La “prioridad nacional”, el eufemismo que emplea la ultraderecha para reducir las ayudas públicas a migrantes, ya es oficial en la Comunitat Valenciana. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó este lunes la ley de Presupuestos y la ley de medidas fiscales, las dos más importantes del ejercicio político, que incluyen una decena de referencias a la expresión que el PP de Juanfran Pérez Llorca pactó con Vox.

La derecha y la ultraderecha sacaron adelante las cuentas públicas el pasado 22 de julio, con el rechazo de la izquierda. En la ley de presupuestos ya se contempla que las ayudas de vivienda “se deben inspirar en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

Una semana después, los mismos votos aprobaron en las Corts la ley de medidas fiscales, conocida como ley de acompañamiento, que incorpora numerosos recortes en servicios sociales y medidas consideradas xenófobas. Esta ley matiza aún más el concepto “prioridad nacional” y lo aterriza en vivienda, servicios sociales y ayudas clave como la renta valenciana de inclusión.

PP y Vox pactaron que para recibir la renta valenciana de inclusión se deban justificar al menos “tres años de manera continuada” o diez de los últimos treinta de manera interrumpida de empadronamiento. En el caso de la ley de Servicios Sociales, se exige desarrollar reglamentariamente el concepto de prioridad nacional, que debe contemplar “la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular, limitando su acceso exclusivamente a los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico”.

El texto también incorpora otra exigencia de Vox: limitar el burka en los espacios públicos. Para sortear la discriminación religiosa, se modifica la ley de movilidad estableciendo “obligaciones de las personas usuarias en relación con su identificación visual”, con la siguiente redacción: “Quienes utilicen el transporte público deberán mantener el rostro sustancialmente descubierto tanto en el interior de los vehículos como en el resto de infraestructuras de transporte, no permitiéndose portar prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro, al objeto de permitir su correcta identificación visual continua por parte del personal del operador o de los agentes de la autoridad, pudiendo estos impedir el acceso o uso de dichos servicios o infraestructuras”.

El número de viviendas deshabitadas en la Comunitat Valenciana es una cifra difícil de conseguir. Los diferentes datos, registros y estadísticas arrojan números contradictorios o información parcial, con lo que realizar una foto fija de la realidad se vuelve complejo. Y, si tener el mapa es complejo, actuar sobre él lo es más todavía.

El Instituto Nacional de Estadística señalaba que en el año 2024 había 102.000 viviendas vacías en manos de grandes tenedores en la Comunitat Valenciana, pero el registro de la Conselleria de Vivienda apenas llega a los 2.500 inmuebles. El registro no indica la fecha de la última actualización, que no coincide con ninguno de los datos facilitados por Hacienda. Son los propietarios quienes deben comunicar a la Conselleria de Vivienda los datos sobre los inmuebles, y la dirección general de Vivienda la competente en el registro.

La ley autonómica considera gran tenedor al propietario de 10 inmuebles o más, y una vivienda deshabitada la que lleva más de un año vacío sin justificación. En el año 2020 se introdujo en la ley de acompañamiento a los presupuestos un impuesto a estos pisos, una forma de presión para evitar las viviendas vacíos en plena crisis habitacional.

Cuatro años después de su aplicación, la Generalitat Valenciana apenas recauda 2,5 millones de euros al año por el tributo a los grandes tenedores, una cifra que ha ido descendiendo. En 2023, primer año de aplicación, este impuesto se aplicó sobre 3.223 viviendas, según los datos de la Conselleria de Hacienda facilitados a elDiario.es, y se recaudaron 7 millones de euros.

En el año 2024, según el visor presupuestario, se recaudaron 7,5 millones de euros por este tributo. La previsión en los años siguientes era mantener la recaudación, aunque las cuentas públicas de la Generalitat Valenciana solo reflejan 2,5 millones en el año 2025 y 2,2 en lo que va del año 2026. Sin embargo, en las previsiones presupuestarias se mantiene una estimación de 8 millones de euros por este ingreso, tanto en la ley de presupuestos como en la Cuenta General de la Generalitat, que se publica a año vencido.

Según la Conselleria de Hacienda, este cambio se debe al descenso de viviendas vacías de multipropietarios. Los datos facilitados a elDiario.es indican que había 1.281 pisos vacíos en 2025 y 1.181 en el año 2026. El departamento que dirige José Antonio Rovira lo atribuye a la bajada de impuestos del Ejecutivo del PP, “que está incentivando la movilización de activos inmobiliarios al reducir los costes asociados a la compra o transmisión de vivienda”, aunque la fiscalidad se reduce para los compradores, y no va específicamente destinada a sacar vivienda al mercado.

El PSPV llevará a los tribunales a la presidenta de las Corts Valencianes y dirigente de Vox, Llanos Massó, por injurias contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los socialistas han presentado una denuncia en Fiscalía por un presunto delito de injurias después de que calificara a Sánchez, como “capo de la mafia corrupta” en una publicación difundida en la red social X.

Los socialistas valencianos advierten que no se puede normalizar que quien ostenta la segunda autoridad institucional de la Comunitat Valenciana utilice el insulto y la descalificación como forma de hacer política y aseguran que, desde Vox, han convertido el insulto permanente al presidente del Gobierno en una estrategia política, una actitud que resulta especialmente grave cuando la protagoniza la presidenta de Les Corts, una institución que representa a todos los valencianos y valencianas y que debería ser ejemplo de respeto institucional.

La dirigente de Vox en Castellón emplea sus redes sociales de forma constante para difundir el discurso de ultraderecha y atacar al presidente. En un vistazo a su perfil de X se pueden encontrar mensajes en los que habla de “mafia corrupta” o “secuestradores de niños”, para hacer referencia a la crisis migratoria en Ceuta, “la psicopatía en su máxima expresión”, para referirse a supuestas medidas adoptadas.

En ese sentido, el PSPV-PSOE subraya que las instituciones están para dignificarlas, no para degradarlas con ataques personales impropios de quien ejerce una de las más altas responsabilidades públicas de la Comunitat Valenciana y defienden que la libertad de expresión no ampara el insulto ni las expresiones que puedan constituir un atentado contra el honor de las personas.

La madrugada del 30 de octubre de 2024 en las comarcas valencianas que estaban sufriendo la dana fue terrorífica. Sobre las 19 horas del día 29 cayeron las comunicaciones y se hizo de noche. Se fue la luz en las calles y en las viviendas, cayó la cobertura telefónica y móvil y tampoco funcionaba la televisión. Solo la radio quedó como fuente de información para miles de personas que, entre las doce de la noche y las siete de la mañana, cuando empezó a romper el alba, quedaron totalmente aisladas del mundo. Con las calles cubiertas por dos y tres metros de agua, fue un sálvese quien pueda. Vecinos ayudando o acogiendo a otras personas que salvaron la vida de milagro. Familiares y amigos buscando a las primeras víctimas cuando la corriente del agua empezó a cesar, sobre las cuatro de la madrugada.

Sobre las 00.15 horas del día 30 de octubre, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se dirigió a los valencianos para anunciar la peor de las noticias. Ya se estaban confirmando las primeras muertes —aunque había habido información de fallecidos muchas horas antes— y pedía a todo el mundo permanecer en sus casas y buscar lugares elevados. Tras esta intervención en la televisión pública y unas últimas instrucciones en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), se dio por cerrado el gabinete político hasta las seis de la mañana. Los equipos de salvamento y rescate siguieron con su trabajo y el jefe del Consell se marchó a su casa.

De esas horas de la madrugada apenas se sabe nada, porque el expresidente de la Generalitat solo tiene registradas comunicaciones hasta las 23.29, cuando mantuvo una llamada con el lehendakari, según la información que el propio Carlos Mazón aportó al juzgado de Catarroja, que investiga la muerte por homicidio imprudente de las 231 víctimas. Nada más se sabe de su actuación después y solo la certeza de que regresó a primera hora de la mañana del día 30 para presidir la reunión del Cecopi. Según declaró el chófer del expresidente de la Generalitat, llevó a Carlos Mazón a su casa entre las 00.00 y la 1 de la madrugada.

Al contrario que el presidente, a tenor de las llamadas realizadas de madrugada, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, sí continuó con su trabajo al frente de los operativos del Estado y coordinando con Emergencias de la Generalitat Valenciana, que seguía con las labores de rescate mientras la catástrofe se complicaba con cada hora que pasaba. Según las comunicaciones de Bernabé durante la madrugada del 30 de octubre de 2024 a las que ha tenido acceso elDiario.es, la responsable del Ejecutivo mantuvo casi 40 llamadas entrantes y salientes durante las ocho horas que transcurrieron desde la medianoche hasta las siete de la mañana, cuando empezó a salir el sol y se reanudó el Cecopi con los responsables políticos.

