vitoria y la Cadena Ser en Donostia. En las pintadas, denuncia al Grupo Vocento (al que pertenece 'El Correo') y a la Cadena Ser como “portavoces del capitalismo y el imperialismo” y “cómplices de la guerra imperialista y la miseria”. 'El Correo' ha denunciado también un ataque contra la rotativa de la que dispone en la localidad vizcaína de Zamudio.

El grupo, nacido en 2017, ha difundido en redes sociales un vídeo que muestra a varias personas encapuchadas ejecutando los actos vandálicos. De fondo, se oye la canción 'Komunikabideak', del grupo Alerta Gorria. El grupo acusa de manipulación a Sud Ouest, Prisa, Vocento y Planeta y sostiene que “impulsan sin disimulo la dictadura de la burguesía”, “construyendo un relato a su medida”. “A través de la mentira y la manipulación informativa, producen noticias que legitiman la actuación del capital y el imperialismo, ocultando el carácter estructural de sus crímenes”, abunda en un comunicado difundido en su página web. Llaman, además, a “romper con el silencio cómplice y la manipulación”.

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha manifestado a través de las redes sociales. “Los ataques y amenazas contra los medios de comunicación atentan contra una de las principales premisas de la democracia: la libertad de prensa y el debate plural. Mi más rotunda condena de los ataques a medios sufridos esta madrugada y toda mi solidaridad con sus trabajadores”, ha escrito en X. Se ha sumado también a la condena Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo y secretario general del PSE-EE de Álava. “Condeno firmemente las pintadas contras las sedes del Grupo Vocento y la Cadena SER en Euskadi. La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia y no puede ser atacada e intimidada. Defenderla es responsabilidad de todos y todas”, ha escrito, también en X.

El alcalde de Donostia, Jon Insausti (del PNV), ha condenado “profundamente” el vandalismo contra la sede de la Cadena Ser en la ciudad, que ha tildo de “ataque inaceptable contra la libertad de expresión”. “Estas acciones y actitudes no tienen cabida en nuestra ciudad”, ha denunciado en euskera en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local celebrada este martes. Ha querido transmitir su “apoyo” y su “solidaridad” a todos los trabajadores de la emisora de radio. “La libertad de expresión y el respeto son fundamentales en democracia. La intolerancia no tiene cabida en Vitoria-Gasteiz ni en ninguna sociedad libre”, ha denunciado la alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria. “Cada vez que se ataca a un medio de comunicación se ataca la democracia y la libertad. Quienes han atacado hoy la sede de 'El Correo' recogen lo peor de la cultura de la violencia que hemos sufrido en Euskadi durante décadas. Hay que hacerles frente siempre”, ha señalado Ramiro González, diputado general de Álava.

El pasado diciembre, la sede de 'El Correo' en Bilbao sufrió otro ataque, en aquella ocasión reivindicado por Ernai, las juventudes de Sortu. Como recogió el propio periódico entonces, les acusaban de ser un “proyecto españolista burgués” que “crimininaliza al movimiento popular, difunde ideas machistas, racistas y tránsfobas y pone la alfombra roja tanto a la extrema derecha como al fascismo”. Les señalaban, además, diciéndoles que no tenían “lugar en Euskal Herria”.

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha realizado un balance satisfactorio del paso del Tour de Francia por Euskadi desde el punto de vista de la seguridad. A pesar de semanas de movilizaciones internas de miles de agentes de la Ertzaintza con el eslogan 'Sin convenio, no hay Tour', Erkoreka ha indicado que se han garantizado el 100% de los servicios durante las tres etapas. Eso sí, ha admitido un incremento inusual de bajas que podrían responder a protestas encubiertas en un colectivo que no tiene derecho como tal a la huelga. Se han dado particularmente en la Brigada Móvil (antidisturbios). Según ha explicado, Asuntos Internos ha abierto ya una investigación que se suma a otra por la primera de las movilizaciones en el Parlamento Vasco del nuevo movimiento “asindical” llamado 'Ertzainas en lucha', donde agentes en servicio aplaudieron a sus colegas manifestantes.

