El portavoz municipal de Cáceres, Ángel Orgaz, ha anunciado este viernes que el ayuntamiento reconoce el derecho a la asistencia jurídica de dos agentes de la Policía Local que resultaron lesionados durante un operativo de control de alcohol y drogas realizado en la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 22 de febrero, cuando un vehículo que se aproximaba a un control situado en la zona de la plaza de Hernán Cortés realizó una maniobra brusca y antirreglamentaria para evitarlo, iniciando la huida del lugar, según el relato del portavoz tras la Junta local de Gobierno.

Una patrulla de apoyo en vehículo camuflado activó los dispositivos luminosos para interceptar el turismo en la avenida Clara Campoamor, en el centro de la ciudad, donde se ubican varios edificios administrativos, si bien el conductor no se detuvo y acabó embistiendo frontalmente al vehículo policial. Como consecuencia del impacto, los dos agentes resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario para recibir atención médica.

El conductor implicado, que según el Ayuntamiento carecía de permiso de conducción, dio además positivo en drogas y mantuvo una actitud agresiva durante la intervención policial.

Ante estos hechos, el consistorio ha confirmado que se garantiza la defensa legal de los agentes al tratarse de una actuación en el ejercicio de sus funciones, conforme a la normativa vigente y al convenio municipal.

La asistencia jurídica se enmarca en los protocolos de protección a los miembros de la Policía Local cuando actúan en el desempeño de su servicio público.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha absuelto al exjefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho y al preparador de una academia de oposiciones, en el marco de la supuesta filtración de preguntas de una prueba de acceso en 2021, al considerar que no existen pruebas suficientes para acreditar la revelación de secretos.

Emilio Cortés, que ha ejercido de abogado de Cacho durante el proceso, ha valorado este lunes que la sentencia “es muy generosa a la hora de poner de manifiesto que la construcción acusatoria se ha basado únicamente en sospechas y en prospecciones”, según ha declarado a Efe el letrado.

En el juicio, que se celebró este mes de marzo en la Audiencia Provincial, la defensa solicitó expresamente la absolución de ambos acusados al argumentar que las acusaciones carecían de fundamento.

Por su parte, Manuel Beato, abogado del profesor de la academia, se ha mostrado satisfecho de que el tribunal “haya hecho su trabajo y haya destacado que estábamos ante meras sospechas y suposiciones en este caso”.

Así, los abogados han recalcado que no hubo filtración efectiva y han resaltado la importancia de la sentencia absolutoria, lo que, a juicio de ambos, pone de relieve que “la justicia ha hecho su trabajo” al dejar sin efecto las acusaciones.

Se trató de una prueba para cubrir ocho plazas de la Policía Local de Cáceres mediante sistema de oposición libre, que se celebró en septiembre de 2022. Las plazas se adjudicaron y los agentes ejercen actualmente.

Al respecto, Cortés ha indicado que “no ha habido ninguna reclamación administrativa por parte de ninguno de los concursantes respecto a la inidoneidad de ese procedimiento”, lo que ya implicaba que “ninguna resolución administrativa podía justificar una presunta ilegalidad en el ámbito administrativo de ese concurso”.

Para Beato, “resulta sorprendente que no haya acusación particular”, ya que nadie impugnó la prueba; es decir, “todos los aspirantes estuvieron de acuerdo con las correcciones, no vieron ningún vicio de nulidad”.

La Fiscalía Provincial había solicitado dos años y seis meses de prisión para Cacho y cinco años para el profesor, alegando que ambos compartieron el contenido del examen con varios alumnos, lo que habría afectado a la “igualdad y transparencia del proceso selectivo”.

El procedimiento judicial comenzó el 3 de marzo, pero la primera sesión se aplazó parcialmente debido al gran volumen de documentación administrativa, que incluía cerca de 70 gigas de información, algo que dificultó la preparación de las declaraciones de los testigos.

Durante las sesiones declararon opositores, miembros del tribunal y el actual jefe de la Policía Local, Marcos Urbano, quien detalló el desarrollo del examen y los protocolos internos de la oposición. En la última sesión se proyectaron los audios enviados por el profesor que, según la defensa, no alteraron significativamente los resultados.

La Junta Local de Seguridad de Cáceres ha formalizado la adhesión de la ciudad al sistema VioGén mediante la firma del procedimiento operativo de colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Local para la protección y seguimiento de las víctimas de violencia de género y la segunda de ellas asumirá hasta el 50% de los casos de riesgo bajo.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha copresidido este viernes la reunión junto al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

El acuerdo permitirá que la Policía Local de Cáceres asuma de forma progresiva hasta el 50% de los casos de riesgo bajo, lo que equivale a un máximo de 108 expedientes, en coordinación con la Policía Nacional, que hasta ahora gestionaba la totalidad. Según los datos facilitados, Cáceres cuenta actualmente con 266 casos activos en el sistema VioGén, de los cuales 217 están catalogados como de riesgo bajo, ámbito en el que se centrará inicialmente la actuación de la Policía Local dentro de este nuevo marco de colaboración.

Quintana ha calificado esta incorporación como una “magnífica noticia” y ha subrayado que responde a lo que esperan las víctimas, que las administraciones estén coordinadas, que trabajen de forma conjunta y que colaboren todos para darles la respuesta que merecen. En este sentido, ha destacado el trabajo previo realizado durante meses para hacer posible esta integración.

Por su parte, Mateos ha destacado que este convenio supone “un día histórico” para la ciudad y ha defendido que la incorporación al sistema VioGén permite “tejer una red más preparada para salvar vidas”, gracias a la coordinación entre cuerpos policiales y a la puesta en marcha de una unidad específica dentro de la Policía Local.

El alcalde ha explicado que esta unidad arranca con dos agentes y un subinspector, todos ellos con formación específica, y que podrá ampliarse en función de las necesidades. Asimismo, ha subrayado que el Ayuntamiento ha realizado inversiones para habilitar espacios adecuados de atención a las víctimas y mejorar los recursos disponibles.

Con la incorporación de Cáceres, ya son 13 los municipios extremeños integrados en el sistema VioGén, siete en la provincia de Badajoz y seis en la de Cáceres, en un modelo que refuerza la coordinación institucional y la respuesta frente a la violencia de género en el ámbito local. 

El Tribunal Supremo (TS) ha fijado doctrina mediante una sentencia por la que obliga al Ayuntamiento de Cáceres a devolver la fianza depositada por la empresa adjudicataria de las obras del Edificio Embarcadero, al declarar que la liquidación de contratos administrativos también está sujeta a prescripción y no puede practicarse fuera del plazo legal.

Se trata de un inmueble inaugurado en 2011 y concebido como un centro de innovación y emprendimiento municipal. La liquidación definitiva fijó el saldo económico en 318.512 euros, que fue la cantidad sobre la que se había ordenado inicialmente la incautación de la garantía de la UTE PRINSA-Casado. En la fase judicial inicial, la liquidación ascendía a 342.516 euros antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) corrigiera aspectos procesales vinculados al procedimiento.

