El PP avanza en la convocatoria de sus congresos regionales sin arrojar luz sobre el futuro de Juanfran Pérez Llorca en la Comunitat Valenciana. El presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes reunión de la Junta Directiva Nacional que aprobará el calendario de una veintena de congresos provinciales y autonómicos para tener a los dirigentes listos antes de acabar el año. No se prevé que esté entre ellos el congreso de la Comunitat Valenciana, que debió celebrarse en verano de 2025, y que tiene a buena parte del partido en vilo.

Precisamente este lunes se celebra el debate de política general en las Corts Valencianes, una cita política clave después de los presupuestos. El presidente de la Generalitat, nombrado tras la dimisión de Carlos Mazón, acudirá sin que se haya confirmado si es el próximo cabeza de cartel electoral para la cita prevista en siete meses. El alicantino, de máxima confianza de su antecesor, ya ha vivido varios desplantes de la dirección nacional, que no parece convencida con el recambio que abordó hace menos de un año.

Fuentes de la dirección del PP valenciano afirman que ni tienen constancia de que se prevea convocar de inmediato el congreso ni esperan novedades sobre la gestora en las próximas horas. Las comisiones transitorias tienen una vigencia de seis meses —la valenciana los cumplió en junio— pero pueden prorrogarse excepcionalmente.

Según publica Europa Press, este lunes se aprobarán los congresos de Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, Cantabria y Canarias, estas cuatro últimas también con elecciones el próximo 23 de mayo; además de varios congresos provinciales en Andalucía y Catalunya.

La Junta Directiva llega tras un fin de semana de novedades en los liderazgos territoriales. El viernes, el secretario general del PP, Miguel Tellado, comunicó el viernes los planes de Génova para el PP vasco: cambios en las direcciones provinciales y congresos en diciembre. A partir de ahí, se perfilará la candidatura a las elecciones forales. Este domingo, el presidente del PP de Navarra, Javier García, ha comunicado su intención de renunciar a continuar al frente de la presidencia de la organización para “abrir una nueva etapa” en el partido. El PP constituirá una comisión gestora que asumirá temporalmente la dirección.

Los populares están moviendo sus cuadros en medio país, sin por el momento abordar un asunto complejo en la Comunitat Valenciana. En los últimos años, se ha evidenciado una brecha entre el entorno de Mazón, ahora reubicados junto a Pérez Llorca; los del presidente de la Diputación, Vicent Mompó, o los que confían en la alcaldesa de València, María José Catalá, mientras el expresidente Paco Camps agita las aguas de vez en cuando. Todos en guardia hasta que llegue la hora. Una tensa calma para quienes están al frente y un tiempo valioso para quienes esperan su momento.

La candidata de Compromís al Ayuntamiento de València, Mónica Oltra, llama a sus compañeros de partido a convertir al municipalismo en espacio de “resistencia” y “esperanza” ante las políticas bipartidistas. La exvicepresidenta de la Generalitat ha centrado las jornadas de formación de Iniciativa-Compromís, su partido, en trasladar un mensaje combativo para las próximas elecciones autonómicas y locales.

La dirigente ha asegurado que formaciones como Compromís tienen “más capacidad de gobierno que el bipartidismo” y ha instado a “estar preparados para gobernar”. Oltra ha criticado las acciones del bipartidismo en materia de vivienda y ha expuesto las contradicciones de las últimas semanas, representadas en el caso de Maricarmen, la anciana desahuciada en Madrid por una empresa. “Ahora hablan del desahucio de Maricarmen, pero hace unos días rechazaron y dejaron caer una Proposición de Ley para evitar que las personas jurídicas (empresas) puedan ser titulares de vivienda. Ha quedado demostrado para quién gobierna cada uno”, ha señalado, en referencia a la abstención del PSOE y el voto en contra del PP a una propuesta de Sumar, defendida por el diputado de Compromís Alberto Ibáñez.

Por su parte, el portavoz de Iniciativa-Compromís, Carles Esteve, en la apertura de la jornada ha reivindicado el papel de los municipios como primera línea de la política contra el avance de “la oleada reaccionaria”. “Solo tenemos que ver las candidatas y candidatos con que contamos para estar convencidos de que haremos del municipalismo la resistencia de la esperanza. Ante sus gobiernos del odio y los recortes, nosotros seremos la garantía de los derechos, los servicios públicos y la dignidad de la gente”, ha manifestado. Precisamente este viernes la excoportavoz y exvicepresidenta del Consell Aitana Mas anunció que concurrirá a las municipales en Crevillent para centrarse en el municipalismo.

En la ponencia ‘El municipio como protagonista de la resistencia’, Oltra ha señalado que el fascismo “señala desde sus púlpitos políticos y luego hay quien se cree con el derecho de apalizar”, como ha sucedido en Tavernes de la Valldigna. Este tipo de violencia “que se está normalizando”, ha dicho, “se debe combatir con un discurso y valores humanistas”.

La candidata ha recordado el intento de linchamiento a unas personas en Ceuta “porque les confundieron con miembros de una ONG vasca”. A su juicio, “no puede haber confusión posible porque son seres humanos y no se pega a la gente”, ha expuesto. Oltra ha reivindicado “la universalidad de la empatía y la compasión” y ha asegurado que la gente “entiende que ser amable está bien e insultar está mal. Pero no podemos recordarles eso insultándoles” como se hace desde algunos foros y por parte de personas con altas responsabilidades de gobierno, ya que eso significa “emplear las armas del fascismo y generar una normalización de algo que no debe hacerse”, ha defendido.

Por otro lado, ha hecho un llamamiento a centrarse en dos aspectos fundamentales de cara a las próximas elecciones, la vivienda y el colapso ecológico, y ha apelado a combatir la “inevitabilidad” que día a día se transmite a través de los medios de que “está todo escrito”. Sin embargo, en las próximas elecciones “las urnas estarán vacías para todo el mundo”, ha recordado.

En las jornadas se ha debatido también sobre compatibilizar la vida en las ciudades, sus recursos, la sostenibilidad y el acceso a la vivienda con el turismo y han defendido regular el turismo y aplicar una tasa turística que permita redistribuir parte de la riqueza que genera para mejorar la vida, reforzar los servicios públicos, cuidar los barrios y proteger el derecho a la vivienda.

“El turismo tiene que estar al servicio de la ciudad y de quienes lo habitan, no al revés”, ha insistido el concejal de Alicante Rafa Mas. El concejal de València Giuseppe Grezzi ha hablado de movilidad y gestión del conflicto, a partir de su experiencia en la transformación de la movilidad en la ciudad y de cómo afrontar las resistencias que generan los cambios en el espacio público.

El bloque formativo de la jornada se ha centrado en la preparación de las elecciones municipales, con la sesión “Campaña digital en la era de los 60 segundos”, a cargo de la responsable de comunicación, Andrea Sancho, que ha abordado como adaptar el mensaje político a los formatos breves y al ecosistema de redes sociales.

El director general de À Punt Media, Francisco Aura, niega que exista manipulación informativa en la cadena, defiende la emisión de festejos taurinos y admite “un fallo editorial” en la compra de un concurso emitido en Telemadrid. Aura, que llevaba sin comparecer más de un año, se ha enfrentado a numerosas críticas de la oposición, a quienes ha lanzado varios dardos, y ha defendido el 'rescate' de la Generalitat Valenciana de la cadena pública, refiriéndose al gobierno en primera persona del plural. PSPV y Compromís le han reprochado esta retórica, como si formara parte del Consell de la Generalitat.

El director general, cuestionado por los contratos a productoras del entorno de un fundador de Trece TV y la compra de productos a empresas madrileñas, ha admitido un “fallo de control editorial” en la adquisición del programa Sopa de Letras, adquirido a una productora de Mediapro que lo produjo para Telemadrid, y por eso fue retirado. “Un fallo puntual no invalida el modelo de programación”, ha argumentado. “Cometimos un error. Lo reconocimos y lo sustituimos de inmediato. Falló el control editorial y no se detectó que el presentador se dirigía directamente a la audiencia de Telemadrid”, ha explicado. La referencia a Telemadrid aparece en los primeros segundos del programa. “Sopa de letras fue adquirido a VITV, una productora valenciana, y ya habia sido emitido en Telemadrid”, ha reconocido.

El director general también se ha pronunciado sobre las informaciones publicadas por elDiario.es, a preguntas de la oposición, sobre los contratos a empresas de un exfundador de Trece TV, con quien coincidió. “Se nos ha acusado de que Alejandro Samanes y yo coincidimos dos años en un medio”, ha apuntado, para explicar que À Punt ha formalizado 29 contratos con Virtual Lemon (hasta hace poco, a cargo de Samanes), y, como informó este diario, en su etapa se refieren a prórrogas de años anteriores, dado que ganó las licitaciones. “Las contrataciones se tramitan mediante sus correspondientes procedimientos. Presentó la oferta económica más baja. Samanes ya no forma parte de Séptima Media y haber coincidido profesionalmente durante una etapa muy concreta de mi vida hace 14 años no acredita ninguna relación de favor ni mucho menos irregularidad en la contratación pública”, ha defendido, al tiempo que ha explicado que tiene “muchos amigos” y ha coincidido con multitud de profesionales en su vida laboral. No hay “proveedores privilegiados”, ha insistido.

Niega la manipulación

“Esta televisión no manipula. À Punt atraviesa una etapa de transparencia, pluralidad y apertura informativa que puede acreditarse con datos”, ha señalado, afirmando que se cubren todas las juntas de portavoces, plenos y se asiste a las convocatorias de la oposición. Sobre los insultos en algunos programas, ha defendido que hay que acostumbrarse a escuchar cosas “incómodas” en el marco de las tertulias: “No vamos a colocar un policía editorial detrás de cada presentador”.

