“Con frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos. El establecimiento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, como partes y como testigos. Esos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa.” (CEDAW, Recomendación General nº 33, CEDAW/C/GC/33, 23 de julio de 2015)

Cuando la credibilidad de las mujeres y las infancias que denuncian violencia machista se pone en duda de forma sistemática por quien tiene que interpretar la ley e impartir justicia, la violencia desaparece del análisis jurídico y el juzgado especializado deja de cumplir con su función, deja de proteger, prevenir el riesgo y de aplicar el derecho con perspectiva de género. Cuando esto sucede, lo que queda es una decisión que, bajo la apariencia de imparcialidad que se le otorga a un juez, vacía de contenido todas las garantías legalmente previstas precisamente para estos casos, y deja a la víctima expuesta a la violencia machista y a otra violencia más, la institucional.

Ante este tipo de creencias por parte de algunos titulares de juzgados, como el juez Maman Benchimol, la pregunta es ¿qué hace un juez así en un juzgado de violencia de género? Porque si no creen a las mujeres y las reducen prejuiciosamente a estereotipos (aprovechadas que manipulan a sus hijas e hijos para quedarse con la casa, apartar al padre y disfrutar de todas “las ventajas que tienen” las víctimas“), su papel pierde todo el sentido; a no ser que estén en esas plazas judiciales no para proteger a las mujeres sino a los hombres, para hacer justicia patriarcal.

Lamentablemente, la misoginia de la que hemos tenido noticia por las palabras del titular del juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid no es un caso aislado. Responde a una lógica jurídica conocida y reiteradamente denunciada por diferentes organismos nacionales e internacionales. Una lógica en la que el sistema judicial incurre en estereotipos de género para cuestionar a las madres y priorizar el contacto paterno con las y los hijos comunes en contextos donde existen hechos verosímiles y compatibles con la violencia de género. En esta línea, el GREVIO viene advirtiendo con claridad que ordenar la custodia o las visitas sin tener suficientemente en cuenta los antecedentes de violencia y sin una evaluación adecuada del riesgo para los menores y sus madres no cumple con las obligaciones del artículo 31 del Convenio de Estambul. 

Pero el juez Maman no debe dar credibilidad tampoco a estos informes sobre lo que pasa en España, porque parece que se dejará llevar por la inercia de un sistema judicial que todavía no se ha desempolvado algunas creencias del derecho de familia franquista. Ese en el que no se prohibía la custodia materna porque ya el padre era el titular principal de la patria potestad, y la madre estaba relegada por ley a una posición subsidiaria. Ese que, cuando una mujer se separaba era castigada sin patria potestad a porque ya no encajaba en el ideal de “buena madre”. Ese, donde, obviamente, no existía el interés superior del menor, sino un orden familiar atravesado por la moral católica y los roles de género. 

El Código Civil actual, en cambio, es claro, y se aleja mucho de aquella mentalidad que todavía tienen tantos jueces y juezas, también abogadas y abogados. El artículo 92.7 excluye la guarda conjunta cuando existen indicios de violencia de género. El artículo 94 establece límites igualmente claros al régimen de visitas. No son orientaciones abiertas a interpretación, son límites legales diseñados para evitar el riesgo. A ello se suma que la LO 1/2004, reformada en 2015 para reconocer expresamente a las niñas y niños como víctimas de violencia de género, y la LOPIVI de 2021, que parte del derecho de las infancias a vivir libres de violencia y refuerza su protección cuando están expuestos a violencia contra las mujeres, conforman un marco normativo que no deja margen de duda.

Si la custodia compartida no es compatible con la violencia de género, no es porque sea enemiga de las mujeres, ni porque respondan a supuestos intereses económicos, como afirma el juez Maman. Es porque la custodia compartida presupone cooperación, confianza mínima, comunicación funcional y reconocimiento recíproco de la autoridad parental, condiciones que la violencia de género destruye al convertir la relación parental en un espacio de riesgo, control y revictimización. Bien debería saberlo quien es titular de un juzgado especializado: aplicar la custodia compartida en estos contextos, ignorando las asimetrías de poder y los antecedentes de violencia, no es neutral, sino que produce un efecto discriminatorio y contrario al interés superior del menor.

No explicar esto y desplazar el foco hacia una supuesta mala fe de las mujeres que denuncia violencia de género no es solo jurídicamente impreciso, sino que supone legitimar, desde espacios institucionales como el ICAM, una aplicación defectuosa del derecho que, en la práctica, puede traducirse en exposición continuada al daño para mujeres, niñas y niños. Justo lo contrario de lo que un juzgado especializado debería garantizar. A no ser que el juez esté ahí no para proteger a las mujeres y sus hijos sino al pater familias de la sagrada institución familiar.

A mí que me llamen cínico, si quieren, me da igual, pero llevo ya unos meses poniéndome las noticias a la hora de comer y de cenar para echarme unas risas. Que me llamen cínico, o frívolo, o que me llamen imbécil: me da igual; me da igual porque da igual lo que yo opine, así que imagino que tanto dará lo que opinen los demás, pero yo llevo ya unos meses poniéndome las noticias a la hora de comer y de cenar para echarme unas risas. La premisa es que las escucho con atención y hasta me asombro, y digo ¡madre mía! cuando hay una noticia verdaderamente trágica, como un asesinato machista o una de esas historias tristes que salen de vez en cuando, pero es pronunciar el presentador o la presentadora del canal 24h la palabra “Donald Trump” y me empieza a cambiar el gesto de la cara.

No es que no me tome en serio la amenaza que representa, al revés: en realidad, me da pánico cómo está dejando la ventana de Overton -en esta columna es verdadera devoción la que sentimos por Overton y su ventana- en lo que se refiere a la política internacional, ya que a Trump le quedan cuatro días, sea por viejo o por granjearse enemigos de toda índole, pero el movimiento MAGA que va tras él está lleno de pirados sanos y jóvenes dispuestos a seguir la estela que está dejando. La cuestión es que de un tiempo a esta parte encuentro la geopolítica casi al nivel de los desastres naturales, casi al nivel de un supervolcán o de un tsunami, casi al nivel de algo que, si dice de ocurrir, pues eso: va a ocurrir, quiera yo o no quiera. Democratizar la geopolítica es tal oxímoron que tiene el mismo sentido que un referéndum para decidir la dirección del viento.

Además, la parte positiva es que, estando completamente a merced de que unos y otros no se arrasen y arrastren a todos los demás, por efecto dominó, al más oscuro de los avernos, en lo que a la política interna se refiere, la existencia de este señor naranja y del carnicero Netanyahu nos aleja cada día un poco más de que vuelva a gobernar la derecha. Y es divertido de ver cómo el Partido Republicano de Estados Unidos está haciendo más que Sumar, pobrecitos míos, por convertir a Pedro Sánchez en un líder de izquierdas.

Trump está picadísimo con España, y mi teoría es que por culpa de las tonterías que le pregunta cierto corresponsal del ABC cada vez que lo tiene delante (¿A que el gobierno de España es malísimo, Mr. President?). Es broma; no regalemos relevancia a quien no merece ni dejar constancia. Pero es cierto que Trump está verdaderamente molesto con nosotros porque Pedro Sánchez ha tenido el tino de subirle la apuesta al PP: ¿Que vosotros lleváis las campañas autonómicas en clave nacional? Sin problema: nosotros vamos a llevarlas en clave internacional. No va a servir de mucho para evitar que Andalucía le entregue una casi asegurada mayoría absoluta a Moreno Bonilla, pero sí para que, a nivel nacional, todo el mundo vea que Feijóo no vale ni para presidente de una asociación de botijeros.

El nuevo giro de los acontecimientos pasa por plantearse desde el Pentágono la tontería de echar a España de la OTAN; tontería porque no nos pueden echar y, segundo, tontería porque, si alguien va a llegar a 2030 sin ser miembro de la Alianza Atlántica, estos van a ser los yanquis; y no lo digo yo, lo han dicho ellos mismos, lo que pasa es que como Trump always chicken out lo más seguro es que todo acabe en nada. Siempre se ha bromeado con que los políticos nunca cumplen sus promesas, pero estamos entrando en una etapa del mundo en la que, por lo visto, ahora tampoco cumplen con sus amenazas.

Pedro Sánchez lleva años intentando convencer a su izquierda de que es de izquierdas sin demasiado éxito. Ha intentado la retórica, ha intentado los gestos, ha intentado el reconocimiento de Palestina, ha intentado pelearse con Feijóo en el Congreso con la cara de quien se sabe solo en el ring. Nada. La izquierda siempre con el ceño fruncido, siempre con el pero, siempre con el no-es-suficiente. Y va a ser Trump, con un email redactado por algún analista del Pentágono que cobra ciento veinte mil dólares al año, quien le resuelva el problema de un plumazo. Porque si hay algo que une a la izquierda española desde los tiempos de Anguita es querer salir de la OTAN, y si hay algo que Trump no va a conseguir es echarnos, pero eso ya da igual. El relato es el relato.

Andaba aún la inefable Corina Machado enviando sus fotos por el aeropuerto de Madrid cuando un medio vinculado a la oposición venezolana soltaba una “exclusiva” de ¡hace 10 años! contra Pedro Sánchez. Tiene mucho mérito: han inventado el pucherazo sin urna para acusar al actual presidente del Gobierno español de una nueva y presunta tropelía. Lo peor es que en estos tiempos mucha gente “compra” estas artimañas políticas sin comprobar nada, ni hacerse más preguntas.

La “exclusiva” de The Objective es, en realidad, del presidente de su Consejo Editorial, Antonio Caño, obtenida cuando era director de El País. Así lo ha contado, como un logro, el que fuera su director adjunto, David Alandete, que trabaja agitando el avispero ultra contra el Gobierno de España desde la Casa Blanca. Ejerce laboralmente como una especie de portavoz de Donald Trump para varios medios de la bulosfera.

En la “exclusiva”, Susana Díaz llora en los tumultuosos días en los que entre ella y Felipe González organizaron la forma de echar a Pedro Sánchez de la Secretaría General del PSOE. Brama el PP y toda su parentela por la pobre presidenta de Andalucía y compran -sin prueba alguna, porque alguien dijo algo- que hubo pucherazo. Le han cargado tantos a Sánchez que podría montar un restaurante. ¡Es que hubo una urna! Sí, el vídeo ralentiza el momento en que dos personas trasladan una urna tras la cortina. La prueba de cargo que ofrecen. Las cosas son sensiblemente distintas. La urna no se usó. Fue un comité escandaloso, sin duda, radiado y televisado. Podíamos verlo desde nuestras casas sintiendo casi cómo salpicaba la sangre de la batalla. Se grabó. Se saca ahora. Manipulado. Lo usan, como usan todo. Contra Sánchez y las políticas que representa. 

La urna no se usó -es básica esta idea para el follón que han armado-. La imagen podría responder a que la estarían retirando al decidirse que no se emplearía. Porque la pugna entre sanchistas y críticos en ese Comité se centraba en cómo se votaría la propuesta para convocar un Congreso extraordinario y decidir si se apoyaba la investidura de Rajoy dado que no contaba con mayoría parlamentaria. Era lo que pedían Díaz y González, y García Page, entre otros. El secretario general rechazaba esa idea y se decantaba por el voto en urna y secreto para evitar condicionantes y represalias, se dijo. El clima era bélico en el PSOE. La votación se hizo a mano alzada, como querían Susana Díaz y los críticos. Sánchez perdió la votación y dimitió. Luego hizo campaña para regresar y arrasó en las primarias. Inducen a creer que son el mismo proceso. Pero no: son distintos y en distintos momentos. No eran primarias, no hubo urna, no es pucherazo ni por lo más remoto.

