El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado hoy la cesión a favor de la Universidad de Salamanca de una parcela en Huerta Otea para la construcción de la nueva Facultad de Veterinaria.

Se trata de una parcela de 15.737 metros cuadrados entre las calles Manuel Ramos Andrados, John Dalton, Eugenio de Castro y José de Lamano Beneite, donde ahora hay un aparcamiento gratuito en superficie con 139 plazas, con alta demanda de uso por parte de personas que trabajan tanto en el campus universitario Miguel de Unamuno como en el Hospital Universitario de Salamanca.

El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Universidad establece el mantenimiento de este párking público, a las que se sumarán otras 190 de aparcamiento privado, o las que resulten de la superficie realmente construida.

La cesión de esta parcela se suma a otras dos cedidas por el Ayuntamiento en el año 2019 en La Platina a la Universidad de Salamanca para la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la nueva sede del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA), ambas en construcción.

En esta misma zona, cercana al Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG), ya está en funcionamiento la Incubadora de Empresas Biotecnológicas de Salamanca (Abioinnova), construida por el Ayuntamiento.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha presentado una moción para debatir en el próximo Pleno con el objetivo de promover una modificación urgente del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que regule las viviendas de uso turístico en la ciudad. La iniciativa llega tras las recientes sentencias judiciales que obligan al Ayuntamiento a reabrir varios pisos turísticos.

Según el portavoz socialista, José Luis Mateos, las resoluciones judiciales ponen de manifiesto la necesidad de actualizar el marco normativo. Mateos ha defendido que la Justicia ha determinado que el Ayuntamiento aplicó una interpretación retroactiva del PGOU de 2007 “sin respaldo normativo”, lo que ha derivado en una situación de inseguridad jurídica.

El grupo socialista plantea que la modificación del Plan General permita definir con claridad los usos residenciales y turísticos, establecer límites por zonas, regular la densidad de viviendas turísticas y ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a los vecinos como a los propietarios.

El socialista ha indicado que “lo más grave es que pisos turísticos que deberían haber sido ilegales pueden acabar siendo legales por culpa de la inacción del PP”. Asimismo, ha recordado también que el Plan General “ya establece que no puede situarse ningún uso no residencial en la misma planta o superiores a las ocupadas por viviendas, pero el equipo de gobierno no ha aplicado esta norma y ahora cambia su criterio”.

Mateos ha señalado que una actualización del PGOU “habría evitado la actual falta de claridad y las resoluciones judiciales adversas”, y ha recordado que el alcalde, Carlos García Carbayo, fue concejal de Urbanismo cuando el problema comenzó a surgir.

Por su parte, el concejal Álvaro Antolín ha recordado que el PSOE lleva desde 2017 solicitando una regulación más estricta. El edil ha señalado que la propia ordenanza municipal desveló que “más del 40%” de las viviendas turísticas de Salamanca funcionaban al margen de la normativa, “con más de 200 pisos irregulares y sin sanciones”, una cifra que “evidencia la falta de gestión y la pasividad del Ayuntamiento”.

Los socialistas se ha preguntado “por qué no quiere el PP modificar el Plan General” y si “su negativa tiene que ver con que una revisión del PGOU podría paralizar nuevas licencias”. Asimismo, han considerado que la revisión del PGOU es una cuestión de modelo urbano y no solo urbanística, y pide una actuación “estructural” que garantice el equilibrio entre la actividad turística, el derecho a la vivienda y la convivencia vecinal.

Antolín también se ha referido a la situación que van a sufrir muchos residentes: “cientos de salmantinos van a tener que convivir con pisos turísticos que, de haberse aplicado correctamente las normas, no deberían existir.

El PSOE ha reclamado una actuación estructural y no cosmética. “El debate no es solo urbanístico, sino de modelo de ciudad. Modificar el PGOU es poner orden en la ciudad, proteger el derecho a la vivienda, garantizar la convivencia y evitar que los tribunales sigan desautorizando al Ayuntamiento”.

El comité de empresa del servicio de limpieza de Salamanca, gestionado por la empresa FCC, ha comunicado este miércoles la posibilidad de convocar una huelga de basuras durante las próximas Ferias y Fiestas, del 7 al 15 de septiembre, ha informado este miércoles.

El comité de empresa considera que la situación laboral es insostenible después de años de negociaciones e incumplimientos por parte de la dirección y recuerda, en este sentido, que durante los años de crisis en 2012 los trabajadores vieron recortadas sus condiciones sociales y económicas bajo el compromiso de que, una vez superara la crisis, se recuperarían los salarios y derechos laborales perdidos.

Una vez recuperada la economía, el comité alega que la empresa no asumió el retorno a las condiciones laborales previas y recuerda que durante la pandemia del coronavirus fueron los propios trabajadores quienes asumieron de forma responsable el reto de trabajar en unas condiciones delicadas para su seguridad y la de sus familias.

En esta situación, describe que la negociación del nuevo convenio se ha alargado con la pretensión por parte de la dirección de aplicar nuevos recortes en los derechos laborales, sociales y retributivos.

El Ayuntamiento de Salamanca apelará la absolución del delito de estafa para el exasesor municipal externo José María Fuentes, quien impulsó el proyecto fantasma que pretendía convertir a la ciudad en una “pequeña Dubái”.

“La valoración que hacemos en principio es positiva respecto a la condena por falsedad documental y, respecto del resto del fallo, la propuesta de la asesoría jurídica es apelar respecto al otro apartado que es la condena por estafa”, ha dicho hoy el alcalde, Carlos García Carbayo, a preguntas de los periodistas. Y ha añadido: “En cuanto tengamos la propuesta formal de la asesoría jurídica, dictaremos una resolución en tal sentido”.

La Audiencia de Salamanca condenó este lunes a dos años de cárcel a Fuentes por un delito continuado de falsedad en documento oficial al concurrir al concurso público de asesor con un título falso de Licenciado en Economía de la Universidad de Salamanca.

Además le impuso una multa de 12 euros al día durante ocho meses (más de 2.800 euros) por este delito, pero le absolvió de otro de estafa que también le atribuía el Ministerio Fiscal y la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Salamanca.

En la sentencia, la Audiencia rechaza la acusación de estafa ya que considera que el exasesor no buscaba directamente un desplazamiento patrimonial concreto a cambio de ninguna contraprestación, es decir, a cambio de nada, como exige todo delito de estafa.

Lo que buscaba y consiguió fue la obtención de una plaza pública en el Ayuntamiento de Salamanca que logró y que durante el tiempo que estuvo contratado realizó una serie de trabajos y servicios de intermediación para los que se le contrató.

La Fiscalía pedía 4 años

Respecto al delito continuado de falsedad documental por el que ha sido condenado a dos años de cárcel, la Audiencia recuerda que se corresponde prácticamente con la extensión media de la pena prevista por la ley, que va de 6 meses a 3 años de prisión y 6 a 12 meses de multa, por lo que considera que es “proporcional” a los hechos enjuiciados.

La Fiscalía pedía 4 años de prisión, una multa de 22 euros al día durante 11 meses y una indemnización de 135.090 euros para el Ayuntamiento, que era parte denunciante en el juicio.

Este proyecto, finalmente fantasma, era un plan de urbanismo que quería transformar esta ciudad Patrimonio de la Humanidad con unos 15.000 millones de euros de inversores de Emiratos Árabes Unidos y otros socios por concretar.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a dos años de prisión a José Luis Fuentes, el exasesor externo del Ayuntamiento de Salamanca que promovió el congreso de Peace City World, por falsificar documentos oficiales con el objetivo de acceder a un puesto público. La sentencia lo absuelve, sin embargo, de un segundo delito de estafa del que también estaba acusado.

