En el actual contexto de derechización de los Estados, vemos políticos como Donald Trump o Javier Milei cargando, en nombre de la eficiencia económica, contra derechos sociales del llamado “estado del bienestar”, tales como el sistema de ayudas o pensiones. Resulta irónico que este desmantelamiento esté corriendo a cargo de dos hombres que no son precisamente jóvenes (Milei ya supera los 50 años y Trump es un hombre septuagenario), y que más pronto que tarde serán más dependientes y necesitarán cuidados. Y es que no hay nadie en el planeta que no necesite de cuidados: desde que nacemos, cuando enfermamos, en nuestra vejez… Lo que es seguro es que en algún momento de nuestras vidas todos requerimos de apoyo o cuidado. 

Hasta ahora invisibilizado, el derecho al cuidado toma fuerza con el avance de la agenda feminista, y tanto en Naciones Unidas como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se está estudiando su ¿inminente? reconocimiento como nuevo derecho humano. Sí, un nuevo derecho que sirva como palanca para la acción de los Estados, para caminar hacia la corresponsabilidad colectiva de los cuidados. Y es que no hay nada más importante para la dignidad y la reproducción de la vida, y esa es la base de los derechos humanos. 

¿De qué hablamos cuando exigimos el derecho al cuidado?

De forma sencilla, podemos definirlo como el derecho a cuidar, a ser cuidado (con autonomía y agencia) y al autocuidado (con tiempo, por ejemplo). Sin embargo, se trata de algo complejo: estamos ante un derecho transversal y multidimensional, que interacciona con muchos otros derechos (al trabajo digno y la seguridad social en lo que se refiere a los cuidados remunerados, a la intimidad, a la salud…). A su vez, se configura como un derecho autónomo que reconocidas autoras como Ana Marrades o Laura Pautassi desde el iusfeminismo estudian cómo incorporar en nuestras constituciones y normativa.

Pero no solamente la vertiente jurídica es relevante: en los cuidados, la vertiente económica es clave, porque cuidar es un trabajo, y además un ejemplo claro de la división sexual del trabajo. Por un lado, es un trabajo que, cuando es remunerado, genera precariedad y condiciones laborales pésimas para las trabajadoras, en su mayoría mujeres de origen migrante. Aquí cabe cuestionarnos de forma crítica cuál es el rol del norte global en la economía mundial de los cuidados. Por otro lado, cabe reconocer los cuidados no remunerados, que se calcula representaría un 2,5% del PIB de Europa y mucho mayor en los países latinoamericanos.

¿Cómo podría ser este reconocimiento del derecho?

Encontramos ya algunos precedentes sobre los cuidados a nivel internacional, como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 y en algunos comités de Naciones Unidas (en el CEDAW, en el Comité de los derechos del niño, en la OIT…). Sin embargo, los primeros pasos más relevantes se están dando en el sistema interamericano de Derechos Humanos, a raíz de una opinión consultiva planteada por Argentina sobre “el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”. Más de 129 aportaciones de la sociedad civil, de otros muchos gobiernos y organismos oficiales, así como del mundo académico; y 70 delegaciones para las audiencias públicas, han mostrado el enorme interés que este tema despierta. 

A pesar de ello, o tal vez a causa de esta punta de lanza de los cuidados, el nuevo presidente argentino, Javier Milei, solicitó retirar su consulta, considerando irrelevante la temática. Afortunadamente, la Corte ya ha respondido que no puede ser retirada, así que esperamos en breves leer lo que sería una primera aproximación a los cuidados como derecho por parte de un tribunal de derechos humanos. Por su parte, Naciones Unidas estableció recientemente el 29 de octubre como el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. Además, aprobó una histórica resolución hace justo un año en el Consejo de Derechos Humanos, afirmando la importancia del derecho al cuidado “para orientar las políticas públicas y fomentar la igualdad de género y la justicia social”, y continúa trabajando la temática en la actualidad.

A nivel estatal, el reconocimiento jurídico debería venir de la mano de una reforma constitucional, incorporando un nuevo derecho social, como han hecho ya algunas constituciones pioneras como Escocia o Ciudad de México. 

Y si se reconoce el derecho al cuidado, ¿qué cambia?

El hecho de tener un derecho humano reconocido como tal proporciona garantías de protección y cumplimiento. Los Estados deberían respetar, proteger y realizar el derecho al cuidado. Por ejemplo, no deberían dificultar el acceso a las ayudas de dependencia con una burocracia infinita (respetar); deberían proteger que los cuidados se ofrecen en condiciones dignas y monitorear, por ejemplo, el aterrizaje de fondos buitre en las residencias (proteger); y desplegar un servicio de calidad con apoyo público (realizar). 

Ahora bien, si los avances en materia de la configuración de los cuidados como derechos aún son incipientes, las políticas públicas y leyes desarrolladas pueden darnos un poco de esperanza. Ciertamente, y especialmente a raíz de la Covid-19, los cuidados están ganando peso en la agenda política. La Xarxa pel Dret a Cura de Catalunya, una potente red ciudadana de cuidados, afirmaba que podíamos vislumbrar algunos avances: “la Ley de la Eutanasia, la igualdad de los permisos de paternidad, la Ley de autonomía del paciente, las voluntades anticipadas, la prohibición de las inmovilizaciones en las residencias, la Ley de promoción de la autonomía personal y atención de personas con dependencia”. 

Las políticas de cuidados en marcha

Tanto en España como en Europa se han desarrollado estrategias de abordaje de los cuidados. Pero, si nos fijamos en las políticas públicas que implementan cuidados, debemos fijarnos en América Latina con sistemas punteros como Uruguay, con un sistema nacional de cuidados, o Bogotá, con el proyecto de las Manzanas del Cuidado. Desde Naciones Unidas se ha publicado recientemente una guía para transformar los sistemas de cuidados de forma “integral”, integrando políticas sociales y económicas abordando la protección social, el trabajo, la migración, la salud, el clima, el medio ambiente, la infraestructura y la movilidad. También desde el Observatorio DESCA hemos publicado recientemente una pequeña guía sobre cómo implementar sistemas de cuidados en cualquier municipio del territorio español, pilar básico para pasar de las palabras a los hechos desde lo local.

Por último, la forma como se proveen estos servicios de cuidados suscita importantes debates. Partiendo de una realidad donde la familia y el sector privado aportan la mayor parte de los cuidados, caminar hacia sistemas de gestión pública y comunitaria no resulta fácil pero cada vez es más urgente. Debemos ampliar la corresponsabilidad de los cuidados más allá de la división hombre-mujer en las familias nucleares heterosexuales (sin duda imprescindible) e incluir al Estado, responsable de garantizar este futuro derecho humano, así como la sociedad y la comunidad. Aunque Milei o Trump no lo quieran ver, estamos ante una evidente crisis de cuidados que pone en jaque al patriarcado y que profundiza la injusta división sexual e internacional del trabajo. Ojalá el reconocimiento del nuevo derecho sea el catalizador de normativa y políticas de cuidados, porque habrá sido el éxito del movimiento feminista que tanto temen el presidente argentino y el candidato republicano a la Casa Blanca.

Se dice que Pedro Sánchez no da puntada sin hilo, y el último movimiento articulado en la secuencia 'carta a la ciudadanía'-reflexión-regeneración democrática“ no ha sido una excepción. Con él, Sánchez ha establecido las bases de lo que, una vez agotada la pantalla de la ley de amnistía, parecía imposible: asegurarse, con una aritmética parlamentaria complicada, la gobernabilidad para los tres años y medio que restan de legislatura. ¿Cómo así?

Para comprender tal movimiento hay que entender primero la reconfiguración del modelo de democracia tutelada que se viene produciendo en España desde 2015. Es desde este nuevo escenario que llamaremos con el nombre de “democracia de tutela fáctica integral”, y aprovechándose de él, que Sánchez construye y se posiciona en el interior de una nueva narrativa capaz de unificar partidos ideológicamente tan distintos, como Junts, Sumar, ERC, PNV, Podemos o EH Bildu, en torno a su figura para el resto de legislatura: la narrativa de la regeneración democrática. Vayamos por partes.

1. La reconfiguración de la democracia tutelada. Es una afirmación cada vez más aceptada la de que la transición española no fue una ruptura sino un proceso proyectado por el ala reformista del franquismo que, garantizando la continuidad de parte del aparato militar, judicial, policial, administrativo, etc. heredado, acabó configurando, por vía de la Constitución de 1978, una democracia tutelada. Desde entonces, el régimen naciente construyó su estabilidad sobre dos mecanismos paralelos de tutela, cada uno de los cuales actuaba en una esfera distinta del espacio público: 1) los “mecanismos de tutela político-institucional” que actuaban en la esfera del Estado; y, 2) los “mecanismos de tutela fáctica” que lo hacían en la de la sociedad; Ambos conformaban un modelo dual de democracia tutelada que abarcaba Estado y sociedad, destinada a prevenir cualquier amenaza contra los pilares fundamentales del sistema: monarquía, unidad nacional y libre mercado.

Por un lado, llamo “mecanismos de tutela político-institucional” a aquellas reglas de organización del sistema político que, en la esfera del Estado, estaban pensadas para garantizar la estabilidad del régimen. Entre ellas: la Ley 1/1977 para la reforma política destinada a garantizar el control del proceso de redacción de la Constitución; el régimen electoral, fijado en la Constitución y la Loreg, pensado para favorecer un sistema político bipartidista; el procedimiento agravado de reforma constitucional del art. 168 CE pensado para impedir la reforma; etc.

Y, por otro lado, llamo “mecanismos de tutela fáctica” a aquellas acciones de represión, montajes policiales, tortura, manipulación informativa, espionaje, terrorismo de Estado, querellas políticas, etc., aplicadas sobre los cuerpos y vidas de la disidencia política en la esfera de la sociedad (movimientos sociales, izquierda extraparlamentaria, independentismo, etc.) y que durante décadas han sido ejercidas y amparadas por jueces y partidos, incluido el PSOE.

Estos dos mecanismos parciales de tutela, conformadores de un modelo dual de democracia tutelada, garantizaron la estabilidad eficaz del régimen desde 1978 hasta 2015. A partir de entonces, la reconfiguración cuantitativa y cualitativa del sistema de partidos que, fruto del 15M y el procés, se produce en España, rompe con la lógica bipartidista existente, dejando, así, sin eficacia uno de los principales mecanismos de tutela político-institucional en vigor: el sistema electoral.

El 15M implica un cambio cuantitativo en el sistema de partidos. El viejo modelo bipartidista, con únicamente dos grandes partidos de Estado y donde los otros pequeños partidos estatales tenían nula capacidad de presión sobre el Gobierno, es sustituido ahora por uno de nuevo donde aparecen nuevas fuerzas políticas intermedias (Podemos, Sumar, Ciudadanos, Vox, etc.) necesarias para gobernar. A la vez, el procés implica un cambio cualitativo que hace que los partidos catalanes, vascos y gallegos que han de ejercer de bisagra en España, ya no sean nacionalistas conservadores de orden preocupados por garantizar la estabilidad del Estado (CiU y PNV), sino fuerzas soberanistas (Junts, ERC, EH Bildu, BNG) cuya naturaleza ha mutado de leales socios en la gobernabilidad a la de partidos extractivos que negocian para cada apoyo puntual contrapartidas que mostrar como trofeo en su territorio.

Tal reconfiguración del sistema de partidos ha hecho que parte de los mecanismos tradicionales de tutela político-institucionales, como había sido el sistema electoral, a pesar de no haberse reformado, ya no es capaz de garantizar estabilidad política ni impedir que los “enemigos del régimen” (rojos y separatistas) tengan capacidad de incidencia en la esfera del Estado, la ley de amnistía es la última prueba de ello. 

Ante esta desactivación o pérdida de eficacia de los mecanismos político-institucionales de tutela, la única manera que el bloque reaccionario tiene para seguir manteniendo en orden el sistema es extender los mecanismos fácticos de tutela, que hasta ahora operaban sólo en la esfera de la sociedad, también a la esfera del Estado, de manera que estos últimos pasan a ser, ahora, un mecanismo de tutela integral que abarca sociedad y Estado. La reconfiguración del sistema de partidos ha implicado, en paralelo, una reconfiguración de un modelo dual a uno monista de democracia tutelada, o dicho de otra manera: el paso a una “democracia de tutela fáctica integral”. Parte de las técnicas ilegales que tradicionalmente se han y siguen implementado sobre activistas y militantes en el ámbito social, empiezan a aplicarse, desde 2015, sobre políticos progresistas con cargos institucionales.

2. La regeneración democrática como llave de la gobernabilidad. Aprovechando este contexto de “democracia de tutela fáctica integral” cuyos damnificados han sido mucho más Podemos, Junts, Compromís, ERC, EH Bildu, y muy poco el PSOE, Sánchez utiliza una burda querella de Manos Limpias contra su mujer, de nulo recorrido y que, en otras circunstancias, habría pasado desapercibida, para: 1) Sobreactuar una persecución política contra él que le ubica en una posición de igualdad-identidad con sus socios de investidura, unificándose en un mismo grupo (nosotros) de alteridad respecto a otros (el bloque reaccionario); y 2) Redirigir el marco de debate político para lo que queda de legislatura hacia aquella única clivaje política que le permite unificar a todos los partidos del bloque de investidura, sin distinción, alrededor de su figura: la de la regeneración democrática.

Pedro Sánchez sabe que en una legislatura centrada en el debate de medidas sociales no conseguiría obtener el apoyo de Junts ni PNV. O que una legislatura centrada en el debate sobre el referéndum de autodeterminación donde, tras la amnistía, ya no le queda ningún recurso político que intercambiar, tampoco tiene futuro. En cambio, su victimización y ubicación en el centro del ideologema “regeneración democrática” y “lucha contra el bloque de Estado reaccionario” le permite crear patrones de agrupación de carácter transclasista y transideológico que unifica todos los partidos del bloque de investidura a su alrededor. 

Ubicado el debate político en este marco, Pedro Sánchez tiene varias cartas: la reforma de la LOPJ, la reforma de la Ley Mordaza, etc., que le permiten, sin tener que adoptar medidas estructurales de reforma del régimen del 78 ni en lo económico ni en lo nacional, negociar el apoyo de todos sus socios de gobierno o investidura, que por igual y sin distinción le están comprando el marco, durante lo que queda de legislatura.

Ante la orfandad que padecemos de referentes intelectuales, podemos buscar y encontrarlos en el pasado reciente, en aquellos cuyas reflexiones fueron tan válidas para su presente como lo son hoy para el nuestro. Una de las figuras que supo ver con clarividencia y una extraña fuerza profética los problemas estructurales y sistémicos del mundo actual fue, sin duda, el gran Pier Paolo Pasolini, el último renacentista y “el creador de izquierdas más polifacético que ha dado Europa”, como lo ha definido Miguel Dalmau en su monumental biografía del genio italiano.

Cineasta, productor, poeta, escritor, filósofo, periodista, pintor, músico, erudito y, sobre todo, profeta para un mundo que comenzaba a difuminarse en sus antiguas líneas de certeza por la acción del individualismo, de la sociedad de consumo y del desaforado sistema económico deshumanizador. Pasolini lo vio primero, quizá el primero: el capitalismo, en sus tendencias de concentración y urbanización de la vida, implica una homogeneización que termina laminando y eliminando toda diferencia, todo valor propio, único. La escala humana, la de las pequeñas cosas y las relaciones no mercantilizadas, comenzaría a perderse en medio del crecimiento sin límites de las ciudades de ladrillo y hormigón, de la razón instrumental y el falso desarrollismo. Por eso siempre distinguió entre “desarrollo”, económico y basado en términos brutos de crecimiento cuantitativo, y el “progreso”, esto es, el avance de la humanidad y de sus comunidades de copertenencia en todos los ámbitos del actuar y de la cultura con criterios de justicia, equidad y libertad. La “modernización” que el poeta contemplaba extenderse por las ciudades de Italia, arrasando con los entornos naturales, creando guetos y barrios horrorosos, imponía una uniformidad gris alienante y reducía todo objetivo vital a la competitividad y a la adoración fetichista de las mercancías. Él lo sabía bien, pues lo vivía en las “borgate”, en las barriadas y bajos fondos por los que se movía y donde disfrutaba jugando al fútbol y conviviendo con sus gentes, con esos “ragazzi de vita” desarraigados, de rostro campesino trasplantados a la máquina impersonal de la ciudad de masas. Por ello combatiría siempre lo que, en sus propias palabras, era “la desaparición de todas las formas que hasta ahora han protegido la historia y la tradición”, denunciando en la prensa, en sus obras y en el activismo, el giro deshumanizador que estaba cobrando un siglo XX que a él ya le había infligido profundos surcos y daños: la pérdida de su hermano, asesinado en las luchas internas de la resistencia comunista; el dolor de la guerra en Italia, con un padre fascista y renegado; el rechazo social a su condición de homosexual, que le lastraría hasta el final y se grabaría profundamente en su psicología.