Recuerdo el bochorno de aquellos días. Felipe González, este señor que se sienta con Corina Machado y el PP, da el pistoletazo de salida en una entrevista en la Cadena SER para tumbar las pretensiones de Sánchez. Aterriza en Madrid una señora que dice ser la “única autoridad” del PSOE, llegan esas peleas y esos llantos de Susana Díaz, se impone su voluntad para la votación y Pedro Sánchez sale derrotado. Es 1 de octubre. El día en el que Fernando VII abolió todas las leyes progresistas del Trienio Liberal y reinstauró la Inquisición. El día que las mujeres obtuvieron el voto en 1931. Aquel en el que Franco fue proclamado Jefe del Estado, los ejércitos y las libertades tras el golpe de julio de 1936. O el día en el que se aprobó en 2004 el matrimonio homosexual. En el de 2016 supimos que en este país siguen mandando fuerzas oscuras. Y lo que es más novedoso: que se puede dar un pucherazo sin puchero, si así lo decide la oposición de las derechas políticas y mediáticas.

Por cierto, las elecciones de junio habían sufrido la dañina manipulación de la policía “patriótica” del Gobierno de Rajoy de la que él no sabe nada, dice en la complaciente sala del juicio que se desarrolla ahora tanto tiempo después. Con la valiosa ayuda de la otra cloaca, la mediática, dirigida a la yugular de Podemos fue una batalla que también ganaron al lograr cambiar el curso de las elecciones. Hace mucho que eso que llaman fiesta de la democracia tiene demasiado…. yogur caducado.

El error garrafal de Sánchez, tras abandonar la Secretaría General ese 1 de octubre, los llantos de Susana Díaz, la contrariedad de Felipe González, los gritos y acusaciones estruendosas, fue montarse en un coche para salir zumbando de aquel aquelarre a recuperar lo perdido. Sánchez tomaba una medida valiente, pero el coche estaba lleno de más trampas y tramposos. Susana Díaz perdió las siguientes elecciones andaluzas y acabó con la hegemonía del PSOE que gobernaba la comunidad desde la Transición. Moreno Bonilla ganó en minoría y fue el primer dirigente en meter a la ultraderecha en las instituciones.

Todas aquellas impunidades son el polvo que ha creado estos lodos. Porque asistir al afianzamiento de gobiernos de ultraderecha en España es hacerlo ante un paso superlativo a la degeneración de la democracia y la convivencia. Y preocupa doblemente cuando los aires internacionales intentan cambiar de rumbo. Siempre en España, la dichosa reserva de la sucia y casposa para marcar diferencias. El PP se pliega a Vox por afinidad y sobre todo porque la dignidad le importa bastante menos que hacerse con el poder. Aunque sea con ese hedor a fascismo que emanan ya Extremadura y Aragón. De momento. Es lo que los votantes han querido, eso sin duda, pero hay que revisar la concordancia de estos programas con la Constitución y con los Derechos Humanos. La irresponsable negativa de la sanidad a personas enfermas por ser emigrantes no solo es una falta total de empatía, sino una torpe forma de extender dolencias por toda la población. Qué cosas estamos oyendo y leyendo. Hasta en aceras de los semáforos. No nos faltaba en España más que los supremacismos.

Ya hemos hablado de María Guardiola, vendedora incomparable de pianos; queda pararse ahora en Aragón. En la firma de un acuerdo ominoso, tan contentos ambos partidos. Menores ilegales, dicen. La prioridad de los nacionales. Librar a Aragón de la “imposición del catalán”. Cargarse la Agenda 2030 para contaminar mejor, coto radical a las energías renovables y la intervención en el río Ebro. El Aragón que fue ya no existe. “Tal vez será posible que esa hermosa mañana, ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser. Que sea como un viento que arrastre los matojos de siglos de destrozos contra la libertad”, cantaba Labordeta y cito de memoria. Esta gente tiene a veces el cuajo de cantarlo también.

Pero, como siempre, es la líder oficiosa de la ultraderecha española, Isabel Díaz Ayuso, la que va aún más allá. Ha pedido la suspensión cautelar del proceso que regula la emigración. Y el Supremo -oh, el Supremo y Ayuso una vez más- la ha admitido a trámite. Argumenta el gobierno de Madrid que pone en peligro la seguridad nacional y los servicios sociales. Si algún riesgo corre la seguridad nacional no es por los extranjeros que esperan hacer su vida aquí y a los que quieren “repatriar” para conservar la esencia de su raza indeseable. Son los ultras quienes constituyen tal riesgo para la sociedad que deberían ser deportados a las cavernas, de donde nunca han salido emocional e intelectualmente. Los servicios sociales funcionan con prioridades del gasto.

Por lo demás, Trump sigue teniendo en vilo al personal planetario y se le ha ocurrido sugerir que suspenderá a España de su pertenencia a la OTAN, según publican. No puede, pero otra vez anda perdiendo el oremus la plana mayor de la derecha política y mediática por el malvado Sánchez que incomoda a ese todopoderoso ser que ocupa la Casa Blanca. La cosa es que este jueves, The Objective lanzaba la exclusiva del pucherazo sin urna con el vídeo del exdirector de El País, y el que fuera su director adjunto atacaba a RTVE por malgastar un dineral en informar -es lo que hace ahora- en lugar de levantar hospitales o dedicar ese presupuesto a la defensa. Qué casualidad. Los afines se llevan bien en cualquier parte. Y el mundo es un pañuelo, bastante sucio ahora, bien es verdad.

Está claro que los ciudadanos decentes necesitamos defendernos y defender las instituciones democráticas. Es a ellas a las que compete más esa lucha, por contar con más medios para el éxito de la misión. No es con dinero. Ni con bombas. Con información y verdad, sí. Con justicia. Toda, la que marca el derecho y la social. Educación en valores. Penando conductas ilegales, también. Mucho. Todos sabemos cómo se tendría que estar haciendo. Pero parece que es más “entretenido” destruir personas y gobiernos hasta con pucherazos sin urna, y urnas sin alma. Más rentable para unos pocos, sin duda.

Lo ocurrido esta semana en Extremadura, con su secuela en Aragón, tiene varias interpretaciones, pero un solo perdedor: Alberto Núñez Feijóo. El pacto que su partido y Vox han firmado para hacer presidenta de la región a María Guardiola constituye una derrota política sin muchos precedentes para el PP y, más allá de su contenido xenófobo y ultranacionalista, por lo de la polémica “prioridad nacional”, es un ejemplo poco frecuente de ineptitud política por parte del líder del primer partido de la derecha, que muy probablemente tendrá consecuencias, incluso electorales.

María Guardiola, que tampoco ha dado un ejemplo de perspicacia táctica o estratégica, convocó elecciones hace siete meses en Extremadura con el fin de ganar votos y no tener que depender de Vox para gobernar, como ocurría hasta ese momento. No lo consiguió: los nuevos resultados electorales le obligaban de nuevo a pactar con el partido de Abascal. Y estuvo negociando casi siete meses con ese fin. En varios momentos se dijo que las conversaciones podían romperse, que las exigencias de Vox eran inasumibles para el PP.

Pero el pasado fin de semana el panorama cambió radicalmente. Se reanudaron las conversaciones y en pocas horas se llegó a un acuerdo: Guardiola había recibido instrucciones de Madrid de que firmara a cualquier precio. Feijóo quería Extremadura o, tal vez, lo que quería era evitar que su marcha triunfante de victorias regionales, que la prensa adicta decía que le llevaría dentro de un año a La Moncloa, se interrumpiera nada más empezar.

Y sin reparar en que el pacto con Vox suponía hacer suyo buena parte del ideario ultraderechista, ni en que ese acuerdo implicaba regalarle una gran victoria al partido contra el que lleva peleando arduamente desde hace años, ordenó a María Guardiola que firmara.

Esta lo hizo encantada desdiciéndose una vez más de su compromiso inicial de no pactar nada con un partido no democrático. Lo malo es que al día siguiente apareció a la luz pública el contenido de ese acuerdo y, sobre todo, la cláusula de la “prioridad nacional” que habría de marcar buena parte de la legislación que iría aprobando el nuevo gobierno, así como la práctica cotidiana de su administración.

Fascismo puro y duro. Los inmigrantes de Extremadura -el porcentaje sobre el total de habitantes más bajo de toda España, por cierto- quedaban condenados a ser ciudadanos de segunda, por muy asentada que tuvieran su posición, y con sus derechos supeditados a que los ciudadanos españoles no quisieran ejercerlos con prioridad.

Y mientras Vox manifestaba su alborozo, más de un cuadro del PP se preguntaba cómo Feijóo había podido autorizar ese desatino que arruinaba tal vez para siempre cualquier intento de conquistar al electorado moderado y que daba al PSOE una baza política y electoral con la que seguramente Pedro Sánchez no había soñado. Y eso ocurría justo cuando el Gobierno de izquierdas estaba metido de lleno en algo de signo totalmente contrario: la regularización de más de medio millón de emigrantes.

¿Fue la intención de contrarrestar esa iniciativa socialista -desde hace tiempo que el PP no hace más que contradecir con hechos o palabras cualquier cosa que hagan Pedro Sánchez y los suyos- lo que dio a Feijóo el empujón final para aprobar el pacto con Vox? Si así fuera, el error estratégico sería aún más grave y ridículo.

Pocas horas después de que se anunciara el pacto, exponentes del PP y el propio Feijóo se esforzaban por convencer al mundo de que lo de la “prioridad nacional” tenía que ser leído de otra manera, mientras que algunos de sus más fieles corifeos mediáticos trataban de quitarle hierro a la cosa diciendo que ese principio no podría ser aplicado, que graves impedimentos legales lo hacían imposible.

Pero a Vox esas disquisiciones le daban igual y seguía celebrando su inesperada victoria. Le habían metido un gol de los que hacen época a quien desde hace años es su principal rival, el partido cuyos problemas explican el crecimiento de la ultraderecha en los sondeos.

Vox sigue siendo muy poca cosa. Y sus dirigentes, igual. Solo los errores del PP, la falta de atractivo de Feijóo y de sus gentes justifican que sean un referente en el escenario político nacional. Pero ahora, en Extremadura y en Aragón, esa extraña criatura de mediocres chillones le ha ganado la partida al padre. Por culpa de los errores impensables de sus líderes. Porque, por mucho que los vientos de derechas soplen ahora más intensamente en el PP, ¿no podría haber negociado Feijóo mejor y desde antes o incluso haber renunciado a Extremadura con tal de evitar el bochorno que se le ha venido encima y que puede tener consecuencias hasta en las futuras elecciones generales?

Esta semana, los focos en el Parlamento británico estaban puestos en el último trance de Keir Starmer por haber nombrado a Peter Mandelson como embajador británico en Washington (para los muy cafeteros, aquí lo explico). Mientras tanto, pasó algo extraordinario tan invisible en el debate público del momento que casi parecía no haber pasado.

La Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores dieron el visto bueno definitivo a la ley que presentó el Gobierno conservador de Rishi Sunak en 2024 para prohibir progresivamente la venta de tabaco y otros productos con la adictiva nicotina. Como última formalidad, el rey Carlos III firmará la ley que, según lo previsto, entrará en vigor el año que viene. A partir de entonces, estará prohibida la venta de cigarrillos y productos de nicotina a cualquier persona nacida a partir del 1 de enero de 2009. Ahora es ilegal vender cajetillas a menores de 18 años, pero esta medida irá elevando poco a poco la edad legal. El Reino Unido es pionero en una política de salud pública para evitar una de las principales causas de enfermedades que se pueden prevenir y que le cuesta miles de millones al ya presionado Servicio de Salud Nacional. 

Solo en Inglaterra, se estima que el tabaquismo provoca unas 64.000 muertes y 400.000 hospitalizaciones cada año, y esto le cuesta a la sanidad pública al menos 3.000 millones de libras (más de 3.400 millones de euros), según los cálculos del Gobierno en 2023. El impacto en pérdida de tiempo y trabajo para la sociedad es de miles de millones más.  

Uno de los elementos llamativos de la prohibición británica es el consenso. La medida se aprobó en la Cámara de los Comunes por amplia mayoría y, aunque el pequeño Partido Conservador está ahora dividido sobre este asunto, el plan era del conservador Sunak y fue apoyado después por su sucesor laborista. La mayoría de la población está a favor de la prohibición, y más de un 30% cree que debería ser ya para todos, sin importar la edad.