Además de asesor de la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca (S.A.U.), José María Fuentes era la cara visible de la empresa Peace City World, una sociedad inactiva y sin capital desembolsado —como publicó elDiario.es— que promovía una supuesta inversión de 15.000 millones de euros en la ciudad planeando nuevos barrios, un teleférico, un planetario y un tranvía. El asesor municipal actuó como enlace de la empresa ante el Ayuntamiento de Salamanca para realizar el evento.

Según se detalla en la sentencia, Fuentes falsificó un recibo de pago de tasas universitarias y un certificado académico, simulando que había obtenido la licenciatura en Economía por la Universidad de Salamanca. Estos documentos fueron presentados como parte de su currículum para acceder a un proceso de licitación convocado por el Ayuntamiento de Salamanca en 2020. Posteriormente, y tras la compulsa de los documentos por parte de la Sociedad Municipal, fue contratado como asesor externo en proyectos estratégicos y de internacionalización. El ahora condenado durante el juicio negó conocer “cómo ha llegado” el título universitario falso al expediente.

La denuncia partió tanto del Ayuntamiento de Salamanca como de la propia Sociedad de Turismo, y fue motivada por informaciones aparecidas en la prensa que señalaban que el asesor no estaba titulado. La Universidad de Salamanca también colaboró con la investigación y comunicó los hechos a la Fiscalía.

Dos años de prisión y multa

Por el delito continuado de falsedad documental, previsto y penado en el art. 392-1, en relación con el art 390-1.1,2 y 3 CP, la Audiencia impone a Fuentes dos años de prisión, además de una multa de ocho meses con cuota diaria de 12 euros e inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de condena. También deberá pagar la mitad de las costas procesales y el pago de oficio del resto de costas procesales.

En cuanto a la responsabilidad civil, el tribunal no impone directamente la devolución de los 135.090 euros cobrados en salarios, dejando la puerta abierta a que el Ayuntamiento y la sociedad municipal acudan a la vía contencioso-administrativa o civil para dirimir si procede una devolución parcial o total del dinero abonado.

Fuentes realizó los documentos falsos

El tribunal considera acreditado que Fuente realizó “ex novo” los documentos falsos, que incluían firmas falsas de autoridades académicas. En ellos se hacía constar que había finalizado asignaturas que en realidad no había superado, y que había solicitado la expedición de su título universitario en 1997.

Durante su tiempo como asesor, entre julio de 2020 y diciembre de 2022, Fuentes percibió un salario de 47.400 euros anuales, sumando un total de 135.090 euros. Tanto el Ayuntamiento como la sociedad municipal reclamaban esta cantidad como indemnización, al considerar que se basaba en una contratación fraudulenta.

No queda demostrado si habría sido contratado sin titulación

No obstante, la Sala descarta que se haya cometido un delito de estafa. A juicio del tribunal, no se ha demostrado que sin la documentación falsa no se le hubiera contratado, ni que el contrato fuese una simulación destinada a obtener un salario sin trabajar. “No consta que el engaño fue bastante, ni, sobre todo, no consta que se haya producido un desplazamiento patrimonial a cambio de nada, sino a cambio de unos servicios cuya realidad sí que consta probada en autos”, según defiende la sentencia.

Para el tribunal el condenado sí que realizó labores de asesor durante los casi tres años en los que estuvo vinculado con la entidad municipal. Además, apunta que el procedimiento de contratación no exigía de forma concluyente la titulación universitaria como requisito excluyente, por lo que no puede afirmarse que el engaño fuera determinante y “bastante”, en términos penales, para configurar un delito de estafa.

Delito de falsedad documental

La justificación dada para condenar por falsedad documental y no por falsedad de certificados, como pedía la defensa, es que los documentos realizados por el asesor tenían una trascendencia es “evidente” ya que sirvieron como documentos oficiales. Además, el fallo apunta que es un delito continuado, al haber falsificado dos documentos distintos con el mismo propósito y en un intervalo de tiempo reducido. Asimismo, la sentencia establece que no es necesario que el acusado realizara personalmente las falsificaciones, sino que basta con que tuviera dominio funcional sobre ellas y se beneficiara directamente.

Contra la sentencia cabe recurso de apelación que se podrá interponer en un plazo máximo de diez días ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El fallo también recoge que para determinar si no se ha cumplido correctamente el contrato o si los salarios fueron o no indebidamente cobrados por Fuentes, las partes tendrán que ir a un proceso civil, social o contencioso-administrativo según la naturaleza del contrato. Esto abriría un nuevo juicio para reclamar la devolución de los casi 135.000 euros.

Una 'nueva Dubai' en Salamanca con 15.000 millones de inversión que nunca se materializó

El caso del exasesor supuso el fin de la 'nueva Dubai' y levantó una crisis entre el equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos y que el alcalde, Carlos García-Carbayo (PP), pasase de ser defensor del proyecto del 'Peace City World' a mostrarse radicalmente en contra con la vista puesta en las elecciones municipales, que ganó con mayoría absoluta al desaparecer Ciudadanos del consistorio.

El amago de crear una 'nueva Dubái’ en tierra charra venía de la mano de una empresa con supuesto capital de origen árabe. Estos promotores celebraron un congreso para presentar un proyecto de inversión de entre 10.000 a 15.000 millones para dar a Salamanca una segunda ‘edad de oro’. 

Este plan surrealista de supuestos ‘jeques’ —que presentó un modelo con nuevos barrios, teleférico, planetario o 30 paradas de tranvía— se desmontó gracias a la información que se fue conociendo gracias a los medios de comunicación y que acabó precipitándose cuando se descubrió la falsificación del título académico.

El alcalde de Salamanca pasó de señalar la “ilusión” del proyecto cuando se celebró el congreso a pedir que se concretara y “hablar de realizaciones”. Tras saltar el caso, y tras informaciones de elDiario.es sobre que la empresa que había detrás se localizaba en una dirección de Londres donde han figurado otras empresas que han aparecido en investigaciones mundiales sobre sociedades offshore, además de no contar con ningún capital desembolsado pese a fundarse en 2019, comenzaron las dudas en el alcalde Carbayo, que acabó de desmarcarse cargando contra el exasesor y el exconcejal que promovieron el congreso.

Tras conocerse el caso, hubo empresas que se desvincularon de Peace City World pese a que aparecían en su web, como es el caso del grupo constructor y de servicios FCC, que negaba conocer el proyecto y a sus promotores y que requirieron a Peace City World que quitasen su imagen y que expliquen las razones de su colocación.

La otra organización española que aparecía era la Fundación Metrópoli, con sede en Alcobendas (Madrid) y fundada por el arquitecto y urbanista Alfonso Vegara. Su nombre fue deslizado por los promotores del ‘Dubái salmantino' como quien se encargaría de realizar el desarrollo urbanístico. El arquitecto Alfonso Vegara y Fundación Metrópoli aparecían como asesor y socios de desarrollo dentro de la web de Peace City World. Desde la Fundación Metrópoli aseguraron entonces que “debe de haber algún malentendido porque, aunque Alfonso Vegara aparezca en esa página web como asesor, en realidad no está involucrado en ese proyecto”. Asimismo, la compañía también figuraba como socio de desarrollo, algo que también desmintieron.

El Ayuntamiento de Salamanca se vio obligado a crear una comisión de investigación sobre el escándalo, aunque el PP y Ciudadanos le dieron rápido carpetazo mientras la oposición les acusaba de haberla entorpecido y de haberla cerrado “en falso”. Apenas duró tres sesiones sin aclarar prácticamente nada.

Dos años después de la celebración del congreso de ‘Peace City World’ en Salamanca se ha iniciado el juicio contra el exasesor del Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Fuentes, por un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial —en concurso medial— y por otro delito de estafa, tipificados en los artículos 390 y 392 (falsedad documental); y 248, 249 y 250 (estafa) del Código Penal. El exasesor, que se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de la acusación y de la Fiscalía, ha negado haber falsificado la titulación universitaria que le sirvió para acceder a la contratación como asesor del consistorio entre 2020 y 2023.