El miedo a perder el mundo de certezas que se derrumbaba, las formas antiguas de la gente y las identidades arraigadas en una tradición que comenzaba ya a empaquetarse como producto turístico, le llevó a grabar y producir su “trilogía de la vida” y una serie de documentales y reportajes en los que retrataba y recogía, para posteridad, las vetustas costumbres del campo italiano o del mundo rural de la India. Como dice Dalmau, en su etapa de madurez intelectual, Pasolini estuvo imbuido de una “fiebre maníaca que le impulsó a preservar todo aquello que intuía en vías de extinción”. 

El rechazo a la contemporaneidad urbana y capitalista le llevó a la nostalgia por la tierra de origen de parte de su familia, la que le acogió en sus largos veranos de la infancia y la adolescencia, el Friuli rural y bucólico de Casarsa. La defensa del mundo rural, de sus tiempos tranquilos y no enloquecidos por el consumo y el capital, era la otra cara de su repudio absoluto frente a la frialdad de los tiempos líquidos, fragmentados y veloces que ya había reflejado el fascismo en sus ensoñaciones futuristas. Por eso Pasolini decía que “debemos arrancar a los tradicionalistas el monopolio de la tradición”, porque sería insensato que solo la derecha, falsamente además, se convirtiera en baluarte para las formas previas, antiguas, de vida, cultura y socialización. Algo que una parte importante de la izquierda, especialmente en España, sigue sin ver: que las tradiciones, las relaciones no mercantilizadas, las viejas costumbres y el mundo de certezas son una línea de defensa, de resistencia, frente a las implicaciones más aberrantes del sistema económico actual. El desprecio por lo rural, por la cultura campesina, por las formas religiosas y comunitarias de convivencia, parece a veces ser inherente a una izquierda metropolita que se obceca con batallas moralistas desde sus torres urbanas de pretendido marfil e impostura intelectual. El poeta lo vio claro muy temprano y sus críticas al moralismo de la izquierda italiana de entonces, “peor que el clerical”, son tan oportunas para nuestro tiempo como para el suyo ya preterido. 

He aquí la gran paradoja de Pasolini. El artista rupturista, controvertido, polémico y vanguardista, el poeta inicialmente comunista que amenazaba la hipocresía social de la época con el escándalo consciente, era a la vez un extraño conservador de izquierdas, un antropólogo que encontraba en la tradición, en los pueblos, en la religión, los últimos resquicios de un mundo antagónico a la deshumanización capitalista. Porque Pasolini fue, al fin y al cabo, un humanista integral, que bebía tanto de Grecia y Roma como del cristianismo más transformador. No es extraño que hasta para el Vaticano (¡para esa Iglesia que tanto lo persiguió y lo difamó!) la mejor versión cinematográfica de la vida y pasión de Jesús sea el “Evangelio según San Mateo” de Pasolini, del comunista y homosexual Pasolini. Él vio el verdadero mensaje cristiano en los campesinos, en las gentes humildes que habían sido abandonadas por las élites de uno y otro signo en los altares del “desarrollo” urbano y que retenían, en sus ojos negros, en las arrugas de su piel tostada, en el esfuerzo secular de sus manos y en el cansancio de siglos de sus hombros, la idea original de Jesús. Aún hoy impresiona ver la escena en la que el español Enrique Irazoqui, que representaba a Cristo, declama en primer plano, en un plano tan cerca que casi parece chocar sus labios con la pantalla, el sermón de la montaña y la regla de oro. Que Pier Paolo presentara la obra junto a obispos católicos y Jean Paul Sartre en Notre Dame de París, en enero de 1965, nos habla también de la naturaleza tolerante y del ímpetu divulgador del cineasta, así como de la decadencia de nuestro actual horizonte de debate y reflexión, que expulsa las ideas contrapuestas y el encuentro de las legítimas posiciones contrarias. 

Sigamos leyendo a Pasolini, viendo sus películas y documentales, devorando sus poemas, conociendo su vida y honrándolo tras su cruel asesinato. Y, sobre todo, sigamos desde la izquierda aprendiendo que el conservadurismo en lo antropológico y social no tiene por qué ser opuesto a nuestros ideales de justicia e igualdad, sino en ocasiones su más firme apoyo y base de acción. Quien tan prematuramente denunció las derivas urbanocéntricas de las élites, la sociedad de consumo volcada en el individualismo nihilista y la deshumanización de las relaciones vitales, nos sigue interpelando desde los campos y pueblos del Friuli de su infancia. No por nada recordaría siempre, como el momento más feliz de su vida, aquellos días largos de verano en los que se tiraba piedras con sus amigos por encima de las lindes de una tierra que, sedienta de libertad e igualdad, ahora acoge sus huesos.

Tras más de tres meses desde el inicio de la masacre en Gaza, llegan días muy importantes para el futuro del Derecho Internacional Público. El pasado noviembre, el prestigioso Centre for Constitutional Rights de Nueva York, en representación de las organizaciones palestinas Defense for Children International y Al-Haq, presentó una demanda ante la Corte Federal del Distrito del Norte de California de Estados Unidos contra el presidente Biden, el secretario de Estado Blinken y el secretario de Defensa Austin, por la falta de prevención y la complicidad ante el riesgo de genocidio fruto de las acciones militares que Israel está llevando a cabo en la franja de Gaza.

Según la demanda, la estrecha cooperación entre ambos estados estaría incumpliendo las normas imperativas, elementales e inderogables del Derecho Internacional Público de prevenir todo acto de genocidio. Un genocidio que, como se ha señalado, sería “de manual”, y traspasaría el límite de décadas de despojo, expulsión, tortura, asesinato, discriminación y apartheid en los Territorios Ocupados. Una inercia terrible de odio y deshumanización que, si bien se ha disparado ante el condenable e inhumano atentado de Hamás, no puede justificar en ningún caso el genocidio. 

En este sentido, la demanda señala, por un lado, que Estados Unidos conoce o debe conocer que los actos de Israel no se pueden enmarcar bajo la legítima defensa, pues, en realidad, están encaminados hacia la destrucción de la población palestina, atendiendo, entre otros, al número de muertos, desplazamientos forzosos, privación de alimentos, medicinas y todo tipo de suministros básicos, ataques premeditados a hospitales, destrucción masiva y arbitraria de hogares civiles durante el conflicto, y un largo etcétera. 

Por el otro, las autoridades estadounidenses tampoco pueden obviar las más de medio millar de declaraciones por parte de altos cargos de Israel que demuestran la intención genocida, como llamar a los palestinos “animales humanos” (“human animals”), hablar de hacer Gaza permanentemente inhabitable, o explicitar que “el énfasis está en el daño y no en la precisión”. 

Además, la demanda describe con claridad que, sin el apoyo incondicional de Estados Unidos, sería difícil que Israel pudiera mantener la actual situación en Gaza. Por ello, los demandantes solicitan a la citada Corte Federal la adopción de medidas cautelares para que el Gobierno de Estados Unidos cese de inmediato su cooperación con Israel y cumpla con su obligación de prevenir el genocidio emergente. 

A finales de diciembre, numerosas entidades de derechos humanos, como la Red Global de Abogadas de Movimientos Sociales y el Observatori DESCA, nos hemos dirigido a la misma Corte Federal que estudia el caso para sumarnos a la demanda y señalar la necesidad de que Estados Unidos deje de vulnerar las normas internacionales más elementales, como ha ocurrido también en otros casos recientes como Afganistán, Iraq, la ‘Guerra contra el Terror’ o Guantánamo. El riesgo, o mejor dicho, la consecuencia, es una gravísima erosión de la legitimidad misma del Derecho Internacional Público y del sistema de los Derechos Humanos, algo que ha generado ya un caldo de cultivo de nihilismo moral que permite a otros estados justificar sus propias guerras ilegales, sus propios centros de tortura, sus propias ejecuciones sumarias, y sus propios genocidios. 

De forma similar a la demanda federal, el pasado 29 de diciembre, Sudáfrica presentó un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia para que esta estudie la violación de la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio por parte de Israel, y adopte medidas cautelares con el mismo propósito de cesar inmediatamente el genocidio. Cabe recordar que este tipo de demandas admiten ser apoyadas por el resto de países firmantes de la Convención, por lo que reconocidos juristas ya han pedido al Gobierno español que se sume a la demanda, tal y como ya han hecho otros países como Bolivia, Jordania, Turquía, Malasia y la Organización para la Cooperación Islámica. Dichos apoyos son de vital importancia para contrarrestar la presión política que se ejerce en el presente caso. Hay que tener en cuenta que las primeras audiencias públicas se celebran ya los días 11 y 12 de enero.

Respecto de la demanda presentada ante la Corte Federal de Estados Unidos, la audiencia prevista para decidir sobre las medidas cautelares se ha convocado para el próximo  26 de enero.  De este modo, en pocas semanas ambas cortes podrían tomar decisiones que lleguen a impactar en la hasta ahora sólida alianza entre Estados Unidos e Israel, aislado de la comunidad internacional en relación con el conflicto. Dado el alto componente político, de poder, del asunto, también podría ocurrir que las acciones judiciales lleguen a archivarse o languidecer hasta que sea demasiado tarde, pero su mera presentación indica de por sí la imperiosa necesidad de reconstruir la confianza en la legalidad internacional como paso previo para lograr una salida humana frente al terror.

La importancia del caso no es sólo fundamental para la vida de las personas palestinas e israelíes, sino que servirá de precedente moral para el futuro. De ser favorables y rápidas, las decisiones de la Corte Federal de Estados Unidos y la Corte Internacional de Justicia, no sólo permitirían redoblar la presión para detener el genocidio en Gaza, sino que ayudarían a rehabilitar los instrumentos del Derecho Internacional Público en una época en la que su aplicación va a ser cada vez más necesaria. 

Porque si no somos capaces de generar las condiciones internacionales para desintoxicar el odio que envenena los corazones y las mentes de los que ahora matan y mueren en Gaza, ¿seremos capaces de curar el mismo veneno que corre silencioso en otros rincones del mundo? ¿Seremos capaces de hacer frente a la crisis de la vida y evitar la muerte de millones de personas que, a causa de la catástrofe climática, huyen del desierto, del hambre, y de la sed? No hacerlo supondría dar pasos hacia el mismo abismo que la comunidad internacional trató de prevenir tras la Segunda Guerra Mundial. El genocidio es el crimen de crímenes, es la negación misma del derecho a existir de un grupo humano, es una afrenta directa contra la humanidad misma. 

Detener el genocidio en Gaza y evitar genocidios futuros es la esencia de  nuestro compromiso moral como seres humanos. Si no reaccionamos pronto, recurriendo a Albert Camus, ¿acaso no estaremos siendo cómplices inconscientes de nuestro propio genocidio, tal y como lo fueron nuestros antepasados del Holocausto?

Hay una gran preocupación en el mundo judicial y político en toda América y en Europa, especialmente en España, por la presencia de un fenómeno de algún modo nuevo que se ha dado en llamar lawfare. Palabra que es la contracción de dos palabras inglesas: law que es ley y warfare que es guerra, mostrando así sus orígenes militares. Efectivamente, esta palabra nació en el medio militar norteamericano. En el 2001 se publicó un artículo del general de las fuerzas aéreas norteamericanas y juez a su vez, Charles Dunlap, que popularizó el término en el contexto del inicio de la guerra jurídica antiterrorista, avalada por la Patriot Act de George Bush y con motivo del atentado a las Torres Gemelas. Guerra judicial es como se  traduce lawfare y se emplea para definir las acciones judiciales emprendidas -a través del uso ilegítimo del derecho interno de cada país o del derecho internacional- contra un país, un grupo o una persona con el fin de impedirle llevar a cabo las políticas que ha prometido y que son contrarias a los intereses de los que detentan el poder real del país. Este plan político judicial puede ser llevado a cabo gracias a la clara voluntad antidemocrática de parte de la judicatura que subvierte la división de poderes y pone en riesgo a la propia democracia. En este contexto se enmarca también el llamado “Derecho penal del enemigo” de Günther Jakobs, penalista alemán, que impulsa que los derechos y las garantías solo se respeten cuando se trata de nuestros conciudadanos. Si no se los considera así, sino no-personas, el derecho se puede usar como arma de guerra. Se vale, entonces, de distintas formas de coacción legal como las detenciones arbitrarias, la prolongación de la prisión preventiva, el inicio de causas judiciales sin una fundamentación sólida, la aplicación forzada de tipos delictivos que no acaban de encajar en los hechos, reformas legislativas para endurecer las penas y la redacción de sentencias ejemplarizantes que defiendan a la sociedad. “El enemigo tiene menos derechos” concluye Günther Jakobs, a quien se le opone Raúl Zaffaroni, jurista argentino, cuando afirma que “la admisión jurídica del concepto de enemigo en el derecho (que no sea estrictamente de guerra) siempre ha sido, lógica e históricamente, el germen o primer síntoma de la destrucción autoritaria del estado de derecho”.

La preocupación ha aumentado desde que se constató que este lawfare contra el enemigo exterior ha comenzado a usarse de forma más extendida contra el antagonista/enemigo político interior con el objetivo de obtener por la vía judicial lo que no se obtuvo por las urnas. El aumento de reclamaciones judiciales y sus resoluciones terminan incidiendo de manera desestabilizadora en el normal funcionamiento de los tres poderes del Estado democrático, llegando a producir derrocamientos de gobiernos legítimamente elegidos -en el llamado “golpe blando” porque no hace uso de las fuerzas armadas-, impedimentos para la práctica política, intentos de ilegalización de partidos, cárcel o exilios. Así sucedió en el caso de Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil, de Lugo en el Paraguay,  de Evo Morales en Bolivia, de Correa en Ecuador y de Cristina Kirchner en Argentina, donde se impulsaron causas judiciales claramente injustificables, pero que luego han sido asumidas generosamente por jueces y diputados que las han llevado hasta los límites del absurdo. No es difícil comprobar cómo se retuerce el derecho por parte de fiscales y jueces con el fin de servir a una determinada causa política.  Luego de años de juicio la mayoría de estas causas caen y los acusados son sobreseídos, como ha pasado con muchos dirigentes latinoamericanos. Sin embargo, el daño ya está hecho, la reputación de los acusados destruida y la credibilidad desmantelada, siendo muy difícil para dichos políticos el retorno a la  actividad política en buenas condiciones.

Esta nueva modalidad de intervención en la política por parte de los jueces no prosperaría tanto si no tuviera el enorme apoyo de las corporaciones mediáticas que infatigablemente se hacen eco de todas estas acusaciones hasta conseguir lo que hoy se denomina la “cancelación” del adversario.

Si tomamos el caso de España tenemos como ejemplo de lawfare la campaña en contra de Podemos desde prácticamente el momento de su nacimiento. De las innumerables causas que tuvieron el partido y sus líderes, ninguna de ellas terminó en condena y, sin embargo, la sensación pública que circuló y circula es la de un partido corrupto sostenido por los regímenes de Venezuela e Irán. No es el único caso en España. El ex magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín ha escrito un libro titulado “La guerra de los Jueces, el proceso judicial como arma política” donde analiza el lawfare en España, describiendo otros muchos casos tal como el de la no renovación del Consejo del Poder Judicial. Casos que si bien no terminan con derrocamientos, sí que interfieren y dificultan el accionar de gobiernos, instituciones, partidos y políticos, todos de izquierda.