El litigio se originó en 2009, cuando se paralizaron las obras de adecuación de la bóveda y exteriores del edificio, adjudicadas a la mencionada UTE. En 2017, el Ayuntamiento intentó resolver el contrato por incumplimiento y procedió a la incautación de la fianza depositada por la empresa.

El TS ha determinado que la acción administrativa para practicar la liquidación estaba prescrita, ya que había transcurrido el plazo legal desde que el contrato quedó paralizado y extinguido de hecho.

El fallo aclara que, aunque la liquidación es un “acto autónomo respecto de la resolución contractual, no puede realizarse fuera del plazo legal previsto por la normativa”. Así, el TS aclara en su sentencia, recogida por EFE, que la prescripción también se aplica a la liquidación de contratos administrativos y que la “inactividad de la Administración no suspende este plazo”. Como consecuencia, el Ayuntamiento debe devolver la fianza íntegra a la empresa adjudicataria.

El litigio se ha prolongado durante años, con varias resoluciones judiciales previas. En 2018, el Juzgado Número 1 de Cáceres fijó en 342.516 euros la indemnización que debía pagar la UTE adjudicataria por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de las obras.

Posteriormente, el TSJEx estimó el recurso de la empresa y corrigió aspectos procesales, reduciendo la liquidación definitiva a 318.512 euros y señalando la necesidad de que el contratista fuera citado para las comprobaciones previas a la liquidación.

Finalmente, el Supremo ha resuelto el caso y el Ayuntamiento de Cáceres deberá ahora proceder a la devolución de la fianza a la UTE PRINSA-Casado, cumpliendo así lo dispuesto por la sentencia del Alto Tribunal. 

La Plataforma Ciudadana CáceresVerde ha intervenido este miércoles en el Pleno del Ayuntamiento de Cáceres para expresar su “preocupación, tristeza y protesta encendida” ante el inminente inicio de las obras de remodelación de la avenida Virgen de la Montaña. El colectivo cuestiona la legitimidad política del proyecto, denuncia la eliminación de una fila de árboles y anuncia la entrega de más de 1.700 firmas recogidas en apenas dos días en defensa del actual bulevar junto a Adenex.

La intervención se ha producido en el turno de ruegos y preguntas y en nombre de la plataforma, sus portavoces han reprochado al equipo de Gobierno que la “felicidad” expresada públicamente por el alcalde, Rafa Mateos, no sea compartida por “muchas de las personas que habitamos esta ciudad”.

El Ayuntamiento prevé publicar en las próximas semanas el concurso para una obra presupuestada en 2,7 millones de euros y con un plazo de ejecución de 18 meses. El proyecto contempla un rediseño del espacio que amplía el paseo y, según el Gobierno local, conserva el arbolado.

Sin embargo, CáceresVerde sostiene que la reforma es “innecesaria en los términos en los que se ha planteado” y que no respeta la estructura histórica del bulevar, configurado como plataforma central arbolada con hileras de árboles a ambos lados. La plataforma recuerda que ya solicitó por escrito en octubre de 2023 que cualquier actuación contara con directrices de personas expertas en urbanismo y conservación patrimonial, además de abrir un proceso real de participación ciudadana.

En su intervención, el colectivo también cuestiona el argumento del alcalde, Mateos, de que el proyecto estaba avalado por los resultados electorales de mayo de 2023 al figurar en el programa del Partido Popular. Según los datos expuestos por la plataforma, de las 77.440 personas con derecho a voto, 20.445 respaldaron la candidatura popular, lo que supone el 26,4% del censo.

Uno de los puntos centrales de la crítica es el arbolado. Aunque el equipo de Gobierno ha afirmado que se respetará el “número de árboles”, la plataforma denuncia que el proyecto elimina una fila completa y sustituye ejemplares de gran porte por otros jóvenes. Además, recuerda que un informe técnico municipal ya señaló en 2024 la imposibilidad de trasplantar la mayoría de los árboles de la avenida.

CáceresVerde también ha traído a colación la suspensión de la anterior licitación, ordenada el 22 de marzo de 2024 tras un informe de la Oficina de Desarrollo Urbano y Ciudad Histórica que advertía de posibles infracciones en la preparación del contrato y señalaba la falta de exigencias relativas al respeto del entorno y del arbolado.

Durante su intervención, la plataforma vinculó esta reforma con otras actuaciones urbanas que, a su juicio, han supuesto pérdida de identidad verde en la ciudad, y alertó del deterioro de espacios emblemáticos como la Estufa Fría. Asimismo, lamentó los daños sufridos recientemente por el arbolado urbano tras la borrasca Kristin y pidió que las decisiones políticas no tengan “el efecto de la borrasca más destructora”.

En relación con la participación ciudadana, CáceresVerde criticó que el proceso abierto por el Ayuntamiento se produjera cuando el proyecto ya estaba decidido y aprobado, y que la consulta se realizara en el mes de agosto. Según la plataforma, la normativa municipal establece que la consulta debe realizarse antes de adoptar decisiones, no después.

La asociación concluyó su intervención apelando al Pleno como órgano representativo del conjunto de la ciudadanía y reclamando que el arbolado y los espacios verdes sean considerados patrimonio histórico y refugios climáticos imprescindibles para la convivencia urbana.

Como ya advirtió la historiadora Pilar Bacas en una tribuna publicada en marzo de 2024 en El Periódico de Extremadura, antes de licitar la obra el Ayuntamiento debía fijar directrices claras elaboradas por urbanistas y personas expertas en conservación del patrimonio para garantizar el respeto a la normativa sobre Patrimonio Histórico y Paisaje Urbano. CáceresVerde sostiene que esa advertencia sigue plenamente vigente y reclama que, antes de transformar un espacio incorporado a la ciudad en 1931, se priorice la protección de su estructura histórica y se abra un proceso de participación real que no sea meramente formal e inútil.

El fuerte temporal de viento registrado este miércoles en Cáceres, con rachas que superaron los 100 kilómetros por hora, ha dejado más de 250 árboles caídos y ha provocado graves daños en instalaciones deportivas y espacios públicos de la ciudad, según la primera evaluación realizada por el alcalde, Rafael Mateos, tras visitar las zonas más afectadas.

Mateos ha subrayado que, “gracias a la previsión de la Junta de Extremadura, al trabajo coordinado de los servicios municipales y al comportamiento responsable de la ciudadanía”, no se han registrado daños personales, aunque sí importantes perjuicios materiales, ha declarado este jueves a los medios.

Durante las primeras horas de la borrasca Kristín se recibió un volumen de llamadas “sin precedentes”, con cerca de 350 avisos relacionados directamente con incidencias por viento, en un corto espacio de tiempo, a los que se sumaron las comunicaciones canalizadas a través del 112 Extremadura.

La mayoría de las intervenciones estuvieron vinculadas a la caída de árboles en la vía pública, desprendimientos de cornisas y cascotes, voladuras de tejados y arrastres de mobiliario urbano, como contenedores, lo que obligó a reforzar el dispositivo de emergencia.