Para quienes alegan el argumento de la libertad, Tom Frieden, el médico responsable de la pionera ley de 2002 que prohibió el humo en los espacios públicos en Nueva York, me decía en una entrevista que, más allá del impacto para los demás y los recursos públicos, la adicción que crea la nicotina impide que seguir fumando sea realmente una elección personal. Él, en realidad, estaba sobre todo a favor de prohibir la nicotina más que el tabaco en general. E insistía en subir los impuestos y el precio como principal manera de luchar contra el tabaquismo.

Esto también lo ha hecho el Reino Unido, que se ha tomado mucho más en serio el problema de lo que ha hecho España, donde la ley para prohibir el humo en espacios públicos se quedó a medio camino permitiendo fumar en terrazas y otros lugares públicos, y la fiscalidad sigue siendo más baja que en otros países europeos. Como todo, el último plan del Ministerio de Sanidad es una ocasión para otra guerra partidista difícil de desatascar por las competencias divididas entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Pero, más allá de eso, falta una articulación tan clara como la británica sobre los daños para la salud, la economía y la sanidad pública del tabaquismo, y un plan que incluya todas las vías de prevención. 

El caso británico de lucha contra el tabaquismo es un ejemplo de ambición y de coraje en tiempos revueltos y también de cómo la política puede cambiar la vida a mejor. Entre tanta bronca, el consenso público e incluso ideológico de la medida es una señal de esperanza.

Desde Neo esquivando balas en Matrix no se veía algo igual: la capacidad asombrosa de Moreno Bonilla para doblarse hacia atrás y hacia los lados, contorsionarse y ver pasar a milímetros los acuerdos entre Vox y PP, fiuuuuu, la “prioridad nacional” asumida por el PP, fiuuuuuuu, las vicepresidencias de Vox en gobierno con el PP, fiuuuuuu... Nada de eso le alcanza, fiuuuuu, fiuuuuu, le pasan rozando como si él no fuese del PP.

Es que Moreno Bonilla no es del PP, aclaremos el malentendido. Es verdad que milita en el PP, preside el PP en Andalucía y se presenta por las listas del PP, pero más allá de esas casualidades, no es del PP. O al menos no lo parece. Él se compara con Macron, el presidente francés que en sus inicios no parecía tan de derecha y era capaz de raspar voto de centroizquierda. El suyo es “el modelo de la moderación, la convivencia y el diálogo”, repite estos días, y añade: “yo soy moderado y los moderados nos entendemos con todo el mundo”.

¿Con todo el mundo? ¿También con Vox? Solo si los andaluces le obligan, no porque él quiera. Chantaje emocional se llama eso: “esta decisión es de los andaluces, que también tienen una responsabilidad”, avisa, porque “espero y deseo no verme en el trance de sentarme a negociar con Vox”. El truco es muy burdo: dadme mayoría absoluta, y así seguro que no gobierno con la ultraderecha, que yo de verdad que no quiero, no me obliguéis a hacerlo…

Siempre que oigo al presidente andaluz razonar así, me viene una expresión muy de su tierra que es también la mía: “no me toquéis las palmas, que me conozco”. Y es que a Moreno Bonilla, llegado el momento, tampoco habría que tocarle mucho las palmas, conocidos sus antecedentes. Aunque su muy trabajada imagen macroniana consiga que lo olvidemos, hay que recordar que, antes que Guardiola, antes que Azcón, antes que Murcia, Valencia o Castilla y León, antes que todos ellos estuvo Moreno Bonilla. El pionero, el que abrió camino, el que hizo imposible ningún cordón sanitario, el primer gobernante del PP en firmar un acuerdo con la ultraderecha de Vox fue él, en enero de 2019.

Fue Moreno Bonilla quien abrió las puertas de las instituciones a la ultraderecha nada más llegar, quien le dio legitimidad y respetabilidad de actor político con el que se puede llegar a acuerdos. Y lo hizo con un Vox que entonces era quinta fuerza con 12 diputados, imaginemos lo que negociaría con un Vox tercera fuerza al que las encuestas dan hasta 20 escaños. En aquel pacto no estaba todavía la “prioridad nacional”, pues Vox solo empezaba a asomar la patita, pero ya había xenofobia (se hablaba en el acuerdo de “efecto llamada”, mafias y fundamentalismo islamista). Lo firmó Moreno Bonilla, y si le “obligamos”, volvería a hacerlo.

Así que no, no le toquéis las palmas que ya lo conocemos.

Lleva tiempo retirado de la primera línea de la política. No se fue, lo echaron con una moción de censura. Pero hay algo que no ha perdido con el tiempo. M.R, que siempre fue Mariano Rajoy, y es ese desconcierto expresivo que en sus años de presidente del Gobierno le convirtió en pasto de meme diario. Uno más para la hemeroteca: “Yo me llamo Mariano Rajoy y, luego, cada uno me llama como quiere”. Siempre existió la duda de si esa confusión lingüística que dio para tanta mofa era involuntaria o una manera de escabullirse de situaciones comprometidas, debates complicados o comparecencias sobre asuntos que le incomodaban. 

El caso es que raro era el día que no regalaba una de sus frases memorables para los anales de la política que nunca le interesó. Lo suyo siempre fue más la pasión por el fútbol, el ciclismo y la marcha deportiva, esa variante rápida del paseo que practicaba también para evadirse o escaquearse.

De esa afición por el ocultamiento, la huida y el escurrir el bulto dio este jueves una nueva clase magistral ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso Kitchen y por el que se sienta en el banquillo toda la cúpula del ministerio del Interior de la etapa de su amigo Jorge Fernández Díaz. Desde el minuto uno de su declaración como testigo -no como imputado, por obra y gracia de Manuel García Castellón- sabía que jugaba en casa, que los magistrados son esas personas de las que usted me habla, pero que el PP puede controlar desde atrás y que podía negar todo, incluso la verdad, porque el que pudiera hacer, haría para que saliera de allí igual que entró. Exento de todo castigo, henchido de impunidad y dispuesto a fumarse un puro gracias en esta ocasión a la presidenta de la Sala, Teresa Palacios, que interceptó todas las preguntas incómodas de la letrada Gloria Pascual que se desviaban un milímetro del asunto que se juzgaba.

Así, el expresidente pudo mentir en sede judicial, desdecirse de sus propias declaraciones anteriores, padecer una amnesia parcial, hacer de abogado defensor del imputado exministro Fernández Díaz y hasta amparar una operación policial diseñada para ocultar las pruebas de la corrupción de su partido.

Sostener con el aplomo que lo hizo M. Rajoy que la Kitchen buscaba encontrar el dinero de Bárcenas en el extranjero y quiénes eran sus testaferros, teniendo en cuenta que cuando empezó a operar la estructura policial al margen de la ley el juez Ruz ya había dado con las cuentas del extesorero en Suiza, solo es posible cuando alguien sabe que no tendrá castigo alguno.  

Declarar que nada de lo que se juzga se hizo desde el Ministerio o la Policía Nacional, y mucho menos con conocimiento de su amigo Fernández Díaz, porque él sabe por experiencia que un ministro del Interior y ni siquiera un secretario de Estado desciende a esos detalles es tomar a los españoles por idiotas. Hay pruebas de lo contrario que existen en la causa, como los mensajes que el ex secretario de Estado Francisco Martínez remitió al exministro y registró ante notario comunicándole el éxito del espionaje que ahora se investiga. Y también hay notas del ex comisario Villarejo en poder de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones dando detalles de la captación del chófer de Bárcenas para robar documentos y conversaciones con Martínez.

“Lo que nosotros hemos hecho es engañar a la gente”, dijo en uno de sus lapsus el expresidente allá por 2016 en el transcurso de un debate parlamentario. Eso mismo podría haber repetido cuando salió este jueves de su declaración ante la Audiencia. E ídem María Dolores de Cospedal, que también se desmarcó sin pestañear de cualquier dispositivo parapolicial para robar información a Bárcenas porque en aquella época “tenía la certeza” de que “esa persona de la que usted me habla” (por el extesorero) no tenía ningún papel que pudiese comprometer a la cúpula de su partido por su financiación irregular. Ahí sigue en los diarios para quien lo quiera escuchar la grabación en la que la ex secretaria general del PP pedía al excomisario: “Lo de la libretita [de Bárcenas]... sería mejor poderlo parar”.

En efecto, lo que han hecho, como decía Rajoy, es una vez más “engañar a la gente”. Esta vez, con ayuda de la presidenta de la sala y el incomprensible silencio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que renunciaron a hacer preguntas al expresidente y a quien fue su número dos en el Partido Popular.

No pienses que te espío/No llego a ser tan ruin/Pasaba por aquí/Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. La declaración del testigo Mariano Rajoy sonó como la inolvidable canción de Luis Eduardo Aute. Solo le faltó ponerse a cantarla, ofreciendo así a la atenta presidenta del Tribunal, la jueza Teresa Palacios, esa tentadora posibilidad de ponerse a hacer unos coros. 

Todo resultaba fortuito, accidental, por pura casualidad en el gobierno y en el partido que presidía Rajoy. Y de aquello que no lo fue, ninguno se acuerda o le consta. Todo fluía en un modo “casual” donde los altos cargos y los responsables se encontraban casi por fortuna en los despachos y casi nunca hablaban de nada que tuviera que ver con la Gurtel, Luis Bárcenas o la corrupción institucionalizada en el partido. Como mucho se hablaba de pasada con los amigos en el bar o en algún intercambio de pura cortesía en el ascensor. 

El único momento que todos parecen recordar perfectamente es aquel de la indignación y la rápida reacción para echar al tesorero cuando descubrieron que no era trigo limpio Y tenía 48 millones en Suiza. 

Con el comisario Villarejo se quedaba, pero para ver si se le sonsacaba algo de las investigaciones y acciones que nadie le había encargado y hacía por puro voluntariado. Con el ministro Fernández Díaz se hablaba poco o nada de Luis Bárcenas en la fe de que ya se ocuparía de arreglarlo Marcelo, el ángel de la guarda del ministro. 

Si existió alguna inspiración mariana en la decisión de los mandos del Ministerio del Interior, no provino de Mariano Rajoy. Se acerca el mes de María, así que debió ser ella la inspiradora.  

Ha declarado el testigo Rajoy su firme convencimiento de que todo fue una operación legal para descubrir dónde estaba el botín. Pero no consta ni el juez ni la orden. Lo raro sería que le constase otra cosa cuando todo resultaba tan casual en aquel gobierno donde nadie le preguntaba a nadie por nada relevante; no fueran a meterse en un lío o cometer algún ilícito. 

Mención destacada merece la presidenta del tribunal. Siempre atenta a evitar que los ilustres testigos pudieran incurrir en alguna contradicción si se le preguntaba lo mismo más de una vez, o se probaban los límites de su memoria accidental con algún asunto que pudiera conectar la corrupción política de la Gurtel con la corrupción policial de la Kitchen. 

No se fuera a romper la ficción que sustenta todo el proceso. La fantasía de que alguien se puso a vigilar a Bárcenas por pura vocación de servicio. Sin que nadie que hubiera despachado con el tesorero tan turbios asuntos les indicase qué debía buscar o que habría que recuperar. Pasaban por allí. 

Cuando en 1995 entrevisté en Johannesburgo a Nelson Mandela para El País, le pregunté qué había sido decisivo en su opinión para que la minoría blanca supremacista de Suráfrica decidiera terminar con el apartheid y celebrar esas elecciones auténticamente democráticas que le habían llevado a él a la presidencia. Mandela no dudó: la presión internacional había sido crucial, las sanciones al régimen del apartheid habían terminado haciéndole la vida muy difícil a los supremacistas. Hasta el punto de que habían terminado arrojando la toalla y buscando una reconciliación razonable con la mayoría negra.