La solución para Martín Pallín es clara: los jueces tiene la responsabilidad de rechazar las pretensiones que exceden el campo de sus competencias e invade espacios exclusivamente reservados a la confrontación y el debate propio de la vida política. Los jueces tienen que rechazar la politización de la justicia que le hurta a la política el ámbito de su quehacer que es el del debate, el consenso, la votación o la decisión y que pone en alto riesgo la democracia. Desde el psicoanálisis nos preocupa la normalización social de esta nueva arma que busca destruir la democracia desde dentro, mostrando la fragilidad de esta y la fácil deriva de la subjetividad hacia el odio al que piensa y quiere cosas diferentes dentro del juego democrático. Todo vale para destruir al otro si este quiere un mundo diferente. Nos acercamos peligrosamente al autoritarismo postdemocrático, tal como lo afirma Colin Crouch: “Una sociedad postdemocrática es aquella que sigue teniendo y utilizando todas las instituciones de la democracia, pero en la que se convierten cada vez más en una cáscara formal. La energía y el impulso innovador pasan de la arena democrática a los pequeños círculos de una élite económica”

No es difícil asimilar esta figura a muchas democracias actuales, pero destaca lo que está sucediendo con el nuevo gobierno de Argentina donde el democráticamente elegido presidente pretende -entre las más de 600 modificaciones de leyes que impulsa- decretar el estado de excepción durante dos años, prorrogables a dos más, para así poder legislar sin el control de las dos cámaras.

Lawfare y debilitamiento de la democracia se hermanan en la implacable lucha de las élites por el beneficio económico.

“Tenemos que reformar radicalmente nuestra concepción de los sistemas de apoyo y asistencia”. Estas eran las palabras de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en febrero 2023. Pocos meses después, el 4 de octubre de este año, se logró un consenso histórico en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al adoptar, sin votos en contra, una resolución que reconoce la “centralidad de los cuidados desde la perspectiva de los derechos humanos”. Esta resolución insta a los estados a implementar todas las medidas necesarias para reconocer, redistribuir y proteger el trabajo de cuidados.

La invisibilización histórica de los trabajos de cuidado ha contribuido a la precarización y discriminación de aquellas actividades no productivas desde una óptica de mercado neoliberal y patriarcal. La creciente oleada de feminismos ha subrayado la necesidad de una distribución equitativa de los cuidados como requisito previo para que las mujeres disfruten plenamente de sus derechos, según las Naciones Unidas.

Mientras en 2023 es innegociable que existe un derecho humano a ser cuidado y a cuidar que está empezando a tomar cuerpo, cómo pueden los estados, que son los responsables de la garantía de los derechos humanos, ¿reconocer, redistribuir, y proteger el trabajo de cuidados?

En el complejo entramado de los cuidados, la filósofa iraní Shahra Razavi compara el cuidado con un diamante, con diversas caras vinculadas a la provisión profesional, informal y personal de actividades esenciales para la vida. El reconocimiento de los cuidados exige una revolución moral y de responsabilidades donde la vida, y no el mercado, vuelva a estar en el centro. Aunque cuidar de amigos, niños, ancianos, vecinos u organizar las tareas familiares debería ser reconocido institucionalmente, es esencial poner el foco en uno de los sectores que encarna los obstáculos de esta transformación política: el trabajo profesional del hogar.

En España, como en muchos otros países europeos, la pandemia Covid-19 desveló las deficiencias en el ámbito de los cuidados y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra este sector. Las arduas condiciones de las trabajadoras del hogar hicieron eco hasta las instituciones. A pesar de algunas victorias, como el reconocimiento del derecho al paro de las empleadas del hogar en el Real Decreto 16/2022, las condiciones de trabajo aún enfrentan desafíos. La reforma laboral de 2022, impulsada por el gobierno de PSOE y Unidas Podemos, benefició el derecho a los cuidados con la equiparación de la cotización de la jornada parcial con la jornada completa, que afecta mayoritariamente a las mujeres. 

A las puertas de un nuevo gobierno, la cuestión de los cuidados vuelve a ponerse sobre la mesa. Las oportunidades de cambio se vislumbran en los acuerdos entre PSOE y Sumar, que incluyen la reducción de la jornada laboral sin disminución salarial y la formalización de una 'Ley de Cuidados' centrada en el trabajo de cuidados a niños y personas dependientes. Sin embargo, a pesar del reconocimiento institucional, la discriminación y la precariedad persisten en el sector. Garantizar los cuidados como un derecho exige una mayor reestructuración del sistema que lo rodea.

El trabajo doméstico en España representa menos del 2% del empleo regular, con un 45% de afiliación de personas extranjeras. A pesar de ser un trabajo de alto riesgo físico y psicológico, las tasas de temporalidad y parcialidad superan la media española, mientras los sueldos se mantienen por debajo de otras profesiones. Un ejemplo es el de las residencias de ancianos; de las plazas disponibles en España el 61% son residencias privadas, y en toda Cataluña apenas hay 17 residencias públicas. La gestión privada de servicios públicos como la sanidad y la educación, y la externalización del sector de cuidados, han contribuido a las condiciones laborales precarias y a la feminización de la pobreza.

Proteger el derecho al cuidado implica reestructurar un sistema aún anclado en lo privado. Si queremos abordar el diamante de los cuidados en todas sus dimensiones, debemos empezar por las problemáticas intrínsecas a nuestras leyes. La externalización de un derecho fundamental en manos de empresas privadas continúa precarizando la vida de miles de mujeres. Abarcar el derecho humano a los cuidados en todas sus dimensiones requiere una integración total del cuerpo estatal y social. Mientras tanto, es crucial establecer las bases para regular los cuidados y construir nuevas responsabilidades sobre los cuidados como derecho, y no como mercancía.

La llamada de las Naciones Unidas en octubre no solo es una alerta, sino sobre todo una oportunidad para desmantelar los obstáculos a para realizar los derechos humanos. Celebrar pequeñas victorias es crucial, pero recordar las deficiencias del sistema es aún más vital en el camino hacia una nueva agenda política que reconozca los cuidados como un derecho humano inherente a todos nuestros derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.

Estamos asistiendo, durante las últimas semanas, a la conformación de un clima, jurídica y políticamente, propicio a la aprobación de una ley de amnistía para el caso catalán. Gran parte de la doctrina constitucional española ya admite su encaje constitucional. Y el PSOE y Sumar se han mostrado proclives a avanzar en esta vía. Ahora bien, aceptado este punto de partida, es necesario abordar las cuestiones relativas al alcance y límites de la amnistía y una de ellas es la de quiénes deben quedar incluidos en la misma.

Sobre esta cuestión, diferentes juristas y políticos ya han manifestado que, al igual que se hizo durante la transición con la Ley 46/1977 de amnistía, esta debe incluir, también ahora, tanto a los actos tipificados como delitos o conductas determinantes de responsabilidad administrativa vinculados a la lucha por el derecho de autodeterminación de Catalunya, como los actos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. En mi opinión, de ser así, nos encontraríamos ante un acto ilegal en el ordenamiento jurídico internacional. Como es sabido, el derecho internacional de los Derechos Humanos establece que no todo lo que es legal en el ordenamiento jurídico interno lo es en el ordenamiento jurídico internacional. Y desarrollo tal afirmación.

Al igual que la Constitución española, la vigente Constitución alemana, aprobada en 1949, tampoco se pronuncia explícitamente sobre la amnistía. Sin embargo, ello no impide, ha dicho el Tribunal Constitucional alemán (sentencia BVerfG 10, 234, en pág. 246), poder aprobar leyes de amnistía siempre y cuando estas cumplan determinados requisitos. Parece lógico aceptar, tanto en Alemania como en cualquier otro país, que no toda ley de amnistía pueda ser válida. A grandes rasgos, podemos establecer, al menos, cuatro condiciones a cumplir por cualquier ley de amnistía que se quiera lícita: a) Justificar la existencia de un motivo legítimo. La ley debe incluir una adecuada fundamentación política de la necesidad de la misma; b) Que adopte la forma de ley general, de modo que no constituya una medida camuflada de regulación de un o unos casos particulares; c) Que se dé una configuración de la misma de acuerdo con el principio de igualdad, el cual según afirma el TC alemán en la sentencia citada se vería lesionado cuando la excepcionalidad de la amnistía no “esté manifiestamente orientada a la idea de Justicia”; y, d) Que respete y sea acorde con el derecho internacional de los Derechos Humanos.

La aprobación de una amnistía que incluyera en su interior a los policías no cumpliría esta última condición, en tanto que: 1) supondría una clara vulneración de los tratados internacionales de derechos humanos firmados por España; y, 2) no entraría tampoco dentro de las supuestas excepciones planteadas por algunos jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en sus votos particulares. Ello la convertiría en un acto ilegal en el ordenamiento jurídico internacional.

La amnistía y el derecho internacional de los Derechos Humanos

Durante las últimas décadas se ha ido consolidando, en los organismos del sistema mundial y regionales de Derechos Humanos, una posición común sobre las leyes de amnistía estatales. Todos ellos coinciden en afirmar que, aun reconociendo que los procesos nacionales de transición o de reconciliación son complejos y enfrentan dificultades, una de las medidas para afrontarlos no puede ser nunca la de una ley de amnistía que pretenda impedir la obligación y el deber que tienen los Estados de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de Derechos Humanos. Al afirmar que las leyes de amnistía no podrán beneficiar a los autores de violaciones de Derechos Humanos estos organismos están poniendo de relevancia la capital importancia para ellos de que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad de casos de violación de Derechos Humanos, lo que implica el derecho a la investigación judicial eficaz y, en su caso, el derecho a una reparación.

En consecuencia, tales organismos diferencian entre dos tipos de actos. Por un lado, conductas punibles que tengan el carácter de delitos políticos o de delitos comunes conexos con aquellos en la medida que tienen relación directa con reivindicaciones políticas; y, por otro lado, los actos de Estado que suponen una violación de los Derechos Humanos; para, a continuación señalar que, el uso de las leyes de amnistía para garantizar la impunidad de los segundos implica una vulneración del “deber de garantía” de los Estados. Es decir, de la obligación estatal de llevar a cabo una investigación, juicio y sanción, cuando se den en su interior violaciones de Derechos Humanos, cuya omisión entraría en abierta contradicción con los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Así lo han establecido el Comité de Derechos Humanos de la ONU en la Observación General núm. 20 de 1992, al señalar que la amnistía de actos de tortura, tratos o penas crueles, son incompatibles con la obligación de los Estados de investigar violaciones de los derechos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta Observación referida a actos de tortura ha sido, después por muchas otras Observaciones, extendida a cualquier violación de derechos del Pacto. Así mismo, en la Observación General núm. 31 de 2004, afirma: “cuando funcionarios públicos o agentes del Estado han cometido violaciones de los derechos del Pacto, los Estados partes no pueden eximir a los autores de su responsabilidad personal, como ha ocurrido en determinadas amnistías”. En igual sentido podríamos también referirnos a diferentes informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Colombia, Chile, Honduras, etc., o a la sentencia de la Corte Interamericana que en el caso Barrios Altos c. Perú de 2001 derogó las leyes de amnistía núm. 26479 y núm. 26492 de este país por ser incompatibles con la CADH. O en el caso del sistema europeo, esta es también la posición que ha acabado finalmente adoptando la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la decisión del caso Marguš c. Croacia de 2014 donde afirma que la concesión de una amnistía respecto a asesinatos y malos tratos a los civiles es contraria a las obligaciones del Estado en virtud del CEDH, ya que podría obstaculizar la investigación de tales delitos y necesariamente conducir a la impunidad de los responsables.

Las excepciones a la regla general

En la citada decisión del caso Marguš c. Croacia del TEDH, los jueces Šikuta, Wojtyczek y Vehabovic emitieron un voto particular en el que defendían la posible existencia de ciertas excepciones a la regla general antes señalada. En concreto, sostenían la tesis de que, en casos excepcionales de “conflictos armados interminables” o “dictaduras violentas”, donde la concesión de una doble amnistía fuese la única salida posible, la adopción de una postura pragmática o realista que aceptará tal tipo de amnistía pudiera llegar a aceptarse con el objetivo de lograr resultados positivos. Fundamentada más en consideraciones políticas o propias de las exigencias negociadoras que no en argumentaciones jurídicas, esta posición sostiene que, en los casos citados, el beneficio que supone poder poner fin al conflicto armado o a una dictadura sangrienta supera el coste moral de aceptar la impunidad de los responsables de vulneraciones de derechos humanos.

Resulta evidente que el supuesto de regulación de la ley de amnistía que estamos aquí tratando no se corresponde con ninguna de las dos excepciones señaladas. El procés no se da en un contexto de guerra entre dos bandos ni de dictadura violenta, sino en el marco de plena vigencia de un “Estado democrático de derecho” avalado por la UE, en el que se produce un uso desproporcionado de la fuerza y una vulneración de Derechos Humanos contra los miembros de un movimiento social pacífico, lo que obliga a tener que poner el acento más en el derecho de las víctimas que no en una supuesta reconciliación en el sí de un proceso de justicia transicional que no es tal.

En conclusión, parece evidente tras lo expuesto que defender la aprobación una amnistía que incluya a los policías y sus actos, supone defender la aprobación de una ley que, si bien pudiera ser legal en el ordenamiento jurídico interno, sería abiertamente ilegal en el ordenamiento internacional de Derechos Humanos. A no ser, claro, que alguien se atreva a sostener que el espionaje, los tratos vejatorios en comisaría, la creación de atestados policiales falsos que ubican a personas concretas en cortes de vía y manifestaciones donde no estaban para imputarles delitos, infiltrados que mantenían relaciones sexoafectivas con activistas bajo engaño para obtener información, y tantos otros actos degradantes de la dignidad llevados a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado, no constituyen violaciones claras de Derechos Humanos incluidas en los tratados.

A todos aquellos que incluyen los cuerpos de seguridad dentro de la amnistía, parece no importarles lo más mínimo el hecho de que, durante la última década, diversos Comités y relatores especiales de Naciones Unidas hayan emitido, al menos, seis informes y documentos, formulando duras críticas al acto de impunidad que supuso la amnistía española de 1977, queriendo ahora llevar a cabo una operación del mismo calibre. Si ello finalmente acaba sucediendo así, las víctimas de vulneración de derechos humanos del conflicto catalán tendrán toda la legitimidad y derecho de acudir ante los organismos internacionales de Derechos Humanos para denunciar al Estado español y exigir el derecho a una investigación judicial eficaz y, en su caso, a una reparación.

Ahora que parece existir cierto empeño en el centroderecha español de menoscabar a Vox, una vez constatado que resta más que suma y que el propio proyecto de ultraderecha se ha vuelto más autorreferencial y tribal que nunca, no viene mal ayudar a tan loable y al mismo tiempo cínica tarea para rematar la faena en la progresiva desaparición de esta apendicitis política de España.

Quisiera detenerme aquí en una de las principales contradicciones que la formación de Santiago Abascal muestra desde su nacimiento, y que ha sido muy poco o nada explotada por sus contrincantes políticos. Me refiero a la de la incompatibilidad de las ideas y políticas que enarbolan con el ideario cristiano del que supuestamente dicen provenir y al que en teoría proclaman defender. Son incontables las veces que hemos escuchado de sus bocas manifiestos en defensa de la cultura occidental cristiana y de los valores asociados al cristianismo, como parte además “esencial de la identidad española”. Muchos de sus dirigentes, con el nuevo ungido Buxadé a la cabeza, proceden de ámbitos ultracatólicos, como el Opus Dei, y son de misa diaria (y esperemos que de confesión también periódica).

¿Pero cómo puede ser cristiano un partido que demoniza a los menores no acompañados, que defiende un bloqueo naval y militar frente a las pateras de personas migrantes o que propugna la expulsión de estas por el mero hecho de no tener recursos y ser extranjeros? Empezando por los menores: las enseñanzas de Jesucristo son rupturistas con la tradición judía y romana de tratarlos como meros objetos, de deshumanizarlos como simples pasos previos a la madurez. “Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños” (Mt. 18: 10-14), “dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos” (Mt., 19:13-14). En cuanto a las personas migrantes y su rechazo por Vox (de las pobres, claro, de las ricas nunca dice nada), recordemos las palabras del Evangelio (Mt. 25: 35-40): “Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; fui extranjero, y me acogisteis”.  ¡Pero si la propia Sagrada Familia fue emigrante y refugiada en Egipto!