El responsable de la radiotelevisión pública ha anunciado una sede en Alicante, y ha redoblado su apuesta por la emisión de corridas de toros como parte de las tradiciones valencianas: “Vamos a retransmitirlas sin complejos, sin pedir perdón y sin admitir lecciones”, ha señalado, afirmando que la emisión de festejos taurinos ha aumentado la audiencia de la cadena pública. Aura ha avanzado algunas líneas de la nueva programación, que se presentará el 1 de octubre: Bambalina, una “nueva apuesta por la ficción valenciana”, con “amor, humor, intrigas y sobre todo, muy valenciana”, así como la producción de una serie de ficción en formato vertical, para redes sociales; Orígens, dedicado a la despoblación; el documental Jaume I: influencer medieval, y otro formato que usa la IA para hablar de su figura. También cree que introducir contenidos en castellano, como las películas de sobremesa, sirven para fidelizar a las audiencias, y subraya que es lengua cooficial en la autonomía.

Cada vez resulta más complejo entender el diseño desde disciplinas aisladas. La arquitectura dialoga con el interiorismo; los materiales condicionan el mobiliario; la cocina se integra en el espacio doméstico; los textiles aportan identidad y confort; la cerámica trasciende el revestimiento para convertirse en elemento arquitectónico. El proyecto contemporáneo exige una mirada global.

Y en este contexto de cambio, una feria deja de ser únicamente un escaparate comercial para convertirse en el reflejo de cómo evoluciona toda esta industria. Eso es precisamente lo que está ocurriendo con Feria Hábitat València, que este otoño dará un paso más en su crecimiento para liderar una propuesta inédita en España: València Inspira Diseño, una gran plataforma donde confluyen todos los elementos que intervienen en la creación de un espacio contemporáneo.

 El planteamiento responde a una realidad que arquitectos, interioristas y prescriptores conocen bien. Hoy resulta imposible proyectar un hotel, una vivienda, un restaurante o una oficina sin entender el diálogo constante entre mobiliario, iluminación, textiles, cocina, materiales, revestimientos o cerámica. El proyecto ya no se construye por compartimentos estancos.

Sobre esta visión global nace València Inspira Diseño, que reunirá del 28 de septiembre al 1 de octubre, en Feria Valencia, a Feria Hábitat València, Textilhogar, Espacio Cocina SICI y la nueva área 360 by Cevisama, consolidando una de las mayores convocatorias europeas dedicadas al diseño, la arquitectura y el equipamiento del hábitat.

Una propuesta única para entender el proyecto completo

Según explica el coordinador de la iniciativa, Daniel Marco, “para un arquitecto o un interiorista, la propuesta resulta especialmente atractiva. En apenas una jornada podrá descubrir nuevas colecciones de mobiliario, seleccionar textiles, conocer las últimas propuestas para cocina, explorar innovaciones en superficies cerámicas, investigar materiales emergentes y mantener reuniones con fabricantes de sectores que, hasta ahora, obligaban a visitar distintos certámenes”.

José Ramón Revert, presidente de Textilhogar, ha explicado que la feria es un ejemplo del “made in Europe”, ya que todas las empresas que participan producen y tienen su sede en la Unión Europea. “Esto garantiza una calidad en el producto y un diseño de producto medio alto”, asegura. Al contrario que Milán, donde han entrado expositores turcos, chinos o indios, en la feria valenciana se ha cuidado que sean europeos los que copen los stands.

“La idea es superar a Milán en tres o cuatro años”, ha asegurado Daniel Marco.

La feria, en la edición de este año, crece un 20 % pese a la coyuntura económica y ocupará todo el recinto principal de Feria Valencia, lo que conforma la segunda feria de Europa después de Milán, en palabras de Marco, “un transatlántico de feria” con producto de alto valor añadido.

El presidente del Comité Organizador de Hábitat València, Vicente Pons, ha afirmado que cada vez la feria crece más y ahora se encuentra en “un momento superdulce” porque cada vez más actores internacionales quieren asistir y cada vez València es “más competencia de Milán”, al ir incorporando a todos los sectores.

Según el director general de Feria Valencia, Mariano Clemente, están satisfechos de mantener a los sectores a través de la celebración de ferias agrupadas para que los expositores no pierdan la oportunidad de tener “una ventana abierta” en defensa de su sector.

Es una forma distinta de entender la feria: menos fragmentada, más transversal y mucho más cercana a la realidad de los estudios de arquitectura e interiorismo.

En este sentido, por primera vez, todas las zonas comunes estarán concebidas bajo una única dirección creativa, asumida por el estudio Odosdesign, responsable de diseñar los espacios compartidos y construir un relato visual coherente para el conjunto de la convocatoria. No se trata únicamente de una intervención estética.

Es una forma de reforzar la identidad de un proyecto que aspira a ser mucho más que la suma de varias ferias.

Cuatro grandes convocatorias sectoriales

Por sectores, Feria Hábitat València mantiene el principal peso de la convocatoria, con una amplísima oferta internacional de mueble, iluminación, decoración y propuestas contract en más de 90.000 m2. Por su parte, las propuestas de la veterana muestra Textilhogarse distribuirán siguiendo la sectorización de la feria con los mejores textiles para el hogar, contract, tapicería y decoración.

La bienal Espacio Cocina SICI, coorganizada con la asociación sectorial AMC, por su parte, regresa este 2026 con las últimas propuestas de mobiliario y equipamiento para la cocina y una renovada apuesta por la innovación y el futuro de la cocina con su área ‘AMC Kitchen Lab’, ideada por Francesc Rifé.

Destacada será, además, el estreno en esta iniciativa de la nueva área 360 by Cevisama, que evoluciona desde la tradicional convocatoria cerámica hacia un concepto en el que el baño cobra un especial protagonismo, así como los revestimientos y superficies focalizados en los proyectos de interiorismo y contract. Más de un centenar de marcas expositoras han respaldado esta nueva iniciativa.

1200 marcas expositoras y 110.000 m2 de superficie expositiva

La dimensión del proyecto habla por sí sola. En total, más de 1.200 firmas expositoras, diez pabellones y una superficie superior a los 110.000 metros cuadrados convertirán el recinto ferial valenciano en un auténtico mapa del diseño contemporáneo, donde convivirán las principales marcas internacionales junto a fabricantes, editoras textiles, empresas de cocina, firmas cerámicas y nuevos materiales.

 Con todo, la cita crece en todos sus parámetros. Respecto a la cita de 2024 (última convocatoria conjunta) el crecimiento es de un 17% en superficie expositiva bruta y un 32% en el número de marcas expositoras.

Además, más de 3000 compradores nacionales e internacionales han sido invitados en las diversas misiones comerciales apoyadas por entidades como ICEX, Ivace + i Internacional y la propia Feria Valencia y con el impulso de asociaciones sectoriales como Anieme, Fedai, Ateval – Home Textiles From Spain, Arvet, Aseban y Fevama. 

Las productoras vinculadas al espectro mediático conservador se han ido haciendo poco a poco con la programación de la radiotelevisión pública valenciana À Punt. Desde que en 2025 Carlos Mazón firmara el nombramiento como director general de la empresa pública de Francisco Aura, designado por el Consejo de Administración de la Corporación elegido por la mayoría parlamentaria de PP y Vox, la cadena ha recibido un desembarco de productoras vinculadas a grupos mediáticos con sede en Madrid y a medios de comunicación de derechas.

Además de Unicorn TV, la productora en la que participa Ana Rosa Quintana, o los programas de Telemadrid adquiridos a través de una firma de Mediapro, la radiotelevisión pública ha ido asumiendo las firmas de uno de los fundadores de Trece TV, la televisión de los obispos, donde fue directivo Fransico Aura. A ello se sumaría, según trasladan alguns fuentes a elDiario.es, una producción de Toro TV, del grupo Intereconomía, con la cadena pública. Todo ello pese a las garantías de la dirección de que la producción externa sería “100% valenciana”.

Si algún espectador fiel a la televisión pública alcanza a ver los programas hasta los títulos de crédito, varios nombres le resultarán familiares: Sheri Producciones, Emission o Virtual Lemon. Abarcan los magazines más potentes de la televisión (Connexió CV, de la temporada pasada, o Està Passant, el vespertino actual,) y han participado en programas como El Retrovisor y Emergències y retransmisiones especiales como las Campanades. À Punt Media figura como cliente en las webs de sendas productoras.

Las tres empresas forman parte del grupo Séptima Media, tal como figura en su web (no confundir con La Séptima, el canal que ex del Grupo Prisa lanzarán en noviembre), una firma creada en el año 2021 desde Murcia, a cargo del Grupo Zambudio, según consta en el BORME. Grupo Zambudio va adquiriendo en 2021 a varios empresarios, entre ellos Juan Ignacio Gálvez, ahora director de producción de Séptima, según figura en su web.

Grupo Zambudio es un potente conglomerado mediático radicado en Murcia que impulsó Juan Francisco Zambudio y que contó, entre otros, con Marcos de Quinto para impulsar una televisión en la región. Séptima Media presta servicio en Telemadrid (genera las señales de emisión de algunos programas), Aragón TV y la Televisión Gallega, televisiones públicas de comunidades autónomas gobernadas por el PP.

En el año 2022 entra como consejero delegado y presidente de Séptima Media (La Séptima Suma SL) Alejandro Samanes, uno de los fundadores del canal Trece TV a través de UJUE Producciones y exdirectivo de grandes grupos como Mediapro o Secuoya. Mantiene el cargo de presidente hasta julio de 2024. Samanes y Aura coincidieron en Trece TV al menos dos años, entre 2013 y 2015, cuando el primero dejó la dirección. En febrero de 2024 Samanes es nombrado administrador de Virtual Lemon, cargo que mantiene hasta agosto del mismo año; en abril de 2024 es nombrado administrador de Emission Producción Audiovisual (a su vez, propietaria de Virtual Lemon) hasta mayo de 2025. En ambos casos le toma el relevo UJUE Producciones, cuyo administrador único es el propio Samanes. UJUE Producciones también administra Sheri Producciones entre junio de 2024 y junio de 2026, y figura como administradora de La Séptima Suma SL entre julio de 2024 y junio de 2026. Antes que él, en Virtual Lemon figura Zambudio; y en Emission hay varios administradores mancomunados, como el ya citado Gálvez.