El pasado martes, el Gobierno de España cumplió con una obligación moral al proponer a la Unión Europea la ruptura de su acuerdo preferencial con el Estado de Israel. Ese acuerdo establece el respeto a los derechos humanos como condición sine qua non para su vigencia y no creo preciso extenderse demasiado en recordar que Israel lleva décadas violándolos en el trato que les da a los palestinos, los libaneses y cualquier otro que se oponga a su expansionismo. ¿Por qué no vale para Israel el criterio que ha valido para la Rusia de Putin?

Nuestro Gobierno fue más allá del deber moral con esa propuesta: señaló el único camino posible para conseguir un mínimo de paz justa en Oriente Próximo. Israel no abandonará el belicismo que se ha adueñado de su alma hasta que sus ciudadanos no sientan la reprobación internacional, empezando por la europea, en sus carteras, su participación en eventos culturales y deportivos, sus viajes al extranjero.  Si no es así, seguirán pensando que tienen un cheque en blanco para extender manu militari sus fronteras al Litani y más allá, al Jordán y más allá.

La propuesta española, ya lo saben ustedes, no fue aprobada. Alemania volvió a interpretar el penoso papel de haber sido la ejecutora de la mayor barbarie del siglo XX, la Shoah, y, abochornada por ello, ser un cómplice berroqueño de la mayor barbarie del siglo XXI, el exterminio de los palestinos. Semejante esquizofrenia solo es superada por la del propio Israel, que practica con sus vecinos árabes la deshumanización que los nazis ejercieron con los judíos. Los árabes son una especie de animales malignos contra los que todo vale, desde el bombardeo de escuelas y hospitales hasta la ejecución en la horca. 

De la actual insignificancia de la Unión Europea da muestra el que un personaje como Kaja Kallas sea nuestra alta representante de política internacional. El martes, Kallas ninguneó la propuesta española de sanciones a Israel diciendo que ello no detendría su colonización de Cisjordania. El argumento es una colosal majadería. ¿Qué podría, entonces, detenerla? ¿La inacción?

El mundo, según Kallas, es una jungla donde lo mejor para los europeos es hacer la vista gorda ante las tropelías de terceros porque condenarlas y sancionarlas no sirve para nada. Bueno, con una excepción: las tropelías de Rusia. Estas obsesionan a la estonia desde la cuna, estas sí que merecen un castigo fulminante. Pobre Europa, conducida por la estrechez mental y la doble moral de unos burócratas que se han quedado colgados en algo trasnochado: el atlantismo, la rusofobia y la admiración por el sionismo de la segunda mitad del siglo XX.

Como europeísta que soy, a mí me da mucha vergüenza esta Bruselas, que, el martes, solo fue capaz de aplicar sanciones a Irán por bloquear el estrecho de Ormuz. ¿No se han enterado nuestros burócratas de que Irán no comenzó la guerra actual? ¿Ignoran que, por ominoso que sea su régimen, Irán no disparó el primer misil el pasado 28 de febrero? ¿Nadie les ha contado que esta guerra la quería Netanyahu desde hace muchos años? ¿No saben que Netanyahu embarcó a Trump en el ataque a Irán diciéndole que sería cosa de pocos días y sin consecuencia alguna para la economía? ¿Dónde carajo se informa esta gente?

Los que mantenemos tanto la conciencia moral como el sentido práctico apoyamos sancionar a Israel para, entre otras cosas, ayudar a su pueblo a salir de una existencia en permanente estado de guerra, para empujarlo por el camino de la reconciliación. A nosotros, los que seguimos leyendo, nos toca recordar las muchas cosas importantes que dijo Albert Camus en su discurso de aceptación del Nobel en Estocolmo. Nos toca forjarnos “un arte de vivir para tiempos catastróficos” y, a la par, nos toca seguir trabajando para restaurar “una paz que no sea la de la servidumbre”. Ardua tarea, ya lo sé.

La razón por la que no hemos sabido resolver el problema de la vivienda no es que no haya suelo. La razón por la que seguimos embarrados con este tema no es que no funcione construir. Tampoco es que hayan venido más inmigrantes. Ni que haya mucha burocracia.

La razón por la que no hemos resuelto el problema de la vivienda es que no sabemos en qué consiste exactamente ese problema. O mejor, que no nos ponemos de acuerdo sobre ello.

¿El problema es que hay gente que no tiene donde vivir? ¿O es que es muy caro vivir de alquiler? ¿Si el alquiler fuera más barato estaría justificado que una parte de la población no tuviera una casa en propiedad? ¿Qué parte de la población? ¿Y si esa vivienda fuera pública, estaría justificado? ¿Es siquiera posible construir vivienda pública para toda esa gente? ¿En cuántos años? ¿Y privada? ¿Cuánto debería costar una vivienda? ¿Cuánto debería rentar venderla? ¿Cómo ahorrarían quienes no accedan a la propiedad?

En España hay 27 millones de viviendas. 18,5 millones son la residencia principal de un número similar de familias. El 70% de ellas tiene su casa en propiedad, pero solo el 25% está pagando todavía la hipoteca. De esas, el 17% percibe ingresos de arrendar una segunda vivienda (o tercera, o cuarta, o quinta) vivienda a otro 30% de familias que vive de alquiler. 

De manera que la cosa es tan endiablada como esta: la sociedad española está partida por la mitad, entre quienes tienen la casa pagada y quienes siguen dedicando una parte de sus ingresos a pagar por algún tipo de tenencia de vivienda. De estos, más de la mitad vive de alquiler y esa cifra no deja de crecer. Mientras tanto, el 64% de lo que todos los españoles consideran su “patrimonio” son activos inmobiliarios y las familias que tienen casa en propiedad son, de media, cinco veces más ricas que las que viven de alquiler. 

Como consecuencia, hay una parte de la sociedad que entiende que está bien que algunas familias sean arrendadoras y perciban unos ingresos por ello, otros, la inmensa mayoría, quiere que las viviendas se sigan revalorizando porque les va en ello sus propios “ahorros”, mientras que un último grupo, cada vez más numeroso, necesita un ticket de entrada a ese sistema para poder subirse al carro de la sociedad.

Pero esas tres cosas son incompatibles, irreductibles, imposibles de solucionar sin un acuerdo. Porque para que esos ahorros se materialicen en una venta, alguien tiene que comprar. Y el precio de esa compra depende de que los alquileres sigan subiendo y de que las generaciones sucesivas dediquen cada vez un porcentaje más alto de sus ingresos de toda la vida a pagar su vivienda principal. 

La vivienda no es “un tema”. Es, junto con el trabajo y las pensiones, el tercer pilar del modelo económico y social en el que llevamos viviendo 50 años. Es el vehículo que permitía a los trabajadores ahorrar y construir un patrimonio que les ofrecía seguridad, pertenencia y arraigo. Y se está desmoronando.

Los partidos políticos actuales, en un gesto disfuncional terrible, en lugar de enfrentarse al que es el primer problema no solo de la sociedad española, sino de la occidental; en lugar de liderar al país hacia un nuevo consenso, meten la cabeza bajo tierra como un avestruz. Comienza entonces el baile de medidas que parecen querer hacer algo, pero que no alcanzan siquiera a apuntar cuál sería la solución al problema. Esta semana ha tocado el turno de un nuevo plan de vivienda del Gobierno. 

El plan propone invertir en tres cosas contradictorias: La primera, construir vivienda pública, para lo cual prevé una dotación para los próximos cuatro años de 7.000 millones de euros entre la dotación del Estado y la que se les exigirá a las comunidades autónomas. Vamos a imaginar que se usan íntegramente para construir viviendas por debajo del precio del mercado de la construcción, a 1.000 €/m2. Resultan 82.000 viviendas en 4 años (que se entregarían, previsiblemente, en algunos más), esto es, el 0,4% del parque actual de vivienda. Mientras tanto, resulta que según los mismos datos del Banco de España, en dos años entre 2022 y 2024 los hogares que viven de alquiler aumentaron en 225.000. De manera que la vivienda pública en alquiler que promete hacer el gobierno con este plan no compensa ni la cuarta parte de las familias que cada año se ven abocadas a los alquileres abusivos que produce el sistema actual.

Y si el modelo de este gobierno es el del alquiler de vivienda pública, alguien podría decir que es un primer paso. Lo inexplicable es que en lugar de dedicar el total de la financiación a esa función, a renglón seguido, en el mismo programa, nos encontremos con dos medidas que, en lugar de avanzar en la línea de construir más vivienda pública, parecen reforzar la idea de que el alquiler privado es una buena opción: una que promete ayudas a “jóvenes” arrendatarios, otra para rehabilitación y hasta nuevas ayudas para arrendatarios que alquilen con un precio “asequible”. Y todo esto mientras no toca ni una coma de las escandalosas deducciones fiscales a los arrendadores que hace que la vivienda sea un producto de inversión más rentable que ninguna de las actividades que producen crecimiento y riqueza.   

Y dice la ministra que este plan representa “el triple del anterior”. Mire, señora ministra, el triple de cero –resultados– sigue siendo cero. 

Para pasmo general, el centroderecha, que prácticamente inventó la idea de la vivienda en propiedad como forma de parar las ambiciones comunitaristas de los partidos de la izquierda en los años 60 y 70, ha abandonado su propia columna vertebral ideológica para echarse en manos de los –aún pocos– arrendatarios.

La realidad es que los partidos políticos –con el PSOE a la cabeza, pero seguido muy de cerca por todos los demás– están atrapados en el mismo sitio: entre grupos distintos de votantes con intereses legítimos, pero contrapuestos.

Y la solución a este problema, mucho antes que construir, rehabilitar o limitar precios, pasa por algo mucho más incómodo: por ponerse delante de la ciudadanía y decir la verdad. Decir que no es posible, al mismo tiempo, que la vivienda siga revalorizándose como activo de ahorro, que los alquileres bajen de forma sostenida y que las nuevas generaciones accedan a la propiedad en condiciones similares a las que tuvieron sus padres. Y que tenemos que llegar a otro acuerdo. Y decir qué es lo que propone cada partido para ese consenso: ¿Que todos seamos propietarios, o que solo lo sean unos cuantos? 

Hasta que no hagamos esa elección de forma explícita, el sistema seguirá exactamente donde está: aplazando forzosamente un conflicto que ya no admite más dilación.

El historiador económico Karl Polanyi explicó magistralmente en La Gran Transformación que el dilema mercado-Estado, según el cual hay que elegir entre alguno para asignar bien los recursos, es falso. En realidad, los mercados nunca existieron al margen del Estado y, de hecho, fueron creados deliberadamente por su mano; la mayor parte de las veces mediante una violencia sin cuartel contra las clases populares —como ocurrió con los cercamientos de tierras— y las poblaciones aborígenes —ya que las instituciones occidentales se abrieron paso en el mundo empujadas por los sables y pólvora de los ejércitos imperiales—. El mercado no es, como dicen los liberales, una institución natural.

Tirando de ese hilo, el historiador Quinn Slobodian describió en Hayek's Bastards una historia muy distinta a la habitual respecto a los orígenes del neoliberalismo. Frente a la narrativa convencional que asegura que el neoliberalismo fue principalmente un proyecto ideológico que quería desregular el mercado —porque, supuestamente, era mejor opción a que el Estado dirigiera la economía—, Slobodian recuerda que los mercados siempre están regulados. El verdadero motivo del neoliberalismo era aislar las decisiones económicas de la voluntad popular, independizarlas a fin de que las pasiones propias de la democracia no interfirieran en la asignación óptima de recursos que facilitarían los mercados.

La Unión Europea actual es producto de ese tiempo histórico neoliberal, lo que se expresa con mayor claridad en el carácter antidemocrático del Banco Central Europeo. A pesar de que esta institución es la encargada de gestionar la política monetaria —y, por ejemplo, puede influir en el “precio” de nuestras hipotecas—, en el ejercicio de sus funciones es independiente del poder político y, de hecho, tiene prohibida por ley la financiación directa de los Estados —una opción que era habitual entre los bancos centrales anteriores—. La lógica de fondo es obvia: la gestión de la política monetaria es demasiado importante como para dejarla a merced de los deseos de la ciudadanía; mucho mejor que sean unos tecnócratas los que estén al mando. Esa idea de externalizar la responsabilidad hacia una entidad independiente, aunque pública, estaba en el corazón de las tesis neoliberales y del espíritu de Friedrich Hayek. El resultado no era un súper-Estado, sino, como afirmó Perry Anderson, un infra Estado: uno en el que las instituciones evitan la interferencia popular en los mercados.