A preguntas del presidente del tribunal, Fuentes ha asegurado que no sabía “cómo ha llegado” el título académico de licenciado en Económicas a la documentación presentada al concurso público. El juicio queda visto para sentencia.

José María Fuentes era la cara visible de la empresa Peace City World, una sociedad inactiva y sin capital desembolsado —como publicó elDiario.es— que promovía una supuesta inversión de 15.000 millones de euros en la ciudad planeando nuevos barrios, un teleférico, un planetario y un tranvía. El asesor municipal, que cobraba 57.354 euros anuales según su contrato, actuó como enlace de la empresa ante el Ayuntamiento de Salamanca.

Fuentes ha afirmado que “falta mucha documentación” entre la aportada por la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Salamanca, y no ha concretado sobre la falsificación de las notas en el juicio. El investigado ha cargado contra el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo —citado como testigo—, a quien ha acusado de “mentir” sobre la repercusión de su trabajo.

“Cero inversiones”

El regidor, en su declaración ante la sala como testigo, ha indicado que el trabajo del asesor durante los tres años que duró el contrato fue de “cero inversiones”. García Carbayo ha negado conocer los detalles del trabajo de Fuentes.

En respuesta a las preguntas a su defensa, Fuentes ha señalado que fruto de su trabajo se han conseguido solo con el congreso de Peace City World entre “uno y dos millones de euros, según los cálculos de Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca” de retorno, además del “hermanamiento” con la ciudad china de Heféi, conseguir la candidatura de la Salamanca a capital de las artes escénicas, entre otros logros.

El exasesor ha explicado que su trabajo se dedicó los primeros meses a realizar un estudio con las líneas maestras para que las concejalías luego las siguieran y, además, ha apuntado que “a día de hoy” se siguen utilizando por parte del Ayuntamiento.

Fuentes ha reprochado a García Carbayo sus declaraciones poniendo en duda su trabajo. “Si alguien ha perjudicado a la ciudad es el alcalde con su actitud”, ha aseverado durante el turno de última palabra.

El exconcejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Salamanca, Juan José Sánchez Alonso, citado como testigo, ha precisado que Fuentes sí realizó un “diagnóstico de la ciudad” para ver en qué áreas mejorar, pero “no estuvo en los proyectos”. Sobre la llegada o no del retorno de inversiones, el exedil ha indicado que en el presente no han llegado y el futuro no lo sabe.

La destitución de Fuentes se propició tras saltar a la prensa el congreso celebrado en Salamanca y las propuestas de hacer una 'nueva Dubái'. Fue entonces cuando el medio Salamanca24horas publicó la supuesta falsificación del título de Económicas que se adjuntó para acceder al contrato público.

Asignaturas que “no coincidían” con el plan de estudios

En el juicio ha declarado el que fuera rector de la Universidad de Salamanca en 2023, Ricardo Rivero, quien ha indicado que Fuentes no tenía la Licenciatura en Económicas que había presentado como mérito en su currículum para el proceso de contratación. Según el testimonio de Rivero, se enteró de este hecho por los medios y dio parte de las supuestas irregularidades a la Fiscalía.

El exrector de la Usal ha indicado que tras revisar la documentación del alumno José Luis Fuentes se dieron cuenta de que había asignaturas aprobadas que “no coincidían” con las que se impartían en ese momento.

La defensa asegura que el pliego no exige una titulación universitaria

Sobre la documentación presentada, la defensa ha planteado si la titulación universitaria era necesaria para acceder a la licitación y han criticado que en el pliego, en el caso de las empresas, no sea una cuestión necesaria. Para el abogado defensor, Fuentes presentó como documentos acreditativos su experiencia como consultor internacional, una cuestión suficiente para cumplir con la solvencia técnica que se solicitaba.

Una firma del decano falsificada

A este respecto, la fiscal ha apuntado que si no fuera necesario, Fuentes no habría tenido que presentarlo. De la declaración de los testigos, según ha resumido la representante del Ministerio Fiscal, se deduce que el acusado aportó un certificado académico falso, sin sello de la universidad y con notas cambiadas.

También aparece la firma del decano de la Facultad de Economía, Jesús Galende, falsificada, esto último certificado por el propio decano en su declaración como testigo. “No reconozco esta firma como mía, es un garabato que no se parece en nada”.

Estos documentos, según la fiscal, fueron presentados por Fuentes al Ayuntamiento en el proceso y que nadie se percató de que no fueran legítimos.

La acusación pide que se incrementen las penas

A la hora de trasladar a petición de penas al tribunal, la acusación particular -conformada además del Ayuntamiento, por la Universidad de Salamanca y la Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica, ha solicitado un aumento de la pena inicialmente propuesta, que era de un año y dos meses por cada delito, a dos años y seis meses por el delito de falsedad documental y tres años por el de estafa.

ha solicitado un aumento de la pena inicialmente propuesta

El Ministerio Fiscal se ha mantenido en su petición inicial de un total de cuatro años de prisión además de una multa de 22 euros diarios durante un periodo de once meses. Según la fiscal del caso, Fuentes falsificó los documentos que le permitieron obtener la licitación. Además, también reclaman casi 140.000 euros como responsabilidad civil por el sueldo que no debió haber recibido en los tres años que fue asesor. Por su parte, la defensa ha reclamado la absolución de Jose Luis Fuentes.

El exconcejal “no recuerda” si avisó a su “amigo” de la licitación

El exconcejal de Turismo, Fernando Castaño, cesado tras el congreso de Peace City World, ha negado recordar de si avisó a Fuentes —de quien ha reconocido ser amigo— sobre la convocatoria a la que finalmente accedió. “No recuerdo”, ha señalado en su declaración como testigo.

Castaño ha concretado que no participó en los pliegos ni en las decisiones tomadas, únicamente en la decisión de que se necesita un asesoramiento. El exedil también ha indicado que desconocía si Fuentes poseía la Licenciatura en Económicas.

El exconcejal ha apuntado que los pliegos no recogen de forma específica que haya que presentar una titulación universitaria, ya que “para poder exigirlo hay que especificar muy bien por qué”.

Sobre la decisión de despedir a Fuentes, Castaño ha referido a ese momento que se tomó la decisión a raíz de conocerse la información en la prensa y que en no se acordó tomar acciones legales, algo que sí que haría finalmente el Ayuntamiento con el registro de la denuncia por parte del alcalde.

Más de dos años después de la celebración del congreso de ‘Peace City World’ en Salamanca, que quería convertir la ciudad en una 'nueva Dubai', nada se ha materializado y nada ha cambiado. De ese gran proyecto estaba encargado el asesor del Ayuntamiento de Salamanca José María Fuentes, quien fue cesado cuando la fastuosidad de las propuestas presentadas saltaron a los medios por extravagantes y se expuso que falsificó un título universitario de Licenciatura en Economía.

José María Fuentes era la cara visible de la empresa Peace City World, una sociedad inactiva y sin capital desembolsado —como publicó elDiario.es— que promovía una supuesta inversión de 15.000 millones de euros en la ciudad planeando nuevos barrios, un teleférico, un planetario y un tranvía. El asesor municipal, que cobraba 57.354 euros anuales según su contrato, actuó de enlace con la empresa ante el Ayuntamiento de Salamanca.

El cese de Fuentes —también el de su principal valedor y amigo, el entonces concejal de Turismo por Ciudadanos, Fernando Castaño— se produjo como consecuencia de haber presentado un título universitario falsificado, como adelantó Salamanca24horas. Este miércoles arranca el juicio oral en la Audiencia Provincial de Salamanca por un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial —en concurso medial— y por otro delito de estafa, tipificados en los artículos 390, 392, 248, 249 y 250 del Código Penal.