El ex de Trece TV se mantiene al frente de estas firmas hasta que de golpe, el 22 y 23 de junio, sale de todas. El control de la empresa lo vuelve a recuperar Zambudio, según consta en el Registro Mercantil. Según publican varios medios, el empresario Samanes va a lanzar un proyecto nuevo, algo que materializa apenas un mes después. El 17 de julio el Boletín Oficial del Registro Mercantil recoge la inscripción de las productoras Six Seven (Madrid), Sis Set (València) y Blanquet, todas a cargo de Samanes. Dos meses más tarde, ya en septiembre, À Punt presenta un nuevo magazin matinal: Obert pel matí, producido en colaboración con Sis Set. En menos de dos meses, la nueva productora “valencianizada” consigue emitir en una las franjas más deseadas de la televisión pública.

Virtual Lemon trabaja con À Punt desde hace años prestando el personal técnico para algunos programas. Esta firma ganó en 2020 uno de los concursos públicos para las unidades móviles —que permiten hacer conexiones en directo y cubrir noticias locales— y realizó la instalación de uno de los platós de la televisión pública. La radiotelevisión pública tiene multitud de formatos externalizados y en algunos casos trabaja de una forma híbrida, como en los magazines, que se ruedan en sus instalaciones de Burjassot y tienen tanto personal de la casa como de las productoras. Según trasladan fuentes de la cadena, desde el pasado año se ha sugerido a productoras que contraten servicios con Virtual Lemon. Según las mismas fuentes, a principios de 2025 a Emission se le adjudica otro lote de unidades móviles, antes a cargo de Mediapro. Asimismo, Sheri Producciones realiza ahora el magazin vespertino, Està Passant, junto a Prime TV (del grupo Prensa Ibérica).

El PSPV llevará a la Fiscalía Anticorrupción la oposición a conductor y mecánico de la Diputación de València, un proceso que quedó paralizado ante las sospechas de una filtración del examen. El grupo que dirige carlos Fernández Bielsa pedirá que se investigue la posible existencia de irregularidades en el proceso selectivo para seis plazas, después de que el propio gobierno provincial haya señalado que existen “indicios” de una posible filtración.

Fuentes provinciales consultadas por elDiario.es confirmaron que “la institución ha requerido al tribunal calificador que aclare las circunstancias del proceso y, en particular, los indicios relacionados con una posible filtración del contenido del examen antes de la celebración de la prueba”, como informó esta redacción el pasado 18 de septiembre.

Al respecto, el portavoz de los socialistas en la Corporación provincial, pide una aclaración: “Lo que nos preguntamos es a qué indicios se refieren exactamente. ¿Qué sabe el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, qué sabe la vicepresidenta Mazzolari o qué sabe el área de Personal que pueda hacer sospechar que se produjo una filtración?”, plantea Fernández Bielsa.

Los socialistas insisten en que aún no se han hecho públicas las notas ni las actas del tribunal calificador, por lo que plantean al equipo de gobierno una aclaración. La Diputación apuntó que “no publicará las calificaciones hasta disponer de la información necesaria para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades de todos los aspirantes”. Al proceso, que agrupaba ofertas de años anteriores para seis plazas, se presentaron 138 personas y el primer examen de tipo test se celebró el pasado 1 de septiembre. Por el momento, sigue sin haber más información sobre el proceso.

Este silencio sirve a los socialistas para apretar con la petición del expediente. El grupo de Fernández Bielsa considera que, si el gobierno provincial dispone de información que apunta a una posible filtración del examen, debería ser la propia Diputación quien acudiera a la Fiscalía Anticorrupción. “Si Mompó y [la vicepresidenta de la Diputación, Reme] Mazzolari hablan de indicios, deben explicar cuáles son y actuar en consecuencia. Si ellos no lo hacen, será el PSPV quien los ponga en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción para que se investiguen”, señala Bielsa.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido este lunes una reunión en la sede del PP en la calle Génova de Madrid con el secretario general del partido, Miguel Tellado. Fuentes de la dirección nacional han explicado que la reunión, de la que no se había informado a la prensa, “no tiene nada de extraordinaria” y que, pese a que no han trascendido los temas abordados, “no se ha tratado nada referido a las elecciones autonómicas”.

Las mismas fuentes han asegurado que “es habitual” que sus dirigentes acudan a la sede nacional y han puesto como ejemplo la visita de la pasada semana del presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. “Lo raro sería lo contrario. Entendemos que interese este encuentro, pero no tiene nada de extraordinario. No se ha tratado nada referido a las elecciones autonómicas. El presidente ha ido a la sede de su partido y ha estado con Miguel Tellado, puesto que el presidente -Alberto Núñez Feijóo- está en Ceuta. Insisto en que no hay novedades y que la reunión, informal, es habitual entre la dirección del PP y sus presidentes”, han explicado desde la dirección del Partido Popular.

Algunos medios de comunicación habían explicado esta tarde que el presidente de la Generalitat estaba presionando para conseguir su confirmación como candidato a la Generalitat antes del debate de política general en las Corts, previsto para los 28 y 30 de septiembre, o antes del 9 d'Octubre, el día de la Comunitat Valenciana. Por las palabras ofrecidas por la dirección nacional será difícil que esto pase, aunque tampoco cabría descartarlo del todo, máxime cuando la proclamación de Juanfran Pérez Llorca como candidato a la presidencia de la Generalitat por el PP solo depende de la voluntad de Feijóo.

Pese a que Pérez Llorca es el mejor posicionado para ser designado candidato, la tardanza en recibir un guiño público por parte de la dirección nacional está generando mucha incertidumbre. Además, según ha podido saber elDiario.es de otras fuentes de la dirección, las filtraciones y las presiones que llegan desde la Comunidad Valenciana para que Pérez Llorca sea proclamada han molestado al equipo de Feijóo, que quiere marcar sus tiempos.

El exsecretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana durante la tragedia del 29 de octubre de 2024, Emilio Argüeso, ha rechazado responder a las preguntas de los grupos parlamentarios en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. El exalto cargo ha optado por acogerse a su derecho constitucional a no declarar ante la Cámara Baja debido a su condición de investigado en la causa penal que instruye la jueza Núria Ruiz Tobarra en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja. Argüeso figura como uno de los dos imputados en la causa judicial —junto a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas— por la gestión de la emergencia que se saldó con 232 víctimas mortales.

Durante el turno de la diputada de Compromís Águeda Micó, la portavoz valencianista le ha recordado su condición de máximo responsable de las Emergencias durante la jornada de la catástrofe y le ha formulado una batería de preguntas sobre las decisiones adoptadas tanto en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), como en las jornadas previas. Micó ha cuestionado la inacción de la Generalitat a pesar de la información meteorológica de la que disponían a media mañana, ha inquirido sobre la orden de retirada de los bomberos del barranco del Poyo y ha exigido saber quién paralizó el envío del Es-Alert, “redactada y consensuada” desde las 18:15 horas pero no difundida a los teléfonos móviles de la ciudadanía hasta pasadas las 20:00 horas. Ante la falta de contestación, la parlamentaria ha atribuido esta actitud a la “descoordinación absoluta” del Ejecutivo autonómico.

Las intervenciones del resto de portavoces del bloque progresista han incidido en el papel del expresident Carlos Mazón y en la cuestionable gestión de la tragedia. El diputado de EH Bildu Mikel Otero le ha preguntado directamente Argüeso si el jefe del Consell asumió la dirección efectiva del Cecopi tras su llegada a la reunión; mientras que Alberto Ibáñez (Iniciativa-Sumar) ha criticado la inactividad del exsecretario autonómico en los días previos a la avenida de agua y ha ironizado sobre sus colaboraciones semanales en medios de comunicación. A preguntas del parlamentario valencianista, Argüeso ha roto puntualmente su silencio para confirmar que pasó la noche de la tragedia en la sede del Cecopi mientras el expresidente de la Generalitat se marchó a su domicilio.

Frente a la insistencia del diputado Nahuel González (Sumar) para obtener aclaraciones sobre la toma de decisiones, Argüeso se ha dirigido al parlamentario para sentenciar: “Usted lo que quiere es un titular, y no se lo voy a dar porque no voy a contestar”. El exalto cargo de Emergencias ha mantenido esa postura de evasión sistemática a lo largo de toda su comparecencia para evitar posibles contradicciones que perjudiquen su estrategia de defensa en el procedimiento penal incoado por el juzgado de Catarroja.

Por su parte, el representante del grupo parlamentario Vox, David García, ha utilizado su turno de intervención para dirigir continuos reproches a la actuación del Gobierno central, tanto en relación con la respuesta a la dana como sobre aspectos como la crisis migratoria de Ceuta, el 'Apagón' de 2025 o el accidente ferroviario de Adamuz.

Ante el interrogatorio al que le ha sometido el diputado socialista Artemi Rallo, Argüeso ha considerado que se estaba “rozando el acoso” al tratar de contestar lo que no quería responder: “Ha repetido la pregunta ya siete veces: me está acosando literalmente”. Rallo ha reprochado al exsecretario autonómico que “usted huyó de esta comisión en un acto de indignidad humana”.

La sesión, que comenzaba por la mañana con la comparecencia del expresident Carlos Mazón -quien también se ha negado a responder a las preguntas de los diputados- ha concluido sin que el exsecretario autonómico aportase explicaciones sobre la cadena de mandos o la gestión de la alerta masiva, en una jornada parlamentaria marcada por el hermetismo del investigado y la frustración de las fuerzas de la oposición ante la falta de respuestas sobre la peor tragedia natural de la historia reciente de la Comunitat Valenciana.