Esta tensión entre los deseos de las mayorías y los límites impuestos desde arriba ha sido consustancial a la evolución misma de la democracia. Ya en la antigua Grecia, la disputa entre las facciones radicales —Solón, Efialtes, Pericles— y las conservadoras —Aristóteles, Platón— giraba en torno al alcance del “demos” y a los asuntos sobre los que podía legítimamente decidir; instituciones como el Senado nacieron precisamente del interés aristocrático por frenar las pulsiones populares. El Estado de Derecho moderno es heredero directo de esa tensión: un constructo histórico que canaliza mediante reglas —habitualmente constitucionales— lo que las mayorías pueden o no decidir. Pero no todos los Estados de Derecho son iguales. Autores progresistas como Luigi Ferrajoli defienden la existencia de una esfera de lo indecidible que blinde las libertades personales y los derechos sociales, entendidos como condición necesaria de la democracia misma. Los neoliberales, en cambio, prefieren sustraer del ámbito democrático las decisiones económicas. Lo indecidible, según quién lo defina, protege al ciudadano o lo desarma.

Sin embargo, el neoliberalismo tal y como lo conocimos desde los años ochenta del siglo pasado hasta la crisis financiera de 2008, ha muerto. Lo que le está sustituyendo es, como el propio Slobodian ha venido señalando en sus trabajos más recientes, un populismo autoritario con raíces neoliberales. Se trata de una formación política inédita que articula cuatro elementos: un ejecutivo fuerte dispuesto a intervenir en la economía, un proteccionismo selectivo de corte neomercantilista, una concepción muy restrictiva de los derechos humanos y una oligarquía tecnológica que aspira a fundirse con el aparato del Estado. Conserva el desprecio neoliberal por la soberanía popular, pero abandona su fachada liberal. Y ningún lugar mejor para verlo que en Estados Unidos, donde el neomercantilismo exterior de Donald Trump se ha casado con el liberalismo autoritario de los tecno-oligarcas.

Hace unos días la empresa Palantir, fundada por el multimillonario reaccionario Peter Thiel y ahora dirigida por su igual Alex Karp, publicó un manifiesto terrorífico, si bien meridiano, exponiendo su punto de vista. Palantir es una empresa tecnológica y una fábrica de armas para las guerras contemporáneas —drones, espionaje digital, inteligencia artificial, etc.— que lleva varios años obteniendo suculentos contratos, sobre todo por parte del gobierno de Estados Unidos. Amnistía Internacional ha acusado a la empresa de colaborar en los crímenes de guerra del ejército de Israel, mientras que está acreditada su participación en la guerra en Irán. 

No obstante, no se trata de un fenómeno circunscrito a Estados Unidos. Palantir ha firmado contratos con los ministerios de defensa de Alemania, Francia y Reino Unido, opera incluso en la infraestructura de datos del servicio de salud británico (NHS) y aspira a integrarse en la infraestructura digital de la propia Unión Europea. A ello se suma una dependencia estructural respecto a un puñado más amplio de corporaciones estadounidenses cada vez más alineadas con el proyecto político de Trump y sus aliados tecno-oligárquicos —Peter Thiel, fundador de Palantir, financió con 15 millones de dólares la campaña de J.D. Vance al Senado—. La dependencia tecnológica se convierte así, inevitablemente, en dependencia política.

El manifiesto de Palantir es claro en sus intenciones, ya que plantea que no deben ser ya los Estados quienes se ocupen de elementos cruciales de la guerra, sino las empresas tecnológicas. Hoy en día, la tecnología de la empresa ya se encuentra detrás de la decisión automatizada de identificar enemigos, enviar drones, asesinar a los objetivos y volver a la base. Pero lo que estos tecno-oligarcas quieren es ir más allá, pues su cosmovisión implica también un fuerte rechazo del pluralismo, de la diversidad cultural y de aquellos valores que amenacen el estilo de vida americano. En este sentido, los intereses de estas corporaciones gigantes están perfectamente alineados con los de Donald Trump y su gobierno. Y comparten, asimismo, la idea de que la democracia contemporánea no es compatible con tales aspiraciones; o, como ellos dicen, que la “democracia” solo puede salvarse si se transforma a partir de la integración de estas grandes empresas tecnológicas en el corazón del Estado, y se emplea una intervención militar más activa tanto en el exterior como en el interior —estas tecnologías también se están aplicando en la identificación de migrantes indocumentados en el contexto de la política anti-inmigración de Estados Unidos—.

El desafío es enorme, y sin embargo apenas forma parte de la conversación política cotidiana. Desde luego, podemos decir que está en juego la soberanía europea, debido a la dependencia tecnológica respecto a una élite tecno-oligárquica asentada al otro lado del Atlántico y cada vez más entrelazada con el aparato de poder estadounidense. Pero también está amenazada la democracia tal y como la hemos conocido. Si Europa no articula una respuesta estratégica que recupere capacidad soberana en los sectores críticos —energía, defensa, datos, infraestructura digital, inteligencia artificial— y que, al mismo tiempo, reafirme ese núcleo indecidible de derechos que Ferrajoli identificaba como condición de posibilidad de la democracia, el riesgo es evidente: una deriva sostenida hacia regímenes autoritarios de nuevo cuño, ya no basados en el terror en clave fascista sino en una vigilancia algorítmica omnipresente, en la identificación automatizada de disidentes y migrantes, y en una arquitectura de control ciudadano operada por corporaciones privadas cuyos dueños desprecian abiertamente el pluralismo. 

Conviene insistir en una cosa central: esto no pertenece a una distopía lejana. En efecto, los sistemas ya están funcionando en Gaza, en Irán, en el Canal de la Mancha y en los hospitales británicos. La tensión que describieron Polanyi y Slobodian —entre mercado y democracia, entre soberanía popular y aislamiento tecnocrático— entra así en una fase nueva y cualitativamente más peligrosa. El neoliberalismo sustraía la economía al juicio de la ciudadanía. Lo que viene pretende sustraer al ciudadano mismo.

El partido Vox nació con una agenda antiecológica, antifeminista, antihomosexual. Lobbies gay, maltratadas de pega y agenda verde de Bruselas que arruina a los agricultores de toda la vida. Así fue consiguiendo atrapar el voto de una ciudadanía que veía su mundo moral posfranquista colapsar, de manera acelerada por una tecnología que ha abierto una fosa social. En Vox, antes de la pandemia, allí encontraron refugio miles de españoles desconcertados que querían volver a un mundo que ha dejado de existir y en el que ellos o sus familias educadoras eran dueños de los códigos o, al menos, pertenecían a la clase que los establecía y los entendía. Ese refugio no lo han encontrado en otro lugar, y eso es un fracaso de la política.

Pero el partido de Abascal entendió pronto que esos mantras eran insuficientes para seguir creciendo. Había una parte de la población, mujeres por ejemplo, que no estaba dispuesta a aceptar el paquete regresivo completo. Del mundo de la ética y la moral nacional católica pasaron al eje del bolsillo y la calidad de vida. La precarización de la clase media y/o trabajadora –por motivos que tienen que ver con los privilegios de unos ricos que son cada vez más ricos– era un vellocino de oro de votos. Emulando a la ultraderecha francesa, o al discurso de Trump, Vox ha apostado por echar la culpa del empobrecimiento a los más desfavorecidos. El extranjero “ens roba”. O delinque. O cambia los paisajes castellanos de España.

En esa idea de bienes limitados y menguantes para una población creciente reposa el concepto “prioridad nacional”. Ya no se repartirá a quien más lo necesite, sino a quien sea más español primero. Pero, ¿qué es ser español? Español sería haber nacido en España. ¿O también haber adquirido la residencia? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Los hijos de una pareja de italianos que viven en Barcelona un año tendrían derecho a beca o tarjeta sanitaria? ¿O solo hablamos de ciudadanos marroquíes y negros? ¿Hablamos de pobreza o hablamos de extranjeros? ¿Hablamos de raza? ¿O hablamos de Islam? ¿Hablamos de los millonarios que consiguieron la golden visa comprando pisos que no podrían tener derecho a colegio público? ¿Propone Vox que las personas nacidas fuera vengan, trabajen y paguen impuestos en España pero que tengan menos derechos que otros que trabajan y pagan impuestos en España? ¿O que ni siquiera vengan a trabajar? ¿O que vengan pero que no molesten con su presencia y voz en las calles, hospitales o colegios? El Tribunal Constitucional estará encantado de poder leer estos argumentos.

La milagrosa solución que plantea Abascal en los territorios en los que está pactando con el PP –con la siempre confusa posición de Feijóo, que no se sabe si va, si viene o si ya estuvo– es limitar los beneficiarios del estado del bienestar por razón de raza, papeles, cultura o nacionalidad, en lugar de trabajar en aumentar y mejorar ese maltrecho estado del bienestar, que tiene que reparar grietas de desigualdad abiertas con dinero público, en muchos casos, por el turbocapitalismo desenfrenado en la esfera privada.

Vox quiere Make España Great Again pero no por la vía de la innovación, calidad de empleo o justicia impositiva, sino por la vía de la segregación por raza y cultura. Puede que sea solo una solución para seducir a esos miles de españoles que sienten que viven mal pese a que trabajan, que pagan mucho en vivienda, que viven muy lejos de sus trabajos, que cada vez comen más arroz y menos pescado o que no se van de vacaciones. Quizás el racismo sea dopamina para ellos y Abascal, su camello ideológico dispuesto a inculcar el virus del racismo en un país abierto y democrático.

O puede que sea un simple eslogan que sirva como excusa para romper con el PP cuando le venga en gana y mandar un mensaje de amparo a miles de españoles necesitados de soluciones, aunque sean absurdas, racistas e imposibles.

El titular no se refiere a un gentilicio, sino a la traducción al español del apellido del recién elegido primer ministro de Hungría que, con este nombre, parecía predestinado. No obstante, la gran promesa húngara está bajando como un suflé para Bruselas. La victoria de Péter Magyar en las elecciones legislativas de Hungría se resume en una incógnita que se despejará en la próxima reunión informal de líderes de la UE, cuando le pongan sobre la mesa el crédito de los 90.000 millones de euros para Ucrania bloqueados por su predecesor, Viktor Orbán.

En el discurso que siguió a su arrolladora victoria electoral, Magyar desveló los puntos claves de lo que será su mandato en el linde entre su valedora, la Unión Europea, y su amigo natural, Rusia, a la que le debe el suministro de la energía barata que aún le llega a Hungría. Es decir, que se ha desdicho de sus promesas electorales 24 horas después.

A las nimias concesiones a Bruselas -estudiar la entrada en la eurozona, garantizar la independencia judicial y adscribirse a la Fiscalía Europea- antepone los intereses del pueblo magiar, de los que su contrincante Viktor Orbán hacía gala: exclusión voluntaria de Hungría del préstamo de 90.000 millones para Ucrania -vale, que no lo bloqueará-, oposición a la vía exprés para la entrada de Ucrania en la Unión Europea, mantener la compra de recursos energéticos a Rusia y oposición total al Pacto de Inmigración. Estoy escribiéndolo y estoy escuchando a Orbán con sus alegatos incendiarios en Bruselas. “Que sí, que vamos a seguir comprando petróleo ruso”, aunque “si Putin me cogiera el teléfono, le pediría la paz”, respondía una y otra vez ante una cohorte de periodistas anonadados que no acertaban a creer que delante de ellos estaba Magyar y no su antecesor. 

En el aire flotaban incandescentes los destellos de los 17.000 millones de euros congelados por Bruselas al hijo pródigo. También, y esto es lo que más duele, la multa del millón de euros diarios por no querer aceptar la cuota de inmigrantes ilegales que cruzan el mar Mediterráneo, salvando junglas y desiertos, agua y arena, jugándose la vida a su suerte.  No, no quitará la valla que protege sus fronteras. No, Orbán no los quería. Y Magyar, tampoco.