El Ayuntamiento pide dos años de cárcel

La Fiscalía pide para él dos años por cada delito, mientras que la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, que pertenece al Ayuntamiento, solicita un año y dos meses por cada uno. Además, Fiscalía y acusación particular reclaman una multa, afrontar las costas procesales y una cuantía de casi 140.000 euros como responsabilidad civil por el sueldo que no debió haber percibido durante tres años.

Dentro del Pliego de Cláusulas Administrativas, al que elDiario.es ha tenido acceso, se recogía la necesidad de presentar “los títulos académicos y profesionales del empresario individual o empresario jurídico y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato y técnicos encargados directamente de la misma”.

Según la Fiscalía Provincial de Salamanca, el investigado habría creado supuestamente desde cero varios documentos oficiales con el objetivo de simular estar en posesión del título de Licenciado en Economía por la Universidad de Salamanca. Entre los documentos falsificados se incluyen un supuesto recibo de pago de tasas universitarias, fechado en 1997 y con la firma falsificada de una secretaria de facultad, así como un certificado académico manipulado con asignaturas y calificaciones que no había superado.

La acusación sostiene que ambos documentos fueron manipulados y señala que el investigado cambió las calificaciones originales, que incluían “67 asignaturas suspendidas y 191 con la anotación 'no presentado'”, por un listado en el que todas aparecían como aprobadas.

Estos documentos, según señala el escrito de la acusación pública, fueron presentados ante la entidad pública en junio de 2020, como requisito para formalizar su contratación. Fueron compulsados por una directora gerente de la Sociedad de Turismo, quien estampó el sello institucional sobre las fotocopias que afirmaban ser reflejo de los originales, lo que permitió que el acusado iniciara su relación laboral con la entidad pública.

El contrato, adjudicado tras un proceso de licitación pública, se formalizó para el puesto de “asesor externo, especializado en proyectos estratégicos y contacto con posibles inversores para internacionalización”. El acusado ejerció sus funciones desde el 20 de julio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022, percibiendo un total de 135.090 euros en concepto de nóminas, cantidad que ahora se reclama como responsabilidad civil.

Devolución íntegra de los 135.090 euros cobrados

La Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca acusa a Fuentes de falsificar su expediente académico y un justificante de tasas universitarias para acceder de forma fraudulenta a un contrato público como asesor externo. La sociedad, de capital 100% municipal, reclama la devolución íntegra de los 135.090 euros cobrados y pide dos condenas de prisión por falsedad y estafa.

Para la acusación, Fuentes “no pudo obtener el título universitario de Licenciado en Economía”, por lo que el acusado construyó “una ficción documental” para hacerse con el contrato, según refleja asegura el escrito de acusación al que ha tenido acceso elDiario.es. Gracias a estos documentos, el exasesor firmó un contrato de tres años (de 2020 a 2022), por un valor de 47.400 euros anuales, IVA no incluido.

La denuncia partió tanto del Ayuntamiento de Salamanca como de la propia Sociedad de Turismo, y fue motivada por informaciones aparecidas en la prensa que señalaban que el asesor no estaba titulado. La Universidad de Salamanca también colaboró con la investigación y comunicó los hechos a la Fiscalía.

La acusación subraya que el delito no es menor, ya que “la falsedad tuvo una enorme trascendencia en el tráfico jurídico” al permitir una contratación pública basada en documentos no verídicos. Además, la Fiscalía ha solicitado la formación de una pieza separada para investigar el patrimonio del acusado y garantizar el posible pago de las responsabilidades económicas, mediante la exigencia de la fianza de 135.090 euros.

Un sueño efímero de hacer en Salamanca una 'nueva Dubai'

El caso del exasesor supuso el fin de la 'nueva Dubai' y levantó una crisis entre el equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos y que el alcalde, Carlos García-Carbayo (PP), pasase de ser defensor del proyecto del 'Peace City World' a mostrarse radicalmente en contra con la vista puesta en las elecciones municipales, que ganó con mayoría absoluta al desaparecer Ciudadanos del consistorio.

El amago de crear una 'nueva Dubái’ en tierra charra venía de la mano de una empresa con supuesto capital de origen árabe. Estos promotores celebraron un congreso para presentar un proyecto de inversión de entre 10.000 a 15.000 millones para dar a Salamanca una segunda ‘edad de oro’. 

Este plan surrealista de supuestos ‘jeques’ —que presentó un modelo con nuevos barrios, teleférico, planetario o 30 paradas de tranvía— se desmontó gracias a la información que se fue conociendo gracias a los medios de comunicación y que acabó precipitándose cuando se descubrió la falsificación del título académico.

El alcalde de Salamanca pasó de señalar la “ilusión” del proyecto cuando se celebró el congreso a pedir que se concretara y “hablar de realizaciones”. Tras saltar el caso, y tras informaciones de elDiario.es sobre que la empresa que había detrás se localizaba en una dirección de Londres donde han figurado otras empresas que han aparecido en investigaciones mundiales sobre sociedades offshore, además de no contar con ningún capital desembolsado pese a fundarse en 2019, comenzaron las dudas en el alcalde Carbayo, que acabó de desmarcarse cargando contra el exasesor y el exconcejal que promovieron el congreso.

Tras conocerse el caso, hubo empresas que se desvincularon de Peace City World pese a que aparecían en su web, como es el caso del grupo constructor y de servicios FCC, que negaba conocer el proyecto y a sus promotores y que requirieron a Peace City World que quitasen su imagen y que expliquen las razones de su colocación.

La otra organización española que aparecía era la Fundación Metrópoli, con sede en Alcobendas (Madrid) y fundada por el arquitecto y urbanista Alfonso Vegara. Su nombre fue deslizado por los promotores del ‘Dubái salmantino' como quien se encargaría de realizar el desarrollo urbanístico. El arquitecto Alfonso Vegara y Fundación Metrópoli aparecían como asesor y socios de desarrollo dentro de la web de Peace City World. Desde la Fundación Metrópoli aseguraron entonces que “debe de haber algún malentendido porque, aunque Alfonso Vegara aparezca en esa página web como asesor, en realidad no está involucrado en ese proyecto”. Asimismo, la compañía también figuraba como socio de desarrollo, algo que también desmintieron.

El Ayuntamiento de Salamanca se vio obligado a crear una comisión de investigación sobre el escándalo, aunque el PP y Ciudadanos le dieron rápido carpetazo mientras la oposición les acusaba de haberla entorpecido y de haberla cerrado “en falso”. Apenas duró tres sesiones sin aclarar prácticamente nada.

El Ayuntamiento de Salamanca ha utilizado Inteligencia Artificial para promocionar la fiesta del Lunes de Aguas, fiesta de interés turístico regional, un uso que de manera habitual critican las asociaciones y sindicatos sectoriales.

Según informa el consistorio charro, normalmente este cartel se elabora sin un concurso de ideas y se encarga a algún miembro del equipo de comunicación, como se ha hecho este año y el ejercicio anterior. “Este año se ha apostado por la IA por las posibilidades que ofrece y porque es una tecnología que forma parte del desarrollo tecnológico que se está viviendo en Salamanca, donde aspiramos a ser una referencia nacional”, suscriben desde el Ayuntamiento a preguntas de elDiario.es

La imagen muestra cómo, en lo que debería ser la ribera del río Tormes, un grupo de personas celebra el Lunes de Aguas mientras come algo parecido al hornazo. En la ilustración se pueden ver fallos habituales en las imágenes generadas con IA: en el número de dedos, de extremidades, en la ausencia del río o en el aspecto del hornazo.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Salamanca, Ignacio Rivas, ha tildado la traición y de una consecución de mentiras y manipulaciones su intento de expulsión por parte de dos concejales críticos, ante cuyas críticas por supuestas irregularidades en las cuentas del grupo municipal ha defendido que son “inmaculadas”.