“¿Se arrepiente usted de algo? ¿Quiere pedir perdón a las víctimas? ¿Cuántas vidas se hubieran podido salvar si usted hubiera estado donde debía estar?”. Nueve víctimas de la dana han trasladado algunas preguntas al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, que comparece este lunes en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.

Lo han hecho a través del diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián, portavoz de la formación en la investigación parlamentaria sobre la gestión política de la dana, quien al arrancar la comparecencia ha reconocido que “le jode verle la cara un lunes por la mañana”. “Me da la sensación de que casi salimos peor nosotros que usted de aquí”, ha expresado el diputado.

Nueve familiares directos de víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 han trasladado al expresidente una serie de preguntas a las que se ha negado a responder. El parlamentario le ha insistido a Mazón en que las preguntas son de las víctimas, no de los diputados. Estos son sus interrogantes:

Al finalizar la lectura de las preguntas, que han quedado sin respuesta, Rufián ha interpelado a los diputados del PP en medio de un tenso silencio: “¿Ustedes son conscientes del acto de inhumanidad que han protagonizado hoy?”. Tras ello, ha enumerado las “mentiras” varias del partido, y ha sentenciado: “Esas mentiras matan. Esas mentiras se votan”.

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón se niega a responder a las preguntas de los diputados en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso de los Diputados. El exdirigente del PP ha afirmado que no va a contestar a las interpelaciones y apunta que desde su anterior comparecencia el Tribunal Superior de Justicia ha decidido no investigarle, por lo que da por resuelto el asunto. “El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado”, ha dicho al principio de su intervención.

El que fuera presidente valenciano durante la dana de octubre de 2024 vuelve a enfrentarse a la comparecencia diez meses después de su anterior intervención, que realizó a los pocos días de dimitir, aún como presidente en funciones. Mazón, que sigue siendo aforado, ha roto su silencio momentáneamente y se ha referido a las intervenciones de los diputados como “confabulaciones” frente al auto del tribunal. El expresidente valenciano ha insistido en que el TSJ “se ha pronunciado por unanimidad con ningún tipo de responsabilidad sobre mi persona”.

Mazón regresa al Parlamento mientras la Fiscalía del Tribunal Supremo analiza si cometió falso testimonio en su declaración ante los diputados tras una querella del PSPV, y meses después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia rechace investigar al diputado, que tiene condición de aforado, por la gestión de la dana.

“¿Estaba ausente o daba órdenes?” le ha planteado al diputado de Podemos Javier Sánchez, para después insistir con ironía: “Es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez”. El parlamentario ha hecho una reconstrucción a partir de las conversaciones aportadas por la entonces consellera competente en Emergencias, Salomé Pradas, y el núcleo del gabinete de Mazón. Al entonces presidente se le ha escapado una risa cuando el diputado de Podemos le ha recriminado no dar importancia a que la Universidad suspendiera la actividad.

El dirigente valenciano también ha abandonado momentáneamente su negativa con el diputado de EH Bildu Mikel Otero que le ha preguntado: “¿Usted se puso al frente de la emergencia cuando llegó?”, a lo que Mazón ha respondido: “No, bajo ningún concepto”. También ha apuntado que “la normativa valenciana es extraordinariamente clara al respecto”.

La diputada de Compromís Àgueda Micó ha denunciado al inicio de la comisión que la Policía Nacional no permite a un grupo de víctimas, que se manifestaban a las puertas del parlamento, aproximarse. El diputado de Compromís Alberto Ibáñez le ha preguntado: “¿Ha pactado con Feijóo ser senador territorial en la próxima legislatura?”.

“He mantenido abierta mi puerta”

El expresidente valenciano ha apuntado que “llamó personalmente a su teléfono móvil” a algunas víctimas de la dana que no quisieron reunirse con él en el Palau de la Generalitat. A preguntas del diputado de Sumar Nahuel González, ha afirmado: “Mantuve y reiteré permanentemente mi puerta abierta a título personal” y de las asociaciones. El dirigente ha recordado que se reunió varias veces con “la asociación mayoritaria Sos Desaparecidos”. No se reunió con las asociaciones de víctimas, que no fueron citadas en la comisión de investigación de la dana en las Corts.

Treinta y cinco años, tres intentos y una misma conclusión. La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció ha sido clave para tumbar el proyecto de construcción de un polígono industrial en La Canal de Alcoi de más de un millón de metros cuadrados y en plena área de protección del parque natural de la Font Roja. Esta vez lo ha hecho sacando a la luz un informe de la propia Generalitat que advierte de que la actuación destruiría la estructura actual del territorio, sus hábitats y su funcionalidad ecológica.

El pronunciamiento de la Dirección General de Medio Natural no deja apenas espacio para las interpretaciones. La implantación de las infraestructuras y edificaciones industriales resulta “totalmente incompatible” con las funciones ambientales asignadas a estos terrenos por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque natural de la Font Roja. El impacto, añade el documento, sería “severo e irreversible”.

El informe desfavorable afecta al sector A de Alcoi Sud, situado al norte de la autovía y dentro del área de amortiguación de impactos del parque natural. No es una porción secundaria: representa aproximadamente dos terceras partes del millón de metros cuadrados que comprende la actuación. Sin esos terrenos, la viabilidad del conjunto se desmorona.

La conclusión técnica quedó por escrito el 30 de junio, cuando se firmó el informe a las 14.07 horas. Un día antes, el 29 de junio, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca visitó Alcoi y puso en valor el macroproyecto Alcoi Sud, como se puede comprobar en la nota de prensa enviada por la Generalitat ese día. “Pérez Llorca ha aludido a proyectos como Alcoi Sud que plantea el desarrollo de un nuevo parque empresarial en la zona de La Canal, con el objetivo de ampliar el suelo industrial y facilitar la implantación de nuevas empresas y seguir atrayendo inversión que garantice que nuestro tejido productivo tenga futuro”. 24 horas después se había acabado el sueño.

Sin embargo, el colectivo ecologista no pudo acceder al documento hasta mediados de septiembre. Entre una fecha y otra, La Carrasca reclamó reiteradamente el informe, denunció públicamente que la Conselleria de Medio Ambiente lo estaba ocultando y acabó presentando una queja ante el Síndic de Greuges.

Según ha podido saber elDiario.es es que la información trasladada al grupo ambientalista desde la propia Conselleria era que el documento permanecía desde el 15 de julio pendiente de la autorización del director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra. En la tramitación de la evaluación ambiental estratégica, la puesta a disposición de los informes requería esa última validación de la Dirección General. El trabajo técnico estaba terminado. Faltaba el último clic, y ese clic correspondía a Ivorra.

El retraso resulta especialmente relevante por lo que sucedió fuera del expediente. Mientras el dictamen permanecía sin llegar a quienes lo habían solicitado, la cúpula política de la Generalitat continuó presentando Alcoi Sud como un proyecto viable y estratégico para el futuro industrial de la comarca.

Llamativo es que un presidente de la Generalitat visite y ponga en valor un proyecto que finalmente no se llevará a cabo. ¿Por qué no avisaron al president del fatal desenlace? ¿Por qué ha tardado más de dos meses en ver la luz esa negativa? Tanto los permisos para las renovables como las evaluaciones ambientales se han convertido en un dolor de cabeza para Juanfran Pérez Llorca.

Controversia en las evaluaciones ambientales

El nombre de Ivorra añade una derivada política al episodio. El director general ya aparece en otra controversia relacionada con el funcionamiento de la evaluación ambiental estratégica. En mayo de 2025 apartó al jefe del servicio, Rafael Soriano, después de que este se negara a prorrogar la vigencia de una memoria ambiental caducada y a aplicar una instrucción dictada por el propio Ivorra. Un juzgado anuló posteriormente el cese al considerarlo arbitrario y entender que no respondía a las razones reales alegadas por la Administración.

Ese antecedente figura ahora entre los asuntos utilizados en el dosier interno elaborado por sectores del PP valenciano para cuestionar la candidatura de Pérez Llorca a las elecciones autonómicas de 2027, según publicó elDiario.es. La concentración de las competencias energéticas, urbanísticas y ambientales en la conselleria dirigida por Martínez Mus también ha provocado recelos internos por el poder que otorga a un núcleo reducido de altos cargos para tramitar y resolver expedientes con intereses económicos millonarios.

Para La Carrasca, el desenlace confirma lo que ha defendido durante más de tres décadas. La Canal no es únicamente un espacio disponible junto a la autovía, sino un territorio vinculado a la Font Roja y a la recarga del acuífero del Molinar. Los sucesivos cambios de nombre y las distintas formulaciones del proyecto no han conseguido eliminar las limitaciones ambientales, jurídicas y económicas que frustraron los intentos anteriores.

Ahora y después de 35 años, Alcoi Sud vuelve a un punto de rechazo técnico, esta vez dejando al descubierto el funcionamiento de la Generalitat que mantuvo durante semanas dos discursos incompatibles: el que sus técnicos dejaron por escrito y el que su president defendió en público.

Ahora, el procedimiento de la evaluación ambiental estratégica debe seguir su curso, y aunque la Cámara de Comercio de Alcoi ya se ha apresurado a asegurar que “el proyecto sigue vivo” sería indefendible aprobar este megaparque empresarial con un informe desfavorable tan contundente que además es preceptivo y vinculante.

La negativa de la Generalitat a ejecutar los avales de aquellos proyectos de fotovoltaicas que han sido desestimados por causas imputables al promotor tiene efectos perversos en el mercado de las renovables. Produce un bloqueo de la red, ya que el espacio de acceso está retenido por empresarios incumplidores; auspicia la proliferación de solicitudes 'fake' que degradan la competencia y retrasa la implantación de proyectos solventes. Diversas entidades medioambientalistas y de defensa del territorio, agrupadas en la plataforma Ubiracional, han tomado cartas en el asunto para intentar que el sector de las renovables no acabe inmerso en un “problema especulativo”, con la irrupción de “empresas creadas ad hoc”, nacidas para lograr las licencias, que luego intentar revender y dar pelotazos. La plataforma Ubiracional trasladaron estas inquietudes al Síndic de Greuges, al que remitieron un escrito con una radiografía de las perversiones del sector y la posición de la Generalitat, que se ha abstenido de ejecutar las garantías depositadas por promotores cuyos proyectos han sido desestimados.