“Todos los servicios programados estuvieron garantizados. Todos. Además durante los tres días de carrera. Especialmente las unidades de Tráfico. Han trabajado al 100%. Es cierto que estos días ha habido más ausencias de agentes que las habituales en estas fechas. No ha sido un fenómeno generalizado, concentrado en algunas unidades. La unidad de Asuntos Internos ha abierto ya diligencias informativas para analizar la situación de los agentes que no acudieron a trabajar esos días. Se está recogiendo ahora la información. Permítanme que no adelante porcentajes. En todo caso, me gustaría dejar claro que ha sido algo aislado. Y que ha sido la propia Ertzaintza la que con sus propios recursos, procedentes de otras unidades, ha cubierto las ausencias. No ha habido que acudir a otros cuerpos policiales”, ha informado en rueda de prensa Erkoreka.

Preguntado por el caso concreto de la Brigada Móvil, Erkoreka se ha limitado a reseñar que “es una de las unidades en las que se ha registrado un número importante de ausencias”. “Pero no es la única. He pedido que no se me exijan estadísticas concretas en este momento. Habrá información más completa dentro de unos días cuando terminen las labores de investigación. Pero efectivamente la Brigada Móvil es una de ellas”, ha señalado. Y ha añadido con ironía sobre si prevé sanciones: “La ausencia súbita llama la atención. No es ordinario y requiere una aclaración. Para eso está Asuntos Internos. A lo mejor es que tenemos un alto índice de gente enfermiza en algunas unidades, a la primera de cambio se contagian unos a otros”.

Igualmente, Erkoreka ha indicado la apertura de dos investigaciones penales por incidentes asociados al Tour de Francia. En la primera etapa, de Bilbao a Bilbao, se identificó a 19 personas en el alto de Morga tras detectarse por parte de las servicios de Inteligencia un posible sabotaje. Han sido once las personas finalmente imputadas por “coacciones”, delitos contra la seguridad vial y por “desórdenes públicos”. Erkoreka ha vinculado a la organización Jarki con este sabotaje, un colectivo relacionado con la disidencia de la izquierda abertzale.

En las etapas segunda y tercera, además, se analiza la aparición de chinchetas en la calzada. Fuentes del Tour de Francia indican a este periódico que hubo del orden de “veinte o treinta” pinchazos en la misma zona, en concreto en las proximidades de Oiartzun. El corredor francés Lilian Calmejane, en redes, mostró la imagen de su cubierta con cinco chinchetas incrustadas. Estos hechos se repitieron este lunes, sin que Erkoreka ha aclarado si fueron en una zona similar.

A la larguísima lista de sedes del PNV (33 hasta el viernes), PSE-EE (13) y Podemos (2) atacadas en las últimas semanas por la disidencia de la izquierda abertzale, se suma la 'herriko taberna' de la calle de Ronda de Bilbao. No es un lugar cualquiera. Los autores de las pintadas y los destinatarios conocen su simbolismo: es un territorio 'en disputa' y que los críticos reclaman como propio. Su elección explica muy bien las tensiones existentes entre los grupúsculos disidentes con la estrategia institucional de Sortu (integrado en la coalición EH Bildu) y el propio partido de Arkaitz Rodríguez y Arnaldo Otegi. Esa pugna soterrada se está mostrando con mayor nitidez en el contexto de la huelga de hambre –y de sed en un inicio también– del preso de ETA en Murcia Patxi Ruiz, condenado por el crimen del concejal de UPN Tomás Caballero.

Algunas voces en la izquierda abertzale alertan del “diseño político” detrás de la campaña de la disidencia. Interpretan que es una estrategia para minar a Sortu y a EH Bildu y para hacerlo, además, en puertas de una campaña electoral, la de las autonómicas vascas del 12 de julio. ¿Qué peso tienen esas corrientes críticas? Cuantitativamente, son muy minoritarias pero sí tienen algunas estructuras definidas en torno a las siglas ATA (Amnistia ta Askatasuna), HB (Herritar Batasuna), GKS (Gazte Koordinadora Sozialista) e Ikasle Abertzaleak. Les une su rechazo a la institucionalización y su añoranza por el terrorismo de ETA, definido como “lucha armada” o estrategia “político-militar”. Políticamente, no han pasado de propugnar una “abstención activa” sin consecuencias apreciables para los resultados de EH Bildu. ATA, que ya tiene varios años de recorrido, no inquieta para nada en el cuartel general de Sortu, pero sí GKS, de reciente creación y con militancia mucho más joven, activa e ideologizada.

En cuanto a Ikasle Abertzaleak, era el sindicato estudiantil del MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vasca) y pieza fundamental de captación y movilización en institutos y facultades. Ahora considera a Sortu un “partido socialdemócrata” y “apuesta por una estrategia revolucionaria más semejante a lo que históricamente ha sido el MLNV”. Cuando separó su camino del de la izquierda abertzale oficial, Sortu cambió las cerraduras del local de Ronda que utilizó el sindicato durante dos décadas, según denunció en un comunicado de finales de 2019.