A las 00.10, no habían pasado ni diez minutos desde que la delegada del Gobierno había colgado con el teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y con un responsable de Presidencia del Gobierno cuando Bernabé mantuvo una comunicación con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Marlaska se incorporó al Cecopi el mismo día 30 de octubre.

A las 00.12 y a las 00.39, la delegada del Gobierno habló con la alcaldesa de València, María José Català. Aunque tres pedanías de la capital quedaron totalmente arrasadas por la dana y murieron 18 personas, en la mayor parte de la ciudad prácticamente no hubo lluvia ni daños. Fue desde el consistorio desde donde se preparó el primer dispositivo para acoger a los miles de personas que se habían quedado a la intemperie tras perder sus coches o quedar atrapadas en medio de calles y caminos.

A las 00.57 y a la 1.13, Bernabé llamó al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. A la 1.16 hizo lo mismo con la entonces consellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, con quien habló durante cinco minutos. A la 1.44, la delegada del Gobierno recibió una llamada de siete minutos de la directora general de Protección Civil del Gobierno, Virginia Barcones. Poco más de una hora y media después —el único respiro de toda la noche, si nos atenemos a las comunicaciones telefónicas—, la delegada del Gobierno volvió a hablar con la alcaldesa de València. Fueron unos dos minutos.

A las 3.51, fue el teniente coronel de la UME quien llamó a Bernabé. A esas horas, las aguas empezaban a calmarse en l'Horta Sud y los equipos de emergencias podían acceder a la zona cero de la catástrofe. A las 5.25, Bernabé habló con un teléfono que no aparece identificado en la relación de llamadas y, a las 5.29, intentó hablar sin éxito con la jueza de guardia de Torrent, que fue la primera magistrada que, sobre el terreno, comenzó el levantamiento de los cadáveres que ya iban apareciendo por decenas.

A las 5.30, Bernabé habló con José Miguel Basset, jefe provincial de Bomberos y uno de los técnicos más importantes de la emergencia. Tres minutos después, la delegada del Gobierno llamó a Salomé Pradas, con quien conversó durante un minuto. A las 5.35, Bernabé volvió a llamar a la jueza de guardia de Torrent y consiguió hablar con ella durante dos minutos. En la siguiente media hora, mantuvo varias conversaciones breves con Carlos Gajero, jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Valencia.

A las 6.31 recibió la primera llamada de un periodista y, a las 6.46, habló con la secretaria general de la Delegación del Gobierno. Minutos después volvió a llamar a la jueza de guardia de Torrent, quien había montado su despacho en una gasolinera donde había vuelto la luz y donde ya llevaba varias horas con la identificación y el levantamiento de cadáveres. A las 7.12, la delegada del Gobierno habló con Arturo Prieto, general de la Guardia Civil, y a las 7.21 volvió a conversar con la jueza de Torrent. Hablaron durante cinco minutos.

A esas horas empezó a volver la luz en las zonas más devastadas por la dana y todo el mundo empezó a ser consciente de la magnitud de la tragedia. A partir de ese momento, ya se ha contado todo con luz y taquígrafos.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el jugador de la selección española Ferran Torres han firmado este viernes el protocolo por el que el futbolista valenciano será imagen mundial de la Comunitat Valenciana. El jefe del Consell ha revelado que Torres, nacido en el municipio valenciano de Foios, no cobrará por esta colaboración con la Generalitat.

En su discurso de agradecimiento, el futbolista ha tenido un recuerdo para las víctimas de la dana de València del 29 de octubre de 2024. Ferran Torres, autor del gol que dio a España el Mundial de EEUU, Canadá y México, ha revelado que el convenio de colaboración contempla actividades vinculadas con “proyectos deportivos y con jóvenes”.

Pérez Llorca ha alabado el compromiso del jugador con su tierra. “Cuando Ferran se puso la señera en el cuello se nos puso la piel de gallina a todos los valencianos y valencianas. Cuando cogió la señera se le veía como una persona comprometida”, ha explicado el presidente de la Generalitat que fue testigo presencial del gol, puesto que estaba en la final con una entrada cortesía de la Federación Española de Fútbol.

Ferran Torres ha regalado al presidente de la Generalitat una camiseta de la selección con su número y nombre. Eso sí, todavía con una estrella en el escudo, lo que ha producido el comentario divertido del jefe del Consell.

Protocolo de colaboración

El protocolo, con una duración de dos años naturales, permitirá realizar un conjunto de actuaciones destinadas a reforzar la promoción y proyección exterior de la Comunitat Valenciana, poniendo en valor sus atractivos turísticos, culturales, gastronómicos y de ocio en mercados nacionales e internacionales.

Asimismo, incluye acciones de comunicación estratégica con la colaboración de Ferran Torres para consolidar la Marca Comunitat Valenciana como referente de calidad de vida, sostenibilidad y vanguardia, así como la participación en eventos, foros y encuentros de especial relevancia que contribuyan a visibilizar el talento y el posicionamiento estratégico del territorio.

Todo ello se complementará con la difusión de los valores y la identidad valenciana, destacando la cultura del esfuerzo, la resiliencia, la hospitalidad y el estilo de vida mediterráneo que caracterizan a la sociedad valenciana.

El acuerdo, que contempla la participación de Ferran Torres en tres actos por año, carece de contenido económico directo ni retribuciones para el deportista, más allá de los gastos derivados de transporte, alojamiento y desplazamientos vinculados a una actuación que asumirá la Generalitat.

Alta Distinción

Pérez Llorca también ha anunciado que va a proponer la concesión de la Alta Distinción de la Generalitat del 9 d’Octubre a los futbolistas Ferran Torres y Álex Grimaldo, campeones del mundo con la selección española de fútbol.

El jefe del Consell ha reconocido también la trayectoria de Álex Grimaldo, “otro valenciano que está llevando el nombre de nuestra Comunitat Valenciana por todo el mundo con su trabajo y su talento”.

Al respecto, ha señalado que “tanto Ferran Torres como Álex Grimaldo son un orgullo para todos los valencianos y, por ello, hemos propuesto que ambos reciban la Alta Distinción de la Generalitat el próximo 9 d'Octubre, como reconocimiento al ejemplo que representan dentro y fuera del terreno de juego”.

La instrucción de la causa sobre la dana y las comunicaciones reveladas por algunos de los protagonistas de la gestión institucional de aquella fatídica jornada han evidenciado distintas maneras de hacer política y de asumir la responsabilidad del cargo. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, realizó 207 llamadas entre las 8.07 del 29 de octubre y las 7.21 del día 30, según la información a la que ha tenido acceso elDiario.es. Por su parte, el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón hizo o recibió 26 llamadas entre las 17.37 y las 23.37 horas, de acuerdo con la información que aportó voluntariamente al juzgado de Catarroja. La exconsellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, registró 110 comunicaciones durante esa jornada.

El volumen de llamadas ya evidencia la distinta intensidad de actividad entre la representante del Gobierno en la Comunitat Valenciana y el entonces jefe del Consell, de cuya administración dependían las competencias en emergencias y protección civil. Sin embargo, la diferencia resulta todavía más llamativa al comparar las comunicaciones de ambos entre las 14.50, cuando comienza la comida del presidente con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro, y las 19.00, cuando concluye el encuentro tras más de cuatro horas de almuerzo. Ese intervalo coincide con el agravamiento de la situación en Utiel, donde la Unidad Militar de Emergencias ya se estaba movilizando, y concluye con el desbordamiento del barranco del Poyo a su paso por Chiva y l'Horta Sud, la zona donde se produjo el mayor número de víctimas mortales.

El expresidente de la Generalitat entregó a la jueza un registro de comunicaciones que comienza a las 17.37 horas, cuando habla por primera vez con la consellera Salomé Pradas tras no haber atendido dos llamadas previas de esta. En esa relación no figuran, si las hubo, las comunicaciones de la mañana ni las correspondientes a la mayor parte de la comida. Entre las 17.37 y las 19.00 horas, Mazón habla en tres ocasiones con Pradas, una vez con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; otra con el alcalde de Cullera; una más con un director general; y otra con el síndic del PP en Les Corts, el actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. En total, diez comunicaciones.

Por su parte, y durante ese mismo intervalo, Pilar Bernabé realizó 66 llamadas con representantes de todas las administraciones. Desde miembros del Gobierno hasta responsables de la Generalitat y alcaldes de los municipios más afectados por las inundaciones. A las 14.53 horas habla con la consellera Salomé Pradas. Un minuto después llama a Virginia Barcones, directora general de Protección Civil del Gobierno de España. Poco antes de las 15.00, la delegada del Gobierno intenta contactar hasta en siete ocasiones con el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, con quien finalmente habla a las 15.00 durante dos minutos. En esos momentos, Gabaldón tiene el agua al cuello e implora en la televisión pública À Punt el envío de más ayuda.