Al mismo tiempo, han denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente las irregularidades que han detectado en planes como el macroproyecto Godelletas, de Renovalia, cuyo aval ascendía a 38 millones de euros. Trasladan al fiscal que con la ley en la mano entienden que deberían haberse ejecutado esas garantías. Otro de los proyectos denunciados en la Fiscalía es el llamado Segorbe Sol, de Verdenes Solar 5 SL, ubicado dentro del parque natural de la Serra Calderona, con una potencia de 49 MW y que comprende una superficie de 143 hectáreas, situadas en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del citado parque natural.

Informe ambiental desfavorable

La citada plataforma Ubiracional ha llevado ante la Fiscalía de Medio Ambiente una memoria amplia en la que denuncia todas las irregularidades que observa en el citado proyecto Godelletas, que contaba con informes desfavorables de estas plantas. Un asunto que, paralelamente, se judicializó. En el caso de Segorbe Sol, la denuncia sigue tramitándose. Desde la entidad que la impulsa trasladan a este diario que el informe técnico-jurídico elaborado por el Seprona destaca que determinadas modificaciones del proyecto no habían sido sometidas a información pública. El Seprona ha recabado información adicional a la Conselleria de Medio Ambiente.

Ubiracional entiende que la Generalitat debería haberse incautado de los avales de los proyectos que no cumplen requisitos por culpa del promotor. Plantean, además, que el dinero de los avales sea destinado al desarrollo de zonas de interior y a combatir la despoblación, una posición que ha sido trasladada al Síndic de Greuges, Ángel Luna. Denuncian, además, que en algunos expedientes se ha dificultado el acceso a la información y la documentación, se ha actuado con “hermetismo”, y se ha tenido que recurrir a presentar las citadas denuncias ante el defensor del pueblo valenciano y ante Transparencia, antes conselleria y ahora Secretaría Autonómica.

El ex director general guarda silencio

Lamentan, asimismo, que el ex director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles, competente en la concesión de permisos de planes eólicos y de fotovoltaicas hasta el pasado 3 de julio, no les respondió a los recursos de alzada que le plantearon, solicitando la ejecución de las garantías, ni a las alegaciones que presentaron respecto a proyectos que consideran irregulares. Una queja que ha sido trasladada al Síndic.

Las entidades ecologistas y de defensa del territorio remitieron un pormenorizado escrito de denuncia a finales de 2025 en el que se adjunta precisamente una relación de esos casos en los que se ha recurrido en alzada la no incautación de avales y no han obtenido respuesta. Se traslada al Síndic que la Conselleria de Medio Ambiente no ha dado respuestas, pero tampoco información en primera instancia. Explican en su escrito que la “devolución de las garantías” produce un “agravio a las arcas públicas” y otro “comparativo” a los “promotores que ejercen con buenas prácticas”.

Recomiendan buenas prácticas a la Generalitat

En el escrito al Síndic, las entidades medioambientalistas aportan la literatura jurídica aplicable al sector de las energías renovables e incluso una recomendación de buenas prácticas para la Administración que incluye la elaboración de un registro público de permisos caducados, de garantías ejecutadas o del destino de los fondos incautados. El texto de denuncia incluye un último apartado de conclusión o síntesis en el que se subraya que la “ejecución de las garantías económicas en casos de proyectos eólicos y fotovoltaicos especulativos que no se realicen por causas imputables al promotor está respaldada por el art. 1 del RDL 23/2020 y por el art. 23.6 del RD 1183/2020, que vinculan el mantenimiento de permisos al cumplimiento de hitos y prevén la caducidad con ejecución de garantías”.

“Ejecutar las garantías protege la capacidad de la red, la eficiencia de costes del sistema eléctrico a los consumidores, evita el acaparamiento especulativo y es proporcional si la Administración documenta adecuadamente la imputabilidad y respeta las garantías procesales del promotor”, añade el escrito. Y concluye: “Además, acoplada a medidas de transparencia y destino claro de las cantidades, constituye una herramienta legítima y eficaz para impulsar proyectos renovables verosímiles”.

UGT-PV ha reconocido este viernes con sus Guardons d'Honor, la máxima distinción del sindicato a nivel autonómico, a las tres principales asociaciones de víctimas y damnificados de la dana de forma colectiva y a la oncóloga Anna Lluch, a título individual, por su trayectoria en la lucha contra el cáncer de mama.

Estos galardones reconocen cada año a personas y colectivos que han destacado por su trabajo y compromiso social, y en su XV edición, han contado con la asistencia del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

La presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024, Mariló Gradolí, ha afirmado que es un honor recibir el reconocimiento por parte del movimiento sindical y que sea compartido con otras dos asociaciones y con la doctora Anna Lluch.

“Es muy importante porque es un reconocimiento a una lucha que compartimos con el movimiento sindical y es luchar por los servicios públicos, por tener más seguridad y para asegurarnos un futuro mejor”, ha manifestado.

La presidenta de la Associació de Víctimes Mortals de la DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha subrayado la responsabilidad de seguir trabajando por la memoria de los familiares muertos en la dana.

Por su parte, la vicepresidenta de la Associació de Damnificats per la DANA de l’Horta Sud, Elizabeth González, ha destacado el respaldo de la red estatal de apoyo a las víctimas de la dana y la necesidad de seguir luchando, como se ha visto con el último Es-Alert, que “volvió a sonar tarde y mal”.

UGT-PV distingue la labor de estas asociaciones en este acto de reconocimiento, solidaridad y memoria ante “una pérdida que nos ha marcado a todos”. La dana causó la mayor catástrofe natural de la historia reciente con centenares de miles de afectados en una veintena de municipios, y surgieron organizaciones que representaron la respuesta civil y democrática de las familias de las víctimas, ha valorado el sindicato.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha resaltado el talento y la trayectoria profesional de servicio público de Anna Luch, oncóloga e investigadora, y la “resistencia, fortaleza y dignidad” de las asociaciones de víctimas después de la “peor tragedia que pudimos imaginar” y de la que se van a cumplir dos años.

“Las asociaciones de víctimas merecen todo nuestro respeto y todo nuestro reconocimiento, y todos aquellos que han intentado señalarlas, dividirlas y atacarlas, que representan todo lo contrario de lo que ellas representan, no solo merecen nuestro rechazo, sino también nuestro señalamiento y nuestra reprobación”, ha manifestado.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha valorado el reconocimiento al trabajo que desarrollan las asociaciones de afectados por la dana y ha criticado que el PP “dispare contra las asociaciones, contra las personas que están reclamando sus derechos y que están pidiendo justicia y reparación”.

En este sentido, ha expresado el apoyo de UGT a las asociaciones de víctimas y ha avanzado que volverá a reunirse con ellas para hacer seguimiento de la recuperación y del cumplimiento de los compromisos.

Respecto a Anna Lluch, Álvarez ha subrayado su labor desde el sector público y en favor de las personas, y ha dicho que el reconocimiento es muy merecido.

El lider estatal de UGT ha puesto en valor a las instituciones y a los servicios públicos para ayudar en la investigación contra el cáncer y en la protección de las personas en las emergencias. “El pueblo no salva a el pueblo. Lo salvan unos buenos servicios públicos. Los impuestos son los que salvan vidas”, ha argumentado Álvarez.

De Lluch, UGT-PV ha resaltado su figura por ser la referencia más destacada de la oncología valenciana y española en la lucha contra el cáncer de mama, y defensora firme de la sanidad pública.

“Su trayectoria encarna los compromisos de la UGT-PV: dignidad del trabajo, justicia social, igualdad y ciencia al servicio de toda la ciudadanía, sin distinción de condición económica y social, y arraigo al territorio desde una valencianidad comprometida, abierta y universal”, ha destacado el sindicato.

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, evita pronunciarse sobre los plazos para ser ratificado como candidato del PPCV en las próximas elecciones autonómicas. En un acto este viernes, ha emplazado a los periodistas a consultar con Alberto Núñez Feijóo, el presidente nacional del PP, sobre la proclamación de candidatos.

En concreto, preguntado por una redactora sobre si desea que su candidatura sea confirmada antes del debate de política general, que se celebra el 28 y 30 de septiembre en las Corts Valencianes, Pérez Llorca se ha limitado a responder: “Yo creo que debe llamar al señor Feijóo”.

El PP todavía no ha confirmado si el presidente valenciano será su cartel electoral. Algunos medios han vaticinado que será durante el mes de septiembre, pero el calendario corre y el anuncio no llega. Por el momento, según ha podido saber elDiario.es, no será en la próxima Junta Directiva Nacional. Esta indefinición en la configuración del cartel electoral, y sobre todo los nervios que emanan del Palau de la Generalitat, están generando un ambiente de tensión dentro del partido.

La portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Isaura Navarro, ha presentado una denuncia ante la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF). La iniciativa responde a la aceptación por parte del presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, de una entrada valorada en 21.000 euros para la final del Mundial de Fútbol en Nueva York, un pase facilitado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). A juicio de la coalición, este hecho podría constituir un uso irregular de fondos públicos, una vulneración grave de las obligaciones de transparencia y una conducta contraria a la ética pública y al buen gobierno.

La denuncia destaca indicios de un posible conflicto de intereses entre la recepción del obsequio y la aprobación simultánea de partidas presupuestarias del Ejecutivo autonómico destinadas a la entidad deportiva. Según detalla Compromís, los presupuestos autonómicos aprobados el pasado mes de julio incorporaron, por primera vez, dos partidas nominativas por un valor total de 90.000 euros para la RFEF. Esta financiación resulta atípica en las cuentas autonómicas, que por norma general destinan sus recursos a organismos de ámbito regional.