En mayo, y con el pretexto de la huelga de hambre y de sed por las condiciones carcelarias durante la pandemia iniciada por Patxi Ruiz en Murcia, la disidencia recrudeció sus acciones. Desde 2017, Ruiz está fuera del EPPK –el colectivo oficial de presos de ETA– y se fue, además, con una carta muy dura con la línea política actual de Sortu y de sus dirigentes y en defensa del terrorismo. Como Ruiz, son pocos los presos de ETA que no han seguido la ciaboga del EPPK, que en todo caso ha sido más tímida que la que hicieron los de la 'vía Nanclares' en su día y por la que fueron despreciados. Y menos todavía de los que se han desmarcado tienen galones, salvo quizás Ion Iurrebaso.

A los sabotajes a las sedes de los partidos que consideran responsables de la política penitenciaria –sobre todo en el caso del PNV es un goteo diario de pintadas e insultos– se le han unido movilizaciones en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra instigadas en redes sociales por ATA, HB, GKS o Ikasle Abertzaleak. Pero el peso sentimental que todavía ejerce la cuestión de los presos y de sus derechos en las bases abertzales ha movido a mucha gente de Sortu y EH Bildu también a secundarlas, incluso en plena pandemia. Son equilibrios difíciles para la izquierda abertzale, aunque ya ha enviado algunos mensajes crípticos a la disidencia.

El más importante deja en el aire qué ha ocurrido realmente en Murcia con Patxi Ruiz. En un comunicado, el EPPK dejó claro que sus miembros en esa cárcel están muy encima de la situación del reo y que incluso han tenido interlocución con la dirección de la cárcel sobre el particular. Su conclusión es que ha sido todo una campaña contra Sortu y EH Bildu. Y añadía (es traducción del euskara): “Para lograr ese objetivo se ha intentado ocultar algunas informaciones y difundir invenciones”. ¿A qué invenciones se referían? No se daban más pistas.

Hace varias semanas, personas de Sortu, de manera discreta, movieron ficha y contactaron con el entorno de Patxi Ruiz en Pamplona. De hecho, la diputada navarra Bel Pozueta propuso un viaje a Murcia para visitar al “preso político”, según recogió EH Bildu en una nota. La disidencia desaprobó la maniobra. Militantes abertzales comprobaron que en algunas de las movilizaciones en que participaban, los más radicales coreaban “PSOE hiltzaile, Sortu laguntzaile” ('PSOE asesino, Sortu colaborador').

Y en las últimas horas ha habido otro episodio en el que Sortu se ha visto ante el espejo. Se trata de una denuncia de abusos sexuales por parte de una empleada de 19 años de la 'herriko taberna' de Zarautz contra un histórico de la izquierda abertzale en la localidad. El colectivo Danba Gazte Asanblada no solamente ha criticado los hechos, sino a Sortu por darles cobertura. El partido ha salido al paso remarcando que mantiene una línea de “tolerancia cero” con la violencia machista y que tenía apartado a su afiliado desde que se conocieron los hechos a finales de 2019. Y ha añadido: “Denunciamos el interés y el intento de determinados sectores por dañar tanto el ser como el nombre de Sortu y de la izquierda abertzale, en esta ocasión con este tema”.

La candidata a lehendakari de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ya ha verbalizado que esta situación interpela a la izquierda abertzale “por los dos lados”. También lo ha hecho Otegi: “Todo el mundo sabe que EH Bildu no tiene nada que ver con esas pintadas [sobre Patxi Ruiz]. Lo que pasa es que tanto los que hacen las pintadas como los que nos interpelan en torno a ellas tienen un único objetivo, que es debilitar a EH Bildu”.

Otegi considera “superlativizado” el debate porque “si una pintada es un ataque, ¿qué es lo que será lo de Minneapolis?” –en referencia a los sucesos en torno al asesinato de George Floyd–. Pero en Euskadi Irratia lanzó varias preguntas al aire. “¿Alguien piensa que a EH Bildu le parecen bien esas cosas? No. ¿Alguien piensa que nosotros estamos detrás de eso? No. ¿Alguien piensa que a mí me parece bien que llamen 'asesina' a Idoia Mendia? No. ¿Alguien piensa que la izquierda abertzale ha sido capaz de sacar la violencia de la ecuación política para hacer unas pintadas? No”.