La Policía Local movilizó desde primera hora a 45 agentes, que fueron reforzados por otros 20 efectivos incorporados de forma voluntaria a lo largo de la jornada, mientras que la concesionaria de limpieza viaria, Valoriza, desplegó hasta 186 trabajadores. A este operativo se sumaron 136 trabajadores del servicio de Parques y Jardines, la empresa concesionaria Talher y personal municipal, centrados principalmente en la retirada de árboles y ramas caídas y en la evaluación de riesgos en zonas verdes.

El balance provisional de daños en el arbolado urbano cifra en 252 los árboles caídos y en 210 los ejemplares dañados, con especial afección en el Parque del Príncipe, la Plaza de Italia, Paseo Alto y la Calle Jerusalén, donde continúan las labores de inspección.

Entre las infraestructuras más afectadas destacan las instalaciones deportivas, con la voladura de la cubierta de la pista del entorno de Cáceres el Viejo, que deberá ser sustituida por completo, y daños en el Pabellón Moctezuma, lo que ha obligado a suspender actividades.

El Ayuntamiento está cuantificando los daños para solicitar la declaración de zona catastrófica y ha pedido paciencia y prudencia a la ciudadanía. Ha recordado que, aunque la ciudad ha recuperado en gran medida la normalidad, se mantendrá la vigilancia ante una previsión meteorológica aún desfavorable.

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo del cadáver de un joven de 30 años en una vivienda de la avenida de París, en Cáceres. El descubrimiento se ha producido a primera hora de la mañana de este lunes, después de que se recibiera un aviso alertando de lo ocurrido.

Ha sido una patrulla de la Policía Local la primera en personarse en el domicilio, donde han encontrado el cuerpo sin vida del joven. En el interior de la vivienda también se encontraba su madre, que ha necesitado asistencia sanitaria.

Tras la primera intervención de los municipales, la Policía Nacional ha asumido el caso para aclarar las circunstancias en las que se producido el fallecimiento. Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre la investigación.

El suceso se ha producido en la barriada de Cabezarrubia, en la citada avenida de París, una de las vías principales de esta zona residencial, situada junto al entorno del Centro Comercial Ruta de la Plata. 

Cáceres cuenta con un Plan de Gestión de Colonias Felinas, elaborado hace años con participación de personas expertas. Las colonias están registradas, las personas gestoras formadas y acreditadas por el Ayuntamiento, y las clínicas veterinarias que colaboran forman parte del plan. Sobre el papel, la ciudad parece tener control sobre sus gatos comunitarios. En la práctica, sin embargo, la ausencia de presupuesto convierte una obligación legal en una carga que recae casi por completo sobre asociaciones y mujeres voluntarias.

María José Tejeda, presidenta de la Asociación Protectora Felina de Cáceres, lo resume con claridad: “El plan existe, las colonias están registradas y autorizadas, y las gestoras estamos acreditadas, pero el Ayuntamiento no destina los fondos necesarios. Somos voluntarias, cumplimos una labor social que es obligación municipal y aun así nos sentimos tan abandonadas como los propios gatos”.

Las cuidadoras alimentan, esterilizan, medican, buscan refugios y atienden urgencias veterinarias a cualquier hora. Pagan de su bolsillo muchos gastos, desplazamientos, medicación y alimentación, porque el plan carece de partida presupuestaria. Esta situación no solo es insostenible económicamente, sino que genera desgaste emocional, ansiedad y un riesgo constante para quienes asumen esta labor.

Además, por si fuera poca la desazón, el voluntariado se enfrenta a conflictos vecinales. “A veces nos insultan, nos amenazan, nos sacan fotos y vídeos, les retiran la comida o incluso traen perros para que se la coman”, explica Tejeda. Estas situaciones, aseguran las voluntarias, convierten la labor en un esfuerzo que combina compromiso, pasión y una dosis de resistencia frente a la indiferencia institucional.

Cuando la participación es un peligro

En este contexto, según se explica desde las asociaciones de felinos, la intervención de particulares ajenos al plan municipal puede ser bienintencionada, pero peligrosa. La ley prohíbe expresamente que personas sin autorización municipal capturen gatos de colonias, enfermos o sanos. Tampoco se debe difundir la ubicación exacta de las colonias, ya que esto genera estrés, riesgo y peligro real para los animales.

“Que haya ciudadanos que se preocupen por un gato muestra que algo está cambiando y que los gatos ya no son invisibles, pero también es muy peligroso para ellos y para la colonia”, advierte Tejeda. La manera correcta de actuar ante un animal en peligro es avisar a la Policía Local o al 112, llamadas que quedan registradas y activan protocolos de protección y rescate.

Lucky y Neko: un caso que evidenció la dejación

Hace ahora un año, dos gatos comunitarios, Lucky y Neko, fueron rescatados en el marco del plan de colonias. Ambos pertenecían a colonias registradas y autorizadas; Neko incluso contaba con microchip municipal. Ambos necesitaban hospitalización, pero el Ayuntamiento no se hizo cargo de los gastos. Las facturas fueron abonadas íntegramente por la Protectora, la asociación Manuma y por personas particulares.

La presión, los escritos registrados en el Ayuntamiento, las llamadas telefónicas reiteradas y la denuncia en el juzgado consiguieron que finalmente se aprobara una partida de 15.000 euros para urgencias veterinarias. “Pero sacar una cantidad puntual no es cumplir la ley. La gestión de colonias felinas debe garantizarse todo el año, las 24 horas del día, como dice la Ley 7/2023 de 28 de marzo, que establece el régimen jurídico básico para garantizar la protección y el bienestar de animales de compañía y silvestres en cautividad en todo el territorio nacional, subraya Tejeda.

Durante el rescate de Lucky, y ante la complejidad y repercusión mediática del caso, la asociación solicitó una sobreactivación de acreditación al Ayuntamiento para cubrirse legalmente. La autorización fue concedida por escrito, garantizando que la intervención era completamente legal. Aun así, el rescate se vio amenazado por interferencias de terceros, conflictos vecinales y difusión indebida de la ubicación de la colonia, lo que demuestra que incluso con respaldo legal, las voluntarias se enfrentan a un entorno hostil.

Una labor que exige reconocimiento y protección

Más allá de los casos individuales, la situación revela un problema estructural. Cáceres presume de patrimonio histórico y cultural, pero su administración ha permitido durante años que la gestión de los gatos comunitarios dependa del voluntariado. Las asociaciones solicitan no solo recursos económicos, sino protección y reconocimiento de la labor que realizan. “Pedimos respeto por un trabajo que se hace de forma voluntaria pero de manera totalmente profesional, que nos cuesta dinero y que también termina afectando nuestra salud”, explica Tejeda.

El plan de gestión sigue activo gracias a la coordinación entre gestoras, asociaciones, clínicas veterinarias y un responsable municipal de contacto directo. Pero sin presupuesto estable, el sistema depende de la resistencia y el compromiso personal de unas pocas personas.