Poco o nada dijo “el húngaro” sobre los derechos LGTBIQ… pese a sus amables discursos preelectorales. No, no está entre sus prioridades. Pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le felicitó la victoria con una sentencia en la que declaraba que “la ley de Hungría que discrimina a las personas por su orientación sexual e identidad de género es contraria al acervo de la UE”. 

Y el Parlamento Europeo le recordaba a Magyar este asunto pendiente y cada vez más prioritario para las políticas denominadas inclusivas de la UE: hay una “preocupación por las medidas discriminatorias adoptadas por los Estados con el pretexto de luchar contra la 'propaganda LGBT'”. Sobrevolaba sobre estas palabras la amenaza de aplicar a Hungría el Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que suspende el derecho de veto y de voto a los países miembros díscolos. 

Pero no es este el tema que importa a Bruselas. De hecho, una delegación de alto nivel de la Comisión Europea celebró reuniones técnicas en Budapest con altos representantes del Gobierno húngaro entrante, tras los contactos entre la presidenta Von der Leyen y el primer ministro electo Magyar, con el compromiso de ambas partes para comenzar a trabajar en varios temas urgentes.

La urgencia venía determinada por el consejo Asuntos Exteriores celebrado esta semana, con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania en el punto de mira, asunto en el que Bruselas y Budapest han tenido sentimientos encontrados.

Pero la prueba de fuego es la reunión informal de líderes de la Unión que se celebra a final de esta semana en Chipre. Y en la que Magyar deberá enseñar la patita, ya sea de lobo o de cordero. Como la información previa de la Presidencia chipriota solo dice que se hablarán de cuestiones políticas de actualidad, cabe esperar que caiga la espada de Damocles de los 90.000 millones de euros prometidos por la UE a Ucrania y bloqueados por Orbán desde diciembre del pasado año.

Magyar ha adelantado que no bloqueará esa ingente cantidad de dinero, pero que no está dispuesto -como Orbán- a rascarse el bolsillo, debido a las maltrechas arcas del Tesoro húngaro. Y que el dinero de los húngaros es para los húngaros, no obstante desearle a Zelensky toda la suerte del mundo en la defensa de su territorio y su soberanía nacional. 

Y hasta aquí puedo hablar. Porque la versión 2.0 mejorada de Orbán está dando muchas sorpresas a los que contemplamos cómo la Europa nacionalista se está imponiendo frene a las llamadas al cambio hacia una estructura federal. Y tampoco Magyar va a necesitar plantar cara a sus amigos en Bruselas. En la cola están Eslovaquia, Chequia y, ahora, Bulgaria. Un nuevo frente de Visegrado, que nos va a hacer añorar a Orbán, se ha puesto en marcha. Al tiempo…

Ha vuelto a pasar: Vox echa a rodar un nuevo concepto, que inicialmente genera rechazo por extremista y contrario a la ley, pero consigue que todos hablemos de él; al principio poniéndole comillas, luego ya integrado con normalidad en la conversación, los medios lo manejan con ligereza, los tertulianos lo discuten, los columnistas le buscamos la vuelta ingeniosa, el concepto sigue cogiendo vuelo, se pronuncia ya sin escándalo en parlamentos autonómicos, en el Congreso, hasta que el PP lo acepta en un pacto de gobierno, lo matiza, le quita importancia, y finalmente lo hace suyo y lo acaba reivindicando.

Pasó con los ‘menas’, si te acuerdas: el acrónimo de “menores extranjeros no acompañado” era usado por la ultraderecha para deshumanizar y criminalizar a las niñas y niños que llegan a España sin familia. Su uso provocaba rechazo social, político y mediático. Pero la ultraderecha, con la inestimable colaboración de la derecha “moderada” y de no pocos medios, logró que se normalizara su uso, se le cayesen las comillas, presentadoras televisivas de las mañanas lo incorporasen a su vocabulario ya sin matices, el PP lo usase con naturalidad (incluido el muy moderado Feijóo), y acabase entrando en el diccionario de la Real Academia, que no le pone cursiva y aclara que se usa en sentido despectivo, sí, pero solo “a veces”: es decir, que se puede decir mena sin ser racista. Sí, claro.

La última aportación de Vox es la “prioridad nacional”. El partido ultra lleva años usándolo en sus discursos y programas, metiéndolo en mociones en el Congreso, y ahora ha conseguido colarlo en el pacto con el PP en Extremadura. He dicho “colarlo”, y cualquiera diría que lo han metido con disimulo, o en forma de acróstico leyendo la primera letra de cada párrafo, pero qué va: aparece repetido varias veces en el documento, tiene un apartado propio (“Seguridad, libertad y prioridad nacional”), y se aplica al acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, a la vivienda protegida y al alquiler social. Todo ello se “inspirará” en “el principio de prioridad nacional”.

Luego añaden algunos matices que el PP quiso incluir en el pacto (“adecuado a la legalidad vigente”, el arraigo), y con los que ahora hace un poco de mimimí para que no se note demasiado y no fastidiarle la campaña a Moreno Bonilla. Pero solo hay que leer con detalle el pacto extremeño para comprobar en qué quedaron otros mimimís del pasado: los ya citados “menas”, término con el que alguna vez el PP mostró incomodidad, aparecen en el documento con mayúsculas: MENAS, para que se entienda bien. A ellos dedican PP y Vox varias medidas concretas, todas cargadas de odio y sospecha sobre los menores.

Cuando derecha y ultraderecha dicen prioridad nacional, es prioridad nacional, está muy claro. Los mimimís que el PP le pone estos días desaparecerán en pocos meses, y en la campaña de las generales escucharemos a Feijóo defender la prioridad nacional.

Por eso, la única “prioridad nacional” hoy debería ser frenar a la ultraderecha. Que no está ya solo en Vox.

Son tantos los que mueven los hilos de nuestras vidas que han llegado al punto de enmarañarse. Lo cierto es que poco tienen que ver, aparentemente, la empresa tecnológica Palantir y la niña palestina que llora con la más sincera desesperación llamando a su madre que probablemente nunca volverá a ver. Y claro que existe una relación. Una que ya casi nadie busca, distraídos mirando lo que menos importa para ocultar el origen. Cuando todo lo trascendental avisa.

Las casualidades. Seis refinerías se han incendiado en cuatro continentes en 45 días. Desde que EEUU e Israel desataron la guerra contra Irán y Líbano. Parece un patrón, sí.

Otra “casualidad”. Otro patrón. Una investigación de la BBC es la última en confirmar los picos financieros masivos que se producen justo minutos antes de que Donald Trump haga anuncios que mueven el mercado. Hay quienes se están forrando, y tienen nombres y apellidos. Uno que empieza por la letra Te, el primero, junto a sus allegados. La administración estadounidense se enfrenta a graves acusaciones de estar lucrándose ilegalmente, dice, con información privilegiada. Al Gore, ex vicepresidente demócrata, ha dicho: “Esta es la administración más corrupta no solo en la historia de Estados Unidos, sino más corrupta de lo que jamás podría haber imaginado que un presidente podría salirse con la suya hasta el punto en que lo ha hecho”. Pues 77 millones de seres así lo decidieron.

Lo de enfrentarse a la justicia es ya otro cantar. Que nos lo cuenten también en España. No me digan que no es casualidad que se produzcan el mismo día la petición de 24 años de cárcel para Begoña Gómez solicitada por las acusaciones populares (de ultraderecha) y el impresionante solo de La Traviata a cargo de Luis Bárcenas en el juicio de la Kitchen. Lo confirmó todo, que M.Rajoy, ¡era el presidente del Gobierno entonces! -oh, sorpresa-, que destruyó pruebas en su presencia, que pidió a su extesorero –Luis, sé fuerte- que se deshiciera del resto, cosa que cumplió.

La instrucción del caso, que se juzga después de 13 años en los que fue sufriendo demoras, la llevó García-Castellón, otro señor que se dedica a esto como Peinado. Ya se supo buena parte de la trama Kitchen que se ratifica ahora pero no inculpó a Rajoy, ni a Cospedal, que también tuvo una participación de la que existen pruebas grabadas. Todo este pestazo de un PP como mafia de gran altura, usando a miembros de la policía bajo la denominación de “policía patriótica” para más inri, se queda en nada, porque no figura en la instrucción. Dicen. En cambio la de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, parece incluir lo más granado del Código Penal y para sentarla ante un jurado, cuidadosamente elegido ¿entre los telespectadores de Telemadrid u oyentes de la COPE y lectores de La Razón? Y será antes de las elecciones anuncian los medios afines.

 A muchos ciudadanos nos parece escandaloso. Y aún salen los colegas de estos prendas en ataque corporativista a defender sus actuaciones y acusar al gobierno de unas presiones o censuras que ojalá tuvieran una pizca de verdad. Al menos y dentro de la legalidad, que hubiera alguna decisión para restablecer la confianza de los ciudadanos demócratas en la justicia.

 Y no para ahí la cosa. Otro personaje innombrable para mí por el daño profundo que ha hecho al periodismo, uno que distribuye su veneno por tertulias y un medio que se vitorea con Okeys de panfleto, al que cumplimenta el rey y la corte celestial del PP, se despliega con bulos diversos sobre pucherazos y denuncias de golpes judiciales. El Confidencial se apunta a ese “se dice” de un golpe judicial del Gobierno para librarse de las condenas penales de sus allegados. Y va Francisco Marhuenda, director de La Razón, con su Carmen Morodo de escribiente, y lo secunda y lo amplía. Y llega la Corina venezolana y desea a España que tenga MUY PRONTO elecciones, en ese festival de insensatez, desconsideración, propaganda e insufrible plasta que ha jalonado su visita a los madriles del ayusato. Y va M.Rajoy, y se fotografia con ella. Y Felipe Gónzalez, ex presidente de gobiernos del PSOE, la presenta en un acto, rendido en elogios. Casualidades.

 A todo esto, y comparado con el proceso a Begoña Gómez (24 años de cárcel le piden, insistamos), no dejo de preguntar qué pasa con Ayuso, su pareja que trabaja con Quirón (y dispone de correo corporativo de la empresa) y esos más de 1.000 millones de euros anuales que recibe Quirón desde que ella es presidenta de Madrid. Por ejemplo. Y si está encausado el novio en uno de los procesos que se prolongan y se prolongan,  es acusado de trampas, no de esto. Y tampoco nos quedamos solo ahí, siendo mucho. Este artículo de la revista Nuve está plagado de datos que responden a estas cuestiones: “Mientras el aparato judicial y mediático lanza una ofensiva feroz, sin pruebas y basada en sospechas, contra cualquier persona vinculada al entorno del presidente del Gobierno, el silencio sobre la red clientelar del Partido Popular es atronador. ¿Quién investiga a las familias y allegados de los dirigentes del PP que se han beneficiado sistemáticamente de puestos de trabajo, contratos públicos y subvenciones? La pregunta no es retórica; es una exigencia de justicia.

Casualidades. Patrones. Pobre niña palestina y todos los niños y adultos víctimas del genocidio sionista; pobres, los injustamente agraviados y engañados en cualquier parte del mundo, en España. Malditos los autores y sus cómplices. Todo esto parece una realidad asumible, de hecho se asume, pero nos falta entender lo que viene:  los planes de las mafias tecnológicas que vuelan mucho más alto, extendiendo los hilos tentáculos de su desmedido poder impune. Aún impune. Quizás, siempre impune.

Y lo que viene. Palantir, tecnológica estadounidense, IA, espía, armamento asistido por IA sin tener en cuenta los Derechos Humanos, acaba de lanzar un manifiesto aterrador. Va hacia una “República Tecnológica”, autocrática y lo explica en 22 puntos.en donde afirma que “una nueva era de disuasión basada en la IA está a punto de comenzar”. Está siendo ampliamente comentado con la habitual dispararidad de opiniones, la mayoría sensatas, sin embargo. “Palantir lamenta que el sector público aún no esté completamente desprovisto de conciencia. La política debe ser como la IA, desprovista de cualquier cosa que pueda confundirse con la empatía humana”, dice al respecto Yanis Varoufakis, ex vicepresidente griego con Syriza.