¿Y cómo puede ser cristiano un partido que arremete contra el Estado social y contra la consiguiente solidaridad de nuestra comunidad política? Reducir el Estado es reducir las políticas de redistribución de la riqueza, o, en términos cristianos, las políticas y mecanismos de compasión institucionalizada y colectiva. Los Evangelios son claros: en Jesús y en su mensaje los pobres, los humildes, los despreciados, los últimos, tienen un lugar y una atención preferente. Él mismo fue pobre y vivió como pobre. “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados” (Mt. 5: 6-7). Pocos mensajes hay más sociales, de tanta y tan intensa fraternidad, como la parábola de los jornaleros de la viña y la frase que desconcertó a siglos de jerarquía: “los últimos serán los primeros y los primeros, los últimos” (Mt. 20: 1-16).

El neoliberalismo extremo de Vox los sitúa en las antípodas no solo del mensaje de fraternidad cristiana, sino también del mensaje oficial de la Iglesia Católica desde la Rerum Novarum de León XIII, de su doctrina social y de la postura del Papa Francisco. Su encíclica Fratelli Tutti es uno de los manifiestos mejor fundamentados contra el capitalismo neoliberal y contra el nacionalismo xenófobo y excluyente de los que hoy hace bandera la ultraderecha mundial y, en particular, la nuestra nacional. “Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes”, afirma el sucesor de San Pedro.

Por último, ¿cómo puede ser cristiano un partido que abomina del cuidado de la “casa común” y que está vendido a la más pueril retórica antiecologista? El negacionismo climático y la ausencia de medidas de transición ecológica, cuando no directamente su rechazo, van contra la consideración cristiana de la creación y de la necesidad de su preservación ante la amenaza que nos cierne. La degradación del medio ambiente y el cambio climático acabarán arrasando con los “lirios del campo” (Mt. 6: 28-34) y con la Laudato Si de San Francisco de Asís. Como afirma el Papa: “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá.”

Sin embargo, durante estos años se han echado de menos más pronunciamientos expresos de la Iglesia, y sobre todo de la Iglesia española, sobre la deriva antihumanista y abiertamente anticristiana de la ultraderecha. Nunca es tarde si la dicha es buena, aunque también es ciertamente sorprendente el silencio del centroderecha o de la llamada “democracia cristiana”, cuando no directamente su connivencia con estos proyectos extremistas. Recordemos que Abascal o Melloni no solo han terminado siendo abrazados por la derecha clásica y supuestamente moderada, sino que provienen de sus filas o fueron acogidos en su momento con gusto por sus parapetos institucionales, desde los que luego crecieron y alimentaron al monstruo. Si la derecha moderada, sensata y verdaderamente cristiana (que la hay) ahora quiere volver a meter al genio en la lámpara, debería esforzarse también por combatir la retórica que nos ha arrastrado hasta aquí y que ha potenciado, hasta límites intolerables, la polarización y la crispación. ¿Lo hará o se quedará en el mero tacticismo de la política cortoplacista en la que todos parecemos estar insertos? Lamentablemente, guardo pocas esperanzas.

La ola de ultraderechización mundial, finalmente, ha llegado a la Argentina. Si Milei consigue la presidencia de la República, no tardará en sumergirla en el horror. En muy poco tiempo, se ha concretado una propuesta que ha conseguido el 30% de los votos en las elecciones primarias a presidente (PASO) celebradas el 13 de agosto de 2023. El odio, la desesperación y la rabia, como un meteorito, se han apoderado del corazón de millones de argentinos, tal como lo vienen haciendo en gran parte del mundo, allí donde la democracia consigue sostenerse a duras penas. Es el meteorito que puede destruirla desde dentro. 

Sin embargo, esto no empezó en estas PASO. La posibilidad de destrucción de la democracia viene de lejos y se manifiesta, por ejemplo, en la imposibilidad de gobernar que resulta del continuo uso de los medios de comunicación y de la justicia (lawfare) para desacreditar y deslegitimar a los gobernantes, dificultando al extremo el ejercicio de la política.   

Es evidente que el proyecto neoliberal empobrece a los ciudadanos, tanto que en diciembre de 2022 había un 39,2% de pobres y un 8,1%de indigentes, cifras que han aumentado cada año, sea el gobierno que sea. Nadie parece poder frenar este tsunami de pobreza -con la tortura que esta implica-, de endeudamiento progresivo y de culpabilización. Unos porque están de acuerdo con esta política y otros, porque se muestran incapaces de llevar a cabo una política diferente. El resultado es la desesperación de los que ven que se les pasa la vida y todo empeora.

En esta conjunción de descrédito de la política y de explotación neoliberal surge una figura nueva que promete arramblar con todo lo anterior y resolver los problemas que afligen a los argentinos. No importa si su semblante y su texto es delirante, si su consejero es un perro muerto, si la vicepresidenta que propone reivindica la dictadura genocida, si no respeta la lucha de las mujeres, si acepta la venta de órganos, si quiere volver a dolarizar la economía, si busca minimizar el Estado, si quiere permitir la portación de armas o si sus propuestas, en definitiva, llevan a lo peor. Lo que importa es que ha sabido representar y asociar los significantes “cambio y libertad” y, de este modo, cautivar a multitud de personas. No ha gobernado nunca, es casi un desconocido y por ello se convierte en una “esperanza” con la cual se identifica gran parte del electorado. El odio encuentra su cauce.

Lacan proponía para la política un nuevo estilo de significante amo, es decir, un amo más lúcido y, de algún modo, aligerado de las identificaciones. Sin ninguna duda, no se refiere a un tipo de personaje como este, que encarna hoy el retorno de un padre ridículo y, a su vez, feroz.

El dicho “agarrarse a un clavo ardiendo” ilustra con precisión lo que ha sucedido. Las manos que lo han votado terminarán quemadas sin remedio. Es necesario frenar este desastre. Es esencial que la Argentina no sea gobernada por la ultraderecha.

Uno de los puntos centrales de los acuerdos de gobierno entre PP y Vox en la Generalitat valenciana o en las islas Baleares ha sido revertir las políticas de normalización lingüística del catalán en el ámbito educativo. También en Catalunya, los principales dirigentes de Vox cargan, repetidamente, contra lo que consideran una supuesta presencia excesiva del catalán en la escuela. Aunque, a primera vista, ello pueda parecer solo una cuestión cultural que afecta a “señas de identidad” territoriales o a los derechos lingüísticos de sus hablantes, en realidad, detrás de estos acuerdos y manifestaciones hay una política de clase en contra de los sectores menos favorecidos de la sociedad, especialmente, la población inmigrante y sus hijos.

Lengua e igualdad social se piensan, muchas veces, por separado. Tanto los nacionalistas esencialistas como los 'progres' cosmopolitas universalistas las piensan como elementos autónomos uno del otro.

Los nacionalistas esencialistas centran su preocupación en la lengua pero no prestan atención a la cuestión social. Identifican lengua con nación, concibiendo el ataque a la primera como una amenaza para la preservación de una comunidad o identidad nacional que construyen a partir de una igualación identitaria que borra las diferencias de clase, de género, etc. de sus integrantes para unificarlos en una unidad  nacional homogénea de alteridad respecto al resto de naciones. Y a la inversa, los 'progres' cosmopolitas universalistas centran su preocupación en la cuestión social pero sin prestar atención a la cuestión lingüística. Perciben las sociedades donde defienden que deben garantizarse derechos sociales como espacios desculturalizados en los que la lengua no jugaría ningún papel relevante a tener en cuenta, lo que no es más que una omisión con respecto a sus propios privilegios por ser miembros de la comunidad lingüística dominante.

Sin embargo, en contraposición a lo anterior, lengua e igualdad social han de pensarse de manera interrelacionada. Ambas son, sobre todo en las comunidades autónomas del Estado donde el castellano coexiste con la lengua propia de las mismas, claramente interdependientes.

El elemento que conecta la cuestión lingüística con la cuestión social es el concepto de “pertenencia”. La pertenencia a la comunidad es el bien primario que toda sociedad distribuye. La pertenencia es un bien social que no distribuimos entre nosotros, pues ya poseemos de nacimiento, sino que se otorga a los “de afuera” y su familia y condiciona nuestras conexiones y relaciones con ellos. La posición que un individuo ocupa con respecto a este bien social “pertenencia” determina, directa e indirectamente, el acceso a los otros bienes y derechos.

En toda sociedad, los actores y bienes distribuidores de pertenencia son de dos tipos: uno es la burocracia que distribuye pertenencia a la comunidad política a través de los “papeles” o la regularización administrativa. Otros son instituciones sociales como la escuela, donde, en aquellas comunidades autónomas en las que existe una lengua propia al lado del castellano, su dominio opera como otorgador de pertenencia por vía de los significantes sociales que ella lleva implícitos.

Es evidente que no conocer el catalán no excluye en islas Baleares, ni en Catalunya, ni en el País Valenciano, de poder acceder a servicios públicos, al mercado, empleo, instituciones de todo tipo, etc. abiertos a todo concurrente. Pero también es cierto que conocerlo ofrece posibilidades de integración y movilidad social enormemente mayores. La relevancia del conocimiento de la lengua propia en la adquisición de pertenencia de los inmigrantes ha sido reconocida tanto desde el punto de vista jurídico como sociológico.

En el campo jurídico, el segundo apartado del artículo 2 ter de la LO 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece que las Administraciones Públicas deberán tener como objetivos “la integración entre inmigrantes y sociedad receptora” y para ello “procurarán, mediante acciones formativas, el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales”. De esta forma, el aprendizaje de las lenguas oficiales se individualiza como un elemento básico de integración de los inmigrantes en la sociedad de acogida, incluyendo todas las lenguas oficiales en el territorio.

Y, en el campo sociológico, son muchos los estudios que evidencian que en aquellos territorios con una lengua propia que coexiste con el castellano, el dominio de la primera por parte de los inmigrantes y descendientes, genera en ellos un proceso de capitalización del que derivan cambios en su posición social tanto en su comunidad de origen como en la comunidad receptora, aumentando las potencialidades de movilidad social y niveles de autoestima y empoderamiento sociocultural. No es por casualidad que la escuela pública en Catalunya, después del franquismo, naciera, a inicios de los 80, en Santa Coloma de Gramenet impulsada por un movimiento de padres y madres mayoritariamente castellanohablantes y de origen andaluz, para reclamar que sus hijos e hijas pudieran aprender en catalán. Tras una fuerte lucha consiguieron que fuera en esta ciudad, obrera, de población mayoritariamente migrante y gobernada entonces por Lluís Hernández del PSUC, donde naciera en 1981 la primera escuela pública post-franquista en catalán, la Rosselló Pòrcel, antes incluso de la aprobación, en abril de 1983, de la Ley de normalización lingüística en el Parlamento catalán.

Resulta evidente, entonces, que, en los territorios aquí descritos, existe para la población migrada y sus descendientes una correlación entre dominio de la lengua propia e igualdad y movilidad social.

Es por todas estas razones que la guerra que PP y Vox han iniciado contra las políticas de normalización lingüística del catalán en el ámbito educativo del País Valenciano y las islas Baleares es una guerra de clase que ataca frontalmente uno de los mecanismos distribuidores de pertenencia y, en consecuencia, de igualdad social que va a tener como principales damnificados a aquellos sectores más vulnerables y menos favorecidos.

Los desastrosos resultados en las elecciones del 28M, seguido del veto a Irene Montero y la relegación de sus candidatos a puestos inferiores de las listas de Sumar, marca el final de Podemos. A lo largo de apenas nueve años de existencia, el partido ha generado dos enemigos principales a los que ha subestimado a la hora de fijar su estrategia y rumbo político: los conservadores y el regionalismo de flotación. Ambos han acabado siendo sus enterradores. 

Los conservadores

A finales de 2019, Podemos decide montarse en un gobierno de coalición con el PSOE, en una posición de minoría. Conscientes de que tal debilidad no les permitiría cambiar cuestiones políticas estructurales (la política migratoria, la geopolítica pro-OTAN, el modelo económico, etc.), creen, sin embargo, que poder asumir el control de determinados ministerios e impulsar, desde estos, proyectos de ley será una estrategia útil para poder transformar el país. 

Esta es una estrategia construida sobre una visión reduccionista y normativista de la ley que subestima el rol de su primer enemigo: los conservadores. Se trata de una concepción que reduce el Derecho a la secuencia “mandato-obligación-obediencia” y cree que transformar consiste solo en recoger las demandas de determinados sectores de la población, convertirlas en un proyecto de ley donde se refleje el tipo de sociedad, valores y metas vislumbrada por sus impulsores, y que una vez convertido en ley por el legislativo, provocará, automáticamente, que los ciudadanos adecúen su conducta a ella. 

El Derecho, no obstante, es algo más complejo. El Derecho en un Estado no es meramente un cuerpo de reglas. Es más bien un proceso dinámico que envuelve a múltiples agentes ejecutores, sancionadores, difusores y receptores de la norma que, en muchos casos, procesan valores opuestos a los expresados en dicha ley. La ley debe ser ejecutada por policías, justicializada por jueces, activada por fiscales, explicada por los medios de comunicación, interiorizada por la gente deviniendo en cultura legal ciudadana, etc. Este conjunto de actos es lo que conforma el “proceso legal total” o lo que los autores del movimiento del realismo jurídico norteamericano de principios del s. XX llamaron el “Derecho en acción”. Y dentro de este proceso es donde ha intervenido activamente el primero de los enemigos y enterradores de Podemos: los conservadores.

Durante su existencia, Podemos ha sido menos una “izquierda que transforma” y más una “izquierda que molesta”. O dicho de otra manera, un partido que ha causado poco miedo a los poderosos, esto es al Capital y los agentes económicos de la clase dominante. Pero sí más temor a los conservadores, es decir, los actores morales, culturales y religiosos.  

Podemos ha concentrado su acción legislativa en su Ministerio insignia, el de Igualdad. Desde allí y mediante la ley del 'sólo sí es sí', la Ley Trans, las provocadoras declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad, etc., no han removido los privilegios económicos de los ricos, pero sí ha intentado cuestionar y desregular, entendido aquí como desestandarizar, determinadas jerarquías e instituciones culturales y sociales tradicionales (el patriarcado, el género, la heterosexualidad normativa, la familia, la corrección estética política, etc.). Ello no ha evocado temor en los poderosos, preocupados sólo por la rentabilidad de sus negocios, pero sí en los conservadores, que viendo amenazado el orden social moral han emprendido una auténtica cruzada contra la ministra Irene Montero y sus proyectos de ley.

Así pues, cuando desde una posición de minoría en el Gobierno y aislado en tu ministerio, pretendes avanzarte a la realidad por vía de proyectos de ley que susciten cambios que chocan con los valores conservadores, el resultado de la aprobación de la ley no es que todos los agentes adecúan su comportamiento a ella sino que estos despliegan sus fuerzas e influencias personales y societales en contra de la misma. De manera que, no solo las expectativas de la ley y el desempeño de la ley terminan por no coincidir, sino que además, tus propios proyectos de ley son los que te entierran. 

Gobernar no es escribir proyectos de ley. No es legislar en el vacío sino dentro de un campo de fuerzas en el que si ubicas el foco de interés del proceso legislativo en la regla, y no en las maniobras de los múltiples actores que giran a su alrededor, los últimos te acaban destruyendo.

El regionalismo de flotación

Tras el momento inicial de confluencia y, especialmente después de la Asamblea Vistalegre II, se inicia, en Podemos, una larga historia de purgas y salidas de grupos y personas del proyecto, por razones distintas: por luchas de poder internas (Iñigo Errejón, Rita Maestre y su grupo), por disconformidad con la estrategia política (Anticapitalistas), por episodios de Lawfare (Albert Rodríguez), etc. A partir de aquí empieza a producirse un proceso cruzado de repliegue regional de los excluidos y repliegue estadocéntrico de Podemos.

Por un lado, la estrategia para flotar políticamente de los distintos individuos o grupos excluidos del aparato central de Podemos, ha sido atrincherarse en regiones de supervivencia. Se produce un repliegue regional de estos grupos (Más Madrid, Drago Canarias, etc.). Estos deciden contrarrestar su debilidad intentando redirigir su proyecto hacia el ámbito autonómico y municipal donde es más fácil reacumular recursos políticos (representantes en las instituciones y, por ende, dinero, visibilidad mediática, cierta base organizada, cuotas de poder para negociar, etc.). La fortificación en las regiones persigue un doble objetivo para ellos: a corto plazo, lograr flotar en una arena política de la que han sido desplazados. Y, a mediano plazo, usar su cuota de poder regional como plataforma-trampolín para reinsertarse en la política estatal.