Pero es que Lucky y Neko no son casos aislados. Son un ejemplo de cómo la dejación institucional pone en riesgo a los gatos comunitarios y a quienes los cuidan. También muestran que cuando se ejerce presión y se visibiliza la necesidad, la administración reacciona. La pregunta es si lo hará de manera suficiente y permanente, antes de que el desgaste de las voluntarias sea irreversible.

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado, con los votos en contra de PP y Vox y la abstención del PSOE, la moción de Unidas Podemos (UP) para declarar persona 'non grata' al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo texto también incluía reafirmar el compromiso institucional con el derecho internacional, la soberanía de los pueblos y el multilateralismo.

El Grupo Municipal Socialista ha presentado una enmienda a la moción, que instaba al Gobierno de España a actuar dentro del marco de la OTAN utilizando los mecanismos políticos y diplomáticos previstos.

En su defensa, la edil Beatriz Cercas ha subrayado que la propuesta no tenía “carácter partidista”, sino que buscaba “defender principios básicos del derecho internacional” y “la resolución pacífica de los conflictos”.

Cercas ha defendido la importancia de “rechazar conductas que han vulnerado la soberanía de los Estados” y ha advertido sobre el “riesgo de normalizar actuaciones unilaterales de líderes internacionales que actúan al margen de las normas comunes”.

Vox se ha posicionado de manera tajante en contra de la propuesta, calificándola de gesto “propagandístico, inútil y ridículo”. El edil Francisco Flores ha argumentado que declarar persona 'non grata' a un líder extranjero “no aporta beneficios a la ciudad ni a sus vecinos” y que UP “solo ha buscado visibilidad mediática”, un hecho que, a su juicio, “daña la dignidad institucional”.

Además, ha denunciado una “doble vara de medir por no extender esta condena a otros dirigentes internacionales” utilizando de manera “sesgada” el derecho internacional mientras se “blanquea”, a su juicio, regímenes dictatoriales como los de Venezuela y Cuba.

El PP, a través del concejal Ángel Orgaz, ha coincidido con Vox y ha sostenido que el ayuntamiento carece de competencias para emitir juicios sobre líderes extranjeros. Orgaz ha defendido que el pleno “debe centrarse en los problemas locales y evitar posicionamientos simbólicos en política internacional que no tienen efectos prácticos”.

Por su parte, el edil de UP Álvaro Jaén ha defendido la inclusión de la moción como “un pronunciamiento político y ético frente a actuaciones arbitrarias contrarias al derecho internacional”. El concejal ha sostenido que los ayuntamientos “pueden expresar rechazo institucional a políticas que han amenazado la soberanía de otros pueblos”.

Jaén ha condenado la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que califica de “agresión ilegal y una muestra de la política de imposición de la ley del más fuerte”, y ha manifestado que “normalizar este tipo de actuaciones supone un grave retroceso para la convivencia internacional”. Asimismo, ha defendido la necesidad de cuestionar el papel de la OTAN.

El GMS también han condenado la “intervención militar estadounidense en Venezuela”, calificándola como “una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas” y ha expresado su solidaridad con el pueblo venezolano.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, se ha mostrado partidario a retomar el diálogo para un posible acuerdo con los grupos políticos del Ayuntamiento para aprobar los presupuestos municipales de 2026, por lo que ha anunciado que en los próximos días mantendrá conversaciones con PSOE, Vox y Unidas Podemos (UP) con el objetivo de alcanzar un acuerdo “cuanto antes”.

De momento, y a la espera del desarrollo de las negociaciones, Mateos ha iniciado los primeros ajustes necesarios para garantizar el arranque del año. De hecho, tal como ha explicado, ya ha hablado con los servicios de Intervención y con la Concejalía de Hacienda para acometer las primeras modificaciones de cara a poder empezar 2026 con normalidad, pues el presupuesto de 2025 está prorrogado.

El alcalde ha confirmado que los números del próximo año están “cuadrados” en un borrador que presentará a los grupos. En caso de no llegar a un acuerdo, el consistorio trabajará toda la anualidad con un presupuesto prorrogado, aplicando modificaciones presupuestarias “puntuales y necesarias” para ejecutar proyectos previstos.

“Mi intención es llegar a un acuerdo lo antes posible. No vamos a aprobar un presupuesto para 2026 en junio”, ha subrayado Mateos, quien ha insistido en que los consensos deberán alcanzarse en las próximas semanas. El regidor no quiere alargar las negociaciones hasta el final del semestre ni que las cuentas entren en vigor en verano como sucedía en la anterior legislatura.

El Gobierno municipal del PP aprobó los presupuestos de 2024 con el apoyo de Vox, mientras que los de 2025 salieron adelante gracias a la abstención del PSOE tras un acuerdo presupuestario que los socialistas han criticado que “no se ha cumplido”.

En cuanto al hecho de que las elecciones regionales celebradas en Extremadura el pasado 21 de diciembre hayan condicionado las negociaciones abiertas el año pasado para dar luz verde a las cuentas y sumar los apoyos que necesita el PP dado su gobierno en mayoría simple, Mateos ha expresado que los acuerdos en el consistorio “no dependen de lo que ocurra a nivel regional o nacional”.

“En este Ayuntamiento siempre hemos demostrado que las negociaciones se hacen sin influencias externas”, ha asegurado Mateos, quien se ha mostrado partidario a retomar las conversaciones y el diálogo con la oposición desde la próxima semana, tras el parón navideño, para garantizar la estabilidad financiera. 

En las pistas de pádel de Extremadura se ha formado el mejor jugador junior del mundo de esta temporada. No es una exageración ni una promesa por cumplir: el joven cacereño, Álvaro Pozo Marroyo, ha cerrado 2025 como número uno del ranking mundial Sub-18 del circuito FIP Promises, la principal antesala del pádel profesional internacional. Un liderazgo construido lejos de los grandes centros de alto rendimiento y desde una trayectoria marcada por la constancia, la evolución técnica y la competitividad.

Nacido el 25 de mayo de 2007, Pozo Marroyo ha alcanzado la cima internacional del pádel tras una temporada excepcional. En la última actualización del ranking lidera la clasificación con 10.340 puntos, fruto de un rendimiento sostenido y de una regularidad competitiva que le ha permitido imponerse a las mejores parejas Sub-18 del circuito mundial.

De Cáceres a Mérida: una evolución decisiva

Álvaro Pozo comenzó a jugar al pádel hace siete años en las pistas del Perú Wellness de Cáceres. Sin embargo, ante la falta de jugadores de su nivel para entrenar con continuidad, su progresión dio un salto clave cuando empezó a desplazarse tres veces por semana a Mérida, donde entrena en el club Es+Pádel Mérida. Allí ha experimentado su mayor evolución deportiva y continúa desarrollando su preparación en la actualidad.

Desde su entorno destacan su madurez competitiva, su capacidad de concentración y una lectura táctica del juego poco habitual a su edad. En pista combina un juego ofensivo con una notable solvencia en los momentos de máxima presión, una de las claves que explica su permanencia en lo más alto del ranking mundial junior.