Rivas, tras dos semanas de silencio desde que estallara la crisis en el seno de su grupo parlamentario, ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación para defenderse y señalar que todo lo expresado por sus excompañeros Alejandro Miguel Pérez de la Sota y María de los Ángeles Carpio se trata de un acto de “mentiras, manipulaciones y egocentrismo”.

La tensión del partido en el Consistorio salmantino comenzó hace dos semanas cuando los citados concejales expulsaron al portavoz, Ignacio Javier Rivas, alegando un “uso indebido” de los fondos de la asignación municipal del grupo.

Acción que la dirección de Vox en Salamanca denunció como un “secuestro” del grupo municipal en el Ayuntamiento, a los que no reconoció como sus representantes y de los que recordó que no son afiliados y que se culminó el pasado lunes cuando una resolución emitida por la Secretaría del Ayuntamiento y firmada por el alcalde, Carlos García Carbayo (PP), que disolvió el grupo municipal de Vox, de manera que Rivas pasó al Grupo Mixto en representación de ese partido y Pérez de la Sota y Carpio pasaron a ser concejales no adscritos.

Una vez presentada esta resolución, Ignacio Rivas ha decido dar sus explicaciones, narrando su completo desconocimiento del por qué sus ex compañeros tomaron esa decisión y justificando con varios documentos que ha enseñado en su comparecencia que ambos tenían a su disposición las cuentas del grupo, incluso firmándolas electrónicamente, cuentas que ha definido como “inmaculadas” y que ha desgranado para apoyar su alegato.

En este sentido, el portavoz ha expresado que Pérez de la Sota y Carpio han hecho un ejercicio las últimas dos semanas de mentiras y manipulaciones y que espera, como manifestó Alejandro Pérez de la Sota en la rueda de prensa en la que anunciaba la expulsión de Rivas, que deje su acta de concejal al “asumir su responsabilidad de haber roto el grupo municipal”.

Asimismo, les ha reprochado el intentar manchar incluso su trayectoria profesional con un acto que le ha parecido una auténtica traición y ha revelado que está considerando tomar acciones legales contra los mismos. 

Los dos concejales críticos de Vox en el Ayuntamiento de Salamanca han revelado este martes que investigan si ha habido un “uso indebido” de los fondos de la asignación municipal del grupo en el Consistorio, en concreto para la adquisición de muebles.

“Nunca se nos ha informado de las cuentas de la asignación y hemos tenido conocimiento de que puede haber un uso indebido de fondos para actuaciones prohibidas por el reglamento del Ayuntamiento, por tanto la única forma de acceder a las cuentas era a través de la portavocía”, ha explicado en rueda de prensa el concejal Alejandro Miguel Pérez de la Sota, que es el nuevo portavoz tras la expulsión ayer de Ignacio Javier Rivas.

Junto a la otra concejala crítica, María de los Ángeles Carpio, Pérez de la Sota expulsó este lunes del grupo parlamentario al hasta ahora portavoz Ignacio Javier Rivas, afín a la dirección provincial, con la que ellos son críticos.

“Respetamos personalmente a Ignacio Rivas, pero no son sospechas o suposiciones, son algo más. Cuando tengamos acceso a todo, les volveremos a convocar y hay dos opciones: o ponemos encima de la mesa pruebas de ese uso indebido o les presento mi acta de concejal”, ha indicado Pérez de la Sota.

El abogado ha insistido en que no habla de delito sino de “indicios racionales de una infracción que va contra el reglamento” y ha subrayado que no creen que el beneficiario de esas compras sea Rivas, sino el partido provincial o el grupo municipal, aunque ha insistido en que “ha consentido algo en contra del reglamento”.

Temen que Vox les “fulmine” 

Los dos concejales críticos se han comprometido a que, si se ha usado indebidamente ese dinero de la asignación del grupo municipal, “ese dinero vuelva a las arcas municipales”, aunque han admitido la posibilidad de que en las próximas horas no puedan ejercer esa función porque les “fulmine” la dirección de Vox.

La dirección de Vox en Salamanca denunció este lunes como un “secuestro” del grupo municipal en el Ayuntamiento el movimiento de estos dos concejales, a los que no reconoce como sus representantes y de los que recuerda que no son afiliados, porque entraron como independientes.

Vox entró en el Ayuntamiento de Salamanca en las municipales de 2023 con tres concejales y Rivas como candidato electoral y portavoz, un grupo que ahora queda en dos miembros: Pérez de la Sota, que será el nuevo portavoz y María de los Ángeles Carpio.

El sector de Vox que se ha plantado contra la dirección nacional y provincial en Salamanca está liderado por el procurador Javier Teira, expulsado recientemente del grupo de Vox en las Cortes junto a Ana Rosa Hernando (Burgos) por sus críticas a la gestión de Santiago Abascal y sus direcciones territoriales.

Vox asegura que no han hecho ningún uso indebido de fondos en el Ayuntamiento de Salamanca

La dirección de Vox en Salamanca ha asegurado que en el partido no han hecho ningún uso indebido de la asignación que recibe el grupo municipal en el Ayuntamiento de la capital, algo que esta mañana sus dos concejales críticos han anunciado que investigan.

“Respecto a la contabilidad del grupo municipal, toda la documentación referida a los gastos realizados está perfectamente justificada y auditada por la Intervención Municipal, no reflejando en el informe resultante ninguna de las falsedades señaladas por los dos concejales”, ha indicado Vox en una nota de prensa.

El partido indica asimismo que el grupo ha devuelto a las arcas municipales más del 40% de la asignación anual que le corresponde, por lo que han tachado las afirmaciones de los concejales críticos como “falsedades”.

Vox ha anunciado en su nota que durante los próximos días Rivas emprenderá acciones legales por difamación, para obligar a los dos concejales a demostrar en sede judicial dichas acusaciones.

“Es mentira para tener acceso a la contabilidad el concejal Alejandro Pérez se tuviera que autoproclamar y usurpar la portavocía, ya que cualquier concejal puede personalmente y en cualquier momento solicitar a la Intervención del Ayuntamiento la información de los gastos del grupo al que pertenece”, señala la nota.

El sector crítico de Vox toma las riendas del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Salamanca. Dos de los tres ediles, en concreto, Alejandro Pérez de la Sota y María de los Ángeles Carpio, han votado y aprobado destituir a su portavoz, Ignacio Rivas, afín a la dirección provincial y nacional, para que Pérez de la Sota ocupe el cargo, según informa Salamanca Hoy

Según relata el citado medio, desde la ejecutiva de la formación de Santiago Abascal señalan que el cambio de portavoz se ha hecho al margen del partido y no tienen claro si la decisión del Grupo Municipal se puede tomar de forma autónoma. El cambio ya ha sido registrado en el Ayuntamiento sobre las 15.00 horas y habrían dado cuenta al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

La dirección provincial tacha de “secuestro” el movimiento

La dirección provincial de Vox ha denunciado como un “secuestro” del grupo municipal en el Ayuntamiento de Salamanca el movimiento de los dos concejales del sector crítico para expulsar al hasta ahora portavoz, Ignacio Javier Rivas.

“La actuación de estos dos concejales, no afiliados al partido y que no representan a Vox, ha sido totalmente al margen del partido, de forma unilateral y personal, contraviniendo el criterio y las indicaciones del mismo, e implica por tanto el secuestro del grupo municipal en el Ayuntamiento y de la voluntad de los votantes”, ha indicado la dirección de Vox en Salamanca en un comunicado.

Vox entró en el Ayuntamiento de Salamanca en las municipales de 2023 con tres concejales y Rivas como candidato electoral y portavoz, un grupo que ahora queda en dos miembros: Pérez de la Sota, que será el nuevo portavoz, según ha confirmado él a EFE, y María de los Ángeles Carpio.