Sin embargo, PNV, PSE-EE, Podemos y también el PP exigen a Sortu y EH Bildu una “condena” meridiana de los hechos. La coalición y su partido principal han reiterado que los “rechaza” y que no forman parte de su estrategia, pero sigue sin avenirse a la palabra que le demandan el resto de fuerzas políticas. Otra de las patas de EH Bildu, EA, sí envió un comunicado con la palabra “condena”. Hay voces internas que no comprenden que Sortu no aproveche la ocasión para desmarcarse claramente de unos sabotajes de los que no es responsable y que responden a una estrategia en su contra, según sus propios análisis. Entienden estas fuentes que, si esta situación se mantiene en las próximas semanas –y con el 12 de julio cada vez más cerca–, la imagen de izquierda transversal y alternativa al PNV que ha querido trabajar EH Bildu, incluso con pactos en Madrid como el de la reforma laboral, podría salir perjudicada.

Sopa de siglas en la izquierda abertzale

Sortu. Es el partido político que representa a la izquierda abertzale oficial y que hereda las estructuras de marcas ilegalizadas como Herri Batasuna, Euskal Herritarrok o Batasuna (también se emplearon las marcas EHAK, HZ y D3M e incluso se rescató la histórica ANV). Su organización juvenil se denomina ahora Ernai.

EH Bildu. Es la coalición soberanista y de izquierdas integrada por Sortu, su partido principal, EA, Alternatiba e independientes. Es la segunda fuerza política en el Parlamento Vasco y sus escaños han sido decisivos tanto en la gobernabilidad de Navarra como en la de España.

EA. Fundado en 1986 como escisión del PNV por el primer lehendakari de la democracia, Carlos Garaikoetxea, es una formación socialdemócrata. En estos meses, tras la dimisión en 2019 de su líder, Pello Urizar, vive su particular crisis interna entre el sector oficial –encabezado por su secretaria general, Eva Blanco, en funciones porque su nombramiento fue suspendido cautelarmente por la Justicia– y el sector crítico agrupado en torno a la figura del fundador, que desea que las históricas siglas no se diluyan dentro de la izquierda abertzale. Esta semana se celebra el segundo juicio para dirimir esta pugna entre sectores.

Alternatiba. El partido liderado por el diputado Oskar Matute es una escisión de la antigua marca de IU en Euskadi, Ezker Batua, que acabó en un proyecto personalista del que fuera consejero de Juan José Ibarretxe Javier Madrazo. En los últimos meses está ganando en peso político e incluso en afiliación.

Aralar. El histórico dirigente navarro Patxi Zabaleta fundó una corriente crítica dentro de la izquierda abertzale y llegó a condenar crímenes como el de Miguel Ángel Blanco o el de Tomás Caballero. La corriente se hizo partido y fue ganando peso en Navarra dentro de coaliciones y también con hasta cuatro escaños en el Parlamento Vasco. Bildu se reconvirtió en Amaiur y luego en EH Bildu precisamente por la incorporación de Aralar a Sortu, EA y Alternatiba. El sector encabezado por la portavoz, Aintzane Ezenarro, se aproximó al PNV y ella es ahora responsable del Instituto de la Memoria (Gogora) dentro del organigrama de Iñigo Urkullu. En 2017, ya con Zabaleta retirado y Rebeka Ubera al frente, Aralar se disolvió dentro de EH Bildu.

ATA. Siglas con resonancia a las de ETA y que sustituyen la 'E' de Euskadi por la 'A' de amnistía. Agrupan a la disidencia crítica con la política institucional de la izquierda abertzale y que desea mantener la violencia. La disidencia pretendió rescatar también las históricas siglas HB, aunque ahora como Herritar Batasuna en vez de Herri Batasuna.

EPPK. En euskera, sus siglas significan Colectivo de Presos Políticos Vascos. Es la estructura que agrupa a los presos de la extinta ETA y dispone de servicios jurídicos propios e interlocución directa con Sortu. Existen otras organizaciones de familiares de los reclusos (Etxerat) o de apoyo a sus derechos (como Sare).

GKS. La Coordinadora Socialista Juvenil es una estructura nueva, de ultraizquierda, con marchamo anticapitalista y que reivindica la trayectoria del MLNV frente a Sortu y EH Bildu. Tiene penetración en la Universidad y está ganado peso en redes sociales. Han surgido plataformas similares como Jarki y siente “afinidad total” con Ikasle Abertzaleak, sindicato estudiantil con larga trayectoria en institutos y facultades.