A las 15.02, Bernabé habla con Ángel Martínez, teniente coronel de la UME; a las 15.08, con el subdelegado del Gobierno; y, a las 15.13, vuelve a contactar con el alcalde de Utiel. Cuatro minutos después llama a un general de la Guardia Civil. Durante los minutos siguientes mantiene conversaciones con concejales y cargos públicos de Utiel y de municipios de la Ribera, donde a esas horas se concentraba el episodio más intenso de la dana. A las 15.56, la comunicación es con un alto cargo de Adif. Cabe recordar que la circulación del AVE entre Madrid y València había sido suspendida a primera hora de la tarde.

A las 16.08 horas, la delegada del Gobierno llama a Rocío Cortés, alcaldesa de Requena en aquellas fechas. Posteriormente, a las 16.17 y a las 16.37, habla con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. A las 16.39 vuelve a llamar a la consellera Pradas y ambas mantienen una conversación de ocho minutos.

Pocos minutos después de las 17.00 comienza la reunión clave del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi), a la que Bernabé se conecta por videoconferencia. Conviene recordar que, entre el inicio de la reunión y las 19.00 horas, la Generalitat desconectó en varias ocasiones a los representantes del Gobierno y al resto de asistentes que participaban de forma telemática.

Bernabé habla durante un minuto con Miguel Polo antes de iniciarse el Cecopi y vuelve a hacerlo durante diez minutos en la primera interrupción de la reunión, alrededor de las 17.50. Durante ese “fundido a negro”, al que les sometió Emergencias, la delegada del Gobierno conversa con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, e intenta contactar con los alcaldes de Montroi, Catadau y l'Alcúdia. A las 18.20 habla durante dos minutos con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant.

Tras esa conversación, la delegada del Gobierno contacta con un representante de Adif y con el teniente coronel de la UME, Ángel Martínez. Son las 18.46 y la comida en El Ventorro está a punto de terminar. En los minutos siguientes también habla con la alcaldesa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues; con el alcalde de Llombai; y con el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, a las 18.34, apenas unos minutos después de que este hubiera recibido una llamada de Carlos Mazón en una de las comunicaciones que el expresidente sí hizo constar de aquella jornada.

Mientras tanto, en los primeros minutos posteriores a las 19.00 horas, la delegada del Gobierno habla hasta en tres ocasiones con Salomé Pradas para reclamar que se reanude el Cecopi y vuelvan a conectarse todas las instituciones que participaban a distancia.

Después de las 19.00 horas, Carlos Mazón todavía tardó cerca de una hora en llegar al Palau de la Generalitat y aproximadamente una hora y media en incorporarse al Cecopi.

El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, ha advertido al president del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca, que cometerá “un delito político de alta traición” a los valencianos y valencianas si rechaza e impide que la Comunitat Valenciana se beneficie del nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, que supondría en 2027 acabar con la infrafinanciación que sufren los valencianos desde 2002, hace 25 años, al aportar 3.669 millones adicionales para la sanidad, la educación, los servicios sociales, las infraestructuras y el tejido productivo valenciano.

Díaz ha realizado estas declaraciones a la vista de los últimos datos sobre la liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas en 2024 analizados por la fundación Fedea. Como refleja este informe, la Comunitat Valenciana ocupó de nuevo en 2024 el puesto 14º (de las 15 comunidades de régimen común, excluidas las forales País Vasco y Navarra) en el reparto de recursos por habitante ajustado, solo por encima de Murcia, y con un índice de financiación de 92,8, lo que significa que está a 7,2 puntos de la media.

Cada valenciano recibe, según Fedea, 946 euros menos que la comunidad mejor financiada, Cantabria, y 263 menos que la media de las 15 comunidades. “Es una injustica que Pérez Llorca, con su actitud, quiere perpetuar para no molestar a sus jefes, cuando estamos a 144 días de que entrara en vigor un nuevo modelo que daría solución a este problema”, recalca Díaz. Desde 2002, con el “modelo Zaplana” aprobado por el Gobierno de Aznar, la Comunitat Valenciana ha ocupado un año tras otro el penúltimo o el último puesto (excepto en 2009, que fue antepenúltima).

El responsable socialista en materia de Hacienda ha recalcado que la propuesta de nuevo modelo de financiación del Gobierno de Pedro Sánchez “liquida esta discriminación histórica situando a la Comunitat Valenciana en la media de las autonomías, concretamente en el puesto 8º de entre las 15, tal como acredita la fundación Fedea, y aportando en 2027 la friolera de 3.669 millones de euros para acabar con las listas de espera en sanidad o la Dependencia, los barracones en educación o los recortes en las ayudas sociales”.

“Estamos ante una oportunidad histórica que los valencianos no podemos dejar escapar. Ningún presidente débil puede impedir que los valencianos nos beneficiemos del nuevo modelo”, ha subrayado José Díaz, quien ha vuelto a reclamar a Pérez Llorca que “no sea cobarde y se plante ante el PP, apoyando la nueva financiación o adhiriéndose a ella una vez la apruebe el Congreso de los Diputados”.

“Pérez Llorca rechaza el nuevo modelo porque está a expensas de que Feijóo lo designe digitalmente como candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones de mayo de 2027, pero la candidatura de Pérez Llorca a la Generalitat no vale 3.669 millones. Será la candidatura más cara que jamás habremos pagado los valencianos”, reprocha el diputado socialista de las Corts.

Por eso, José Díaz insta al president del Consell a “dejarse de excusas torpes” y apoyar el nuevo modelo, “tal como ha hecho el Gobierno de Canarias, del que forma parte del PP”. “Si no tiene fuerzas para defender los intereses de los valencianos frente al PP, que se marche”, advierte el parlamentario.

No obstante, el socialista avisa a Pérez Llorca de que, si no es capaz de defender los intereses valencianos, “ya lo hará Diana Morant tras las elecciones de 2027, en las que avalará el nuevo modelo y los valencianos recibiremos esos 3.669 millones adicionales”. “Lo que Pérez Llorca rechace en 2026 por cobardía lo aceptará por lealtad Diana Morant en 2027 en la Generalitat”, enfatiza el socialista.

Para Díaz, las apelaciones genéricas del PP y de Feijóo a que solucionarán la financiación de la Comunitat Valenciana si llegan al Gobierno resultan “increíbles y grotescas”. “Nadie puede creer al PP cuando dice que un hipotético Gobierno de Feijóo atado a Abascal mejoraría la financiación de los valencianos, cuando sus socios ultra lo que quieren es acabar con las autonomías”. “Con el PP y los ultras, la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales para los valencianos empeorarán todavía más porque los recursos, lejos de aumentar, se recortarán drásticamente”, advierte Díaz.

La dirección nacional del PP enfría las pretensiones del entorno del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de ser ratificado como candidato a las elecciones autonómicas antes que el resto y no convocar un congreso regional, un extremo que haría más fácil el último año de legislatura al sucesor de Carlos Mazón.

El silencio del partido sobre un apoyo explícito al presidente valenciano, designado por Alberto Núñez Feijóo tras la crisis de la dana, alimenta los rumores sobre la distancia entre la dirección regional y la nacional. Llorca gobierna el partido con una gestora, en la que se sitúan todas las sensibilidades del PP valenciano, y debería consolidar su liderazgo con un congreso regional. Los estatutos lo marcaban para el verano de 2025, pero las dudas sobre Mazón y su gestión política tras la dana provocaron un aplazamiento sine die. El sector que encabeza el expresidente Francisco Camps lleva meses reclamando un congreso en el que los militantes tengan voz, y donde presentarse él mismo como opción alternativa.

El entorno del president lleva meses apuntando que será designado en breve y así se lo trasladan a los medios más cercanos. También apuntaron que el entorno del president debatía sobre un posible adelanto electoral, a propósito de la publicación en el Diari Oficial de las indicaciones formales para las papeletas y urnas.

Estas informaciones dejan ver cierta sensación de urgencia en el PP de Pérez Llorca por que la dirección nacional bendiga al president y poner fin a los rumores, pero los de Feijóo llevan un ritmo distinto a los que se gastan en la franja mediterránea. Las cosas, cuando toquen. Y por el momento, no hay una fecha concreta sobre el calendario. Preguntados por si Pérez Llorca será designado el 19 de septiembre y sobre el congreso regional, fuentes de Génova apuntan contundentes: “No hay novedades” y dejan entrever que las publicaciones son especulaciones.