Por otro lado, y a la inversa, se ha producido en Podemos un repliegue estadocéntrico. La integración de todos sus dirigentes y cuadros en las instituciones estatales y focalización de su actividad a las tareas de gestión ministerial, ha acabado haciendo del partido, cada vez menos, una organización de la sociedad, y más un órgano paraestatal alejado de los ciudadanos y subsumido en la gestión de las funciones públicas. 

Este proceso cruzado de repliegue ha hecho que cuando la dirección de Podemos ha levantado la cabeza, ha visto cómo los proyectos regionalistas de flotación, más los partidos regionalistas progresistas preexistentes (Compromís, Chunta Aragonesista, Comuns-ICV, etc.) cuyos votantes pretendió originariamente absorber, se le habían comido la merienda en todos los territorios. En este escenario de debilidad del partido morado, amplificado por los malos resultados del 28-M, Yolanda Díaz junto a los  regionalistas, unidos en una federación de intereses, usan el fetiche de la unidad y la lista única como la oportunidad para llevar a cabo, mediante un ejercicio de exclusión por inclusión, la estocada final a Podemos, relegando sus candidatos a posiciones secundarias en las listas y dejándolos sin apenas representación.

Los conservadores y los regionalismos de flotación han enterrado a Podemos. Con su fin termina también el ciclo político iniciado en 2011. Sumar, a pesar de su lema de presentación “Empieza todo”, no es el inicio de nada sino la encarnación orgánica de un final con mal sabor. La tarea inmediata el próximo 23-J es ir a votar e impedir que la barbarie gobierne pero, pase lo que pase, a continuación toca reconstruir, una vez más y aprendiendo de los errores del pasado, un nuevo bloque social desde abajo. 

El candidato a la presidencia del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero que cuando llegue a la presidencia del Gobierno intentará derogar muchas de las leyes aprobadas durante los mandatos de Pedro Sánchez, como la Ley de Memoria Histórica o la Ley Trans. Además, ha afirmado su intención de reducir el número de ministerios que conformarían su gobierno, apuntando la eventual desaparición de, entre otros, el Ministerio de Igualdad, cuyas competencias estima que deberían integrarse en una Subdirección General, “como durante los gobiernos de Aznar”. Entiendo que se refiere al Instituto de la Mujer (ahora Instituto de las Mujeres), el único órgano del Ejecutivo destinado a la promoción de la igualdad en aquella época, un organismo autónomo cuya directora ostentaba el rango de directora general, que había sido creado por el Gobierno socialista en 1983 y que, contra todo pronóstico, fue mantenido por Aznar cuando ganó las elecciones de 1996. En 2004, Zapatero creó la Secretaría General de Políticas de Igualdad, elevando en el organigrama del Ejecutivo el rango de las competencias en igualdad de género y las asignó a la socióloga feminista Soledad Murillo, de cuyo departamento pasó a depender el Instituto de la Mujer.

La cuestión del rango jerárquico que se atribuye a un órgano con determinadas competencias, y de si estas competencias son exclusivas sobre una materia o si en la misma cartera concurren varias, no resulta baladí, sino que es representativa de la importancia y centralidad que en un ejecutivo se otorga a un determinado asunto y determinante en la medida en que los órganos superiores cuyos titulares forman parte del Gobierno cuentan con mayor peso e influencia a la hora de incorporar a la agenda política los temas de su competencia. Por ello, se leyó como una conquista para el feminismo que, tras revalidar su mandato en las elecciones de 2008, Zapatero creara un departamento ministerial encargado en exclusiva de la cartera de igualdad que simbolizaba su compromiso para con la igualdad de género como objetivo prioritario en la agenda política del Gobierno.

Este compromiso había quedado reflejado no solo en la creación de todo un entramado institucional con el objetivo común de la lucha contra la desigualdad de género (entre 2004 y 2008 se incorporaron al aparato del Ejecutivo el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las Unidades de Violencia de Género y el Observatorio de la Mujer de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres, las Unidades de Igualdad Ministeriales, el Consejo de participación de la mujer y la Conferencia Sectorial de Igualdad), sino también con el impulso de la tramitación parlamentaria de muchas de las leyes que hoy constituyen significativos hitos en la conquista y consolidación de los derechos de las mujeres, como la Ley de Violencia de Género (2004), la Ley del Matrimonio Igualitario (2005), la Ley de Dependencia (2006), la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (2006), Ley de Igualdad (2007), la Ley de ampliación del Permiso de Paternidad (2009), o la Ley del Aborto (2010). Unas iniciativas que habían convertido a nuestro país en un referente a nivel internacional en la lucha contra la desigualdad.

Como es sabido, sin embargo, menos de dos años después de su creación, en octubre de 2010, Zapatero reestructura el Gobierno y suprime el Ministerio de Igualdad, pasando a depender sus competencias de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Una degradación institucional que simbolizó el abandono de la igualdad de género como prioridad política en nuestro país, tras un período de expansión sin precedentes. Esta pérdida de centralidad de la igualdad en la agenda política se justificó como consecuencia de la necesidad de reducir el gasto público para hacer frente a la crisis de la deuda que había generado la debacle financiera de 2008 a causa de la caída de los grandes bancos de inversión estadounidenses. Aun hoy persisten las nefastas consecuencias para la igualdad social que acarrearon las políticas de consolidación fiscal y ajuste estructural emprendidas en aquellos años bajo el liderazgo de una Unión Europea, que exigía a los estados miembros recortes en servicios sociales para alcanzar la estabilidad presupuestaria. 

Entre los años 2011 y 2015 se produjo una reducción sin parangón de los recursos económicos destinados a sufragar organismos y políticas públicas de igualdad: las partidas destinadas en los Presupuestos Generales del Estado a la lucha contra la violencia de género y a medidas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se contrajeron en un 30,7 y un 56% respectivamente. Además, la falta de financiación hizo desaparecer otros servicios públicos como las escuelas de educación infantil de 0 a 3 años o el sistema de atención a la dependencia, que implicaban una repercusión directa en la mejora de las condiciones de las mujeres por el papel de estas como principales responsables del cuidado en el seno de las familias. Y, es que, en contextos de crisis, los organismos, planes y programas de igualdad, identificados como “lujos” propios de época de bonanza económica, son los primeros en caerse de la agenda política en favor de otras políticas públicas consideradas “prioritarias”, lo que hace que las mujeres sufran de manera más acusada las consecuencias de los períodos recesivos que los varones. Según el ranking elaborado por el Foro Económico Mundial, España pasó de situarse en 2005 en el puesto número 11 de entre los países con menor brecha de género a encontrase en el 26 en 2012, y en el 29 en 2018. 

Sin embargo, el desmantelamiento del entramado legal e institucional de la igualdad de género no se explica únicamente por los recortes presupuestarios emprendidos en aras del ahorro económico y la estabilidad presupuestaria. Desde 2011, el proceso de implementación de las políticas de ajuste estructural y consolidación fiscal había pasado a estar liderado por el Partido Popular de Mariano Rajoy, que había obtenido mayoría absoluta en las elecciones generales convocadas de manera anticipada por un desgastado Zapatero en noviembre de ese año. El Gobierno de Rajoy no sólo emprendió recortes presupuestarios que supusieron una reducción drástica de los recursos materiales y el personal asignados a organismos como el Instituto de la Mujer o el Instituto de Salud de las Mujeres, sino que se dedicó a implementar una agenda abiertamente antifeminista, regresiva de las conquistas alcanzadas en materia de igualdad de género, con la excusa de la necesidad de implementar medidas de ajuste económico incluso en aquellos casos en los que el impacto económico de las políticas no existía o no resultaba significativo. 

Durante las legislaturas del Partido Popular, organismos de cooperación interinstitucional cuyo funcionamiento no suponía incremento alguno del gasto público, porque así lo preveían expresamente sus normativas reguladoras, y que habían sido concebidos por las leyes de igualdad como actores clave en el liderazgo de la implementación de políticas públicas de igualdad, como la Comisión Interministerial de Igualdad o el Consejo de participación de la Mujer, dejaron de ser convocados y vieron paralizada su actividad. También dejaron de elaborarse planes e informes con la periodicidad preceptiva que se había establecido en la Ley de Igualdad, quedando buena parte de las innovadoras disposiciones que la norma contenía derogadas de facto por la inactividad de las instituciones públicas a quienes sus mandatos iban dirigidos.

La necesidad de reducir el gasto público también fue aducida para reorientar o eliminar políticas, con nulo o escaso impacto económico, al objeto, en realidad, de reforzar el modelo tradicional de familia. Sucedió así, por ejemplo, en 2013, cuando se modificó el catálogo común de prestaciones del Sistema Nacional de Salud para excluir de la prestación pública de las técnicas de reproducción humana asistida a las mujeres lesbianas o sin pareja. La medida, cuyo ahorro para las arcas públicas se cifraría después en poco más de 120.000 euros, suponía en realidad una manifestación concreta del rechazo moral a las sexualidades no normativas. Al mismo objeto —y también con escaso impacto económico— sirvió la reorientación de las acciones destinadas a eliminar los sesgos de género en la salud en el marco de los planes de calidad del Sistema Nacional de Salud: las investigaciones y la formación en género se paralizan a partir de 2010 y los informes sobre salud sexual y reproductiva pasaron de abarcar diversos temas como la interacción de las desigualdades de género y clase o la interrupción voluntaria del embarazo en adolescentes a versar exclusivamente sobre temas relacionados con la maternidad, el parto y la lactancia. Estos datos revelan cómo la “misoginia institucional” o “antifeminismo” de la derecha se desplegó con la excusa de la crisis económica para abanderar un retroceso de los derechos conquistados que vino dado, no solo por la reprivatización de los cuidados producida a causa de la retirada de servicios públicos, sino por una defensa explícita y consciente del rol tradicional de la mujer como madre y esposa y de la familia tradicional.

Es sabido que las conquistas de derechos nunca son definitivas, que siempre pueden verse amenazadas por retrocesos, por muy institucionalizadas que estén. Lo que aprendimos de lo que sucedió con las políticas públicas de igualdad durante los años de la crisis es que no hay nada que ponga más en peligro a las conquistas alcanzadas en materia de igualdad como la misoginia institucionalizada de un partido de gobierno. 

Cuando Feijóo habla de hacer desaparecer el Ministerio de Igualdad, no se está refiriendo a una mera reestructuración del Ejecutivo con el fin de racionalizar los recursos públicos, como ha pretendido hacer ver. Lo que está planteando es una verdadera ofensiva conservadora en contra de los derechos alcanzados por las mujeres, de tal manera que, bajo la pérdida de prioridad política de la promoción de la igualdad de género a nivel institucional, subyace una agenda antifeminista de reversión encubierta de las conquistas alcanzadas en materia de igualdad.

En las últimas semanas se está produciendo un debate rico y sereno entre mis compañeros y compañeras de Derecho Constitucional en cuanto al reconocimiento de nuevos derechos fundamentales, como la eutanasia o el aborto, por el Tribunal Constitucional. La distinción de un derecho como “fundamental” no es baladí, puesto que el mismo, una vez fijado como tal, no puede ser alterado luego por el legislador, ya que goza de la máxima protección jurídica (la que le otorga su valor constitucional) y debe ser siempre respetado en su contenido esencial al margen de las opciones políticas que se alternen en el poder. El objetivo de dicha naturaleza “fundamental” es, precisamente, el de sustraer del juego político a un derecho que, por su valor, alta consideración o centralidad, solo puede ser modificado o reducido en su esencia por un procedimiento agravado de reforma constitucional en el que se exige un altísimo consenso de las fuerzas políticas.

Como todo análisis somero que se realice, el mío aquí pecará de un exceso de simplificación, pero quisiera mínimamente resumir las dos posturas contrapuestas en este debate (por lo demás, nada nuevo). Por un lado tenemos a quienes defienden que los derechos fundamentales son solo los que están expresamente establecidos en la Constitución, en tanto norma fundamental del Estado y de nuestra convivencia, producto del poder constituyente del pueblo español, titular de la soberanía. Los mismos consideran que pueden reconocerse en sede legal, por las Cortes Generales, nuevos derechos subjetivos, como el de la eutanasia mencionado, pero que tal derecho no podría en ningún caso catalogarse como “fundamental” y que, por tanto, en cualquier momento otra mayoría político-social podría eliminarlo, alterarlo o reducirlo. No es difícil de entender la fundamentación de esta postura: la Constitución es, también y muchas veces antes que nada, un conjunto de garantías y defensas del propio pueblo frente a las mayorías políticas, por lo que las limitaciones que a estas imponga solo pueden ser las que expresamente determine. La legitimidad de esa imposición, de esas restricciones constitucionales que sirven de límite al legislador y a los representantes políticos, viene de su fuerza democrática directa, del hecho de que ha sido el pueblo soberano quien así ha establecido que un conjunto de derechos no puede alterarse después, ni siquiera por sus representantes o por las opciones políticas mayoritarias subsiguientes. La reforma constitucional sería de este modo el único camino para aumentar derechos fundamentales y, por ende, para ampliar el margen de restricción o de “no-decisión” que se impone al legislador. Las interpretaciones más conservadoras de esta opción, presentes sobre todo en la cultura jurídica estadounidense, suelen ser denominadas como “originalistas” y están detrás de decisiones tan polémicas como la última de Dobbs.

La segunda postura, que es la que parece acoger el Tribunal en sus últimas sentencias sobre la eutanasia y el aborto, es proclive al reconocimiento de nuevos derechos fundamentales derivándolos de los principios ya recogidos en el texto constitucional. La amplitud e indeterminación de estos principios, algunos muy genéricos (“libre desarrollo de la personalidad”, “dignidad humana”), permitirían ir adaptando el texto constitucional a las realidades, demandas e intereses de una sociedad cambiante. Los jueces constitucionales tendrían así una doble labor, la de garantizar el cumplimiento de la norma fundamental y la de adaptarla al tiempo que les (nos) ha tocado vivir, construyendo si es preciso nuevas doctrinas, derechos o deberes mediante continuas operaciones deductivas. Así, las constituciones dejarían de ser fotos fijas de un momento constitucional concreto, a veces ya muy lejano en el tiempo, para ser “textos vivos” sujetos a permanente adaptación vía judicial. Esta posición interpretativa suele denominarse como “evolucionista” (living constitution).

Recogiendo el sentir y las apreciaciones de múltiples autores y lecturas, y de amigos y compañeros, creo que cada una de las posturas tiene un conjunto de virtudes y de defectos que hay que sopesar. La primera, la originalista, es a priori más democrática, puesto que pretende respetar la manifestación expresa del poder constituyente, del pueblo soberano, y hacerlo desde la supremacía constitucional frente a los poderes constituidos (el parlamento, el gobierno o los jueces). Sin embargo, puede ser excesivamente rigorista si la constitución es muy antigua (como ocurre en Estados Unidos), si fue redactada en un momento cualitativamente muy distinto al actual o, como es el caso español, si la vía de la reforma constitucional es difícil de seguir o directamente impracticable. Se corre el riesgo, por tanto, de que la constitución se convierta en un obstáculo insalvable que impida todo progreso o ampliación de derechos. La segunda, la evolucionista, permite a su vez una mayor adaptabilidad del texto y la integración constitucional de conflictos, problemas o pretensiones que en el momento constituyente no podían preverse. Sirva el ejemplo, en España, del matrimonio homosexual. Sin embargo, corre también el peligro, cierto y preocupante, de convertir a los jueces en una especie de elitista cámara decisoria sobre el sentir de la voluntad soberana del pueblo, es decir, en verdaderos sustitutos (cuando no usurpadores) del poder constituyente. 