Este cambio se ha decidido en una reunión del grupo municipal en la que han estado los tres concejales y no se le ha pedido a Rivas que entregue su acta, por lo que se espera que pase a ser no adscrito, aunque la dirección ha indicado que lo reconoce como único representante en el Ayuntamiento.

“No se parte Vox en Salamanca por el grupo crítico, sino que el grupo crítico es la consecuencia de las cosas que no se han atendido ni solucionado, por cuestiones que llevan a desacuerdos como nos ha ocurrido en el Ayuntamiento”, ha indicado en declaraciones a EFE Pérez de la Sota, que este martes comparecerá en rueda de prensa para explicar el cambio en el grupo municipal. 

Este movimiento interno en el consistorio salmantino hay que enmarcarlo en las semanas convulsas que lleva Vox. Carpio y Pérez de la Sota pertenecen al 'ala' del procurador de las Cortes de Castilla y León Javier Bernardo Teira Lafuente, que fue expulsado la semana pasada junto a la procuradora burgalesa Ana Rosa Hernando Ruiz tras haber pedido a la dirección nacional que se celebren primarias y “volver a los principios fundacionales y raíces” del partido.

El pasado lunes ambos procuradores iban a ser expulsados del Grupo Parlamentario, cuando el portavoz del mismo, Juan García-Gallardo, presentó la dimisión de todos sus cargos entre críticas a la dirección nacional del partido.

El ahora nuevo portavoz municipal agradecía, a título personal, a García-Gallardo “todo el trabajo que ha estado haciendo” en una rueda de prensa convocada la semana pasada en la que Rivas defendía la cohesión total del grupo de Vox en el Ayuntamiento de Salamanca,

Esa misma semana también se apartó a la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, también crítica con algunas decisiones adoptadas por el partido de Abascal.

Este lunes, el presidente de Vox Santiago Abascal y su secretario general del partido, Ignacio Garriga, han presentado a 12 nuevos portavoces nacionales que han sido designados por la dirección a los que han encomendado la misión de “recorrer toda España pueblo a pueblo y calle a calle para trasladar las soluciones reales que tenemos para los graves problemas que afrontan los españoles”. A juicio de ambos dirigentes con ello quieren demostrar que “Vox es un partido de Gobierno y está preparado para ello”.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha exigido explicaciones al Gobierno municipal del Partido Popular tras el cierre de la Biblioteca Municipal Carmen Martín Gaite, un mes después de su inauguración. Los socialistas han defendido en un comunicado recogido que la apertura de la biblioteca antes de estar totalmente preparada “responde claramente a las ansias del alcalde para lucirse en los medios”.

La apertura de la nueva biblioteca, ubicada en el barrio de Pizarrales, se produjo el pasado 10 de diciembre, pese a que en un inicio se anunció un plazo de construcción de 18 meses que acabó en septiembre, como ha puntualizado el Grupo Socialista. El Ayuntamiento de Salamanca informó este jueves de que los trabajos de equipamiento del salón de actos y ampliación del fondo bibliográfico en la Biblioteca Municipal Carmen Martín Gaite iban a obligar a suspender temporalmente la actividad a partir de este viernes 10 de enero.

“Tres meses de retraso en la puesta en marcha de una biblioteca presupuestada en 3 millones de euros que ahora cierra durante un plazo indeterminado”, han indicado los socialistas, ya que el equipo de Gobierno ha anunciado este cierre para “la recepción de equipamiento y mobiliario restante para equipar el salón de actos, así como la puesta a punto de equipos técnicos y tecnológicos de cara al desarrollo de actividades culturales”.

En este sentido, el portavoz del PSOE en Salamanca, José Luis Mateos, ha sentenciado que, por tanto, “el propio Partido Popular reconoce que la biblioteca no estaba lista cuando se abrió y los vecinos de Salamanca merecen infraestructuras que funcionen desde el primer día, no proyectos a medias por las prisas del alcalde para sacarse la foto”.

“Llevamos meses denunciando que muchos de los proyectos municipales se retrasan, este era uno de esos casos y parece que al Partido Popular le pudieron los nervios y, al final, los perjudicados, como siempre, son los vecinos de Salamanca”, ha afirmado.

Desde el PSOE, además, han indicado que los vecinos han “sufrido” durante este último mes “las deficientes condiciones que ofrecía la nueva biblioteca” y han asegurado que distintos usuarios han expresado quejas “por la falta de calefacción, los problemas de abastecimiento de agua y la ausencia de libros en unas estanterías en buena parte vacías”.

“Algunos vecinos incluso se han ofrecido a donar libros ante el desolador aspecto de la biblioteca”, han asegurado los socialistas. Además, el Grupo Municipal Socialista ha señalado que a la falta de planificación y eficacia se suma “una ausencia total de transparencia”, como ha denunciado la concejala socialista María García.

Asimismo, los socialistas han criticado que el cierre “se ha anunciado por la puerta de atrás”, debido a que el pasado jueves tuvieron la comisión informativa correspondiente y “no fueron informados de nada”. “Esa misma tarde se anunció el cierre a los medios de comunicación, pero la información no ha sido publicada ni en la página web ni en las redes sociales del Ayuntamiento” ha añadido García.

Así, desde el PSOE han añadido que, a los “problemas” de la nueva biblioteca, “se suman las deficiencias que ya denunciaron en septiembre, al defender una propuesta para ampliar los horarios de estas instalaciones, dado que no hay ni una sola biblioteca municipal que abra todos los días del año”.

Para el PSOE, lo sucedido con la biblioteca del barrio de Pizarrales y las carencias de las demás instalaciones evidencian que el “Gobierno municipal está más preocupado por la propaganda que por ofrecer un servicio cultural de calidad a los vecinos”.

Asociaciones de propietarios y dueños particulares de pisos turísticos han impugnado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) la ordenanza del Ayuntamiento de Salamanca que deja fuera de ese mercado a los pisos situados por encima del primero en edificios de uso mixto.

Los propietarios inician así el proceso que llevará a una demanda en la que piden la suspensión cautelar de la aplicación de la ordenanza, aprobada el pasado 7 de noviembre por la mayoría absoluta del PP, así como la no retroactividad de determinadas regulaciones que incorpora, según ha explicado a EFE uno de sus abogados, Alfonso Hernández.

También piden la modificación de algunos de sus artículos, para evitar que queden fuera del mercado turístico los pisos situados por encima del primero en edificios donde hay residencia habitual y turística, que son alrededor de la mitad de los apartamentos turísticos de Salamanca, unas 1.500 plazas, en base a sus estimaciones.

Esta impugnación la presentan la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León (AVATCYL), la Asociación de Empresas Salmantinas de Viviendas y Apartamentos Turísticos (AESVAT) y varios propietarios particulares. 

La ordenanza ya está vigente y su aplicación implica que el Ayuntamiento comience a sancionar a los propietarios de estos pisos que sigan funcionando como vivienda turística y a demandarles el cierre, algo que los dueños quieren evitar con este proceso judicial. 

En el pleno en el que se aprobó esta medida votaron en contra el PSOE, que la ve insuficiente, y Vox, que considera que castiga al pequeño propietario al dejarlo fuera del mercado, una crítica que comparten las asociaciones de propietarios que han impugnado.

El cambio fundamental de esta ordenanza es que la actividad de apartamento turístico o vivienda de uso turístico en la ciudad de Salamanca tendrá la consideración “de uso terciario/clase TH Hotelero”, una categoría que según el Plan General de Ordenación Urbana sólo puede ubicarse en la planta baja o la primera planta en los edificios donde haya residencia habitual y turística.

El PSOE, que denuncia que hay más de 200 pisos turísticos ilegales en la ciudad, defiende que lo primero es que el Gobierno municipal ejerza la clausura y las sanciones por los incumplimientos del Plan General de Ordenación Urbana, un documento que no modifica la ordenanza.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha denunciado que la gestión del Partido Popular al frente de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes está marcada por “un uso ineficiente de los recursos públicos, presupuestos desmesurados y resultados que no cumplen con las expectativas de la ciudadanía”, además de lamentar que su presupuesto “siga aumentando entre falta de transparencia, gestión ineficiente y resultados mediocres”.