“La desigualdad actual supera con creces la de la Edad Dorada de la expansión industrial del siglo XIX. Rockefeller era rico, pero su fortuna palidece frente a la de Elon Musk, Larry Ellison o Jeff Bezos. Su influencia política bajo Donald Trump no tiene precedentes. Estos nuevos oligarcas rechazan cualquier responsabilidad social. Y no han hecho nada por su cuenta: internet y gran parte de sus innovaciones surgieron de investigación financiada con fondos públicos”, denuncia Joseph Stiglitz, el gran Nobel de Economía con fuerte compromiso social.

Las casualidades rara vez suceden en estos asuntos. Hace tan poco tiempo si lo pensamos, la sociedad era más valiente y más responsable. Nos cortaron las alas, igual que nosotros, los supervivientes de los tiempos con conciencia, tendríamos que cortar los hilos con los que manejan nuestras vidas.

El último libro que Gregorio Morán publicó fue Felipe González. El jugador de billar, una biografía no autorizada por su protagonista y que solo la editorial Roca se atrevió a publicar. La comparación con un jugador de billar responde al hecho de que González tuvo que apañárselas con las distintas bolas que rodaban sobre el tapete. En eso no es tan distinto de Pedro Sánchez, aunque probablemente a ninguno de los dos les guste que se diga. Morán defendía también que, en política, el poder, el propósito de ganar las siguientes elecciones es el único elemento que consigue explicar lo inexplicable. Es probable que esto tampoco les guste escucharlo.

Morán se ciñó a los 14 años en los que González fue presidente y dividía su partida de billar en dos etapas: cuando hizo tándem con Alfonso Guerra y cuando el entonces presidente tuvo que jugar solo. El 3 de marzo de 1996, 14 años después de haber accedido al cargo, perdió las elecciones. Sigue siendo el que más tiempo ha estado en La Moncloa.

En mayo de 2021 le confesó a Pablo Motos que el día que perdió se sintió liberado. Es la palabra que usó: liberado. “Hasta yo estaba harto de mí mismo. ¿Cómo no iba a estarlo la gente?”, añadió. Se diría que, pese a ser poco dado a conceder entrevistas, a González le gusta ir a El Hormiguero. Regresó en 2024 y, en esa ocasión, afiló el cuchillo contra el PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez y todas las formaciones que se autoubican en la izquierda en España. Solo salvó a Salvador Illa (habría que preguntarle si aún lo considera una excepción).

A raíz de esa entrevista, Ignacio Escolar publicó un artículo en el que, entre otras preguntas, se formulaba las siguientes: ¿Cómo es posible, por ejemplo, que Felipe González se deje utilizar por la misma derecha que lo insultaba cuando estaba en La Moncloa? ¿Ha olvidado todo lo que esta misma prensa conservadora que hoy lo adula decía entonces sobre él? ¿Recuerda el expresidente el 'sindicato del crimen', esa operación mediática para tumbar a su gobierno a cualquier precio que Luis María Ansón confesó años después? ¿O es acaso un ingenuo que cree que la máquina del fango solo se usó contra él?

La derecha sigue elogiándolo, probablemente porque él sigue criticando a Sánchez. Ya ha anunciado que, si el presidente vuelve a ser candidato —algo que ha asegurado que hará—, no votará al PSOE. Su intención es votar en blanco.

La inquina de González hacia Sánchez ha vivido esta semana un nuevo episodio. Podría decirse que por persona interpuesta. La opositora venezolana María Corina Machado está en Madrid. Solo se ha reunido con dirigentes de la derecha y la extrema derecha. De hecho, con Abascal se vio en la Fundación Disenso, laboratorio de ideas ultras.

Según ha desvelado el ministro Albares, el Gobierno le ofreció una reunión, pero ella la rechazó. El titular de Exteriores también explicó que, en su momento, María Corina pidió refugiarse en la embajada española y que él mismo le dijo que no había ningún problema.

González, que escoge muy bien los escenarios, decidió que, pese a que el Gobierno de Sánchez ha ayudado también a que muchos opositores pudieran salir de Venezuela, la foto en la que aparecería sería la de una mesa rodeado de dirigentes del PP dispuestos a escuchar a María Corina. Es una imagen que ha pasado más desapercibida que la de la Puerta de Sol, con cánticos racistas incluidos, o que las declaraciones de la propia María Corina expresando su deseo de que las próximas elecciones en España sean “impecables”. Pero que haya circulado menos no significa que no deba constar en la estrategia del expresidente por marcar distancias con Sánchez.

El expresidente elogió la figura de María Corina con entusiasmo y queda la duda de si una de sus reflexiones incluía un mensaje para Sánchez: “Hablo de liderazgo no mercenario porque es la primera característica de un gran liderazgo: no pedir nada a cambio. Hacerse cargo del estado de ánimo de los ciudadanos. Y, haciéndose cargo de ese estado de ánimo, ha sido, injustamente, como tantos otros, inhabilitada para presentarse a las elecciones en Venezuela”.

Sorprende que quien hizo suyo el proverbio chino de “blanco o negro, lo importante es que el gato cace ratones” reivindique con tanta solemnidad los liderazgos no mercenarios.

En julio de 2024 escribí en este mismo espacio una colaboración acerca del empleo público irregular. Lo hice a raíz de una cuestión prejudicial elevada al TJUE sobre esta cuestión por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 30 de mayo de aquel año. En el auto en que se planteó la cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo, el TS preguntó de manera clara y directa, resumidamente dicho, si es contraria a la normativa de la UE la jurisprudencia española que defiende los principios de igualdad, mérito, capacidad y no discriminación en la libre circulación de trabajadores y niega el reconocimiento de la condición de trabajadores fijos del sector público a los trabajadores indefinidos no fijos y si, de ser así, el reconocimiento de una indemnización disuasoria al trabajador indefinido no fijo en el momento de la extinción de su relación laboral, puede considerarse una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos temporales en el sector público.

Había habido antes muchas cuestiones prejudiciales planteadas por Tribunales españoles sobre esta problemática que ha mantenido nuestra atención durante muchos años, dando lugar a sentencias del TJUE en las que ha ido dando respuesta a las mismas. Desde la muy conocida sentencia de 14 de septiembre de 2016, en el caso De Diego Porras, que inició la saga, pasando por la de 22 de febrero de 2024, en la que, en respuesta a tres cuestiones prejudiciales planteadas por la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, ha determinado que la calificación como indefinido no fijo no es una respuesta adecuada para combatir el abuso. Y la sentencia del 13 de junio de 2024 en la que, aunque siguiendo el criterio de la anterior, añade una frase que en mi opinión es determinante, al señalar que ello será posible “siempre que esa conversión no implique una interpretación contra legem del Derecho nacional”.

Todas esas sentencias tuvieron gran impacto y enorme presencia en los medios de comunicación, subrayándose por la mayor parte de ellos que el TJUE obliga a declarar la fijeza de las personas trabajadoras de la Administración Pública en situación de abuso de la contratación temporal. Desde luego, no era así, y de hecho no se ha interpretado hasta ahora de esta manera por la inmensa mayoría de los Tribunales españoles.

La expectación por conocer la decisión del TJUE sobre las preguntas que le planteó el TS era máxima. Y hemos conocido la respuesta en la sentencia de 14 de abril de 2026, Caso Obadal. En dicha sentencia, en esencia y muy brevemente expresado, el TJUE rechaza nuevamente que la calificación de trabajador indefinido no fijo sea adecuada en los casos de abuso de la temporalidad y también rechaza una indemnización tasada y la falta de asunción de responsabilidad de las Administraciones y el modo en que se han diseñado los procesos de estabilización de aquel personal, entendiendo que no son medidas ajustadas a la cláusula 5ª de la Directiva 1999/70 -que es la que se está interpretando-.

Pende también otra cuestión prejudicial planteada por sobre la misma cuestión por el TSJ de Galicia. Conoceremos pronto también su resultado.

Lo que realmente está en el núcleo del debate que aún nos mantiene pendientes es la de la calificación que ha de darse a la contratación laboral pública abusiva. Es decir: si en estos casos la relación laboral ha de ser considerada “indefinida no fija” y, por tanto, susceptible de ser extinguida cuando la vacante se cubra en un proceso reglamentario, con la indemnización que proceda -hasta ahora de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades-, o bien ha de calificarse como “fija”, sin que quepa su válida extinción por tal causa.

Sin duda es un debate que aún preocupa y ocupa no solo a los Tribunales españoles, sino también a todas las Administraciones Públicas y a una buena parte de la ciudadanía.

Ahora hay que esperar a la decisión del TS al resolver los recursos que tiene pendientes sobre esta materia, sin perjuicio de que otros Tribunales resuelvan ya los suyos con arreglo a la doctrina del TJUE en esta última sentencia.

No me gusta predecir el futuro en ningún ámbito y, menos aún en el judicial. Creo, sin embargo, que el TS tiene que decidir varias cuestiones troncales. De un lado, si mantiene o no su doctrina sobre la figura del trabajador indefinido no fijo y la posibilidad de cobertura de la vacante que ocupa con la consiguiente extinción de su relación laboral con el percibo de la indemnización que anteriormente he reseñado. O si, por el contrario, entiende que cabe declarar la fijeza de dicho personal sometido a contratación temporal abusiva, aunque considero poco probable esta posibilidad. También el TS puede decidir que, manteniendo la calificación de la relación laboral como indefinida no fija en tales casos, la indemnización por extinción por cobertura de la vacante sea superior -por ejemplo, de 33 días de salario por año de servicio con un máximo de 24 mensualidades, como para los trabajadores fijos despedidos improcedentemente-. O si en tales supuestos no habría obligación de incluir tales vacantes en una Oferta de Empleo Público. Y, finalmente, habrá de resolver también si estas personas tienen derecho a una indemnización que repare los casos de abuso incluso para quienes no ven extinguidos sus contratos por la cobertura de la vacante. 

Ah, y sobre la validez de los procesos de estabilización de este personal diseñados por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en cuyo Preámbulo se reseña que “la doctrina que ha fijado el TJUE en esta materia dispone que las autoridades españolas tienen que instaurar medidas efectivas que disuadan y, en su caso, sancionen de forma clara el abuso de la temporalidad; y que las diferencias en el régimen jurídico del personal temporal y del fijo deben basarse únicamente en razones objetivas que puedan demostrar la necesidad de estas diferencias para lograr su fin”.

Esperamos expectantes lo que el TS resuelva y cómo desenrede esta madeja. Lo esperamos quienes decidimos sobre estas cuestiones, quienes están en esta situación laboral y, asimismo, quienes pretenden legítimamente acceder al empleo público y se preparan para ello.

Hay una sensación de fatiga que va atravesando las distintas democracias europeas y que no resulta fácil acabar relacionándola con una sola causa. Pero entiendo que una parte de la misma tiene que ver con la sensación de que el pacto sobre el que se construyeron nuestras sociedades (tú te esfuerzas hoy, progresas y el sistema te protege mañana, tú delegas en las instituciones y estas responden), parece que ha dejado de funcionar como la gente esperaba. Cruje lo suficiente como para que cada vez muchos y diversos se pregunten si merece la pena seguir confiando. Esa fatiga parece que se manifiesta con especial intensidad en las generaciones que están entrando en la vida adulta sin haber conocido una época en la que las promesas fueran cumpliéndose. Es en esa franja en la que se cruzan con especial intensidad la precariedad material, la incertidumbre y una sensación de agotamiento fruto más de la propia dinámica vital que del trabajo. Y es precisamente en esa franja en la que la democracia se juega parte de su futuro. 

Un reportaje reciente de El País examinaba un fenómeno revelador: el creciente distanciamiento de los jóvenes respecto al sistema fiscal. Según el Instituto de Estudios Fiscales, el 93,6% de los mayores de 65 años considera que los impuestos son necesarios. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, esa cifra cae al 67,9%. Un 30% de los españoles, lo que es todo un récord en la última década, considera que los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin que acabe de quedar claro a cambio de qué. Y entre los más jóvenes, especialmente entre los varones, esa percepción se agudiza.