Del mismo modo lo hacen fuentes del PP valenciano, que señalan que se ha hablado de realizar un acto en septiembre u octubre, pero que no tiene fecha. Lo único confirmado a día de hoy, señalan, es la cena de inicio de curso del PP de la Comunitat Valenciana, una cita que coincidirá con la Junta Directiva Provincial del PP de Valencia, que dirige Vicente Mompó, también presidente de la Diputación de Valencia.

La cena, pistoletazo de salida para la campaña, será el 11 de septiembre en El Puig (Valencia), en el recinto del Huerto de Santamaría. Se prevé la asistencia de unas 1.500 personas y una foto de unidad en el partido para empujar en el año electoral clave. En esta ocasión se celebra bajo el paraguas de la dirección provincial valenciana por coincidencia en el calendario. Se espera acto de presencia de algún miembro de la dirección nacional, aunque no está confirmado quién. En las últimas ocasiones, ha sido el vicesecretario general, Miguel Tellado, quien ha venido a acompañar a Pérez Llorca.

Las fuentes del PP valenciano consultadas por este diario no concretan una fecha para la proclamación de los candidatos a las elecciones autonómicas. Es algo que compete a la dirección nacional, señalan, y recuerdan que las previsiones son eso, previsiones. Hace meses se señaló junio como mes para ungir a los alcaldables de las grandes ciudades y el acto terminó siendo el 18 de julio, por lo que incluso la proclamación de los cabezas de cartel autonómicos podría demorarse a octubre. Lo que es casi seguro, apuntan, es que en las próximas semanas de agosto no habrá novedad.

El PSPV-PSOE quiere dejar atrás la imagen de las conferencias de partido repletas de discursos interminables, votaciones de ponencias y militantes encerrados durante un fin de semana. El equipo de Diana Morant prepara para los días 19 y 20 de septiembre una convención política inspirada en los grandes encuentros del Partido Demócrata estadounidense: un evento concebido tanto para presentar un programa de gobierno como para convertir el lanzamiento de la líder socialista en un acontecimiento político, cultural y mediático en la Universidad de Alicante.

La música, los espacios temáticos, la presencia de activistas e influencers de la izquierda alternativa y una programación paralela abierta a personas ajenas a la organización compartirán protagonismo con los debates internos. El objetivo no es únicamente aprobar un documento político, explican fuentes del partido, sino escenificar un nuevo tiempo para el PSPV y comenzar, de facto, la campaña hacia las elecciones autonómicas de 2027.

Llaman la atención algunas de las estrellas invitadas, puesto que en algunos casos son mujeres que han militado en espacios a la izquierda de los socialistas. Es el caso de la jueza y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, Cristina Almeida o Gloria Marcos, ex coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià. Además, también habrá caras conocidas de la televisión, como Sarah Santaolalla, o la influencer Elena Reinés.

Tras esa puesta en escena llegará la conferencia propiamente dicha. Los documentos internos a los que ha tenido acceso elDiario.es dibujan una estructura muy alejada de la organización clásica por áreas de gestión. La dirección ha optado por ordenar el debate alrededor de cinco grandes preguntas que, según plantea el partido, resumen las principales preocupaciones de la ciudadanía: si podrá acceder a la sanidad cuando la necesite; si podrá seguir viviendo en su barrio o en su pueblo pese al precio de la vivienda; si tendrá un empleo digno; si las instituciones responderán ante una nueva emergencia como la dana; y si la Comunitat Valenciana seguirá siendo una sociedad abierta, plural y orgullosa de su identidad.

A partir de esas cuestiones se articularán cinco grandes bloques: 'Viure bé', dedicado a la sanidad y los cuidados; 'Viure ací', centrado en la vivienda, la juventud y el equilibrio territorial; 'Prosperar', sobre empleo y transformación económica; 'Protegir la terra, protegir la vida', que abordará la gestión de la DANA, el cambio climático y el agua; y 'Educació, drets i orgull valencià', concebido como el espacio para debatir sobre educación, igualdad, cultura y autogobierno.

La intención de la dirección socialista es que cada uno de esos ejes tenga una doble utilidad. Por un lado, servirá para elaborar un documento político breve que fije el diagnóstico y las prioridades del programa con el que Diana Morant concurrirá a las elecciones de 2027. Por otro, estructurará los debates de la conferencia, con espacios para incorporar aportaciones de agrupaciones locales, expertos y organizaciones sociales.

Pero el cambio más visible estará fuera de las salas de debate. Frente al formato habitual de las conferencias políticas del PSOE, el PSPV quiere que la programación oficial conviva con actividades paralelas dirigidas a personas que ni siquiera forman parte de la organización. La dirección pretende abrir el partido a perfiles procedentes del mundo de la cultura, el activismo social, el asociacionismo y el ecosistema digital progresista, buscando convertir la conferencia en un espacio de encuentro con una izquierda más amplia que la estrictamente socialista.

El PSPV también mostrará músculo de su presencia en la dirección federal del partido y en el Gobierno. Así, participarán con sus propias ponencias la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; el ministro de Hacienda, Arcadi España, y la delegada del Gobierno y candidata a la alcaldía de València, Pilar Bernabé.

La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte presenta una querella en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por el viaje del dirigente valenciano a la final del Mundial.

La asociación que preside Miguel Ángel Galán, que ya denunció al expresidente de la RFEF Luis Rubiales, ha registrado la querella en el TSJ valenciano y apunta a un delito de cohecho pasivo impropio y un delito de cohecho activo por la invitación al presidente valenciano al partido en Nueva York.

El presidente de la Generalitat Valenciana apuntó en un vídeo publicado en sus redes sociales que el viaje lo costeó “de su bolsillo”, sin hacer mención a la entrada ni a su acompañante, su secretario autonómico de Comunicación. Es precisamente la entrada el objeto central de la querella.

Fuentes de Presidencia explicaron el día en el que tomó el vuelo que había sido invitado por la Federación, y fuentes de la Federación apuntaron a elDiario.es que había pedido comprar la entrada y se optó por invitarle. La RFEF, entidad privada, contaba con un número de entradas de la FIFA a su disposición, para venta o invitaciones, que no comportan coste para la entidad. A la final han asistido numerosas autoridades y personalidades de distinta índole. El dirigente popular no ha dado más explicaciones sobre el viaje, del que no consta información en el Portal de Transparencia. PSPV, Compromís y Sumar han pedido documentación por diferentes cauces parlamentarios, registrando preguntas en el Congreso y en las Corts Valencianes.

La asociación presenta la querella tras realizar varios requerimientos de documentación a la Generalitat Valenciana y a la RFEF sobre los protocolos de invitación. Señala que el precio de las entradas en la web de la Federación para la final era de entre 4.185 y 8.680 dólares, aunque con un sistema de “precio dinámico”. Las entradas de última hora dispararon su precio en otros portales, alcanzando varias decenas de miles de euros, según informaron distintos medios.

Considera la querella que hay indicios de que una “ventaja patrimonial pudo ser ofrecida y admitida en consideración al cargo o función del receptor”. “El extremo que la instrucción ha de determinar es si la ventaja le fue atribuida en consideración a su cargo o función” y considera que existen indicios como “el carácter privado del viaje, la ausencia de criterio general” o “el valor de la localidad muy superior a los usos de cortesía, el cauce singular de obtención y la falta de declaración del obsequio”.

Asimismo, recoge que en los presupuestos de la Generalitat hay dos partidas para la Federación, que suman 90.000 euros. También apunta que el presidente valenciano y el de la RFEF han participado en actos juntos, donde este último ha trasladado su apoyo a las acciones de Valencia como una de las sedes del próximo mundial, algo que debe determinar la FIFA.

La asociación considera que la secuencia temporal es relevante y exige esclarecer “si la ventaja guardó relación con decisiones propias del cargo”. Estas líneas presupuestarias son habituales en las cuentas de todas las comunidades autónomas, que prevén ayudas al deporte profesional y a la celebración de torneos, además de a las federaciones territoriales. El principal ingreso de la RFEF son los derechos audiovisuales y patrocinios, que suponen más de la mitad en sus presupuestos, que contemplan 400 millones de euros en ingresos.

La querella aporta en la documentación una copia de una invitación protocolaria a un presidente de club de fútbol de primera división. Considera que la cuestión penalmente relevante “no es la mera existencia de un protocolo general de hospitalidad, sino determinar si D. Juan Francisco Pérez Llorca fue destinatario de la invitación descrita; si fue seleccionado de manera nominativa; quién promovió, remitió o facilitó su inclusión; si aceptó la oferta; si remitió datos para la tramitación del viaje; si se reservaron plazas, billetes, estancias o entradas a su nombre o al de terceros; y si llegó a disfrutar de cualquiera de las prestaciones”. También “si la eventual invitación se ajustó a criterios objetivos, generales, previamente definidos y aplicados de forma homogénea, o si respondió a una gestión individualizada vinculada a la posición institucional del destinatario o a relaciones personales”. La querella se dirige contra la jefa de gabinete de la RFEF, a quien la entidad acusa de asesorar al presidente valenciano.