“Son unos hechos muy graves. Mientras el presidente Pérez Llorca aceptaba este obsequio, los presupuestos de la Generalitat incorporaban por primera vez partidas para la Federación. Quien recibe el regalo es, precisamente, quien después decide destinar dinero público a la entidad donante. Esto es un evidente conflicto de intereses, y es lo que pedimos a la AVAF que investigue”, ha declarado Navarro.

El escrito remitido a la agencia señala asimismo que el desplazamiento institucional a Nueva York, efectuado en julio de 2026, no figuró en la agenda pública ni en el registro del Portal de Transparencia. Esta omisión ocurrió a pesar de la relevancia del viaje y de la ausencia del mandatario en el pleno autonómico para la aprobación de los presupuestos. Además, Navarro ha denunciado el incumplimiento del deber legal de dar publicidad a los obsequios recibidos: “A fecha de hoy, este obsequio no figura en el Registro de Obsequios. Esto representa una vulneración consciente de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno”.

Desde el grupo parlamentario enfatizan el carácter desproporcionado del pase. Navarro afirma que “una entrada de 21.000 euros no es un detalle de cortesía ni un uso social habitual, sino un privilegio exclusivo que sitúa al presidente en una posición de beneficio privado incompatible con la neutralidad del cargo”. La portavoz ha recordado que el propio Código de Buen Gobierno prohíbe la aceptación de dádivas que superen las atenciones de cortesía o que puedan condicionar la imparcialidad en la toma de decisiones.

La petición tramitada ante la AVAF insta a la apertura formal de una investigación y requiere la fiscalización del expediente completo del viaje. Asimismo, solicita requerir información a la RFEF sobre los protocolos de invitación, el valor exacto de la entrada y el intercambio de comunicaciones relativo a las subvenciones. Finalmente, Compromís reclama a la Generalitat la publicación inmediata del regalo en el portal institucional y pide que, si la agencia halla indicios de delito, remita las actuaciones al Ministerio Fiscal por un presunto delito de cohecho.

El objetivo de descarbonizar la economía como propósito de la agenda 2030, en el marco del cambio climático, ancló la necesidad de reducir el uso de combustibles fósiles e impulsar las energías renovables, básicamente la fotovoltaica y la eólica. Con un clima propicio por las horas de sol, España es uno de los países que más camino ha recorrido en este sentido, hasta el punto de que casi el 60% del total del mix de generación eléctrica ya es de origen renovable. Pero, como siempre sucede, la especulación acampa allá donde el terreno está abonado para el negocio.

El sector de las renovables está experimentando un problema especulativo, un sobrecalentamiento, desde hace casi diez años, cuando empezó a dispararse el número de peticiones de reserva de capacidad de red para instalar las plantas. A menudo son empresas creadas solamente para conseguir las autorizaciones administrativas con el objetivo de venderlas al mejor postor. Se trata de SL creadas con 3.000 euros de capital social, sin experiencia técnica ni, por supuesto, capacidad financiera para desarrollar la planta para la que se solicita autorización y cuya construcción requiere una inversión de cientos de millones de euros. Una vez logrado el permiso, los titulares acostumbran a no solicitar la conexión porque no existe un proyecto real. Solamente la intención de vender las licencias para lograr millonarios beneficios, a menudo a fondos de inversión extranjeros que son quienes desarrollan las instalaciones.

Para frenar esta burbuja especulativa se adoptaron medidas legales. Entre otras, el Real Decreto 23/2020 de 23 de junio. Norma que pretendía separar los proyectos sólidos de los meramente especulativos. Daba dos meses para renunciar a los permisos de acceso de la instalación si no se iba a construir, con la consiguiente recuperación de los avales. En el caso de no desistir se asumía que ya se debían justificar los requisitos exigibles para mantener esos permisos de acceso. No cumplir las exigencias marcadas supone la caducidad automática de los permisos de acceso y de conexión. Y si los permisos caducan por causas imputables al promotor, la ley establece que han de ejecutarse las garantías económicas presentadas. El dinero pasa, por tanto, a manos de la Generalitat.

La Plataforma per la Ubicació Racional de les Energies Renovables (Ubiracional), que agrupa a 77 colectivos en defensa del territorio y grupos ecologistas, explica que desde ese 2020 se han presentado proyectos de producción de energía eléctrica renovable por una potencia conjunta de 6.927,77 MW. Entre los expedientes autorizados, denegados o actualmente en trámite. Los promotores depositaron casi 280 millones de euros en garantías, según esta entidad.

Se desestima el proyecto sin ejecutar garantías

La citada plataforma explica que en total han sido 165 las instalaciones de renovables que se han desestimado, por renuncia de la promotora o incumplimientos. En la Comunitat Valenciana, y dentro de esos proyectos ¿han naufragado planes de perfil especulativo, desestimados por la Generalitat dentro de los procedimientos administrativos para autorizar estas instalaciones? Sí. Especialmente en los últimos dos años, según Ubiracional. Por caducar los permisos o por no acreditar las necesidades del proyecto. ¿La Generalitat se ha incautado de los avales? Ni un solo euro ha ido a parar a las arcas públicas. El balance de los últimos seis años es: 165 expedientes fracasados por responsabilidad del promotor, cero euros intervenidos. Desde la Plataforma Ubiracional lamentan que Medio Ambiente está devolviendo el importe total de las garantías pese a que hay proyectos que, entienden, han incumplido las condiciones por las que el promotor puede recuperar los avales. Para la conselleria, en todos los casos hay justificación para no ejecutar los avales, dicen. De esta forma, esos casi 280 millones de euros han vuelto a bolsillos privados pese a que el impulsor del proyecto no tenía, en muchos casos, más intención que especular.

Es información oficialmente facilitada por la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano, y por el director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles. Ambos han admitido en sendas respuestas parlamentarias que el Consell no se ha incautado de un solo euro de avales depositados por proyectos desestimados porque el promotor ha desistido o por incumplir las exigencias. En respuesta al diputado de Compromís, Vicent Granel, quien, tras reunirse con Ubiracional, le preguntó por los casos en los que la resolución desestimatoria se había saldado con incautación de avales, la consellera Cano respondió que no consta “ningún expediente finalizado de devolución de garantías en el que se haya resuelto que no procede la devolución y, por tanto, se haya instado la incautación de los avales por incumplimiento de la promotora”.

Asimismo, añadía, “no existen casos en los que, habiéndose dictado una resolución desestimatoria se haya procedido a la incautación de avales, ya que no se ha dado ninguna situación que requiera tal actuación”. La respuesta es de octubre de 2025. El 10 de diciembre, el propio director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles, por aquel entonces adscrito a Industria y ahora a Medio Ambiente, ratificaba ese extremo. Explicaba que desde 2019 hasta noviembre de 2025 no se han incautado del importe depositado como garantía en los proyectos con resolución desestimatoria o en los que los propios promotores hayan desistido.

La ley fija un aval de 40 euros por KW

Tanto las garantías que han de depositarse como las condiciones del procedimiento de acceso, conexión o las causas de caducidad o inadmisión están reguladas en el Real Decreto 1183/2020. En esa norma se fijan las garantías económicas exigibles como aval para tramitar los permisos de acceso y conexión, que son 40 euros por KW instalado para generación (artículos 23 y 23.bis).

Desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, han actualizado, a petición de este diario, las respuestas parlamentarias para confirmar que hasta la fecha siguen sin ejecutar ningún aval. De momento, dicen, “no ha habido causas” para activar ese mecanismo. Por causas entienden que haya una infracción por parte del promotor. Una condición que, según expertos consultados, no se contempla en la normativa. En todos estos casos, apuntan desde la Generalitat, la instalación ha fracasado por razones no imputables al promotor, tales como informes ambientales desfavorables por ubicarse el proyecto por ejemplo en un parque natural.

Aseguran que el precepto legal de ejecutar las garantías es “relativamente reciente” y señalan que en otras comunidades o el mismo Gobierno tampoco han utilizado esa potestad legal. Respecto a los macroproyectos plagados de insuficiencias e irregularidades y susceptibles de perder los avales, fuentes de la Generalitat admiten sus dificultades y señalan que en buena medida están mal concebidos y difícilmente pueden cumplir las exigencias legales. Son condiciones muy complicadas que los convierten en “inviables”, dicen. En algunos casos los proyectos están, además, judicializados.

Ubiracional ha planteado recursos de alzada en los que se pide que las resoluciones que tumban los proyectos “debían recoger si los avales se ejecutaban o no”. En muchos casos la única respuesta ha sido el silencio, según la citada plataforma.

El diputado de Bomberos de la Diputación de Valencia y participante en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el día de la dana de València de 2024, Avelino Mascarell, ha avalado de manera implícita la versión que dio ante la jueza la exalcaldesa de Chiva, Amparo Fort, quien reveló que avisó al Cecopi del desbordamiento en la cabecera del Poyo. “No me acuerdo. Si lo dice la alcaldesa, será verdad”, ha explicado Mascarell a preguntas de las acusaciones.

La alcaldesa de Chiva llamó a Mascarell a las 18.55 horas, según los registros de llamadas, y en esa comunicación le avisó del desbordamiento del barranco, que ha sido siempre negado por todos los altos cargos de la Generalitat. La testigo describió ante la jueza la escena en la cabecera del barranco del Poyo, emitida en directo por À Punt, como un “golpe de agua brutal” que “desbordó absolutamente todo”. Fort también comentí que, como consecuencia de un rayo y de la riada, se quedaron sin agua, sin luz, sin carreteras y sin gas durante una semana.

La exalcaldesa popular explicó que el 29 de octubre llovió “desde primera hora”, sobre las 6.30 horas, pero luego paró y no volvió a llover hasta las 15.00 o las 15.30. Sobre las 17.00 horas, prosiguió, le llamaron de la Diputación para preguntar por el barranco y, como lo veía desde su casa, se percató de que estaba “bien”, con lo que no entendía la preocupación, dijo.