En paralelo, ha desarrollado su formación académica en Cáceres, primero en el colegio Licenciados Reunidos y actualmente en la Facultad de Ciencias del Deporte de la UEx, compatibilizando estudios y una exigente agenda de entrenamientos y competiciones internacionales.

Dominio internacional en el FIP Promises

Este año 2025 ha supuesto la consolidación definitiva de Álvaro Pozo en el circuito internacional. Solo esta temporada ha conquistado 11 torneos del FIP Promises, confirmándose como uno de los grandes referentes del pádel junior a nivel mundial. Mucha “culpa” la tienen sus entrenadores del club Es+Pádel Mérida, los hermanos Javier y Alberto Sánchez Espadiña y Ernesto Müller, integrantes de su equipo técnico y por los que siente una verdadera devoción.

A lo largo de este recorrido ha competido junto a distintos compañeros. Entre los principales destacan José Giménez, jugador de Zaragoza, y Mario Guerrero, también extremeño. Sus triunfos no solo se miden en títulos, sino en escenarios: Milán, Roma, Lisboa y varias capitales españolas forman parte del mapa de ciudades donde Pozo Marroyo ha logrado imponerse, frente a parejas procedentes de países considerados potencias emergentes del pádel internacional como Portugal, Italia o Francia.

Su progresión también se ha reflejado en competiciones de mayor exigencia: logró clasificarse para el cuadro final del FIP Bronze de Jaén, y alcanzó el cuadro final profesional en el FIP Silver de Portimão, dentro del circuito absoluto, Cupra FIP Tour.

Referente estatal y líder extremeño

En el ámbito nacional, la temporada también ha sido impecable y sobresaliente. Pozo Marroyo ha sido finalista en el TyC de Zaragoza y en el TyC Premium de Valencia, y se proclamó campeón del Máster de Menores de Mérida, logrando el título de Maestro de España.

A estos éxitos se suma el subcampeonato de España por equipos en categoría junior, conseguido el pasado mes de noviembre en Zaragoza con su club Es+Pádel Mérida, un resultado que refuerza su peso competitivo dentro del circuito de pádel de menores.

Estos logros le han permitido cerrar el año como número uno del ranking extremeño junior, tras imponerse en todas las pruebas disputadas en la región, y ser convocado para representar a Extremadura en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, celebrado en Valladolid, donde el combinado extremeño finalizó en quinta posición.

El respaldo necesario para el salto profesional

El crecimiento deportivo de Álvaro Pozo cuenta con el apoyo de Mefiex, su patrocinador principal, que le acompaña en una etapa decisiva de su carrera. Junto a este respaldo, también han sido fundamentales empresas locales como Farmacia Hernández Cruz, Aisur, Pádel Indoor y la marca de ropa deportiva Babolat a la que ha estado vinculado los dos últimos años, así como el apoyo institucional de la Junta de Extremadura, a través de la Fundación Jóvenes y Deporte, y de la Diputación de Cáceres, mediante el programa de ayudas para deportistas cacereños de alto rendimiento.

Un entramado de apoyos que ha permitido sostener una carrera deportiva marcada por la alta competición internacional, los desplazamientos constantes y una planificación cada vez más profesionalizada.

El fin de una etapa

Aunque todavía figura oficialmente como jugador Sub-18, 2025 ha sido el último año de Álvaro Pozo Marroyo en la categoría de menores. En apenas unos días dejará atrás esta etapa para competir exclusivamente en el circuito profesional, con el objetivo inmediato de asentarse en el Cupra FIP Tour y, a medio plazo, dar el salto a Premier Padel.

Una realidad del pádel internacional

Ser número uno del mundo en el FIP Promises no es una circunstancia puntual. Es el resultado de una trayectoria sólida, construida torneo a torneo y frente a los mejores jugadores de su generación. Desde Extremadura, con una formación deportiva desarrollada entre Cáceres y Mérida, Álvaro Pozo Marroyo ha demostrado que el talento de élite también puede crecer lejos de los grandes focos.

El dato es incontestable: el mejor jugador junior del mundo es cacereño y se ha formado en Extremadura. Y su carrera profesional, ahora sí, está a punto de comenzar. Sin embargo, el salto al circuito profesional absoluto es un reto de una envergadura económica inmensa. En esta nueva etapa, todo apoyo será poco para afrontar el gran paso que supone la élite mundial. Para lograr estos ambiciosos objetivos y representar a Extremadura en los mejores cuadros del mundo, el proyecto de Álvaro necesita nuevas colaboraciones y el respaldo de patrocinadores que quieran unirse a la trayectoria del mejor jugador junior del mundo. Así pues, con la mirada puesta en asentarse en el Cupra FIP Tour en 2026 y alcanzar el sueño de la Premier Padel, el joven cacereño encara el futuro con la humildad del que sabe cuánto cuesta cada punto, pero con la determinación del que ya sabe lo que es estar en la cima.

El investigado, identificado por sus iniciales A. G. C., fue detenido a mediados de diciembre en una operación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, con apoyo de agentes de Cáceres.

Según el auto judicial, la magistrada instructora considera que existen indicios de la comisión de varios delitos, entre ellos homicidio en grado de tentativa, amenazas graves, extorsión y pertenencia a grupo criminal organizado, lo que ha motivado su ingreso en prisión sin posibilidad de fianza.

La causa se inició tras la denuncia presentada por la presunta víctima, un conocido empresario sevillano del sector de las atracciones de feria. Familiares del empresario habrían recibido mensajes en los que se alertaba de un posible atentado contra su vida, lo que llevó a activar el dispositivo policial.

Durante la investigación, los agentes lograron interceptar comunicaciones entre el detenido y varias personas que actuarían como intermediarios, algunos de ellos de origen extranjero, en las que se abordaba de forma explícita la posibilidad de ejecutar el asesinato. En esas conversaciones se hacía referencia a la dificultad de llevar a cabo el crimen debido a las precauciones adoptadas por la víctima.

Conflictos empresariales como trasfondo

Las diligencias policiales apuntan a que el presunto encargo del asesinato estaría motivado por conflictos empresariales vinculados a concesiones administrativas y parcelas destinadas a atracciones de feria, en un contexto de fuerte rivalidad dentro del sector.

La jueza ha valorado especialmente el riesgo de fuga, la posible destrucción de pruebas y la reiteración delictiva, así como la gravedad de los hechos investigados, para acordar la prisión provisional del acusado.

Plan frustrado

La actuación policial permitió frustrar el plan antes de que llegara a consumarse, garantizando la integridad física del empresario sevillano y poniendo el caso a disposición judicial con pruebas consideradas relevantes para la instrucción.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias ni la imputación de otras personas relacionadas con la trama.

En Cáceres, la acogida sincera no se publica ni se presume. No pide permiso ni credenciales. No pregunta a las personas de dónde vienen ni cuánto tiempo piensan quedarse. Simplemente ocurre. Así se entiende la labor de Ángel Martín Chapinal, sacerdote y actual párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que desde hace años ha convertido la hospitalidad en una práctica cotidiana, silenciosa, humilde y profundamente humana. Al más estilo del madrileño Padre Ángel, creador de la ONG 'Mensajeros de la Paz'.