El documento se hace eco de las consideraciones del portavoz del PSPV en las Corts, que apuntó a una contradicción en el discurso de Pérez Llorca: si viajó como particular o como representante institucional. El dirigente valenciano y su alto cargo deberían declarar el regalo en el portal de transparencia, como marca la ley autonómica y el código de buen gobierno. Este compromiso ético refleja además que los altos cargos no deben aceptar regalos que sobrepasen los usos y las costumbres de cortesía, y han de ser reflejados en el Portal.

La asociación pide que se citen como testigos al presidente de la RFEF, Rafael Louzán; al secretario autonómico de Comunicación de la Generalitat, Vicente Ordaz, y al alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, amigo de Pérez Llorca que también viajó a las semifinales y la final del Mundial.

Compromís exige la convocatoria del patronato de la fundación Las Naves tras revelar elDiario.es que la Agencia Valenciana Antifraude investiga un convenio entre la entidad pública y la antigua empresa del actual director, Encom Games SL. “Es una investigación en curso que hay que respetar, pero también es una situación suficientemente relevante para que los responsables políticos den explicaciones inmediatas”, ha solicitado el concejal de Compromís, Pere Fuset.

La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto una investigación contra un convenio de 150.000 euros firmado entre la entidad pública y la firma Encom Games SL cuando Castelló era su propietario en 2024. Antifraude considera que existen indicios de la comisión de “infracciones administrativas graves, responsabilidad penal o contable” que le obligan abrir diligencias. Arturo Castelló era presidente de la compañía Encon Games cuando la fundación decidió firmar el convenio con su compañía.

Según el informe de Antifraude, la Junta de Gobierno Local aprobó el convenio para el desarrollo del Programa Valencia Game City el pasado 12 de abril de 2024 y, por lo tanto, “omitió el procedimiento de licitación exigido legalmente”, lo que altera “la libre concurrencia” y “priva al resto de operadores del sector del videojuego”.

“Efectivamente, desde Compromís hemos podido verificar los motivos por los que la Agencia Valenciana Antifraude ha decidido abrir esta investigación. De hecho, nosotros mismos ya habíamos registrado preguntas escritas sobre estas ayudas a Las Naves porque entendíamos que había decisiones que exigían muchas más explicaciones de las que hasta ahora ha dado el gobierno de María José Catalá”, ha explicado Fuset.

Fuset exige a la concejala Paula Llobet, responsable de Innovación, que convoque el Patronato de Las Naves para que informe “con total transparencia sobre este convenio, sobre los criterios seguidos para conceder estas ayudas y sobre todas las actuaciones realizadas en este expediente”. Además, esa convocatoria “es también la ocasión para que se deje de esconder información pública”. “La misma Paula Llobet continúa negando a la oposición la documentación relativa a los gastos de sus viajes sufragados a través de Las Naves, a pesar de que el Síndic de Greuges ya le ha requerido formalmente que facilite esa información”, ha insistido.

“Si no hay nada que ocultar”, prosigue, que comparezca ante el Patronato, que explique tanto el convenio que ahora investiga Antifraude, como los gastos en viajes que continúa ocultando, y que entregue toda la documentación que le reclama tanto la oposición como el Síndic de Greuges. “Esperamos la máxima colaboración con Antifraude y reclamamos que toda la información se haga pública cuanto antes mejor. La confianza en las instituciones solo se defiende con transparencia, rendición de cuentas, luz y taquígrafos”, ha remachado.

Una vez controlado el incendio de La Vall d’Uixó, la portavoz de Emergencias del PSPV-PSOE en Les Corts, Alicia Andújar, ha señalado que, como ya ocurrió el pasado verano, “se ha puesto de manifiesto la debilidad del servicio público de extinción de incendios de la Comunitat Valenciana, ya que de nuevo el 75% de los efectivos que han participado en las tareas de extinción han sido de la Unidad Militar de Emergencias y del Gobierno de España”.

Así, la diputada socialista también ha lamentado que, desde la Conselleria de Emergencias, “se haya intentado ocultar este hecho, inflando las cifras y comunicando datos incorrectos para esconder la escasez de recursos propios”. “Es una vergüenza que la Conselleria de Emergencias intente falsear las cifras de los efectivos que han participado en la extinción para ocultar su nefasta gestión al frente de Emergencias y la debilidad de nuestro servicio de extinción de incendios forestales”, ha destacado. Por ello, Andújar ha avanzado que el grupo socialista “pedirá la comparecencia del conseller de Emergencias para que aclare por qué ha inflado las cifras sobre efectivos que han participado en la extinción”.

Por último, Alicia Andújar ha querido trasladar el agradecimiento del PSPV-PSOE “a todos los efectivos que han participado en las tareas de extinción del incendio de La Vall d'Uixó, que ha quemado 10.000 hectáreas en la provincia de Castellón”: “Agradecemos su enorme esfuerzo por proteger a nuestra gente y a nuestro patrimonio forestal”, ha destacado.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, recibirá este viernes a las 12 horas al futbolista valenciano Ferran Torres en el Palau de la Generalitat, donde ambos firmarán un protocolo de colaboración para que el futbolista de Foios se convierta en imagen y embajador de la Comunitat Valenciana después de marcar el gol que proclamó a España campeona del mundo.

El acuerdo tiene como objeto proyectar e impulsar la imagen de la Comunitat Valenciana en el ámbito nacional e internacional, a través del desarrollo conjunto de acciones de promoción institucional, difusión de la Comunitat Valenciana y puesta en valor de sus atractivos culturales, deportivos, sociales y territoriales, según explicó la Generalitat este miércoles en un comunicado.

Para la institución, Ferran “representa el talento deportivo de la Comunitat Valenciana y cuenta con una amplia proyección internacional gracias a su trayectoria profesional y a su presencia tanto en la selección española como en el fútbol de élite”.

“Además, Ferran Torres personifica el triunfo del trabajo constante, el esfuerzo, la humildad, la resiliencia y un profundo orgullo por sus raíces, valores que hacen del deporte una de las grandes señas de identidad de la Comunitat Valenciana y contribuyen a proyectar un territorio dinámico, abierto y hospitalario”, agregó la Generalitat.

El propio presidente de la Generalitat fue testigo en directo del gol decisivo de Ferran Torres frente a Argentina, como ha venido contando elDiario.es. Pérez Llorca se marchó a Nueva York en viaje particular para presenciar la final del mundial, viaje que costeó dde su bolsillo excepto la entrada, que le regaló la Federación Española de Fútbol.

El portavoz de Medio Ambiente del PP en Les Corts Valencianes, Jesús Lecha, ha instado a la empresa promotora del macrovertedero de Zarra (Valencia) que retire el proyecto porque supondría “un atentado medioambiental contra la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes de muy graves consecuencias”, “un riesgo medioambiental que no podemos permitir”, ha afirmado.

Según un comunicado del grupo popular de Les Corts, Lecha “ha mostrado su firme oposición al proyecto que pretende instalar un Complejo Medioambiental de Gestión de Residuos” (macrovertedero) en el término municipal de Zarra, promovido por la mercantil Treco Gestión de Residuos, S.L e iniciado en el 2022 durante el gobierno del Botànic“.

Este proyecto ha generado una “profunda y justificada preocupación, así como un rechazo frontal tanto en la ciudadanía como en las instituciones locales de la comarca”, según el PP.

Los alcaldes y ayuntamientos de los municipios que se verían directamente afectados por el impacto medioambiental y por el denso tráfico de vehículos pesados en sus cascos urbanos han manifestado “su oposición unánime a la instalación y el Partido Popular no puede inhibirse de unas reivindicaciones exigidas por la totalidad de los ayuntamientos de la comarca, como detallaron los representantes de la Plataforma contra el Macrovertedero de Zarra”, en una reunión que mantuvieron el propio Lecha y el diputado del PP Joserra González de Zárate con miembros de la plataforma.

Según Lecha, “es necesario apoyar a una población que defiende la protección de su entorno natural, la calidad de vida de sus municipios y el futuro de un territorio que ya vivió una movilización similar hace más de dos décadas”.

“Resulta especialmente grave que la tramitación de un proyecto de esta envergadura y con tal capacidad de afección territorial, social, económica y medioambiental se iniciara en la pasada legislatura sin garantizar cauces adecuados de información, participación y coordinación con las entidades locales afectadas, motivo por el que solicitamos a la empresa privada que lo promueve, que atienda al rechazo unánime de toda la población afectada y retire el proyecto desistiendo de su tramitación ante cualquier administración pública”, ha añadido.