La idea de que los jóvenes no creen en la democracia va reapareciendo de manera asidua. Casi siempre con datos que lo avalan. Según el CIS, un 38% de los menores de 24 años no descartaría vivir en un régimen poco democrático si eso les garantizase mejor calidad de vida. Un estudio del ICIP revela que solo un tercio de los jóvenes catalanes menores de 35 años considera la democracia preferible a cualquier alternativa. En el conjunto de Europa, uno de cada cinco jóvenes ya no la defiende como el mejor sistema de gobierno. Los datos son preocupantes. Pero deberíamos evitar que la recepción pasiva de los mismos acabe generando una lógica de profecía autocumplida.

La versión más extendida se refugia en la idea que los jóvenes no valoran lo que tienen, que no saben lo que tuvieron que pelear sus mayores. En España se concreta en que desconocen lo que fue el franquismo, no valoran lo que costó la transición, dan por descontadas libertades que costaron mucho conseguir. Asoma una idea de ingratitud, combinada con afirmaciones como que se han vuelto cómodos, que no quieren esforzarse o que buscan el atajo, como ser influencer o apostar por las criptomonedas. Tenemos que ir con cuidado, ya que corremos el riesgo de confundir el síntoma con la enfermedad. 

Lo que de manera más general se está resquebrajando es la confianza en el pacto social que los impuestos representan. La disposición a contribuir depende de que uno perciba el sistema como justo y crea que el esfuerzo de hacerlo tendrá retorno. Y es precisamente la sensación de sistema justo y la expectativa de futuro lo que puede estar fallando. Los datos disponibles van en esa línea: el 83% de la ciudadanía cree que la presión fiscal recae más sobre las rentas bajas y medias que sobre las grandes fortunas. Más de la mitad considera que la relación entre lo que se paga y lo que se recibe es peor en España que en otros países europeos. El sistema funciona bajo una lógica de ciclo vital (pago más ahora que trabajo y después me veré compensado) pero ello exige que haya confianza en ese futuro. Si esa confianza se debilita, como ocurre entre quienes han crecido encadenando crisis, la solidaridad intergeneracional se resquebraja. Esto no es un conflicto entre jóvenes y mayores, aunque a veces se presente así. Es algo más profundo: es la erosión de las bases comunes propias de cualquier proyecto colectivo. Cuando los jóvenes se distancian del sistema fiscal, no están rechazando la idea de lo público; están diciendo que lo público, tal como lo experimentan, no les incluye como debería.

A la percepción de injusticia presente se añade algo más difuso, pero igualmente poderoso: la sensación de que no es solo que las cosas vayan mal, sino que van a ir a peor. El cambio climático, la precarización global del trabajo, la aceleración tecnológica que amenaza empleos antes de que se hayan consolidado, la sucesión de crisis que se encadenan sin respiro: todo ello configura un horizonte poco propicio a la esperanza. Este estado de ánimo, que a veces se etiqueta como colapsismo y al que alude el último libro de Eudald Espluga, es más un sentido común difuso que se respira en redes, en conversaciones llenas de ironía y resignación, que una ideología fundamentada. 

Frente a ello la democracia no puede prometer enemigos claros y soluciones rápidas como las que ofrecen la extrema derecha o el aceleracionismo tecnológico. Lo que la democracia sí puede hacer, y debe hacer con urgencia, es reconstruir el pacto que se está rompiendo. Y eso empieza por lo más concreto: entregar presente. No planes a quince años, no indicadores macroeconómicos, no promesas electorales que se evaporan: cosas tangibles que cambien la vida. Vivienda accesible. Empleo que permita independizarse. Un sistema fiscal que se perciba como justo, que informe adecuadamente de lo que valen los servicios públicos y que devuelva de manera visible lo que recibe. Cuando la política entrega eso, la desafección va perdiendo sustrato. 

La democracia ha de explicarse mejor. Todo lo que hoy parece obvio, como la sanidad pública, los derechos laborales, el voto femenino, la despenalización de la homosexualidad, la propia existencia de una España democrática tras cuarenta años de dictadura, no ha venido del cielo. Han sido éxitos de la gente que lo peleó. Recuperar esa memoria no es nostalgia. Es una evidencia que los éxitos cuentan, como dice Rebecca Solnit, aunque la victoria definitiva no se haya dado. Mantener abierta la incertidumbre, aceptando que no sabemos cómo será el futuro y que depende en parte de lo que hagamos, no es ingenuidad. Es la única posición intelectualmente honesta.

Y hay una tercera dimensión, la más descuidada. El sentido no lo produce la política institucional. Lo producen los espacios y entornos donde la gente se encuentra, se organiza, cuida, crea, discute, comparte proyectos que no se miden en rentabilidad. Tejido asociativo, cultural, comunitario. La política no puede fabricar sentido, pero puede proteger los espacios donde el sentido emerge. Y cuando no lo hace, el vacío lo llena quien sepa: las plataformas digitales, los vendedores de crecimiento personal, los profetas del colapso, o los demagogos con soluciones simples.

La insatisfacción juvenil con la democracia existente no es necesariamente antidemocrática. Puede ser la forma en que la democracia siga exigiéndose lo que aún no es. La pregunta no es si los jóvenes creen en la democracia. La pregunta es si la democracia va a ser capaz de darles razones para que sigan creyendo en ella.

El acuerdo xenófobo y racista de PP-Vox en Extremadura, la ambigua posición de Feijóo ante la guerra de Irán, la dosis de recuerdo de la Kitchen, de Luis Bárcenas, de la corrupción de Estado, de M. Rajoy, de la destrucción de pruebas sobre la financiación ilegal, del uso fraudulento de los fondos reservados… Al presidente de la Junta de Andalucía y aspirante a revalidar la mayoría absoluta el próximo 17 de mayo, Juanma Moreno, le explota estos días la cabeza con la munición que se empeña su partido en proporcionar a la izquierda. La socialista María Jesús Montero tiene material de sobra para el desgaste. Cuestión distinta es que pueda desafiar los malos augurios que le pronostican los sondeos. 

Pero a lo que vamos. Moreno, que tanto hizo para llevar en volandas a Feijóo hasta la séptima planta de la calle Génova, ahora no sabe cómo soltar el lastre del gallego para que no interfiera en su campaña. Moreno, que se esfuerza en marcar distancias con Vox, y ahora María Guardiola, con la bendición de Génova, mete a los ultras en el Gobierno de Extremadura con un pacto racista, xenófobo y hasta inconstitucional que en pocas semanas se reeditará en Aragón y Castilla y León. Moreno, que tanto evita el insulto y el cuerpo a cuerpo, y agacha la cabeza con la ristra de improperios que sueltan los suyos por la boca. Moreno, que se aseguró de que Rajoy no pusiera un pie en Andalucía hasta que no pasen las elecciones andaluzas, y ahora va Bárcenas y recuerda en sede judicial, para que nadie olvide, lo que todos sabían y taparon durante años: “M.R era Rajoy y encargó destruir un audio cortito”. Moreno, que no tolera las formas de Ayuso, y no tiene manera de contener el torrente de vituperios de la baronesa parlanchina.

El PP parece dispuesto a arruinar el empeño del presidente de Andalucía para gobernar en solitario otros cuatro años. El matrimonio extremeño con Abascal llega justo cuando el auge de Vox parecía registrar una línea descendente como consecuencia de su alineamiento con Trump, de la derrota de Orbán en Hungría y de sus líos internos. Algo que no resulta inofensivo para los intereses de Moreno, quien hace esfuerzos, además, por desmarcarse del pasado de Aznar y de Rajoy, pero también del presente de un Feijóo resignado a su dependencia absoluta de la ultraderecha. 

Y si el PP ha elegido el peor momento para Moreno al oficializar su entente con Abascal, en mucho peor tiempo la Comisión Europea ha decidido echar por tierra el empeño de la derecha judicial y política para que Bruselas tumbara las sentencias del Constitucional que amparan a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ERE. 

La Comisión Europea ha pedido que no se admita a trámite de la “cuestión prejudicial” sobre el pronunciamiento del TC que solicitaba la Audiencia Provincial al entender que el TJUE no puede convertirse en una especie de “supercasación europea”, por más que se empeñen los populares en desacreditar, con tretas varias, al máximo garante de la Constitución española y todos sus pronunciamientos. De haber sido al contrario, la damnificada hubiera sido, seguro, la campaña de María Jesús Montero. Pero, por una vez no es al perro flaco al que todo son pulgas, sino al más rollizo en número de escaños.

Mejor le iría a Moreno, si el PP de Feijóo hubiera asumido el coste de una repetición electoral en Extremadura. Si no lo ha hecho es porque ni el racismo, ni la xenofobia ni la ilegalidad manifiesta son ya líneas rojas en su acción política. Y, quizá, también porque para el horizonte no tan lejano a Feijóo no le interesa en absoluto que el actual presidente de la Junta emerja como el único barón capaz de cortocircuitar a Vox sin hacer suyo el ideario ultra ni entrar en sus guerras culturales.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, es seguidor de un pastor nacionalista cristiano que sostiene que las mujeres no deberían tener derecho al voto. No es una afiliación superficial, Hegseth llegó a compartir en sus redes sociales el año pasado un vídeo en el que ese pastor defendía abiertamente esa idea. El secretario de Defensa, por supuesto, no es el único partidario de Trump en sugerir que lo de votar hay que dejarlo en manos de gente preparada, es decir, de los hombres. También lo hizo, por ejemplo, John McEntee, asesor principal del Proyecto 2025 y exdirector de la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca de Trump. O Paul Ingrassia, a quien Trump nominó para dirigir la Oficina del Asesor Especial, sugirió derogar el voto femenino en un podcast. 

Lo que esta panda defiende es el voto familiar. Es decir, un voto por hogar. Pero, por supuesto, ese voto correspondería al marido y no a la mujer porque los hombres, opinan, ostentan la máxima autoridad familiar. La razón detrás de toda esta corriente puede estar en el hecho de que los hombres son más propensos a votar por la derecha que las mujeres. También hay quien tiene esta convicción por razones religiosas, una especie de mandato bíblico. Pero también están los influencers y podcasters del ala ultraconservadora estadounidense que llevan meses normalizando la idea de derogar la Decimonovena Enmienda por pura misoginia. Sin medias tintas, son tipos que odian y desprecian a las mujeres, nos presentan como parásitas, y creen y esperan que volvamos a estar subordinadas a ellos. 

“¿Por qué excluir a las mujeres? Porque su delicadeza las hace inadecuadas para la práctica y la experiencia en los grandes asuntos de la vida, las arduas empresas de la guerra y las exigentes responsabilidades del Estado. Además, su atención está tan centrada en la crianza de sus hijos que la naturaleza las ha dotado de mayor aptitud para las tareas domésticas. Y los niños no tienen juicio ni voluntad propios…”. Esto le escribía John Adams a James Sullivan el 26 de mayo de 1776. Doscientos cincuenta años después, estamos volviendo a esto, a ese ideal de mujeres sumisas, delicadas, esposas tradicionales, amas de casa entregadas, sin voz ni voto. 

Ni siquiera hace falta que se ponga en práctica, el simple hecho de que esta idea vuelva a circular ya es aterrador. Aunque no se llegue a ese escenario (legislativamente sería bastante complejo), la convicción ya está flotando, el derecho de las mujeres a votar ya está siendo cuestionado. 

El sufragio universal no es negociable sin vaciar la propia idea de democracia. Pero esto es lo que esta gente —que se permite el lujo de ir por el mundo dando lecciones, por cierto— entiende por democracia, un sistema en el que el voto sea de ellos. Las ideas más repulsivas de los misóginos más extremos de Internet se están difundiendo ante nuestros propios ojos desde despachos de la Casa Blanca por otros misóginos. Estamos a un susto de dejar sin ficción a Margaret Atwood.