Su trayectoria está ligada a barrios populares y a personas que rara vez ocupan el centro del relato. Durante su etapa en la Iglesia Del Buen Pastor, en Llopis Iborra conocido como el barrio del Carneril, la iglesia fue un refugio real para personas migrantes y refugiadas que llegaban a la ciudad con miedo, cansancio y demasiadas pérdidas a la espalda. Allí no había personas de primera y de segunda, ni categorías, ni etiquetas. No existían los “con papeles” y los “sin papeles”. Nadie pedía visados, pasaportes ni explicaciones. Cada persona era exactamente eso: una persona. Y cada una aportaba lo que podía y compartía todo lo que llevaba.

Hoy, desde la parroquia de Guadalupe, ese mismo espíritu sigue intacto. Chapinal, además de su labor pastoral y de sus responsabilidades diocesanas en Migraciones y Refugiados, impulsa espacios donde la igualdad no se proclama, se practica. La cena de Nochebuena comunitaria y la Misa del Gallo adelantada a las ocho de la tarde no es solo una decisión logística: es una forma de decir que nadie queda fuera, que todo el mundo tiene una silla allí que lleva su nombre. Y después de la celebración, la iglesia se convierte en mesa común, en una conversación compartida, en una noche en la que la soledad pierde fuerza.

En ese espacio no se pregunta por la religión. No es solo para católicos. Las creencias quedan en el ámbito privado. A la iglesia se va con ganas de compartir, de hacer comunidad, de conocer a otras personas en un momento concreto de sus vidas. A veces es solo ese instante. Otras, ese encuentro se queda para siempre. Porque cuando se eliminan las barreras artificiales, aparece algo evidente: hay muchas más cosas que nos unen como seres humanos de las que nos separan. Y que a quien ayuda, después de las vueltas que da la vida, quizás se le devuelva esa ayuda multiplicada por mil.

Ese compromiso de Chapinal se extiende también a su estrecha colaboración con Amnistía Internacional en Cáceres, donde es un referente muy apreciado. Desde ahí, acompaña y respalda a personas que han huido de sus países por persecuciones políticas, religiosas o por su orientación sexual; personas amenazadas incluso con la pena de muerte, que encuentran en España un lugar donde, al menos, no ser perseguidas. Su implicación conecta la acogida cotidiana con la defensa firme de los derechos humanos. Amnistía Internacional cumple en este ámbito una labor imprescindible: dar cobijo emocional, orientación legal y voz pública a quienes más la necesitan. Denuncia las vulneraciones de derechos, visibiliza el sufrimiento de las personas refugiadas y recuerda que el derecho de asilo es una obligación moral y legal. Su trabajo insiste en una idea sencilla y radical: ningún ser humano es ilegal. Y ahí está también el Padre Ángel y su inmensa labor.

Cáceres ha sido históricamente una ciudad de convivencia. Iniciativas como las que se tejen desde la parroquia de Guadalupe refuerzan esa identidad y la sostienen frente a los discursos de miedo. Frente a realidades como la de Badalona, donde recientes desalojos de personas migrantes han dejado a muchas de ellas en la calle y han tensionado la convivencia, aquí se demuestra que existen otras formas de estar y de responder, como han hecho algunas parroquias catalanas.

La labor de Ángel Martín Chapinal no busca reconocimiento. Se mueve en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo profundamente humano. Pero en tiempos de polarización y odio, su ejemplo recuerda algo esencial: lo básico, lo fundamental, es común a cualquier ser humano, venga de donde venga, crea en lo que crea y esté atravesando la circunstancia que esté atravesando. Y desde ahí, desde lo común, es desde donde se construye la verdadera comunidad. Y es que con ejemplos como este se demuestra que otra Iglesia es posible. Esta Nochebuena, la del año 2025 han compartido la mesa personas procedentes de Cuba, Colombia y Venezuela, entre otros países, y cacereñas y cacereños. Chapinal y el propio obispo, Jesús Pulido. En una noche como esta, en la que tantas historias se cruzan, Cáceres recuerda que la humanidad se mide en gestos sencillos: una mesa compartida, una conversación, una bienvenida sin condiciones.

Un matrimonio ha aparecido muerto en su domicilio de Cáceres por posible inhalación de monóxido de carbono fruto de una mala combustión, lo que tendrá que confirmar la autopsia, según ha informado a EFE la Policía Nacional.

Los hechos han tenido lugar en una vivienda situada en la Plaza 8 de septiembre de la capital cacereña.

Los hijos del matrimonio, que estaban en otras habitaciones, no han sufrido ningún problema.

Los cuerpos se encontraron en la mañana del martes, después de que el hombre no acudiera a su puesto de trabajo. 

El número 4 de la calle Gil Cordero, en pleno centro de Cáceres, se ha convertido en los últimos días en el escenario de un conflicto que va más allá de una comunidad de vecinos. La oposición frontal a la instalación de un piso tutelado para menores, gestionado por la empresa Cerujovi por encargo de la Junta de Extremadura, ha reabierto un debate de fondo sobre el rechazo social a la infancia vulnerable, el miedo alimentado por prejuicios y el uso del lenguaje cuando se habla de protección institucional.

Una sábana colgada de uno de los balcones del edificio ha sido la imagen más visible de la protesta. En ella podía leerse: 'María Guardiola, el piso tutelado te lo llevas a tu casa. No queremos ser Belén Cortés'. Justo al lado, en el mismo balcón, una imagen del Niño Jesús completaba una escena cargada de simbolismo y contradicciones.

“Nosotros no somos prejuiciosos, aquí puede vivir cualquiera, pero lo que no queremos es convivir con chicos que han cometido delitos. Igual que han cometido una cosa, pueden cometer otra. El miedo es libre”, explicaba ante los medios Elisa González, una de las vecinas que lidera la oposición al recurso. El argumento central del vecindario ha sido la inseguridad y la vinculación del piso con la empresa que gestionaba la vivienda tutelada de Badajoz donde fue asesinada la educadora Belén Cortés el pasado mes de marzo.

La comunidad sostiene que la Junta de Extremadura tiene capacidad de decisión en la ubicación de estos recursos —recuerdan que ha sido condenada a pagar 600.000 euros por responsabilidad civil en el caso de Badajoz— y que los estatutos del edificio prohíben expresamente tanto los pisos turísticos como los tutelados. “Va contra los estatutos y genera inseguridad”, defendía el presidente de la comunidad, Alfonso Sánchez-Ocaña, quien también denunciaba que la actividad se habría ocultado durante las obras de acondicionamiento del piso.