A su juicio, “los miles de toneladas de residuos que llegarían a la instalación obligarían a un constante tránsito de camiones por medio de las poblaciones de Ayora y Jarafuel y otros espacios incluidos en el Plan de Emergencia Nuclear de la central de Cofrentes, siendo además un auténtico disparate colocar un vertedero encima del acuífero que alimenta a Ayora y Zarra, poniendo en riesgo los recursos naturales de toda la zona, el impulso de la actividad agrícola y ganadera y la promoción de iniciativas vinculadas al turismo de naturaleza”.

El proyecto se ubicaría en terrenos de cultivo rodeados de masa forestal adulta, en el polígono 11 del término municipal de Zarra, en el paraje de Las Hoyas de Caballero sobre el acuífero de la Mancha Oriental, “una de las mayores masas de agua subterránea de Europa y la planta sería más del doble del vertedero de Dos Aguas cuya capacidad alcanza los 5,62 millones de metros cúbicos”, detalla el PP en la nota.

La llamativa relación entre la fundación del Ayuntamiento de València Las Naves, su director, Arturo Castelló, y su antigua empresa de videojuegos suma un nuevo y polémico episodio. La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto una investigación contra un convenio firmado entre la entidad pública y la firma Encom Games SL cuando Castelló era su propietario, según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Antifraude considera que existen indicios de la comisión de “infracciones administrativas graves, responsabilidad penal o contable” que le obligan abrir diligencias. Arturo Castelló era presidente de la compañía Encon Games cuando la fundación decidió firmar el convenio con su compañía.

La resolución responde a una denuncia presentada ante la AVAF en la que se cuestiona la legalidad del convenio al considerar que las prestaciones asumidas por la empresa privada tendrían naturaleza contractual y, por tanto, deberían haberse adjudicado mediante un procedimiento de contratación pública y no a través de un convenio de colaboración. Un año después, Arturo Castelló entró en la fundación pública primero como técnico y después como gerente. Las Naves continuó eligiendo a Encom Games SL como compañía favorita con todo lo que tuviera que ver con Las Naves y la innovación en el sector de los videojuegos.

Tras analizar la documentación disponible, Antifraude concluye que concurren “indicios suficientes” para continuar con las actuaciones de investigación. La Agencia precisa que el expediente se encuentra todavía en una fase preliminar y que la decisión adoptada no supone declarar la existencia de ninguna irregularidad, sino únicamente que existen elementos que justifican profundizar en el análisis de los hechos denunciados.

Según el informe de Antifraude, al que ha tenido acceso este periódico, la Junta de Gobierno Local aprobó el convenio para el desarrollo del Programa Valencia Game City el pasado 12 de abril de 2024 y, por lo tanto, “omitió el procedimiento de licitación exigido legalmente”, lo que altera “la libre concurrencia” y “priva al resto de operadores del sector del videojuego”.

Fuentes del Ayuntamiento de València han explicado a elDiarios.es que atenderá las peticiones de información de Antifraude, aunque a día de hoy todavía no le habían sido comunicadas. El Ayuntamiento recuerda que el anterior equipo de gobierno de PSOE y Compromís firmó dicho convenio de colaboración en el año 2019, 2020 y 2021 “por un total de 300.000 euros”. Asimismo, fue el anterior gobierno municipal quien aprobó, en junio de 2022, el mismo convenio de colaboración para los años 2022, 2023 y 2024. Un acuerdo que el actual equipo de gobierno dio cumplimiento, según explican desde el equipo de la concejal Paula Llobet.

Entre las actuaciones atribuidas a Encom Games en el convenio, figuran la elaboración del plan de comunicación de Valencia Game City, el diseño de la identidad corporativa, la creación y mantenimiento de la página web, la gestión de las redes sociales, la coordinación del proyecto mediante un project manager, así como la organización de actividades de dinamización, formación y eventos en el espacio Harinera. Según la denuncia, este conjunto de prestaciones podría responder a un contrato de servicios encubierto.

La resolución también aborda la circunstancia de que se haya superado el plazo ordinario de tres meses previsto para la fase de verosimilitud. Antifraude rechaza que ese hecho obligue al archivo automático del expediente y sostiene que el transcurso del plazo no impide continuar las investigaciones cuando existen indicios suficientes y prevalece el interés general en el esclarecimiento de los hechos. Para ello, invoca la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Con esta decisión, la Agencia Valenciana Antifraude mantiene vivo el expediente e inicia una nueva fase de investigación destinada a determinar si el convenio suscrito entre la Fundación Las Naves y Encom Games se ajustó a la legalidad o, por el contrario, pudo utilizarse para eludir la normativa de contratación pública. La resolución deja abierta la posibilidad de que, en función del resultado de las actuaciones, puedan derivarse responsabilidades administrativas, contables o penales.

El Ayuntamiento de València no ha recibido a día de hoy ninguna petición de la Agencia Antifraude.

Todas las familias felices se parecen, pero hay familias que tienen más suerte que otras. Familias a las que les va bien en los negocios, en la política, en los deportes a los que son aficionados e, incluso, en las campañas de vacunación. Y entre las más afortunadas se encuentra la del alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, uno de los pesos pesados del PP de Alicante, que lleva más de 25 años cosechando mayorías absolutas en su municipio y sorteando acusaciones de las que ha salido sin apenas un rasguño.

Amigo íntimo de Juanfran Pérez Llorca, gobierna desde 2001 el municipio alicantino de La Nucía, de la misma comarca que Finestrat, donde fue alcalde Pérez Llorca. Hijo del primer alcalde democrático del municipio, Camilo Cano, y médico de familia de profesión, entró como concejal en 1991 con apenas 25 años. Se ocupó de la cartera de Urbanismo en 1995, hasta que el conseller de Zaplana Diego Such, el alcalde que sucedió a su padre, lo designó sucesor en la alcaldía. La proximidad geográfica e ideológica entre La Nucía y Finestrat le ha generado una valiosa amistad con el ahora presidente de la Generalitat, otro hombre con suerte. Ambos han podido disfrutar a todo trapo de la final del Mundial de Fútbol en Estados Unidos y ninguno ha aclarado los detalles de su viaje, que en el caso del alcalde todavía se prolongó más: viajó en el charter de la Federación el 15 de julio a Dallas a las semifinales, y con la misma comitiva se desplazó a Nueva York, según él mismo relató en una entrevista en la radio.

El PP de La Marina Baixa es ya prácticamente un clan en el partido: un grupo de hombres de la misma quinta —nacidos en los setenta o a finales de los sesenta— que se están haciendo con el control de la formación en detrimento de València. Y eso que Cano, años atrás, militó en las filas de Francisco Camps, cuando el control de Alicante lo tenía su enemigo interno, José Joaquín Ripoll. Camps lo valoró para plantar cara al zaplanista Joaquín Ripoll en la presidencia provincial, aunque al final se decantó por el entonces alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll. También sonó para delegado del Consell en Alicante, aunque el puesto acabó siendo ocupado por el alcalde de Teulada, José Ciscar, que fue diputado autonómico hasta la pasada legislatura.

La de Cano es una familia con suerte. Su hermana Marián fue nombrada consellera de Turismo e Innovación tras la estrepitosa caída de Núria Montes, debido a un desafortunado comentario tras la dana, todavía con Carlos Mazón al frente del Consell. Su hija Ángela fue nombrada directora general de Análisis y Estudios el pasado diciembre, uno de los primeros puestos elegidos por Pérez Llorca, adscrito a la conselleria de Presidencia. A su madre, Ángeles, y su tío, Gabriel, unos potentes promotores les compraron en 2002 unos terrenos para urbanizar un PAI en el municipio, operación cifrada en unos 3 millones de euros. Y a su exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Ivorra, la pieza clave en los PAI, el PP lo nombró director general del mismo ramo en 2023, dándole las llaves de los grandes desarrollos urbanísticos en la autonomía.

'Berna', como se refieren a él sus compañeros, es también diputado provincial en la corporación de Alicante, responsable de Deportes. Lleva siéndolo desde 2007, aunque dejó la Corporación en el mandato del 2011 al 2015, cuando se reincorporó como responsable de las obras municipales. Ese año, cuando el PP tuvo que pactar con Ciudadanos el gobierno de la Diputación de Alicante, los naranjas pusieron varias reticencias a Cano en pos de la 'regeneración' política. Con todo, el entonces presidente, César Sánchez (ahora diputado en el Congreso), lo incorporó.

¿Y cuáles eran esas dudas sobre un alcalde que ya entonces cosechaba mayorías absolutas? Sus vinculaciones con la trama Gürtel -un caso en el que nunca ha sido imputado- y los grandes proyectos urbanísticos. Las mismas dudas que frenaron su ascenso en el PP tras estallar el caso y limitaron su margen de maniobra a su municipio, donde ha sabido sacarle partido.