Sin ánimo de nadar a dos aguas creo que la opción más conveniente desde el prisma jurídico-constitucional y político-democrático, también ante los derechos que el TC tiene encima de la mesa o que ya ha despachado, es una posición que recoja las virtudes de ambas posturas e intente frenar el activismo judicial desmedido. El Tribunal Constitucional no puede ni debe convertirse en un decisor constituyente y su labor, jurisdiccional, ha de restringirse única y exclusivamente a la interpretación y recto cumplimiento del texto constitucional. De lo contrario se situaría fuera del principio democrático, perdería toda legitimidad y, lo que quizá es peor, se convertiría en un Leviatán indómito debido a las pocas o nulas posibilidades de control (Quis custodiet ipsos custodes?). Ahora bien, a la hora de considerar la posible inconstitucionalidad de normas legales impugnadas (como las de la eutanasia o el aborto) y ante la ausencia de previsiones constitucionales expresas, ha de ser especialmente deferente para con el legislador democrático (principio pro legislatoris) ya que es este, y no el Tribunal, el que manifiesta los cambios, progresos o mutaciones que se producen en la sociedad. Siempre que las leyes no entren en clara contradicción con los preceptos constitucionales, el TC debe respetarlas y declararlas como “no inconstitucionales”. La indeterminación y apertura de los principios abstractos que reconoce la Constitución deberían ser el marco para el libre juego del pluralismo político, no la palanca a partir de la cual realizar construcciones doctrinales o jurisprudenciales más propias del poder constituyente que de un órgano contra-mayoritario. Lo que humildemente creo que nunca debería hacer el TC es proyectar la fuerza constitucional/constituyente sobre las leyes que pretendan anclarse en aquellos principios tan genéricos e indeterminados, puesto que estaría entonces petrificando una opción del legislador (actual) en una materia sobre la que la Constitución guarda silencio o no contempla previsión alguna. Si considera a derechos subjetivos de configuración legal como nuevos “derechos fundamentales”, a pesar de que la Constitución no diga nada al respecto ni los contemple por asomo, está impidiendo a otras posibles mayorías políticas y legislativas reducirlos o alterarlos, afectándose el principio democrático y ampliándose la materia política constitucionalizada, es decir, la esfera en la que nuestros representantes y nuestras posibles demandas como ciudadanos no podrían entrar a decidir. 

Se dirá, con razón, que el TC ya ha hecho esto en otras ocasiones y de manera continuada. Sí, pero ni por haberlo hecho es correcto desde el prisma constitucional y democrático ni son todos los supuestos iguales. Hay derechos fundamentales que se han deducido de manera directa y clara, como el de creación de medios de comunicación o el de la retroactividad favorable en materia penal, de principios específicos en tales materias en los que, a priori, no había disensos de fondo ni se provocaba afectación alguna del pluralismo político y de valores. No es el caso, creo, del anclaje deductivo que se pretende en el aborto o la eutanasia, donde la extensión de la máxima protección constitucional se quiere derivar muy indirectamente de principios excesivamente abstractos, como el de libre desarrollo de la personalidad, y tan indeterminados que en su interior cabrían opciones interpretativas abiertamente contrapuestas.

Si en materias donde el pluralismo puede operar en su alternancia quieren crearse nuevos derechos fundamentales con fuerza constitucional para estar protegidos jurídicamente al más alto nivel y sacarlos así de las decisiones políticas ordinarias, hágase a través del procedimiento de reforma constitucional. De tal modo se respetará no solo la supremacía y normatividad de nuestra Constitución, sino también el margen de discreción y libertad que alientan la democracia y el pluralismo político. De las pretensiones de las tesis “evolucionistas” puede derivarse, al mismo tiempo, la necesidad de que la justicia constitucional sea deferente con el legislador y no declare la inconstitucionalidad de aquellas decisiones normativas que no estaban pensadas, diseñadas o contempladas en el momento constituyente originario, permitiéndose la flexibilidad democrática que sí posibilitan los principios genéricos y los preceptos abiertos del texto constitucional. Así se evitaría una “tiranía de los muertos”, al alejarse el fantasma de una constitución antigua cuya legitimidad residió en generaciones pasadas y que pesarían como una losa sobre las presentes y futuras. Pero todo ello sin desplegar la fuerza petrificadora del poder constituyente a unos nuevos “derechos fundamentales” ajenos a la discusión o a la alteración normativa, resultados además de dudosas y a veces poco jurídicas operaciones de deducción intelectiva que sitúan al Tribunal en una posición omnímoda que no le ha de corresponder (siguiendo a García Pelayo, ya lo advirtió Rubio Llorente en su magistral voto particular de la sentencia de 1985 sobre, precisamente, el aborto). Y que, recuerdo, en cualquier momento puede volverse en contra de los intereses más progresistas que hoy se congratulan pero que, mañana, podrían verse seriamente mermados. El exceso de principialismo de las interpretaciones neoconstitucionalistas y evolucionistas puede ser la mejor puerta de entrada para estrategias reaccionarias o de signo abiertamente contrarias; solo haría falta que cambiasen las tornas en la composición del Tribunal.

Ahora bien, para que lo aquí expuesto sea factible, la institución de la reforma constitucional debería ser una opción viable ante las nuevas realidades y pretensiones que demanda una sociedad plural del siglo XXI. Pero esto en España, me temo, daría para otro artículo y no pocas desesperanzas.

Como sucede con todo avance científico en su respectivo campo, las nuevas tecnologías reproductivas abrieron en la década de los setenta posibilidades inéditas hasta entonces en relación con la reproducción humana. La fecundación in vitro, la inseminación artificial, la preservación de gametos o el diagnóstico genético preimplantacional son presentadas ante la sociedad como técnicas milagrosas que permiten paliar las dificultades para concebir de manera natural, desafiar las limitaciones impuestas por el reloj biológico o prevenir la transmisión de enfermedades genéticas, abriendo para las mujeres un nuevo abanico de posibilidades de control sobre sus capacidades reproductivas. Como también sucede con todo avance científico, el que las nuevas tecnologías reproductivas se encuentren efectivamente al servicio de tan loables fines va a depender de la regulación jurídica y los usos sociales que configuren su puesta en práctica. La realidad, atravesada por los sesgos de género que afectan especialmente a cuestiones relacionadas con el cuerpo de las mujeres, muestra que el bienestar y la autonomía reproductiva se han visto desplazados en beneficio de otros intereses desde el momento en que las lógicas de mercado han acabado vertebrando el uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Aunque se trata de una cuestión que se ha criticado de manera recurrente desde perspectivas feministas, la proliferación de sucesos y noticias de actualidad que durante las últimas semanas han copado los medios de comunicación, con la abue/maternidad subrogada de Ana Obregón a la cabeza, añaden al debate elementos de interés que aconsejan retomarlo. 

En mi opinión, la crítica a quienes recurren a la gestación subrogada y al uso que se hace de las técnicas de reproducción asistida en general hay que enmarcarla en un debate más amplio sobre la maternidad y los derechos reproductivos, partiendo del reconocimiento de la existencia de un mandato cultural que pesa sobre las mujeres para que sean madres y que identifica la maternidad como componente esencial e irrenunciable de la identidad femenina. Este mandato desempeña un papel clave dentro de las lógicas de producción postfordista como elemento de sugestión que alimenta un deseo que acaba identificándose con una necesidad (y, en última instancia, confundiéndose con un derecho). En un contexto en el que los tratamientos de reproducción asistida se concentran en el sector privado, la maternidad biológica se convierte en un producto más de los ofertados en el mercado, enmarcado en el terreno de la autorrealización personal, como una vía para alcanzar el ansiado estado de bienestar y felicidad que la sociedad de consumo de masas promete a la ciudadanía y se traduce en la demanda de un producto específico, para satisfacer el cual el supermercado reproductivo ofrece un ingente número de opciones. Las clínicas ofertan los rasgos físicos del material genético (raza, color de piel, de pelo, de ojos, altura y peso estimados) que determinará la apariencia de los futuros hijos e hijas como quien configura un producto personalizado: un bebé a la carta. Además, aunque la posibilidad de alterar el embrión para determinar el sexo del bebé sólo está permitida en España para descartar la transmisión de enfermedades genéticas, el desarrollo de nuevos métodos menos invasivos, que permiten escoger el sexo del bebé con un 80% de fiabilidad partiendo de una selección de los espermatozoides, ha reabierto el debate sobre si esta limitación, impuesta por motivos éticos, debería eliminarse.

La popularización de las denominadas gender reveal parties, celebraciones importadas del mundo anglosajón en las que se da a conocer el sexo del futuro bebé “por sorpresa”, pone de manifiesto la centralidad que continúan ostentando las categorías sexo/género en tanto determinantes de los espacios y las formas que se van a atribuir de manera diferenciada a niños y a niñas desde el momento del nacimiento. El grado de espectacularidad del ritual que se performa dependerá de la cantidad de dinero que cada cual esté dispuesto a invertir: puede consistir en abrir una tarta, explotar unos globos, lanzar fuegos artificiales o incluso en fletar un avión. El color del merengue/purpurina/humo/loquecorresponda que se libere nos revelará el sexo del bebé: azul si viene con pene, rosa, si trae vagina. La reacción filmada de los futuros progenitores en tan determinante momento también es reveladora de hasta qué punto el futuro que imaginan para su descendencia depende en buena medida de ese color y deja pocas dudas acerca de si ejercerían la posibilidad de elegirlo si pudieran. El perfeccionamiento último del bebé como producto. Rosa o azul desde la concepción. La muñequita de mamá o el colega de papá.  Al mismo tiempo, sin embargo, que este tipo de prácticas son abrazadas con naturalidad por la sociedad, son cada vez más extendidas las iniciativas y experiencias que buscan, precisamente, cuestionar o desarticular el sistema sexo/género como elemento estructurador de las relaciones sociales: desde la lucha del feminismo por desvincular el destino  social de las mujeres de esencialismos biológicos, pasando por el reconocimiento de las realidades no binarias, hasta las regulaciones jurídicas que flexibilizan el paso entre categorías para dar cabida a la identidad sentida… todo ello contrasta fuertemente con la contundencia con que se adjudican los roles tradicionales de género antes incluso del nacimiento. 

Por otra parte, el recurso cada vez más extendido a técnicas como la congelación de óvulos o la fecundación in vitro viene impulsado por una situación en la que, al mismo tiempo que el mandato de maternidad continúa estando vigente, el ser madre -y no digo el tener hijos, porque a los padres no les sucede- se nos presenta como un obstáculo para el pleno desarrollo de una carrera profesional, un hito vital que hace ya décadas constituye también un objetivo irrenunciable para la autonomía de las mujeres. De esta manera, la sociedad empuja a las mujeres a posponer el momento de la maternidad a edades en las que se encuentran mayores dificultades para concebir de manera natural. El mercado, de nuevo, nos ofrece la solución perfecta ante esta necesidad: señoras, no se sientan más limitadas por su reloj biológico, prioricen su carrera profesional el tiempo que necesiten mientras nosotros preservamos sus óvulos o les ofrecemos los de otras mujeres más jóvenes para que puedan cumplir con su deseo de ser madres y formar una familia más allá de los cuarenta. Sin embargo, bajo esta visión positiva y triunfalista de la reproducción asistida quedan oscurecidas algunas cuestiones decisivas que no suelen abordarse, como el papel de las donantes de óvulos, a las que se les ofrece una compensación por las molestias que puede constituir un aliciente para someterse al proceso de donación por motivos de necesidad económica desmereciendo los riesgos y efectos que ello implica; el hecho de que las técnicas no resultan tan eficaces a la hora de compensar la disminución de las posibilidades de concebir derivadas de la edad como la publicidad de las clínicas pretende hacernos creer; la asimetría existente entre quienes pueden permitirse acudir a clínicas de pago y quienes tendrán que resignarse a la interminable lista de espera y la limitación de ciclos que impone la seguridad social; o los padecimientos físicos y, sobre todo, psicológicos que entraña para las mujeres someterse a este tipo de tratamientos. Además, no puede aceptarse acríticamente que el mercado laboral y las responsabilidades reproductivas se configuren de manera antagónica de suerte que las mujeres se encuentren en la disyuntiva de tener que elegir entre una carrera profesional y la maternidad. Las técnicas de reproducción asistida pueden ser la solución a situaciones concretas en las que la decisión de posponer la maternidad parte de la mujer o en las que existan dificultades para concebir de manera natural por otros motivos. No obstante, cuando se trata de una decisión forzada por condiciones sociales y laborales hostiles (según la encuesta de fecundidad del INE de 2018, el 42% de las madres residentes en España tuvo su primer hijo más de cinco años de media más tarde de lo que consideraba ideal, mientras que, entre aquellas que no han sido madres, el principal motivo aducido son razones laborales y económicas), el foco debería ponerse en la necesidad de articular medidas de corresponsabilidad pública y privada para con la crianza y de reconfiguración de las dinámicas del mercado laboral para que sean compatibles con una conciliación real y efectiva.

En cualquier caso, todo análisis sobre la maternidad arroja como resultado evidencias sobre el hecho de que la forma de entenderla y ejercerla ha estado siempre condicionada por las necesidades económicas o de producción, por intereses, en definitiva, ajenos a la voluntad de las mujeres. Así lo demuestra Elizabeth Badinter en una obra publicada en 1981 en la que cuestiona la existencia del amor maternal como instinto natural e innato de las mujeres y en la que documenta cómo el modelo de entrega y sacrificio hacia la descendencia con el que identificamos hoy día a las madres se gesta de manera deliberada por parte de los creadores de opinión de finales del siglo XVIII. Badinter explica cómo en Francia, en una época en la que tanto la descendencia como las labores de crianza se encontraban tan desprovistas de cualquier valor que las familias dejaban a los infantes sin ningún remordimiento en manos de nodrizas en unas condiciones en las que la mayoría no llegaba a superar los tres años de vida, empiezan a proliferar panfletos y otras publicaciones que aconsejan a las madres dar el pecho y las animan ocuparse personalmente del cuidado de sus hijos e hijas al tiempo que se exalta la figura de la madre abnegada y entregada a su prole como modelo ideal de feminidad que será gratificado con promesas de amor y felicidad. Casualmente, esta revalorización de la función maternal coincide con una preocupación generalizada a causa del estancamiento demográfico que estaba experimentando Europa a causa de guerras, hambrunas y epidemias y con un cambio de mentalidad en el que la población empieza a ser vista como fuente de riqueza y los niños como una mercancía, como potenciales productores y garantes del poder militar del Estado.

Podría aventurarse que en la actualidad el modelo de maternidad está sufriendo un proceso de trasformación comparable propiciado igualmente por las necesidades de producción: a quienes ganan millones a costa del lucrativo negocio de la reproducción asistida y, en especial, de la gestación subrogada, les interesa que esta forma de traer bebés al mundo aumente y se generalice. Siguiendo las lógicas del mercado, ¿por qué no transitar todas -todas las que puedan pagarlo, claro- hacia un modelo de maternidad en el que se pueden escoger las características físicas de tu descendencia y en el que además te ahorras las molestias de un embarazo, los cambios físicos que conlleva, el doloroso trauma del parto, que ya habrá otras mujeres -vulnerables económicamente, como siempre- que se encarguen de ello por ti? 

También se han hecho virales recientemente las declaraciones de la famosa heredera de la dinastía Hilton, Paris, quien ha traído un bebé al mundo a través de un vientre de alquiler a los 42 años y que, a la pregunta de si había recurrido a este tipo de contratos a causa de su edad contestaba que no, que recurriría a este método aunque tuviera 20 años puesto que aunque su mayor deseo era formar una familia, la “parte física de todo eso” (sic), el parir, es una de las cosas que más miedo le dan en el mundo. Sin problema, Paris, eso el capitalismo también te lo soluciona: mientras las lógicas de mercado continúen vertebrando los usos de la reproducción asistida, seguirás encontrando una amplia variedad de opciones que, previo pago, te permitan cumplir con el mandato cultural de formar una familia. Al otro lado, las que ponen sus cuerpos y su dignidad para que eso sea posible; las que tendrán que renunciar a tener hijos si desean mantener un puesto de responsabilidad en su empresa; las que no verán renovados sus contratos por disfrutar de una baja de maternidad; las que no serán madres porque esperaron hasta la edad límite para acabar descubriendo que la fecundación in vitro no era tan milagrosa como prometían los folletos... ¡Qué le vamos a hacer! Es el mercado, amigas.

El Estado provee a los ciudadanos de bienes y servicios de distinta índole, tales como seguridad, educación, transporte, sanidad, vías de comunicación, limpieza de calles, etc. Uno de los debates tradicionales, en este campo, ha sido el de qué tipo de agente, público o privado, está en mejor posición para prestarlos.

El reciente episodio de Ferrovial obliga a poner, de nuevo, este debate sobre la mesa. Se trata de una empresa que, desde 1991 hasta hoy, se ha adjudicado cerca de 9.000 millones de euros por obras del Ministerio de Fomento, con contratos obtenidos, en muchos casos, mediante acuerdos ilegales de reparto del mercado y que, pocos días atrás, anunció el traslado de su sede social a Ámsterdam para pagar menos impuestos que en España. A la vez que pretende que ello no altere la posibilidad de seguir obteniendo contratos y favores del gobierno español. Pero ¿Por qué ocurren episodios como éste? ¿Qué hacer para evitar que se repitan?