El temor se intensificó cuando los vecinos creyeron que los menores ya se habían instalado. Sin embargo, desde Cerujovi lo desmienten con rotundidad. La empresa asegura que el servicio nunca llegó a ponerse en marcha y que, ante el clima de hostilidad, han decidido no seguir adelante con este emplazamiento. “No queremos que los menores vivan en un lugar donde se les rechaza”, explican desde la entidad, que denuncia episodios de “violencia verbal”, intentos de impedir el acceso a las trabajadoras e incluso comentarios machistas dirigidos a las profesionales.

Finalmente, la Junta de Extremadura ha confirmado a una de las propietarias de la vivienda que el piso de Gil Cordero no prestará servicios para menores tutelados y que la empresa buscará una ubicación alternativa, garantizando —según el Ejecutivo regional— la continuidad de la atención. La administración recuerda que su obligación es dotar de recursos al sistema de protección y que corresponde a la empresa adjudicataria alquilar una vivienda adecuada.

Más allá del desenlace concreto, el conflicto ha provocado una reacción contundente de profesionales del ámbito social. Angélica, educadora social especializada en jóvenes, se muestra “inmensamente triste” ante lo ocurrido. “Qué daño hace el uso del lenguaje equivocado y los prejuicios interesados que han estigmatizado a la infancia vulnerable”, afirma. Recuerda que los menores tutelados lo son porque han sufrido abandono, maltrato, negligencias graves o pobreza extrema, y que la intervención pública busca garantizar derechos básicos: alimentación, seguridad, atención sanitaria, afecto, educación y acompañamiento emocional. “No tienen por qué ser delincuentes ni violentos”, subraya, y además insiste en la necesidad de diferenciar realidades que a menudo se mezclan de forma interesada en el discurso público. “Una cosa son los niños y niñas tutelados por motivos de vulnerabilidad social o familiar; otra, los menores migrantes no acompañados; y otra muy distinta, los adolescentes que han cometido delitos y cumplen medidas judiciales reguladas por la ley penal del menor”, explica. “Confundirlo todo solo genera miedo y rechazo”.

Desde Cerujovi destacan que el modelo de pisos tutelados busca precisamente la normalización de la vida de estos menores. En el caso de Gil Cordero, la previsión era un máximo de seis jóvenes, siempre acompañados por al menos dos adultos, dentro de un equipo formado por once profesionales —psicólogos, educadores y personal especializado—. “Cada vez es más difícil encontrar espacios donde se permita desarrollar este trabajo”, lamentan.

El propietario del piso, Enrique Arias, que mantiene una relación de asesoría profesional con la empresa desde hace 14 años, se declara “estupefacto” por la reacción vecinal y la tensión generada incluso antes de que el recurso comenzara a funcionar. Y es que en la vivienda se había realizado una reforma integral para adaptarla a las necesidades de los menores.

Para las profesionales de la intervención social, el mensaje final es claro: el problema nunca son los niños y las niñas. “Todos tienen derecho a una vida plena y feliz, y es la administración la que debe garantizarlo con criterios técnicos, no al dictado del miedo”, concluyen. Lo ocurrido en Cáceres, advierten, no es un episodio aislado, sino un síntoma de una sociedad que todavía mira con recelo a quienes más protección necesitan.

“Resulta especialmente doloroso que, ante la oleada de miedo y prejuicios, las instituciones públicas hayan guardado silencio en lugar de salir a explicar con claridad que convivir con niños y niñas en un recurso educativo, acompañado por profesionales, no entraña ningún tipo de peligrosidad, sino una oportunidad de cuidado y reparación. Lejos de alimentar el rechazo, la administración debería haber estado al lado de la entidad gestora para hacer del edificio un lugar más amable, preparado y acogedor para su llegada, y no contribuir a este clima de sospecha que deshumaniza a la infancia más vulnerable. El verdadero problema no son los menores, sino la precariedad y la descoordinación con la que, desde hace años, se externaliza y se recorta la protección que debería garantizar la propia administración, un modelo que ha dejado en la intemperie tanto a los profesionales como a los chicos y chicas, y que está en el origen de tragedias como el asesinato de la educadora social Belén Cortés, que han sacudido Extremadura y evidenciado el fracaso institucional en el cuidado de sus propios niños”, se lamentan.

Por su parte, la Junta de Extremadura aclara que el procedimiento “sigue siendo el mismo que en legislaturas anteriores”. Insiste que la empresa adjudicataria es la responsable de alquilar y poner a disposición la vivienda adecuada para el desarrollo del servicio y que la institución regional tiene la obligación de dotar los recursos necesarios para la prestación de un recurso residencial para menores, y que dada la situación actual, “la empresa ya ha manifestado que procederá a un cambio de vivienda debido a la presión vecinal para garantizar en todo momento la protección de los menores y la continuidad de la atención”.

El nadador extremeño Guillermo Gracia, natural de Cáceres, ha sido galardonado con la medalla de oro en la categoría masculina de la primera edición de los Premios Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas, en un acto celebrado el 10 de diciembre en el Auditorio Josep Irla de Girona.  

Con apenas 21 años y una trayectoria deportiva extraordinaria marcada por la superación, Gracia —quien tiene síndrome de Down y ha ganado múltiples títulos mundiales en natación adaptada— fue reconocido no solo por sus logros competitivos, sino también por su compromiso con la inclusión, la actitud positiva y el ejemplo que representa para la juventud. Su lema, “mi capacidad es mayor que mi discapacidad”, ha inspirado a miles de personas dentro y fuera del ámbito deportivo.  

La ceremonia, impulsada por la Fundación Princesa de Girona, pone en valor el deporte como herramienta de crecimiento personal, transformación social y cohesión comunitaria, destacando la importancia de los valores más allá de las medallas.  

En la misma categoría, el gimnasta vasco Eneko Lambea recibió la plata y el golfista Javier de Bethencourt el bronce. En la femeninª, el oro fue para la gimnasta rítmica Inés Bergua, la plata para la skater Julia Benedetti y el bronce para la escaladora Iziar Martínez. Además, la Asociación Autismo Melilla fue reconocida como entidad destacada por su labor en favor de la inclusión de personas con trastorno del espectro autista a través del deporte.  

Autoridades como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, entre otros dirigentes y representantes del tejido social y deportivo, participaron en la entrega de los galardones, subrayando el papel del deporte como motor de transformación y referencia para las generaciones jóvenes.  

Este reconocimiento al nadador cacereño se suma a una meteórica carrera internacional que lo ha colocado como uno de los deportistas con discapacidad intelectual más destacados de España y del mundo, reforzando su estatus de referente de superación y resiliencia. “Esto es para vosotros, para mi gente extremeña”, dijo al recibir el galardón con su inconfundible y perenne sonrisa.

El grupo de Cáceres de Amnistía Internacional (AI) ha lanzado una nueva edición de la campaña 'Regala tus palabras', que cada año, coincidiendo con las fechas navideñas, invita a la ciudadanía a escribir postales dirigidas a personas encarceladas injustamente por defender los derechos humanos. El objetivo es transmitir apoyo y solidaridad, además de recordar a las autoridades que estas personas no están olvidadas y que su situación debe cambiar.