Los lazos con la trama Gürtel

En la primera década de los 2000, Cano se acercó a los cabecillas y empresarios de la trama Gürtel, con negocios comunes. El alcalde de La Nucía labró amistad con Álvaro Pérez, 'El Bigotes', quien tenía un chalet en la localidad alicantina y cuya mujer presentó las campanadas de 2006 en Canal 9, acto que se emitió desde La Nucía. El ayuntamiento realizó varios contratos con empresas vinculadas a la trama y señaladas en informes de la UDEF: Altius Levante, la concesionaria de la piscina municipal, contrató posteriormente a Orange Market una campaña de marketing, y Especial Events, que contrató los premios Luis del Olmo. El alcalde de La Nucía, que cosecha mayorías absolutas desde 2001, aparece en las transcripciones de las grabaciones de la trama como anfitrión de una fiesta con “tías impresionantes”. Fue precisamente el registro municipal de La Nucía el canal mediante el que Orange Market presentó su oferta al concurso del expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur 2006.

Entre los negocios, se le señaló en conversaciones sobre el PAI Pie de Monte, una operación inmobiliaria frustrada entre los cabecillas de la Gürtel y empresarios como José Luis Ulibarri, beneficiario de numerosas licencias de TDT. En una grabación de la trama, Correa aseguraba tener “un tema gordo en Valencia”, con un PAI prácticamente cerrado y mencionaba al alcalde, aunque el negocio no cuajó. Posteriormente, el empresario Gerardo Martínez Riquelme compró a través de una mercantil (Inerzia) junto a Antonio Rocamora más de la mitad del PAI, desbloqueando la operación. El promotor, dueño de uno de los locales que frecuentaban 'El Bigotes' y Francisco Correa, vendió por medio millón de euros dos pisos en Altea al alcalde de La Nucía, según publicó El Mundo. Según publicó el diario Levante en 2009, los empresarios Martínez Riquelme y Rocamora urbanizaron diez parcelas a nombre de la madre y el tío del alcalde Cano, a través de la empresa Saga Bonperal. Estos empresarios compraron parte de otro PAI en La Nucía, el de La Serreta, que posteriormente vendieron con grandes ganancias, según el mismo medio. Ninguno de los dos proyectos llegó a desarrollarse. La Generalitat Valenciana, aplicando una sentencia del Tribunal Supremo, anuló el plan urbanístico ligado a la Gürtel y el urbanizador de La Serreta quebró.

En 2024 el alcalde y todo su equipo de gobierno fueron denunciados por la organización ecologista Agró por el desarrollo de este proyecto. Según Acció Ecologista-Agró, en marzo de 2021 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Nucía aprobó definitivamente el Plan de Actuación Integrada en la Unidad de Ejecución 1 (PAI de la UE-1) del Sector 'La Serreta' y las obras se iniciaron “sin cumplir los condicionantes establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental”. Es el PAI más grande del País Valenciano en desarrollo.

Investigación por la vacunación

En 2021, cuando la pandemia de Covid iba camino de cumplir su primer año en España y se comenzaron a suministrar las primeras dosis de la vacuna, el alcalde y su consejero de Sanidad se saltaron los protocolos y se vacunaron en un centro privado. En concreto, el 6 de enero asistieron a un centro Savia, marca residencial de mayores del grupo Blasco-Cotino, y recibieron la primera dosis. El PP local lo justificó alegando que es médico en la sanidad privada y ejercía como médico del Club de Fútbol de La Nucía así como del Sporting Fútbol Sala de La Nucía. “Tiene ficha de federado y es, por tanto, un médico recocido por la Federación”, señalaron. La oposición denunció que no constaba que tuviera la compatibilidad para ejercer en la sanidad privada, dado que lleva en excedencia más de 20 años en la pública. Posteriormente, el club de fútbol local divulgó a través de sus redes sociales imágenes de sus jugadores haciéndose tests de antígenos de Covid-19 a cargo de Cano.

El juzgado de instrucción de La Vila Joiosa abrió un procedimiento abreviado para investigar si se había dado prevaricación, pero la Audiencia de Alicante lo archivó en 2022, al no ver indicios de delito.

Deuda municipal disparada

Según los datos del Ministerio de Hacienda, el consistorio ha duplicado su deuda en un año. Ha pasado de deber 20,4 millones de euros al cierre de 2024 a 38,3 en 2025, siendo el consistorio que más incrementa sus deberes en un ejercicio. En 2025 aprobó un presupuesto de 33 millones de euros, actualmente prorrogado. En 2022 el ayuntamiento fue condenado a pagar 9 millones de euros a la promotora del PAI de l'Algar, anulado por los tribunales, más otros 4 en intereses de demora.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha afirmado este martes que el Gobierno valenciano “baraja la opción” de comprar las viviendas de Les Naus de Alicante para evitar que se especule con las mismas. “Es una cuestión judicializada y nosotros no queremos ni interferir ni afectar al proceso judicial” ha añadido Barrachina en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

El portavoz del Gobierno valenciano ha precisado que en este momento está estudiando la adquisición de esas viviendas, como única opción, pero ha indicado que todavía “no está resuelto” este asunto. Esta posición del Gobierno valenciano, contrasta con la mostrada por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, sobre las viviendas devueltas por su exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez y por otros investigados en la causa que devolvieron sus viviendas tras saltar el escándalo. “Incorporar este tipo de inmuebles al parque público de la Generalitat ni sería sostenible, ni daría respuesta eficaz a la demanda real ni al colectivo prioritario”, defendió el PP de Alicante en un pleno.

Preguntado también sobre la situación actual del Plan Vive, Barrachina ha manifestado que el Consell se siente “muy orgulloso” de haber pasado de cero a 6.000 viviendas de promoción pública en estos últimos tres años y ha afirmado que su compromiso es llegar a las 10.000.

“Desconozco si vamos a alcanzar el 100% de los compromisos, pero pasar de cero a 6.000 no es un paso, es un salto gigante”, ha agregado.

El portavoz del Consell ha criticado asimismo que el anterior Gobierno del Botànic “no solo dedicó cero a la promoción pública, sino que demonizó la promoción privada”.

Ha defendido asimismo qué medidas como “la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales para nuestros jóvenes o la política de avales para la entrada” de un piso están facilitando el acceso a la vivienda ante “el problema gigante de la desaparición de oferta por la inseguridad jurídica que genera cada una de las medidas intervencionistas del Gobierno socialista”.

El grupo parlamentario Sumar registra una batería de preguntas en el Congreso sobre el viaje del alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, a las semifinales y a la final del Mundial en EEUU. El edil, amigo del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, viajó a Dallas en el vuelo charter de la Federación, según el mismo contó en una entrevista en Onda Cero, sin dar más detalles sobre quién sufragó el vuelo o las entradas.

El diputado por Alicante Txema Guijarro plantea diversos interrogantes al Consejo Superior del Deporte —órgano adscrito al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes— sobre la política de invitaciones de la Real Federación Española de Fútbol, que es una entidad privada. En concreto, el parlamentario pregunta si el Consejo tiene información sobre las invitaciones cursadas al alcalde —que no ha aclarado por qué fue en este vuelo y si pagó el viaje o las entradas— o si la RFEF ha trasladado información sobre las autoridades invitadas a los partidos del Mundial.

Guijarro también pregunta si el alcalde del PP formó parte de la “delegación” de la RFEF y si su asistencia “respondió a alguna representación institucional o a cualquier otra circunstancia vinculada con sus responsabilidades públicas”. Cano, que también es diputado de Deportes en la Diputación de Alicante, fue médico de la Federación Valenciana de Fútbol y su municipio tiene convenios con la entidad para acoger eventos deportivos.

Asimismo, el diputado de Sumar, apunta: “¿Dispone el Consejo Superior de Deportes de información sobre la entidad que asumió los gastos correspondientes al vuelo, alojamiento, manutención, transporte interno, entradas u otros gastos asociados a la asistencia de Bernabé Cano García a las semifinales y a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?”.

Sobre las informaciones publicadas, el co-coordinador autonómico de Moviment Sumar País Valencià, Xavier López, ha afirmado que “el problema no es que un cargo público asista a un acontecimiento deportivo. El problema es que seguimos sin saber si determinados responsables del Partido Popular viajaron invitados por la Real Federación Española de Fútbol, con qué criterios se cursaron esas presuntas invitaciones y quién asumió, en su caso, los costes derivados de las mismas”.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, no fue el único dirigente valenciano en asistir a la final del Mundial de Fútbol en Estados Unidos. Días antes de que el líder del PPCV, que todavía no ha publicado los detalles de su viaje ni el regalo en el portal de Transparencia, embarcara hacia Nueva York, ya lo había hecho el alcalde de La Nucía y diputado provincial en Alicante, Bernabé Cano, quien esperaba a su buen amigo a unos pocos asientos en el estadio.