El hecho de que Constitución, la jurisprudencia del TC y la cultura jurídica y política española se estructuren alrededor de un modelo liberal que jerarquiza los derechos -consideran que hay unos derechos de primera, los derechos civiles y políticos, estrechamente vinculados a la dignidad humana, y unos derechos de segunda, los derechos sociales, que estarían menos estrechamente vinculados a la dignidad y por ello gozan de menor protección constitucional- ha provocado que el enfoque desde el que se aborda el debate acerca del agente que debe prestar los bienes y servicios vinculados a tales derechos cambie en función de si se trata del primer o segundo grupo de derechos.

Cuando se trata de derechos civiles y políticos, supuestamente más vinculados a la dignidad según los liberales, el debate sobre el actor de su prestación se aborda no desde un enfoque instrumentalista sino centrado en el Estado. Se parte de la idea de que estos servicios o prestaciones, en tanto son funciones intrínsecamente estatales, no se pueden tercerizar, ya que su prestación por actores privados no conseguiría hacer efectivo el valor de bien colectivo que hay detrás de su prestación e, incluso, podría llegar a ser contradictoria con la propia dignidad de las personas. 

De acuerdo con ello, todos tenemos interiorizado que la seguridad, el orden público, la tutela judicial efectiva, la protección judicial, el régimen sancionador punitivo, la organización de los procesos electorales, etc., solo deben poder prestarse en régimen de monopolio por el Estado, mediante las fuerzas y cuerpos de seguridad, la administración de justicia, sus jueces y tribunales, la administración electoral o un sistema penitenciario de titularidad pública. Resultaría moralmente inaceptable y ajeno al sentido común aceptar su privatización o prestación mediante cuerpos privados de policía, agentes privados con capacidad de detener a personas, jueces y tribunales privados, empresas organizadoras de elecciones o cárceles privadas, pues ello socavaría los propios valores inherentes a su prestación, los cuales dependen de su provisión pública. 

Por el contrario, cuando se trata de derechos sociales, supuestamente menos vinculados a la dignidad humana según los liberales, el debate sobre el agente encargado de su prestación sí lo abordamos desde un enfoque instrumentalista. Contradictoriamente, aquí el sentido común sí permite aceptar que el servicio de educación, sanidad, electricidad, agua, limpieza de calles, construcción de infraestructuras de servicio público, etc., puedan estar por igual a cargo de actores públicos o privados, sin ningún cuestionamiento moral ni menoscabo a la dignidad, y que la elección de uno u otro deba basarse, exclusivamente, en la respuesta a la pregunta de quién puede prestarlos de manera más eficaz. De acuerdo con ello, la llamada colaboración público-privada para la prestación de todos estos servicios ha sido común con empresas como Ferrovial para la construcción de infraestructuras públicas, recogida de basuras y gestión de residuos o limpieza de calles, Telefónica para el ámbito de las telecomunicaciones o la iglesia católica para la prestación del servicio de educación o sanidad, entre muchas otras.

En resumen, el modelo de jerarquización liberal de derechos es el que ha construido un sentido común sesgado, de acuerdo con el cual mientras afrontar el debate del tipo de agente encargado de la prestación de derechos civiles o políticos desde un enfoque instrumental se considera inmoral y contrario al sentido común, hacerlo para el caso de la prestación de servicios o infraestructuras vinculados a los derechos sociales no lo es. De manera que, durante décadas y bajo el argumento de la eficacia, se ha aceptado con naturalidad que la prestación de estos últimos se haya concesionado a empresas privadas como Ferrovial que, tras obtener beneficios multimillonarios a costa del Estado, decidan ahora trasladar su sede social a otros países con el único fin de poder eludir el pago de impuestos. 

Mientras España sea parte de la UE, cuyos tratados permiten la libertad de establecimiento de las empresas dentro de su territorio sin que el Estado pueda evitarlo, la solución a episodios como el de Ferrovial sólo puede ser una. Superar el modelo liberal de jerarquización de derechos por uno basado en el principio de indivisibilidad e igual jerarquía de todos los derechos, reconocido en los propios tratados internacionales de Derechos humanos. Estableciendo con ello, la base para construir un nuevo sentido común hegemónico el cual pueda considerar que, en tanto todos los grupos de derechos están en igual grado vinculados a la dignidad humana, la prestación de bienes o servicios para hacer efectivos todos ellos, incluida el agua, la electricidad, la limpieza de calles, la educación, la sanidad, la construcción de infraestructura pública, etc. no deba poder abordarse nunca, como tampoco se hace con los derechos civiles y políticos, desde un enfoque instrumental sino, solo, centrado en el Estado. Creando, en concordancia con esto, empresas públicas para que sean estas y no actores privados con las que el Estado contrate la prestación de tales servicios. 

Esta semana se ha conocido el caso de un policía infiltrado en los movimientos sociales de Valencia. Un caso que se suma al reciente descubrimiento de, al menos, otros dos agentes encubiertos que durante años estuvieron dentro del movimiento estudiantil, organizaciones independentistas y movimientos sociales de Catalunya. No cabe duda de que la infiltración policial como técnica de investigación para obtener pruebas incriminatorias es una medida claramente vulneradora de los derechos fundamentales de los investigados. Entre ellos, del derecho a la intimidad pues, de otra manera, el policía no tendría acceso a datos o confidencias que forman parte de la intimidad de una persona. Ello genera, automáticamente, la pregunta de si tal técnica debería permitirse legalmente o no.

Existen, en este sentido, dos respuestas polarizadas: la posición consecuencialista y la deontologista absoluta. La primera, la consecuencialista, afirma que, en todo caso, el fin justifica los medios y, en consecuencia, debería estar permitida siempre que se considere necesaria para evitar un mal mayor. En el otro extremo está la segunda, la deontologista absoluta, que dice que, independientemente de cuales sean las consecuencias, cualquier actividad que implique vulnerar derechos humanos de una  persona no debe estar nunca, bajo ningún concepto, permitida.  

La posición de los ordenamientos jurídicos de la práctica totalidad de países democráticos, y seguramente la que parece más razonable, es una posición intermedia denominada “deontologismo de umbral”. Esta posición, conciliadora de las dos anteriores, sostiene que las actividades ocultas de Estado que vulneran derechos fundamentales solo deben permitirse, excepcionalmente, en casos en los que la gravedad de las consecuencias que se pretenden evitar estén por encima de cierto umbral y, siempre, deben estar limitadas y bajo control permanente para evitar excesos indebidos.

En el caso español, la figura del agente de policía infiltrado con identidad falsa se regula en el art. 282 bis introducido en 1999 en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) de 1982 y modificado por la Ley Orgánica 13/2015 para incorporar el agente encubierto a través de internet. Si tuviéramos que ubicar la regulación española de esta actividad bajo alguna categoría podríamos establecer que se trata de un “deontologismo de umbral débil” que, además, se incumple reiteradamente por el Estado.

Por un lado, hablo de “deontologismo de umbral débil” porque los límites y controles que la ley establece sobre esta actividad son, en algunos aspectos, mucho más laxos que los requeridos para cumplir estándares democráticos mínimos. Ejemplo de ello lo encontramos en lo que se refiere a la autoridad competente para autorizar el recurso al agente infiltrado. Junto al juez de instrucción competente, el art. 282 bis otorga esta facultad, también, al Ministerio Fiscal. Basta recordar la intervención, el año pasado, de Pedro Sánchez durante una entrevista en Radio Nacional de España cuando, refiriéndose a la extradición de Puigdemont, afirmó: “¿La Fiscalía de quién depende?” –“depende del Gobierno”, completó el periodista- “Pues ya está…”, para entender que con ello se está habilitando un instrumento de persecución política y espionaje en manos del gobierno que vulnera los principios de libertad más básicos. En cualquier país democrático, la autoridad competente para autorizar el recurso al policía encubierto debería ser, única y exclusivamente, un juez, quien debe desarrollar una contundente justificación y motivación en la que se demuestre la idoneidad de la medida, pero nunca el Ministerio Fiscal, ni siquiera dando cuenta de forma inmediata al juez de instrucción como señala la LECrim.

Pero es que, además, por otro lado, el resto de límites sí establecidos por la LECrim para regular esta técnica policial son, reiteradamente, incumplidos por las fuerzas de seguridad con el amparo del Ministerio de Interior. Podemos mencionar dos ejemplos muy claros:

Uno es que la LECrim limita el ámbito de utilización de infiltración policial solo a casos destinados a combatir la “delincuencia organizada”, determinándose, en el apartado 4 del citado art. 282 bis, las figuras concretas de crimen organizado en las que puede usarse este técnica. Y, a la vez, ella siempre debe utilizarse para investigar delitos ya cometidos, nunca con una finalidad preventiva ya que se considera que en estos supuestos no se dan las características de excepcionalidad, necesidad y subsidiariedad exigidas debiéndose buscar otros medios menos restrictivos de derechos.

Y otro es que, como no puede ser de otra manera, la misma LECrim obliga a que la actuación del agente debe estar circunscrita dentro de ciertos límites, no estando facultado para realizar acciones que puedan quebrantar dimensiones básicas de la dignidad humana de las personas investigadas, lo que, en su caso, debería generar responsabilidad penal del policía.

Ambos límites han sido, abiertamente, vulnerados en los casos de Barcelona y Valencia que han salido a la luz pública estos últimos días. En el supuesto del primer límite, resulta evidente que tanto si la infiltración policial se ha llevado a cabo considerando que sindicatos de estudiantes o asociaciones vecinales legales que desarrollan su actividad  dentro de la legalidad son organizaciones terroristas susceptibles de ser intervenidas de acuerdo con el apartado 4.n del art. 282 bis, como si esta intervención se ha hecho de manera ilegal, se trata, por igual, de hechos graves y condenables. Y en el caso del segundo límite, el uso instrumental, por parte del agente encubierto de Barcelona, de relaciones sexoafectivas bajo engaño con mujeres con el objetivo de introducirse dentro de los movimientos sociales y conseguir información, no solo vulnera cualquier código deontológico de actuación sino que constituye un delito de abuso sexual.      

Ante estas violaciones evidentes de la propia legalidad, la posición del ministro Fernando Grande-Marlaska es, una vez más, la de encubrir, amparar y premiar vulneraciones de derechos humanos sin que nadie le obligue a dimitir.

El pasado 17 de octubre, la cadena británica Channel4 emitió en primicia un documental que revelaba las condiciones laborales en las que se producen las prendas de ropa del gigante de moda online Shein. No es ninguna novedad que el modelo de negocio de moda rápida se basa en la producción masiva a bajo coste en países con regulaciones laborales laxas, ni que esto comporta graves vulneraciones de derechos humanos, así como importantes impactos medioambientales. Basta con recordar el derrumbe del complejo Rana Plaza en 2013, donde murieron más de 1.000 personas que trabajaban en la confección, días después de que los jefes de las fábricas desestimaran las solicitudes de desalojar el edificio por riesgos de seguridad, amenazando con una reducción de sueldo si las trabajadoras y trabajadores no acudían a la fábrica. 

Los resultados de la reciente investigación sobre Shein muestran que las condiciones laborales en el sector textil ‒uno de los más contaminantes y con mayor impacto medioambiental‒ no han mejorado sustancialmente: jornadas laborales de hasta 18 horas diarias y solo un día de descanso al mes, salarios abusivamente bajos y presiones de reducir hasta dos tercios el sueldo si se comete algún fallo en las 500 prendas que debe producir cada persona al día. Estas son algunas de las situaciones que han desvelado las periodistas británicas al infiltrarse en dos fábricas de Shein en China. 

Ante estas acusaciones, la empresa ‒conocida por ofrecer unos precios increíblemente bajos y valorada en más de 100.000 millones de dólares‒ ha declarado su desconocimiento de la situación en las fábricas, al tratarse de empresas subcontratadas. Además, a través de un vídeo publicado en redes, alega tener un Código de Conducta de la Cadena de Suministro donde se establece un compromiso con el respecto a los derechos humanos y el medio ambiente y se describen los estándares mínimos que los proveedores y distribuidores deben cumplir. Sin embargo, los hechos demuestran que este tipo de mecanismos unilaterales y voluntarios son insuficientes: ¿cómo puede asegurar Shein que sus proveedores respetan los derechos humanos, laborales y ambientales, si decide no tener ningún tipo de control sobre la cadena de suministro? Su propia respuesta revela que no está en condiciones de hacerlo.

Precisamente este es el núcleo de las propuestas de regulación en materia de empresa y derechos humanos que se han impulsado durante la última década: exigir una responsabilidad a las empresas matrices por las vulneraciones que se puedan cometer a lo largo de toda la cadena de suministro o en las filiales en otros países. Se trata de una medida decisiva, ya que, según los últimos estudios de la Organización Internacional del Trabajo, en la actualidad 50 millones de personas se encuentran en situación de esclavitud moderna ‒índice que se ha disparado desde la pandemia‒ y la mayor parte de los trabajos forzosos se producen en los primeros eslabones de la cadena de suministro. 

En vista de esta situación, en el Parlament de Catalunya se está tramitando una proposición de ley que establece la creación de un Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos con capacidad de recibir denuncias e investigar las posibles irregularidades en la actividad exterior de las empresas que operan en Catalunya. Si la ley se aprobara tal como está redactada ahora, para el caso de Shein, la creación del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos implicaría la existencia de un organismo público independiente al que las víctimas o las entidades sociales podrían dirigir sus denuncias. A partir de esta queja formal, el Centro podría requerir información a la empresa Shein, que opera en Catalunya, para esclarecer los hechos y presentaría un informe elaborado por expertos del ámbito jurídico, laboral y de la defensa de los derechos humanos. Además, en caso de que la empresa se negara a responder las solicitudes del Centro, o lo hiciera de forma insuficiente o inadecuada, el organismo tendría capacidad para imponer sanciones económicas.

Por lo tanto, la aprobación de la Ley de creación del Centro ‒que fue aceptada a trámite por la totalidad del pleno del Parlament‒ situará a Catalunya como pionera en materia de regulación en el ámbito de Empresa y Derechos Humanos, en línea con los esfuerzos que se están impulsando desde organizaciones internacionales como la ONU. De hecho, desde 2014 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas trabaja en la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que obligue a exigir responsabilidades a las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Por otro lado, desde la Unión Europea, el Congreso de los Diputados y en países como Francia, Suiza o Alemania se han o se están tramitando normativas a nivel de diligencia debida, que también buscan establecer obligaciones para ciertas empresas en cuanto a prevención de riesgos, mitigación y reparación por vulneraciones de derechos humanos y ambientales. 

En Catalunya la proposición de ley ha sido presentada por el Eje Catalán de Empresa y Derechos Humanos, agrupación formada por Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global y por la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, y ha contado con el apoyo de más de 8.000 entidades y cooperativas, así como con un amplio apoyo parlamentario. Por lo tanto, si la ley se aprueba antes del fin de esta legislatura, gracias al impulso de la sociedad civil estaremos en mejores condiciones para garantizar la actuación responsable de todas las empresas catalanas y para avanzar en el objetivo de poner fin a la impunidad de las grandes corporaciones transnacionales.

En los últimos días se ha hecho “viral” una opinión compartida por el profesor Daniel Arias-Aranda sobre el supuesto engaño a que estamos sometiendo a los estudiantes universitarios cuando acuden a las aulas, ya que la universidad misma habría perdido su razón de ser en medio de un alumnado anémico, indiferente, incapaz de concentrarse y de atender en clase, cuanto menos de comprender lo que se le está explicando o lo que debe leer. Algunas de las reflexiones del profesor Arias-Aranda me parecen muy pertinentes, correctas y reales, aun cuando tengamos siempre que alejarnos de los manidos y reiterados prejuicios sobre la juventud o sobre la calidad de la enseñanza. Abandonando el beatus ille de los tiempos en los que uno mismo se formó, que siempre parecen mejores y de mayor calidad que los actuales, lo cierto y verdad es que tenemos un problema muy grave, serio y generalizado con la calidad de la educación en España y con la misión misma que nuestro sistema universitario debiera desempeñar. Quisiera ahora detenerme, en el análisis de esta crisis educativa, en el papel que juegan las nuevas tecnologías en las carreras humanísticas y de ciencias sociales.