En esos momentos sí empezó a bajar agua con coches y contenedores. Le volvieron a llamar y el barranco seguía bien, “pero era la calle la que tiraba toda el agua del barranco”, indicó, para agregar: “Nos quedamos sin agua, sin luz, sin carreteras y sin gas durante una semana”. De hecho, comentó que sobre las 17.30 horas ya hubo llamadas al teléfono de emergencias 112 por parte de vecinos de Chiva “con problemas muy graves”.

Sobre las 19.00 o las 19.30 horas, según dijo —aunque no recordaba la hora exacta—, “vino un golpe de agua brutal, como si se hubiese abierto un pantano o una presa, y se desbordó absolutamente todo. Desde la primera planta se podía tocar el agua”, ha expuesto. En esos momentos llamó al diputado provincial de Bomberos y le dijo que ya se habían inundado. “Ya era de noche, pero teniendo en cuenta que era invierno, podían ser las 18.30 o las 19 horas”, señaló. La llamada, según la lista cotejada que consta en la causa, fue a las 18.55 horas.

Mascarell, que avaló la declaración de la alcaldesa, pero que también dijo que “no se acordaba”, exasperó a las acusaciones, que le censuraron que contestara con evasivas o con “recuerdos selectivos”. Por este motivo, la acusación popular ejercida por Compromís advirtió al testigo de que iba a estudiar medidas para denunciar esta actitud, que consideró “obstrucción a la justicia”.

Por su parte, fuentes cercanas a la exconsellera Salomé Pradas aseguran que el testigo Avelino Mascarell, que declaraba por segunda vez, “se ha mantenido en su primera declaración”. “No se acredita que ni él, y mucho menos el Cecopi, recibiera información en tiempo real sobre el desbordamiento del Poyo”, han argumentado.

Otra testigo que ha comparecido este lunes es la exdirectora general de Prevención de Incendios Forestales durante la dana, Rosa Tourís, quien, según las fuentes cercanas a Salomé Pradas, aseguró que en el Cecopi “no se habló del Poyo, solo de Utiel/Requena y la presa de Forata”. También ha manifestado claramente que el mensaje de alerta era por Forata. Por otra parte, ha declarado que la Confederación Hidrográfica del Júcar no sabía contestar ante la pregunta sobre una posible rotura de la presa: “No lo tenían claro”.

El secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, ha asegurado que la ciudadanía valenciana se encuentra preparada para un cambio de gobierno y para dejar atrás la etapa del Partido Popular al frente de la Generalitat, primero con Vox en el Gobierno autonómico y después con la formación de ultraderecha como muleta parlamentaria del partido que de momento dirige el president Juanfran Pérez Llorca. Durante la presentación de un sondeo interno que vaticina un escenario muy ajustado en el que cambio en el Palau es posible, el dirigente socialista ha defendido que el proyecto liderado por la ministra Diana Morant representa la alternativa sólida de cara a las próximas elecciones autonómicas. Según sus palabras, los datos evidencian el cansancio de la sociedad frente a la gestión actual y abren la puerta a un nuevo Ejecutivo progresista: “Hay partido”.

La encuesta encargada por los socialistas valencianos apunta a un claro retroceso del bloque conservador y una “pérdida de confianza” en el Partido Popular, al tiempo que rebaja las expectativas de Compromís, quienes hace unos meses realizaron otra encuesta cuyos resultados auguraban unas Corts muy igualadas y un posible 'sorpasso' de los valencianistas al PP y a los socialistas. Mascarell ha indicado que “el bloque de la derecha se desgasta” mientras la ciudadanía rechaza la inestabilidad. Según el estudio encargado por el PSPV, el partido que lidera Diana Morant mantiene un suelo electoral del 87,2%, situación que la dirección socialista interpreta como una muestra de estabilidad ante la descomposición de sus adversarios políticos.

El estudio, realizado entre el 3 y el 9 de septiembre con 1.200 encuestas, otorga entre 31 y 34 escaños al PP con el 29,7 % de los votos, cuando en las elecciones de 2023 obtuvo 40 diputados y el 36,2 % de los apoyos; entre 29 y 32 asientos y el 27,5 % al PSPV, frente a los actuales 31 escaños y el 27,5 % de los sufragios; entre 16 y 19 diputados y el 17,1 % de los votos a Compromís, mientras que actualmente tiene 15 representantes y obtuvo el 14,7 % de los votos; y entre 17 y 19 escaños y el 17,5% de los apoyos a Vox, frente a sus actuales 13 asientos y el 12,7 % de los sufragios. Por provincias, destaca el escenario que se dibuja en Valencia, donde la gestión de la dana pasaría factura al PP, pero también al PSPV, mientras que Vox sería el principal beneficiario, electoralmente hablando.

El sondeo cuantifica la caída del Partido Popular en un 6,5 % de los apoyos y una pérdida de hasta nueve escaños en las Corts. Este escenario supondría la fuga de 156.000 votos y la pérdida de uno de cada cuatro electores de los conservadores; mientras que el PSPV se consolida como la fuerza “hegemónica” de la izquierda con el 27,5 % del voto estimado, al contrario de lo que apuntaba en su día el estudio encargado por Compromís.

En cuanto a la valoración de líderes, la dirección del PSPV ha destacado la proyección de Diana Morant como la figura política de mayor notoriedad en el territorio valenciano, con un índice de conocimiento del 92,6 %. Su notoriedad alcanza el 89,8 % en la provincia de Alicante, dato que, según Mascarell, demuestra la conexión del proyecto socialista “de norte a sur de la Comunitat Valenciana”. En cuanto al resto de líderes, a Pérez Llorca le conoce el 83,8 % de los valencianos; a Joan Baldoví (Compromís), el 79,4 %; y a José María Llanos (Vox), el 63,3 %. Ante la incertidumbre de quién será el candidato del PP a la Generalitat, aumentada por la actitud de Génova, los socialistas también preguntan por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, a quien apenas conoce el 50,9 % de los entrevistados; si bien tiene la máxima valoración entre los líderes sobre quienes se pregunta, con un 4,8.

Ante este panorama electoral, Mascarell ha afirmado que existe una “pulsión de cambio real y mayoritaria” en la sociedad valenciana, “cansada de la parálisis y la falta de gestión”. El dirigente ha recordado que la Comunitat Valenciana fue la primera autonomía que registró la entrada de la extrema derecha en las instituciones, pero ha augurado que también será “la primera” en apartar a ese bloque de las responsabilidades de gobierno.

Finalmente, la dirección del PSPV descarta la “autocomplacencia” y apuesta por intensificar el trabajo político durante los próximos meses. El objetivo de los socialistas pasa por articular esta corriente de cambio en un proyecto de gobierno fuerte y articulado alrededor de las necesidades de toda la ciudadanía valenciana.

Las renovables están consideradas energías limpias, pero los espacios de decisión sobre los proyectos, donde se catalizan intereses millonarios, están siendo altamente tóxicos para este Consell. Hasta provocar conflictos de intereses y destituciones en las áreas en las que se autorizan declaraciones ambientales, se valoran los expedientes y se otorgan las licencias. Hasta formar parte del dosier interno del PP que cuestiona la candidatura de Juanfran Pérez Llorca a presidente de la Generalitat en 2027. Fuentes de la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo, a preguntas de elDiario.es, niegan tajantemente que ese dosier elaborado en la Comunitat Valenciana haya llegado a la calle Génova.

El último en caer, el pasado 3 de julio, fue el director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles, quien, oficialmente, cesó “a petición propia”. La salida de Argüelles no es ninguna anécdota. Fue crucial su papel en el Consell de Carlos Mazón, quien apadrinó su llegada al cargo, el 19 de octubre de 2023, en una Conselleria de Innovación, Industria y Turismo, entonces dirigida por Nuria Montes. Fue elegido por Mazón para ser una pieza clave en su apuesta por las renovables después de que, según el ex jefe del Consell, el Botànic había propiciado “un parón de los proyectos por prejuicios ideológicos”.

Antes de entrar en política, era impulsor y promotor de fotovoltaica, como empresario e ingeniero. Y nunca renunció del todo a sus intereses en algunos proyectos, como él mismo admitió. Ese cóctel de conflictos de intereses y pulsos políticos por el control de la llave de las autorizaciones de renovables explica las turbulencias en las áreas del Consell competentes en este asunto. La Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables (Ubiracional), que agrupa a 77 colectivos ecologistas y de defensa del territorio, habla de “estrecha relación” entre cargos políticos situados en puestos sensibles para autorizar las instalaciones con empresas del sector y con la patronal autonómica Avaesen.

Dejó los cargos pero no las acciones

Su nombramiento como alto cargo obligó a Argüelles a renunciar a sus puestos en los órganos de gobierno de una docena de empresas, bajo el paraguas de la matriz PV Ingen Solutions y en algunas de las cuales era socio fundador. Entre ellas, Pvingenergy Solar Beta, de la que fue administrador solidario desde el 2 de julio de 2021 al 28 de noviembre de 2023, cuando renunció a esa responsabilidad para evitar incurrir en incompatibilidad con su cargo público. Dejó sus puestos en las empresas, pero no liquidó sus acciones, como contó en exclusiva elDiario.es.

El 29 de mayo de 2024 la Generalitat autorizó a la citada Pvingenergy Solar Beta a implantar en suelo no urbanizable del municipio de Monforte del Cid, cercano a la ciudad de Alicante, una central fotovoltaica de 4.000 kw de potencia. Al tratarse de unas instalaciones con una potencia menor de 10 megawatios, la competencia de la resolución del expediente es de los servicios territoriales, que dependen de Argüelles. Quien en aquel momento era socio de la adjudicataria.

La propiedad de las acciones de esa concesionaria era de una segunda firma llamada PV Ingen Solutions, cuyo socio fundador y ex administrador solidario es el propio Argüelles. El ex director general era, además, propietario único de la consultora Efyah Solutions (según la declaración de bienes que presentó cuando le nombraron), copropietaria de la referida PV Ingen Solutions.