“El PP presume de aumentar el presupuesto de la Fundación, pero eso solo sería una buena noticia si lo gestionase en condiciones. En 2025 dispondrá de 1,4 millones de euros más, pero las ayudas para adquisición de material escolar seguirán congeladas y sin incluir a los estudiantes del primer ciclo de Educación Infantil, Bachillerato y Grado Medio”, ha explicado el concejal socialista Fidel Francés en un comunicado emitido por el Grupo Municipal Socialista y recogido por Europa Press.

Estas subvenciones, han recordado los socialistas, nacieron en el curso 2015/2016 a través de una iniciativa del PSOE y han gozado de una “gran aceptación” por parte de las familias.

Sin embargo, consideran que el Gobierno municipal está haciendo que queden “desfasadas”, puesto que no han aumentado en consonancia con la inflación. “El pasado viernes, tan solo un día después de la última reunión del Patronato de la Fundación y de anunciar a bombo y platillo el presupuesto del año que viene, el Gobierno municipal tuvo que transferir 150.000 euros más a la Fundación para compensar un agujero en sus cuentas fruto de la mala planificación”, ha señalado Francés.

“Otro ejemplo de la falta de rigor económico en la gestión de la Fundación y que pretenden ocultar, porque ni siquiera permiten a la oposición acceder a la contabilidad”, ha añadido en el comunicado de los socialistas.

El PSOE ha recordado, además, que estos “problemas presupuestarios se suman a los de años anteriores”. Así, en 2023 el “agujero presupuestario” ascendió a más de 440.000 euros, “pese a que el Ayuntamiento de Salamanca llegó a hacer una aportación extraordinaria de más de 930.000 euros en noviembre del año anterior”.

La concejala socialista María García ha reivindicado que la Fundación “tiene un gran potencial para la cultura, la educación y el talento de Salamanca que se está desperdiciando por una gestión desastrosa”.

El PSOE ha propuesto “aprovechar la situación y cambiar de modelo”, de manera que el Ayuntamiento gestione de manera directa las escuelas. Además, han pedido revisar el programa de retención del talento impulsado por la Fundación, que sigue apostando por la figura del becario y no por el contrato en prácticas.

Los socialistas apuestan por favorecer la participación de las pymes mediante el modelo dual para favorecer una retención real del talento, como han apuntado desde el PSOE.

Respecto a la Escuela Municipal de Música y Danza, los socialistas han resaltado la “incertidumbre” sobre su futuro, dada la “falta de planes” del Gobierno municipal para su “adaptación” a la nueva Ley de enseñanzas artísticas. El PSOE ha reclamado al Partido Popular “que se tome más en serio la responsabilidad que supone administrar el dinero público de los salmantinos” y que implante “de una vez por todas una gestión eficiente en la Fundación”.

El Partido Popular, que gobierna con mayoría en el Ayuntamiento de Salamanca, ha aprobado este jueves una controvertida ordenanza que prohíbe los pisos turísticos por encima de la planta baja o del primero en edificios donde haya residencia habitual y turística, una medida que recurrirá la asociación de propietarios.

En el pleno han votado en contra el PSOE, que la ve insuficiente, y Vox, que considera que castiga al pequeño propietario al dejarlo fuera del mercado, una crítica que también hace la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León (AVATCYL), según ha explicado a EFE uno de sus abogados, Alfonso Hernández.

Esta asociación, ahora abierta a propietarios de toda la Comunidad, se creó como respuesta a la ordenanza planteada por el Ayuntamiento de Salamanca, a quien todas las partes señalan por no haber incorporado las múltiples alegaciones presentadas, más de 80.

El cambio fundamental de esta ordenanza es que la actividad de apartamento turístico o vivienda de uso turístico en el término municipal de Salamanca tendrá la consideración “de uso terciario/clase TH Hotelero”, una categoría que según el Plan General de Ordenación Urbana sólo puede ubicarse en la planta baja o la primera planta en los edificios donde haya residencia habitual y turística.

“Lo primero que vamos a recurrir es que se intenta aplicar con carácter retroactivo y viola el principio de la legalidad. Además, desborda la capacidad del Ayuntamiento para regular”, ha considerado Hernández.

Y ha añadido: “El Ayuntamiento plantea que todo forma parte de un sector terciario, pero no se pueden equiparar estas viviendas de uso turístico a los apartamentos turísticos o a los hoteles o pensiones”.

La AVATCYL critica que el Ayuntamiento quiera “convertir en ilegales todas las viviendas por encima del primero y cerrarlas, porque va a expulsar del mercado a quienes ya tienen este tipo de alquiler”.

“El Ayuntamiento está queriendo coger una bandera muy popular ahora, que es la de la turismofobia, para nadar y guardar la ropa, y favorecer al sector de los hoteleros”, ha opinado el abogado.

“Más de 200 pisos turísticos ilegales en la ciudad”

El PSOE defiende que lo primero es que el Gobierno municipal ejerza la clausura y las sanciones por los incumplimientos del Plan General de Ordenación Urbana, un documento que no modifica la ordenanza en trámite.

Los socialistas han denunciado que hay más de 200 pisos turísticos ilegales en la ciudad y que el Gobierno del PP “ha mirado para otro lado”, una situación que a su juicio no va a resolver la nueva ordenanza municipal.

El texto de la ordenanza indica que “para paliar los efectos de la inmersión en el ámbito turístico y en el parque residencial de la creciente oferta de viviendas destinadas al uso turístico, se hace precisa su regulación con el fin de establecer requisitos tendentes a proteger los legítimos derechos de los usuarios y de los vecinos”.

Y especifica: “A ello hay que añadir la necesidad de acabar con posibles situaciones de intrusismo y competencia desleal, por lo que se debe evitar la existencia de una actividad opaca a las obligaciones fiscales que son exigidas al resto de los establecimientos turísticos”.

El portavoz municipal del PSOE de Salamanca, José Luis Mateos, ha denunciado este jueves que hay más de 200 pisos turísticos ilegales en la ciudad y que el Gobierno del PP “ha mirado para otro lado”, una situación que a su juicio no va a resolver la nueva ordenanza municipal que se tramita sobre este asunto.

“El Partido Popular no se ha tomado esto en serio. Esta ordenanza ha llegado tarde, han ignorado durante mucho tiempo el impacto de los pisos turísticos en Salamanca, es insuficiente, y no cambia nada”, ha dicho Mateos en una rueda de prensa para presentar la veintena de alegaciones de su grupo municipal a la ordenanza.

Y ha añadido: “Lo que se debería haber hecho desde el principio era un cambio del plan general de ordenación urbana para abordar el uso turístico que se estaba dando de la vivienda en nuestra ciudad”.

La ordenanza municipal, que tiene más de 80 alegaciones de diferentes organizaciones y entidades, ha suscitado el rechazo de los propietarios porque no quieren que se les aplique una norma de manera retroactiva.

El PSOE defiende que lo primero es que el Gobierno municipal ejerza “la clausura y las sanciones” por los incumplimientos del plan general de ordenación urbana, un documento que no modifica la ordenanza en trámite y que estipula que en los edificios donde haya residencia habitual y turística, ésta última sólo pueda ubicarse en la planta baja o la primera planta.

“Hay cientos de viviendas que no se van a legalizar nunca y siguen funcionando. Cada miércoles tenemos noticia por la Policía de pisos turísticos a los que no se les da el permiso, porque están por encima del primero, y siguen funcionando”, ha indicado el concejal socialista Chema Collados.