El alcalde de La Nucía también pasó una semana en Estados Unidos para ver las semifinales y la final del Mundial de Fútbol. Lo hizo en el vuelo charter de la Federación, donde viajan las familias de los jugadores, de presidentes de clubes de primera división y los presidentes de las federaciones territoriales, según él mismo contó en una entrevista en Onda Cero. “Vine a Dallas con el vuelo charter de la Federación Española”, señaló a los micrófonos, donde explicó que con la misma comitiva viajó desde Dallas a Nueva York para ver la final. Cano se fotografió con el argentino Lautaro Fernández tras el paso de la selección argentina a la final. También con Fernando Llorente, Pepe Reina, Fernando Hierro e Iker Casillas en la 'Casa España', el espacio habilitado para instituciones y aficionados en Dallas.

El alcalde de la Nucía es uno de los cargos del PP más cercanos a Pérez Llorca, de su misma comarca. Como el president, que fue alcalde de Finestrat, ambos son del PP de la Marina Baixa, una de las comarcas que controlan en la actualidad el PP de la Comunitat Valenciana. Cano tiene a una de sus hijas, Ángela Cano, trabajando en Presidencia de la Generalitat como directora general de Análisis y a su hermana, Marian Cano, como consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio. Marian Cano fue nombrada por Carlos Mazón tras la crisis del Consell provocada tras la dana, y Ángela Cano por Pérez Llorca.

El coste de las entradas de la final oscila entre los 4.000 y los 8.000 euros, para la semifinal rondaban los 3.000. Bernabé Cano viajó acompañado por su familia, según las imágenes que él mismo ha publicado en redes sociales. A ello habría que sumar el coste de los billetes. El equipo del alcalde no ha aclarado si costeó él las entradas y las de sus acompañantes ni por qué fue en el vuelo de la Federación, ni ha respondido a las preguntas de elDiario.es.

“Todo el mundo que me conoce sabe de la relación mía (sic) con la Federación de Fútbol”, explica el alcalde, entusiasmado tras aterrizar para ver las semifinales. Cano, médico de profesión, trabajó hace años con la Federación valenciana de fútbol como facultativo, haciendo reconocimientos médicos a los futbolistas. Desde entonces, explica en la entrevista, la relación “se ha ido estrechando”.

“La relación de La Nucía con la Federación es una muy buena relación”, prosigue el alcalde, que ahonda en el reconocimiento de su municipio como ciudad del deporte. En el estadio Camilo Cano —que lleva el nombre del primer alcalde democrático y padre del actual primer edil y de la consellera de Innovación— acoge torneos o preparaciones de la Selección Sub-15, Sub-16 o Sub-19. Cano es alcalde de La Nucía desde 2001, cosechando desde entonces mayorías absolutas, y ha sido responsable de deportes en la Diputación de Alicante desde 2007, con algunos parones temporales en esta responsabilidad. Fue investigado -con la causa archivada- por vacunarse de la Covid aprovechando que era médico de la federación, un trabajo que, aseguró el consistorio, desempeñó de forma voluntaria.

La fotografía llevaba años guardada en un cajón hasta que la actualidad la rescató. En ella aparece un joven Juan Antonio Sagredo, hoy alcalde de Paterna, uniformado junto a un Land Rover del Ejército de Tierra durante el servicio militar en Ceuta. Corría 1997 cuando el Gobierno de José María Aznar ordenó desplegar a cientos de soldados de reemplazo para apoyar a la Guardia Civil en el control de la frontera ceutí ante el aumento de los flujos migratorios.

El alcalde socialista de Paterna recuperó la instantánea para contextualizar la crisis fronteriza entre España y Marruecos en el campo de batalla en que se han convertido las redes sociales. Según explica en una conversación con elDiario.es, la difundió para recordar que el asunto que ocupa los titulares y las tertulias televisivas desde el pasado viernes no es un fenómeno inédito. Hace casi treinta años, él mismo, con apenas 20 años y mientras cumplía el servicio militar, fue enviado junto a otros reclutas a custodiar una de las fronteras más sensibles de la Unión Europea. “Este problema lleva casi tres décadas enquistado, si no más. Ceuta y Melilla no son solo un problema de flujos migratorios; es una cuestión geopolítica mucho más compleja de lo que puede explicarse en un vídeo de 20 o 30 segundos”, resume.

Las crónicas periodísticas de la época reflejan que la situación en la frontera de Ceuta —y también en Melilla— fue especialmente complicada para el Gobierno de José María Aznar. Entonces, la Delegación del Gobierno en Ceuta estaba reforzando la valla que separa Marruecos de España, lo que había provocado altercados y, sobre todo, un incremento del número de personas migrantes en el campamento de Calamocarro, en su gran mayoría argelinas. Ante la insistencia de los medios de comunicación, el Ejecutivo tuvo que justificar por qué enviaba reclutas a una misión tan delicada. Estos hombres, aseguraba el Ministerio de Defensa, “nunca intervienen de forma directa sobre los posibles inmigrantes ilegales” y se limitan a avisar a los agentes de la Guardia Civil “en los casos en los que se produzca cualquier conducta anómala”.

En 1997, Sagredo formaba parte del tercer reemplazo del año y estaba destinado en el Regimiento de Artillería de Campaña número 30 (RACA 30), integrado en la Comandancia General de Ceuta. Su trabajo habitual poco tenía que ver con la vigilancia fronteriza. Era cabo instructor y enseñaba a conducir camiones militares a los nuevos reclutas para las maniobras de artillería.

Hasta que llegó la orden del Ministerio de Defensa.

“De repente nos dicen que tenemos que ir a la frontera para controlar todo el tema de la inmigración y dar apoyo a la Guardia Civil”, recuerda. Los distintos regimientos de la comandancia fueron desplegados a lo largo del perímetro fronterizo. “Cada ciertos metros estábamos por parejas, dentro de los Land Rover que aparecen en la fotografía”.

La escena, vista con la perspectiva de casi tres décadas, le sigue impresionando. “Éramos unos chavales de 20 años con un rifle cetme vigilando la frontera”, dice. Sagredo había pedido una prórroga del servicio militar para terminar sus estudios y después solicitó ir voluntario a Ceuta. Lo hizo atraído por la experiencia militar, pero nunca imaginó que tendría que vigilar la frontera. “Una cosa es querer conocer cómo es el Ejército y otra muy distinta es que te pongan en una frontera con un cetme”, afirma.

El arma formaba parte del equipo con el que patrullaban, aunque el protocolo era estricto. “La llevábamos descargada, pero con la munición en el Land Rover. Si hubiera sido necesario utilizarla había un procedimiento muy claro”. Aun así, reconoce que aquella fue la única etapa de su vida en la que tuvo un arma y que nunca ha dejado de preguntarse cómo habría reaccionado en una situación límite. “No sé cómo hubiera respondido si hubiera tenido que utilizarla”, admite.

Pese a ello, guarda un buen recuerdo de aquella etapa. “No tengo un mal recuerdo ni de la mili ni de aquella misión. La convivencia fue buena y la situación se fue estabilizando con el paso de las semanas”. Porque, según explica, la crisis de entonces siguió un patrón parecido al actual. El momento de mayor tensión se concentró en los primeros días y después el flujo migratorio fue descendiendo. “Al principio hubo mucho escándalo y luego la situación rebajó bastante. Ahora parece que todo es mayor porque existen las redes sociales y hay muchísima más atención mediática que hace treinta años”, señala.

Precisamente esa amplificación del debate público fue lo que le llevó a compartir la fotografía en sus redes sociales. Considera que las redes sociales y parte del debate político presentan la situación como si fuera un fenómeno inédito cuando, desde su experiencia, responde a una dinámica que se repite desde hace décadas. “Cuando yo estuve en la frontera había un tal José María Aznar, que no era precisamente un presidente socialcomunista”, ironiza. “Estas cosas han pasado siempre”.

Para el alcalde, reducir la situación a un debate exclusivamente migratorio supone ignorar el trasfondo diplomático que históricamente ha acompañado a Ceuta y Melilla. “Este es un problema geopolítico que otros Estados utilizan en determinados momentos. Ceuta no es solo una frontera española, también es una frontera de la Unión Europea”, sostiene. Por eso rechaza los análisis simplistas que proliferan cada vez que aumenta la presión sobre la frontera. “La soberanía española no es una cuestión ideológica”, afirma. Y añade que quienes opinan desde la distancia deberían tener presente la complejidad de lo que ocurre sobre el terreno.