El profesor Arias-Aranda, en su ya famoso escrito de denuncia, se queja constantemente de la falta de atención de los alumnos en clase al estar más pendientes de lo que sale en las pantallas de sus ordenadores que de lo que explica el profesor desde la tarima. Y propone como una de las soluciones que no se permita ningún gadget tecnológico en el aula. No solo estoy de acuerdo con esta posible solución, sino que la comparto y la llevo a cabo como profesor universitario. Desde hace ya dos años, en mi clase está terminantemente prohibida la utilización de cualquier dispositivo tecnológico. La razón que doy es simple, y aunque parezca mentira, los estudiantes la entienden desde el primer día: fuera del aula, el resto de horas, ya tienen suficiente distracción. Y desde hace dos años he comprobado cómo el alumno de palabra atrofiada ha ido poco a poco desplegando la lengua, cómo el debate se ha intensificado y cómo la atención ha mejorado sustancialmente. No son afirmaciones meramente subjetivas que se desprendan de mi experiencia personal, pues hay bastante evidencia científica que ya lo respalda. Sin pasar lista en clase, sin sancionar a quien no viene y sí, sin permitirles el ordenador para ver continuamente Instagram o vídeos de gatitos, la alta afluencia a clase se ha mantenido. Las nuevas tecnologías pueden ofrecer grandes oportunidades para complementar los conocimientos, para obtener información adecuada o para completar visualmente las explicaciones, pero deben ser utilizadas con cautela y para tales objetivos, no como sustitutivos de la transmisión de conocimientos. Si fuera de la universidad el estudiante se enfrenta a un mundo de ruido, de permanente conexión y conectividad, de emoticonos, notificaciones, aplicaciones, TikToks y demás, ¿por qué no convertimos las aulas en espacios de desconexión para facilitar el razonamiento tranquilo, la argumentación sosegada y, sobre todo, la concentración?

Porque para aprender se necesita concentración. Justo lo contrario de lo que las miles de aplicaciones que pululan en las pantallas de los móviles y los ordenadores del alumnado favorecen. Siempre he pensado que la idiotez neopedagógica de los jueguitos tecnológicos en aulas universitarias tiene como único objetivo la degradación de la educación y la infantilización de los ciudadanos y ciudadanas que se sientan enfrente y alrededor del profesor. Porque son ya ciudadanos de pleno derecho, no solo estudiantes universitarios. ¿A qué viene tanta infantilización? Pueden votar, elegir a sus representantes, ser padres y madres, casarse, heredar, cambiarse de sexo, beber alcohol a raudales, tatuarse hasta en las plantas de los pies, ¿pero no se les puede mandar la lectura de un texto un poco largo y complejo que les fuerce a la comprensión y el debate? 

Unas aulas universitarias exentas de ordenadores y móviles y solo puntualmente complementadas por las nuevas tecnologías, debidamente conducidas por el docente, pueden ser una oportunidad magnífica para la participación, la desintoxicación informativa y para la desconexión de la instantaneidad que nos acosa. Es más, pueden ser (y deberían ser) espacios libres de toda condición (la “universidad sin condición”, dice Derrida) en los que todos aprendamos de todos, sí, pero a través del uso consciente de la palabra, del debate razonable y la discusión razonada, alejándonos de la unidireccionalidad y acercándonos a dinámicas participativas y responsables. Con ello podríamos ser capaces de superar los compartimentos estancos de las redes sociales y sus posicionamientos algorítmicos aprendiendo del que tiene otra visión, otra perspectiva o no piensa como uno mismo. Algo que favorecería también el enriquecimiento del lenguaje oral y escrito, hoy por los suelos en la mayor parte de estudiantes. Como pone de manifiesto Sherry Turkle en sus investigaciones, se ha depreciado tanto la conversación, la utilización presencial del logos, que la palabra se ha degradado y la riqueza lingüística ha tocado fondo. Acostumbrados a la mensajería instantánea y coloquial, a la disponibilidad permanente, el estudiantado termina por desconocer el potencial de su propia lengua y por reducirlo a unos cuántos códigos simplistas, entre los que el conector “en plan” arrasa como fórmula mágica para enlazar frases sin sentido.

Apostar por una visión tan conservadora como la que aquí expongo puede y será calificada por algunos como “reaccionaria” o “paternalista”. Pero el buen conservador es el que precisamente “conserva” lo bueno que ha de ser protegido y que debe perdurar, y de las pocas virtudes que nos ha legado la historia como certezas una sobrevive imperecedera: que el conocimiento es la única riqueza que, al transmitirse presencialmente, no se pierde. Intentemos no hacerlo e intentemos, alumnado y profesorado, no engañarnos a nosotros mismos.

Nunca me he topado con José Antonio Griñán, no le conozco y, seguramente, nunca le habría votado, pero sí tengo algo en común con él y, además, una experiencia que a él aún le falta por vivir: he tenido cáncer de próstata, que es lo que nos une, y, además, he estado en prisión, que es la experiencia que él todavía no tiene. Ambas cosas, a mi entender, son incompatibles y me explicaré.

Tal cual me dijeron mis médicos nada más diagnosticarme el cáncer de próstata hace ya más de un año y medio, existían varias alternativas de tratamientos y cada una tenía sus pros y sus contras; después de que me explicaron todas, la decisión fue mía y opté por la quirúrgica, cosa de lo que no solo no me arrepiento sino que, además, me felicito porque fue la mejor decisión que pude tomar.

Ahora bien, tanto antes de la cirugía como después de ésta hay cosas que son esenciales, tal cual también me explicaron mis médicos, y una de ellas es el cómo uno afronta la enfermedad y cómo quiere salir de tan complejo trance: la parte anímica o psicológica es muy importante y este tipo de desafíos que nos pone la vida o se abordan para ganar o se pierden definitivamente.

Obviamente, enfrentarse a todo ello es muy complejo, consume muchas energías y, sobre todo, requiere de un entorno en el cual uno pueda sentirse apoyado y querido, sobre todo porque no todos los días son buenos y, en el fondo, siempre está por medio el fantasma de lo que entendemos por cáncer, pero, también, las consecuencias, si el tratamiento no funciona o la enfermedad va más rápido que la sanación. ¿Cómo se combina anímicamente enfrentarse a un cáncer y estar en prisión al mismo tiempo?

Darle vueltas a la idea no es sencillo, más bien es la parte más compleja de todo el proceso y, en mi caso, conté con el apoyo irrestricto de mi pareja, mis hijas y un núcleo muy reducido de amigos conocedores de la situación; con eso me bastó para salir adelante junto con contar con los mejores médicos que aplicaron todos sus conocimientos y técnica para sacarme bien parado de una enfermedad que nunca se sabe por dónde terminará complicándonos. ¿Cuál sería el entorno de Griñán en el patio de una prisión?

En los meses previos, me dediqué a prepararme física y mentalmente para la operación y, después de ésta, a recuperarme lo más rápido posible, ya que las potenciales secuelas dependen de muchos factores, pero uno esencial es cuán preparado esté uno para afrontarlas.

La prisión, cualquiera que sea y teniendo presente que es una realidad que conozco bien, no es el sitio adecuado para enfrentar una enfermedad de estas características; no un lugar que cuente con las condiciones necesarias para una correcta y rápida recuperación y, además, el proceso de recuperación tiene una primera etapa, ya postoperatoria y post hospitalaria que en una cárcel no se puede abordar adecuadamente y, mucho menos, con garantías de poder conservar un mínimo de intimidad y dignidad.

Insisto, no conozco a Griñán y seguramente no le votaría nunca, pero defiendo, sin dudarlo, su derecho a la salud y su derecho a tener el mejor de los tratamientos que la medicina actual pueda brindarle y, sin lugar a dudas, para eso no puede estar en prisión, ni ahora ni durante el periodo que necesite para recuperarse al cien por cien después del tratamiento que decida seguir.

Las penas privativas de libertad no son para castigar al enemigo, son para reeducar y reinsertar al infractor y en ese proceso han de seguirse criterios de humanización, lo que implica que ningún ser humano pueda verse sometido a un castigo mayor que el de exclusivamente verse privado de la libertad.

Creo que, como sociedad, estamos ante un falso debate si discutimos sobre si Griñán debe cumplir ahora la pena o no; no me cabe duda de que, constatada la enfermedad y decidido el tratamiento a seguir, se debe suspender su ingreso en prisión hasta que se reestablezca; lo contrario sería retroceder muchas décadas en la configuración y entendimiento de lo que han de ser las penas privativas de libertad pero, además, nos estaríamos transformando en una peor sociedad.

Tampoco es hora de entrar en el debate de si fue bien o mal condenado, eso lo tendrán que decidir, primero, el Constitucional y, llegado el caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; en estos momentos lo único que se debe decidir es si un ciudadano condenado a una pena privativa de libertad merece ser, además, privado del mejor tratamiento médico que se le pueda dispensar… se llame Griñán o como se llame.

Seguramente, en una sociedad tan polarizada como la española no seamos capaces de separar la política de la ética, pero, en un caso como el de Griñán, que tanto me da quién sea, se ha pensar si se debe de penar doblemente a la persona o no… es decir, si no basta con la pena privativa de libertad sino que, además, hay que añadirle una suerte de “pena privativa de la salud”, esta y no otra es la clave de lo que se ha de dilucidar y, a partir de cuál sea la respuesta, sabremos en qué tipo de sociedad vivimos.

Se trata de una enfermedad de desarrollo variable y que puede llegar a complicarse mucho, llevando a algunos pacientes a la muerte, pero, no solo ha de suspenderse el cumplimiento de las penas ante un riesgo inminente para la vida, sino que también ha de hacerse ante un riesgo para la salud incluso si no existe riesgo vital.

Este tipo de temas no puede ser sometido al arrojadizo terreno de la discusión política, ha de mantenerse en el ámbito de lo médico y lo jurídico, pero, sobre todo, en el campo de la ética y para quienes tengan duda, basta con que se pregunten ¿cómo me gustaría que me tratasen si el afectado fuese yo?

Al señor Griñán, como a cualquier otro enfermo de cáncer o padecimiento grave, le deseo una pronta y definitiva recuperación y, en cuanto a la resolución de su caso, simplemente deseo que no nos tengamos que ver en un espejo ante el que luego, como sociedad, sintamos vergüenza.

El Congreso aprobó la semana pasada, fruto del pacto Gobierno-ERC, la proposición de ley de reforma del Código Penal (CP) que elimina el delito de sedición. Con ello, se afirma haber conseguido un avance democrático histórico y una desjudicialización de la política en España. Esto es cierto si se hace un análisis aislado de esta disposición concreta, pero falso si se pone en relación la citada eliminación con la reforma del art. 557 del Código Penal.

La contrapartida de eliminar la sedición es una modificación del art. 557 referido a los desórdenes públicos, ampliando los supuestos tipificados dentro del delito. Si antes tal delito se aplicaba solo sobre quienes “ejecutaran actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo”, ahora se amplía sobre quienes “ejecuten actos de violencia o intimidación: (a) sobre las personas o las cosas; u (b) obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o (c) invadiendo instalaciones o edificios alterando gravemente el funcionamiento efectivo de servicios esenciales en esos lugares”. Además, cuando tales actos sean llevados a cabo “por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público”, sin especificar el número, ni la organización, ni el propósito, ni lo que debe considerarse idóneo, se pueden castigar con penas de 3 a 5 años de cárcel.  

Tal ampliación de los supuestos tipificados como delito supone dos consecuencias totalmente contrarias a las que sostienen el Gobierno y ERC: En primer lugar, no se trata de un avance histórico sino de un desmontaje regresivo de la idea de Estado social democrático contenida en el art. 1.1. de la Constitución. Y, en segundo lugar, no supone desjudicializar sino hiperjudicializar la política.

Respecto a la primera consecuencia. Una de las diferencias entre el constitucionalismo liberal y el social reside en el reconocimiento e incorporación del conflicto como parte integrante del Estado. El Estado social ha sido caracterizado por integrar el conflicto en el interior del espacio constitucional mediante el reconocimiento de derechos vinculados con la articulación del conflicto social como los de huelga o negociación colectiva. El Estado social pasó a establecer un equilibrio constitucional redistributivo de poder y de instrumentos de autotutela de intereses entre las organizaciones empresariales y los sindicatos, integrando al conflicto social como elemento central de la democracia en el mismo. 

Si bien en la época de la sociedad industrial fordista en la que surgió el Estado social, donde el sujeto colectivo por excelencia era el Trabajo, la garantía del conflicto como base de la democracia exigía proteger aquellos instrumentos de conflicto propios de este sujeto: la huelga, la negociación colectiva, etc. En las sociedades actuales, en las que el sujeto por excelencia ya no es, únicamente, el movimiento obrero sino, también, una diversidad de movimientos sociales diversos, la garantía del conflicto como base de la democracia exige proteger, a la vez, los instrumentos de conflicto propios de estos: sentadas pacíficas en el espacio público, acampadas, corte de vías de comunicación, manifestaciones, ocupaciones de edificios, bloqueo de desahucios, etc. 

La necesidad de una permanente adaptación, entre otras por vía interpretativa, de la Constitución del Estado social a un presente político-social cambiante que permita hacer de ella un documento vivo y dinámico no obsoleto, exige hoy que el conflicto social como categoría constitutiva del Estado social del art. 1.1 CE ya no puede entenderse, constitucionalmente, solo como conflicto Capital-Trabajo, sino también como conflicto entre la diversidad de nuevos movimientos sociales y el Estado, reconociendo, como premisa para la existencia del principio democrático, la subjetividad política de estos nuevos movimientos y sus propios instrumentos de conflicto. Y, en este sentido, la ampliación del delito de desórdenes públicos a los nuevos supuestos contemplados por el art. 557 CP criminaliza las prácticas de conflicto propias de estos movimientos, bloqueando la posibilidad de llevar a cabo esta indispensable actualización de la idea de Estado social democrático a nuestros días y desmontando, por tanto, de manera regresiva, su propia posibilidad de existencia.

Y, respecto a la segunda consecuencia, podemos decir que la judicialización de la política conlleva, al menos, dos cosas: una es la concentración del poder político para abordar problemas sociales en los jueces. Y la otra es la resolución de los conflictos no por la mediación sino por la represión. Los métodos que el poder político (Legislativo o Ejecutivo) y poder judicial tienen para resolver conflictos sociales son distintos. El primero lo hace a través de la “regulación” y el segundo a través de la “aplicación”. La regulación es una forma de mediación entre autoridad y sociedad, es la conversión en Derecho de una negociación de costes y recompensas entre partes. La aplicación, por el contrario, no reconoce ningún vínculo con la complejidad de la sociedad ni sus contradicciones, simplemente hace caer el peso de la ley sobre la parte acusada que se convierte en un mero receptor pasivo de la norma. La judicialización implica, pues, concentración del poder político para abordar problemas sociales en los jueces y, consecuencia de lo anterior, resolución de conflictos no mediante la “regulación” sino la “aplicación”, léase la represión. 

Y, ¿por qué digo que la reforma no implica una des-, sino una hiper-judicialización? En todo ordenamiento jurídico podemos distinguir entre “discurso del Derecho” y “discurso jurídico”. El discurso del Derecho se conforma del conjunto de normas escritas que integran el sistema legal cada una de las cuales puede transmitir múltiples mensajes. El discurso jurídico es el que habla del anterior. Es el que producen los abogados, los ciudadanos al opinar del Derecho o los jueces al fundamentar sus sentencias, con el objetivo de interpretar o descifrar los mandatos ocultos en la norma. Si a la hora de redactar una disposición legal usas términos ambiguos como “intimidación sobre personas y cosas”, “obstaculizar”, “alterando gravemente”, “una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos”, etc. sin definir qué debe entenderse por ello, reduces el campo de aplicación directa del discurso del Derecho y amplías el del discurso jurídico, esto es, el margen de interpretación de los jueces. Y si tenemos en cuenta que la juridicidad no existe realmente, sino que lo que existe es el fenómeno del ejercicio del poder por vía del discurso jurídico, lo que haces es aumentar el poder político de los jueces para intervenir en la resolución de los conflictos por vía de la sanción. Precisamente por esto, lo que se acaba produciendo no es una des- sino una hiper-judicialización de la política.