La fotovoltaica logró permiso para 4 megawatios en el citado municipio del Vinalopó, una planta solar con una superficie de 93.591 metros cuadrados y con una instalación de 7.290 paneles fotovoltaicos. El ingeniero responsable del proyecto era Gonzalo Navarro, socio también de Argüelles en PV Ingen Solutions, a través de su sociedad Inversiones Mendinavarro.

El de Monforte del Cid no era el único proyecto de renovables en el que tiene intereses Manuel Argüelles. El ex director general participaba en otra planta de fotovoltaica en Picassent (Horta Sud), como responsable de la redacción del proyecto, de nuevo junto a su socio Gonzalo Navarro. En este caso, a través de la ingeniería PV Ingenergy Solar Epsilon, también bajo el paraguas de la matriz PV Ingen Solutions. La central solar de Picassent tiene 1,72 megawatios de potencia y ocupará 23.302 metros de parcela. Estaba previsto instalar 2.730 módulos.

En su declaración de intereses, Argüelles no nombró esas dos sociedades adjudicatarias, pese a que ya se estaba tramitando la licencia de PV Ingenergy Solar Beta en el municipio del Vinalopó y ya estaba autorizada la planta de Picassent. En su declaración de bienes y actividades sí incluyó la firma Efyah Solutions y la matriz del grupo, PV Ingen Solutions.

La Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, la norma estatal, establece en su artículo 11 que los cargos públicos no podrán ejercer actividades privadas “que se relacionen directamente con el departamento, organismo o entidad donde estuviera destinado”. Se refiere a desempeñar actividades en las empresas, no a ser accionista, aunque fuentes jurídicas indican que el espíritu de la norma apunta claramente el conflicto que se genera cuando tienes intereses en el sector que gestionas como cargo público.

Socio del presidente del 'lobby' Avaesen

Manuel Argüelles admitió ser socio, a través de su firma Efyah, de la planta cuya autorización fue concedida por el departamento que él dirigía. Dijo que participaba en proyectos “de pequeño tamaño con un 10% con diferentes inversores”. Y aseguró que en la “territorial de Alicante [donde autorizaron el proyecto] no sabían que yo era socio”. “Nadie sabía allí que yo participaba”, sentenció.

Respecto al plan de Picassent, adujo que la ingeniería llevaba la firma de su empresa, pero que no participaba como accionista. “No tenía el dinero para participar”, apostilló. Admitió que en ese caso los funcionarios sí sabían de su conexión con el proyecto. Y añadía: “Les dije que dieran el mismo trato que a todo el mundo; ellos tampoco quieren tener problemas”. De hecho, subrayó, el expediente lleva “dos años bloqueado”, como tantos otros.

La trayectoria empresarial de Argüelles está ligada en parte a Marcos Javier Lacruz, quien desde 2012 preside Avaesen, la patronal de las renovables. Los dos pusieron en marcha la empresa Silicon Valen, constituida el 17 de mayo de 2022. Argüelles se mantuvo en esa aventura unos seis meses. En ese tiempo, prometieron que Silicon Valen fabricaría paneles en València y reduciría la dependencia de China. En marzo de 2023, la empresa captó su primera subvención, de 362.251 euros, de la Conselleria de Economía, para una inversió inicial que tenía previsto alcanzar los 12 millones. Luego anunciaron que pretendían captar 475 millones de capital para tener una capacidad de producción de 1.200 megawatios al año. Todo quedó en nada.

Sobrevivió a Camps, Fabra y Puig, pero no a Mazón

Al poco de llegar a la Generalitat, Argüelles chocó con el número dos de su área, el entonces subdirector general de Energía, José Miguel López Cortés. Llevaba en ese puesto desde 2011. Se mantuvo con gobiernos de Francisco Camps, Alberto Fabra y, a partir de 2015, con Ximo Puig. Pero con el nuevo director general, apadrinado por Mazón, no duró ni cuatro meses. López Cortés fue primero arrinconado en sus labores de supervisión previa de las resoluciones del área sobre proyectos fotovoltaicos y eólicos. Se enfrentó a su superior al negarse a dar su firma por entender que el proyecto no cumplía la legislación territorial y ambiental, según explican a este diario fuentes conocedoras de esas gestiones. La tensa coexistencia se liquidó en febrero de 2024, cuado Argüelles prescindió de López Cortés. Y en ese puesto colocaron, primero de forma provisional y con carácter definitivo desde diciembre, a José Vicente Sanchis Luis, quien, junto con Rosa María Savall, encabezó en su momento el equipo de Marsan Ingenieros que trabajó en el control de proyectos, inspección y legalización de instalaciones, elaboración del plan de autoprotección y obtención de la licencia de actividad de Terra Mítica.

Una destitución “arbitraria”, según la jueza

En la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, donde se cuecen los informes de evaluación ambiental en los proyectos de renovables, los intereses también han movido sillas. En mayo de 2025, el director general, Miguel Ángel Ivorra Devesa, apartó de su puesto a Rafael Soriano, jefe de servicio de Evaluación Ambiental Estratégica, apenas cinco meses después de acceder a este cargo de confianza. La defenestración se la comunicó verbalmente. El detonante de la decisión fue la negativa del jefe de servicio a prorrogar la vigencia de la memoria ambiental (ya caducada) del Plan General de la Vall d'Alba y de otros instrumentos urbanísticos, tal como se exigía en la instrucción de 25 de febrero de 2025, dictada por el propio Ivorra Devesa. “No había acatado la instrucción y había actuado deslealmente en las funciones de su cargo como jefe de servicio”, esgrimió el director general.

Soriano es técnico de medio ambiente y forma parte del cuerpo de ingenieros de caminos, canales y puertos. Trabajó en Evaluación Ambiental Estratégica desde febrero de 2014. Y en enero de 2024 fue propuesto por el entonces jefe de servicio de esa área para sustituirlo una vez se jubilara. De esta manera, el 4 de enero de 2024, el funcionario Rafael Soriano accedió ese cargo en comisión de servicios. Y en mayo de 2025 fue apartado por Ivorra, también concejal de la Nucia. Soriano acudió a los tribunales y el pasado mes de abril, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 10 de València anuló el cese por considerarlo “arbitrario”. La magistrada entendió que la destitución “no respondía a las razones reales” esgrimidas.

Pérez Llorca vio la luz

El 27 de noviembre de 2025, Juanfran Pérez Llorca fue elegido presidente de la Generalitat. Una de sus primeras actuaciones consistió en reestructurar el Consell. La Dirección General de Energía y Minas, área encargada de autorizar las licencias de renovables, dejó de depender de la Conselleria de Innovación, cuya titular es Marian Cano, y fue adscrita a la Conselleria de Medioambiente, Infraestructuras y Territorio, que comanda el vicepresidente Martínez Mus. El cambio suponía concentrar en una misma conselleria todas las áreas competentes en gestionar los proyectos de fotovoltaicas y planes eólicos. Desde el estudio y declaración de impacto ambiental hasta los trámites técnicos. Porque en el departamento de Mus se halla la Dirección general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, a cuyo frente está Miguel Ángel Ivorra Devesa.

Concentrar todas las competencias en renovables en una sola conselleria tiene una lectura en clave política. En el caso de producirse una discrepancia de criterios con informes contradictorios, la resolución la dirime el Consell si las áreas enfrentadas pertenecen a conselleries distintas. Pero si el conflicto surge en una misma conselleria, corresponde resolverlo al titular del departamento o al secretario autonómico. Esto es, el choque a propósito de autorizaciones, declaraciones de impacto ambiental o concesión de licencias no implica al Consell ni salpica a su presidente, Juanfran Pérez Llorca.

De momento, esta polémica sigue generando indignación interna en el PP valenciano. Tanto como para que forme parte del dosier interno elaborado para descabalgar a Pérez Llorca.

La dirección nacional del Partido Popular sigue sin poner fecha a la proclamación de sus candidatos a las elecciones autonómicas, lo que está convirtiendo la espera del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una verdadera agonía. El 28 de septiembre tampoco será el gran día. Según confirman a elDiario.es fuentes del partido que dirige Alberto Núñez Feijóo, la próxima Junta Directiva Nacional, el órgano estatutario que puede hacerlo, tampoco abordará la designación de las candidaturas a las comunidades autónomas, entre ellas la de la presidencia de la Generalitat.

De momento, Isabel Díaz Ayuso ya sabe que será candidata a revalidar como presidenta de la Comunidad de Madrid, pero Juanfran Pérez Llorca todavía no tiene el “ok” de Núñez Feijóo, que no ha tenido ni un mínimo guiño con el presidente de la Generalitat. Tampoco han despejado la incógnita su número dos, Miguel Tellado, ni recientemente la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, la última integrante del núcleo duro del gallego en visitar la Comunitat Valenciana.

Esta indefinición en la configuración del cartel electoral, y sobre todo los nervios que emanan del Palau de la Generalitat, están generando un ambiente de tensión dentro del partido que recuerda a otras épocas. Pérez Llorca parece ser quien tiene más opciones, pero también está muy bien situado Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, a quien Génova todavía no ha descartado.

Desde antes del verano existe internamente en el PP valenciano un malestar por los desplantes que la dirección nacional ha hecho a Pérez Llorca. Pero en la dirección nacional tampoco esconden su sorpresa porque se hubiera publicado que el 19 de septiembre iba a proclamar al candidato a la presidencia de la Generalitat. “No hay novedad”, dijeron en su día. Posteriormente, se argumentó desde el entorno de Pérez Llorca que el día señalado podría ser el 28 de septiembre, coincidiendo con la Junta Directiva Nacional. Tampoco será ese día.

Esta nueva negativa e indefinición deja a Pérez Llorca con la incertidumbre de si será o no candidato durante el debate de política general de la Comunitat Valenciana. La oposición no escatimará en hacer sangre de la agonía.