PSOE y Unidas Podemos abandonan el pleno de Cáceres al debatirse una moción sobre la Cruz de los Caídos “contraria a la ley”

El debate de una moción presentada por Vox sobre la Cruz de los Caídos de la plaza de América provocó este jueves el abandono del salón de plenos por parte de los doce concejales y concejalas del Grupo Socialista y de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres.

La decisión se produjo después de que el alcalde, Rafael Mateos, rechazara la petición de ambos grupos para retirar la iniciativa del orden del día. Socialistas y Unidas Podemos argumentaron que el Ayuntamiento “no puede utilizar sus órganos de Gobierno para aprobar medidas contrarias a la ley”, en referencia a la Ley de Memoria Democrática.

La portavoz del Grupo Socialista, Belén Fernández, ha esgrimido que las instituciones democráticas tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad“ sosteniendo que la propuesta debatida ”promueve abiertamente el incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática“. A su juicio, ”no podemos normalizar ni ser partícipes de lo que resulta una perversión democrática y una grave degradación institucional“.

Fernández ha añadido que tanto el Ayuntamiento, gobernado por el PP, como Vox ya han recurrido por la vía judicial las decisiones adoptadas sobre este asunto y defendió que corresponde esperar a las resoluciones y acatarlas “por puro respeto democrático”.

Asimismo, el PSOE ha recordado que el pleno municipal aprobó por unanimidad en 2004, durante el mandato del entonces alcalde José María Saponi, un acuerdo para retirar el monolito y sustituirlo por un monumento a la paz. Los socialistas sostienen que la posición actual del Gobierno municipal contradice aquel acuerdo y supone un cambio respecto a la postura que Rafael Mateos defendía cuando era portavoz de la oposición.

Y es que la moción presentada por Vox proponía que el Ayuntamiento manifestara su compromiso con la permanencia de la Cruz de la plaza de América en su ubicación actual, rechazara la aplicación de la Ley de Memoria Democrática para su retirada, instara al Gobierno de España a modificar esa norma y solicitara a la Junta de Extremadura medidas para garantizar su protección patrimonial, además de impulsar actuaciones de conservación y mantenimiento del monumento.

Para Consuelo López, portavoz de la coalición morada, resulta “incomprensible que Rafael Mateos, regidor de esta ciudad, defienda con tanto empeño un símbolo que representa a quienes acabaron con la vida de un alcalde democrático de Cáceres, Antonio Canales. Del mismo modo, cuesta entender que reivindique un elemento sin valor artístico ni arquitectónico mientras impulsa la desaparición del último bulevar de la ciudad, auténtico patrimonio cacereño”.

A su juicio, el problema de fondo es otro: “Mientras miles de jóvenes y familias encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda digna y destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler, el Gobierno municipal sigue poniendo el foco en la defensa de un símbolo franquista en lugar de dedicar todos sus esfuerzos a impulsar medidas que faciliten el acceso a la vivienda. Esa diferencia de prioridades revela una forma de gobernar alejada de las preocupaciones reales de la ciudadanía”. López ha añadido que “el equipo de Gobierno parece haber convertido el incumplimiento de las leyes en su modus operandi, como demuestran la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Vivienda”.

Desde AMECECA, colectivo ciudadano presente también en el salón de Plenos y que lleva más de 30 años trabajando para restaurar la dignidad y la memoria de las víctimas republicanas de la Guerra Civil y la posguerra en la ciudad, se insiste en que “sigue sorprendiendo la posición del alcalde al afirmar que no hay vecinos de Cáceres que quieran retirar la cruz de los caídos”. Para la organización, el abandono de la sesión plenaria por parte de los grupos municipales del PSOE y Unidas Podemos “refleja con claridad la posición favorable de muchos cacereños a retirar este monumento franquista del espacio público”. Recuerdan, además, que “estos grupos representan prácticamente la mitad de la ciudadanía en el consistorio”.

Por ello, concluye AMECECA, “queda nuevamente en evidencia que el alcalde faltó a la verdad cuando aseguró que no conocía a ningún cacereño partidario de retirar la cruz y que todo respondía a una imposición de Madrid”.