En esta ocasión, las postales han sido ilustradas por la realizadora y artista Lyona Ivanova y pueden recogerse en la tienda Mafalda, empanadas argentinas, situada en la calle Pintores número 33 de Cáceres. Amnistía Internacional recomienda que los mensajes sean breves, transmitan buenos deseos y solidaridad, y que no incluyan opiniones políticas ni religiosas ni referencias a la situación política del país de origen de los destinatarios.

Las tres personas destinatarias de la campaña de este año son Sonia Dahmani, Sai Zaw Thaike y Brooklin Rivera. Dahmani, abogada tunecina, fue detenida arbitrariamente en mayo de 2024 en la sede del Colegio de Abogados de Túnez y ya ha sido condenada a cuatro años de prisión por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Se enfrenta a varios procesos judiciales y permanece recluida en condiciones crueles e inhumanas, sin acceso a ropa de abrigo ni alimentos proporcionados por su familia.

El fotógrafo birmano Sai Zaw Thaike, colaborador del medio independiente Myanmar Now, fue condenado en 2023 a veinte años de cárcel tras un juicio injusto por documentar las consecuencias de un ciclón. Su caso refleja la represión contra los medios de comunicación en Myanmar tras el golpe militar de 2021, y desde su detención ha sido víctima de torturas.

Por su parte, el líder indígena miskito Brooklin Rivera, en Nicaragua, fue detenido en septiembre de 2023 y sometido a catorce meses de desaparición forzada. En noviembre de 2024 las autoridades reconocieron tenerlo bajo custodia, acusándolo de traición y conspiración. Amnistía Internacional lo ha declarado preso de conciencia por su defensa de los derechos de los pueblos originarios.

Con esta campaña, Amnistía Internacional Cáceres busca que la ciudadanía se implique en un gesto sencillo, pero cargado de significado: escribir unas palabras de apoyo que, además de acompañar a quienes sufren prisión injusta, recuerden a los gobiernos que la defensa de los derechos humanos no puede ser silenciada. Y es que cada mensaje escrito en una postal es mucho más que un saludo: es un recordatorio para quienes están en la cárcel injustamente de que no están solos, de que su lucha es conocida y reconocida en otros lugares del mundo. Estas palabras, sencillas pero cargadas de humanidad, ayudan a sostener la dignidad de las personas presas y muestran a las autoridades que la comunidad internacional vigila y exige justicia sin descanso.

La Policía Local se desplazó anoche a la calle Río Tíber ante el riesgo de colapso de parte de la fachada de un edificio, que se ubica en la barriada minera de Aldea Moret, y ordenó el desalojo de ocho viviendas.

Según informó el consistorio cacereño, tres familias han sido realojadas en hoteles de la ciudad al no disponer de un lugar donde pasar la noche y la calle Río Tíber quedó cortada al tráfico y se retiraron los vehículos de la zona y únicamente se permite el acceso a los garajes.

La inspección urbanística del inmueble continúa a lo largo de este lunes. 

Aldea Moret ha experimentado en los últimos años diversas intervenciones de rehabilitación urbana debido al envejecimiento de parte de su parque de viviendas. 

Muchos edificios fueron levantados en las décadas de los años 60 y 70 para alojar a trabajadores de la antigua mina fosfática y, aunque algunos han sido reformados, otros aún requieren inversiones en mantenimiento estructural.

Las obras del camino público que conecta la finca Cuartos del Baño con el acceso hacia el Monte de Almeida, en Cáceres, han vuelto a quedar paralizadas después de que la empresa adjudicataria renunciara al contrato el mismo día que se iniciaran los primeros trabajos. La decisión se produce tras un pequeño altercado ocurrido este martes con uno de los vecinos, lo que impidió continuar la intervención prevista.

El Ayuntamiento había anunciado en el último pleno que las obras comenzarían “de inmediato” y que no existiría ningún inconveniente para su ejecución. Sin embargo, la renuncia de la constructora abre un nuevo episodio en un conflicto que se prolonga desde hace años y que afecta directamente a los residentes de la zona, quienes denuncian que cada vez que llueve se quedan incomunicados debido al deterioro del acceso. El camino, de titularidad pública, es la única vía transitable para un grupo de propietarios que reclama una solución definitiva.

En los últimos meses, las asociaciones vecinales y residentes han insistido en la necesidad urgente de acometer esta obra tras múltiples retrasos, modificaciones y problemas administrativos. Los afectados recuerdan que en períodos de lluvia intensa no pueden entrar ni salir de sus viviendas, lo que afecta a personas mayores, familias con menores y trabajadores que dependen de este acceso para su vida diaria.

La renuncia de la empresa obliga ahora al Ayuntamiento a activar un nuevo procedimiento para adjudicar las obras, lo que previsiblemente retrasará de nuevo el inicio real de los trabajos. De momento, no se ha anunciado un calendario alternativo ni una solución provisional para garantizar el acceso en caso de nuevas precipitaciones.

Los vecinos lamentan que la situación se haya convertido en “una odisea interminable” pese a los repetidos compromisos municipales a lo largo de este año y reclaman “responsabilidad y celeridad” para evitar que el próximo episodio de lluvias vuelva a dejarlos aislados.

El portavoz del Gobierno local de Cáceres, Ángel Orgaz, ha defendido la cancelación del Mercado Medieval de las Tres Culturas por la alerta meteorológica derivada de la borrasca Claudia, mientras que la Asociación de Artesanos Locales de Cáceres ha insistido en que la cita, que ha llegado a congregar a cientos de miles de personas durante sus tres jornadas, se posponga.

Después de la celebración de la Junta Local de Seguridad, que aprobó por unanimidad suspender la celebración, el alcalde, Rafael Mateos, se pronunció en esa línea al afirmar que “la seguridad es lo primero”.

Orgaz ha señalado este viernes que la decisión fue “la más acertada” ya que se debe primar la seguridad de los cacereños, visitantes, comerciantes y artesanos por encima de “cualquier otro tipo de interés”. De hecho, ha alegado que fue la propia empresa promotora, Solo Artesanos, la que también solicitó esta cancelación, por lo que así se acordó entre las partes.

Tras la celebración de la Junta Local de Gobierno, ha explicado además que los servicios jurídicos del Ayuntamiento informaron de que existía una causa de fuerza mayor que permitía esa cancelación, “dado que existía una alerta meteorológica”, por lo que la promotora tiene pendientes dos años aún para licitar el mercado, 2026 y 2027. Dada la cancelación, no hay contraprestación económica ni el Consistorio cobra el canon por ocupación de la vía pública.

No obstante, hosteleros y artesanos han coincidido en la opción de aplazar la fecha, dado el gran volumen de personas que mueve y cómo repercute económicamente al sector, pero esta vía está descartada por el equipo de Gobierno.

Desde el Gobierno local insisten en que el contrato de adjudicación especifica unas fechas concretas para la edición de este año, por lo que no se puede aplazar la edición. Además, han apuntado, la instalación del encendido navideño y de las atracciones que se han licitado chocan directamente con la pretensión de artesanos y hosteleros.