El PSOE de Salamanca ha exigido al Gobierno del PP que “de una vez por todas cierre todo piso que no sea legal”, al considerar que estos propietarios “ejercen una competencia desleal respecto a los que se gastan el dinero para hacer las cosas bien” y que “esta situación está afectando a la convivencia social”. 

Entre las alegaciones socialistas a la ordenanza están el limitar al 1 % en cada zona el número de pisos turísticos respecto al total, así como que los que tienen menos de 10 años de antigüedad no se pueda usar para este fin, por considerar que eso perjudica el derecho a la vivienda.

Asimismo, exigen que haya un consentimiento expreso de la comunidad de propietarios a que haya pisos turísticos en el edificio, que estos inmuebles tengan un sonómetro y un detector de humos y que siempre se exija la cédula de habitabilidad.

El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado inicialmente, con los votos a favor del Partido Popular y la abstención de PSOE y Vox, la Ordenanza Municipal Reguladora de los apartamentos y las viviendas de uso turístico en Salamanca. Los dos partidos en la oposición, Vox y PSOE en este caso, mostraron su disconformidad con la redacción de parte de esta ordenanza.

Por su parte, el concejal del Partido Socialista Álvaro Antolín ha apuntado que esta ordenanza es “muy esperada por la ciudadanía”, que piden la prohibición o limitación en los edificios residenciales. Los socialistas han añadido que llevan esperándola “dos legislaturas” y Antolín ha lamentado que, sin embargo, no se hayan “considerado las aportaciones”, lo que ha tildado de “ninguneo”.

Los socialistas han lamentado que esta nueva ordenanza no pida “nada nuevo” a los propietarios, y ha puesto como ejemplo “las salidas de humo”, obligatorias para todos. “Nos hemos dejado colar más de 200 viviendas turísticas ilegales” ha dicho, porque “no tienen interés en atajar este problema, sino en vender titulares”. “Lo que hay que hacer”, ha concluido, “es impulsar una modificación del PGOU”. Fuentes del grupo socialista aseguran que “básicamente no cambia nada”.

A Vox le preocupa “la despersonalización de los barrios”

El concejal de Vox Alejandro Pérez ha asegurado que, si bien “preocupa la despersonalización de los barrios o la influencia sobre el comercio local o el precio de la vivienda”, el problema de los pisos turísticos “debe regularse, pero hay que ver el sentido en el que se regula porque esta normativa hace un registro propio, pero para eso no es necesario una normativa”.

Pérez ha apuntado, además, que no se puede pedir a los pisos turísticos que actualmente tienen la licencia “que se adapten porque se ha cambiado la normativa” ha subrayado.

El Partido Popular, por su parte, que ha estado representado por el concejal José Fernando Carabias ha asegurado que esta Ordenanza trae consigo “soluciones para regular la situación, es una realidad, no es un postureo mediático o populista”. Y, ha añadido, además, que “estes tipo de alojamiento aumenta las visitas” a la ciudad.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha registrado un listado con más de 200 pisos turísticos inscritos en el Registro de viviendas de uso turístico de la Junta que, supuestamente, son destinados a uso turístico, “pese a que la normativa municipal lo impide, para facilitar la identificación de estos inmuebles con el objetivo de impulsar la labor inspectora de oficio”.

“Llevamos años pidiéndole al Partido Popular que actúe frente a los pisos turísticos ilegales en Salamanca. Lo son ahora y lo van a ser en el futuro, no hace falta esperar a esa nueva ordenanza, porque ya incumplen la normativa. Por eso, exigimos que clausuren inmediatamente estos pisos que siguen ejerciendo actividad turística”, ha reclamado el portavoz socialista José Luis Mateos a través de una nota de prensa.

“Entendemos que los técnicos y responsables políticos municipales no deben esperar a que se produzca ninguna denuncia por parte de terceros afectados por la actividad turística en estas viviendas, sino que bastaría únicamente con ejercer las funciones de inspección”, ha asegurado Mateos.

Los socialistas han reprochado que no se esté sancionando como infracción urbanística, sino aplicando otro régimen sancionador “mucho más laxo y que en modo alguno guarda proporción con la gravedad de la naturaleza de la infracción”.

Ahora, al registrar el listado de la Junta, los socialistas quieren que “al menos” con los que se puede saber “con facilidad que incumplen con la normativa municipal, actúen sin más dilación”.

La Fundación Franz Weber ha criticado este miércoles que el Ayuntamiento de Salamanca, gobernado por el Partido Popular, a través de la Sociedad de Turismo, haya abierto a concurso un contrato por 75.000 euros para tres ediciones de un foro de debate y promoción de la tauromaquia.

“Hemos hecho el cálculo y sale a 830 euros la hora, ya que cada una de las tres ediciones es de 30 horas. Nos parece una cifra bastante desproporcionada, sobre todo para una actividad minoritaria y nos sorprenden estos métodos tan creativos para seguir hablando de tauromaquia”, ha explicado a EFE un portavoz de la FFW, entidad de ámbito internacional creada en 1975 por el protector medioambiental suizo Franz Weber.

En la documentación pública del contrato, consultada por EFE, se especifica que el valor estimado del contrato con impuestos es de 75.087 euros, con una duración de tres años con posibilidad de dos de prórroga para el “servicio de organización, coordinación y desarrollo de un foro de debate y aprendizaje para la promoción de la tauromaquia”.

“Cada edición incluirá un mínimo de 10 jornadas y 30 horas de debate y aprendizaje sobre el toro y tauromaquia”, indica asimismo el pliego, que precisa que la celebración de este foro es desde 2024 y en los años siguientes.

Las jornadas se celebrarán en el Museo Taurino de Salamanca y el número de participantes “será de un máximo de 40 personas”, tal como indica el documento público, en el que se precisa también que el importe de la matrícula será de 40 euros.

“El objetivo de las jornadas es la divulgación de contenidos y experiencias en torno a la tauromaquia. Los contenidos destacados de las jornadas serán las distintas faenas en torno al toro y su cría en su medio natural, faenas en plazas y festejos”, explica el documento.

“Se incluirán contenidos relacionados con la dimensión económica, social y medioambiental de la ganadería del toro y de la tauromaquia y faenas del toro en la plaza y festejos”, añade. 

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha exigido al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, que aclare si conocía que decenas de refugiados fueron alojados durante meses en el albergue municipal Lazarillo de Tormes sin que esta instalación municipal reuniera condiciones de habitabilidad.

A través de una nota de prensa, los socialistas recuerdan que en el último pleno municipal el concejal de Juventud, Pedo Martínez (PP), aseguró que no se puede reabrir el albergue municipal Lazarillo de Tormes porque “las condiciones de habitabilidad no son adecuadas para la prestación del servicio”. Martínez aludió a “significativas deficiencias para su uso” en relación con el mobiliario y la eficiencia energética.

Esta instalación municipal ha permanecido cerrada desde la pandemia de la COVID-19, sin haber retomado aún su actividad previa. Sin embargo, sí ha sido utilizada en diversas ocasiones para, por ejemplo, alojar a familias ucranianas que se vieron obligadas a salir de su país y refugiarse en países de acogida tras la invasión por parte de Rusia.

Disculpas públicas del alcalde

En marzo del año pasado se alojaron en el albergue 73 personas. El 20 de septiembre de ese mismo año, continuaban 60 personas, 34 adultos y 26 menores. Durante todo el tiempo en que los refugiados ucranianos fueron alojados en esta instalación municipal, en ningún momento se aseguró que fuera sin reunir las condiciones de habitabilidad, algo de lo que, según las palabras del concejal delegado de Juventud, carece en la actualidad.

Los ediles socialistas han reclamado a García Carbayo una aclaración sobre el estado en el que hace un año se encontraba el albergue. De confirmarse que no reunía las condiciones de habitabilidad, exigen disculpas públicas del alcalde “por no haber dado un trato digno a personas que vivían una situación dramática tras verse obligadas a abandonar su país”.